En declaraciones realizada al diario israelí Ha’aretz el 12 de junio de 1993, Yaser Arafat reconocía la existencia de conversaciones secretas entre la OLP e Israel, celebradas al menos durante todo el año en Oslo, la capital noruega, con cuyo nombre se bautizará el primer acuerdo palestino-israelí derivado de tales negociaciones. Veinte meses después de la Conferencia de Paz de Madrid de octubre de 1991, la OLP e Israel anunciaban que la diplomacia secreta de Oslo, desarrollada paralelamente a las 10 rondas de negociación pública palestino-israelí, habían dado como resultado un acuerdo bilateral que se plasmaría en la denominada 'Declaración de principios sobre los acuerdos transitorios de autogobierno [palestino]', que sería el documento que Yaser Arafat, en representación de la OLP, y el primer Ministro israelí Isaac Rabin firmarían en presencia del presidente norteamericano Clinton en Washington el 13 de septiembre de 1993. El acuerdo estipulaba que Israel retiraría su Ejército de la Franja de Gaza y de la ciudad cisjordana de Jericó como etapa previa de un proceso transitorio de autonomía palestina, al que habría de seguir un acuerdo definitivo sobre la totalidad de los territorios palestinos ocupados desde 1967.

Con anterioridad, el 6 de mayo de ese año, un documento israelí recogía por primera vez por escrito el término 'Consejo ejecutivo palestino', designación de una futura autoridad palestina transitoria en los Territorios Ocupados. En un clima de extremo deterioro de la situación en los Territorios Ocupados (ese mes de mayo son muertos por el Ejército de ocupación 37 palestinos, siete de ellos niños), la denominada Opción Gaza-Jericó Primero había sido ya esbozada en los medios de comunicación israelíes e internacionales, al tiempo que Peres -ministro de Exteriores- y Rabin -primer Ministro- reiteraban por entonces el desinterés israelí en mantener la ocupación de Gaza, un pequeño territorio con la densidad poblacional más alta del mundo, sin viabilidad económica y quebradero de cabeza represivo por su conflictividad (en Gaza había prendido la mecha de la Intifada).

La Declaración de principios, el Acuerdo Oslo I o la Opción Gaza-Jericó Primero (de las tres formas se denominará al documento firmado en Washington) incluye en su texto las tres claves o características fundamentales que marcarán el posterior desarrollo de la negociación palestino-israelí, incluido su actual colapso:

- Primero, su secuenciación temporal, postergando para un etapa final la negociación sobre el estatuto definitivo de los Territorios Ocupados y, con ello, de los temas medulares del conflicto: fronteras y soberanía, el futuro de Jerusalén, y el desmantelamiento de los asentamientos judíos en Gaza y Cisjordania.

- Segunda, la ambigüedad de sus contenidos y objetivos finales, pues si bien el proceso tiene un calendario cerrado y bien definido, que debería concluir en mayo de 1999, carece tanto de un marco referencial estricto como de un esquema concreto de resolución del conflicto, al no incluir reconocimiento alguno previo y explícito de los derechos nacionales palestinos.

- Tercero, su reversibilidad o, como ocurre desde hace al menos año y medio, la posibilidad de su paralización, ello en función de los intereses y consideraciones de Israel, en concreto, los relativos a su seguridad, palabra y concepto fetiche para los sucesivos Gobiernos laboristas y del Likud, con la que justificarán una y otra vez incumplimientos de acuerdos previos y reiterados retrasos en el calendario del proceso.

Posguerra del Golfo y Conferencia de Madrid

Buena parte de esta indeterminación que caracteriza a la Declaración de Washington deriva de las condiciones en las que arranca el proceso, dos años atrás. Recordémoslas brevemente antes de revisar Oslo I y los posteriores acuerdos.

Concluida la Guerra del Golfo contra Iraq, EEUU impone el inicio de una negociación árabe-israelí como primera escenificación de lo que el Presidente Bush había denominado Nuevo Orden Mundial en su discurso ante el Congreso norteamericano, en el verano de 1990. Concluida la Guerra del Golfo, Bush recupera esta imagen y la regionaliza. En un nuevo discurso ante las cámaras legislativas norteamericanas, el 6 de marzo de 1991, hablará concretamente de un Nuevo Orden Regional para Oriente Medio.

Este Nuevo Orden Regional habrá de caracterizarse por la escisión del área mediterránea (Palestina/Israel, Jordania, Líbano y Siria, además de Egipto) del área árabigo-peninsular (Península y Golfo Arábigos). Como proyectos claramente disociados pero complementarios, en la primera de estas dos áreas se procurará imponer un proceso de normalización política e integración económica árabe-israelíes por medio del proceso de paz; en la segunda, un férreo control neocolonial sustentado en el mantenimiento de la presión sobre Iraq (prolongación del embargo y agresiones militares sucesivas), su militarización extrema (estacionamiento de tropas occidentales, rearme de las petromonarquías árabes y, más recientemente, acuerdos militares turco-israelíes) y su extrema inestabilidad (por ejemplo, con la creación del enclave kurdo-iraquí y el nuevo papel en él de Turquía).

