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¡Libre cultivo de la hoja de coca! ¡Libertad para los presos políticos! |
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Baldomero Cáceres Santa María /
Mariátegui Poco se
repara, habitualmente, en el origen de las cosas creadas o en nuestro software
interno, desde la lampa y el pico hasta nuestras creencias básicas.
Conocer cosas y creencias por su historia no ocupa mucho lugar en la
cultura de masas. Menos aún en un país como el nuestro, históricamente
catequístico y poco dado al empirismo que fundamenta el conocimiento
científico. El
origen de la condición actual de la hoja de coca en el mercado
internacional por eso, entre otros motivos, parece no importarle a la
Cancillería, discreto secretariado en relaciones exteriores del Señor
Presidente, especialmente por ser un tema dependiente –como sabemos
todos- de la Casa Blanca. Tampoco le interesa a DEVIDA que fundamenta su
existencia y mantenimiento en la prohibición impuesta. La
gestión necesaria para lograr la exclusión
de la coca de la lista de sustancias fiscalizadas internacionalmente,
considerada imposible o al menos “inconveniente" (1), ha
sido descartada del imaginario diplomático y político, aunque sin
fundamento y por simple burocratismo. Por principio y experiencia, confío en el efecto de la información. Y ante la opinión pública mundial, gracias a los medios de comunicación, podríamos dar cuenta del sin sentido de la actual campaña bélica que se sirve del fantasma psiquiátrico de las “adicciones" (2).Confío por ello en la respuesta del mismo pueblo de los Estados Unidos de hoy, con sus decenas de millones de usuarios de marihuana que encontrarían en el energizante andino –la coca integral- su complemento ideal. Y la depresión, esa pandemia del mundo en estos últimos tiempos, encontraría un remedio natural. Al menos si se tratara de optimizar la salud y el bienestar humano, aprovechando la fuente de la sabiduría de milenarias tradiciones excluidas de su debida estimación por el peso de una información oficial sesgada Bien planteado el problema y anunciada claramente la propuesta, sería posible denunciar entonces las convenciones vigentes en lo que tiene que ver al menos con la hoja de coca, despertando interés por la revisión del caso de la amapola y del cáñamo, con el seguro apoyo de los países productores tradicionales. Siempre he creído que –en efecto- la verdad nos hará libres. Y existe una verdad en el caso de la hoja de coca, de la marihuana y de la amapola que nadie podrá negar: sólo es la Psiquiatría y no la Medicina, la que mantiene el credo del cual se vale el sistema para fiscalizarlas y considerarlas de “uso indebido”, dando sustento a una economía criminal. Es posible que los políticos no estén atentos a la vida académica y que los académicos no se crucen frecuentemente con los políticos. Son dos mundos, regidos por distintas normas y perspectivas. El de la convicción y el de la oportunidad o conveniencia. En el mundo político, pese a tratarse de instituciones académicas, se han realizado las investigaciones que comentaremos. Pretender fijar el área de cocales por su demanda legal actual- en efecto- es aceptar políticamente la inelasticidad de la demanda fijada por las restricciones legales internacionales y nacionales vigentes, sin considerar el potencial agroindustrial de nuestro recurso y el interés regional en su aprovechamiento. Los trabajos encargados, adicionalmente, proveen recursos para el mejor control y la disminución forzada de cultivos que la campaña auspiciada por USAID auspicia. Introducción Lo que Rospigliosi aparentemente desconoce, niega o le disgusta recordar -como si no tuviera importancia alguna- es el contexto histórico reciente dentro del cual se realiza la investigación propuesta con su perspectiva reduccionista y controlista, por decir lo menos. El propósito que -en tal escenario ampliado- cumple el conjunto de informes generados por la gestión de DEVIDA, a sabiendas o no, plasma en conjunto una recortada memoria de la coca y del coqueo andino, el "chacchado" al cual con cierto disgusto misti hacen referencia los autores como término políticamente correcto. Precisar el volumen de la demanda legal, para estimar el área que debe dedicarse a su cultivo, fue el propósito inicial de DEVIDA al confiarle al INEI la encuesta de hogares sobre el uso de la hoja de coca. Como anunció J.A Lloréns desde el anexo del Resumen Ejecutivo anticipado por Fernando Rospigliosi: "la manera más confiable de lograr la determinación de la demanda "tradicional" o no industrial de la hoja de coca es"(…) "a través de la ejecución de una encuesta nacional de hogares sobre esta demanda tradicional"(5) (las negritas están añadidas) Si del recurso natural