Uno de los principales rasgos que caracterizan la dinámica actual de las relaciones internacionales, es la profunda acentuación del unilateralismo por parte de la única superpotencia dominante en la esfera mundial. Aunque ciertamente la política exterior estadounidense se ha caracterizado a lo largo de la historia por la aplicación unilateral de cualquier tipo de medios para la consecución de sus objetivos incluido el frecuente recurso de la fuerza- no menos evidente es que, bajo la vigente Administración Bush, se ha barrido definitivamente cualquier apariencia de multilateralismo o discusión sobre aquellas cuestiones que afecten a los exclusivos intereses norteamericanos.

Esta tendencia se ha expresado de forma especialmente visible con el rechazo sistemático de Estados Unidos a suscribir los últimos acuerdos internacionales sobre la paz y el medio ambiente, tales como: el acuerdo de Kyoto sobre los gases invernadero; el acuerdo de misiles antibalísticos; el protocolo que prohíbe la guerra biológica; la resolución sobre el tribunal internacional de los derechos humanos; o el protocolo contra las minas terrestres. Una trayectoria que culmina con la puesta en marcha de la maquinaria de guerra tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, y cuyo primer acto se ha plasmado con la brutal intervención militar en Afganistán (intervención que se baraja pueda extenderse a otros escenarios como Iraq).

El conflicto desencadenado tras el 11 de septiembre, supone un salto cualitativo respecto a otros anteriores que pudieran ser equiparables (por ejemplo, la primera guerra del Golfo). No sólo porque se ha planteado al margen de cualquier instancia internacional, o incluso negociación con los posibles aliados, sino fundamentalmente porque –a diferencia de situaciones pasadas– esta confrontación se caracteriza por la más absoluta indeterminación: por una parte, porque se ha presentado como una guerra indefinida en el tiempo (libertad duradera), en el espacio (abarca todo el planeta), y en los objetivos (el enemigo no es un país, sino “el terrorismo”); y por otra, porque se ha hecho extensible a todos los órdenes de la esfera social: desde la instauración de un orden represivo de ámbito mundial, que afecta a todos los aspectos de la vida cotidiana, hasta la regulación de las actividades socioeconómicas (con la profundización de las políticas neoliberales de ajuste, bajo el argumento de la crisis económica desencadenada por los atentados, aunque los signos de dicha crisis fueran evidentes desde meses antes que se produjeran los mismos).

En esta coyuntura, y como muestra de la importancia que tiene para los pueblos la memoria de su propia historia, resulta especialmente apropiado evocar las palabras escritas por José Martí en 1890 con motivo de la celebración de la Conferencia Monetaria de las Repúblicas de América, reunión impulsada por el gobierno estadounidense con la intención de promover una moneda común, de uso forzoso en las transacciones comerciales recíprocas de los ciudadanos de todos los Estados de América ⁽⁴⁾

“Cuando un pueblo es invitado a unión por otro, podría hacerlo con prisa el estadista ignorante y deslumbrado, podrá celebrarlo sin juicio la juventud prendada de las bellas ideas, podrá recibirlo como una merced el político venal o demente, y  glorificarlo con palabras serviles; pero el que siente en su corazón la angustia de la patria, el que vigila y prevé, ha de inquirir y  ha de decir qué elementos componen el carácter del pueblo que convida y el del convidado, y si están predispuestos a la obra  común por antecedentes y hábitos comunes, y si es probable o no que los elementos temibles del pueblo invitante se desarrollen en la unión que pretende, con peligro del invitado; ha de inquirir cuáles son las fuerzas políticas del país que le convida, y los intereses de sus partidos, y los intereses de sus hombres, en el momento de la invitación. Y el que resuelva sin investigar, o desee la unión sin conocer, o la recomiende por mera frase y deslumbramiento, o la defienda por la poquedad del alma aldeana, hará mal a América".

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2. El ALCA: proyecto socioeconómico de recolonización.

El ALCA puede considerarse, en su esencia, como una extensión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) –constituido en 1994 por Estados Unidos, Canadá y México– al resto de países de América Latina y el Caribe. No obstante, el contenido del ALCA trasciende el alcance del TLC, recogiendo además en su borrador oficial distintas disposiciones de los Acuerdos suscritos en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), así como los poderes del fallido Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI). Todo ello, encuadrado en el marco ideológico del denominado “consenso de Washington”, cuya aplicación a las economías latinoamericanas se resume en los tres principios básicos de apertura, estabilidad macroeconómica y privatización.

No obstante, conviene señalar que el contexto actual es significativamente diferente al de su planteamiento inicial en 1994. En efecto, la vigente Administración Bush debe confrontar un escenario político y social con mayores dificultades, marcado entre otros elementos por: una recesión económica cuyos síntomas comienza a advertirse ya a finales de la pasada década; la fuerte competencia por parte de los países asiáticos y europeos; o el creciente descontento social que aflora en Latinoamérica ante los graves efectos sociales generados por dos décadas de aplicación de políticas neoliberales (y de los que la crisis de Argentina, constituye uno de las últimas expresiones).

En respuesta a estos desafíos, la opción del gobierno norteamericano ha sido la puesta en marcha de una estrategia continental fundamentada en dos ejes complementarios, orientados hacia el objetivo de potenciar la extracción y flujo de riquezas hacia las empresas de Estados Unidos: el proyecto de Área de Libre Comercio de las Américas en el plano económico, y el Plan Colombia-Iniciativa Regional Andina en el plano militar. Iniciativas que, tras los sucesos del 11 de septiembre de 2001, se han revestido de una nueva “legitimidad” en la que al discurso inicial de promoción de la democracia se ha sumado la bandera de la lucha contra el terrorismo ⁽⁵⁾

En este contexto, el objetivo de este capítulo es realizar un análisis crítico del contenido y efectos del ALCA, estructurando para ello la exposición en dos partes: en la primera, se realiza un breve análisis del contexto económico, social y político de emergencia del ALCA; a continuación, se aborda el análisis de los principales aspectos recogidos en el borrador oficial del Acuerdo.

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2.1. Contexto económico, político y social de la iniciativa ALCA

El ALCA constituye un salto cualitativo en la historia de acuerdos de integración económica que, con diversas características, se han sucedido en América Latina a partir de la segunda mitad del siglo XX. De forma sintética, los primeros acuerdos tienen lugar hacia finales de los años 50, en un contexto de crecimiento económico sustentado en el denominado modelo desarrollista. Este modelo, impulsado por las entonces fuertes oligarquías autóctonas, generó un cierto desarrollo de las industrias nacionales, un hecho que a su vez potenció la necesidad de mercados ampliados en los entornos geográficos de cada país. En este marco, comienzan a impulsarse una serie de mecanismos integracionistas de ámbito regional, que de forma cronológica son:

1958. Mercado Común Centroamericano (MCC), integrado por: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Este acuerdo fue redefinido en 1993 como Sistema de Integración Económica Centroamericano (SIECA), y posteriormente ha avanzado el proceso mediante la creación de una unión cuatripartita -con la excepción de Honduras y Costa Rica- iniciado en 1996, y desarrollado en el 2000.

1960. Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALAC), integrada por: Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay. En 1961 se incorporan Ecuador y Colombia. Posteriormente, en 1980, se convierte en la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

1969. Pacto Andino, integrado por: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. En 1973 se incorpora Venezuela, y en 1976 sale Chile. En 1997, el acuerdo se transforma en la Comunidad Andina, integrada por Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú, luego que dos años antes entrara en vigencia un arancel externo común entre Venezuela, Colombia y Ecuador.

1973. Comunidad del Caribe (CARICOM), integrada por: Bahamas, Barbados, Granada, Guyana, Jamaica, Trinidad y Tobago, Antigua y Barbudas, Belice, Dominica, Santa Lucía, Sant Kist y Neves, San Vicente y Granadinas, y Monserrat.

Los procesos de integración económica regional en el ámbito latinoamericano se ralentizan en los años siguientes, y no vuelven a profundizarse hasta la década de los 90, aunque en un contexto socioeconómico y político radicalmente distinto al de los acuerdos precedentes. En efecto, cabe recordar que es durante este período cuando se produce la instauración del modelo económico neoliberal, emergente tras la crisis mundial de 1973, y consolidado progresivamente durante la década de los 80 y 90.

En este punto, es necesario realizar un breve inciso sobre el proceso histórico de implantación del modelo neoliberal en América Latina, y más exactamente sobre su vinculación con las dictaduras militares instauradas durante la década de los 70. Como ha indicado gráficamente el escritor uruguayo Eduardo Galean refiriéndose a Chile país al que, en más de una ocasión, se ha considerado como una de las cunas mundiales del neoliberalismo la aplicación de las teorías económicas que le proporcionaron el nobel a Milton Friedman, sólo fue posible gracias a la terapia quirúrgica previa de Pinochet.

En efecto, la implantación del neoliberalismo en América Latina no puede desligarse del genocidio ejecutado por las dictaduras militares al amparo de la doctrina de la Seguridad Nacional promovida desde Washington, y que se concretó en el exterminio de decenas de miles de militantes de organizaciones revolucionarias, políticas, sociales y populares.

Un ejemplo tristemente paradigmático de este proceso, lo constituye la dictadura que asoló Argentina entre 1976 y 1983, y en la que la represión masiva ejecutada por los militares allanó el camino para la imposición del plan neoliberal conducido por el primer ministro económico de la dictadura, Martínez de la Hoz. Un proyecto que, en términos estrictamente económicos, representó el inicio de un proceso de destrucción del aparato productivo industrial nacional, y la creación de las condiciones para la instauración acelerada de una economía predominantemente especulativa, al servicio de los grandes capitales internacionales. Desde esta perspectiva, la política económica de Martínez de la Hoz tuvo como consecuencia el deterioro progresivo de la base económica nacional –así como de las condiciones de vida del pueblo argentino–, un hecho cuya expresión más visible fue la explosión del fenómeno de la deuda externa en el país.

