INFORME A LA COMISIÓN POLÍTICA DEL PCPV
(19 de septiembre de 2008)


SE AGRAVA LA CRISIS CAPITALISTA

Sin embargo el capitalismo sabe que esta crisis no es como las anteriores. Se puede iniciar una cadena de quiebras y ruinas que de al traste al propio sistema. De ahí que la Administración norteamericana se disponga a llevar al Congreso un plan para salvar de la quema a Wall Street y reorganizar el sistema financiero de EE.UU. Se emplearán 700.000 millones de dólares en comprar los activos en poder de entidades estadounidenses relacionadas con las hipotecas basura (no los activos adquiridos fuera de sus fronteras). Si se suman los rescates bancarios practicados hasta ahora, la factura de la crisis llegará a un billón de dólares, el coste de dos años de la guerra de Irak, el 50% del presupuesto de España. Cuando el capital se tambalea sirven las recetas keynesianas. Cuando no, el libre mercado.

Se trata de una crisis financiera internacional de grandes dimensiones, que pone fin a un modelo crecimiento, agotado desde hace tiempo, basado en la construcción, el endeudamiento de las familias y las empresas, el petróleo barato y, nunca se debe de olvidar, la complicidad de la llamada clase política a todos los niveles. Que dicho patrón era insostenible económica, social y ecológicamente, se sabía desde hacía mucho tiempo y se tiró de él por los enormes beneficios que reportó hasta el último día.

La crisis financiera arrasa en el mundo y las quiebras, EREs, y despidos se extienden como una mancha de aceite, comparable en su dimensión sólo, según los expertos del sistema, a la Gran Depresión de 1929. El capital, que históricamente basó el crecimiento económico en la creación de riqueza, de bienes y servicios, ha hecho de la especulación –la financiarización- el centro de la economía, hasta que la crisis de las hipotecas basura ha derrumbado al gigante de pies de barro, rompiéndose la cadena por el lado mas débil, el de los bolsillos de los trabajadores-la mayoría de la población- incapaces de pagar los precios abusivos de la vivienda, los intereses de las hipotecas en el momento que se ha agravado la inflación, con la subida de precios del petróleo, y el arrastre a los bienes de primera necesidad. Pero toda lógica económica tiene su correlato político.

La globalización puso en marcha nuevas formas de estructuración política y económica del capital a nivel mundial. En ese contexto, y en un mundo donde emergen potencias económicas con gran fuerza (China, India...), EEUU ha estado riñendo una dura lucha por la mantener su dominio económico y militar, por afianzar su hegemonía, “tocada” tras la guerra de Irak y por el desgaste político y, sobretodo económico, que está suponiendo la ocupación de éste último país y de Afganistán. El control de los recursos naturales –especialmente los energéticos-, la financiación de la guerra, el mantenimiento de las casi mil bases militares en el mundo le lleva a ejercer un férreo control de los órganos de gobiernos mundiales en su favor, a utilizar la guerra y a desestabilizar regiones enteras en función de estos objetivos geoestratégicos. El poder del imperio necesita diariamente de miles de millones de dólares, no hay que olvidar que el gasto militar norteamericano, es él solo la mitad del total del gasto militar mundial y que este año los gastos “en defensa” de Estados Unidos superarán el billón de dólares. La llamada “financiarizacion”, es decir, la especulación, se convierte en el arma más poderosa para el logro de esta hegemonía.

Con la crisis financiera converge la crisis alimentaria y climática auspiciada, en el primer caso, por la especulación del precio de los alimentos básicos para millones de personas en el mundo (trigo, que subió en el último año 130%, arroz, el 74%, soja, el 87%, maíz, el 53%, según la FAO), a la que ha contribuido decisivamente los agrocombustibles, y en el segundo por el uso de recursos energéticos altamente contaminantes y de los que depende el sistema productivo capitalista, especialmente el petróleo. Es una expresión de la crisis del sistema, que no puede continuar creciendo sin destruir la vida sobre el planeta.