y su recuperación se hubiese tratado, el planteamiento sería descabellado, pues interesaría en ese caso investigar, antes que su empleo actual tradicional, su potencial agroindustrial, el que no fue considerado siquiera. Tampoco se tomaron en cuenta los factores que limitan su uso; desde el desprestigio del coqueo en los textos escolares, pasando por su negación en nuestros museos, hasta las campañas denigratorias de la propia DEVIDA, ni se reparó en la necesidad de aclarar finalmente el carácter benéfico o perjudicial del coqueo que sostiene el D.L 22095, de tan nefastas consecuencias. Más allá de los resultados estadísticos, agrega Rospigliosi desde la Introducción, debiéramos admitir que, secundum Lloréns, "a la llegada de los españoles la mayoría no tenía libre acceso ni gran diosponibilidad de hojas de coca para practiocar el chacchado como hábito cotidiano"(6), el que se estaría extinguiendo con el tiempo, pues los mismos "chacchadores", según los resultados de la encuesta, anticiparían tal descenso. Revalorización al margen. Tal revalorización -recordemos- fue la orientación de la propia Enaco S.A y de nuestra Cancillería, entre 1991 y 1994, cuando se formuló, con la Cancillería boliviana, la Declaración Presidencial de Ilo
(Fujimori- Sánchez de Losada, julio 1994) (8), la que pronto -es verdad- se echó al olvido, optándose por la política de "coca cero" en Bolivia y el desarrollo alternativo en el Perú. La Moción de Orden del Día Nº 785 del Congreso de la República en el 2001, reasumió la revalorización lograda y la voluntad de replantear su posición en el mercado global. Producto de tal replanteamiento son los numerosos proyectos de ley presentados en el Congreso de la
República (9). Igualmente, las ordenanzas regionales de Ayacucho, Huánuco, Cuzco y la declarada voluntad de defensa de los cocales por el Gobierno de La Libertad. Cabe mencionar que en el informe de la Comisión Especial Multipartidaria (julio, 2004), aprobado el presente año en el Congreso de la República, se plantea igualmente la necesidad de excluir a la hoja de coca de la Lista 1 de sustancias controladas por las convenciones vigentes. Más allá de las cifras del
INEI. Más allá del apoyo que el Jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática brinda a la tesis histórica esgrimida por Lloréns -en lo que espero no reclame mayor competencia- deja además dudas sobre la propia metodología empleada, pues según aduce: " se sobre-muestrearon las regiones altas y se sub-muestrearon las regiones bajas con criterios arbitrarios, ya que no se tenían instrumentos que permitieran una asignación óptima de las varianzas al interior de los hogares demandantes de hoja de coca" (sic) (13) Si la relación entre coca y altitud fue considerada como punto de apoyo, adoptándose por ello la estratificación geográfica de Pulgar Vidal, no tendría sentido alguno sobre-muestrear las regiones altas y sub-muestrear las regiones bajas. A menos que sub-muestrear la costa y en ella Lima Metropolitana y el Callao, por ser zonas bajas, permitiera reducir su uso en Lima Metropolitana a 7,275 coqueros habituales (14) y 33,513 como total de usuarios de hoja de coca, (incluyendo tradicionales y no tradicionales, con toda la clientela de los llamados "mates de coca"), cifras muy por debajo de índices anteriores, como veremos más adelante. Es indudable, en Rospigliosi, el esfuerzo de respetar, hasta donde las convenciones lo exigen, al hábito tradicional. Se manifiesta en sus palabras: " se ha llegado a aceptar recientemente que el consumo de hojas de coca no afecta la salud de los usuarios ni presenta problemas de uso excesivo o patrones de abuso de sustancias, acostumbramiento fisiológico, degradación moral, aberración conductual, etc., como sí se observa con frecuencia en el uso de drogas ilegales" (15) . Ahorra precisar las fuentes de tal reconocimiento, dándolo por sentado. Cabe preguntar al paso: si Rospigliosi no considera al coqueo dañino, nocivo, ¿qué consecuencia práctica podría sacar frente al D.L 22095 en cuyo nombre se libra la guerra a la coca, si tal política de Estado parte del fundamento prestado por la psiquiatría nacional que sostiene constituye su práctica una "toxicomanía", "uso indebido" "farmacodependencia" o "adicción"?. ¿No cabría entonces preguntarse si acaso mejora la salud, como lo ha sostenido siempre la medicina peruana desde Hipólito Unanue cuya ejemplar Disertación sobre el aspecto, cultivo, comercio y virtudes de la famosa planta del Perú nombrada Coca de Mercurio Peruano (1794) omitió considerar Lloréns en su "síntesis histórica", acatando la ignorancia de la Comisión de las Naciones Unidas que pasó por Lima en 1949 (16) ¿Cómo pensar que la síntesis histórica encargada por USAID iba a contener