Así, según datos del Banco Mundial, la deuda externa en Argentina al inicio de la dictadura estaba cifrada en 7.875 millones de dólares, mientras que al final de la misma había ascendido a 45.087 millones de dólares, una espiral imparable que de hecho ha continuado hasta el presente. En efecto, entre el comienzo de la dictadura y el año 2001, la deuda se multiplicó casi por 20, pasando de menos de 8.000 millones de dólares a cerca de 160.000 millones. Asimismo, durante ese mismo período, la Argentina reembolsó alrededor de 200.000 millones de dólares en amortización y pago de intereses, es decir, cerca de 25 veces lo que debía en marzo de1976.

No obstante, conviene remarcar que el principal coste de la política económica de la dictadura no radica en el crecimiento de la deuda externa -cuyos efectos a largo plazo han terminado por explotar con la crisis de diciembre de 2001- sino en la deuda de sangre generada por la política de exterminio desarrollada por los militares, y que provocó 30.000 desaparecidos, miles de detenidos y ejecutados, y más de un millón de exiliados. En este sentido, Videla y Martínez de la Hoz simbolizan las dos caras indisolubles de un mismo proyecto político-económico ejecutado en el marco de un Estado terrorista, cuya base material fue el genocidio.

Las sangrientas dictaduras militares de los años 70 desembocaron en transiciones políticas tuteladas durante la década siguiente, procesos articulados en torno a dos ejes fundamentales: la impunidad de los militares y sus cómplices, y la continuidad sin discusión del proyecto económico neoliberal. De este modo, el sistema socioeconómico autoritario, basado en el control combinado que ejercían las elites sobre los medios de comunicación, el sistema financiero y el aparato productivo, permaneció intacto, y reforzado por el miedo -continuamente esgrimido ante cualquier protesta social al retorno de los militares.

Como ya se ha señalado para el caso argentino, entre los efectos de la aplicación de las políticas neoliberales en América Latina, sin duda ocupa un lugar preferente la explosión de la deuda externa, que ha acabado por convertirse en un corralito de acero que cercena las posibilidades de desarrollo interno de los países latinoamericanos; así, en 1989 la deuda externa de América Latina se cifró en 420.395 millones de dólares, una cantidad exorbitante y creciente que motivó que las economías nacionales se vieran abocadas a una progresiva apertura al exterior, contrayendo las importaciones y expandiendo las exportaciones como vía de afrontar los pagos, en detrimento de la potenciación del desarrollo interno. Un círculo vicioso que ha motivado que, en el año 2001, la deuda externa haya alcanzado una cantidad estimada en 750.000 millones de dólares, mientras que los pagos como servicio de la misma hayan ascendido entre 1992 y 1999 a 913.000 millones de dólares.

En este contexto, se crea en 1991 el MERCOSUR, un mercado que en la actualidad abarca 216 millones de habitantes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Es un Acuerdo de integración económica regional, diseñado según un programa de liberación comercial, la coordinación de políticas macroeconómicas y un arancel externo común, así como otros instrumentos de la regulación del comercio. En cuanto a su impacto social, conviene destacar que la aplicación de este Acuerdo durante la última década ha repercutido negativamente sobre las condiciones de vida de los habitantes de los países que integran el mismo. En efecto, “los diez años del Mercosur estuvieron también signados por atropellos sin precedentes a las condiciones de vida de los trabajadores. En lugar de regulaciones laborales comunes y medios de protección a los asalariados, en los países involucrados se multiplicó la precarización laboral y el aumento del desempleo. Esta experiencia permite concluir que un proyecto de integración genuina de los pueblos deberá partir de otros principios” ⁽⁶⁾

Posteriormente, el 1 de enero de 1994 entra en vigor un nuevo Acuerdo: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), integrado por Estados Unidos, Canadá y México, y que constituye el antecedente directo del ALCA, no sólo en términos cronológicos, sino en cuanto a modelo. En este sentido, el análisis del desarrollo del TLC en relación a México, resulta bastante orientativo sobre las repercusiones que tendrá la puesta en marcha del ALCA en los países latinoamericanos.

En primer lugar, y en términos estrictamente económicos, el TLC ha significado una creciente dependencia y concentración de las relaciones económicas de México con Estados Unidos; así, antes del TLC, México tenía una relación económica relativamente más diversificada, menos dependiente, mientras que después del TLC, por ejemplo, de Estados Unidos proviene el 74% de las importaciones mexicanas y hacia Estados Unidos se dirige el 89% de las exportaciones mexicanas. Es decir, una concentración realmente absorbente de las relaciones económicas externas de México con la economía norteamericana. Asimismo, la deuda externa mexicana al cierre del año 2000 se cifró en 163.200 millones de dólares, más del doble de la registrada en 1982.

En cuanto a las condiciones de vida de los habitantes de México, se estima que el 50% de los empleos se encuadra dentro de la categoría de empleo informal, es decir, sin ningún derecho para los  trabajadores (ni a huelga, ni a jubilación, ni a vacaciones, y donde no existe ni siquiera un contrato firmado entre empleador y empleado). Cabe señalar, al respecto, que con el TLC han proliferado las maquiladoras a lo largo de la frontera, e incluso dentro del país, cuyo principal atractivo para las empresas norteamericanas consiste en que permiten pagar salarios quince veces inferiores a los que reciben los trabajadores estadounidenses. Por otra parte, merece resaltar asimismo que -según diversas estimaciones- actualmente el 47% de la población mexicana vive en la pobreza, y el 19% en la indigencia.

Particularmente graves han sido los efectos sobre el sector agrícola mexicano. Así, el “contacto” con la agricultura norteamericana -técnicamente más adelantada, y que además recibe notables subsidios por parte del gobierno federal, por no hablar de los bloqueos al ingreso de productos extranjeros bajo argumentos fitosanitarios- ha supuesto la caída en la producción de productos en los que México era tradicionalmente competitivo y exportador (caso del arroz, las papas o el algodón). Como resultado de todo ello, la superficie agrícola sembrada se ha reducido progresivamente, y 6 millones de trabajadores agrícolas se han visto forzados a desplazarse.

Finalmente, el TLC resulta igualmente ilustrativo respecto de las prerrogativas concedidas a las grandes empresas multinacionales cuando sus intereses se ven afectados por las legislaciones nacionales, en materias como derechos laborales sociales o medioambientales. Cabe mencionar, a modo de ejemplo, el caso de la Metalclad Corporation, una empresa estadounidense de eliminación de residuos que en 1996 acusó al gobierno de mexicano de violar el capítulo 11 del TLC, cuando el Estado de San Luís Potosí denegó el permiso para reabrir las instalaciones de eliminación de desechos. El gobernador del Estado ordenó la clausura del sitio después de que una auditoria geológica demostró que las instalaciones contaminarían el suministro local de agua. Posteriormente, el gobernador declaró que el sitio sería parte de una zona ecológica de casi 243.000 hectáreas. Metalclad argumentó que esto constituía un acto de expropiación e inició una causa por daños y perjuicios. En agosto de 2000, un tribunal del TLC expidió un fallo a favor de la empresa, y ordenó al gobierno mexicano pagar 16 millones de dólares a título de indemnización ⁽⁷⁾.

En suma, cabe concluir que el desarrollo del Tratado de Libre Comercio ha representado un profundo deterioro de las condiciones de vida de los habitantes de México (excepción hecha, naturalmente, de las poderosas familias que han pasado a formar parte del club de los más ricos del mundo). En este sentido, resulta apropiado recordar que la entrada en vigor del TLC en 1994, constituyó el detonante de la emergencia a la luz pública del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, organización que supo prever -y denunciar- correctamente las nefastas consecuencias que para los pueblos indígenas en particular, y el pueblo mexicano en general, tendría la aplicación de este Acuerdo.

En el año 1994 tuvo lugar asimismo la celebración de la primera Cumbre de las Américas, reunión convocada en Miami por el gobierno de Estados Unidos -por entonces, bajo la administración Clinton y a la que acudieron 34 jefes de estado del continente, con la excepción de Cuba. El motivo central de dicha reunión fue el lanzamiento de una nueva iniciativa, cuyo objetivo central era la extensión de los principios y contenidos del TLC a todos los países americanos -con la excepción, naturalmente, de Cuba- bajo el argumento de que ello permitiría potenciar el desarrollo económico y social en el conjunto del continente: el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

En la declaración final de la Cumbre se acordaron una serie de “objetivos y principios” clave para el desarrollo de este proyecto:

·   Integración económica del hemisferio.

·   Fomento de la integración de los mercados de capital.

·   Coherencia en relación a la Organización Mundial del Comercio.

·   Eliminación de barreras comerciales arancelarias y no arancelarias.

·   Eliminación de subsidios para exportaciones agrícolas.

·   Eliminación de barreras para las inversiones extranjeras.

·   Marco jurídico para mejorar las compras del sector público.

·   Medidas para mejorar las compras del sector público.

·   Nuevas negociaciones para la inclusión del sector servicios.

A partir de la propuesta inicial en la cumbre de Miami, el proyecto de concreción del ALCA sufre un período de estancamiento, entre otros motivos por la no concesión por parte del Congreso de EE.UU del llamado "fast track" (proceso de negociación rápida) al presidente norteamericano.

Hacia 1998 el proyecto del ALCA recibe un nuevo impulso durante la Reunión de Ministros de Economía en Costa Rica, cuando quedó planteado el inicio de negociaciones directas a partir de la II Cumbre de las Américas, desarrollada en Santiago de Chile en 1999, que pone en funciones 9 grupos de negociación: agricultura; compras del sector público; inversión; acceso a mercados; subsidios, anti-dumping y derechos compensatorios; solución de controversias; servicios; derechos de propiedad intelectual; y competencia. Asimismo, se constituyeron tres comités asesores sobre: economías más pequeñas, participación de la sociedad civil y comercio electrónico. Los borradores de los distintos grupos fueron presentados finalmente en la Cumbre del año 2001 en Quebec (Canadá). De igual manera quedó establecido el calendario de implantación, que prevé la entrada en vigor del Acuerdo en el año 2005.

Conviene resaltar, en este punto, que todo el proceso de negociación se ha llevado en secreto, siendo conducido de forma bilateral entre Estados Unidos y los países participantes. En este sentido, y a pesar de los continuos llamados a la democracia y la participación de la sociedad civil, la definición de los contenidos del ALCA se ha hurtado de forma autoritaria al debate público, y ni siquiera se ha trasladado su discusión a los ámbitos institucional de los parlamentos. En contraposición, resultan especialmente ilustrativos los privilegios en todo el proceso de las grandes empresas y sus asociaciones que, tan sólo en Estados Unidos, han tenido más de 500 representantes con autorización para el acceso a los documentos de negociación del ALCA ⁽⁸⁾.

