La Ley Orgánica que reserva al Estado Bienes y Servicios Conexos a las Actividades Primarias de Hidrocarburos, que se discute en la Asamblea Nacional, permitirá retomar el control estratégico de las áreas esenciales de la industria petrolera. La Ley reservará al Estado Bienes y Servicios de la actividad primaria de hidrocarburos, como servicio público y de interés público y social, e incluye las obras asociadas.

El 4 de mayo el Presidente Chávez anunció, tras la reunión del Consejo de Ministros, que la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) asumiría progresivamente el control de las actividades petroleras terciarizadas, para avanzar en el  proceso socialista y de recuperación del control de las operaciones dentro de la industria nacional.

Al día siguiente la Asamblea Nacional examinó en primera discusión la Ley Orgánica que reserva al Estado Bienes y Servicios Conexos a las Actividades Primarias de Hidrocarburos que, según explicó el Presidente de la Comisión de Energía y Minas de la Asamblea, Ángel Rodríguez, regulará específicamente los procesos de inyección de agua, de vapor o de gas, que permiten incrementar la energía de los yacimientos y mejorar el factor de recobro, así como la compresión de gas; transporte de materiales, remolcadores, grúas de ripio, de tendido o reemplazo de tuberías y cables subacuáticos; mantenimiento de buques en talleres, muelles y diques de cualquier naturaleza.

PDVSA o la filial que se establezca, tomará posesión de los bienes y el control de las operaciones antes señaladas, y el Ministerio de Energía y Petróleo asumirá las medidas necesarias para garantizar la continuidad de las operaciones de los bienes y servicios afectados por la reserva.

Según explicó Ángel Rodríguez, el Ejecutivo Nacional podrá decretar la expropiación total o parcial de las acciones o empresas que realizan dichos servicios, abonando el justiprecio de los bienes sin tener en cuenta el lucro cesante ni los daños indirectos y deduciéndose los pasivos laborales y ambientales que se determinen, mediante dinero en efectivo, títulos valores u obligaciones de personas jurídicas públicas.

Durante el proceso de expropiación el Gobierno Bolivariano debe garantizar los derechos laborales de las personas trabajadoras de las empresas a ser nacionalizadas, así como los beneficios contemplados en la Convención [convenio] Colectiva Petrolera.

Esta Ley pretende retrotraer el desmembramiento de áreas esenciales de la industria petrolera, que se venía produciendo desde 1992 con la subcontratación a terceras empresas, controladas por capitales extranjeros, de actividades fundamentales para la explotación del crudo, y afianzar el pleno ejercicio de la soberanía petrolera, garantizando el manejo soberano de los hidrocarburos por el Estado. Según la propuesta del Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, las actividades primarias están reservadas por la Constitución al Estado y la actividad conexa indispensable para su explotación no puede quedar en manos de la empresa privada.

Una vez que la Ley sea aprobada por la Asamblea Nacional en su segunda discusión, el Ministro del Poder Popular para la Energía y Petróleo (MENPET) emitirá una resolución identificando a empresas sometidas a expropiación y el Estado absorberá a los más de cuatro mil obreros encargados de la actividad. El total de empresas que se verían afectadas por la Ley Orgánica que reserva al Estado Bienes y Servicios Conexos a las Actividades Primarias de Hidrocarburos, suman un total de 39 y sobre las mismas PDVSA asumirá el control de forma inmediata, según una resolución publicada el 8 de mayo en la Gaceta Oficial, reservándose las medidas que considere necesarias para garantizar la continuidad de las actividades afectadas por la resolución.

Entre las empresas afectadas se encuentran, entre otras, Zulia Towing & Barge Company (servicios marítimos de transporte de personal, materiales y agua industrial), Gusteca (servicios de muelle), Premeca (mantenimiento de buques), Seatech (servicios para el suministro de buzos), Terminales Maracaibo (transporte de personal y mantenimiento de buques). A la fecha de publicación de esta nota PDVSA controlaba ya el 90 por 100 de las empresas susceptibles de expropiación en el área del Lago de Maracaibo.

Fuentes: Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Agencia Bolivariana de Noticias.