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El PCE ante la detención de un maestro en Zaragoza.

Ayer tras la celebración de un acto en el que participaba la Consejera de Educación, Dolores Serrat, en el Centro Cívico Almozara de Zaragoza, se produjo la detención de un maestro de Zaragoza.

En el acto se impidió la entrada a todas las personas integrantes de Marea Verde a pesar de que era un espacio público, bajo la amenaza de identificaciones y sanciones. Tras haber pactado con la Policía una salida pacífica, una vez fuera del recinto, se incumplió el compromiso policial llevando a cabo identificaciones y la detención injustificada e incomprensible de uno de los maestros. El detenido fue llevado a comisaría y puesto en libertad a las 23 h. de ayer.

Esta detención y las identificaciones se producen en el contexto de una jornada de reivindicación de huelga sectorial y en una acción contra los recortes. El Gobierno autonómico, estatal y la Delegación del Gobierno persiguen coartar el libre ejercicio de nuestros derechos de manifestación, expresión y protesta contra la injusticia.

La represión económica, física, de alta o baja intensidad, la intimidación o la amenaza no van a parar la lucha contra los recortes. La lucha contra el empobrecimiento generalizado, la movilización en defensa de nuestros derechos son más necesarias que nunca y nuestras voces no se callan a golpe de porra ni de detención ni de multa.

A la detención del profesor de Marea Verde de ayer, se añaden los 51 activistas de Stop Desahucios, o la compañera de la Plataforma Solidaria Actur-Parque Goya denunciada el mes pasado en otro acto pacífico en el IASS. Todo ello, junto a las constantes identificaciones y acosos en las movilizaciones, o las negaciones y cambios de recorridos de manifestaciones, suponen una auténtica escala de criminalización y represión de la protesta.

Por todo ello, desde el Partido Comunista de Aragón denunciamos la escala represiva que estamos sufriendo los colectivos y organizaciones de la izquierda política, y cualquier ciudadano que ejerce su legítimo derecho de manifestación. Exigimos así mismo la dimisión de Gustavo Alcalde, Delegado del Gobierno en Aragón, como máximo responsable de esta estrategia de criminalización y represión sobre las personas y colectivos que protestan contra este brutal ataque sobre los derechos de la ciudadanía.

¡Son docentes no delincuentes! ¡No nos van a parar!