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Frente a la Ronda del Milenio, tenemos derecho
a decidir sobre nuestro futuro

El proceso de negociación que se abre en Seattle (Estados Unidos) a partir del próximo 30 de noviembre pretende acentuar los rasgos liberalizadores del sistema de comercio mundial. Con el pretencioso título de la “Ronda del Milenio” los gobiernos más poderosos del planeta en estrecha comunión con las principales industrias y transnacionales discutirán temas que afectan a nuestras vidas cotidianas sin tener en cuenta nuestros intereses y necesidades y sin haber hecho posible los mecanismos para una verdadera participación social en este proceso.

Este es un rasgo que define los procesos de mundialización. La persecución de beneficios económicos en lugar de los intereses públicos es la razón de ser de instituciones tales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y el GATT, precursor de la Organización Mundial del Comercio. En realidad si atendemos a sus efectos deberíamos decir que la mundialización se construye contra nosotras y nosotros, al menos contra más de dos tercios del planeta. La globalización se ha ofrecido como un nuevo escenario de oportunidades para todos. Pero en apenas dos décadas la retórica ha dado paso a los datos de la realidad y estos ofrecen muy pocas dudas: el mundo es cada vez más desigual y más injusto. Esta asimetría afecta tanto a la distribución de la riqueza como a la del poder.

Si en 1965 el 20 por ciento más rico del planeta tenía el 70 por ciento de la riqueza, en 1990 esta proporción alcanzaba el 83 por ciento. La Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo responsabiliza de esta desigualdad a la “liberalización de las fuerzas del mercado” y considera inevitable la situación actual a menos que se regule la economía. En el Informe de 1998 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se reconoce que al menos 100 países - todos ellos “en vías de desarrollo o en transición”- han experimentado un retroceso serio en los últimos 30 años. Los índices de pobreza en el Norte (que alberga entre el 7 y el 17% de los pobres) contrastan con los datos estadísticos sobre su renta media. Una distribución desigual expulsa cada vez más gente hacia la marginalidad. En los países del Sur más de 1.000 millones de personas se ven incapaces de satisfacer sus necesidades básicas.

También hoy en los países ricos más de 100 millones padecen una situación análoga. Por eso el impacto negativo de los procesos liberalizadores no es privativo de los países del Sur. No deberíamos entender la globalización como la manifestación exclusiva de un conflicto Norte-Sur. En el Norte su impacto se ha disfrazado de liberalización, flexibilización o modernización y ha tenido como consecuencia el aumento de la precariedad laboral y de la incertidumbre social. Se han incrementado dramáticamente la exclusión y la pobreza.

El primer mundo genera exclusión hacia dentro y hacia fuera. Se han endurecido las condiciones de entrada de ciudadanos de otros países por nuestras fronteras, mediante legislaciones represivas que normalmente se extienden a toda la sociedad y alientan directa o indirectamente el racismo y la xenofobia. La paradoja no por cruel resulta menos evidente: libre circulación de dinero y mercancías pero no de las personas, tratamiento no discriminatorio del capital pero sí de las personas.

Conviene señalar que la liberalización que se propone desde el Norte es asimétrica y no tiene en cuenta ni el diferente punto de partida de los distintos países y situación actual, ni las décadas de proteccionismo que han caracterizado la actividad económica de los países más desarrollados en sectores sensibles de su economía.
Nuestra preocupación por situar la economía al servicio de las gentes y los pueblos y no al revés está en las antípodas de las pretensiones de la Ronda del Milenio. La vida ha demostrado sobradamente que no existe correspondencia positiva entre las saneadas cuentas de las multinacionales y el bienestar de la mayoría del planeta. Sin embargo, las grandes empresas que operan a escala mundial dominan cada vez más las economías, y los gobiernos diseñan sus políticas al servicio de las mismas.

Tenemos poderosas razones para oponernos a la liberalización del comercio e inversiones mundiales y para cuestionar la legitimidad de la discusión de Seattle. Este es un aspecto fundamental del problema: la Organización Mundial del Comercio es un organismo internacional al margen de los procesos decisionales instaurados por la comunidad internacional y que dieron lugar al nacimiento de la ONU. Sin embargo, su poder sobre nuestra cotidianeidad es creciente.

Ya en la anterior ronda se tomaron decisiones que están determinando nuestras vidas. La Ronda Uruguay concedió a las empresas del Norte un mayor acceso a los mercados del Sur. Los países del Norte se beneficiaron de una mayor liberalización en los sectores en los que son más competitivos. Y pese a la constatación de los efectos negativos de estas medidas en términos globales se pretende incrementar la liberalización sin acceder a una moratoria para medir el impacto real de lo ya hecho. Queremos que pueda responderse con claridad a preguntas como las siguientes: ¿qué efecto han tenido las medidas liberalizadoras para la creación de empleo?, ¿está el medio ambiente hoy mejor protegido que ayer?, ¿ha aumentado nuestra seguridad alimentaria?, ¿han disminuido sensiblemente los niveles de pobreza? Si por los datos disponibles la respuesta a estas preguntas es claramente negativa, ¿cuál es la razón para seguir liberalizando?, ¿a quiénes beneficia este proceso?