Respecto a la primera zona, la Conferencia de Paz de Madrid de octubre-noviembre de 1991 marca el inicio de ese proceso de negociación árabe-israelí. Promovida por la Administración Bush bajo el lema de "Paz por territorios", el modelo de conferencia de Madrid puede considerarse el antitético del modelo de Conferencia Internacional de Paz para Oriente Medio solicitada por el conjunto de los Estados árabes y la OLP antes de la guerra contra Iraq y respaldada formalmente, pero sin compromiso real, por la comunidad internacional hasta aquel momento. Por diversas razones, el esquema de negociación que se inicia en Madrid introduce necesariamente condiciones negativas para la adecuada resolución del conflicto entre árabes e israelíes y, sobre todo, entre palestinos e israelíes.

En primer lugar, la negociación carece de supervisión internacional por parte de Naciones Unidas (NNUU): EEUU oficia como exclusivo promotor del proceso, tan sólo con el protocolario apoyo de la Unión Europea y de una Unión Soviética a punto de convertirse nuevamente en Rusia de la mano de un ya periclitado Gorbachov. Y carecerá por ello igualmente de un marco referencial adecuado, el conjunto de las resoluciones y decisiones de NNUU (de su Consejo de Seguridad -al menos- pero también de su Asamblea General) relativas al conflicto árabe-israelí y los derechos nacionales palestinos. Así, las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad (CS) son consideradas como punto de arranque de la negociación, no como el mínimo incuestionable de obligado cumplimiento por ambas partes; incluso en documentos norteamericanos preparatorios de la Conferencia los Territorios árabes Ocupados -palestinos, libaneses, sirios y jordanos- son denominados Territorios en disputa.

En segundo lugar, la negociación se fragmenta en mesas bilaterales entre Israel y cada Estado árabe, con lo cual se debilita la posición global árabe frente a un Israel reforzado estratégicamente tras la destrucción de Iraq y el mantenimiento de las sanciones económicas. Cada interlocutor árabe, en función de su debilidad, procurará cerrar cuanto antes su acuerdo con Israel, para evitar perjuicios añadidos. Por contra, temas estratégicos, que son medulares del conflicto y de su resolución -el futuro de los refugiados, los recursos de la región (el agua, en concreto), la cooperación económica, la seguridad regional y la militarización de la región, etc.- se remiten a mesas multilaterales con participación de terceros países y organismos internacionales.

Finalmente, la cuestión palestina queda marginada. La representación palestina se enmascara en la delegación jordana y, lo que es más grave, se escinden a los palestinos del interior, los residentes en Gaza y Cisjordania, de los refugiados de la diáspora, que son más de la mitad del pueblo palestino.

La Declaración de Washington

Refiriéndonos ya a la literalidad del documento, hay algunos aspectos que merecen ser resaltados del texto de la Declaración de Washington, Oslo I u Opción Gaza-Jericó Primero de septiembre de 1993.

En primer lugar, Israel no aparece en ningún momento como país o fuerza ocupante. Por el contrario, se aprecia en el texto una legitimación del control de Israel sobre Gaza y Cisjordania, al aparecer explícitamente como parte con derechos adquiridos sobre estos territorios. Por ejemplo, en relación al agua, una cuestión clave en la zona y que subyace a buena parte de su conflictividad, Israel recibe la garantía de "[...] la utilización equitativa de los recursos comunes en el transcurso de la fase interina y posteriormente [a ésta]", "sobre la base de los derechos al agua de cada parte[...]" (apartado 1 del anexo III de la Declaración). Apréciese que un recurso natural de un territorio bajo ocupación militar es considerado común al ocupante (Israel) y al ocupado (los palestinos), teniendo ambos derechos reconocidos sobre él.

Las competencias que los israelíes transfieren al Consejo palestino de Gaza y Jericó (posteriormente denominado Autoridad Palestina, AP) son meramente administrativas ("educación y cultura, sanidad, asuntos sociales, impuestos directos y turismo", artículo 6, apartado 2), además del establecimiento de una policía palestina para control interior de la población palestina. En los denominados Anexos verbales adjuntos a la Declaración se señala que la jurisdicción de este Consejo palestino no incluye "Jerusalén, las implantaciones [asentamientos o colonias israelíes], los emplazamientos militares, y los israelíes", reiterándose que la "retirada del gobierno militar [israelí de Gaza y Jericó] no impedirá que Israel ejerza los poderes y responsabilidades no transferidos al Consejo [palestino]".

