El PCPV condena enérgicamente los bombardeos y ataques militares contra la población de Gaza y Cisjordania así como la guerra que Israel acaba de iniciar en Líbano, en un intento criminal y genocida por reforzar su hegemonía militar y política en la zona tras el triunfo de Hamás en las últimas elecciones realizadas en Palestina. Para ello, no duda en atentar contra la población y las infraestructuras civiles básicas para la vida –provocando una crisis humanitaria de grandes dimensiones- saltándose con total impunidad las normas y resoluciones internacionales, y mostrando su talante más reaccionario y antidemocrático con el rapto de ministros palestinos en una ostentación manifiesta de no la aceptación ni reconocimiento de los resultados electorales.
Matar a personas inocentes, destruir infraestructuras o poner a esta región ante el peligro de una guerra generalizada no se justifica como reacción ante el secuestro de dos soldados israelíes por la milicia chií de Hezbolá dentro del territorio de Líbano. Las acusaciones del Presidente de EE.UU. a Hezbolá, Siria e Irán de desestabilizar la zona hace temer una nueva intervención armada de las grandes potencias para controlar una región de gran valor geoestratégico y económico, afianzando el poder del estado de Israel autentico baluarte del imperialismo en la zona, quien ha anunciado que no descarta la invasión terrestre de Líbano.
Denunciamos de manera expresa el respaldo de EE.UU. y del G8 a la intervención genocida de Israel, así como el silencio cómplice de la llamada “comunidad internacional”, de la UE en particular, ante esta flagrante violación de los Derechos Humanos, quienes tan siquiera han formulado una condena del Estado de Israel, alentando con ello que siga adelante con su política actual.
La UE y los gobiernos europeos y la ONU, deben asumir su responsabilidad en la paz para Oriente Medio dirigiendo su actuación hacia el cese inmediato del fuego, de la agresión de Israel a Gaza y Líbano y el reinicio del proceso de paz que debe rechazar los motivos de la espiral de violencia en Palestina: la ocupación de Israel y la política de asentamientos, a la vez que plantear ya sin dilación la constitución y reconocimiento del Estado Palestino.
El PCPV llama a la movilización y el apoyo de cuantas convocatorias de solidaridad se realicen para poner fin a la masacre contra el pueblo palestino y la invasión de Líbano.
México está pendiente del dictamen del Tribunal Federal Electoral ante lo que la izquierda y amplísimos sectores de la población han calificado de gran fraude electoral. Los demócratas mexicanos no buscan que las elecciones sean anuladas sino que se respete el sufragio; de ahí que la consigna popular de “voto por voto, casilla por casilla” refleje la exigencia de que la voluntad popular sea respetada. El intento del derechista Partido Acción Nacional (PAN) por perpetuarse en el poder como anteriormente lo hiciera el PRI durante 70 años, obedece a una estrategia por prolongar un régimen de apariencia democrático, coaligado a intereses estratégicos de EE.UU. y supeditado a un proyecto transnacional liderado por este último (TLC) que contaría con muchos millones de dólares a repartir entre los grandes grupos económicos, provenientes del excedente petrolero aprovechando los altos precios del crudo.
Pero, más allá del fraude electoral, se trata de impedir que surja la posibilidad de gobernar el país con otros criterios de progreso y transformadores que pudiera situar a México en la onda de la izquierda emergente latinoamericana.
La reunión del G8 ha diseñado un plan energético mundial para asegurar el suministro en países industrializados ante los retos del aumento constante del precio del petróleo, sin que haya servido mucho más que para abrir los mercados de la energía –especialmente de Rusia que es uno de los principales productores de petróleo y el cuarto proveedor de gas de la UE y necesita de tecnología para convertir el gas natural en líquido y poderlo distribuir en buques a nuevos mercados -. De ahí no sale un auténtico plan de energías alternativas, ni se aborda reducir el impacto ambiental de los combustibles fósiles, especialmente de las emisiones de gases de efecto invernadero. Al capital solo le interesa obtener los máximos beneficios del mercado energético y garantizar el suministro manteniendo todo el sistema industrial bajo los esquemas actuales. Detrás de esta cumbre se implementa el mayor plan inversor de la historia de EE.UU, para el que promulgará en breve un nuevo marco regulador para hacer frente a la crisis energética por la que pasa, para lo cual tiene previsto construir entre 1.300 y 1900 centrales eléctricas, y 1000 nuevas perforaciones petrolíferas. Sin embargo, las inversiones más importantes se destinarán a crear una nueva red de oleoductos que llegue a 48 estados, y que permita transportar el crudo desde los nuevos yacimientos, entre ellos, los del Ártico, venciendo la controversia medioambiental gracias a las nuevas normas más permisivas que prepara la Administración Bush. Se refuerza el recurso a la energía nuclear, que con tanto entusiasmo defiende el vice-presidente de EE.UU, Francia y Gran Bretaña y cuyo bajo coste productivo podría encaminar a la construcción de nuevas centrales nucleares para el suministro eléctrico. En contra del movimiento ecologista y la izquierda mundial que han avanzado posiciones desde hace décadas en contra de esta opción por su peligrosidad y contaminación.
