¡Libre cultivo de la hoja de coca! ¡Libertad para los presos políticos! 

      
                Persecución política contra el líder magisterial Robert Huaynalaya

                

        Ante las masas. Huaynalaya lanza discurso clasista en el mitin del 11 de julio en la Plaza San Martín.  (Foto: Eddy Ramos / Mariátegui)

Venganza aprista por la última huelga de maestros que paralizó al país

Mariátegui
 10/09/07

El APRA vuelve a apretar el gatillo judicial. Esta vez para acusar de terrorismo al dirigente sutepista Robert Huaynalaya y a nueve maestros del CONARE - SUTEP. El objetivo es encarcelarlos y así evitar que las bases del más numeroso y combativo gremio del Perú vuelvan a desestabilizar al régimen con sus protestas -como lo hicieran meses atrás-, en defensa de la Escuela Pública y la estabilidad laboral.

El 18 de junio las bases rebeldes del SUTEP, agrupadas en el CONARE (Comité Nacional de Reorientación y Reconstitución Clasista), lideradas por Robert Huaynalaya iniciaron una de las más contundentes huelgas magisteriales de los últimos años, en protesta contra la aprobación de la Ley de Carrera Pública Magisterial, la Municipalización de la Educación y en defensa de la Escuela Pública.

Esta actitud combativa sirvió para prender la mecha que luego se propagaría por la mayoría de regiones del Perú, las que levantaron plataformas de lucha de diversos gremios y sindicatos, exigiendo la solución de sus demandas al gobierno aprista, que respondió con represión y violando los derechos constitucionales, pero las masas empobrecidas no se asustaron, todo lo contrario, se enfurecieron y tomaron aeropuertos, instituciones públicas, paralizaron regiones enteras, bloquearon carreteras, formaron piquetes, la policía y el ejército fueron rebasados, el Estado peruano dejó de existir por momentos.

Incluso obligaron al CEN (Comité Ejecutivo Nacional) del SUTEP a llamar a una huelga recién el 5 de julio, porque sino lo hacían temían perder legitimidad ante los maestros de provincias, que en diversos congresos y convenciones nacionales previas, dejaron en claro que darían su vida por defender los derechos laborales del profesorado. Las bases del SUTEP demostraron lo representativas y combativas que son, convirtiéndose en la columna vertebral de la batalla -hasta el momento- más contundente, que el pueblo peruano ha librado contra el gobierno neoliberal y genocida de Alan García.

El APRA como partido oligarca de discurso populista y como fuerza de choque del gran capital contra el movimiento popular, no perdona que le hagan sentirse vulnerables y menos que se le desenmascare ante el pueblo, su plan privatizador de la educación. Por eso, mediante la Procuraduría contra el Terrorismo pidió que el Poder Judicial dicte orden de detención en contra del dirigente magisterial, Robert Huaynalaya, por incumplir las reglas de conductas que se le impusieron cuando se le abrió proceso por el delito de terrorismo, presuntamente cometido durante una movilización en el año 2004 en Ayacucho.

Al dirigente del CONARE-SUTEP se le procesa también por los delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de disturbios, robo agravado, daño agravado y otros, en agravio del Estado, ocurridos en julio de 2004, en Huamanga. Según las autoridades judiciales, maestros liderados por Huaynalaya destruyeron, saquearon e incendiaron la sede del gobierno regional de Ayacucho, la municipalidad provincial de Huamanga, centrales de notificaciones de la Corte Superior de Justicia y establecimientos privados. Esta acusación también alcanza a otros nueve dirigentes del SUTEP Ayacucho. Ellos son: Íber Maraví Olarte, Yuri Revollar Huamán, Magno Ortega Quispe, Hugo Huamaní Vivanco, Juan Palacios Guzmán, Gabriel Cerna Pinto y William Ordóñez Conde. También a Daniel Robles Castro y Victoriano Escudero Velásquez. 

Al sustentar su solicitud en el hecho, el procurador Jacobo Romero aseguró que Huaynalaya salió de Ayacucho sin autorización de las autoridades judiciales de la zona donde se le procesa y porque no acude a firmar mensualmente el registro de comparecencia, como está obligatoriamente establecido.

Además el Procurador denunció que Huaynalaya habría cometido nuevos delitos durante las movilizaciones en Lima del SUTEP en julio último, las cuales se encuentran en investigación. Así mismo, Romero agregó que la Fiscalía Suprema en lo Penal deberá presentar en los próximos días su dictamen ordenando a la Fiscalía Superior de Ayacucho ratificar la acusación contra Huaynalaya.

El partido de Haya de la Torre no perdona y sus vendettas las conocemos los peruanos, porque durante su primer gobierno 1985 -1990 provocaron miles de encarcelados, muertos, desaparecidos y torturados, que han cubierto las faldas de la Cordillera de los Andes con fosas clandestinas, donde yacen los restos de campesinos, sindicalistas, estudiantes y luchadores sociales opositores a su régimen. La persecución contra Robert Huaynalaya, es un capítulo más de la guerra preventiva alanista, que pretende desarticular al movimiento popular, para evitar la maduración del estallido social que se avecina. Porque conforme el pueblo perfeccione su organización y unifique sus plataformas de lucha, este será irreversible.


 

 

 

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