Por otra parte, cabe destacar que el impulso definitivo a la puesta en marcha del ALCA ha procedido de la Administración Bush, en un contexto muy diferente al de la primera mitad de los años 90, y marcado por la inocultable crisis económica, política y social del modelo desarrollado en las dos últimas décadas bajo el molde ideológico del consenso de Washington. Crisis que no sólo se expresa con el desplome del Nasdaq y otras pérdidas de bolsa, sino con diversos indicadores -como la caída del comercio, la producción industrial o las inversiones- que reflejan el alcance de la misma en la economía real de Estados Unidos. Este marco, al que se suma la competencia de las economías europeas y asiáticas, explican que a finales de los 90 –y a diferencia de las décadas precedentes– la integración económica aparezca como un pilar fundamental de la estrategia norteamericana de hacia la región.

La premura de la actual Administración Bush en acelerar la puesta en marcha del ALCA se explica, pues, por la necesidad de consolidar la región como coto exclusivo del capital norteamericano -eliminados los capitales europeos y asiáticos y actuando los empresarios nacionales como meros administradores de filiales- a fin de potenciar la explotación de fuerza de trabajo barata, combatir la tendencia al descenso de las ganancias empresariales, apoderarse de lo que resta por privatizar, y volcar sobre mercados desprotegidos mercancías y servicios que destruirían lo poco que queda de los tejidos y cadenas productivas, y de los endebles sistemas de servicios en la región.

Desde esta perspectiva, el ALCA permitiría a las grandes empresas multinacionales norteamericanas reforzar dos objetivos estratégicos fundamentales en Latinoamérica: por una parte, enfrentar a la competencia de sus rivales asiáticos y europeos en los mercados globales, incentivando la creación de cadenas productivas de determinados sectores –como la industria automotriz, electrónica o confecciones– en Centroamérica, el Caribe y México. Se trataría, en síntesis, de potenciar la deslocalización hacia estos países de aquellos segmentos del proceso productivo donde se pueden aprovechar el diferencial salarial, reduciendo los costes, y preservando los tramos que aportan mayor valor agregado en la cadena, o garantizando un encadenamiento hacia atrás con industrias norteamericanas que no logran competitivamente los encadenamientos hacia delante.

El desarrollo de los objetivos del ALCA se vería favorecido, además, por la aplicación de iniciativas nacionales, tales como el Plan Puebla-Panamá planteado por el gobierno mexicano de Vicente Fox, cuyo contenido acentúa claramente los efectos beneficiosos del TLC para las empresas norteamericanas.

El segundo objetivo estratégico se centraría en reforzar el acceso de las grandes corporaciones en los países del Sur a: las fuentes de recursos naturales (petróleo, gas, minerales); los mercados nacionales y regionales de servicios (financieros, telecomunicaciones, electricidad, distribución de gas natural y comercio minorista); y a mercados industriales, como la industria automotriz de Mercosur, al de la química, agroindustria y el cemento.

Así pues, el ALCA supone la institucionalización de la hegemonía norteamericana como pilar de las relaciones económicas y sociales interamericanas y, desde esta perspectiva, tiene un alcance mayor que el de una simple área de libre comercio. En efecto, mientras que un área de libre comercio en sentido estricto está destinada principalmente a asegurar la circulación sin aranceles de las mercancías de los países que forman parte de la misma, acuerdos como el TLC o el ALCA implican además otorgar total seguridad a las inversiones y asegurar la libre circulación del capital y el acceso a los mercados, en igualdad de condiciones con los capitales locales.

En este sentido, el establecimiento de libre acceso a los mercados sobre la base del principio de trato nacional afecta, además, al conjunto de las políticas estatales. De esta forma, la aplicación de los principios del ALCA implicaría una revisión del conjunto de las políticas de los Estados miembro, y una sustancial reducción de los ámbitos sometidos a la decisión de sus instituciones. Ello significa, por ejemplo, que los estados deberán abstenerse de toda política que pueda afectar a la rentabilidad de una inversión externa y revisar el papel del sector público en materia como educación, salud, cultura o actividades estratégicas, en la medida en que implique la exclusión de estos mercados del capital de los restantes países del área.

En suma, el ALCA se perfila como un instrumento decisivo para la consolidación de la hegemonía económica de Estados Unidos sobre América Latina, y la erradicación en consecuencia de cualquier proyecto de desarrollo nacional autónomo, además de un arma importante en la lucha por parte de los Estados Unidos y de los capitales norteamericanos, frente a Europa y Japón y los capitales de ese origen.

En este punto, es necesario remarcar que la ejecución de un proyecto estratégico de estas características no ha sido abordada únicamente en términos económicos, sino asimismo militares. En este sentido, la puesta en marcha del ALCA está vinculada estrechamente al desarrollo de un proyecto de carácter militar en el ámbito latinoamericano: el Plan Colombia-Iniciativa Regional Andina ⁽⁹⁾.

El objetivo central de este proyecto consiste en potenciar la represión de los movimientos políticos, sociales y populares en Latinoamérica, y muy particularmente en Colombia, donde se halla radicada la guerrilla de las Fuerzas Armadas de Colombia-Ejército Popular (FARC-EP), considerada por el gobierno estadounidense como la mayor amenaza a sus intereses en la región. En este sentido, si los mercados brasileño, mexicano y argentino constituyen las piezas centrales de la estrategia del ALCA, Colombia, Ecuador y Venezuela son los objetivos políticos del Plan Colombia-Iniciativa Andina.

Así, el gobierno de Washington ha suministrado 1,3 miles de millones de dólares y varios cientos de oficiales militares, así como un apoyo logístico substancial, y acordado alianzas secretas con los escuadrones de la muerte (las llamadas fuerzas paramilitares) para destruir el sustento de millones de campesinos, y desplazarlos, ya que los considera la principal base de apoyo para las guerrillas. La pulverización tóxica de EEUU sobre las cosechas, el terror paramilitar y militar, y la vigilancia aérea de alta tecnología, son elementos fundamentales en la estrategia militar de Washington para sostener al régimen cliente de Pastrana. Un proceso que dado un salto cualitativo con la ruptura por parte del gobierno colombiano de los diálogos por la paz, y el inicio de la intervención armada del ejército contra las FARC-EP en febrero de 2002.

El Plan Colombia se ha desplegado asimismo hacia Ecuador, Perú y el Norte de Brasil. Washington ha ampliado su programa de militarización mediante la llamada Iniciativa Regional Andina, que contempla el aumento de la ayuda militar de EEUU y la cantidad de consejeros a esos países para reprimir los movimientos de masas tales como el movimiento indio-campesino (CONAIE) en las tierras altas de Ecuador. A ello se suma, además, el establecimiento de bases militares de EEUU en Ecuador, El Salvador, y Perú.

En suma, el ALCA y el Plan Colombia-Iniciativa Regional Andina constituyen los ejes más visibles -en el plano económico y militar- del nuevo proyecto estadounidense de recolonización y absorción de América Latina y el Caribe. Desde esta perspectiva, se presenta como una tarea ineludible denunciar los efectos que -sobre las condiciones de vida de los pueblos- tendrá la puesta en marcha de este Acuerdo.

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El 3 de julio de 2001, el Comité de Negociaciones Comerciales del ALCA, publicó los borradores de nueve capítulos que estaban siendo negociados para dicho Acuerdo: agricultura; adquisiciones del sector público; inversión; acceso a mercados; subsidios, anti-dumping y derechos compensatorios; solución de controversias; servicios; derechos de propiedad intelectual; y competencia. El borrador del ALCA contiene numerosas propuestas “encorchetadas”, que indican asuntos en torno a los cuales no existe consenso. El texto no indica qué gobiernos apoyan determinadas propuestas, y dado el secretismo que rodea todo el proceso de negociación, cuales son las posturas de los distintos gobiernos.

En este contexto, el objeto de este capítulo es trazar una panorámica de los principales aspectos recogidos en el borrador oficial del Acuerdo. En última instancia, no se pretende tanto realizar un estudio en profundidad del contenido del ALCA, como exponer de la forma más pedagógica posible las principales características del mismo ⁽¹⁰⁾.

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2.2.1. Agricultura

El mandato oficial del grupo negociador en este capítulo se centra en la liberalización del comercio en productos agroalimentarios, tomando como principal referencia las regulaciones sobre la materia establecidas en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Desde esta perspectiva, los principales objetivos perseguidos son:

a) Eliminar progresivamente las tarifas agrícolas, las barreras no arancelarias y los subsidios de exportación agropecuaria que afectan al comercio en el hemisferio.

b) Identificar otras prácticas que distorsionen el comercio de productos agrícolas, incluidas aquellas que tengan un efecto equivalente al de los subsidios a las exportaciones agrícolas, y someterlas a una mayor disciplina.

c) Asegurar que las medidas sanitarias y fitosanitarias no se apliquen de manera que constituyan un medio de discriminación arbitraria o injustificable entre países, o una restricción encubierta al comercio internacional, a efecto de prevenir las prácticas comerciales proteccionistas y facilitar el comercio en el hemisferio.

En este marco, merece resaltar algunos puntos: en primer lugar, el hecho de que el borrador del ALCA no contempla la regulación de los componentes sociales y ambientales en el comercio agrícola. Estos componentes tienen un papel clave en Latinoamérica, donde el papel de una agroindustria es todavía limitado, y en el medio rural tienen todavía una importante relevancia las comunidades campesinas o tradicionales. Por otra parte, resulta casi innecesario señalar que el borrador no contempla en ningún momento la necesidad de reformas agrarias, indispensables para solucionar los graves problemas de distribución de tierras en los países latinoamericanos.

En segundo lugar, el borrador no ofrece seguridades para resolver uno de los principales problemas en el comercio agroalimentario, como es la distinción entre los distintos tipos de subsidios que pueden canalizarse a la agricultura. Un aspecto fundamental, considerando las cuantiosas subvenciones que la administración estadounidense destina al sector agrícola norteamericano, y que supone una clara distorsión en relación a la competencia con los países latinoamericanos ⁽¹¹⁾.