Las peripecias del pesquero español no pudiendo desembarcar en Malta a los náufragos recogidos en el Mediterráneo pone de manifiesto la violación los Derechos Humanos mas elementales por parte del gobierno de ese país amparado en el tratamiento policial del problema migratorio por parte de la UE. Nuestra denuncia más enérgica de este hecho que sitúa la vida de las personas en el valor cero y que requiere una revisión de las políticas de inmigración y asilo desde la solidaridad y la cooperación al desarrollo.
La semana pasada se llegó a un acuerdo entre la patronal, el gobierno y los sindicatos mayoritarios mediante el cual se procedía a la reforma de la Seguridad Social dónde, como ha ocurrido con la Reforma Laboral, supone importantes retrocesos y muy pocos avances significativos. Así cabe destacar los siguientes puntos:
Pensión de jubilación: Se endurece el requisito de acceso a esta prestación al ampliar el cómputo del período mínimo para tener derecho a la pensión de jubilación. Actualmente era de 15 de años, pero bastaba tener 13 años cotizados para alcanzar los 15 exigidos, al sumarse los días de cuota correspondiente a las pagas extraordinarias de esos 13 años. El acuerdo elimina este cómputo al exigir 15 años efectivos o su equivalente en días de cuota, por lo que se exigen dos años más. Este endurecimiento se llevará a cabo en 5 años. Recordar que gracias a las sucesivas reformas laborales, un contrato a tiempo parcial de media jornada va a necesitar casi 18 años cotizados para llegar a los 15 años mínimos obligatorios.
Incapacidad permanente: Para los mayores de 31 años se introduce un mecanismo para establecer una nueva forma de cálculo de la pensión al ponerla en relación con toda la vida laboral efectiva, lo que puede tener un efecto muy perjudicial para los trabajadores más cercanos a la edad de jubilación que no tienen mucha cobertura en años de cotización. En la actualidad un trabajador/a de 52 años que a la fecha de la incapacidad permanente acumule los 8 años anteriores cotizados, tiene derecho a una pensión igual al 100% de su base reguladora aunque no acumule más años cotizados. Con la reforma la misma pensión se reduce un 32%.
Pensión de viudedad: Se cambia el carácter de la pensión de viudedad, a la que se tiene derecho objetivo como consecuencia de la contribución al sistema del causante, para ponerla ahora en función de la dependencia que tenían lo familiares de los ingresos del fallecido. Así, será requisito que el superviviente dependa de más de un 50% de los ingresos del cónyuge fallecido, se exige un período de dos años de matrimonio para causar el derecho y de no alcanzarse esta convivencia, la pensión solo tendrá una duración igual al tiempo que transcurrió de convivencia como familia, y en la convivencia no matrimonial se exige al cónyuge superviviente una dependencia superior al 75% de los ingresos del fallecido.
Jubilación parcial y contrato de revelo: La reforma viene a dificultar la realización de estos contratos al establecer la edad para la jubilación parcial a los 60 años para los trabajadores mutualistas y a los 61 años para el resto. Se reduce el porcentaje máximo de limitación de jornada en la jubilación parcial del 85% actual al 75%, en un período de 4 años y se exige que el jubilado parcial tenga 30 años cotizados al final de un período transitorio.
