DOCUMENTO POLÍTICO APROBADO POR EL XI CONGRESO DEL PCPV

Este documento tiene como objetivo desarrollar la política del PCPV para el País Valenciano en el marco de los acuerdos del XVIII Congreso del PCE, que han desarrollado el proyecto socialista del siglo XXI como un proceso democrático de transición al comunismo poniendo fin a toda clase de explotación y opresión, sin dominación patriarcal, con armonía con la naturaleza y aplicando progresivamente el principio de que cada cual aporte según su capacidad y reciba según sus necesidades.
 

1 . La vía comunista y antipatriarcal hacia la libertad

Para desarrollar nuestras propuestas debemos partir de la elaboración de un programa de transición al comunismo que ya en los anteriores tres Congresos del PCE hemos aprobado y que se recogen en estas ideas: "relacionar nuestros grandes objetivos emancipatorios con nuestra actividad cotidiana del día a día". “El comunismo, movimiento y objetivo global": "El socialismo por el cual apostamos es la fase de transición hacia una sociedad sin clases. Pero, para que esto sea posible, el socialismo debe ser dinámico, y el Estado ir disolviendo su papel en la propia estructura social, para conseguir la sociedad sin Estado, es decir, el comunismo (...) nuestra propuesta de una nueva síntesis emancipatoria que funda las tradiciones comunista y libertaria con las aportaciones de los nuevos movimientos emancipatorios está empezando a tomar forma a escala internacional en el seno del movimiento contra la globalización capitalista, que tiene entre sus señas de identidad fundamentales el anticapitalismo y el antiautoritarismo. Hemos de esforzarnos por contribuir, desde nuestra posición comunista, al desarrollo internacional de la necesaria alternativa que aúne movimiento y objetivos".

Asimismo, hay que superar la ruptura entre el género humano y la naturaleza, producto de la apropiación del medio ambiente como medio de sostener los diferentes sistemas de dominación, y la superación de la misma definitivamente sólo será posible mediante la planificación socialista democrática de la economía, tal y como viene recogiendo el camarada Fidel Castro en sus múltiples reflexiones en las que indica que la existencia de la propia humanidad está en serio peligro.

En esta línea, debemos desarrollar nuestra concepción del socialismo como un proceso democrático de transición al comunismo, a una sociedad sin opresión ni explotación, sin dominación patriarcal, en una humanidad sin clases ni Estados en la cual las relaciones de género sean de iguales y que suponga la reconciliación plena de la humanidad con el medio natural.

1.a. La inserción del País Valenciano en el proyecto de República federal, solidaria y de orientación socialista:

El federalismo libre y solidario que propugnamos es un componente esencial de nuestro proyecto socialista, que no sólo debe permitir resolver los problemas nacionales en términos de igualdad, sino articular la participación democrática a todos los niveles. La República Federal de orientación socialista es así la forma de Estado adecuada para la transición al comunismo. Como dijimos en el documento sobre Estado Federal de febrero de 1997, en el proceso de construcción socialista ""La propiedad puede adoptar múltiples formas, en función del nivel de integración técnica y social de la producción: ni la planificación democrática ni la propiedad social pueden vincularse exclusivamente al Estado; y no sólo porque en unos casos puedan adoptar una forma individual, cooperativa, municipal, etc., sino porque en otros casos habrán de adoptar formas supraestatales" (Manifiesto del PCE para la izquierda, XIV Congreso del PCE). De este modo, la socialización de los medios de producción colectivos da una nueva dimensión a los diferentes niveles de gestión democrática. Igualmente, la federalidad puede hacer posibles diferentes ritmos en el proceso de esta socialización a tales diferentes niveles, en función del desigual desarrollo de la lucha de clases; pero la articulación federal de este proceso es también una condición para su viabilidad. Este proceso de construcción federal del socialismo irá cambiando la misma naturaleza de la federalidad: dado que "los objetivos comunistas suponen en último término la desaparición del Estado, perviviendo la propiedad social de los medios de producción más allá de éste" (Manifiesto del PCE para la izquierda, XIV Congresos del PCE), el resultado de este proceso será la transformación gradual de la federalidad política en federalidad social, como un componente de la sociedad comunista a la que aspiramos."

La República Federal debe construirse sobre los principios de libertad, igualdad y solidaridad.

Libertad en las relaciones políticas, descansando sobre la libre voluntad de todos los pueblos y potenciando la autorganización social a todos los niveles para la gestión de los asuntos colectivos. El derecho de autodeterminación, como derecho constituyente basado en la soberanía popular, no debe reducirse a una decisión puntual sobre la vinculación al Estado, sino que ha de ejercerse cotidianamente para desarrollar el autogobierno y la libre cooperación entre los pueblos, no sólo dentro del ámbito del Estado, sino en el marco de Europa y para la cooperación solidaria con todos los pueblos del mundo. En este sentido, propugnamos que el País Valenciano se articule con otros territorios con los que comparte lengua, historia y cultura; todo esto dentro un Estado Español federal y, más allá, dentro una Europa social, desarrollando, además, lazos de cooperación federal en el ámbito internacional, imprescindible por abordar tareas inaplazables como la lucha contra el hambre y contra el cambio climático, el control de las relaciones financieras o la eliminación de los paraísos fiscales. Se trata, en definitiva, que las decisiones sean tomadas en el ámbito correspondiente al problema que se trate.

Igualdad en las relaciones culturales, tomando todas las medidas que haga falta para que se consiga que efectivamente ninguna lengua o cultura se encuentre minorizada y marginada, superando las situaciones de dominación lingüística y cultural que sufren muchos pueblos y culturas a manos de otras que se encuentran en una posición dominante, dejando claro que no deben tener tal consideración las restricciones de las libertades personales ni la tortura contra los animales, las cuáles no deben ser protegidas sino erradicadas.

Solidaridad en las relaciones económicas, orientada a superar las discriminaciones entre personas y territorios, de forma que cada cual aporte según su renta y reciba según sus necesidades, utilizando los mecanismos democráticos del Estado para la eliminación de los privilegios existentes.

En definitiva, el federalismo que propugnamos supone la aplicación progresiva de los principios comunistas en un proceso de socialización del poder político para la construcción de una sociedad alternativa. Por lo tanto es un instrumento de transformación social y los principios de su funcionamiento deben caracterizar también a las organizaciones comprometidas con esta transformación.

El PCPV es a la vez un partido internacionalista, de clase y nacional valenciano (tal y como se definió ya en su I Congreso), arraigado en la clase trabajadora y el pueblo valenciano. En en cuanto a tal, debe hacer una reflexión urgente y profunda sobre la propia realidad nacional valenciana. Esta reflexión se debe hacer desde la perspectiva que la lucha contra la opresión nacional debe ser una parte más del combate de los y las comunistas contra toda forma de dominación, partiendo de la comprensión que, como señalaron Marx y Engels en el "Manifiesto Comunista”, el sentido nacional que reside en la clase trabajadora no coincide ni mucho menos con el de la burguesía, en cuanto que los y las comunistas abogamos, como se dice en el “Manifiesto del PCE para la izquierda” aprobado en su XIV Congreso, por que los movimientos de emancipación nacional realizen su potencial liberador con la libre inserción de sus pueblos en una humanidad pacífica y sin fronteras.

Habremos de  convenir que, desde los años sesenta al menos, las reivindicaciones por la profundización del autogobierno y  por el respeto y  normalización de  la  lengua y cultura propia han estado estrechamente vinculadas a  la cultura y las organizaciones de la izquierda. Tras el fracaso de  la  “batalla de  València” y  el balance decepcionante de los gobiernos del PSPV, la llegada al poder de la derecha social y política que representa el PP ha provocado cambios, tanto en el ejercicio y las aspiraciones de autogobierno como en la  misma percepción que la sociedad valenciana tiene de ella misma.

Los avances conseguidos en el autogobierno desde la renuncia del Estatuto de  Benicàssim han sido tímidos y se deben considerar más el resultado de una tendencia general a la progresiva descentralización del Estado Español que a  una voluntad firme de la sociedad valenciana. El reciente nuevo Estatuto contiene indudablemente elementos de avance que, excepto algunos (como la  introducción de derechos sociales) concedidos a fin de contentar a la izquierda política y sin ninguna intención de hacerlos efectivos, han sido fruto más d’un “efecto imitación” que de un proyecto político “nacional” o, mucho menos todavía, con la  intención de acercar las decisiones políticas a la depositaria última de la soberanía: la ciudadanía. Las insuficiencias e indefiniciones en materia de competencias o de gestión fiscal son una buena muestra.

La  derecha, con la aquiescencia más o  menos explícita de  una parte nada despreciable de  sectores “progresistas”, ha ido, no obstante, construyendo una peculiar identidad valenciana (que no “nacional”). Esta identidad se basa, entre otras cosas, en indefiniciones (o  parcialidades) en materia de lengua y símbolos y  en la afirmación indiscutible que el País (Comunidad) Valenciano es una parte de la “Nación” española. En los últimos años, además, el PP le ha añadido la  construcción de un victimismo frente a Madrid y  Catalunya que tiene un objetivo eminentemente partidista. El miedo de unos a  perder espacio electoral y el control descarado, agobiante y exento de vergüenza democrática de los medios públicos de los otros han conseguido que se haya canalizado el “blaverismo” hacia un valencianismo domesticado y un nacionalismo españolista marcadamente reaccionario y  victimista.