En tercer lugar, la inclusión de productos a liberalizar se hace con criterios puramente de competitividad, sin importar el daño social o la inseguridad alimentaria que implica.

En cuarto lugar, cabe destacar que se exigiría a los países utilizar estándares sanitarios y fitosanitarios internacionales o subregionales, con miras a hacerlos compatibles con aquellos de los otros países del ALCA. Sólo se permitiría fijar estándares más estrictos cuando hubiere una justificación científica.

Finalmente, no se establecen mecanismos para establecer coordinación de las políticas de cada país en materia agrícola. En este sentido, el ALCA podría deteriorar aún más las relaciones comerciales, donde varios países latinoamericanos compiten entre ellos mismos por exportaciones de agroalimentos similares, deprimiendo los precios, y generando más presión por un aumento del volumen exportado y por la intensificación (con el consiguiente impacto ambiental). Cabe señalar, al respecto, que la experiencia de los acuerdos de integración demuestra la importancia de mecanismos de coordinación de políticas de producción, que han sido excluidos de la discusión política en el borrador del ALCA.

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2.2.2. Adquisiciones del sector público

El mandato del grupo negociador en este capítulo ha tenido como principal objetivo ampliar el acceso de los inversionistas extranjeros a los mercados de adquisiciones gubernamentales a lo largo del continente. Este enfoque, sustentado en el capítulo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) sobre adquisiciones gubernamentales y el multilateral acuerdo sobre esta materia de la OMC, no sólo exige transparencia en las regulaciones sobre adquisiciones gubernamentales, sino que -lo que es más decisivo- restringe las metas de políticas públicas que pudieran alcanzarse por medio de las prácticas de adquisición de los niveles nacional y regional.

En efecto, merece recordar que los gobiernos, en sus distintos ámbitos territoriales de actuación, utilizan reglas de adquisición para alcanzar importantes metas de políticas públicas, tales como la protección del consumidor, el desarrollo económico, las prácticas de regulación anti-competitivas, la justicia social o el respeto a los derechos humanos y laborales. El borrador del ALCA, profundizando y extendiendo al continente los planteamientos del TLC y la OMC, afectaría de forma básica a la capacidad de acción de los gobiernos en este ámbito.

En cuanto a las principales disposiciones recogidas en el texto, cabe destacar las siguientes:

a) Ambito. Las reglas de adquisición del ALCA podrían aplicarse a un amplio espectro de actividades adquisitivas. En este sentido, el borrador del ALCA contiene disposiciones que abarcarían la adquisición tanto de bienes como de servicios, el trato que los gobiernos acuerden con los proveedores y los productos que éstos ofrezcan, e incluso el trato acordado para proveedores nacionales de compañías que sean parcial o completamente de inversión extranjera.

Además de cubrir un amplio rango de actividades adquisitivas en el ámbito nacional, las disposiciones del ALCA podrían establecer la manera en que ofrecen bienes y servicios los gobiernos federales, estatales y municipales. No obstante, algunos contratos gubernamentales podrían quedar fuera del ALCA.

b) Trato nacional y trato de nación más favorecida. El borrador del ALCA incluye disposiciones sobre ambos aspectos, que son virtualmente idénticas a las disposiciones del TLC y de la OMC. La regla del trato de nación más favorecida garantiza que cada país tenga acceso al mejor trato que reciba cualquier otro país. Esta regla evitaría que los gobiernos apliquen reglas de adquisición que, por ejemplo, prohibieran la compra de bienes y servicios a compañías que hacen negocios en países donde se violan de forma sistemática los derechos humanos y laborales (como el caso paradigmático de la empresa Nike) ⁽¹²⁾.

En consonancia con esto, la regla del trato nacional está basada en el principio de no-discriminación, un hecho que implica que los gobiernos habrán de dar a los proveedores foráneos un trato no menos favorable que el que se haya acordado a los proveedores nacionales.

d) Especificaciones técnicas y requisitos de proveeduría. El texto del ALCA, similar nuevamente al del TLC y el acuerdo de la OMC, señala que los requisitos de proveeduría deben limitarse a aquellos que sean esenciales para garantizar la capacidad de unos proveedores para satisfacer los requisitos y especificaciones técnicas del contrato en cuestión. Bajo esta regla, los gobiernos no podrían exigir a los proveedores foráneos, por ejemplo, que cumplieran con las leyes laborales y ambientales para otorgarles un contrato.

d) Resolución de disputas. Siguiendo el principio acordado en todo el texto, si un gobierno viola los requisitos sustantivos o de proveeduría del ALCA, puede quedar sujeto a una resolución de disputas entre naciones bajo el ALCA. Ello se traduce en que las empresas foráneas que se consideren afectadas, pueden demandar a los gobiernos a través de innumerables paneles de arbitraje internacionales, reunidos en secreto.

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2.2.3. Inversión

El mandato del grupo negociador es establecer un marco jurídico “justo y transparente” que promueva la inversión, a través de la creación de un ambiente estable y previsible que proteja al inversionista, su inversión y los flujos relacionados, sin crear obstáculos a las inversiones procedentes de fuera del hemisferio. En cierto modo, puede considerarse uno de los capítulos “estrella” del ALCA, y como ejemplo de su importancia merece mencionar que en abril de 2001 29 corporaciones estadounidenses y sus asociaciones -incluyendo las firmas petroquímicas y farmacéuticas- enviaron una carta a los funcionarios de más alto rango de Estados Unidos, manifestando su apoyo a que las cláusulas del ALCA en esta materia tuviesen como modelo el omnipresente Tratado de Libre Comercio ⁽¹³⁾.

Las principales disposiciones incluidas en el borrador del ALCA son:

a) Solución de controversias. El texto del ALCA recoge prácticamente los mismos mecanismos de solución de controversias previstos en el TLC, y que otorgan a las corporaciones extranjeras derechos especiales para el uso de arbitraje internacional, a través de tribunales secretos al margen de controles públicos. Este arbitraje internacional sustituye a las legislaciones nacionales, y de hecho a las cortes jurídicas de los países huéspedes de la inversión extranjera.

Con el TLC, las grandes corporaciones extranjeras han hecho un uso frecuente de estas disposiciones. Por ejemplo, Canadá tuvo que pagar a la empresa estadounidense Ethyl Corporation, 13 millones de dólares en compensación, y además tuvo que retirar una prohibición al uso del aditivo MMT de las gasolinas, altamente perjudicial para la salud. Otros ejemplos destacables de decisiones gubernamentales en los que los paneles de arbitraje internaciones han encontrado violaciones a las reglas de inversiones del TLC son los siguientes ⁽¹⁴⁾:

· La decisión de un gobierno local mexicano de no permitir a la Metalclad Corporation la instalación de una planta de desechos tóxicos.

· Una medida del gobierno de Canadá que incorporaba una serie de cuotas de exportación y costos para cierto tipo de maderas suaves, y que fue recurrida por la empresa Pope and Talbot.

· Otra medida del gobierno de Canadá, que prohibía de forma temporal la exportación de residuos de PCB, y que fue recurrida por la empresa S.D. Myers.

En este sentido, la inclusión de mecanismos de solución de controversias entre inversionistas y Estados en el ALCA, representa un paso más de la estrategia a largo plazo de las grandes multinacionales -y de los gobiernos que sustentan sus intereses- para alterar la naturaleza del derecho internacional, y convertirlo de una serie de acuerdos entre estados, a un sistema en el que las grandes corporaciones reciban un trato preferencial

b) Expropiación. En términos generales, el concepto de expropiación significa la toma de propiedad privada por un gobierno para satisfacer un propósito público, sin el consentimiento del dueño, y previendo una compensación justa al mismo. Sin embargo, el borrador del ALCA propone una serie de definiciones harto amplias y genéricas de las expropiaciones, abarcando tanto las directas como las indirectas, e incluso cualquier medida pública cuyos efectos puedan ser considerados equivalentes a una expropiación por las corporaciones extranjeras. En consecuencia, las corporaciones podrán -como ha sucedido con el TLC- demandar compensaciones a cualquier acto gubernamental que provoque una disminución de sus ganancias.

c) Nivel mínimo de trato. El texto del ALCA incluye también una obligación abierta e indeterminada del TLC en cuanto a niveles mínimos de trato, que las empresas han utilizado con mucho éxito hasta la fecha.

d) Controles de capital. El enfoque del borrado propone ir más lejos del TLC, en el sentido de prevenir que los gobiernos utilicen formas de control de movimiento de capitales, incluso en un contexto como el actual marcado por las crisis financieras internacionales. En este sentido, el texto del ALCA expande el tipo de transferencias de capital que deben ser permitidas, y a las cuales no se les debe poner obstáculo alguno para su inmediata transferencia.

e) Trato nacional. El ALCA obligaría a los gobiernos a que den a los inversionistas extranjeros el mismo trato que a los domésticos.

f) Requisitos de desempeño. Dichos requisitos pueden tener como finalidad garantizar que las inversiones sirvan para alcanzar objetivos económicos y sociales en los ámbitos nacionales y locales. En este sentido, el texto del ALCA establece una amplia serie de prohibiciones a los requisitos de desempeño a la inversión extranjera, un hecho que puede obstaculizar notablemente la capacidad de los gobiernos para promover de forma soberana y democrática el desarrollo económico y social de sus pueblos.

Así, el borrador prohibe siete tipos específicos de requisitos de desempeño:

· Exportar un determinado nivel o porcentaje de bienes o servicios.

· Alcanzar un determinado grado o porcentaje de contenido nacional.

· Adquirir o utilizar u otorgar preferencia a bienes producidos o a servicios prestados en su territorio, o adquirir bienes de productores o servicios de prestadores de servicio en su territorio.

· Relacionar de cualquier manera el volumen o valor de las importaciones con el volumen o valor de las exportaciones, o con el monto de las entradas de divisas asociadas con dicha inversión.