El primer acuerdo palestino-israelí prefigura así un modelo que se reiterará en posteriores documentos: un reparto de competencias entre la AP e Israel a ejercer sobre los territorios y la población palestinos, reservándose el segundo los resortes efectivos de la soberanía política y -como más adelante veremos- también económica.

Quien presidiera la delegación palestina en la Conferencia de Paz de Madrid, Haider Abdel Shafi, hoy la figura más relevante y respetada de la oposición interna a la autocracia de la Autoridad Palestina y al devenir posterior del proceso de paz, señalaba muy tempranamente que el texto de Washington "[...] encierra el reconocimiento implícito de dos entidades distintas en los Territorios Ocupados, la entidad Israel-colonias de poblamiento y la entidad palestina, constituida por los pueblos y ciudades árabes". Esta apreciación de Abdel Shafi es completamente pertinente. El carácter pernicioso del texto firmado en Washington en septiembre de 1993 no se deriva tanto de que en él se posponga la negociación de los temas claves del conflicto palestino-israelí (la cuestión de la soberanía) a una etapa final del proceso, sino que desdibuja y desvirtúa el contenido estratégico de la propia negociación y de su objetivo -la independencia palestina- al equiparar los derechos de ambas partes por medio de una doble pirueta: explicitar los derechos adquiridos de Israel -que se libera de su naturaleza de potencia ocupante- y escamotear la mención de los derechos inalienables e internacionalmente reconocidos del pueblo palestino -que pierde su caracterización como población bajo ocupación. Con ello, una cuestión estricta de retirada incondicional de territorios ocupados y conservados por la fuerza, en suma, de soberanía y de ejercicio de autodeterminación, se transmuta en otra bien distinta de gestión compartida de un territorio en litigio, en una formulación que, más que Rabin, será su ministro de Exteriores Peres quien reiterará con su idea de "superposición de autoridades" sobre un mismo espacio geográfico y poblacional.

El 'espíritu' y la letra

Así, la forma y el contenido de la negociación van inseparablemente cogidos de la mano: la Conferencia de Madrid sacralizó la negociación bilateral entre Israel y los distintos agentes árabes por separado (la OLP, Siria más Líbano, Jordania), sin un estricto marco de legalidad y una mediación equitativa internacionales que evitaran que el resultado de la negociación quedara a merced de la correlación de fuerzas entre las partes, extremadamente desigual. Y en la Declaración de Washington, en el primer texto firmado por palestinos e israelíes, como resultado de este desequilibrio entre unos y otros, quedarán bien definidos los límites estratégicos, las líneas rojas de la negociación futura. Resultado: aplicando la literalidad del documento de Washington, lo que en él está escrito y lo que no está, Israel ha podido controlar hegemónicamente desde 1993 y en todo momento el ritmo del proceso y la ejecución o paralización de sus sucesivas fases, su contenido.

Muchas veces se ha afirmado, también desde el propio campo de los negociadores palestinos, que las deficiencias en el texto de la Declaración de Washington, en concreto, la falta de referencia alguna a los derechos nacionales palestinos, quedaban compensadas con lo que se llamó el espíritu del acuerdo. Sin embargo, las declaraciones del primer Ministro israelí Rabin antes y después de la firma en Washington de la Declaración, siempre fueron explícitas sobre cuál era la comprensión israelí del proceso de negociación con los palestinos, dejando pocas dudas al respecto.

A finales de abril Rabin había declarado al diario israelí Yedioth Aharonot que "no habrá ni Gran Israel ni Estado palestino", ni un retorno a las fronteras de 1967; es decir, que no habría devolución de la totalidad de los Territorios Ocupados. Rabin reiteraba entonces un criterio estratégico laborista: "No queremos anexionar [a Israel] a más de dos millones de palestinos [residentes en Gaza y Cisjordania], pero no es cuestionable un retorno a las fronteras del 6 de junio de 1967". La misma víspera de la firma del documento en Washington, el día 12 de septiembre, Rabin adelantó ante la cadena de televisión norteamericana CNN la supervisión israelí del proceso de autonomía y su reversibilidad en caso de un deterioro de la situación en los territorios bajo administración palestina: "Vamos a negociar una retirada gradual de ciertas zonas [de los Territorios Ocupados] y observar hasta que punto la policía palestina es capaz de garantizar la seguridad [...]. Nuestro Ejército es fuerte: si en un momento dado la situación degenera, podremos retomar el control" Tras la ceremonia de Washington, idéntico planteamiento ante el Parlamento israelí, con referencias concretas a los temas que más preocupan a los palestinos: la capitalidad israelí de Jerusalén incuestionable y mantenimiento de los asentamientos, de los cuales, aclara Rabin, "ninguno será desmantelado". Dejando al margen la cuestión -irrelevante, a mi entender- del estilo personal de unos y otros, la diferencia entre el binomio Peres-Rabin y Netanyahu radica en que al segundo le han correspondido las fases posteriores de la negociación con los palestinos, en las que de la indeterminación de los textos ha sido preciso pasar a su aplicación concreta sobre el terreno.