Este discurso, hoy en día escasamente cuestionado, genera hegemonía alrededor de unos valores extremadamente reaccionarios y  legitimadores de  la  realidad existente. Debemos combatirlo des de una posición clara que, desde la apuesta por el republicanisme federal y el internacionalismo solidario, remarque las señas d’identidad valencianas como mínimo dentro del espacio cultural y lingüístico catalán, respetando y valorando los territorios valencianos que, compartiendo historia y voluntad de  futuro, no se encuentran dentro del ámbito catalanohablante.

Como señalaba Joan Fuster, el País Valenciano será de izquierdas o  no será. La  lucha por el autogobierno debe ser un elemento clave en la  lucha democrática por el socialismo, por sus connotaciones liberadoras y  por su contenido democratizador. El PCPV debe trabajar por llenar el espacio entre el valencianismo cultural y  el político, confluyendo con este último en un programa transformador, igualitario, integrador y  de defensa del medio.

2. Por un desarrollo sostenible social y medioambiental en el País Valencià

2.b. El capitalismo en crisis

La economía debería estar sometida a las necesidades del desarrollo de las condiciones de vida humanas y a un funcionamiento que no ponga en peligro el equilibrio medioambiental que hace posible la vida en nuestro planeta. Sin embargo, la realidad choca frontalmente con este objetivo. El crecimiento de las desigualdades sociales y económicas y la depredación de la naturaleza, son la tónica dominante en nuestra sociedad. La crisis únicamente viene a rubricar la inviabilidad de un sistema enfermo desde mucho antes. El País Valencià representa el ejemplo más claro de este modelo en España y, probablemente, uno de los más relevantes en el propio marco europeo.

Todo esto es el producto natural del capitalismo, un sistema en el que las grandes fuerzas productivas son propiedad, o están controladas, por una minoría de grandes propietarios. Sus ganancias provienen de la explotación de las dos fuentes básicas de la riqueza: la naturaleza y el trabajo humano. A los trabajadores se nos impone cada vez trabajos peor remunerados, con ritmos más intensos y jornadas más prolongadas, a fin de acrecentar más esas ganancias, de la misma forma que los recursos naturales se esquilman en beneficio privado sin tener en cuenta los costes sociales y ecológicos que a largo plazo tiene esa actuación.

A los grandes accionistas de estas empresas no les preocupan las consecuencias sociales o medioambientales de su actuación, sólo están pendientes de su tasa de ganancia, dirigiéndose a donde ésta es mayor. La competencia entre ellos les exige actuar así. Inclusive en los países más desarrollados de nuestro entorno, se  imponen a la clase trabajadora  retrocesos sobre derechos ya conseguidos, en base a la implantación generalizada de contratos temporales y precarios con peores condiciones laborales, para sustituir a empleos fijos, en multitud de ocasiones bajo el chantaje de la deslocalización geográfica de empresas, en especial las multinacionales, que amenazan con trasladarse a países con menos costes sociales y salarios medios mucho mas bajos. Ayer ganaron millones en nuestra Comunidad arrasando el litoral con hormigón y empleando mano de obra barata, ¿qué nos proponen hoy? Reducir aún más el precio de la fuerza de trabajo y seguir destruyendo los recursos naturales. Es decir, más de lo mismo.

Además, si antes ya tenían el erario público a su disposición en forma de contratos, concesiones, privatizaciones, reducciones y bonificaciones fiscales, etcétera, la crisis les ha traído una nueva lluvia de millones en forma de ayudas a los bancos y grandes empresas. Y esperan que aún les de más, a costa de recortar los ya magros gastos sociales. La realidad reivindica el análisis marxista sobre el carácter de clase del Estado como “el Consejo de Administración que rige los intereses colectivos de la clase burguesa”. Así lo han demostrado los diferentes estados nacionales en Europa, y la propia Unión Europea, y así lo ha evidenciado la Generalitat valenciana que ha puesto los recursos públicos al servicio de las grandes empresas.

Ahora, la crisis, un fenómeno congénito y cíclico de la economía de mercado, es utilizada como otra arma para imponer a los trabajadores nuevos recortes a sus derechos, y en una nueva excusa para posponer las tímidas medidas que pretendían poner algo de coto a la destrucción del medio-ambiente.

Un cambio económico que someta la producción a las necesidades del ser humano y que la desarrolle en sinergia con la naturaleza, sólo es posible si va unido a una transformación en las relaciones de propiedad. Mientras los grandes recursos productivos sean propiedad privada de una minoría, será ésta la que, en base a la lógica del mercado y las ganancias, determine su funcionamiento. Porque aunque es indiscutible el avance tecnológico que han experimentado los distintos medios de producción a nivel global, sobre todo en el último cuarto del siglo XX y el comienzo del XXI,  resulta evidente que mientras éstos avances continúan teniendo una repercusión clara en cuanto a una mayor acumulación de beneficios para los propietarios de esos medios, su aplicación no está teniendo una repercusión directa en la mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora. Antes al contrario, en un gran número de casos la están desestructurando y fragmentando en perjuicio de la lucha sindical y de clase, respecto a lo que conocimos con los modelos anteriores (Fordista y Toyotista). Es una tarea urgente reforzar la lucha  por los derechos de los trabajadores para que la democracia entre en las empresas y así poder influir en las decisiones que afecten a la organización y el desarrollo del aparato productivo, disputándole a la Patronal la parte de estos beneficios que aportan las innovaciones tecnológicas y que sin duda es de justicia que disfrutemos también los trabajadores, transformándolos en derechos sociales y mejoras salariales que eleven la calidad de nuestros empleos en la empresa y de nuestro nivel de vida en la calle.

En consecuencia, la defensa de los intereses más inmediatos de la clase trabajadora —que constituye la mayoría aplastante de la sociedad— exige reivindicar la socialización de las fuerzas productivas, condición imprescindible transformar el actual modelo productivo y generar uno nuevo, capaz de atender las necesidades sociales y medioambientales que hagan posible un desarrollo humano integral. Frente a la economía de mercado, abogamos por una planificación democrática de la economía, es decir, el socialismo.

Incluso la pequeña burguesía, que durante los años de auge logró rebañar parte de las ganancias del crecimiento económico, hoy es arruinada por la presión de las grandes empresas, que externalizan sus pérdidas, y por la banca, que les cierra el grifo del crédito. Sólo puede buscar la solución a sus problemas en la socialización de los grandes medios de producción.

La falta de alternativa socialista es lo que explica la actual crisis de la socialdemocracia, limitada a defender una versión supuestamente “amable” del capitalismo, que al final se acaba traduciendo en los mismos recortes de los derechos de los trabajadores. Una política que, en la práctica, acaba desalentando a su base social y propiciando gobiernos de derechas.

2.c. Propuestas para un desarrollo sostenible social y medioambiental

No existe ninguna contradicción entre defender el socialismo y las reivindicaciones más básicas de los trabajadores. La exigencia de estas últimas gana firmeza con el convencimiento en la viabilidad de una sociedad socialista. Rechazamos la política de grandes pactos sociales con la patronal, porque tenemos claro que los intereses de ésta son irreconciliables con los de la clase trabajadora. Entendemos la lucha por lo más inmediato como un eslabón dentro de la pelea por la transformación socialista de la sociedad, en la cual la experiencia irá enseñando al movimiento obrero la necesidad del socialismo para resolver los problemas que sufre y consolidar sus conquistas definitivamente.

Nuestras reivindicaciones, incluso aquéllas de carácter más local, deben formar parte de un programa más amplio de transformación social, y buscan contribuir tanto a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores como a elevar la conciencia de clase, el grado de organización y, en definitiva, la fuerza del movimiento obrero. Nuestro programa trata tanto de responder a las necesidades más inmediatas como a largo plazo de la clase obrera y es, ante todo, un programa para la lucha, que no termina sino que sigue tras la conquista de la mayoría en las instituciones, pues sabemos que quienes detentan el poder real no aceptarán mansamente una política que ponga en cuestión sus intereses.

El PCPV, como parte integrante de Esquerra Unida del País Valencià, defiende esta política en el seno de EUPV para que, si cuentan con el apoyo mayoritario, acaben constituyendo la espina dorsal de su programa y actuación políticas. Sus dos grandes ejes serán la defensa y ampliación de los derechos sociales y el desarrollo de un amplio sector público bajo control democrático que permita la planificación de la economía. Del mismo modo, también la defensa y profundización de la democracia y de las libertades constituyen un eje esencial de actuación.

2.d. Los derechos sociales primero, fin al subdesarrollo social

Frente a unas desigualdades crecientes, es necesario tomar medidas para que se dé un trasvase drástico de rentas desde la burguesía a los trabajadores, para lo que proponemos:

- Los gastos sociales primero.

Tanto la Generalitat como los gobiernos municipales deberán poner como prioridad el gasto social, revisando de acuerdo con sindicatos, asociaciones de vecinos y movimientos sociales, las prioridades en todas sus inversiones y gastos, en todos los ámbitos, a fin de invertir la dinámica actual, impulsando a tal efecto presupuestos participativos.

Así mismo, la política de ingresos se guiará estrictamente por criterios de progresividad fiscal, mediante el uso de la imposición directa y progresiva, de tal forma que pague en mayor proporción quien más tiene, limitándose fiscalmente los ingresos netos máximos.

Esta fiscalidad directa y progresiva debe complementarse con otra ecológica que tenga efectos disuasorios en las actividades nocivas para el medio. Los recursos obtenidos de esta última fuente deberían dedicarse a actividades públicas relacionadas con la restauración del medio ambiente.