· Transferir a una persona en su territorio, tecnología, un proceso productivo u otro conocimiento reservado, salvo cuando el requisito se imponga o el compromiso o iniciativa se hagan cumplir por un tribunal judicial o administrativo, o autoridad competente para reparar una supuesta violación a las leyes en materia de competencia, o para actuar de una manera que no sea incompatible con otras disposiciones de este tratado.

· Actuar como el proveedor exclusivo de los bienes que produce o servicios que presta, para un mercado específico regional o mundial.

g) Definición de inversión. El actual borrado del ALCA incluye ocho versiones distintas de “inversión”, un hecho que revela la existencia de un profundo desacuerdo. No obstante, casi todas las definiciones proponen ir más allá del TLC, recogiendo por ejemplo la extensión de este concepto a la cobertura de derechos de propiedad intelectual, derivados, licencias y contratos comerciales.

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2.2.4. Acceso a mercados

El mandato oficial del grupo negociador consiste en el establecimiento de reglas para eliminar progresivamente aranceles, barreras no arancelarias y otras medidas que restrinjan el comercio entre los países participantes del ALCA. Desde esta perspectiva, las principales disposiciones incluidas en el borrador son las siguientes:

a) Trato nacional. Al igual que en el resto de capítulos, este principio implica que no se produzca un trato discriminatorio entre los productos importados y los productos nacionales similares, es decir: que un producto importado, después de entrar en el país de importación, debe ser tratado como un producto nacional.

Esto significa una restricción importante a la capacidad de los gobiernos para aplicar algún instrumento de política económica que le permita fomentar cualquier tipo de actividad productiva, en tanto obliga a homogeneizar los impuestos domésticos o cualquier otro tipo de regla entre el productor nacional y el foráneo.

b) Acuerdos subregionales. Aunque en el ALCA se permite la coexistencia de acuerdos subregionales, parece claro que este proyecto hemisférico supone un desincentivo a los mismos, en la medida en que dicha coexistencia se supedita a que no ofrezcan mayores condiciones de liberalización comercial que el Acuerdo.

c) Aranceles y medidas no arancelarias. En materia de aranceles, la propuesta en negociación es ir eliminándolos en forma progresiva: una primera ronda de eliminación total de aranceles para el 40% de las importaciones de cada país a ponerse en práctica inmediatamente a partir de la entrada en vigencia del acuerdo; una segunda ronda 5 años después, que eliminaría los aranceles para el 30% de las importaciones; y una ronda final, 5 años después, para el 30% restante. Cada país decidiría los bienes específicos a incluir en cada ronda.

En este sentido, al proponer tres canastas de bienes de igual peso pata todos los países, la propuesta ignora la necesidad de un tratamiento especial para los países menos desarrollados.

Por otra parte, el primer capítulo del borrador compromete a las partes a eliminar de forma total e inmediata las barreas no arancelarias.

d) Salvaguardias. No hay consenso todavía, aunque parece haber una inclinación a que la aplicación de medidas de salvaguardia se enmarcarían en la existencia de daño grave o amenaza a una rama de producción nacional durante el proceso de desgravación

e) No reconocimiento de las asimetrías. Aunque uno de los pretendidos objetivos del ALCA es facilitar la integración de las economías más pequeñas en el proceso, así como la toma en cuenta de las diferencias de desarrollo, las medidas de este capítulo parece ignorar claramente estos propósitos.

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2.2.5. Subsidios, anti-dumping y derechos compensatorios

El objetivo del grupo de negociación en este capítulo consiste en examinar maneras de profundizar, si correspondiera, las disciplinas existentes que figuran en el Acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias de la OMC, así como mejorar las reglas y procedimientos relativos a la operación y aplicación de las legislaciones sobre dumping y subvenciones, a fin de no crear obstáculos “injustificados” al comercio en el Hemisferio.

Cabe señalar, por una parte, que el acuerdo de la OMC establece límites con respecto a los subsidios de los gobiernos, según unos parámetros que han sido criticados por muchos países en desarrollo al considerar que favorecen claramente a los países del Hemisferio norte y a las grandes empresas agroalimentarias, así como de otros sectores como el militar (cuyo gasto se concentra mayoritariamente en unos pocos países del norte).

Por otra parte, en el borrador del ALCA se barajan una serie de disposiciones relativas a las barreras no arancelarias que se utilizan por distintos países para combatir bien las prácticas de dumping -que significa vender un producto a un precio inferior a su costo de producción, como una forma de eliminar competencia- los subsidios, o la falsificación de marcas de productos o la producción sin respetar marcas, patentes o copyrights. Las medidas que pueden establecer para evitar la importación de productos fabricados de esta forma son diversas, desde la prohibición de la importación al establecimiento de compensaciones (multas, sobretasas, etc.). Unas medidas que pueden ser invocadas unilateralmente aún no existiendo competencia desleal.

En este sentido, no resulta extraño que exista una fuerte disputa sobre cómo plasmar este capítulo en el texto del ALCA, en la medida en que Estados Unidos podría verse seriamente perjudicado si se viese obligado a liberalizar sus actuales barreras comerciales no arancelarias, así como eliminar sus cuantiosos subsidios a la agricultura.

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2.2.6. Solución de controversias

El mandato oficial del grupo de negociación se ha centrado en el “establecimiento de un mecanismo justo, transparente y eficaz para la solución de controversias entre los países del ALCA”, así como “diseñar medios para facilitar y fomentar el uso del arbitraje y otros medios alternativos de solución de diferencias para resolver controversias privadas en el marco del ALCA”.

En este sentido, la propuesta del borrador es idéntica a los mecanismos de resolución de disputas del TLC y la OMC, siendo los principales aspectos:

a) Sólo los gobiernos de los países miembro del ALCA, y para el caso de las inversiones los inversionistas extranjeros, tendrían derecho a iniciar un proceso de resolución de controversias. Los grupos de la sociedad civil, con la excepción mencionada, quedan expresamente excluidos de este derecho.

b) En consonancia con lo anterior, sólo los países podrán ser sujetos de queja, lo que significa que si una multinacional es responsable de violar alguna disposición del ALCA, no podrá ser sujeta a queja, sino sólo el país anfitrión.

c) Las quejas sólo podrán plantearse respecto de disputas comerciales, un hecho que significa un paso atrás incluso respecto del TLC, que incluía un mecanismo -si bien limitado- para atender a violaciones a leyes laborales y gubernamentales.

d) Finalmente, y como elemento central, se establece un mecanismo supranacional de resolución de disputas, que serán abordadas en reuniones secretas por paneles de expertos técnicos, seleccionados por los países en disputa. Un hecho que, en la práctica, supone una merma considerable de las competencias de las jurisdicciones nacionales.

En suma, el contenido de este capítulo se sustenta en la misma filosofía que impregna todo el borrador del Acuerdo, es decir: otorgar preferencia exclusiva a los intereses comerciales de los países y las grandes corporaciones, vetando cualquier intervención de los ciudadanos. De este modo, no importa cuan grande sea el daño social o individual ocasionado como consecuencia de una práctica comercial (en términos laborales, medioambientales, de salud, etc.): ninguna persona, sindicato, grupo ambientalista o cualquier otro integrante de la sociedad civil podrá intervenir para reclamar por dicho daño, ya que ninguno de los posibles afectados tiene derechos sustantivos dentro de lo acordado por el ALCA.

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2.2.7. Servicios

La Declaración Ministerial de San José entregó un mandato muy amplio al grupo de negociación de servicios: “establecer disciplinas para liberalizar progresivamente el comercio de servicios, de modo que permita alcanzar un área hemisférica de libre comercio, en condiciones de certidumbre y transparencia”, así como “asegurar la integración de las economías más pequeñas al ALCA”. Estas disciplinas e integración tienen que ser compatibles con el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC.

Cabe señalar que la mayor parte del contenido del borrador está entre corchetes, e incluso presenta redacciones alternativas, un hecho que pone de manifiesto la existencia de divergencias entre los distintos países. No obstante, tales diferencias se articulan sobre la base de un consenso común, que comprende la aceptación como base del mencionado acuerdo de servicios de la OMC, y que se estructura en torno a los siguientes puntos:

a) Cobertura sectorial. En principio, el acuerdo se aplicaría a todas las medidas adoptadas por las partes que afecten el comercio de servicios, en todos los sectores y en todos los modos de suministro, incluidos aquellos procedentes de la prestación de servicios comerciales por parte del sector público -nacional, federal, regional o local- así como aquellos que provengan de órganos en el ejercicio de poderes delegados por el gobierno nacional, federal, regional o local.

En este sentido, la aplicación del Acuerdo implicaría un deterioro profundo de la capacidad de los gobiernos nacionales para la regulación de diferentes actividades, ya que no sólo el ALCA pasaría a asumir un creciente número de funciones tradicionalmente asociadas al Estado nacional, sino que se potenciaría la penetración de capitales extranjeros en la prestación de los servicios locales.

b) Tratamiento de Nación más favorecida. El acceso otorgado a los inversionistas/empresas de un país del ALCA, deberá concederse a todos los inversionistas/empresas del conjunto de países miembros del ALCA. Ello se aplica a todos los sub-sectores y proveedores de servicios.

c) Trato Nacional. Deberá concederse a los inversionistas/empresas de todos los países del ALCA, el mismo tratamiento que se da a los proveedores de servicios nacionales y locales. Ello se aplica a todos los sub-sectores y proveedores de servicios.

d) Acceso a mercados. Como complemento a los dos puntos anteriores, se contempla el establecimiento de una serie de disposiciones relativas a las medidas que restringen la posibilidad de los proveedores de servicios de ingresar a ciertos mercados.

e) Transparencia. Deben incluirse disciplinas en esta área, que “hagan de conocimiento público todas las medidas pertinentes que podrían incluir, entre otros elementos, nuevas leyes, reglamentos, directrices administrativas y acuerdos internacionales adoptados por todos los niveles de gobierno que afecten al comercio de servicios”.

f) Denegación de beneficios. Se plantea que los miembros del ALCA contarán con la capacidad para denegar los beneficios del acuerdo de servicios a un proveedor que no cumpla con los criterios establecidos (que incluirán propiedad, control, residencia y actividades empresariales sustanciales).

