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El APRA intenta extraditar a refugiado peruano en Chile
Venganza política. El
alanismo no le perdona a Víctor Paiba, que le haya recordado a García,
su deuda con la justicia peruana, por violación a los derechos humanos en 1986.
En represalia porque presentó una querella por genocidio contra Alan García
Yásser Gómez / Revista Mariátegui
21/02/07
Parece que el APRA le diera actualidad a las palabras —premonitorias de la Matanza de los Penales— que soltara, Julio Pacheco Concha, Vice Almirante de la Marina de Guerra del Perú, en mayo de 1986: "Sepan los subversivos que han herido profundamente a la Institución y al país entero y sepan también que han despertado al león...". Y que la víctima de esta nueva matanza
—esta vez judicial— será Víctor Paiba a quien el gobierno peruano, pretende extraditar de Chile
—acusándolo de terrorista—, por haberse atrevido a denunciar por delitos de lesa humanidad a Alan García. Parece que los tiempos no cambian y tampoco la vendetta aprista.
Víctor Paiba Cossíos es un peruano que llegó a Chile como refugiado político en 1992 huyendo de la tiranía fuji-montesinista y, quien desde mediados de los noventas, se ha desempeñado como docente en la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) de Santiago.
En los primeros días de julio del 2006 cuando el recién electo presidente del Perú, Alan García Pérez visitaba a la mandataria chilena, Michelle Bachelet, Paiba Cossíos en representación del Comité de Refugiados Peruanos en Chile, presentó una querella contra García Pérez, por delitos de lesa humanidad, cometidos durante su primer gobierno 1985-1990. Específicamente por la ejecución extrajudicial de más de 250 presos políticos entre el 18 y 19 de junio de 1986, en las cárceles de El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara -conocida como La Matanza de los Penales- de los que hasta hoy solamente fueron juzgados y sentenciados ocho policías, "condenados" por ejecutar a 126 presos rendidos en el penal de Lurigancho.
La titular del Segundo Juzgado del Crimen de Santiago, Romy Rutherford, acogió la denuncia, sustentado la apertura del proceso penal contra el electo presidente peruano, amparándose en el principio de que los crímenes de lesa humanidad tienen competencia internacional.
Pero como el APRA y su megalómano jefe, Alan García, no soportan que los enfrenten, ya apretaron el gatillo judicial contra Víctor Paiba y mediante sus sicarios de la Corte Suprema del
Perú, le ordenaron que solicite a su similar de Chile, el arresto preventivo con fines de extradición contra Paiba Cossíos, por delitos imputados de "terrorismo". Es decir, estamos ante una venganza y persecución política contra el refugiado peruano. Porque si fuese cierta, la impasible respuesta de "La denuncia no nos preocupa", que dio el rabioso congresista aprista, Mauricio Mulder, al corresponsal del diario
Página/12 en Lima (1), este pedido de la Corte Suprema peruana no existiría. Y si no tuvieran las manos manchadas de sangre y el alma
cínica, sólo hubiesen dejado que la denuncia continúe su trámite.
Pero, enfurecidos -como siempre- cuando les enrostran sus hurtos y crímenes contra el Estado y el pueblo peruano, respectivamente, se irritan y se les sale el búfalo que llevan dentro. Ese que, cuando no está en el poder, sólo es, matonesco y delincuencial, pero cuando se encuentran amotinados en Palacio de Gobierno, se convierten en implacables exterminadores de sus adversarios políticos.
Paiba Cossíos, también ex dirigente de la Federación Académicos del Perú, sufrió dos atentados que intentaron eliminarlo físicamente, durante el primer gobierno de Alan García.
La extradición de Víctor Paiba al Perú es legalmente imposible, porque él, no es un prófugo de la justicia como el delincuente Fujimori, sino un refugiado político, como lo explica de manera contundente el último Comunicado del Comité de Refugiados Peruanos en Chile
(2). "Su condición de refugiado, cuyo status otorgado tanto por el (ACNUR) Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el 3 de septiembre de 1992 y por el Estado Chileno mediante Resolución exenta N° 726 el 23 de marzo de 1994, no puede ser extraditado en atención al artículo 33. sobre la Prohibición de expulsión y de devolución ("refoulement") de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados que a la letra dice "Ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas".
Sin embargo, el 19 de octubre de 2006, el Ministro de la Corte Suprema, Patricio Valdés, le dictó tres medidas cautelares que fueron: 1) Fianza de 500.000 pesos, 2) Arraigo en el país 3) control de firma por mes, que, no sólo ha privado su libertad ambulatoria, sino que ha vulnerado los artículos 7, 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, llamado Pacto de San José de Costa Rica.
El refugiado peruano tuvo que recurrir a través de sus abogados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), solicitando una "medida cautelar urgente" en contra del Estado chileno a raíz de su situación procesal verificada ante la Corte Suprema de Chile. En la presentación ante la CIDH, Víctor Paiba y sus abogados manifestaron que "la arbitrariedad" de las decisiones adoptadas por el ministro Patricio Valdés "priva a la víctima de su libertad ambulatoria, dejándolo excluido de la posibilidad de interponer un habeas corpus, lo que agrava su situación".
Por eso, hacemos nuestras, las demandas del Comité de Refugiados Peruanos en Chile, que exigen se levante inmediatamente las medidas cautelares dictadas por el Ministro Valdés, la que pone en riesgo el
status de Paiba Cossíos y agrava su situación descrita. Para del mismo modo, mantenernos en alerta y seguir exigiendo a los representantes del ACNUR y del Estado Chileno, para que asuman la defensa del refugiado peruano, en cumplimiento de los tratados internacionales suscritos.
La vendetta aprista muestra su verdadero rostro, cuando tiene a su disposición todo el aparato represivo del Estado. Si ayer fueron: estudiantes universitarios, militantes de izquierda, campesinos ayacuchanos, el periodista peruano Walter Chávez en Bolivia, hoy, es el refugiado Víctor Paiba en Chile. Y, mientras la popularidad del gobierno aprista continúe bajando de manera acelerada y, los casos de corrupción sigan brotando de las instituciones estatales, la paranoia alanista aumentará y la persecución política contra los opositores será cada vez
más feroz, pero no tanto como la resistencia que se incuba en el interior del país
contra el establishment neoliberal.
Solidaridad con Víctor Paiba y el Comité de Refugiados Peruanos en Chile
Notas:
(1) Alan García será juzgado en Chile por una masacre de senderistas presos. Diario
Página/12 - 07/07/06.
(2) Por el respeto al derecho de asilo en Chile. Comunicado del Comité de Refugiados Peruanos en Chile.
El Diario Internacional. 28/01/07.
Mariátegui.
La revista de las ideas.
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