Y pocas dudas podían ya albergarse entonces sobre la solidez del compromiso de EEUU -su infinita tolerancia- con Israel y sobre qué papel estaba dispuesto a jugar la Administración Clinton como mediador en fases posteriores de la negociación. La Conferencia de Paz de Madrid de octubre de 1991 fue promovida por la Administración republicana del Presidente Bush a fin de afianzar la hegemonía norteamericana en el conjunto de Oriente Medio tras la destrucción de Iraq. Por su parte, el Gobierno israelí del Likud del primer Ministro Isaac Shamir se avino a participar en la Conferencia desconfiando del lenguaje altisonante de los norteamericanos, pero atento a la favorable correlación de fuerzas derivada de la guerra y a la extremadamente débil posición de los aliados árabes de Iraq -Jordania y la OLP- pero igualmente de aquéllos integrantes de la coalición multinacional -Siria y Egipto.

En 1993, tras los triunfos electorales de Rabin y de Clinton, la sintonía entre EEUU e Israel es máxima, y la identificación de objetivos -políticos y económicos, tácticos y estratégicos- en relación al proceso de negociación y al futuro del conjunto de Oriente Medio casi completa. Rabin viaja en dos ocasiones durante 1993 a Washington, antes (en marzo) y después (en noviembre) de la firma del Acuerdo Oslo I. Si durante la primera de estas dos visita Clinton se había comprometido a "minimizar" los riesgos que Israel pudiera correr por el establecimiento de un acuerdo de paz con los árabes, en la segunda de ellas, en plena resaca de la ceremonia de Washington, el Presidente norteamericano no tendrá vergüenza alguna en afirmar bien alto: "Renuevo el compromiso inquebrantable de EEUU en el mantenimiento y reforzamiento de la superioridad cualitativa de Israel en materia de seguridad [frente a los Estados árabes]". Esta renovación de la alianza entre ambos países tiene un aspecto particular: la Administración Clinton no solo aumentará en estos años la ayuda financiera de EEUU a Israel, sino que autorizará la venta a Israel de material militar estratégico antes prohibido, en 1994, el avión de combate F-15E, en 1998, sistemas antimisiles.

La puesta en marcha de la autonomía en Gaza y Jericó

Frente a sus imprecisiones o carencias en materia política, la Declaración de Washington contiene una explícita, extensa y detallada formulación en materia económica, vertebrada en torno a la integración económica palestino-israelí (anexo tercero, donde se decide establecer un 'Comité permanente de cooperación económica' bilateral) y regional (anexo cuarto, que incluye la previsión de "[...] un programa de desarrollo regional promovido por el G7 [Grupo de países más industrializados]". Oslo I anticipa a la resolución negociada del conflicto palestino-israelí sobre Gaza y Cisjordania la anexión económica de estos territorios e Israel. Se hurta así al pueblo palestino el diseño colectivo del modelo socioeconómico que, tras el fin de la ocupación, habría de dotarse a sí mismo en el marco de una nueva realidad democrática.

Antes incluso de concretarse esta puesta en marcha de la primera fase de autonomía palestina para Gaza y Jericó, la OLP e Israel firman acuerdos económicos desiguales que limitarán la autonomía económica de la futura Palestina (sea cual sea su grado de soberanía política) y que prefiguran un modelo de desarrollo liberal en lo económico, que el propio Arafat resume tan desafortunadamente con la frase "[n]uestro principal trabajo ahora es convertir a Palestina en un nuevo Singapur". La insultante corrupción económica que reina en la actualidad en los Territorios Autónomos Palestinos (TAP), protagonizada por los principales negociadores palestinos y la casi totalidad del Gobierno de Arafat, encuentra aquí su primera explicación.