Generalitat y ayuntamientos deberán movilizarse para exigir que se aprueben las leyes pertinentes a escala estatal, mientras utilizan todos los medios a su alcance para aplicar esa política en sus ámbitos de competencias.

Se exigirán al Estado central los recursos suficientes para atender las necesidades sociales tanto a nivel autonómico como municipal.

- Reducción de la jornada laboral semanal a 35 horas semanales, sin reducción salarial.

La única forma de poner fin al desempleo crónico, que sufrimos desde hace décadas, es mediante la reducción de la jornada laboral. Se trata de que las ganancias de productividad redunden en unas mejores condiciones de trabajo y de vida para el conjunto de los trabajadores. Para ello, desde el ámbito autonómico y municipal, el PCPV propondrá que en todo el empleo público se aplique rigurosamente la jornada de 35 horas, y promoverá con todos los recursos a su alcance la promulgación de una ley Estatal que establezca dicha jornada laboral.

- Establecimiento de un salario mínimo interprofesional de 1.000 euros netos mensuales.

A fin de dignificar los salarios y pensiones y reducir las desigualdades sociales para disminuir el abanico salarial, se establecerá ese criterio en todo el empleo público de ámbito autonómico y municipal, y se promoverá una ley estatal que recoja estos criterios para todas las empresas.

En materia de contratos públicos con empresas privadas, así como a la hora de conceder licencias de apertura, tanto la Generalitat como los ayuntamientos establecerán la obligatoriedad de garantizar unos ingresos dignos, equivalentes como mínimo al SMI que reivindicamos.

- Garantizar a toda persona en paro un subsidio de desempleo o un salario social, vinculado a la realización de actividades comunitarias y de formación bajo  control sindical y social que evite que sean utilizados como mano de obra barata, acorde con con el SMI, mientras no tenga un puesto de trabajo digno.

La Generalitat y los ayuntamientos deberán poner todos los recursos a su alcance para garantizar que ninguna persona se ve condenada a la indigencia por falta de recursos para vivir. En el País Valencià con centenares de millares de personas en paro, es una cuestión de supervivencia para millones de familias.

- Eliminación de los contratos basura.

Los servicios de la administración municipal y autonómica se prestarán siempre de manera directa por dichas administraciones o por empresas públicas, con trabajadores con idénticos derechos y condiciones laborales dignas. Ambas administraciones procederán a una revisión drástica del cumplimiento de todas las contratas privadas existentes en la actualidad, como primer paso a la devolución al sector público de todas ellas.

Las administraciones pondrán fin a la precariedad en su seno, haciendo los concursos públicos de empleo necesarios e igualando al alza los derechos laborales de todos los trabajadores.

Así mismo, se tomarán las medidas necesarias para impedir el funcionamiento de las ETTs de manera inmediata en todos los municipios gobernados por la izquierda e implantarlo acto seguido en el ámbito toda la Comunidad Autónoma. Sus funciones serán desempeñadas por servicios públicos de empleo.

En los pliegos de condiciones de toda posible contratación con empresas privadas se establecerá la imposibilidad de emplear contratos basura para sus empleados.

Tanto la Generalitat como los municipios pondrán todas las medidas a su alcance para exigir una ley estatal que garantice el empleo estable y con derechos, y la eliminación de la contratación temporal para tareas permanentes.

- Prohibición de desahucios.

Todas las familias que demuestren que carecen de ingresos suficientes, mientras no se les garantice una vivienda digna a través de un parque de viviendas en alquiler de gestión pública, no podrán ser desahuciadas de su domicilio.

2.e. Desarrollo de un sector financiero e industrial público

- Las diferentes cajas de ahorros del País Valencià se fusionarán en una única entidad de ámbito autonómico. La gestión de los mismos pasará a ser pública y transparente, quedando prohibida explícitamente su participación en proyectos especulativos, impulsando nuevas formas de empresa fundamentadas en el trabajo asociado como puede ser el cooperativismo. Por ejemplo, dicha caja sólo invertirá dinero en la promoción y construcción de vivienda pública. Los salarios de sus directivos quedarán limitados al máximo que reivindicamos y serán electos y revocables por la Asamblea que los elija. Dicha Asamblea será compuesta a partes iguales por representantes de los trabajadores, de las entidades vecinales y sociales, y las administraciones.

- Se generará un sector público industrial capaz de desarrollar el nuevo modelo productivo que reivindicamos. El primer paso será convertir en acciones con plenos derechos todo tipo de ayudas públicas concedidas a las grandes empresas. Cuando una gran empresa plantee el cierre o la reducción de plantilla, será intervenida públicamente por la Generalitat, a fin de evitar que su actuación destruya tejido productivo. Si fuera necesaria una reconversión de la misma hacia otras actividades productivas, ésta se hará bajo control y ejecución pública, garantizando los derechos de los trabajadores y sus condiciones de vida. En ningún caso se aprobarán Expedientes de Regulación de Empleo de empresas que hayan tenido beneficios el año anterior.

- En ningún caso se aprobarán Expedientes de Regulación de Empleo de empresas que hayan tenido beneficios el año anterior.

- La Generalitat y los ayuntamientos impulsarían la movilización por la promulgación de leys de ámbito estatal que procedieran a la nacionalización de la banca y de los grandes sectores productivos —energía, transportes, telecomunicaciones, constructoras…— a fin de que se pudiera llevar a cabo una planificación democrática de la economía en base a las necesidades sociales y en armonía con la naturaleza.

3. La atención a las necesidades sociales

Los y las comunistas debemos continuar luchando por unos servicios públicos y de calidad, de acceso universal y gratuitos. Estos representan uno de los derechos sociales más significativos logrados por la clase trabajadora a lo largo de la historia, e indispensables para luchar contra las desigualdades sociales y territoriales.

En el País Valenciano estamos viviendo todo un proceso de desmantelamiento de estos servicios públicos, que se sustenta con una campaña de desprestigio de lo público, por parte de los que pretenden que lo que hasta ahora han sido derechos de los ciudadanos y ciudadanas, se conviertan en un negocio muy provechoso para unos pocos.

Las consecuencias de los procesos de privatización de los servicios públicos en el País Valenciano son claras: pérdida de control democrático, pérdida de calidad en la prestación del servicio, disminución de lugares de trabajo, salarios más bajos, más precariedad laboral y además provocan un efecto redistributivo negativo que sufren especialmente los colectivos más desprotegidos, porque afecta al núcleo esencial de los principios de igualdad de acceso, universalidad y no discriminación. Contrariamente a lo que se nos pretende vender desde la derecha, supone también un gasto mayor para las arcas públicas. Además, las privatizaciones explican parcialmente el nivel de corrupción a que ha llegado la política valenciana y conforma una de las patas sobre las que se asienta el clientelismo, pieza clave en el sostenimiento de este modelo político que presupone y extiende la propia corrupción.

Por esto los comunistas no nos podemos limitar a exigir los derechos de los trabajadores y trabajadoras, es necesario plantear cómo se pueden cumplir y para ello es necesario plantear medidas que permitan que la economía funcione de forma muy distinta. Hoy no es  suficiente decir no a las privatizaciones, es necesario un plan de nacionalización de todo lo que se ha privatizado estos años pasados y de todo aquéllo que sea imprescindible para la atención de las necesidades sociales.

Es más, sólo por la vía de ese desarrollo del sector público es posible ejercer un control democrático de la economía efectivo, así como el control democrático es imprescindible para evitar que el sector público se utilize —como ocurre ahora— en beneficio de las grandes empresas privadas, así como que se burocratice.

De esta manera, se asentarían las condiciones para poner en marcha un cambio de modelo productivo que, con la participación de sindicatos, colectivos ecologistas, asociaciones de vecinos, movimientos sociales, universidades públicas… pusiera fin a la degradación medioambiental que sufre nuestra comunidad.

Por esto desde el PCPV planteamos las medidas siguientes:

- Desarrollo de los servicios públicos

Es necesario que todos los servicios imprescindibles para el funcionamiento de la sociedad sean plenamente públicos, se gestionen con absoluta transparencia y estén sometidos a un estricto control democrático. Habrán de volver al sector público aquellos servicios o empresas que hayan sido privatizadas en transportes, suministro de aguas, energía, recogida de residuos, mantenimiento (parques, alumbrados, etcétera), servicios sociales…

Se establecerá un plan integral de desarrollo del transporte público en todo el País que permita una reducción drástica del uso del coche, cosa que unida a la implantación de la estabilidad en la ocupación y a la creación de un parque público de viviendas de alquiler (que permitiera vivir cerca del puesto de trabajo), contribuiría decisivamente a mejorar tanto las condiciones de vida como frenar la degradación medioambiental, a la vez que conseguiríamos articular mejor el País Valenciano a través de sus infraestructuras, frente a las políticas llevadas a término de grandes proyectos que no repercuten en los intereses de la mayoría de la población valenciana.

Se eliminarán gradualmente todos los conciertos con entidades privadas (educativos, sanitarios…). Se nacionalizarán las instalaciones privadas financiadas con dinero público (hospitales…) para incorporarlas definitivamente a la red pública de servicios

También los servicios sociales están siendo tratados como una mercancía, en la mayoría de ayuntamientos y a nivel autonómico. La falta de plazas públicas en centros de día, en residencias geriátricas, en casas tuteladas... está haciendo que las personas con más necesidades de nuestro País se encuentren en una situación muy precaria. Uno de los colectivos que más maltratado está siendo por la administración autonómica es el de las personas dependientes, que vieron cómo al fin con la aprobación por el Congreso de los Diputados se les reconocía el derecho a su atención y a la autonomía personal, pero que no aseguró su financiación y a estas alturas se ha visto truncado por el gobierno valenciano, que está aplicando la ley con lentitud, con oscurantismo, pervirtiendo su espíritu y privatizando el proceso de valoración y los servicios. Por esto exigimos que se desarrollen las dotaciones públicas necesarias para poder aplicar la ley de dependencia desde el sector público, así como los servicios sociales pertinentes para atender las necesidades reales.

