Durante décadas los fondos de la Seguridad Social se han utilizado para financiar medidas de fomento del empleo, prestaciones sociales y también la universalización de la sanidad. Al mismo tiempo los Gobiernos reducían las cotizaciones empresariales y presupuestaban a la baja los gastos del sistema. Con ello, las cuentas de la Seguridad Social resultaban deficitarias, se hacía necesario transferir fondos del Estado y éste resultaba acreedor de aquella, que aparecía así como causante del desajuste de las cuentas públicas. Surge de ahí el grito de lo gravoso que al conjunto de la sociedad le resulta la Seguridad Social y especialmente su partida más importante: las pensiones. La sociedad, se dice, no puede soportar ese enorme gasto y se hace necesario tomar medidas que equilibren sus ingresos y sus gastos y no lastren la competitividad de las empresas del país.

Este forma parte de los argumentos con los que se elabora el Pacto de Toledo, en el que una de las medidas adoptadas es la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social. El Estado financiará la sanidad, y también las exenciones de cuotas que decida el Parlamento o el Gobierno en función de las políticas de las que se deriven y las pensiones no contributivas. Las contributivas las financiará la Seguridad Social sólo con los recursos obtenidos de las cotizaciones de empresarios y trabajadores.

Dos conceptos se quiere cuestionar aquí: Uno la bondad de la separación de las fuentes de financiación. Otro, la existencia de cotización empresarial.

Respecto del primero, la separación de las fuentes de financiación, aparentemente es positiva, pues las cuotas a la Seguridad Social se emplearán exclusivamente en pagar las pensiones. Pero tiene un significado profundo de insolidaridad. Si el empleo cae, aunque aumente el PIB, cosa no infrecuente, caen las cotizaciones y habrá que ajustar la cuantía de las pensiones. La insolidaridad viene dada porque en la financiación de las mismas sólo entran las cotizaciones, no se emplean ni las rentas del capital ni las rentas salariales, a pesar de que sobre éstas últimas se sustentan injustamente los ingresos fiscales del Estado.

Ya es significativo que sean precisamente las pensiones, uno de los pilares de nuestro incipiente estado de bienestar, sea el capítulo del presupuesto del Estado que deba ser equilibrado. ¿Y la defensa? ¿Y el gasto fiscal?. Además siempre se puede presupuestar a la baja y una vez producido el gasto real aparece el déficit ficticio que se deseaba para denostar el sistema como insoportable, mientras se rebajan los impuestos a las grandes fortunas.

De la llamada cotización empresarial contra la que claman una y otra vez los empresarios, con el argumento de que lastran la competitividad y la creación de empleo. habremos de explicar una y otra vez que no existe tal cotización empresarial. La mal llamada cuota empresarial es parte del salario (salario diferido) contabilizada como costes de personal, y que se encuentran entre los más bajos de la Unión Europea. Salario diferido que los trabajadores no cobran en la nómina, sino que es depositado para obtener una masa dineraria con la que contribuir solidariamente a pagar a los trabajadores el salario diferido en forma de pensión al finalizar la vida laboral por cualquiera de sus causas. Y como salario diferido hay que impedir que se reduzcan estas cuotas, en beneficio de cada uno de los trabajadores si queremos mantener un sistema de reparto público de pensiones, y en beneficio de la clase en conjunto para frenar transferencias de rentas al capital.

Profundizar en el estudio de la financiación pública de las pensiones (cuotas, impuestos o combinación de ambos), habrá de ayudarnos a definirnos con mayor precisión sobre el sistema a defender, a transmitir el mensaje con claridad y a proponer soluciones en los ámbitos políticos estratégicos y tácticos en que nos movemos.