Hasan Barguzi. Hasta 1967, el movimiento sindical palestino era una rama de la organización sindical jordana, jugando en él un papel destacado los militantes comunistas. Con la palestinización de la OLP en los años setenta, y especialmente a partir del reconocimiento de la OLP como único representante del pueblo palestino, la entonces Federación General de Sindicatos (Palestinos) y la OLP comienzan a estar estrechamente ligados. En el plano político las divergencias entre ambas eran mínimas, y eran mayores en el plano económico y social. Las huelgas, por ejemplo, siempre han sido rechazadas por la OLP. En concreto puedo señalar una huelga de hostelería que hicimos en 1979 en Jerusalén y que duró 15 días. La OLP fue la principal valedora de los empresarios y defendió que la huelga debía ser levantada a toda costa, porque dañaba los "intereses nacionales".

H. B. La PGFTU, cuyo secretario general es Shaer Sahed, es la heredera del sindicalismo que siempre estuvo activo en los territorios ocupados, y sigue siendo la principal organización sindical, políticamente plural, estructurada en varias federaciones profesionales y con una importante rama en Gaza. Tras los acuerdos de Oslo, la estructura sindical que operaba en Túnez, la PTUF, dirigida por Haidar Ibrahim y formada esencialmente por burócratas, entró en Palestina pero no estuvo dispuesta a integrarse en la PGFTU. Arafat ha permitido esto, asignando incluso un cargo oficial a Ibrahim en el Ministerio de Trabajo. De hecho las dos estructuras se encuentra alineadas incondicionalmente con Fatah, la facción que lidera Arafat, y ambas están plenamente sometidas a la ANP. Y Arafat quiere que continúen así, no desea que protejan los derechos de los trabajadores. Sufren una gran falta de democracia. Sus direcciones fueron nombradas por Arafat y hasta ahora no se han producido elecciones para renovar sus cuadros dirigentes. Esto no puede seguir así, hay que democratizar las organizaciones sindicales palestinas.

H. B. La situación es fruto de la concepción que tiene el Presidente de la ANP acerca de cuáles son las fuentes del poder. Para él, una muy principal es el dinero y, de ahí, las lealtades ganadas gracias a él. El dinero de la ANP procede de las ayudas internacionales y de las donaciones de los palestinos ricos ; y se destina a reclutar personas para el sector público (desde los cuerpos de seguridad hasta el resto de la administración) que se sientan comprometidas con la política de Arafat y la apoyen. Se dice que el objetivo es resolver el problema del paro, pero no es verdad. Inflando la burocracia y los cuerpos de seguridad no se resuelve nada.

Incluso algunos de los actuales dirigentes sindicales son militares de graduación, a través de los cuales Arafat controla el movimiento sindical. Sucede como en Siria e Iraq, donde aparentemente es el partido Baaz la organización que detenta el poder, pero en realidad detrás y por encima de ellos se encuentran los militares.

Arafat, por ejemplo, no quiere ni oír hablar de un salario mínimo, pues se vería obligado a aplicarlo en la administración y a sus socios burgueses a aplicarlo en sus empresas. Lo más grave es que los actuales dirigentes sindicales no hacen nada para luchar por él. Y cuando han surgido líderes sindicales naturales, como sucedió durante las protestas de los profesores, aquéllos han sido arrestados.

H. B. No se si se puede decir eso, porque la situación creada en Palestina no responde a los paradigmas conocidos. Es muy particular. Lo cierto es que somos muchos quienes pensamos que es necesario desarrollar y fortalecer la sociedad civil y sus hábitos políticos y cívicos, y alejarse de las formas tradicionales de relaciones políticas (clientelismo, sistema de notables, etc.), que son las que actualmente imperan.

Los ministros de la ANP han sido elegidos por su pertenencia a familias influyentes, y no por su capacidad y sus conocimientos. Arafat, por ejemplo, no quiere incluir hombres de negocios modernos en su gobierno, y éstos tampoco quieren participar en él, porque no se fían unos de otros. Existe una profunda divergencia en la visión que de la política tiene cada uno, y en los intereses de los sistemas que defienden: el sistema patrimonial y burocrático que promueve Arafat contradice los intereses de los hombres de negocios.

Este sistema es, además, muy peligroso, pues al estar basado sobre la división entre familias, clanes y facciones, propicia la lucha entre estos por cuotas de poder. Así, hace meses que se producen enfrentamientos casi cotidianos entre las diversas facciones, y la gran y muy peligrosa cuestión es ¿qué van a hacer todas estas facciones cuando Arafat ya no esté?