semejante prueba documental, contraria al propósito del asesor de la encuesta del INEI de desacreditar al coqueo "históricamente" ? (17) Acepta Rospigliosi que, pese a tal reconocimiento al menos personal de la hoja de coca como inocua, "muchos sectores de la opinión pública tiene la idea que hoja de coca y clorhidrato de cocaína son prácticamente lo mismo, o que, en todo caso, masticar hojas de coca equivale a consumir clorhidrato de cocaína" (18) . En otras palabras -añadiría yo- que la coca "es una droga", término con el cual el sistema, mediante los medios de comunicación, mantiene asustada a la gente. Toda consideración de la reserva (obligada hipocresía) sobre el uso mal visto, o vergüenza de la coca, inducida por el propio Estado mediante el D.L 22985 y sus agencias, desaparece del análisis situacional en el cual se apoya el analista que afirma se superó tal obstáculo al " adecuar el cuestionario a un enfoque NO epidemiológico, bajo técnicas antropológicas, para poder neutralizar la posible reactividad de los informantes ante la sensibilidad del tema"(sic) (19). Y ahí acaban las precisiones metodológicas. Dejando de lado todas las fundadas dudas metodológicas, podemos reconocer en cualquier caso que la información ofrecida de un millón de coqueros habituales y tres más de familiarizados con la coca (pese a los consabidos y divulgados prejuicios) puede asumirse como un dato significativo de su resistente respaldo popular. Más allá de las cifras del INEI, sin embargo Fernando Rospigliosi asume también, desde el Resumen ejecutivo mencionado y reitera en su Introducción del libro, la tesis de Lloréns según la cual : "la explosión del cultivo y chacchado de la hoja de coca tuvo lugar durante la Colonia, en el siglo XVI" (20). De ahí que opine, desbordando ampliamente los datos de la encuesta: "es más que discutible considerarlo como un símbolo de identidad nacional porque con la misma mayor razón podría considerársele un emblema de identidad colonial"(21). Tal aseveración, que nada tiene que ver con una encuesta
"fría" y "objetiva", será retomada en las conclusiones:
"Es precisamente en el siglo XVI cuando los conquistadores españoles generalizan entre los pueblos originarios el chacchado de la hoja de coca. Los intentos actuales de convertir la hoja de coca en símbolo nacional no tienen, por tanto, justificación histórica"
(22). Para obtener su cometido, Castro de la Mata abriga peregrinas y permanentes dudas sobre los testimonios arqueológicos sin proponer siquiera alternativas razonables (los rostros con un bolo en la mejilla no indican que sea necesariamente un coquero; los poporos o caleros pudieran haber sido para otros usos, las chuspas o bolsas de coca pudieran haber tenido otro destino). Es así que en la sección dedicada a "Interpretaciones y representaciones en ceramios" (Cap. II Arqueología de su Inventario) repite a cada paso sus dudas con curiosos argumentos: "hay muchas representaciones de un sujeto sentado que tiene en una mano el calabacín y en la otra el palillo, pero ningún bulto en el carrillo. Este caso, pese a todo lo que se haya afirmado, definitivamente no parece corresponder a la coca, ya que de meterse en la boca la llipta o tocra sola, lo único que va a conseguir es una quemadura de la lengua".(sic) (30) Partidario declarado de la superada creencia en la restricción del uso de la coca durante el Incanato, Castro de la Mata no ha tenido reparos en descartar el definitivo aporte de John V. Murra sobre el control vertical de pisos ecológicos que implicaba cocales, limitando el registro de ellos a su primer estudio sobre Huánuco (31) e ignorando el resto de su obra referente al tema. No contento con el maltrato de su voluntaria omisión, el doctor Castro de la Mata arguye, sin reparar en las diferencias, que el hallazgo de la administración local de cocales en Huánuco no prueba nada, pues Murra debió reparar en que "en las visitas de 1549 se encuentra amplia difusión del trigo e incluso obligaciones por parte de los indios de tributar con él al encomendero. Siguiendo su argumento esto "probaría" que hubo trigo durante el Incario". (32) La sesgada selección de información y manipulación de las citas, practicada por Lloréns con apoyo en Castro de la Mata, se extiende desde los datos arqueológicos, hasta el siglo XX. Si así realizó su ensayo, complaciente con el propósito político, tenemos motivo suficiente para desconfiar de su asesoría del INEI en la encuesta realizada. La crítica a ENACO No estaban pues orientadas, las investigaciones propuestas, a precisar las características del recurso y su potencial agroindustrial, ni a la expansión de su aprovechamiento tradicional. Tampoco debían reparar los investigadores en las trabas legales internacionales y