Para nosotros el acuerdo alcanzado es del todo insatisfactorio por su carácter globalmente regresivo. El endurecimiento de los requisitos para generar el derecho a una pensión, el recorte de prestaciones, el alargamiento de la edad de jubilación o el recorte de las pensiones de viudedad son absolutamente rechazables, en un contexto de crecimiento económico con grandes beneficios parta las empresas que no tienen repercusión alguna en la mejora de las condiciones laborales.
Ahondando en la deriva neoliberal del gobierno del PSOE, la SEPI ha llegado a un principio de acuerdo con CC.OO y UGT para dar una salida a la crisis de RTVE. El acuerdo responde a la más pura lógica de desmantelamiento de un servicio público, donde la única medida para hacer viable RTVE como ente público de ha saldado con la propuesta de despido de 4.150 trabajadores / as, entre despidos directos y prejubilaciones. Desde el PCPV nos sumamos al rechazo que la mayoría de los afiliados de CC.OO y UGT han mostrado ante tal acuerdo (como ya pasó en SEAT), por considerar una barbaridad que para mejorar un servicio público haya que despedir a la mitad de la plantilla. No entendemos el apoyo que IU ha dado a este plan afirmando, por boca de Juan Francisco Mendi, que dice garantizar el futuro de RTVE como servicio público, eso si lamentando el despido de miles de trabajadores como un mal menor. En esta perspectiva de privatización se sitúa la empresa IZAR que estos días protagoniza una importante movilización de sus trabajadores y trabajadoras en su contra y que merecen nuestra solidaridad, al igual que los trabajadores de RTVV cuya dirección anuncia un despido de más de 400 empleados y empleadas.
El proceso de paz y el diálogo político en Euskadi sigue amenazado por las continuas contradicciones del Gobierno del PSOE que no articula el marco para el diálogo político, o bien por la posición cerril del Partido Popular que le lleva a la instrumentalización política de las víctimas, convirtiendo en su baza electoral el fracaso de la paz. La derogación de la Ley de Partidos y la vuelta a la legalidad de Herri Batasuna, junto a la no discriminación de los presos de ETA respecto a otros encarcelados, son dos medidas a poner en marcha para posibilitar y facilitar el desarrollo de las conversaciones de paz. Un proceso en el que los partidos y las instituciones, tanto en Euskadi como en el resto del Estado, deben ser los protagonistas, con posibilidad de manifestarse libremente, sin chantajes de ningún tipo, en el marco de la libre determinación que los comunistas vinculamos a la lucha por el estado federal, la democracia participativa y el socialismo.
El escándalo urbanístico en Seseña (Toledo) denunciado por IU ante la Fiscalía Anticorrupción, en el que supuestamente podrían estar implicados Zaplana y el ex-Presidente de Castilla-La Mancha, Bono, así como concejales del PP y del PSOE, pone en evidencia la voraz especulación del suelo que lleva a levantar una mega-urbanización de 15.000 viviendas en un municipio de no llega a mil habitantes, y que a día de hoy no tiene infraestructuras (el polígono no tiene conexión con la N-IV, ni dotaciones (colegios, hospitales, atención al ciudadano), ni agua suficiente para abastecer a las familias que allí se establecerán.
La dinámica de depredación urbanística, asentada en un modelo insostenible, que está amasando grandes fortunas en manos de inmobiliarias, promotoras y de la banca, en base al endeudamiento de las familias y a los precios millonarios de las viviendas, alcanza al funcionamiento de los ayuntamientos. Numerosos casos de corrupción se suceden a lo largo de nuestra geografía: malversación, prevaricación, cohecho, trato a favor y tráfico de influencias en torno a tramitaciones de planes urbanísticos están a la orden del día y se configuran como algo consustancial con el modelo de crecimiento económico de los últimos años. El País Valenciano es un ejemplo de este modelo que ha merecido la reprobación europea.
Exigimos un giro radical en las políticas de viviendas y urbanística de nuestro país para hacer efectivo el derecho a la vivienda que reconoce la Constitución, con una regulación pública de la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación, la derogación de las diversas leyes que afectan al régimen del suelo y sus valoraciones para poner freno al proceso de liberalización del mismo y causa de fondo de la corrupción urbanística; poner fin al clientelismo político de las V.P.O. y la creación de un parque público de viviendas de alquiler, entre otras medidas. El PCPV apoya el movimiento protagonizado por jóvenes que reclama el derecho a una vivienda y trasladará a EU/IU la necesidad de plantear medidas adecuas en este sentido.