En diciembre de 1993, la OLP y el Gobierno Rabin llegan a un Acuerdo de libre comercio entre los territorios palestinos y el Estado de Israel, que posteriores documentos ratificarán. El acuerdo, además de firmarse en un momento de crispación en la negociación política y de deterioro represivo en los Territorios Ocupados, elude la contradicción que supone que los acuerdos comerciales firmados por Israel con la EFTA, la UE y EEUU no incluyan los productos palestinos, que no pueden por tanto acceder en igualdad de condiciones a los mercados de los países desarrollados. Un segundo acuerdo económico, el de París de 29 de abril (temporalmente válido durante el período interino de autonomía para el conjunto de Gaza y Cisjordania, a excepción de Jerusalén), establece que Israel y la AP realizarán una misma política de importación, si bien los palestinos podrán importar productos de los países árabes en cantidades limitadas y a precios previamente acordados con los israelíes. Ambos textos ratifican la realidad económica impuesta por la ocupación, el tránsito asimétrico entre los territorios palestinos e Israel: productos manufacturados en una dirección, hacia Palestina, mano de obra en la contraria, hacia Israel -por lo demás, en paulatina restricción por las autoridades israelíes desde que se iniciara la negociación, a partir de la cifra de 120.000 trabajadores palestinos en 1990.

Tras la firma de Oslo I en Washington, en los primeros días de noviembre palestinos e israelíes negocian en Taba (Egipto) el repliegue israelí y la puesta en marcha de la autonomía palestina en Gaza y Jericó. Previsto para el 13 de diciembre, el repliegue israelí habrá de posponerse debido a las discrepancias entre la OLP e Israel y al fracaso de la reunión entre Rabin y Arafat del 12 de diciembre en El Cairo. El desencuentro se debe a cuestiones de seguridad, principalmente, a discrepancias en relación al control de las fronteras entre las áreas autónomas palestinas, Israel y los Estados árabes vecinos (Egipto y Jordania).

Las negociaciones se reanudaron el día 10 de enero de 1994, tras el primer incumplimiento del calendario previsto. Finalmente, con cinco meses de retraso, el 4 de mayo se firma en El Cairo un nuevo documento para la puesta en marcha efectiva de la autonomía palestina para Gaza y el área de Jericó. Un acuerdo previo sobre cuestiones de seguridad, firmado el 9 de febrero también en la capital egipcia, facilita la firma de este segundo documento de El Cairo, al resolver a favor de Israel tres temas claves: el control fronterizo Gaza-Egipto y Jericó-Jordania, la dimensión del área de Jericó que pasará a control palestino y la seguridad de los asentamientos en la Franja de Gaza, de la cual solamente el 40% ha de pasar a control palestino.

El documento de El Cairo concreta el reparto desigual de competencias entre las autoridades palestinas e israelíes, radicalizando la escisión territorial y demográfica de la que hablaba Abdel Shafi. La jurisdicción del futuro organismo autónomo palestino (que habrá de tener 24 miembros) no incluye ni las áreas de repliegue israelí (instalaciones militares y asentamientos) ni a los ciudadanos israelíes. "Israel continuará asumiendo la responsabilidad de la defensa contra las amenazas exteriores, incluida la responsabilidad de proteger la frontera egipcia y la línea jordana, la defensa contra las amenazas exteriores marítimas o aéreas, así como la responsabilidad de la seguridad global de los israelíes y de las colonias." (artículo 8, apartado 1). Por contra, las competencias palestinas quedan restringidas, también en el terreno de la representatividad exterior: "La autoridad palestina no tendrá poderes ni responsabilidades en el terreno de los asuntos exteriores, incluido el establecimiento de embajadas en el extranjero, consulados u otro tipo de misiones" (artículo 6, apartado 2.a). Ciertamente, la AP puede establecer relaciones y acuerdos económicos con países y organismos internacionales o nacionales (artículo 5, párrafo 2.b), pero estas restricciones a la representatividad exterior palestina limitan políticamente tal posibilidad.

Oslo II: ampliación de la autonomía palestina

En un nuevo aliento publicitario, tras el apretón de manos de Arafat y Rabin ante la Casa Blanca, el Ejército israelí abandona Gaza en la madrugada del 18 de mayo de 1994. Un mes después, Yaser Arafat regresa a Palestina. Y dos años después de la firma en Washington de la Declaración de principios u Oslo I, el 28 de septiembre de 1995, Rabin y Arafat regresan a la capital federal norteamericana para firmar un nuevo documento, otra vez en presencia de Clinton, para la ampliación de la autonomía en Cisjordania: Oslo II o Acuerdo de Taba, nombre de la ciudad egipcia donde se ultimó.

Si Oslo I determinó el establecimiento de un régimen de autonomía en Gaza y Jericó, Oslo II divide el territorio de Cisjordania en tres áreas –las denominadas Zonas A, B, y C-, establecidas en función de la nueva realidad demográfica que la ocupación ha creado desde 1967: más de 150 asentamientos y alrededor de 350.000 colonos, la mitad de ellos residiendo en Jerusalén Este, una Cisjordania anexionada al Estado de Israel (es decir, formalmente, ya no ocupada) en más del 70% de su extensión.