En suma, el acuerdo sobre servicios otorga enormes privilegios a la inversión extranjera y las empresas transnacionales, en la medida en que les concedería el acceso en las mejores condiciones posibles -especialmente, a partir del disfrute del trato de nación más favorecida, trato nacional y acceso a mercados- a todos los sub-sectores y proveedores de servicios, así como a todas las formas de suministro, en el conjunto de países miembro del ALCA. Ello significaría que todos los servicios públicos de todos los niveles de gobierno se abrirían a la competencia de empresas de servicio extranjeras con fines de lucro. En este sentido, el acuerdo prohibiría a todo gobierno nacional o subnacional, ofrecer financiamiento preferencial a proveedores nacionales en diversos servicios como sanidad, puericultura, educación o alcantarillado.

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2.2.8. Derechos de propiedad intelectual

El propósito oficial de este capítulo es asegurar la protección de los derechos de propiedad intelectual (derechos de posesión y protección legal de las ideas, la creación artística, las innovaciones tecnológicas y las herramientas de mercado). Con este objeto, el borrador del ALCA incluye diferentes propuestas sobre distintas materias, como patentes, conocimiento tradicional y acceso a recursos genéticos o variedades de plantas.

La base del borrador se encuentra en el Acuerdo de la OMC sobre aspectos de derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (TRIPS). Un Acuerdo que ha sido objeto de profundas críticas, en la medida en que privilegia la protección y compensación de las grandes corporaciones, a las que otorga por ejemplo el derecho a patentar materias orgánicas y a monopolizar medicinas vitales.

Ello supondrá otorgar, asimismo, enormes beneficios para las grandes multinacionales de la biotecnología, que verán aprobados sus productos transgénicos, y garantizado su monopolio en la producción y distribución de semillas, fertilizantes e insecticidas.

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2.2.9. Políticas de competencia

El mandato del grupo negociador consiste en “garantizar que los beneficios del proceso de liberalización del ALCA, no sean menoscabados por prácticas empresariales anti-competitivas”. En este sentido, aunque ello podría implicar un elemento positivo, en la línea de debilitar los poderes de las grandes corporaciones, en la práctica parece dirigida sin embargo contra la existencia de empresas paraestatales que son vistas como un obstáculo para el libre mercado.

Como en el resto del borrador, se contemplan diferentes propuestas y alternativas, entre las que cabe destacar las siguientes:

a) Se permitirá existir a las empresas estatales, sean o no monopolios, siempre que no contradigan los niveles nacionales o subregionales para la promoción de la competencia, y que operen de acuerdo a un criterio comercial.

b) Se crearía una autoridad autónoma con jurisdicción supranacional para investigar y sancionar prácticas anti-competitivas.

c) Se contempla una propuesta que permitiría a los inversionistas extranjeros demandar a los gobiernos por el manejo de monopolios o empresas estatales.

d) Incluye propuestas para prohibir el acopio de materias primas y de productos intermedios y manufacturados.

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3. Consideraciones finales

El proyecto de creación de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), tiene como objetivo central el reforzamiento de la subordinación de las economías y sociedades latinoamericanas a las necesidades y prioridades de las grandes empresas estadounidenses. Desde esta perspectiva, su puesta en marcha tendría unas consecuencias gravísimas para los países latinoamericanos.

En efecto, la liberalización propuesta de los mercados de bienes, servicios, inversiones y derecho de propiedad intelectual, conduciría a la progresiva desintegración de las economías nacionales, las sociedades y las culturas, así como a una escalada en la depredación medioambiental, al imponer los derechos privados de las empresas multinacionales por encima de las leyes nacionales. En este contexto, el conjunto de la población civil sufriría las consecuencias en términos de incremento del desempleo, precarización laboral, discriminación de género y etnia, deterioro de los servicios básicos (salud, educación, etc.), y en definitiva empeoramiento generalizado de las condiciones de vida de los pueblos.

Particularmente graves, serían los efectos que el ALCA sobre la población campesina, que sigue representando un alto porcentaje de los habitantes de América Latina. Así, el desarrollo del ALCA implicaría ⁽¹⁵⁾:

· Una mayor marginación y exclusión de las economías campesinas y/o de las agriculturas familiares de los mercados; y que al mismo tiempo destruye la agricultura como fuente de generación de trabajo y de progreso para las poblaciones rurales que contribuyan alcanzar el bienestar. Ello se produce aún cuando la pequeña producción es el soporte de la seguridad alimentaria de los pueblos latinoamericanos, de la vida, de la preservación de nuestros ecosistemas y de su cultura.

· La profundización de los desplazamientos forzosos que no sólo amplían el despoblamiento rural, sino que además de producir la pérdida de identidad, desarraigo cultural y pérdida de los medios productivos expulsa a ciento de miles de ciudadanos de nuestros países, que han pasado a engrosar las filas de mano de obra barata en los países desarrollados y son considerados como ciudadanos de tercera clase.

· La imposición de patrones de consumo homogenizantes en base a los alimentos importados desde el principal granero del mundo que son los Estados Unidos, atentando a la Soberanía y Seguridad Alimentaria de los países y pueblos del sur.

· El ALCA, como expresión de planes geopolíticos, también constituye la potencial amenaza de deterioro y destrucción del medio ambiente, de los recursos naturales como tierras, bosques y aguas; es decir, de la biodiversidad que se deposita en suelos y montañas de América Latina, entre ellos la que se ha cultivado y se ha preservado por acción de los pueblos indígenas y  agrarios de la Cordillera de los Andes.

· La desnacionalización y privatización del agua, los bosques, la tierra y recursos genéticos que posee la montaña Andina, para beneficiar a minorías intermediarias y transnacionales generando mas desocupación y exclusión.

· Como parte de este proceso ha abierto un conflicto entre las grandes empresas mineras y de hidrocarburos, afectando el territorio de nuestras históricas comunidades campesinas, de nuestros pueblos indígenas y de los productores agrarios en general, al punto de generar enormes perdidas a través de compras devaluadas y remates forzados por la banca privada.

· El agravamiento de las condiciones de pobreza y extrema pobreza de nuestras poblaciones en particular de aquella que se asienta en los ámbitos rurales de los países latinoamericanos.

Por otra parte, es necesario remarcar que el proyecto ALCA no puede interpretarse como una iniciativa aislada, sino que debe contemplarse en el marco de una estrategia continental que tiene en la dimensión militar -representado por el Plan Colombia-Iniciativa Regional Andina- su eje complementario e indisoluble de acción. En este sentido, la combinación de la intervención militar directa -como el caso de Colombia- con la represión generalizada de los movimientos sociales y populares, como en Argentina, o incluso la promoción de intentonas golpistas (como la fallida asonada en Venezuela), parece dibujar en el horizonte cercano una actualización por parte de Washington de la doctrina de la seguridad nacional, que tanto sufrimiento ha causado a los pueblos latinoamericanos en las pasadas décadas.

En esta coyuntura, resulta una obligación ineludible promover todo tipo de iniciativas para extender la reflexión crítica, el rechazo y la movilización contra un proyecto que se está queriendo imponer de la forma más autoritaria y antidemocrática posible a todo el continente americano. En suma, “decirle no al ALCA es lo más urgente y requiere de un esfuerzo formidable para explicar a los de abajo, a los pueblos que lo sufrirían de hacerse realidad, el verdadero significado de este proyecto ajeno. Que esa vasta campaña de concientización conduzca a que el ALCA -que ni siquiera ha sido debatido en algún parlamento latinoamericano sea sometido a una consulta popular con capacidad para decidir sobre la incorporación o rechazo de cada país, sería ya una victoria de los que creemos que otra América es posible ⁽¹⁶⁾.

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4. Anexos

No al ALCA: Otra América es posible
Declaracion de la Segunda Cumbre de los Pueblos de las Américas, Quebec, 19 de abril de 2001

Nosotros, las delegadas y delegados de la Segunda Cumbre de los Pueblos de las Américas, afirmamos nuestra oposición al proyecto del Area de Libre Comercio de las Américas que se ha venido negociando conjunta y secretamente entre los jefes de Estado y de gobierno y el Foro de los Empresarios de las Américas.

¿Quiénes somos? Somos la Alianza Social Continental y venimos de todos los rincones de las Américas para que se escuche la voz de las organizaciones sindicales, populares, de medio ambiente, de mujeres, grupos de derechos humanos, de solidaridad internacional; de asociaciones indígenas, campesinas, de estudiantes y de grupos ecuménicos.

Nosotros rechazamos este proyecto de liberalización del comercio y de las inversiones, de desregulaciones y privatizaciones. Nos oponemos a un proyecto neoliberal racista, sexista, injusto y destructor del medio ambiente.

Nosotros proponemos la construcción de nuevas vías de integración continental basadas en la democracia, la igualdad, la solidaridad, el respeto al medio ambiente y a los derechos humanos.

Promesas incumplidas

Desde la Cumbre de Miami de 1994, los jefes de Estado y de gobierno acordaron fortalecer la democracia y los derechos humanos, a apoyar la educación, y a reducir la pobreza en las Américas. Tras siete años, nada se ha hecho. La única agenda que ha prosperado, amparado por el déficit democrático, ha sido la negociación del Area de Libre Comercio de las Américas. No es la primera vez que los presidentes y jefes de Estado prometen un mundo mejor. No es la primera vez que nos piden a los pueblos de las Américas que esperemos los hipotéticos frutos del libre comercio. No es la primera vez que enfrentamos el incumplimiento de las promesas de los jefes de Estado.

El proyecto del ALCA es un estatuto de derechos y libertades para los inversionistas, consagrando la supremacía del capital sobre el trabajo, transformando la vida y el mundo en mercancías, negando a los derechos humanos, saboteando la democracia y socavando la soberanía de los Estados.

Las asimetrías en las Américas

Vivimos sin duda alguna en una América marcada por intolerables desigualdades e injustificables asimetrías políticas y económicas:

* una población de 800 millones de personas, de las cuales cerca de 500 millones viven en América Latina y la mitad de éstas en la pobreza;

* una deuda inaceptable de 792 mil millones de dólares americanos con los países del Norte, de los cuales 123 mil millones de dólares se destinaron al pago de la deuda sólo en el año 1999;

* una concentración de capital, de tecnología y de patentes en el Norte;

* Estados Unidos y Canadá concentran el ochenta por ciento del peso económico;

* un mercado laboral donde una proporción alta de los empleos pertenecen al sector informal, un sector sin voz ni derechos y donde los derechos laborales son constantemente transgredidos.