nacionales que limitan seriamente la posibilidad de su uso industrial y su consumo. De ahí que al evaluarse el funcionamiento de la empresa no viniera al caso reparar en el pobre destino industrial dado por ENACO S.A a la coca, sobreviviendo tan sólo como un ente burocrático, ni destacar la falta de interés en cumplir a cabalidad su obligación institucional de velar por el aprovechamiento de nuestro recurso. Un proyecto de investigación cotrolista no podía -por principio- formular ninguna pregunta que explorara posibilidades otras que las estrictamente fijadas por el ordenamiento legal. No era una empresa moderna, sino una instancia de control, su costo y su eficiencia como tal, la evaluada. De ahí que los términos de referencia mismos sugieran un sistema de control alternativo basado en licencias otorgadas por ENACO y con el control de SUNAT. El ilustrativo trabajo resultante, hace un minucioso análisis crítico de ENACO como ente monopólico de su comercialización, registrando con pormenores de calidad, precios, procedencia y destino sus compras y ventas entre 1998-2004, al paso que se señalan las debilidades institucionales que frustran el cumplimiento de su función, las que quedan consignadas en las conclusiones: escasa voluntad política para controlar la informalidad; débil (o inexistente) presencia en ciertas áreas geográficas; baja calidad del capital humano y falta de iniciativa para promover cambios; altos costos operativos y administrativos; comportamientos oportunistas (corrupción); ausencia de una política de precios. La saltante diferencia entre consumo total legal (representado por la estimación de la encuesta del INEI) y el volumen manejado por ENACO, justifica la principal conclusión del informe registrada en el Resumen Ejecutivo:
"se puede argumentar que el actual sistema de control de la producción y la comercialización ha
fracasado". Es notable la variabilidad por departamento y alto consumo en regiones tanto de altura como costeras con más de 10 Kg anual per cápita, en el Callao con 15.7 Kg , dando un promedio nacional de 10.6 Kg Contrastada con la información del INEI salta a la vista el aparente decrecimiento del uso andino, dado el crecimiento de la población, puesto que el consumo legal total de coca estimado por INEI ascendería a 8,780 TM, consistentes -comentan los autores- "con la serie histórica de consumo de las fuentes mencionadas ". Para aceptar tal estimado, debiéramos aceptar un consumo promedio nacional de 5.5 Kg per cápita para chacchadores habituales y 3.15 Kg per cápita del total de coqueros, notablemente inferior s los promedios de 1959. Si se hubiese tratado de la evaluación de ENACO como empresa encargada por el Estado de aprovechar en exclusiva el recurso y promover su debido empleo, habrían tenido que reparar los investigadores en los factores externos e internos que traban su aprovechamiento nacional. Desde la estigmatización oficial del coqueo(que no cesa) hasta los absurdos requisitos que deben cumplir quienes quieran comerciar con ella. La ineficiencia de ENACO S.A se manifestaría igualmente en su incapacidad para ampliar la demanda industrial que, abusando de su posición, mantuvo cerrada durante más de una década hasta que una empresa privada reclamó el derecho de ofrecer filtrantes, llevando al fallo de Indecopi en su resolución Nº016-94-IDECOPI-CLC que debió ser confirmado, debido a la resistencia de ENACO S.A, por la resolución Nº1183-94-TSCPI. Indecopi sólo le reconoció entonces el dominio exclusivo de la comercialización, mas no de la industrialización. Y los investigadores habrían tenido que registrar al menos el caso de Kokka Royal Food and Drink S.A.C, firma que logró poner en el mercado K-drink, bebida que, debido a un llamado de atención por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) se vio conminada el presente año por DEVIDA a retirar todos los rastros de alcaloides, puesto que solo sólo serían autorizados los productos que cumplieran tal norma internacional. Se dio así fin al único ensayo de industrialización serio que, pese a las trabas de ENACO S.A, había logrado presentar un interesante artículo en el mercado. Tomando fuerza en tal limitación se ha podido repetir interesadamente que la coca no tiene gran porvenir industrial, desalentando la recuperación de nuestro gran recurso por total acatamiento de las convenciones suscritas. El único aprovechamiento industrial legal quedaría en manos de la Stepan Chemical de New Jersey que procesa el extracto descocainizado para la Coca Cola y deriva los alcaloides a compañías farmacéuticas. Es el único importador de coca autorizado en los EE.UU desde inicios del siglo XX, para cuya legitimación se redactó el artículo 27 de la Convención Única de 1961. Aunque para los fines