Oslo II previó tres repliegues de Cisjordania. El primero de ellos definió y dibujo la división de Cisjordania en las anteriormente mencionadas Zonas A, B y C. Los dossiguientes siguen sin estar negociados y nunca se ha hablado de un repliegue israelí total de la Zona C, donde se sitúan los asentamientos. La primera de las tres fases de Oslo II establecía la salida israelí fuera de las siete grandes ciudades palestinas de Cisjordania, exceptuando Jerusalén: Jenín, Nablús, Tulkarem, Qalqilia, Ramallah, Belén y Hebrón. Esta denominada Zona A corresponde al 3% del territorio de Cisjordania y al 20% de su población, espacio y población que en la actualidad, además del 40% de Gaza, controla la AP. Tras la salida de las ciudades cisjordanas. La Zona B incluye 450 pueblos y pequeñas ciudades de Cisjordania (27% del territorio, 70% de la población), área en la cual la AP asumiría solo funciones civiles, manteniendo Israel el control exclusivo de la seguridad. Finalmente, la Zona C (70% de Cisjordania, despoblada) incluye las áreas de interés económico y militar, las carreteras y, como hemos dicho, los asentamientos judíos -sin incluir los de Jerusalén.

El Ejército israelí concluyó su repliegue de las seis primeras ciudades mencionadas más arriba en diciembre de 1995, tras el asesinato del primer Ministro Rabin y habiéndole sustituido Simón Peres; pero la existencia de una colonia de judíos ultraortodoxos en el mismo centro urbano de Hebrón retrasó la salida de esta ciudad hasta el fin de semana del 18 al 19 de enero de 1997, ya bajo el nuevo Gobierno de Netanyahu, cuando inicialmente estaba prevista para mayo del año anterior. Las fuerzas de ocupación israelíes abandonaban el 80% de Hebrón, quedando la ciudad dividida en dos.

El objetivo concreto de Oslo II fue compaginar el establecimiento de las mínimas condiciones para la celebración de las elecciones legislativas y presidenciales palestinas, la salida del Ejército israelí de las grandes ciudades palestinas, con la preservación de la seguridad de los asentamientos judíos y el control israelí sobre la tierra y los recursos cisjordanos. Oslo II configura así un nuevo escenario local: por un lado, el alivio de la carga que para Israel suponía mantener la ocupación de los grandes núcleos urbanos palestinos, densamente poblados, con graves problemas infraestructurales y muy conflictivos; por otro, el reparto de funciones y responsabilidades con un nueva Autoridad Palestina legitimada por las urnas.

La solución prevista en Oslo II es una fórmula cómoda para el laborismo israelí, que comprende la resolución de la cuestión palestina, no en función de un nuevo trazado de fronteras, sino de un reparto de atribuciones entre una autoridad palestina administrativa e Israel. Así lo expresó muy claramente el primer Ministro Rabin en la presentación del acuerdo ante el Parlamento israelí el 5 de octubre de 1995, un mes antes de morir asesinado. Refiriéndose a la futura entidad palestina indicó: "Queremos que sea una autoridad, menos que un Estado, bajo la cual los palestinos gobiernen independientemente sus vidas", para concluir que no habrá, al término del proceso de negociación, una retirada a las fronteras previas a la guerra de 1967 (la Línea Verde), es decir, una retirada completa de Gaza y Cisjordania.

Concluido el repliegue israelí de las ciudades cisjordanas, los resultados finales de la prolongada negociación sobre Hebrón, así como el contenido de dos cartas de garantías firmadas por el Secretario de Estado norteamericano Warren Christopher y dirigidas a Arafat y Netanyahu, arrojan luz sobre la evolución posterior del proceso de negociación Israel-AP y su actual estancamiento. Las mencionadas cartas hacen referencia a la continuidad del proceso y a tres nuevos repliegues israelíes a efectuar. El Ejército israelí debía realizar estos redespliegues en Cisjordania entre marzo de 1997 y agosto de 1998, según un nuevo calendario que suponía un retraso de un año en relación al establecido en Oslo II pero que mantenía la fecha final del proceso prevista en la Declaración de Washington, mayo de 1999.

La consternación interna palestina surgió tras conocerse que el acuerdo de Hebrón y las dos cartas norteamericanas no incluían el porcentaje de territorio cisjordano total que Israel debería haber desalojado al término de sus repliegues. El acuerdo de Hebrón y los documentos norteamericanos reafirmaban así el criterio central del texto de Oslo II: la extensión de cada nuevo redespliegue israelí será competencia exclusiva del Gobierno israelí, que determinará unilateralmente su amplitud y cuándo realizarlo, sin obligación alguna de negociación con la AP y ateniéndose tan solo a sus propios criterios de seguridad, reiterado argumento éste que empleará Netanyahu para justificar la paralización del proceso.