La Vivienda debe ser considerada como un derecho social:

- Se generará una empresa pública para la construcción y rehabilitación de viviendas, que de forma mancomunada con los ayuntamientos, realize la rehabilitación de las mismas y la construcción de nuevas viviendas públicas que se establezca como necesaria.

- Se expropiará por el valor tributario toda vivienda nueva vacía con objeto de incorporarla al parque público de viviendas.

- Asimismo, se establecería por ley que ninguna vivienda pudiera estar vacía sin causa justificada.

- Finalmente, se establecerían unas tasas máximas para los alquileres d’viviendas, que garantizen, junto con la existencia de un amplio parque público de viviendas, que todo el mundo tuviera ese derecho.

- La vivienda protegida se otorgaría exclusivamente en régimen de alquiler.

Los y las comunistas debemos continuar luchando por tener una educación pública, de calidad y en valenciano, y para esto el primer paso es acabar con los conciertos educativos con los centros privados-católicos que absorben los recursos que habrían de ir a mejorar la red de enseñanza pública, que se encuentra desarticulada y en una situación muy precaria, como así demuestran los más de mil barracones que hay en cualquier parte de todo el País Valenciano, la inexistencia de escuelas infantiles públicas de 0 a 3 años, al igual que la falta de educadores, de maestros de pedagogía terapéutica, de logopedas y de educadores sociales. Hay un porcentaje muy elevado de alumnos que habiendo estudiado la primaria en valenciano no pueden continuar estudiando en esta lengua la secundaria y los estudios superiores. Todo esto se traduce en una tasa de fracaso escolar del 40%, por encima de la media estatal y europea.

Hay que acabar con estos conciertos educativos con las escuelas católicas que además están seleccionando al alumnado de manera xenófoba, racista y clasista, de hecho casi el 90% d’alumnos inmigrantes van a la escuela pública, porque la otra, la que también se sostiene con dinero de todos los ciudadanos y ciudadanas, está practicando un apartheid educativo intolerable e impresentable. Y últimamente estamos viendo cómo hemos retrocedido 30 años en nuestra historia al comprobar que con dinero público se están subvencionando colegios que segregan al alumnado por razón de sexo vulnerando preceptos presentes en la propia Constitución española de 1978.

Asimismo, hay que garantizar que ningún estudiante se vea obstaculizado para acceder o completar sus estudios post-obligatorios (en el bachillerato y en todos los ciclos de Formación Profesional y Universidad) por razones derivadas de su origen socioeconómico, estableciendo a tal efecto la gratuidad de los estudios y un sistema público generalizado de becas-salario en número y cuantía suficiente para sufragar su mantenimiento. Y tampoco hay que olvidar la cada vez más necesaria educación de personas adultas en sus distintas modalidades: reglada, no reglada, formal e informal.

El proceso de privatización de la sanidad pública valenciana, empezado el año 1999 con el hospital de la Ribera, se ha ido agravando los últimos años, y en estos momentos son ya varios hospitales y áreas enteras las que están siendo gestionadas por empresas privadas mediante concesiones administrativas. El resultado de estas políticas privatizadoras es que en el País Valenciano tenemos la peor sanidad pública de toda España; según informes de las asociaciones en defensa de la sanidad pública, las ratios de camas hospitalarias, de médicos y de enfermeras están por debajo de la media estatal, así como el gasto sanitario per càpita o el uso de medicamentos genéricos.

Desde la izquierda hay que trabajar para acabar con esta privatización de la sanidad valenciana, y uno de los primeros pasos es continuar reclamando la derogación de la ley estatal 15/97 que es la que abrió la puerta a este tipo de gestión.

Es imprescindible, por lo tanto, la participación organizada y cohesionada del Partido en las diferentes plataformas y foros ciudadanos en defensa de los servicios públicos, junto a los sindicatos y el movimiento vecinal.

La política llevada a término por la derecha reaccionaria en nuestro País, basada en destinar grandes cantidades de dinero público a grandes proyectos y acontecimientos de nula rentabilidad social, han supuesto el caldo de cultivo perfecto para los enchufismos y corruptelas. La corrupción es ya una práctica generalizada en las administraciones valencianas, siendo ya decenas los cargos públicos imputados por delitos de corrupción o implicados en la trama Gürtel.

Desde el PCPV debemos ser capaces de continuar denunciando una y otra vez estas prácticas corruptas, que deslegitiman la actividad política y alejan cada vez más a la ciudadanía, no sólo de las urnas, sino de su participación activa en los asuntos públicos. Y esto nosotros no nos lo podemos permitir, porque esta implicación de la ciudadanía es una de las bases para avanzar hacia una democracia real.

4. Articular capacidades y necesidades:

Cuando defendemos tender a que cada cual aporte según su capacidad y reciba según sus necesidades, estamos contemplando un modelo social que se fundamenta en la articulación de capacidades y necesidades de forma que la satisfacción de las necesidades humanas está vinculada también al despliegue de las sus capacidades: el desarrollo y la riqueza social deben descansar sobre la mejora de la fuerza de trabajo, sobre la expansión de las capacidades humanas, y esto comporta la exigencia de la ampliación de los servicios públicos universales y gratuitos en los cuales cada cual reciba según sus necesidades.

En este sentido, la soberanía alimentaria requiere la atención a las necesidades alimentarias desde la producción agrícola local, que tiene así un valor estratégico que demanda el apoyo público, frente al monocultivo del ladrillo depredador del territorio. En estos últimos años hemos estado derrochando una riqueza preciosa del pueblo valenciano: la capacidad de su población agrícola para cultivar la tierra. Se ha permitido que la actividad agrícola se convirtiera en económicamente ruinosa, forzando al abandono de la tierra y propiciando que se vieran las expropiaciones por PAIs como una salida y un mal menor. Los resultados han sido demoledores: además de la destrucción del medio ambiente valenciano, ofrendado al ídolo del turismo en un proceso que significaba además matar a la gallina de los huevos de oro, se ha generado una fuerte despoblación rural que ha incrementado los desequilibrios territoriales y ha facilitado la destrucción forestal por incendios, y un País Valenciano conocido por su fertilidad se ha convertido en deficitario en productos agrícolas. Y cuando la burbuja inmobiliaria ha estallado y la crisis mundial ha hecho menguar el turismo, nos hemos encontrado con la tierra ocupada por urbanizaciones fallidas y una desocupación notoriamente superior a la media de España.

La recuperación de la capacidad y la suficiencia agrícola no puede dejarse a la rapacidad del mercado, y requiere una intervención pública colectiva, asegurando los medios de vida y la formación agronómica a la gente que trabaja la tierra, junto a medidas efectivas de protección ambiental que permitan detener y revertir la degradación del territorio. A tal efecto, como primer paso, habría que establecer precios de garantía en origen para los productos agrícolas y ganaderos, limitando al mismo tiempo los precios finales.

Para lo cual ha de jugar también un papel una banca pública valenciana, cuya función ha de incluir atender sin propósito de lucro a las necesidades básicas, inseparables de la mejora de una capacidad productiva que ha sido gravemente dañada en el País Valenciano por la destrucción de la agricultura y la desindustrialización. Esta banca sería una herramienta básica para la concesión de microcréditos , que se han demostrado muy útiles para impulsar un tejido productivo sostenible fundamentado en el trabajo asociado,

De este modo, el cultivo de de una fuerza de trabajo creativa como fundamento de la innovación tecnológica descansa sobre la educación desde 0 años hasta la Universidad, así como sobre la salud tanto laboral como medioambiental.

Una educación pública de calidad, laica y totalmente gratuita, al ser necesaria para el desarrollo de las capacidades humanas, lo es también para un desarrollo sostenible, que requiere de una formación integral, científico-técnica, humanística y artística con una profunda renovación pedagógica para un aprendizaje centrado en los y las estudiantes que fomente su creatividad. Esto exige una financiación adecuada, ante la cual la Generalitat Valenciana ha de asumir sus responsabilidades a través de la puesta en práctica de un Plan de Financiación suficiente de la enseñanza pública, sin desviar y derrochar recursos hacia la enseñanza privada, como es el caso de la VIU, la Universidad Católica o en general una enseñanza “concertada” ideológicamente sesgada y que no se ajusta a las características que habría de cumplir un servicio público.

La expansión de las capacidades humanas requiere también la potenciación de la salud integral como un servicio público. Esto incluye los servicios sanitarios, la defensa del medio ambiente, la seguridad alimentaria y unas condiciones saludables para la vida y la sociabilidad. Ello no puede estar supeditado a la persecución del lucro, y por lo tanto hay que rechazar la privatización tanto de la titularidad como de la gestión de estos servicios que ha sido impulsada desde la Generalitat Valenciana. Por su parte, la sociabilidad necesaria para un trabajo cooperativo requiere el desarrollo de las relaciones interpersonales, superando los obstáculos para las mismas, entre los cuales ocupa un lugar central la violencia de género contra las mujeres en todas sus vertientes, desde la doméstica a la prostitución.