Los acuerdos de libre comercio agravan las desigualdades entre ricos y pobres, entre hombres y mujeres; entre los países del Norte y los países del Sur; y destruyen los vínculos ecológicos entre el hombre y el medio ambiente. El 20 por ciento de la población mundial consume el 80 por ciento de los recursos naturales del planeta. Estos acuerdos orientan la economía hacia la exportación en detrimento de las necesidades de las comunidades locales. Estamos presenciando la consolidación del poder económico y legal de las empresas en perjuicio de la soberanía de los pueblos.

Los acuerdos de libre comercio pueden causar la fragmentación del tejido familiar y social, lo que tendrá repercusiones graves para el crecimiento y el desarrollo de los jóvenes.

Los acuerdos de libre comercio favorecen la mercantilización de los bienes comunes de la humanidad y del planeta. La lógica neoliberal reduce al ciudadano a un simple consumidor. Esta lógica favorece la rentabilidad a corto plazo sin considerar los costos ambientales y sociales.

Los acuerdos de libre comercio amenazan la agricultura local basada mayormente en el trabajo de las mujeres, bajo la presión de las grandes industrias agroalimentarias y de las políticas de dumping, poniendo en peligro la seguridad alimentaria.

Los acuerdos de libre comercio propician la privatización sistemática de los servicios públicos tales como la salud, la educación, y los programas sociales mediante programas de ajuste estructural en los países del Sur y recortes presupuestarios en los países del Norte.

Los acuerdos de libre comercio fomentan la marginalización de los pueblos indígenas y la apropiación de sus conocimientos con fines comerciales.

Los acuerdos de libre comercio implican una creciente feminización de la pobreza y la exacerbación de las desigualdades ya existentes entre hombres y mujeres. Se incrementan considerablemente las desigualdades salariales, el trabajo en condiciones infrahumanas y a menudo degradantes sin derecho a la sindicalización, el trabajo no remunerado y no reconocido que supone hacerse cargo de una familia y de una comunidad; la violencia doméstica y el comercio sexual de mujeres que ha llegado a ser la tercera actividad más lucrativa después del tráfico de armas y de drogas.

No hay posibilidad de llevar a cabo un acuerdo equitable en tal contexto.

Lo que nosotros queremos

Queremos anteponer los derechos humanos y colectivos tal y como quedan definidos en los tratados internacionales sobre acuerdos comerciales. Estos derechos deben respetarse sin distinción ni exclusión basada en el género, orientación sexual, edad, etnia, nacionalidad, religión, convicciones políticas o condiciones económicas.

Queremos el respeto absoluto de los derechos humanos que son universales, iguales e indivisibles.

Queremos construir puentes entre los pueblos de las Américas, inspirarnos del pluralismo de nuestras historias y nuestras culturas, fortalecernos mutuamente en el ejercicio de una democracia representativa y participativa.

Queremos experimentar una verdadera igualdad entre hombres y mujeres, asegurar el cuidado a todos los niños, respetar el medio ambiente, compartir las riquezas de manera solidaria y equitable.

Queremos el respeto íntegro de los derechos fundamentales del trabajo, entre ellos el derecho a asociarse, el derecho a la negociación de convenios colectivos y el derecho a la huelga así como su aplicación a los trabajadores migrantes.

Acogemos la Declaración de la Cumbre de los Pueblos Indígenas celebrada en Ottawa del 29 al 31 marzo de 2001 y reclamamos el reconocimiento de sus derechos fundamentales.

Queremos Estados promotores del bien común, capaces de intervenir activamente para asegurar el respeto de todos los derechos humanos, incluyendo, para las mujeres, el derecho a una maternidad libremente consentida; para fortalecer la democracia, incluyendo el derecho a la comunicación; asegurar la producción y distribución de la riqueza.

Queremos que los Estados garanticen el acceso universal y gratuito a una educación pública de calidad, a los servicios sanitarios y sociales, particularmente en lo que se refiere a los servicios destinados a las mujeres (maternidad, contracepción, aborto); eliminen la violencia para con la mujer y el niño; y velen por la defensa del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras.

Queremos inversiones socialmente productivas y ecológicamente responsables. Las reglas que se aplican a escala continental deben promover las inversiones que garanticen la creación de empleos de calidad en vez de las inversiones especulativas. Deben igualmente favorecer una producción duradera y una estabilidad económica.

Queremos un comercio justo y equitativo.

Exigimos la abolición del embargo estadounidense contra Cuba.

Exigimos el cese inmediato del Plan Colombia, que militariza a toda la región y empeora la situación ya deplorable de los derechos humanos.

Exigimos mecanismos democráticos para la adopción de cualquier posible acuerdo, lo que incluye su ratificación por referéndum.

Acogemos con alegría las conclusiones de los diferentes Foros de la Cumbre de los Pueblos. Esas conclusiones enriquecerán nuestro proyecto alternativo para las Américas.

Hacemos un llamamiento a los pueblos de las Américas a intensificar su movilización y en contra del proyecto del ALCA y a desarrollar otros modos de integración basados en la democracia, la justicia social y la defensa del medio ambiente.

¡OTRAS AMÉRICAS SON POSIBLES!

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Consenso de la Habana: Construyamos Américas solidarias, luchemos contra el ALCA
Ciudad de Habana, noviembre de 2001.

Las organizaciones y los movimientos sociales, religiosos y sindicales, de mujeres y  hombres trabajadores, jóvenes, estudiantes, grupos parlamentarios, partidos políticos, intelectuales, ambientalistas, campesinos, organizaciones indígenas y grupos de defensa de los derechos humanos del continente realizamos, en la Ciudad de Habana entre el 13 al 16 de noviembre del 2001 el Encuentro Hemisférico de Lucha Contra el Área de Libre Comercio  de las Américas (ALCA), con el propósito de impulsar las movilizaciones continentales y repudiar la agenda neoliberal y ese acuerdo de libre comercio que constituye un proceso, ya  en marcha, de anexión y recolonización de nuestros pueblos.

Así como sucedió en la Segunda Cumbre de los Pueblos de América realizada en Quebec en abril 2001, reiteramos que combatimos el ALCA y el modelo neoliberal que ha provocado un desastre para la mayoría de los habitantes de nuestro continente. Las políticas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial, sustentadas y aplicadas por los gobiernos neoliberales, profundizaron la pobreza en el interior de los países y las diferencias entre los países del Norte y del Sur.

En los momentos en que el mundo se ve enfrentado a una crisis de consecuencias imprevisibles, lamentamos la tragedia provocada por los ataques terroristas a Nueva York y Washington y condenamos toda manifestación de terrorismo, incluyendo la que proviene de los estados y nos solidarizamos con sus víctimas en todo el mundo. Por tanto, repudiamos y denunciamos la guerra que ha conducido el gobierno de los Estados Unidos contra Afganistán, cuyo pueblo es quien sufre en primer lugar las consecuencias. Del mismo modo repudiamos la iniciativa del gobierno de los Estados Unidos de promover la militarización de América Latina con el Plan Colombia, el Plan Puebla Panamá y otros proyectos regionales que se traducen en más intervención y represión contra las crecientes protestas populares.

Exigimos el fin del bloqueo contra Cuba y el desmantelamiento de las bases militares norteamericanas de Vieques y Manta.

Frente al Consenso de Washington, que estableció la agenda neoliberal en las Américas, los 800 delegados y delegadas, representantes de 34 países del continente alcanzamos un amplio consenso alternativo. El Consenso de La Habana está basado en la perspectiva de la integración solidaria entre iguales por la conquista de la justicia social y el bienestar de nuestros pueblos. Al contrario del Consenso de Washington, fundado sobre el fundamentalismo del mercado, tenemos por objetivo ir construyendo una agenda alternativa, solidaria, basada en la globalización de los derechos económicos, sociales y culturales.

Sostenemos que el ALCA, como manifestación de la rapacidad imperialista, representa una opción absolutamente inaceptable para nuestras naciones. Los pueblos de América luchan por una integración que tenga como objetivos centrales el logro de un verdadero desarrollo económico, social y cultural que tienda a eliminar las enormes desigualdades prevalecientes entre los países, y entre mujeres y hombres. Los pueblos no podemos permitir que nuestros gobiernos se plieguen al ALCA y debemos exigirles que asuman su responsabilidad en la definición de las políticas nacionales de desarrollo económico y la promoción del bienestar y la equidad social, sobre la base del respeto a la autodeterminación y la soberanía nacionales.

ALCA es una versión ampliada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y como tal transfiere a las transnacionales el poder de dictar a los Estados la estandarización de reglas y de políticas macro económicas.

El ALCA significa en la práctica:

Que la liberalización de los mercados de bienes, servicios, inversiones y derecho de  propiedad intelectual, conduzca a una integración corporativa y a la desintegración de las economías nacionales, las sociedades y las culturas, así como a una escalada en la depredación medioambiental, al imponer los derechos privados de las empresas multinacionales por encima de las Constituciones nacionales.

Que el déficit democrático en las Américas se profundice con la vigencia de una llamada Carta Democrática Interamericana, adoptada en Lima, el 11 de septiembre de 2001, por los Estados miembros de la OEA. Esa Carta ignora la soberanía de los pueblos y pretende, de acuerdo con parámetros totalitarios, restringidos y excluyentes, certificar, desde la óptica imperial, la legitimidad de un gobierno.

Que los pueblos de nuestros países no puedan ejercer su derecho a rechazar aquellas inversiones que comprometan su presente y futuro socioeconómico, particularmente los flujos de capital especulativo.

Que los gobiernos nacionales, sometidos al suprapoder de las transnacionales, no fomenten políticas que fortalezcan la demanda interna y se hagan dependientes por completo en los mercados externos.

Que los países del Sur compitan fieramente entre sí por el favor de los mercados y las inversiones del Norte, ofertando sus bajos salarios, la discriminación sistemática contra las mujeres, los pueblos indígenas y los inmigrantes, la falta de protección social y ambiental y la laxitud de sus leyes.