Arafat ha indicado que la AP controlará prácticamente el 90% de Cisjordania cuando se alcance el acuerdo definitivo con Israel, previsto como hemos indicado para mayo de 1999. La realidad es muy distinta a punto de finalizar 1998: la AP controla hoy el 3,5% de Cisjordania, apenas un ligero incremento desde el repliegue de Hebrón, momento a partir del cual Netanyahu ha venido insistiendo, según cuál fuera su auditorio, que el porcentaje de territorio cisjordano que los palestinos controlarán al iniciarse la negociación sobre el estatuto definitivo de los Territorios se situará entre el 10 y el 50%. A lo largo de 1998, frente a la presión de la Administración Clinton, el Gobierno Netanyahu ha rechazado un nuevo redespliegue que supusiera un 10%.

La cantonalización de Palestina

Para los críticos palestinos al proceso, el Partido Laborista israelí habría procurado durante el período de gobierno de Rabin-Peres aplicar el denominado Plan Allon sin haber hecho ninguna concesión de fondo en su negociación con la OLP y la AP. En sus sucesivas formulaciones, el Plan Allon ha sido la piedra angular de la política estratégica del laborismo israelí desde el inicio de la ocupación de Gaza y Cisjordania en 1967: garantizar el dominio de las áreas de interés estratégico (militar, económico o de expansión poblacional) de los Territorios Ocupados, aceptando una autonomía administrativa limitada para los palestinos residentes en sus núcleos urbanos cisjordanos y en Gaza, áreas de imposible anexión a Israel por su alta concentración poblacional. Con ello Israel pretende evitar el desequilibrio demográfico que supondría la incorporación de la población palestina de Gaza y Cisjordania a Israel, un Estado definido desde su fundación -hace ahora medio siglo- como de mayoría judía, como un Estado étnico. Se trata, en suma, de escindir a la población palestina de su territorio, anexionar la tierra y sus recursos sin su población.

La clave del control territorial de Cisjordania es su colonización, un proceso sostenido desde 1967 y que, violando la supuesta lógica -el espíritu- del proceso de paz, se ha acelerado desde el inicio de la negociación palestino-israelí en 1991, durante todo el período de gobierno laborista e incluso tras la firma de la Declaración de Washington. En 1993, tras los triunfos electorales de Rabin en Israel y de Clinton en EEUU, y a fin de desbloquer la concesión de nuevos fondos el nuevo Gobierno laborista suscribió con la nueva Administración demócrata el compromiso de no construir nuevos asentamientos (compromiso que no incluye Jerusalén Este, formalmente Estado de Israel), pero no de paralizar la construcción de los previamente aprobados, de finalizar la de aquéllos que estaban en marcha o de incrementar la población de colonos en los ya construidos, un proceso que se ha denominado densificación. Dos ejemplos de ello, correspondientes -es precioso insistir- al período de gobierno laborista, demuestran esta voluntad de permanencia israelí en los territorios palestinos: según datos de la Administración norteamericana, Israel invirtió en 1993 437 millones de dólares en los asentamientos de los Territorios Ocupados; solo en el año transcurrido desde el acuerdo de Washington la población de los asentamientos aumentó un 10% (el 20% en los de Gaza), e Israel confiscó 670 Km² de terrenos palestinos para ampliar las colonias y abrir nuevas carreteras entre ellas.

El mapa de Cisjordania que surge así de la puesta en marcha de la autonomía palestina coincide notoriamente con las sucesivas actualizacione del Plan Allon: un rosario desarticulado de cantones árabes, verdaderos ghettos rodeados por el Ejército de ocupación (recordemos el exacto término redespliegue), aislados entre sí por anillos y corredores de asentamientos y autopistas de alta velocidad de uso exclusivo para los israelíes, un retículo que fragmenta la geografía real de Cisjordania y frustra cualquier posibilidad de continuidad territorial sobre la cual los palestinos puedan edificar un Estado viable.

Netanyahu tiene toda la razón cuando afirma hoy que la lógica de proseguir la colonización de Gaza y Cisjordania la ha heredado de anteriores gobiernos laboristas, si bien su Gobierno sí ha autorizado la creación de nuevos asentamientos (agosto de 1996) con el objetivo de aumentar el número de colonos hasta medio millón en el año 2000 (sin contar los de Jerusalén). De hecho, existe ya un más o menos explícito consenso nacional entre el bloque Likud y el Partido Laborista sobre las condiciones no negociables y los límites efectivos de una retirada final del Ejército israelí de Cisjordania. En esta línea, el 14 de enero de 1998, el Gobierno israelí describía el marco que debería respetar el acuerdo final entre Israel y la AP en función de los "intereses vitales y nacionales de Israel": Israel mantendrá bajo su control una franja a lo largo de Línea Verde, la totalidad del valle del Jordán, el límite municipal ampliado de Jerusalén (que ya incluye el 40% de Cisjordania), los asentamientos judíos, las infraestructuras (agua, electricidad y transportes), las zonas militares y estratégicas, las carreteras y las áreas de circunvalación y los "lugares sagrados del pueblo judío". La entidad palestina resultante -llámesela como se quiera, Estado o no- estará desmilitarizada y carecerá de competencias soberanas en política exterior. En suma, conservar bajo control israelí la casi totalidad de Cisjordania, limitando las prerrogativas de la AP a las propias de una autoridad administrativa encargada de gestionar el día a día de la población árabe de Gaza y Cisjordania.