de control no tenga importancia este aspecto de la problemática, habría sido mucho más interesante un real estudio del mercado posible, dado que -como reconoció el mismo ingeniero Nils Erickson cuando fue nombrado Presidente de Enaco S.A en el 2001, la coca: "es una verdadera fábrica de diversos compuestos bioquímicos, como alcaloides, vitaminas y otros elementos que podrían ser aprovechados con fines alimentarios, medicinales e integrales". (34) Lamentablemente, al asumir sin reservas los estimados de productividad por hectárea del Breakthrough Project 2003/20004, adoptados oficialmente, se incurre en reforzar una dogmática estimación del volumen producido, el que da consistencia al lema propagandístico de DEVIDA según el cual nueve de cada diez hojas estarían destinadas al llamado "narcotráfico". Cito: "según un estudio realizado por la oficina norteamericana Crime and Narcotic Center(CNC) en 2003 la productividad de estos valles fue de 2.09 TM/Ha frente al 1.5 TM/ reportado el año anterior. En estos valles(VRAE y Alto Huallaga) fluctuaría entre cuatro y seis cosechas al año, a diferencia de las tres cosechas que se obtienen en los valles cuya producción se destina e mayor medida al consumo tradicional". Comentan sin embargo los autores en una nota: "Este aumento se debería en parte a mejores esquemas de muestreo y análisis de hectáreas al momento de estimar la productividad" (35), sembrando dudas al menos sobre el real crecimiento de la productividad. Más terminante y sin reserva alguna es el cuadro de oferta por Departamentos que elabora FONAFE, el que reafirma las 109,936 TM que se habrían producido en 2004 en 50,300 hectáreas, determinando que "100,956 abastecieron a la industria del narcotráfico" como se sostiene en la presentación de su informe Perú: oferta de hoja de coca, Estadística básica (2001-2004), publicada igualmente en junio. Los consumidores debemos reconocer, en las investigadores de GRADE, el interés en despejar implícitas limitaciones del coqueo a sectores pobres y sin educación formal, remarcadas en los informes provenientes de los datos del INEI: "a partir de estas cifras no se puede concluir que el consumo de hojas de coca explique el bajo nivel educativo o la pobreza de esta población. Tampoco se puede argumentar que el nivel educativo y las condiciones de vida de los campesinos les lleven a utilizar la hoja de coca"(36) . Tal asociación, remarcada por los datos del INEI y destacada por Rospigliosi y Blondet quien resalta "la asociación perniciosa entre la hoja de coca, pobreza, indigenismo y ruralidad", entre sus principlaes conclusiones (37) . El comercio informal o contrabando. Ineludiblemente encuadrado en las estadísticas aceptadas por FONAFE y debidas a Naciones Unidas y CNC, de 109,935 TM de producción anual y el consumo tradicional evaluado por el INEI de 9,000 TM, cuya tercera parte comercializaría ENACO, el estudio de DESCO refuerza la gravedad de la evasión del control. Las dificultades inherentes a una investigación de lo clandestino e ilegal son puestas de manifiesto por el analista: "Esta constatación de campo (una realidad negada cuando se trata de uno mismo y se advierte un riesgo, y admitida con bastante franqueza cuando no hay riesgo al hablar o porque se trata de los otros agentes de la cadena) genera un reto al trabajo de investigación" (39). De ahí, deriva la metodología empleada El "enfoque de cadenas económicas (commodity chain) utilizado por diversos autores (Bellone, 1996)" (40) le lleva a reconocer a los agentes que operan en la cadena tradicional: productores, acopiadores, ENACO, la policía y los consumidores, recurriendo para su exploración a una "metodología de mosaico comparativa" (41) sobre la base de testimonios, observaciones y documentos varios. El resultado, en cada una de las zonas exploradas, es un variopinto cuadro de declaraciones de cultivadores, policías, comerciantes, funcionarios y ex-funcionarios de ENACO, periodistas, y otros testigos, las que vienen a corroborar la estabilidad de la informalidad y de la corrupción, así como la frecuencia de abusos policiales. La alta rentabilidad de la coca para los productores y su aprecio general, demuestran el arraigo del cultivo y las resistencias a cualquier sustitución. Los estudios de la zona sur de Cuzco, zona centro de Junín y Ayacucho y zona norte de Pasco, San Martín y La Libertad, proporcionan el material para analizar los factores que condicionan el contrabando, distinguiendo factores estructurales y de coyuntura. La débil presencia del Estado en zonas alejadas del territorio y la extendida corrupción; el tradicional burocratismo de ENACO, la mayor eficiencia del comerciante informal, entre otros, serían factores determinantes del fenómeno que permite satisfacer