Finalmente, hay que subrayar que atender también a las necesidades de la población inmigrante es también un requisito para la creación de riqueza en nuestro país, a la cual esta población contribuye en gran medida con su trabajo.

5 . La articulación del tejido social

El tejido social es la capacidad de la sociedad civil para organizarse y movilizarse por objetivos concretos. Los movimientos sociales son el reflejo de esta capacidad; unos son efímeros, nacen en momentos puntuales o desaparecen en poco tiempo y otros tienen un largo recorrido, e incluso una tradición de décadas. Representan la conciencia crítica de la ciudadanía, la apertura de un frente de masas, son interlocutores sociales alternativos que ponen de manifiesto la necesidad de la participación ciudadana más allá de las instituciones representativas. En todo caso, son el termómetro de una sociedad y expresan su capacidad de respuesta ante las instituciones y los acontecimientos sociales.

Actualmente, la falta de tejido social a lo largo del País Valenciano y el debilitamiento de las diferentes redes sociales existentes, por causas tanto sociales como económicas, que irían desde el cambio en las formas de producción a la desaparición de la dualidad ideológica y el consiguiente relativismo cultural existente, dificultan la actuación de los y las comunistas en los movimientos sociales, así como la posibilidad de hacer llegar nuestra política y elaborar propuestas concretas.

La política de actuación del partido en los movimientos sociales debe ir dirigida a la elaboración de propuestas propias para hacerlas llegar a la sociedad a través de sus interlocutores posibles o existentes.

La participación de los y las comunistas en los movimientos sociales debe ser fruto de la organización, el debate y la elaboración de aportaciones siguiendo la política del partido. La actuación de los militantes en los movimientos sociales no puede consistir en actos asilados y voluntaristas, sino que deben obedecer a la política de actuación elaborada por el partido y exigir el consiguiente respaldo del mismo.

Nuestra participación como comunistas en los diferentes movimientos sociales debe suponer un referente de trabajo para el partido, en los que poder hacer visible la política del partido en la sociedad.

Deberemos aspirar a ser una organización participativa y de referencia en los movimientos sociales, que colabore con los movimientos mas activos de forma mas comprometida e intente relanzar la marcha de otros que a penas tienen actividad, sin perjuicio de que la elaboración propia nos lleve a propuestas de actuación propias, como campañas o foros de opinión.

La líneas básicas de actuación que se proponen para los diferentes movimientos sociales existentes responden al trabajo que hemos venido desarrollando los comunistas en los últimos tiempos, en concordancia con los documentos del PCE y el PCPV aprobados.

Así, consideramos el movimiento sindical como un factor esencial para la defensa de los intereses de la clase trabajadora, con una importancia redoblada en el marco de la actual crisis económica. Orientamos a nuestros militantes y simpatizantes a trabajar en CC.OO.  en este sentido, impulsando movilizaciones de carácter local y general y reforzando sus rasgos sociopolíticos y participativos, sin renunciar y/o subestimar por ello el trabajo de muchos camaradas en otros sindicatos de clase. Así, colaboramos también con y en otros sindicatos con los que coincidimos en la defensa de la clase trabajadora

Entendemos el movimiento feminista en el marco de la contradicción del capitalismo y el patriarcado, atendiendo a objetivos como superar la discriminación en todos los ámbitos y la violencia de género, la erradicación de la prostitución (apoyando los movimientos abolicionistas), y el aborto libre, como proyectos claves.

Siendo algunos movimientos antiglobalización los canalizadores del descontento contra el sistema capitalista y un instrumento claro de critica contra el sistema capitalista, a través de los foros sociales, los movimientos de resistencia global y las movilizaciones puntuales que agrupaban a diferentes movimientos en los últimos años, deberíamos reactivar estos movimientos para relanzar actividades contra la crisis económica.

Dentro del movimiento republicano, abogamos por la III República como modelo alternativo de Estado y continuaremos trabajando en el seno de las plataformas republicanas. La propuesta republicana del partido es memoria y es movimiento (conecta con la memoria y es movimiento hacia el futuro), debe difundir el patrimonio cultural y tener propuestas concretas y una política clara para avanzar hacia un estado republicano, federal y socialista.

En movimientos de solidaridad internacional, los planes de actuación irían encaminados dentro de la política internacional del partido.

La articulación de los diferentes movimientos por los derechos civiles, sociales y medioambientales deben ser la plataforma de actuación donde el partido pueda articular su trabajo y llevar sus propuestas.

6. La refundación de un movimiento político y social de izquierdas, plural y alternativo

Uno de los elementos clave para el desarrollo de cualquier estrategia de avance hacia el socialismo es la definición d’una adecuada política de alianzas. Esta política debe tener una doble orientación: en relación a las clases y grupos sociales objetivamente interesados en la transformación social, por una parte, y en relación a las expresiones organizadas que trabajan en esta dirección, por otra.

Resulta evidente que el principal sujeto de este proceso de cambio social debe ser la clase trabajadora, entendida en su sentido más amplio y más allá de las diferentes fracciones que la componen. Y es por esta razón que nuestra política d’alianzas debe partir de esta premisa y se ha de subordinar a ella. Ahora bien, resultan igualmente patentes otras realidades objetivas que no debemos pasar por alto y que hemos de incorporar al diseño de nuestra estrategia de acción. Debemos considerar al menos tres. En primer lugar, los trabajadores y trabajadoras no son una realidad homogénea, sino que es una clase segmentada entre hombres y mujeres, parados y ocupados, “nacionales” e inmigrantes,etc., con intereses y objetivos que pueden ser parcialmente divergentes en ocasiones. En segundo lugar, la alternativa política de la clase trabajadora debe partir forzosamente de la dialéctica capital-trabajo pero también ha de ir más allá, llegando a otros ámbitos como la defensa de lo público, del medio ambiente, de los derechos ciudadanos como consumidores y un larguísimo etcétera. Por último, hay otras fracciones o clases sociales que pueden llegar a ser objetivamente aliados estratégicos de la propia clase obrera, particularmente el campesinado propietario, trabajadores autónomos y amplios estratos de empresarios pequeños y medianos. Un ejemplo de plena actualidad nos lo brindan las consecuencias de la crisis, que dan la ocasión para que la propuesta de nacionalización de la banca gane el apoyo de estos sectores, pues es la única salida real a la asfixia a la que la gran banca somete también a los pequeños empresarios.

Por otra parte, los comunistas compartimos con otras orientaciones ideológicas las aspiraciones a la transformación de la sociedad capitalista en otra más justa, igualitaria, solidaria, humana y respetuosa con el medio. Una nueva sociedad que acabe con la división de las personas en clases sociales, la dominación patriarcal, la escisión entre el género humano y la naturaleza de la cual forma parte y la dominación nacional y/o cultural. Si es cierto que esta diversidad puede expresarse en estrategias divergentes en el largo plazo que ponen el acento en varios sujetos de la emancipación o en el orden de prioridades de las problemáticas a abordar, no lo es menos que las luchas y las necesidades a corto y medio plazos generan amplísimos espacios de convergencia entre las diferentes expresiones organizadas y las personas de diversa adscripción ideológica que comparten (o pueden compartir objetivamente) la aspiración común de la superación del sistema capitalista y patriarcal.

Asimismo, los comunistas creemos firmemente que la respuesta al sistema de dominación requiere de acciones políticas que suponen la solución de los problemas inmediatos que sufre la sociedad y que lo hagan, además, en la única dirección posible: aquélla que trascienda la acomodación a la realidad, rehuyendo el posibilismo. Los comunistas tenemos presente que “la emancipación de la clase obrera debe ser obra de la propia clase obrera”. Es la experiencia práctica de lucha la principal escuela que puede llevar a una recuperación del movimiento obrero, de su conciencia de clase y su organización. Nuestra contribución a ese proceso pretende ser la reconstrucción de una alternativa socialista, que sea capaz de unir la defensa de las necesidades sociales más inmediatas a la propuesta de transformación socialista de la sociedad. Una fuerza política capaz de contribuir a que cada vez más número de trabajadores tomen conciencia de sus intereses y de que hay que luchar, además de contra los efectos del capitalismo, también contra sus causas. La construcción del socialismo no puede aplazarse a un futuro indeterminado en espera del advenimiento de una “revolución” hipotética que lo cambie todo de la noche a la mañana y que nos permita materializar de golpe todas las aspiraciones de transformación social. Esta construcción es posible desde ahora, a través de un adecuado análisis de la realidad y la convergencia de fuerzas sociales alrededor de programas realizables que suponen avances claros y decididos en la dirección correcta.

Esto nos obliga a dotarnos de instrumentos adecuados para el despliegue y la consecución de la política d’alianzas. Ya hace más de dos décadas que, en España y en el País Valenciano, los comunistas nos dimos cuenta de esta necesidad y, dejando de lado sectarismos y siguiendo una extensa tradición política de estrategias unitarias, construimos una nueva organización plural que aspiraba a dar cobijo a todas las aspiraciones emancipadoras alrededor de un programa común y de la construcción de una nueva cultura política basada ampliamente en la participación y el consenso. Esta apuesta, materializada en IU y EUPV, se adelantó de forma clara a las nuevas tendencias que hoy están tomando cuerpo de forma acelerada en la izquierda transformadora europea. El hundimiento del llamado “socialismo real” en el este de Europa, el fracaso estrepitoso de la socialdemocracia como alternativa de mejora “gradual” del capitalismo al haber aceptado las premisas básicas del modelo neoliberal (del cual se ha convertido en uno de sus puntales) y la deriva del experimento del ecologismo político, abren las puertas a una nueva recomposición de la izquierda en la que experiencias como la nuestra pueden suponer un espejo en el que mirarse a condición de corregir decididamente la óptica.