La guerra del Caucaso, esconde un objetivo diseñado por EE.UU. y por la UE: inundar de tropas de la OTAN la región, ocuparla desde un punto de vista geoestratégico y controlar sus recursos naturales y corredores energéticos, lo que entra en sintonía con el despliegue de misiles previsto en Polonia. Se trataría de militarizar una región rica en recursos energéticos (gas y petróleo) y estratégica en la distribución de los mismos. En relación a este conflicto, denunciamos la hipocresía de las potencias occidentales que se apresuraron a reconocer la independencia de Kosovo a la vez que niegan el derecho de autodeterminación de los pueblos de Ossètia del Sur y Abjhàsia, así como la política de expansión de la OTAN, la cual ha incitado al aventurerismo al presidente Saakhasvili de Georgia, que al ordenar la agresión militar contra Ossètia del Sur ha desencadenado el conflicto armado en la zona. A la vez que reafirmamos el derecho de autodeterminación de todos los pueblos, destacamos que su ejercicio requiere la exclusión de del uso de la fuerza y de la ocupación militar, de manera que el conflicto entre pueblos se resuelvan únicamente por medios pacíficos y desde el respeto a la libre voluntad de cada pueblo.

En este contexto, y auspiciado por EE.UU, la oligarquía boliviana ha puesto en marcha un movimiento secesionista en las provincias más ricas de Bolivia en el momento en que este país ha iniciado un proceso democrático de transformaciones políticas y económicas que persigue, entre otras cosas, recuperar el control de sus riquezas naturales, que, como el gas, han sido esquilmadas históricamente por las multinacionales sumiendo en la miseria a la inmensa mayoría de la población. La cumbre de la Unión de Naciones Sudamericanas recientemente celebrada en Santiago de Chile para tratar esta crisis se ha cerrado, afortunadamente, con el apoyo incondicional al Gobierno de Evo Morales, cerrando el paso, o dificultando, los intentos golpistas de la derecha. El pueblo y el Gobierno de Bolivia requieren nuestra solidaridad para evitar que el movimiento contrarrevolucionario de al traste con el proceso iniciado bajo la presidencia de Evo Morales.


LA COYUNTURA POLÍTICA EN EL AMBITO EUROPEO Y EN EL ESTADO ESPAÑOL

Las medidas anunciadas por el Gobierno del PSOE no van a solucionar la penuria por la que están pasando los sectores populares, ni irán al fondo de los problemas. El recorte del 0,6% en la financiación de los ayuntamientos viene a aumentar más, si cabe, los efectos negativos de la crisis para los ciudadanos y las ciudadanas de a pie que reciben la mayor parte de los servicios de las administraciones locales. La transferencia de 3.000 millones de euros de las arcas públicas para las constructoras y promotoras a cambio de que saquen sus acciones a la bolsa y pongan los pisos no vendidos en alquiler, vuelve a poner en manos del marcado financiero la solución del problema de la vivienda, a la vez que sobre los pisos en alquiler nadie va a controlar la cuantía de los alquileres ni las condiciones de acceso a los mismos ni duración del arrendamiento. No constituirán un parque de vivienda pública.

El gobierno de Zapatero quiso negar la crisis y después ha intentado repartir sus causas, eludiendo su responsabilidad y, lo que es más grave, engañando a la población por exclusivas motivaciones electorales. Lo fundamental es que este gobierno no ha querido, en momentos de vacas gordas, cambiar el modelo de crecimiento y ahora simplemente, no sabe qué hacer. Las causas están relacionadas con la supeditación de este gobierno al neoliberalismo y a la lógica de poder del capital financiero inmobiliario, que es quien determina en última instancia las grandes decisiones de política económica. Solbes, Ministro de Hacienda, ha sido lapidario: “lo bueno de las crisis es que limpian el mercado”. Efectivamente, las crisis capitalistas llevan a la destrucción de las fuerzas productivas, y se saldan, si su salida la administra el capital, con una mayor concentración de capital, con acumulación de riqueza en menos manos, con una centralización del poder y pasa una penosa factura para las clases más desfavorecidos: paro, pobreza, pérdida de patrimonios…; socialmente, la desestructuración, el aumento de la pobreza y de la precariedad, así como la fragilización de las condiciones de vida de aquellos estamentos de la clase trabajadora más vulnerables: inmigrantes, jóvenes y mujeres.