la demanda tradicional de hoja de coca, doblando el aporte de ENACO. Al borde del informe de inteligencia policial, el analista detalla en un anexo las rutas y métodos del contrabando, registrando que "el narcotráfico tiene poca vigencia en esa zona de Cuzco, aspecto que tanto los cocaleros como la población valoran especialmente, lo cual es inédito en el resto del país" (42), mientras que en el VRAE y Ayacucho, predominaría abiertamente la cadena del narcotráfico, al igual que en Pasco y San Martín. En La Libertad, existiría "un fuerte contrabando además de narcotráfico" (43). Entre las conclusiones se incluye un reconocimiento que no se valora suficientemente: "Cabe insistir que las cadenas del comercio informal y el narcotráfico pueden superponerse en algunos puntos a pesar que están separados debido a que tiene interés en diferentes calidades del producto y tener distintos consumidores" (44). En efecto, bien vale la pena destacar la diferencia para destacar equívocos como el de un importante diario limeño que ofreció la fotografía de un canchón donde se secaba tradicionalmente la hoja como prueba de narcotráfico, cuando tal procedimiento es para la hoja destinada al coqueo. Respecto al cómo y por qué impera el contrabando, el analista señala
"dos conjuntos o clusters de variables. Un primer conjunto de tipo coyuntural o actual, y el otro estructural o histórico"
(45). Entre los de coyuntura estaría el deterioro institucional de ENACO en su política de compra, cambios en sus recursos humanos y en su política de decomisos a la par que el incremento del comercio ilícito que ha elevado el precio se la coca. Retomando a ENACO entre los factores históricos se denuncia su rigidez y burocratismo, vale decir su ineficiencia como empresa. La demanda estable y la mayor eficiencia del comercio informal Valioso testimonio de la informalidad en el comercio de la coca, el estudio de DESCO omite el enjuiciamiento del D.L 22095 que estableció el monopolio de la comercialización por ENACO, monopolio que nunca pudo alcanzar a cubrir la demanda tradicional ni la podrá cubrir, independientemente de las circunstancias recientes que son las destacadas como si fuesen superables con un mejor control. Resumen y conclusiones de la revisión por INEI, las investigaciones de GRADE y DESCO vienen a confirmar el predominio de la informalidad y reducido alcance de ENACO, esto es el fracaso de la política cocalera del Estado La rica y útil información recogida, tanto en uno como en el otro caso, no pudo llevar sin embargo a los investigadores a otra recomendación que reforzar el control, puesto que estaban obligados a respetar los parámetros fijados. Por un lado se contaría para ello con el Padrón de productores y los registros de ENACO que permitirían distinguir a los productores activos, vale decir a quienes entregan su producción a dicha empresa; por otro lado se sostiene, de acuerdo a los términos de referencia, que SUNAT podría intervenir fiscalizando a productores y comerciantes. No se intenta una crítica del propio sistema establecido. Se señalan simplemente las deficiencias y la necesidad de reforzar el control. El proyecto de ley sobre la hoja de coca que el Ejecutivo hiciera llegar al Congreso al inicio de julio (47) vino a culminar el esfuerzo controlista dentro de los compromisos asumidos por el Perú mediante la Convención Única de 1961 y la de 1988. Al igual que las investigaciones comentadas, dicho proyecto prescinde de la revalorización lograda (de la cual hemos reseñado testimonios) y parte de las cifras de producción y consumo tradicional manejadas por todas las investigaciones comentadas. En el proyecto de ley, las 9,000 TM que se asume corresponden a la demanda tradicional pasan, de ser un estimado controvertible, a ser un tope oficial impuesto para la producción cocalera, tope que sería regulado cada cinco años. Como repite rutinariamente en sus presentaciones Fernando Rospigliosi, la coca sólo serviría para el "chacchado" y el narcotráfico. Tal parece ser el proyecto de DEVIDA y sus asesores palaciegos en un tema que atañe a la política de estado comprometida por los gobiernos anteriores. Intentando contrarrestar la revalorización de la coca lograda en los últimos 25 años, la secuencia de trabajos aludidos, desde el ya citado Inventario de la Coca de Castro de la Mata, representa la ofensiva auspiciada por USAID y asumida por DEVIDA que pretende frenar la legitimación y recuperación de nuestra producción cocalera. Es lamentable que, dejando de lado toda consideración por los intereses nacionales, instituciones como INEI, IEP, DESCO y GRADE hayan sido cooptadas por las agencias norteamericanas que mantienen la campaña contra un recurso tan significativo como es nuestra producción