Consideración final: desarrollo y democracia

Emerge así, en una formulación meridiana, la lógica israelí subyacente en el proceso de negociación con los palestinos, una lógica que no es distinta de la que alentó el proyecto sionista para Palestina en 1947-48 o la política efectiva del Estado de Israel desde 1967 en Gaza y Cisjordania: escindir a la población de su territorio... por un método u otro. Nunca ha sido más cierto en esta región del mundo que la política -la negociación- es la continuación de la guerra por otros medios.

Los regímenes árabes implicados en el denominado proceso de paz que se inauguró en Madrid en 1991, se avinieron a negociar entonces con Israel -apresuradamente y sin garantías, por separado y sin coordinación- tan sólo para garantizar su propia supervivencia: aquí reside su mínimo margen de maniobra. En una región que, tras la Guerra del Golfo, está política y económicamente desestructurada, los dirigentes árabes apostaron su precario mantenimiento en el poder, sin legitimación popular alguna, a la carta única de la aceptación de la imposición norteamericana de normalización plena de relaciones con Israel e integración económica de la región en la economía mundial, que ha de realizarse siguiendo las recetas antisociales del Fondo Monetario Internacional. La dinámica interna en estos países (el ejemplo de ello es Jordania) es, irremediablemente, el incremento de la represión.

Este es también el caso de Palestina. La única carta que le restaba a la dirección de la OLP jugar tras emerger de la Guerra del Golfo como aliada del derrotado Iraq y con una población que sufría los efectos del derrumbe del mercado laboral interárabe y el asedio financiero a los Territorios Ocupados tras el esfuerzo titánico de la Intifada, fue negociar con Israel el legado de la resistencia palestina a cambio de ser aceptada como interlocutor, para poder así entrar en una partida de la que temía ser definitivamente excluida. Para Israel reconocer a una OLP que en 1993 ya solo aspiraba a representar a los palestinos de Gaza y Cisjordania fue una mínima concesión que, por el contrario, le reportaba grandes beneficios: con ello, primero, se legitimaba un proceso de negociación a todas luces muy provechoso y, segundo, se desbarataba -como así ha sucedido- toda oposición palestina y árabe al mismo. A partir de ese momento, aceptadas las reglas de tan desigual proceso, la OLP, antaño un movimiento de liberación nacional que representaba a la totalidad del pueblo palestino, se transmuta en una Autoridad Palestina, con competencias de nivel municipal, que ha de negociar el futuro de los palestinos del interior amparándose en unos documentos que, uno tras otro, han ido acotando paulatinamente su margen de maniobra, ya de partida muy limitado.

La lógica del proceso ha sido así implacable con el conjunto del pueblo palestino. Si para los cuatro millones de palestinos de la diáspora el proceso de negociación sencillamente les ha robado la esperanza, para los del interior, los residentes en Gaza y Cisjordania, sus supuestos beneficiarios, les ha robado su dignidad, al tiempo que ha determinado un empeoramiento aún mayor de su vida cotidiana. Tras la firma de la Declaración de Washington, el presidente del Fondo Monetario Internacional explicó públicamente que el proceso de negociación entre la OLP e Israel debía ser -literalmente- engrasado con dinero para que así fuera mejor aceptado por los palestinos de Gaza y Cisjordania. Mezquina y, finalmente, falaz consideración: si los palestinos de Gaza y Cisjordania dejaron bien claro durante los años de la Intifada cuáles eran sus objetivos nacionales, su situación tras cinco años de Oslo I es insoportable. Un informe de la Unión Europea (UE) de enero de 1998 daba cuenta de una reducción del 35% del PNB palestino, la duplicación del paro hasta alcanzar el 42% de la población activa, la reducción a un tercio de las inversiones privadas desde 1993... a pesar de la ayuda internacional. La explicación de estos datos la daba la propia UE: los habitantes de Gaza y Cisjordania viven hoy asediados por el Ejército de ocupación en la constelación de ghettos de la autonomía palestina., en ellos controlados por 36.000 policías palestinos, en una de las tasas más altas del planeta de policía por ciudadanos.