Ni las medidas del Gobierno del PSOE van a favorecer una salida democrática a la crisis, ni las políticas sociales y laborales de la UE suavizarán las negativas consecuencias que la crisis supondrá para los sectores populares. Porque la esencia de su política económica es la misma que lo fue la del Gobierno del PP y la del Gobierno de la UE. Las políticas neoliberales que ayer como hoy llevaron a reducir impuestos, a reformas laborales que precarizaron más el trabajo, al recorte de las pensiones, privatizar los servicios públicos, la banca y las empresas públicas, privatizaciones y liberalizaciones que se reforzarán con la aplicación de la Directiva sobre la liberalización de los servicios en España que el gobierno prepara para finales de año.

Un gobierno que, como el anterior ha dado primacía a actividades puramente financieras y especulativas, de promoción de la globalización capitalista (América Latina, China, Marruecos..) contra el Estado y su intervención, la liberalización total de los mercados incluido el del trabajo, para imponer el reino absoluto de la flexibilidad, de la precariedad y de las arbitrariedades. Que ha abrazado, como el anterior, el dogma monetarista haciendo de las cuentas públicas un valor absoluto, en detrimento del impulso del desarrollo sostenible, del empleo de calidad y de un reparto de la riqueza más justo.

Al deterioro económico le acompaña el de la raquítica democracia española. La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sido escenario del espectáculo ofrecido por el PP y el PSOE que han acabado pactando un órgano corporativo, insuficientemente representativo, que ha dejado fuera al 50% de la judicatura y altamente politizado, lo que le priva de la independencia que debería gozar un organismo de este tipo.

Así mismo, valoramos negativamente las últimas sentencias judiciales, auspiciadas por el gobierno con el apoyo del PP, prohibiendo la consulta en el Pais Vasco e ilegalizando a ANV y al PCTV, lo cual, además de suponer una restricción a las libertades democráticas, corta salidas políticas al conflicto vasco. Continuamos apostando por una salida a este conflicto basado en el diálogo, la exclusión de toda forma de violencia y el pleno ejercicio de todas las libertades políticas.

En definitiva, un gobierno denominado de izquierda moderna, pero que cuando gobierna lo hace como la derecha.

La providencia de Garzón avanza hacia la judicialización de la búsqueda, localización, exhumación e identificación de los restos que la aprobada recientemente “Ley de Memoria” que deja esta acción en manos privadas; y eso es fundamental a la hora de un desarrollo positivo del trabajo. Nosotros siempre hemos defendido que fuera el Estado el que se hiciera responsable de ello. Este avance nos parece fundamental, como es el de poder conocer los nombres y los apellidos, filiación y causa del fallecimiento, de tantos miles de personas que, finalmente, debería convertirse en el dedo acusador que demostrara que en este país también se cometió genocidio por parte de los responsables del Estado franquista.

El PCPV, tal como ha iniciado el PCE, centralizará la recogida de estos datos a través de la Secretaría de Memoria Histórica y República para aportarlos a la Asociación Foro por la Memoria Histórica que se personará ante el Juez Garzón, y por tanto, llama a todos sus militantes y simpatizantes a recoger y aportar los nombres de personas ejecutadas y desaparecidas que conozcamos.

Este año también, el PCPV da soporte y convoca el día 5 de octubre, Día del Guerrillero, a Santa Cruz de Moya para rendir homenaje a estos luchadores y luchadoras que dieron lo mejor de si por la república, por la libertad, la democracia y el socialismo.