La experiencia pionera de IU y EUPV ha sufrido una profunda crisis provocada (además de por condicionantes externos como la presión de los medios, la modificación profunda de la estructura de clases o el modelo político español, por citar algunos) por la esclerosis interna y la excesiva institucionalización de su acción política. La última sacudida, que ha tenido uno de sus epicentros en el propio País Valenciano y que ha significado un peligro real de extinción del proyecto, sin embargo, se ha saldado en positivo. Ante los intentos de transformar definitivamente IU y EUPV en un partido político más al uso, se ha impuesto la apuesta por volver a los orígenes: construir un movimiento político y social basado en una organización de nuevo cuño en la que prime la pluralidad, el debate y el funcionamiento radicalmente democráticos, y, finalmente, que articule el trabajo institucional con la participación y la potenciación de los movimientos sociales.

Los comunistas valencianos debemos convertir el trabajo por la refundación de EUPV en una de nuestras tareas prioritarias junto con la propia reconstrucción y fortalecimiento de las estructuras organizativas internas del Partido y el impulso de su presencia en el movimiento obrero y el resto de movimientos sociales. El PCPV, en tanto que partido integrante de EUPV, hemos sido decisivos en la resolución de la crisis de esta formación. Es evidente que habremos de admitir algunos errores que pueden haber contribuido a que la crisis de EUPV haya logrado unas dimensiones indeseables. Aun así, la cohesión demostrada por el partido, su generosidad y el mantenimiento de una posición firme respeto a las normas democráticas de funcionamiento, han preservado los rasgos esenciales del proyecto y su pluralidad. Es cierto que la situación presente se encuentra lejos de ser la óptima para la reconstrucción y el relanzamiento de EUPV como movimiento político y social pero también lo es que disponemos de las herramientas mínimas para encarar esta tarea con garantías de éxito.

Los cuadros del PCPV dentro de EUPV hemos impulsado con firmeza, cumpliendo el mandato de la última asamblea de EUPV, una estrategia para su refundación. Ésta se plasma en la Convocatoria Ciudadana por el País Valenciano, una apuesta por reconstruir un movimiento político y social plural que se ha de asentar en la movilización de la ciudadanía d’izquierdas, incluida la que desconfía de las expresiones organizadas y que, en muchos casos, ni siquiera participa en los movimientos sociales, ciudadanos o sindicales. Por ello hacemos nuestros los planteamientos esenciales contenidos en el Manifiesto que ha puesto en marcha esta iniciativa.

La Convocatoria Ciudadana parte del análisis que los resultados de los últimos procesos electorales han puesto en evidencia dos realidades objetivas que hay que tener en cuenta. La primera de ellas es que, atendidos los resultados, en el País Valenciano más allá de EUPV no hay ninguna formación política de izquierdas que tenga activos suficientes para encabezar una alternativa al bipartidismo desde la izquierda. La segunda es que, pese a que EUPV sigue siendo la formación de la izquierda alternativa con mayor implantación, presencia y peso electoral, sus resultados demuestran que el espacio político y social que representa se ha reducido a la mínima expresión.

La crisis sistémica del capitalismo y la realidad de un País Valenciano que ha sido duramente golpeado por ella hace que la necesidad de construir una alternativa que ponga las bases para transformar la sociedad en un sentido más igualitario, sostenible y justo sea más perentoria que nunca. El modelo de crecimiento impuesto por el neoliberalismo ha quebrado, probablemente de forma irreversible. El paro y el empobrecimiento acosan a sectores sociales cada vez más grandes y la capacidad física de sostener esta manera de crecer se ha agotado. Se ha puesto de manifiesto definitivamente que hace falta rehacer las relaciones sociales para garantizar una distribución equitativa de la riqueza y que hace falta también construir un nuevo modo de producción que permita preservar los recursos para asegurar la viabilidad de la sociedad en el futuro.

Por otra parte, la experiencia valenciana de los gobiernos del PP es nefasta. El modelo que se ha construido desde la Generalitat resulta insostenible. Se ha apostado por la construcción como clave para la generación de riqueza, marginando el resto de sectores productivos. La agricultura y la industria tradicional se han visto abocadas a una crisis cada vez más grave, y su debilidad las hace inviables, si no hay cambios rápidos y radicales que puedan representar una alternativa a la quiebra del ladrillo. Basar el desarrollo social en el empuje de la construcción ha supuesto, además, una agresión desmesurada y fatal para el territorio. El modelo urbanístico valenciano actual agrava la baja productividad de la economía, provoca una peor distribución de la renta y nos aboca a un modelo de ocupación del territorio que lo destruye, agota los recursos y prima la movilidad sobre la accesibilidad. Cada vez necesitamos más carreteras y más transporte privado para permitir las ganancias desorbitadas del depredador capitalismo inmobiliario a expensas de los pequeños propietarios, de un incremento exponencial de la emisión de gases de efecto invernadero, de los ingresos presentes y futuros de la inmensa mayoría de la población y de la inversión de enormes cantidades de dinero público en infraestructuras insostenibles como carreteras y obras hidráulicas carísimas y socialmente innecesarias.

Lejos de lo que presupone la doctrina neoliberal, el papel del Estado es cada vez más necesario para asegurar la viabilidad de este modelo irracional. Son los poderes públicos los que aseguran ganancias espectaculares con las decisiones urbanísticas y los que garantizan la financiación de las grandes obras de infraestructuras que requieren. Estas decisiones, además, benefician directamente sólo a una pequeña parte, ya no de la sociedad, sino de los propios empresarios. Todo esto se complementa, además, con la privatización progresiva de los servicios públicos existentes y de los que se crean de nuevo. Se generan grandes negocios que sólo se encuentran al alcance d’una exigua minoría por el volumen de inversión que suponen y que, además, tienen los beneficios garantizados con los recursos públicos. La progresiva bajada de la presión fiscal a los más ricos, además de beneficiar de nuevo básicamente a los mismos, provoca la degradación (relativa, cuando menos) de los servicios y proveen la justificación de su privatización.

El sistema, pues, presupone la corrupción como mecanismo básico de su funcionamiento. La degradación política valenciana no sólo no es ajena al modelo construido por el PP sino que es su consecuencia y su premisa.

El PP, además, ha puesto en pie una formidable maquinaria propagandística que busca la justificación de su política y la ocultación de sus dolorosas consecuencias. Se ha apropiado d’algunas de las reivindicaciones propias de la izquierda (como la justicia, la igualdad y la sostenibilidad) para convertirlas en etiquetas desvirtuadas que justifican políticas absolutamente contrarias a su logro. Ha apelado sin pudor a rancios atavismos ideológicos y religiosos para movilizar a lo más reaccionario de la sociedad valenciana. Y, finalmente, ha hecho suyo un regionalismo españolista (falsamente tildado de valencianismo) con el que ha alimentado el victimismo y con el que ha continuado la tarea de desfiguración de la realidad nacional valenciana, agrediendo y despreciando nuestra cultura y nuestra lengua.

Visto este panorama resulta insoslayable la construcción de una alternativa real a la política que se despliega desde las instituciones valencianas. Las bases de la misma no pueden ser más evidentes, por mucho que sus rasgos precisos se encuentran lejos de tener una definición concreta. Los hemos repetido una y otra vez y no hace falta reiterarlos otra vez. Lo que parece d’una claridad meridiana es que difícilmente podrá provenir desde el resto de fuerzas políticas de la oposición institucional al PP. En primer lugar, y en general, porque si la alternativa pretende realmente serlo deberá partir del cuestionamiento de la manera de hacer política. Los cambios sólo podrán partir desde planteamientos radicalmente democráticos que se alejen de la realpolitik y que presupongan la participación ciudadana en la toma de decisiones. Además, la experiencia de gobierno y de oposición de estas fuerzas políticas no contiene elementos alternativos claros, de hecho en los aspectos realmente decisivos comparten el mismo modelo, con retoques que, en muchos casos, a penas pueden calificarse de cosméticos.

Esta necesidad de cambios es percibida por una parte muy importante y creciente de la sociedad. Aun así, resulta evidente que ni EUPV ni el resto de formaciones minoritarias de la izquierda son percibidas subjetivamente como los instrumentos adecuados para materializarlos.

Los comunistas hemos impulsado dentro de EUPV estrategias para hacer converger los anhelos de transformación en una alternativa política. Y, incluso admitiendo algunos éxitos parciales, hemos de admitir también que han acabado fracasando irremisiblemente. Estos fracasos, además de factores objetivos que habrá que tener en cuenta en el futuro (entre los que destacan la funcionalidad temporal del modelo, los profundos cambios sociales, la debilidad de los movimientos sociales alternativos y la hegemonía ideológica del neoliberalismo), tienen una doble explicación. Por una parte, las estrategias de convergencia se han dirigido al ámbito institucional y se han construido exclusivamente como formas de alianzas políticas entre organizaciones que, o bien eran muy minoritarias y con una escasa influencia social, o bien eran refractarias a la asunción de programas alternativos puesto que sus horizontes estratégicos eran bien diferentes. Por otra parte, además, deberemos asumir que la institucionalización de EUPV y la dinámica de trabajo interiorizado y fraccional ha representado un estorbo mayúsculo y de difícil superación.

