7 de octubre: impidamos la jornada laboral de 65 horas
Marga Sanz *
“Existen condiciones de trabajo que entrañan tal grado de injusticia, miseria y privaciones para un gran número de seres humanos, que el descontento causado constituye una seria amenaza para la paz” Preámbulo de la Constitución de la OIT.
Los Ministros de Trabajo de la UE dieron luz verde a un texto que revisa la Directiva que regula el tiempo de trabajo y por el cual se pretende ampliar la jornada laboral máxima desde el actual límite europeo de 48 horas (40 en España y 35 en Francia) hasta 60, 65 o 78 horas.
Alarma esta medida, en si misma, y porque viene precedida de una serie de decisiones e iniciativas que atacan el Estado Social y de Derecho desarrollado en Europa, así como las normas aprobadas en el siglo pasado por la OIT que fueron la resultante de luchas y movilizaciones importantísimas de la clase trabajadora europea y mundial. Me refiero al criterio que permite a empresas contratar a trabajadores y trabajadoras de terceros países con las condiciones salariales y laborales del país de origen aún cuando sean inferiores a las del país de destino, o la llamada Directiva de retorno de las personas inmigrantes, justamente apodada directiva de la vergüenza, que permitirá la detención administrativa hasta de 18 meses y la deportación de 8 millones de personas inmigrantes –también de menores-, no documentadas, cuyo único “delito” es haber abandonado su país de origen en busca de una vida mejor. Una violación fragrante de los Derechos Humanos más elementales.
El colofón de esta orientación represiva y neoliberal de las políticas de la UE sería el Tratado de Lisboa, que –de ratificarse finalmente pasando por encima de su rechazo en el Referéndum de Irlanda- consagraría el principio de libre mercado sobre cualquier otro, dando carta de naturaleza a las políticas de privatización y desregulación.
La propuesta de modificación de la Directiva del tiempo de trabajo, avalada inicialmente por Inglaterra-Alemania y retenida cuatro años por la oposición de Grecia, Chipre, Bélgica Hungría y España Italia y Francia, se desbloqueó con las victorias de Berlusconi y Sarkozy, modificando la correlación de fuerzas interna sobre el tema.
Dicha propuesta, que aun ha de verse en segunda vuelta en el Parlamento europeo en diciembre, supone una gran involución.
Además de ampliar la jornada laboral máxima, introduce la cláusula opt-out, que supone la posibilidad de un acuerdo privado por la cual el empresario y el trabajador pueden firmar un incremento de la jornada laboral, que contravenga los acuerdos de la negociación colectiva e incluso del propio contrato laboral previamente suscrito. Esta medida profundiza en la precarización del empleo y asienta la individualización de las relaciones laborales, abriendo la puerta al “dumping social”, sentando un peligroso antecedente que puede extenderse a los salarios y a las condiciones de seguridad e higiene laboral.
Esta desregulación se completa con la redefinición del concepto de “tiempo de trabajo”, al pretender no considerar como tal los periodos que, aún permaneciendo en el lugar de trabajo o estando el trabajador obligatoriamente disponible, no esté realizando un trabajo efectivo, como es el caso de las guardias médicas. Esta medida afecta a múltiples elementos de relación laboral como la protección social: cualquier accidente en esos periodos no estarían protegidos como accidente laboral.
En definitiva, esta directiva supone la mayor agresión contra los derechos de las y los trabajadores y el modelo social europeo desde el inicio del proceso de integración, y demuestra la orientación que está tomando la UE mas preocupada por garantizar los beneficios de las empresas que por proteger el Estado social: una Europa donde gana el mercado y pierde la ciudadanía. Una directiva, en suma, que hay que parar.
El 7 de octubre la Confederación Sindical Internacional (CSI) convoca la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. En este contexto la Confederación Europea de Sindicatos (CES) denuncia la Directiva que regula el tiempo de trabajo y exige su no ratificación. Es el momento de unir las fuerzas de cuantos nos oponemos a este gravísimo ataque a los derechos laborales y sociales en Europa. El PCPV, al igual que EUPV, IU, el grupo parlamentario europeo GUE/NGL y el Partido de la Izquierda Europea apoyamos e impulsamos esta movilización, en un momento en que la crisis económica azota a los más débiles que, olvidados de los generosos rescates que se reparten los que la provocaron, pone sobre el tablero político la necesidad del reparto del trabajo y de la riqueza.