La propuesta
de los Ministros
de Trabajo de la Unión Europea de incremento de la jornada laboral
máxima hasta 60 o 65 horas semanales supone una gravísima
agresión contra los trabajadores y trabajadoras de Europa
que debería ser detenida desde el Parlamento Europeo y la
movilización sindical y social.
Esta propuesta se inscribe en la política neoliberal
expresada
en el Tratado de Lisboa que pretende la desrregulación del
mercado
en todos los ámbitos, desde las relaciones laborales a los
servicios
públicos. Desrregulación que lleva a descargar
los costes
de la crisis económica sobre los sectores sociales
económicamente más débiles, que ante la inhibición
del Estado restan indefensos frente a los grandes
poderes económicos.
Así, la inexistencia de unas tarifas
mínimas
obligatorias para el transporte hace que la subida
del precio
del gasóleo descargue sobre los transportistas
autónomos y pequeños empressaris del transporte que
tienen dificultades para repercutir
esta subida sobre sus clientes. Esta situación
resulta forzada por la desrregulación del mercado
impuesta por las directrices neoliberales de la Unión Europea,
las cuales prohíben la intervención de los Estados
regulando el
mercado y fijando los precios. La alternativa requiere cuestionar
estas directrices y el modelo neoliberal de construcción
europea, recuperando la capacidad de regulación
del mercado por parte de los Estados y superando las
políticas neoliberales que pretenden reducir la
intervención del Estado a la actuación de los antidisturbios.
Por otra parte, hay que evitar medidas desfiscalizadoras que al
reducir la capacidad recaudatoria del Estado menguan los fondos
destinados
a unos servicios públicos para todo el mundo, perjudicando
principalmente
a los sectores sociales económicamente más
débiles. Los
fondos públicos se han de utilizar para reforzar el
sector público de la economía, y en este caso para impulsar el transporte
público, priorizando a medio plazo
el transporte ferroviario de mercancías. Las transformaciones
estructurales necesarias requieren que el Estado tenga
capacidad para planificar el desarrollo económico de forma
social y ecológicamente sostenible, garantizando
condiciones adecuadas de vida y trabajo para todo el mundo. Nada más y nada menos
.
Comisión Permanente
del PCPV
València,
11 de junio de 2008