SE AGRAVA LA SITUACIÓN ECONOMICA Y SOCIAL EN EL PAIS VALENCIANO

La política de recorte del gasto social y de privatización de los servicios públicos los deteriora y rebaja su calidad en un momento en que debería ser un colchón fundamental para amortiguar el impacto de la crisis. El curso escolar se ha iniciado con 25.000 niños y niñas en barracones en una escuela pública masificada que arroja un índice de fracaso en Secundaria del 40%; la escolarización de 0 a 3 años se entrega a la iniciativa privada, que sube los precios de las guarderías y escuelas infantiles aprovechando el bono-ayuda del PP; las universidades públicas carecen de financiación adecuada; la sanidad valenciana vuelve a situarse en el tercer puesto peor valorado del conjunto del Estado, según la Federación de Asociaciones por la defensa de la Sanidad Pública; las muertes por legionela vuelven a rebrotar evidenciando el incumplimiento de los protocolos de prevención; la Ley de dependencias no tiene fondos para su aplicación y está dejando sin ayuda a personas que están en el límite de su autonomía personal.

El Gobierno del PP en crisis tras la salida de De Rosa para el CGPJ, su descrédito por la escandalosa gestión del Conseller de Educación en relación a la esperpéntica docencia puesta en marcha para la Educación para la Ciudadanía, por la que está haciendo Cotino en Bienestar Social con la Ley de Dependencias, y por el nuevo cuestionamiento de la UE de la legislación urbanística valenciana, se cerrará en estos días sin que –seguramente- se ponga rectificación a éstos desmanes, dando así prioridad al victimismo y confrontación con el Gobierno de ZP, antes que a gestionar en función de las necesidades sociales.

La lucha contra la corrupción debe continuar siendo una de las tareas del Partido, ya que son múltiples los casos de cargos públicos imputados por graves delitos en el País Valencià, como el Presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. Apartar a Carlos Fabra de su cargo de Presidente de la Diputación de Castellón es una cuestión de salud democrática, no sólo por sus prácticas caciquiles y antidemocráticas, sino también por su condición de imputado en delitos de prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos, entre otros cargos.

Hay que exigir tanto al gobierno central como autonómico que pongan fin al lamentable espectáculo judicial que envuelve al caso Fabra, por el que han pasado 9 jueces y cuatro fiscales, que lleva casi cinco años de instrucción, y de momento no parece que vaya a resolverse en breve. Así como exigir al Partido Popular que, si quiere ser considerado un partido democrático, debería comenzar por destituir a Fabra de su cargo de presidente de la institución provincial de Castellón, ya que cabe recordar que no es un cargo elegido directamente por la ciudadanía, sino que fue designado por su propio partido y son los propios concejales del PP los que pueden apartarlo de esta responsabilidad.

En su nueva afrenta con el Gobierno de Zapatero destaca el desafío por el reconocimiento de la Universidad Católica de Medicina.

El 9 d’octubre, debe ser este año la expresión unánime de que sin trabajo y sin derechos sociales, no es posible construir un País y de denuncia de la gestión antisocial y antidemocrática del Gobierno del PP. El PCPV llama a acudir a la manifestación reforzando la presencia de EUPV.


ORGANIZAR LA RESPUESTA A LA CRISIS, RECONSTRUIR LA ALTERNATIVA DE IZQUIERDAS.

Los comunista y las comunistas siempre pusimos en primer plano la defensa de los intereses del conjunto de los y las trabajadoras, ahora -con más razón- debemos dar prioridad a la defensa del empleo, de los derechos laborales y de los servicios públicos de calidad. Pero esto ya no es suficiente. Necesitamos organizar la resistencia, la respuesta a la crisis.

El PCPV debe, como ha aprobado el CE del PCE, articular un PLAN DE TRABAJO que organice la respuesta a la crisis, bajo una sola idea: este próximo año habrá una campaña que centrará nuestros mejores esfuerzos: la lucha contra la crisis y las políticas de ajuste. Cualquier movilización y cualquier objetivo político irá unido a este discurso (movilizaciones de otoño, Asamblea de IU, 8 de Marzo, 1º de Mayo, etc..)