H. B. En lo que respecta a Israel, si la situación era mala antes del Acuerdo de Oslo, ahora es peor. En primer lugar, las oportunidades de trabajo han disminuido: si antes de Oslo trabajaban en Israel unos 200.000 palestinos de Gaza y Cisjordania (120.000 legales, contratados a través de las oficinas de empleo israelíes, y unos 80.000 ilegales), ahora sólo disfrutan de autorización aproximadamente 35.000 (cifra media del año pasado), ya que Israel está recurriendo a mano de obra de Sri Lanka, Tailandia, Rumanía, etc. En segundo lugar, la libertad de movimiento de los palestinos se ha reducido a mínimos. Ya no se trata de que los palestinos no puedan ir a Israel, o a las zonas de los Territorios Ocupados controladas por Israel; es que en muchos casos no pueden desplazarse entre una y otra zona controlada por la ANP. En tercer lugar se encuentra el factor de la seguridad: entre marzo y octubre, 28 trabajadores palestinos han sido atacados por israelíes extremistas, y seis de ellos muertos. Se habla incluso de la existencia de una organización extremista anti-árabe. No se sabe si son colonos, miembros de las fuerzas de seguridad, o qué. Y es que nadie se ha preocupado de esclarecerlo, y apenas se habla de ello en los medios de comunicación.

Finalmente, hay un problema de aplicación de la ley en general. Por ejemplo, a los palestinos que trabajan en los asentamientos o en los centros industriales fronterizos (Eretz y otros), no se les paga el salario mínimo establecido por la ley israelí. Los palestinos dejan de ingresar aproximadamente ocho millones de dólares al año por esta diferencia entre el salario mínimo oficial y lo que cobran realmente. Pero no es sólo esto: se calcula que entre 1971 y 1998 Israel ha ahorrado, a costa de los trabajadores de Cisjordania y Gaza, unos 3.000 millones de dólares en cotizaciones a la seguridad social, cotización por desempleo…, que deduce de los salarios pero que luego no paga a los trabajadores palestinos.

En lo que respecta a la situación de los trabajadores en las zonas controladas por la ANP, el primer aspecto a señalar es que no hay libertad de asociación sindical. Así, por ejemplo, los funcionarios no pueden organizarse; por ejemplo 30.000 profesores no disponen de representantes reales satisfactorios para ellos, como lo demostró un reciente conflicto en este sector. En segundo lugar, la ley (escasa y obsoleta) ni siquiera se aplica, y una muestra de ello es que las inspecciones de trabajo no existen. El número de trabajadores que en cada empresa disfruta de un seguro de accidente es ridículo, una cantidad simbólica tan sólo para cubrir el expediente. Y los sindicatos existentes no hacen nada para cambiar la situación.

H. B. La ley es mala, pero la realidad es mucho peor. La legislación vigente en Cisjordania es el Código del Trabajo jordano, y en Gaza también está vigente una legislación obsoleta. El marco legal es antiguo, parcial e inadecuado. Desde la instalación de la ANP, se han dado algunos pasos con miras a establecer un nuevo marco legal. Se ha redactado el borrador para un nuevo código del trabajo, que en nuestra opinión es muy deficiente. Desde el CDDT hemos hecho una análisis crítico del borrador, intentando cambiar algunos artículos e introducir otros. Si bien el texto enuncia grandes valores e ideales, sin embargo no establece mecanismos para que se conviertan en algo palpable. Baste decir que no prevé absolutamente ningún castigo para quien incumpla sus disposiciones.

Otro elemento peligrosísimo, que puede parecer inverosímil pero está en el borrador, es la atribución al ministro de Trabajo de la capacidad de promulgar leyes y decretos por sí solo, cuando ésta es una tarea que debería corresponder al Consejo Legislativo.

H. B. Las zonas industriales para exportación y las zonas francas son proyectos que benefician muy principalmente a Israel. De hecho, junto al capital extranjero y palestino, Israel participa directamente en esas iniciativas. Así se aprovecharía mano de obra barata precaria. Dado lo que son las zonas francas a través del mundo probablemente se ahondaría en la precariedad de las condiciones de trabajo, y, en el caso de Israel, además favorecería su comercio. En las condiciones actuales, dadas las dificultades de transporte, los propios trabajadores palestinos se verían obligados a realizar allí todas sus compras, con lo que incluso los salarios palestinos volverían a Israel. ¿Por otro lado, que legislación se aplicaría allí: la israelí, la palestina, la internacional?