Es cierto, como hemos señalado antes, que EUPV continúa representando la referencia más clara e influyente de la izquierda alternativa. Pero, pese a esto, habremos de convenir que no disponemos de la masa crítica suficiente como para tratar de enfrentar solos el reto de la construcción de una alternativa valenciana al capitalismo realmente existente. Si aceptamos, asimismo, que la estrategia de coaliciones se encuentra superada por la realidad, únicamente nos resta un camino: converger con la izquierda social, tanto la movilizada como la todavía desmovilizada, e integrar a los colectivos organizados desde el respeto a la identidad de cada uno.

La Convocatoria Ciudadana por el País Valenciano se ha de dirigir a las personas que se identifican con la izquierda alternativa y que en estos momentos no encuentran suficientes motivos para colaborar activamente a enfrentarse políticamente con el neoliberalismo. Hay que contar con la diversidades de colores que conforman el espectro alternativo, apelando a las diferentes ideologías (socialdemócratas, comunistas, libertarios, republicanos de izquierdas...), las diferentes preocupaciones sociales (sindicalistas, ecologistas, feministas,...) y las diferentes adscripciones identitarias y proyectos nacionales (desde los federalistas hasta el nacionalismo de izquierdas). Habrá que invitar a las otras formaciones de la izquierda valenciana a compartir el impulso de este proceso, en base a la igualdad de condiciones de todo ciudadano y ciudadana que participe, e impulsando la articulación de tejido social alternativo. Uno de los retos lo debe constituir el de incorporar a nuestro espacio de  transformación social a los movimientos jóvenes alternativos y de izquierdas que tienen una gran capacidad de  movilización y que enarbolan banderas antifascistas, okupas o  independentistas. Un proceso abierto, dotado con unas normas de funcionamiento reconocidas y claras que faciliten la participación pero renunciando explícitamente a diseñar un resultado final predeterminado. Si bien es imprescindible establecer un mínimo común denominador para este proyecto que pasa por la defensa de una alternativa que pretenda superar el capitalismo —y no reformarlo ni gestionarlo dándole perfiles supuestamente más tolerables— y por la siempre necesaria democracia interna en todos los niveles.

Un doble horizonte temporal debe condicionar el trabajo a desarrollar. A corto plazo, habrá que afrontar un objetivo específico e inmediato: las elecciones municipales y autonómicas del 2011. Desde esta perspectiva, los comunistas valencianos trabajaremos activamente para que la convocatoria se dirija a la conformación de programas electorales para los diferentes municipios y para el conjunto del País. Estos programas electorales deben realizarse contando con las entidades y colectivos locales, mediante iniciativas de planificación democrática y participativa, como mejor forma de garantizar el respaldo electoral de la población a estos programas electorales. Es imprescindible vincular los dos procesos para hacerlos converger en uno sólo: la ciudadanía que participe lo debe hacer desde la respuesta a la problemática local pero vinculándola con la más general de país. Tan evidente es que la inmensa mayoría de los problemas específicamente locales no encontrarán soluciones (ni siquiera parciales) sin cambios políticos más generales, como que la alternativa nacional no tiene sentido sin el impulso y la aportación desde los barrios y las localidades. El trabajo se debe hacer de abajo hacia arriba, empezando por los ámbitos más próximos, pasando por la articulación de propuestas de ámbito comarcal y acabando con la definición de estrategias para el conjunto del país.

El PCPV no entiende, sin embargo, este hito inmediato como un punto de llegada. Bien al contrario, debe suponer el punto de partida de la refundación de la izquierda valenciana. Éste es el verdadero objetivo, con la perspectiva de la transformación de la realidad del país. Y, por encima de todo, no pretendemos como organización que el proceso se ponga a nuestro servicio. Es el PCPV quien se debe poner al servicio de este proceso. Ello supone priorizar la participación y organización ciudadana en el trabajo de movilización, discusión, redacción y aprobación de las alternativas. Los militantes del PCPV se imponen este trabajo como su principal tarea a lo largo de los próximos años. Sin nuestro concurso no hay ninguna posibilidad de transformación social, y sin transformación social no será posible la emancipación de la clase trabajadora.

ANEXOS

A. LA REPUBLICA FEDERAL SOLIDARIA DE ORIENTACIÓN SOCIALISTA Y EL DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN

a. Introducción.

En conjunción con lo aprobado en el XVIII Congreso del PCE, el PCPV apuesta por encuadrar el País Valenciano dentro de una España republicana y federal regida por el principio de solidaridad entre cada una de sus nacionalidades libremente integradas. Entendiendo que esa es la mejor manera de promover el desarrollo social, político y económico de cada una de ellas superando así la ambigüedad existente en la España de las autonomías (y la desigualdad que se da entre ellas) y poniendo en el primer plano del debate las cuestiones de la identidad nacional y el derecho de autodeterminación.

En lo referente al derecho de autodeterminación los comunistas siempre hemos defendido que es un derecho político imprescindible de todo pueblo ante el cual no podemos ser sectarios y/o oportunistas sino claros y concisos, por ello se hace necesario que el PCPV, desde sus bases, analice con detenimiento esta cuestión en el País Valenciano, asunto harto complicado pero absolutamente necesario de ser tratado en forma de conferencia antes de su XII Congreso.

b. La república federal solidaria de orientación soicalista como alternativa al actual modelo de estado y el problema nacional.

El modelo de Estado que defendemos es la República Federal Solidaria de orientación socialista. Una República que garantice tanto los derechos de los trabajadores como los de las diversas nacionalidades y regiones que componen el actual Estado español.

El cambio del modelo de estado por el que abogamos los comunistas no es la simple sustitución del monarca en la jefatura del estado por parte de un presidente electo, va mucho más allá. Aspiramos a una República que sustituya la actual democracia representativa por una democracia participativa, es decir, una democracia mucho más radical y avanzada que la actual. Hoy día la enorme mayoría de la población se encuentra marginada de las decisiones políticas y económicas del Estado. Nosotros apostamos por una República cuyas riendas estén en manos no de unos pocos sino en manos del conjunto del pueblo, una República que regularice la participación popular en la toma de decisiones a todos los niveles.

Esta República sería lógicamente un estado de tipo federal. España ha sido siempre y es en la actualidad un Estado multinacional como bien decía nuestra camarada Dolores Ibárruri en su Informe al Comité Central ampliado del PCE en 1970. Esta naturaleza multinacional ha sido desde hace largo tiempo fuente de conflicto y discusiones y ha dado lugar al problema nacional en España.

En ese mismo informe la camarada Pasionaria decía que: “La ley, que la fuerza impuso, se hizo costumbre sin que en los pueblos que eran enyugados al Estado centralizador desapareciese el sentimiento de su idiosincrasia nacional. Sentimiento que en las condiciones creadas en España continúa vivo y actuante” y más adelante afirma que “La unidad política, administrativa y cultural impuesta desde Madrid, ayer por la monarquía y las oligarquías latifundistas y aristocráticas, y hoy por las oligarquías financieras y monopolistas apoyadas en la dictadura franquista, fue y es una unidad precaria y permanentemente en discusión.”

Durante la II República se comenzó a abordar el problema nacional, pero el golpe fascista y el triunfo de la reacción acabaron con las esperanzas de progreso de los pueblos de España y dieron lugar a la “España, una y grande”. Bajo la criminal bota del fascismo las contradicciones nacionales fueron llevadas a tal extremo que las demandas de libertad de las diversas nacionalidades de España tomaron una fuerza muy considerable y aglutinaron a trabajadores y miembros de todas las clases sociales en la lucha por la libertad y la democracia tanto en las nacionalidades subyugadas al centralismo como en el resto del estado. La esperanza de resolver el conflicto nacional, al igual que muchas otras esperanzas, se vieron nuevamente frustradas en la llamada “transición democrática” que dio a luz el actual régimen monárquico cuyo estado de las autonomías, a 30 años vista, se ha desvelado totalmente insuficiente.

La España de las autonomías ha dado cierto grado de autogobierno a las nacionalidades que componen el Estado español, pero en el fondo su naturaleza sigue siendo centralista. Las lenguas y culturas de las nacionalidades gallega, vasca y catalana siguen estando en una posición de clara desigualdad, que en algunos casos como el del País Valenciano llegan a extremos alarmantes, y por supuesto las desigualdades económicas entre territorios del Estado siguen siendo abismales.

c. El derecho de los pueblos a la autodeterminación.

Los comunistas, a lo largo de su historia siempre han considerado que el único camino para poder cerrar de forma definitiva el problema nacional es el reconocimiento del derecho de los pueblos a su autodeterminación. En palabras de la camarada Ibárruri “El reconocimiento del derecho de autodeterminación de los pueblos y naciones, es la piedra angular de la teoría marxista leninista en la cuestión nacional”.

Hoy, como no podría ser de otra manera, el PCPV, como partido de clase y valenciano que es, refrenda estas palabras de Pasionaria. Consideramos que en España no se llegará a la resolución del conflicto nacional, en ninguno de los casos que se dan, si no se reconoce a las diversas nacionalidades del Estado español su derecho a elegir libremente y de forma democrática su destino.

Como ya hemos expresado, el régimen monárquico actual y sus autonomías no han resuelto, ni está en sus intenciones futuras solucionar, el problema nacional en España. La actual estructura del Estado español responde a los intereses de las clases dominantes y no cambiará hasta que dichas clases sean desbancadas de la dirección del Estado. Por lo tanto es necesaria la superación del actual modelo de Estado mediante la República federal solidaria de orientación socialista a la que aspiramos, cuya dirección y gobierno no recaerá sobre la oligarquía sino sobre los trabajadores y las clases populares de la sociedad. Esta República, pues, será la unidad voluntaria de los diversos pueblos que componen España, que mediante el uso de su constitucional derecho a la libre determinación resolverán qué tipo de relaciones establecen entre sí.