Ley de la Memoria Histórica. En el ecuador del año de la memoria histórica, el Gobierno presenta un redactado de Ley que poco tiene que ver con el objetivo resarcir a todas las víctimas del franquismo y a sus familiares. En un intento de contentar al Partido Popular y a los sectores más reaccionarios de la sociedad, se equipara a las víctimas de la guerra civil de “ambos bandos”, obviando la ilegalidad del gobierno de Franco, sus leyes y sus consecuencias. Consecuentemente con ello, no se anularían los juicios u otras sentencias del franquismo llevados a cabo durante la guerra civil y durante los 40 años de la dictadura.
Los comunistas. Entendemos que esta ley debe contener la condena del régimen de Franco, el reconocimiento institucional -con todos los derechos que ello comporta- de todas las personas que sufrieron persecución como consecuencia de la defensa del régimen republicano (donde los guerrilleros y guerrilleras deben tener su espacio de reconocimiento político) y de las libertades democráticas; la voluntad política de dar a conocer la II República, la Guerra Civil, la represión de la dictadura, el exilio, la deportación y los valores de la lucha antifranquista desde el ámbito público, empezando por el sistema educativo, y desde las entidades sociales. Desde el PCPV, al igual que el PCE, exigimos la revisión y anulación de las sentencias dictadas por tribunales militares y otros de carácter excepcional durante la Guerra Civil y la dictadura.
El accidente de Metro en Valencia que ha costado la vida a 43 personas ha puesto de manifiesto graves carencias en el sistema de seguridad por falta de inversión de la G.V. que mantiene esta línea con una tecnología obsoleta. El Consell, el Partido Popular y la dirección Ferrocarriles de la G.V. pretenden responsabilizar del accidente al conductor fallecido, a un fallo humano, cuando la falta de inversiones en seguridad ha quedado más que demostrada.
El abandono de los servicios públicos por parte del gobierno del PP está en la base de lo que se ha definido como la mayor catástrofe en la historia de este tipo de transporte en Europa. La responsabilidad política en la que han incurrido nos lleva a exigir la dimisión de la dirección de FGV, sumándonos a la petición de los trabajadores y trabajadoras de la compañía expresada a través de sus representantes sindicales, así como la del Conseller G. Antón y la del Presidente Camps, que utiliza de parapeto al anterior par eludir cualquier responsabilidad. La renovación de la línea 1 debe iniciarse de inmediato.
El PCPV apoya la manifestación del día 27 de julio convocada por los sindicatos, a la vez que denunciamos los intentos del PP por convertir la comisión de investigación en una pantomima.
Este terrible accidente ha puesto de manifiesto las prioridades presupuestarias de gobierno conservador de la GV y se ha podido contrastar con el despilfarro económico de la visita del Papa a Valencia. Visita que lejos de cumplir los objetivos previstos por los organizadores, dejó la ciudad vacía, y el millón y medio de “peregrinos” se convirtió en menos de 300.000. El despliegue de medios así como el nefasto papel de RTVV nos lleva a exigir información y trasparencia en las cuentas relativas a la visita, así como reiterar una vez más la necesaria dimisión del director de Canal 9.
La Ley electoral que discutirá el pleno de las Cortes Valencianas va a poner sobre el tapete aspectos fundamentales para la vida política en el PV. La transparencia en el patrimonio de cargos públicos, incompatibilidades, listones electorales etc.. EUPV ya plantea la eliminación de cualquier barrera electoral para el acceso de los y las representantes de los valencianos a las Cortes. El PSOE debe en esta ocasión situar su propuesta. No se entenderían nuevos impedimentos para recortar la representación política, la pluralidad política después de haber sacado del Estatut las barreras de acceso.
Nuevamente nos enteramos de agresiones con resultado de muerte a mujeres en nuestro país. Exigimos medidas efectivas de protección para las mujeres maltratadas y la voluntad de los poderes públicos de hacer realidad campañas de educación contra la violencia de género que aborde el respeto hacia la mujer desde el sistema educativo, pasando por una legislación aplicada a los estereotipos femeninos que se manejan en los medios de comunicación, propaganda, publicidad, películas etc..