En poco más de dos meses que lleva transcurrido el año 2010 ya van tres ataques mediáticos de gran calado contra le Revolución Bolivariana de Venezuela. En todos ellos se trata de demostrar, recurriendo a las tergiversaciones más escandalosas, lo perniciosa que es la revolución para el pueblo venezolano; describir el ejercicio de la soberanía nacional como un atentado contra las libertades y el desempeño presidencial de Chávez como la tiranía de un demente que gobierna su país a golpe de represión.

El caso de la inseguridad ciudadana ha servido para llevara a cabo una de las más perversas manipulaciones mediáticas contra Venezuela. Montado entorno a un reportaje de RTVE sobre la capital de la República Bolivariana, esta ha sido descrita como un país dominado por el crimen, con sus ciudadanos en completa indefensión.

En cierto que existe inseguridad ciudadana en Venezuela, pero no mucha más que en cualquier otro país latinoamericano; piénsese en Colombia con sus paramilitares y sus fosas comunes o en México donde en algunas de sus ciudades se asesina a cientos de mujeres al año impunemente. Lo que destaca del susodicho reportaje es la cuasidirecta responsabilidad que de la situación atribuye al gobierno venezolano, mediante una completa descontextualización. Es como si la inseguridad ciudadana sólo existiera en ese país y solamente tras el triunfo del chavismo.

Sin embargo, choca esta denuncia con la embestida de la jauría mediática cuando el gobierno chavista intenta hacer cumplir la ley sea quien sea el afectado. Es lo que sucede con la suspensión cautelar de Radio Caracas Televisión por incumplir la legislación vigente sobre telecomunicaciones, actuación que es presentada como ataque a la libertad de expresión por la prensa mundial. La manipulación en este caso ha llegado a extremos inimaginables. Durante las algaradas protagonizadas por estudiantes de clase alta, alentadas por los medios de comunicación opositores al gobierno, un estudiante chavista fue asesinado por la oposición violenta y sin más ni más este hecho fue descrito por los medios capitalistas internacionales como perpetrado por los propios chavistas.

En todos estos casos es evidente el resabio neocolonial de los grandes grupos de comunicación, que se creen con derecho a dictar o torcer la política de los países del llamado Tercer Mundo y que inmediatamente tildan de ataque a la libertad de expresión cualquier intento de poner freno a sus privilegios y prerrogativas.

El ejercicio de la soberanía nacional irrita a las oligarquías mediáticas, cuyos intereses de casta no pocas veces se ven afectados cuando el gobierno de turno quiere poner los recursos y la economía del país en beneficio de todo el pueblo en lugar de unos pocos  privilegiados. Es como si Venezuela tuviera que pedir permiso y rendir cuentas de su actuación a instituciones y empresas de la antigua metrópolis colonial.

Este es justamente el caso de la más reciente acometida mediática contra el gobierno venezolano. Un juez de la Audiencia Nacional, Antiguo Tribunal de Orden Público franquista, pretendía que el ejecutivo chavista diera explicaciones sobre su presunta implicación en los también presuntos vínculos entre ETA y las FARC colombianas. Una acusación sacada ni más ni menos que del famoso portátil incautado y manipulado por el ejército colombiano tras la masacre perpetrada en territorio de Ecuador en la que resultó muerto Raúl Reyes y unas cuántas personas más ajenas al conflicto civil en Colombia. Este ordenador se ha convertido en la chistera mágica de la cual extraen pruebas prefabricadas todas las instituciones y agencias represivas del mundo capitalista para acusar de terrorista a cualquier ciudadano que ose mostrar activamente su rebeldía contra tan cruel sistema de dominación social.

Naturalmente, el propio Hugo Chávez en persona se ha negado a dar explicaciones sobre su conducta gubernamental a nadie que no sea su propio pueblo. Porque desde que los trabajadores y las clases populares venezolanas llevaron a cabo la Revolución Bolivariana, Venezuela ha dejado de ser colonia, ni protectorado de nadie.