Plan que se inicia con la asistencia masiva el 4 de octubre al Mitin-Fiesta de Madrid que unirá al conjunto de muestra militancia y simpatizantes en un gran acto político reivindicativo y de movilización de todo el Partido en el que se debatirá propuestas para afrontar la crisis económica que ya afecta a millones de trabajadores y trabajadoras. Será antesala preparatoria, la contribución del PCE, del PCPV, a la respuesta del día 7 de octubre con las movilizaciones que en toda Europa se desarrollarán contra la Jornada de las 65 horas y la Directiva de la “vergüenza” convocadas por la CSI y que nosotros ya estamos empezando a preparar con los sindicatos de clase y otros partidos y organizaciones sociales.

Un PLAN DE TRABAJO que pasa por fortalecer los instrumentos con que cuenta la clase trabajadora para la defensa de sus intereses y que, ahora, nos lleva a organizar la participación activa en el Congreso de CCOO, cuyas asambleas se acaban de iniciar, para reforzar el debate, para fortalecer el sindicato de CC.OO. con nuestro trabajo y presencia y ampliar su influencia y capacidad de movilización entre la clase trabajadora.

Un PLAN DE TRABAJO que deberá discutirse en cada agrupación, en cada Comité y que se concretará, entre otras cosas en:

El PCE unificará los slogans, articulará la cartelería y otros medios para dar soporte a estas actividades, de forma que la campaña se unifique al máximo.

La lucha contra los efectos sociales de la crisis económica va íntimamente ligada a la Política de Convergencia de la Izquierda Alternativa. Para ello defendemos como prioritario para la izquierda la asunción de la centralidad del conflicto capital-trabajo y la organización de la respuesta social a la crisis económica, como marco de construcción de la izquierda transformadora en el conjunto del Estado por medio de una nueva Convergencia política y social.

El PCPV, como el PCE, va a dedicar sus mejores energías a impulsar la participación y el debate en el proceso asambleario. Os animo a trabajar a fondo en este sentido, a aportar cuantas iniciativas enriquezcan el documento que el PCE en su Conferencia Política de junio decidió tomar como base de discusión: "Por una IU anticapitalista, republicana, federal y alternativa, organizada como Movimiento Político y Social", documento que ha sido elaborado desde una amplísima pluralidad de IU -no estamos ante un documento propiedad del PCE-, y al que deberemos aportar y enriquecer teniendo en cuenta el documento que aprobamos en nuestra Conferencia.

Votaremos, debatiremos y enmendaremos "Por una izquierda anticapitalista…". Tenemos la responsabilidad de hacerlo mayoritario en el País Valenciano debatiendo y convenciendo a los compañeros y compañeras, sin menoscabo que los otros documentos reciban aportaciones de otras sensibilidades de EUPV, en un proceso que debe ser transparente y democrático.

En resumen: la nueva política convergencia política y social que defendemos como marco de reconstrucción de la izquierda, sólo es posible por medio del impulso de un marco de movilización social amplia frente la crisis económica, ámbito en el que se sitúa de forma prioritaria toda la actividad del Partido.

La criterios que aquí se presentan, por tanto, no deben ser considerados como una herramienta de lucha de poder interno dentro de IU, y por lo tanto, competitiva y paralela a la campaña contra la crisis aprobada en la última Presidencia federal de Izquierda Unida celebrado en julio. En segundo lugar, tampoco debe ser entendida como una campaña sectorial dirigida sólo a los cuadros sindicales del Partido dentro de marco congresual de CCOO. Lo que se plantea es la concreción organizativa de las orientaciones políticas emanadas en la última Conferencia Política del PCE: lograr la mayor repuesta social y unitaria posible frente a la crisis; y desde aquí, acometer el proceso de Convergencia de la Izquierda Alternativa.

Salud y buen trabajo.

Valencia, 19 de septiembre de 2008.