cocalera. Investigar el mercado potencial de la coca, comprendiendo a la cocaína en usos farmacéuticos, es una tarea pendiente. No será DEVIDA la institución que la cumpla, ni USAID la que la auspicie. Fijar mientras tanto el límite del mercado posible y con él de la producción cocalera, justificando con ello la disminución de los cultivos, es brindar un irresponsable apoyo a la campaña oficial contra nuestro recurso, desalentando la recuperación del mercado mundial. ADDENDA Cerrado y enviado el artículo anterior, fueron puestos a mi disposición dos informes más que forman parte de las investigaciones en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, solicitadas y financiadas por Development Alternative Inc (DAI), dentro del Estudio Regional Andino. Me refiero al informe del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) suscrito por Julio Cotler y Patricia Zarate sobre Aspectos institucionales del tráfico ilícito de drogas del Perú. Nivel sociopolítico.(nov, 2004) y al estudio del grupo Macroconsult , Impacto macroeconómico de la producción ilegal de hoja de coca y derivados en la economía peruana (1991 - 2003) de Elmer Cuba, Alvaro Monge y Luis Baiocchi. Uno y otro -naturalmente- dentro del político marco de referencia de las convenciones internacionales y del D.L 22095 y subsiguiente combate contra "las drogas ilícitas", sostenido como política de Estado por el mismo Acuerdo Nacional (48) . En otras palabras, en términos "políticamente correctos". Por la premura del tiempo he de limitar la revisión a sus respectivas conclusiones. Macroconsult : Crecer y reprimir. Debido a tal supuesto el crecimiento actual de nuestra economía permitiría concluir " que en términos macroeconómicos el problema podría parecer resuelto, (pero) es necesario tomar conciencia que, a nivel local social, no es así" El análisis de la situación general les permite anticipar que "La poca presencia estatal en las zonas, la pobreza, las columnas armadas y la capacidad del narcotráfico para arbitrar con los precios evidencia una combinación que podría ser letal para los intereses del país." Frente a tal posibilidad, los expertos de Macroconsult brindan las recomendaciones de su aproche macroeconómico: lograr
"la estabilidad macroeconómica y el crecimiento inclusivo", pues "tales condiciones a su vez permitirán crear un contexto de paz social y generarán los recursos necesarios para aumentar la presencia estatal en las zonas cocaleras "duras" a través de políticas sectoriales específicas
y/o potenciar las actividades en contra del narcotráfico (erradicación, interdicción). Estas últimas actividades tienen gran importancia en el corto plazo si consideramos que un endurecimiento de la política antidrogas colombiana tendría repercusiones en el nivel de cultivos en el Perú". (las negritas son nuestras) El IEP comprometido. Como resultado del análisis, emerge la imagen de un débil Estado que habría permitido el desarrollo de la producción y el trágico ilícito de drogas desde fines de los setenta, reforzando la corrupción de los organismos públicos. Se registra que entonces "el gobierno peruano se vio precisado a suscribir acuerdos de cooperación con Estados Unidos para combatir esa situación; sin embargo, las acciones que se desarrollaron fueron ineficaces".(52) Si a las condiciones generadas y el descrédito ciudadano como natural respuesta sumamos "los patéticos testimonios de los jefes de estado latinoamericanos, recogidos en el citado informe del PNUD dan cuenta de su impotencia para gobernar sus respectivos países." (53) (...) "varios países de América Latina corren el riesgo de sufrir la desintegración del orden público y de sumarse a la lista de los "failed states", con la consiguiente amenaza a la paz y la seguridad regional en el cuadro del incierto orden global; entre esos casos se destacan los países de la región andina, concretamente Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, tal como lo afirman diferentes observadores" .(54) Críticamente se señala la ambigüedad de los principales actores sociales y fuerzas políticas frente al problema del tráfico ilegal de las drogas, la que "propicia la indefinición, parálisis y/o desinterés de los principales actores políticos con respecto al tratamiento del problema de la producción y el tráfico de drogas. El resultado es que dichos actores prefieren evadir el problema-".