Que se extienda y profundice el desempleo como una pandemia implacable a la par que se multiplican sin medida las maquilas y zonas francas, donde los trabajadores de América Latina y el Caribe son superexplotados, con salarios varias veces inferiores a los que las corporaciones pagan en sus países de origen y sin respeto a los derechos laborales, ambientales, de salud, seguridad social, de género y de sindicalización, prácticas que, al  generalizarse extraordinariamente, precarizarán y abaratarán el empleo en todo el hemisferio, con particular efecto sobre mujeres y menores de edad, que son hoy sus principales víctimas.

Que se amplíen los flujos migratorios al mismo tiempo que se profundizan la sobreexplotación, la discriminación, la persecución y la represión a los trabajadores migrantes e indocumentados; expresando así la contradicción entre la apertura extrema para la circulación de bienes y servicios y la limitación de la circulación de los seres humanos.

Que se precipiten las naciones en el abismo de la subordinación financiera, agravada por el inmenso peso de las deudas externas y pierdan hasta la menor capacidad de resistencia frente a las corporaciones de la superpotencia continental y mundial.

Que la agricultura, sector esencial para la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, se quede expuesta a una competencia ruinosa frente al poderío tecnológico de las corporaciones transnacionales. Los trabajadores rurales se verán obligados en mayor medida al éxodo hacia una vida miserable en las ciudades, dañando así la riqueza cultural y multiétnica, la biodiversidad, las reservas de agua potable y forestales, además de erosionarse en gran medida el trabajo agrícola como fuente de empleo y sustentabilidad alimentaria.

Que los derechos de propiedad intelectual constituyan un monopolio tecnológico de las empresas transnacionales y tiendan a perpetuar la brecha entre Norteamérica y los países de América Latina y el Caribe. Además, que se explote el conocimiento tradicional de los pueblos originarios, que se verán despojados de gran parte de sus riquezas naturales y privadas del acceso a la nueva tecnología para cubrir necesidades básicas y del desarrollo.

Que al convertir los derechos sociales en pura mercadería, se profundicen aun más la pobreza y la crisis generalizada que ya padecen nuestros pueblos en derechos básicos como la educación y la salud.

Que las transnacionales y los inversionistas presenten demandas contra gobiernos y que éstas se diriman en paneles arbitrales internacionales, bajo el principio de que el interés corporativo transnacional debe imponerse sobre el derecho y el interés nacionales. Que los gobiernos de la gran mayoría de los países del continente cedan incluso la prerrogativa de realizar compras al sector privado o público de su propia nación, aun inspirados en el interés social o con un fin de desarrollo, si las empresas transnacionales se consideran en capacidad de demostrar que su oferta es superior en términos competitivos.Que cualquier fondo público para programas de subsistencia básica, o todo tipo de servicios públicos esenciales, incluyendo la seguridad social, programas de salud, educación o transporte sean privatizados, eliminados o severamente restringidos.

Construyendo una agenda social en las Américas

Consideramos que en el centro de un verdadero proceso de integración tiene que estar el respeto a la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos, que incluye todos los derechos humanos básicos, en su dimensión civil, cultural, económica, política, social. En dicha declaración se afirma que "todo pueblo cuyos derechos fundamentales sean gravemente ignorados, tiene el derecho de hacerlos valer..."

Proponemos una política continental alternativa al ALCA que no merme la capacidad de ninguno de los Estados de cada país para defender las necesidades sociales, culturales y económicas de sus habitantes, y para enfrentar, cuando fuera necesario, los intereses de las corporaciones y la pretensión dominante de cualquier país extranjero.

Abogamos por una alternativa de integración que lejos de minar, paralizar y eliminar los procesos integradores que han venido desarrollándose en América Latina y el Caribe, les dé cabida y aliento, en beneficio del conjunto de países involucrados en esos procesos y de todos los que conforman nuestro continente. Para llevar a cabo una verdadera integración continental es indispensable fomentar un proceso de cooperación internacional que cuente con el financiamiento para el desarrollo por parte de las naciones más poderosas, a fin de equilibrar las posibilidades de los países más empobrecidos del área, tras una larga historia de explotación colonial y neocolonial, y sobre todo después de haber sufrido las consecuencias de dos décadas de neoliberalismo.

Consideramos que todo acuerdo entre países con distintos niveles de desarrollo debe incluir, entre otras condiciones, el reconocimiento de las desigualdades y el trato preferencial, en los planos comercial, financiero y tecnológico, para aspirar a equilibrar los niveles de desarrollo, así como para impulsar programas sociales.

Por las razones enumeradas anteriormente, estimamos que son excluyentes los propósitos de una integración continental sana y viable y la realidad espeluznante de una deuda externa que acogota las economías de la mayor parte de las naciones latinoamericanas y caribeñas.

Por ende, nos pronunciamos por un proyecto alternativo de integración que contemple, desde sus bases, la anulación de la impagable e ilegítima deuda que contrajeron los diferentes gobiernos en las últimas décadas, sin el consentimiento de los pueblos, muchas veces con parte de los acreedores.

Expresamos, finalmente, la confianza irrestricta en que nuestra lucha de hoy, como los más bravos  hijos de América durante las últimas décadas, nos llevará juntos hacia el destino anunciado por el libertador Simón Bolívar, quien, hace casi dos siglos, en medio de su colosal campaña contra el colonialismo, expresó:

"Deseo, más que ninguna otra cosa, ser testigo de la creación en América de la más grande nación del mundo, no tanto por su inmenso territorio y sus riquezas, sino por su libertad y su gloria."

!Nos veremos en el Foro Social Mundial de Porto Alegre, en febrero próximo, levantando las banderas contra la guerra, contra el terrorismo, contra el ALCA, contra la deuda externa, por la  globalización de la solidaridad, porque otro mundo y otra América son posibles!

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Plan de acción para campaña continental de lucha contra el ALCA
Porto Alegre ,30 enero 2002

Presentamos los acuerdos de la reunión de redes continentales, realizada en Porto Alegre/ Brasil en 30 de enero 2002. Estaban presentes las más distintas redes de articulaciones sociales, con representantes de las iglesias, de los partidos políticos, movimientos populares (Fecoc), campesinos (cloc), comunicación (ALAI) Jubileo Sur, Alianza Social Continental, movimiento sindical, estudiantes (OCLAE) y redes de ongs, Grito de los excluidos latinos.

La reunión fue en secuencia de las articulaciones anteriores realizadas en Quebec, Florianópolis y la Habana, y partía de la necesidad de difundir, ayudar a articular y ampliar junto a todas las fuerzas sociales, populares y políticas de nuestros pueblos americanos, para dar consecuencia a la decisión de frenar el ALCA. Partiendo de la concepción de que el ALCA es más que un acuerdo comercial y se trata de un plan estratégico del gobierno de los Estados unidos, para controlar nuestras economías y riquezas y biodiversidad bajo el dominio de las empresas transnacionales norteamericanas.

Por eso, pedimos que todos divulguen esos acuerdos, que realicen actividades en sus países.

Saludos Secretaria de la región de Porto Alegre.

Acuerdos:

1. 4 de febrero de 2002, Porto Alegre, Brasil en Foro Social Mundial: Lanzamiento de la Campaña continental de Lucha contra el ALCA. (Fue realizada una gran marcha con mas de 60 mil personas y un acto político representativo del hemisferio y el lanzamiento del manifiesto).

2. 4 de febrero a 15 de abril de 2002: Crear y organizar en cada país planarias o coordinaciones nacionales con una estrategia amplia de alianzas de las fuerzas sociales y políticas para impulsar la campaña y la Consulta / Plebiscito Popular en cada país.

3. 4 de febrero-octubre 2002: Acciones, movilizaciones y campañas de sensibilización, educación y divulgación.

4. Septiembre 2002-marzo 2003: Realizar en cada país las consultas populares o plebiscitos.

5. Octubre 2002: Dedicar con énfasis especial este mes a movilizaciones masivas continentales contra el ALCA.

6. Propiciar a nivel de regiones, por ejemplo América Central, coordinaciones y diversas formas de cooperación como la publicación de materiales, entre otras.

7. Tener un slogan (consigna) común: "No al ALCA, otra América es posible" o " Por lo nuestro, contra el ALCA". "Soberanía sí, ALCA NO". Esto será decidido en la próxima reunión de coordinación continental.

8. Realizar un diálogo político con todas las fuerzas de Argentina para garantizar la realización de la III Cumbre de los Pueblos de las Américas en Abril de 2003.

9. Preparar y lanzar un manifiesto público de personalidades e intelectuales.

10. La coordinación continental estará formada por la Alianza Social Continental junto a dos representantes de redes continentales más un representante por país.

11. El punto de articulación y de intercomunicación será la Alianza Social Continental (asc@laneta.apc.org) y en Brasil la referencia es jubileubrasil@caritasbrasileria.org, en Ecuador la referencia es FSM-Ecuadorforo@uasb.edu.ec

Calendario de acciones y movilizaciones 2002

1. 14-16 y 18-22 de marzo: Movilizaciones en ocasión del Foro de ONGs y de la Conferencia Mundial sobre Financiamiento para el Desarrollo respectivamente, Monterrey, México.

2. Marzo (última semana): Jornadas continentales y acciones de concientización de jóvenes y estudiantes.

3. Abril: Movilizaciones en Quebec contra el ALCA (un año después de la II Cumbre de los Pueblos).

4. Mayo: Reunión de la coordinación continental de la Campaña en Quito, Ecuador.

5. 16 y 17 de mayo: Cumbre de Jefes de Estados Unión Europea-América Latina y Caribe en Madrid, España.

6. Octubre: Foro Social Continental "Otra integración de las Américas es posible"

7. Quito, Ecuador y mes de movilizaciones continentales contra el ALCA.

8. Noviembre: II Encuentro Hemisférico de Lucha contra el ALCA, La Habana, Cuba.

Calendario de acciones y movilizaciones 2003

1. Enero: Foro Social Mundial, Porto Alegre, Brasil

2. Marzo: Culminación del Plebiscito Continental o Consulta Popular Continental, presentación y divulgación de los resultados.

3 Abril: III Cumbre de los Pueblos de las Américas, Buenos Aires, Argentina.

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