H. B. En primer lugar, quiero decir que me parece importante que las organizaciones de trabajadores de las dos partes aborden y lleguen a acuerdos en una serie de asuntos que deben ser resueltos cuanto antes. Ahora bien, los acuerdos firmados no benefician en nada a los trabajadores. La central palestina sólo pensó en captar dinero, no en los trabajadores. Han sido acuerdos políticos.

A lo largo de más de veinte años, el Estado israelí ha venido imponiendo deducciones (por seguros, impuestos, etc.) a los salarios de los trabajadores palestinos de Cisjordania y Gaza en Israel, sin que eso revirtiera en prestaciones sanitarias, de desempleo, etc. Lo que es bastante increíble, ¿no? Pagaban, pero no recibían nada cuando lo necesitaban. Es como si depositaras tu dinero en un banco y éste luego se negara a devolvértelo. Así mismo, a los salarios se les deducía una cotización sindical obligatoria, sin que se tradujera en una protección por parte de sindicato israelí, del que los palestinos no podían ser adherentes.

Lo que se acordó entre el PGFTU y el Histadrut, fue simplemente un apaño económico; que una parte de las cotizaciones sindicales acumuladas fuera entregado a la central palestina. Otros aspectos relativos a la protección de los trabajadores palestinos en Israel, fueron marginales en los acuerdos. Los acuerdos produjeron incluso divisiones en el seno de la comisión negociadora palestina.

H. B. Creo que sería mucho mejor llegar a acuerdos, aunque fuera en muy pocos temas, que beneficiarían indudablemente tanto a los trabajadores palestinos como a los israelíes. Por ejemplo, para conseguir que se aplique la ley con los trabajadores palestinos en Israel. Su explotación afecta directamente, y creo que no hace falta explicar cómo, a los propios trabajadores israelíes. Además no se trata sólo de la situación socioeconómica de los trabajadores de ambos lados, pienso que por este camino podría llegar el principio de la verdadera y definitiva solución política del conflicto en su conjunto. Hay que alejarse de las estrechas ideas de los actuales líderes políticos.

H. B. Desgraciadamente, estamos muy lejos de algo así. No obstante, nuestra organización camina en esa dirección. Organizamos encuentros entre trabajadores de ambos pueblos en colaboración con organizaciones israelíes. Hacemos visitas y nos las hacen. Les llevamos a conocer la realidad sobre el terreno, les hacemos ver las diferencias entre las condiciones de unos y otros. Por ejemplo, llevamos a trabajadores israelíes del interior de Israel a ver los asentamientos, a que vean la estupenda infraestructura de la que disponen los colonos. Luego les llevamos a ver enclaves palestinos a pocos kilómetros, lugares en los que los servicios (agua, electricidad, etc.) son mínimos y rudimentarios. Comparan, y hablan con los palestinos. Y comienza a haber un entendimiento. Al principio vienen con miedo, pero luego éste deja paso a cierta compresión.

H. B. Tenemos diversas unidades. Hay una dedicada a la defensa de los derechos humanos, civiles y laborales. Se ocupa de aspectos legales, de luchar para que se aplique la ley. Otra es la de publicaciones, que intenta informar sobre esos derechos, que los trabajadores tengan conciencia de ellos. Una tercera se dedica a organizar cursos de formación, a proporcionar una educación cívica sobre los conceptos de ciudadanía, derechos humanos, democracia... ; sobre los valores, mecanismos e instrumentos que los sustentan. Finalmente, hay una unidad de investigación acerca de todos los temas mencionados anteriormente. Y ahora estamos trabajando en el proyecto de una nueva unidad, que queremos poner en marcha en 1999 y se dedicará a promover oportunidades de trabajo : ayudar a la creación de pequeñas empresas, etc.

Lo bueno es que nuestra organización comienza a tener materiales propios en todos estos terrenos ; ya no hay, como antes, que importar todo de fuera. También podemos recurrir a la televisión, donde difundimos algunas de nuestras actividades.

En el lado negativo, hay que decir que nos enfrentamos a numerosas presiones. Los dirigentes sindicales oficiales nos atacan constantemente. Algunos representantes de organizaciones extranjeras con las que colaboramos han podido ver con sus propios ojos sus amenazas. También ellos reciben presiones para que no trabajen con nosotros.

Durante el conflicto de los profesores, en 1996, la ANP intentó incluso arrestarnos. Arafat llegó a firmar la orden. Pero nosotros seguiremos incitando a los dirigentes sindicales a que cambien sus posturas, y empujando a las bases de los sindicatos a que exijan sus derechos.