En la España actual, son muchos los que haciendo un ejercicio de descarada demagogia expanden el miedo entre las clases populares de la sociedad sobre la desintegración de España, mediante un discurso apocalíptico, el del velado ultranacionalismo español, asegurando que si los pueblos que están en condiciones de desigualdad en el actual marco de Estado alcanzan sus reivindicaciones de libertad e igualdad para con el resto de territorios, España se rompería de forma irreversible y se hundiría en un baño de sangre. Los comunistas sabemos que este discurso es totalmente falso, no porque lo afirmemos nosotros sino porque la historia así lo demuestra. El mejor ejemplo histórico que se ha dado nunca de que el reconocimiento del derecho de autodeterminación de los pueblos y su ejecución no sólo no ha significado calamidades para estos pueblos sino que ha significado los mayores avances económicos y sociales que ha presenciado la humanidad lo dio precisamente la URSS tras la Revolución socialista de 1917.

Pasionaria decía que “Ante nosotros tenemos ya ejemplos vivos de cómo puede solucionarse el problema nacional en correspondencia, no sólo a los estrictos intereses de un grupo de nacionalidades, sino al interés de todos los pueblos en su conjunto. Y el más elocuente de ellos es la experiencia soviética. Es conocido que, con el zarismo, Rusia era una cárcel de pueblos. Con la Revolución Socialista de Octubre de 1917 fueron liberados todos los pueblos que vivían oprimidos por la autocracia zarista. Las nacionalidades que poblaban la vieja Rusia obtuvieron el derecho a la autodeterminación, a la igualdad y a la soberanía. Fueron abiertos los caminos al libre desarrollo a las minorías nacionales, incluso a pueblos que se hallaban en vías de desaparición por la miseria y el atraso en que el zarismo les obligaba a vivir y que hoy forman parte de la gran familia soviética como pueblos de elevada cultura y prosperidad económica.” Y sigue más adelante:“Yo recurro a este ejemplo, no para trasladarlo a España, cosa imposible por la diferencia de situaciones, sino por dos razones. Una de ellas, para que nuestros camaradas comprendan las dificultades que existen al plantearse el problema de las nacionalidades y no se alarmen por ello; y otra, como respuesta a quienes afirman que la concesión del derecho de autodeterminación a las nacionalidades en nuestro país representará un salto atrás en el desarrollo político y económico de España.”

Poco cabe añadir tras estas palabras de Pasionaria. Nadie debería dudar que el progreso y el avance estarían mucho más asegurados para un futuro próximo si las diversas nacionalidades del Estado español marcharan juntas en base a un pacto alcanzado de forma democrática y libre sellado entre iguales, y no mediante la imposición, la fuerza y la privación de derechos democráticos fundamentales que hoy se están dando en España.

1.2.d. El País Valenciano y el problema nacional.

Como se ha dicho, nuestro caso es extremo. En el País Valenciano el problema nacional toma un carácter aún más complejo que en otros casos debido a dos particularidades: la dualidad lingüística-cultural que se da en el País valenciano, y la postura que históricamente ha caracterizado a la burguesía valenciana siendo marcadamente folclórica, regionalista, reaccionaria y nacionalista españolista. Después de 30 años de gobiernos del PSOE y del PP nos encontramos en una situación en la que la parte de la población que es de habla catalana sigue estando en condiciones de desigualdad y discriminación. El catalán es una lengua minorizada y desde las instituciones no hay ninguna intención de llevar a cabo actuaciones cuyo objetivo sea acabar con esta situación. En concreto, los gobiernos del PP han sido mucho más nocivos en este aspecto que los anteriores del PSOE, y de una forma totalmente demagógica han empleado el problema nacional como un medio para la manipulación masiva, demonizando todo aquello que no huela al nacionalismo españolista más rancio o al “regionalismo de paella y barraca” y culpando a Cataluña y a los catalanes de ser los responsables de todos los males del País Valenciano. Este discurso demagógico repleto de falsedades ha contado con la complicidad del PSOE, cuyas miras electoralistas le han obligado a tomar una postura de vergonzosa ambigüedad y de silencio. Pero más preocupante es la realidad de que este discurso ha calado profundamente en amplios sectores de las clases populares valencianas dando lugar a una hegemonía ideológica que ha aglutinado a la mayoría de la sociedad entorno a los postulados más nocivos de la derecha más reaccionaria que son representados por el PP. La izquierda política en general y todo aquello que sea mínimamente progresista es tildado constantemente de “catalanista”, y con el paraguas que les ofrece la impunidad judicial y la complicidad del silencio del PSOE y los medios de comunicación, bandas “blaveras” llevan a cabo centenares de agresiones a militantes y atacan casi semanalmente sedes de partidos y otras organizaciones de la izquierda valenciana alentados por el agresivo discurso del gobierno del PP, convirtiendo al País Valenciano en una de las zonas de la Unión Europea en la que se dan más actos de violencia fascista.

El PCPV tiene que trabajar decididamente para corregir esta situación y denunciar ante el pueblo valenciano los hechos explicados anteriormente, manteniéndose firme en la reivindicación de defender la lengua y cultura catalana y luchar para que deje de estar en la actual y precaria situación de discriminación, para que pase a compartir con la cultura y lengua castellana una situación de igualdad, que represente la realidad en que se fundamenta el País Valenciano. Esto lógicamente se deberá hacer desde un punto de vista de clase, ya que como comunistas tenemos que mantenernos muy alejados tanto de los ultranacionalistas españoles que niegan la existencia del problema nacional en el País Valenciano y en España, como de aquellos cuyas posturas nacionalistas sólo responden a los intereses de determinadas burguesías enfrentadas a la burguesía centralista, y que agitan la bandera de las libertades nacionales sólo para presionar y arrancar concesiones a la burguesía central, ya que ambas, con sus diferentes matices, tienen como uno de sus principales objetivos emplear la cuestión nacional como una herramienta para dividir a los trabajadores de las diferentes nacionalidades que conviven en España. Como comunistas que somos tenemos claro que como decía Pasionaria “Y será de manera muy especial la clase obrera, que es igual en Cataluña que en Euzkadi, en Andalucía que en Castilla, en Valencia que en Extremadura, en Asturias y León que en Galicia, la que junto a nuestros campesinos, a los intelectuales, a la juventud estudiantil y a todas las fuerzas democráticas, haciendo suya la reivindicación revolucionaria democrática del derecho de los pueblos a la autodeterminación, la hará triunfar sobre la España reaccionaria, sobre las castas culpables del atraso de España; abriendo el camino a una España democrática unida en la diversidad, en marcha hacia el socialismo, por la que luchamos y por la que tantos de nuestros mejores hombres sacrificaron su libertad y su vida.”

B. SOSTENIBILIDAD

Es evidente que el actual modelo de desarrollo económico de los países capitalistas “del primer mundo” no es exportable al resto del planeta, recordemos que el 20 % del planeta consumimos un 80% de sus limitados recursos. El impacto de este modelo de vida despilfarrador plantea contradicciones que pueden ser insalvables en los próximos decenios y produce una gran alarma sobre el futuro de la civilización, que se pone de manifiesto con el temido cambio climático. Ello no deja lugar a dudas sobre la imprescindible y urgente necesidad de reducir nuestro nivel de consumo de energía y materias primas y por lo tanto avanzar decididamente hacia una política económica del decrecimiento de dicho consumo en nuestros países. Ello debe plantearse en un proceso de emergencia planetaria que requiere “un gobierno solidario mundial”, que defienda de forma equitativa los intereses de los casi 7.000 millones de ciudadanos del planeta, donde una nueva ONU y demás organismos internacionales deberían jugar un papel clave. Esto sólo sería posible avanzando hacia una sociedad  de desarrollo sostenible que habrá de implicar un decrecimiento del consumo de energía y materias primas en los países desarrollados, para construir un equilibrio planetario de la riqueza y muy especialmente del consumo y disfrute de los recursos. Este proyecto es totalmente contradictorio con el capitalismo neoliberal dominante, pero desgraciadamente la correlación de fuerzas actual y la urgencia del proceso plantean serias dificultades para una transformación socialista inmediata, por lo que tenemos que ser capaces de generar una amplia alianza de fuerzas sociales y políticas así como de gobiernos a escala planetaria que permita avanzar de forma rápida en un frente local, autonómico, estatal e internacional por la supervivencia de nuestra civilización .

Ello se debe concretar con nuestra participación y apoyo activo a la cumbre convocada para el próximo mes de abril en Bolivia por Evo Morales como respuesta al rotundo y vergonzoso fracaso de la reciente cumbre de Copenhague.

Por ello el PCPV propone al PCE verificar si se confirman los preparativos de la cumbre anunciada por Evo Morales tras el fiasco de Copenague, y en caso afirmativo trasladar a través de IU a nivel estatal y en el País Valencià de EU (y también a través del PIE y GUIE a nivel europeo) la creación de plataformas unitarias de la mayor base posible de apoyo a la próxima conferencia de Bolivia contra el cambio climático (anunciada para el 22 de abril: día internacional de la Madre Tierra) y en defensa de la humanidad y de nuestro planeta, para avanzar hacia los objetivos apuntados de forma urgente.