(55) Los investigadores del IEP, rompiendo el silenciamiento de los discrepantes (lo cual se agradece), pero pecando de ensayismo al prescindir de toda referencia concreta, reconocen que "a diferencia de estos actores ambivalentes, existen otros que se oponen abiertamente a los planteamientos norteamericanos; aunque no tienen la figuración de aquellos, logran tener eco en el auditorio nacionalista y anti-norteamericano, y particularmente entre dirigentes de las organizaciones de cocaleros opuestos a las disposiciones oficiales". Tales "activistas políticos e intelectuales postulan la defensa de la producción y el consumo de la hoja de la coca -en tanto planta sagrada-, por sus cualidades curativas, rituales, al tiempo que propician la transformación e industrialización de la coca y de sus derivados en razón de sus múltiples virtudes".(56) Mientras tanto, la incapacidad de las instituciones y de los agentes oficiales ha contribuido -se señala- para que se den movilizaciones populares, acompañadas con variados grados de violencia, destinadas a que las autoridades se vean obligadas a atender las demandas sociales. En estas condiciones el gobierno "no logra hacerse de aliados -reales o virtuales - para tener la mínima autonomía para encarar los problemas del país". Se advierte que tales movilizaciones "persiguen doblegar al débil gobierno y la lucha contra las drogas del gobierno - y de paso derrotar la estrategia política norteamericana - para lo cual cuentan con variados apoyos regionales y nacionales, legales e ilegales, al tiempo que el gobierno no tiene la capacidad para organizar y movilizar potenciales aliados políticos para enfrentar las pretensiones de los cocaleros y de quienes los apoyan por diferentes motivos". (57) No se pretende ofrecer soluciones en el informe del IEP. Tampoco se cuestiona la fiscalización de la coca establecida por el D.L 22095 y mucho menos las convenciones internacionales que le cierran el mercado a los productos de coca y sustentan al llamado
"narcotráfico". No siendo un trabajo libre, pues DAI (USAID) nunca lo financiaría, es una omisión explicable, en tanto que cualquier intento de salir del marco de referencia traicionaría el objetivo de la política colonialista que sostiene la
American Embassy, utilizando ahora instancias académicas prestigiadas. (1) Tal como informó la Comisión Mutipartidaria del Congreso Nacional (julio 2004)
DEVIDA, mediante Informe Nº 002-2002-CD-AL, sostuvo que no sería conveniente pretender excluir a la hoja de coca de la Lista 1 de las Convención Única de
Estupefacientes (Nueva York, 1961) por ser "poco viable" dado que su inclusión responde a un consenso mundial. El D.S salió publicado en El Peruano cuando los marchistas habían sido devueltos a sus lugares de origen. (5) Rospigliosi, Fernando.
Chacchadores de hoja de coca, IEP, Lima, 2004, p.29 (9) Se informa de 14 proyectos, sin incluir los tardíos proyectos de la CONPACCP, presentado por la congresista Paulina Arpasi en mayo del 2005 y el de los campesinos del Monzón, presentado por Michael Martínez en julio. (12)
Matuk, Farid, en Prefacio a El consumo..., opus.cit, p.10 (17) Lloréns sostiene que
"la obra de Fuentes(1866) es la más temprana que hemos podido hallar, de la época republicana, con una referencia directa sobre los hábitos consuetudinarios de mascado en la población considerada indígena"
. Parece ignorar que la obra de Manuel A. Fuentes, publicada en París, fue en gran parte una traducción de Unanue y por ello fue denunciada como plagio por Moreno y Maíz (1876). El mismo Castro de la Mata, citado de Lloréns, lo reconoce en su
Inventario de la Coca. (30) Ver: Castro de la Mata Inventario..., p. 23 (34) Declaraciones para Agronoticias, 28 de abril del 2001 (35) Glave y Rosemberg, cit.supra, p.14 (38) Durand, Francisco, El comercio informal de coca para uso tradicional, DESCOP, Lima, 2004 p.4
(39) Durand, Francisco , cit.supra, p.8 (41) Durand, Francisco, cit.supra, p.11 (42) Durand, Francisco, cit.supra, p.83 (43) Duramd, Francisco, cit.supra, p.85 (44) Durand, Francisco, cit.supra, p.85 (45) Durand, Fracisco, cit.supra, p.74 (46) Durand, Francisco, cit.supra, p.79 (47) Of. Bº 063-2005-PR del 5 de julio. (48) En el acuerdo 27, los dirigentes políticos y sociales , propusieron incluso la penalización de los usuarios de sustancias prohibidas, calificados como
"farmacodependientes". (50) Todas las citas anteriores, extraídas de las conclusiones aparecen en la p.53. (56) Cotler, Julio, cit.supra, p.17 (57) Cotler, Julio. cit.supra, `p.44 Cáceres, Baldomero 1990 / Historia, prejuicios y versión psiquiátrica del coqueo andino, Perú Indígena 28 Inst. Indigenista Peruano, Lima. 2003 / Psiquiatría y "prohibición de las drogas", Socialismo y Participación, Cedep, Lima. Castro de la Mata, Ramiro. 1982 / La Coca en la obra de Guamán Poma de Ayala, Boletín del Inst. Riva-Agüero 1977- 1981, Lima. 2003 / Inventario de la Coca, Cedro-Academia Nacional de Historia, Lima. Cotler, Julio y Patricia Zárate 2004
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Mariátegui. La revista de las ideas.
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