Una nueva agenda de discusiones

La nueva Ronda incluye en su agenda revisiones de los Acuerdos sobre derechos de propiedad intelectual, comercio, agricultura y servicios.

En el ámbito agrícola las reglas de la OMC favorecen a las grandes empresas que se dedican al comercio exterior en perjuicio de los campesinos del Sur y los agricultores y ganaderos familiares de los países del Norte. La OMC impone a los Estados niveles de importación mínimos y la eliminación de las protecciones arancelarias. Al contrario de los países industrializados que lograron mantener condiciones favorables de consumo de alimentos, aunque en detrimento de la calidad de los mismos, la situación alimenticia de la mayor parte de los países del Sur está en franco deterioro: a pesar del incremento en la productividad 840 millones de personas pasan hambre; desciende la producción de alimentos destinados a la dieta básica; la dependencia externa es creciente y se orienta la expansión en el mercado internacional hacia unos determinados productos. Se deteriora la seguridad alimentaria del planeta, la producción de alimentos se sitúa bajo la órbita del beneficio económico y se pierde el papel fundamental del campesinado en la conservación de nuestro patrimonio medioambiental y cultural. La contradicción sin embargo, no debería plantearse entre “países del Norte” y “países del Sur”, sino entre dos modelos de producción y comercio: un modelo industrial controlado por las transnacionales y algunos gobiernos, y un modelo campesino sostenible, controlado por los propios campesinos y apegado al territorio.

En el terreno de los derechos sobre la propiedad intelectual (ADPIC; TRIPS en inglés), la OMC exige la obligación de utilizar sistemas de patentes como mecanismos de protección en todos los sectores tecnológicos (incluido microorganismos y procesos microbiológicos). Para las plantas y animales y sus procesos biológicos se exige un sistema de protección sui generis, pero en la práctica Estados Unidos, la Unión Europea y Japón están obligando a que sea próximo al de patentes. Estas reglas contribuyen al crecimiento de la privatización de la investigación y de sus aplicaciones comerciales y de los costes ligados a la difusión de las innovaciones, impidiendo a los ciudadanos y usuarios (campesinos, agricultores, ganaderos) el acceso, incrementando los costes por pago de royalties y expropiándoles el derecho de utilizar variedades de plantas y animales que han estado empleando desde siempre con fines alimenticios. Las mismas consecuencias se dan en los usos terapéuticos.

La apertura de las negociaciones para una mayor liberalización del sector servicios (que engloba 160 subsectores) podría traducirse en la privatización de servicios esenciales como educación, sanidad, transporte, agua o energía. Así lo promueven al menos las grandes empresas de servicios, interesadas en un sector que supone el 60% de la inversión directa extranjera mundial, y en la posibilidad de introducir a través de estas negociaciones muchos de los elementos del Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) en la OMC. Elementos conflictivos, que durante las negociaciones del AMI en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), provocaron la oposición popular ante la pretensión de convertir los intereses de las multinacionales en derecho obligatorio. Tras la derrota del AMI se pretende trasladar este ámbito a la OMC con algunas modificaciones que suavicen el rotundo rechazo producido entonces. La OMC ya tiene algunas competencias en este tema a través del acuerdo sobre las medidas de inversión ligadas al comercio (TRIMS), que limita la capacidad de los gobiernos para regular las condiciones de entrada de las compañías extranjeras.

La Ronda del Milenio pretende expandir el ámbito de competencias de la OMC a nuevas áreas como política de competencia, contratación pública, inversiones, normas laborales y ciertos temas ya regulados por otros convenios internacionales.

Por este breve resumen sobre las discusiones que tendrán lugar en Seattle transcurren nuestras vidas. Aquellas cosas que nos permiten mirar nuestro presente y nuestro futuro con algún grado de seguridad, se negociarán en la OMC sin siquiera habernos enterado. Este secretismo es la condición de su éxito y debe ser denunciado, no sólo porque la forma de las discusiones imposibilita la intervención de la ciudadanía, sino porque pasa por encima de cualquier control democrático, de cualquier posibilidad de intervenir sobre la agenda de discusión y sobre sus decisiones.

La celebración de la Ronda del Milenio, con la inclusión de nuevas áreas de negociaciones, ha sido promovida principalmente por la Unión Europea, con el apoyo, entre otros, de nuestro gobierno. En lo esencial, la presión por una mayor liberalización y desregulación del sistema de comercio e inversiones mundial, su posición hará causa común con Estados Unidos y Japón. Postura de la que nuestro gobierno es plenamente corresponsable.