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Bolivia: Acuerdo del gobierno de Evo Morales y la derecha
Se modificó la nueva Constitución
Miguel Lamas / Izquierda Socialista - Mariátegui
03/11/08
Una gran movilización de 200.000 personas, convocada por el MAS, la CSUTCB (Central Campesina), la Fejuve (Juntas Vecinales) de El Alto, la COB (Central Obrera Boliviana) llegó hasta la Plaza Murillo de La Paz para exigir la aprobación por el Congreso de la convocatoria a referéndum confirmatorio de la nueva Constitución. El Congreso lo aprobó por dos tercios de sus miembros (es decir con acuerdo de la derecha). Los manifestantes festejaron. Pero la nueva Constitución fue modificada por el Congreso en 105 artículos, incluyendo el aspecto clave de la reforma agraria.
Recordemos que durante septiembre hubo un intento de golpe de Estado, un asalto a los edificios públicos nacionales y de organizaciones sociales en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, violentas agresiones en todas esos Departamentos a campesinos, indígenas, militantes del MAS (el partido de gobierno, dirigido por Evo Morales) y de movimientos sociales, y una masacre de campesinos, con 20 muertos y más de 100 heridos, en Pando. Evo Morales ordenó la expulsión del embajador yanqui, Phillip Goldberg, por complicidad con los golpistas y, en virtud de las potestades que le confiere la declaración del estado de sitio en Pando, ordenó la detención del prefecto de Pando Leopoldo Fernández, responsable principal de la masacre de indígenas.
El intento golpista terminó en un fracaso y con Santa Cruz bloqueada por decenas de miles de campesinos. Una gigantesca movilización nacional campesina, obrera y popular, se aprestaba a aplastar a los fascistas que se escondían aterrorizados en sus madrigueras de Santa Cruz. Sólo la intervención directa de Evo Morales, presionado por los gobiernos sudamericanos de UNASUR, convenció a los campesinos de que no ingresaran en la ciudad de Santa Cruz para castigar a los fascistas que habían atacado sus organizaciones.
Una de las banderas principales del intento golpista era oponerse a la nueva CPE (Constitución Política del Estado) a la que consideraban totalmente ilegítima.
Los gobiernos de UNASUR, encabezados por Lula, en vez de dar su apoyo al gobierno legítimo para aplastar la sublevación, presionaron fuertemente para que se lograra un acuerdo entre el gobierno y la derecha.
A cambio del levantamiento del cerco campesino a Santa Cruz y la impunidad para los prefectos y jefes "cívicos" golpistas (excepto para el asesino de Pando), la derecha accedió a negociar con el gobierno un acuerdo para convocar al referéndum de la nueva CPE. Pero con trampa, modificándola en los puntos "irritativos" para la derecha. Básicamente reforma agraria, autonomías departamentales y autonomías indígenas. Es decir que ahora el referéndum será sobre una CPE totalmente modificada, que no es la que votó la Constituyente.
La nueva CPE
Fue aprobada después de un año y medio de deliberaciones de la Asamblea Constituyente, en diciembre del 2007 por 165 diputados constituyentes sobre un total de 255. La derecha la desconoce argumentando que no logró las dos terceras partes de los diputados y que sus últimas sesiones fueron en Oruro, fuera de su sede legal que era Sucre.
La Constituyente tuvo que irse de Sucre porque los constituyentes del MAS y especialmente los de origen indígena, eran atacados por estudiantes fascistas que llegaron a cercar al edificio adonde se reunían.
La nueva Constitución que defiende la propiedad privada empresaria e incluso multinacional. Es decir, es una Constitución claramente capitalista. Así lo han denunciado sectores de la COB y de izquierda.
Sin embargo, la presión activa del movimiento campesino e indígena logró que se aprobaran varios puntos positivos, fundamentalmente: nacionalización de la propiedad de hidrocarburos y aguas; autonomías indígenas, con derecho a su idioma, cultura, escuela y dictar justicia; declara la reforma agraria y fin del latifundio que tenga más de 10000 ó 5000 hectáreas (una u otra variante se votará en el propio referéndum constitucional), con indemnización a los propietarios a los que les quiten las tierras. Es decir, una reforma agraria bastante limitada, pero que igualmente significaría la posibilidad del acceso a la tierra para grandes sectores campesinos.
Según el Movimiento Sin Tierra (MST) existen 65 millones de tierras cultivables en el país, de las cuales 40 millones se encuentran en manos de los terratenientes. Otros 10 millones corresponden a las tierras "protegidas", a las que también acceden los poderosos para la extracción de madera, gas y minerales. Y en manos de los pueblos indígenas y comunidades campesinas se encuentran tan sólo 15 millones de hectáreas de baja calidad para cultivar. El dirigente de la central campesina (CSUTCB), Isaac Ávalos, denunció que el ex presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Zvonko Matkovic, posee 1.3 millones de hectáreas de tierra (www.constituyentesoberana.org)
Pese a este carácter procapitalista, la inclusión de los puntos positivos antes citados, provocó la rabiosa denuncia de la derecha, encabezada por los terratenientes, banqueros y socios de las multinacionales, de que era una Constitución "comunista". El gobierno y el MAS, por su parte, dijeron que esta nueva CPE era "refundacional" de Bolivia.
¡El Congreso modificó 105 artículos!
En un casi increíble pacto sellado a espaldas del pueblo Boliviano, el Congreso, con acuerdo del MAS y la derecha, modificó partes sustanciales de la nueva CPE.
Lo más publicitado fue el acuerdo según el cual Evo Morales no se presentará a la reelección en el año 2014. Pero este cambio no es lo más trascendente de las 105 modificaciones a la CPE. No se ha difundido aún cuales son en su detalle. Pero sí fue informado públicamente de la modificación de uno de los artículos clave, el 398 que regula justamente el tema de los latifundios.
"De manera escueta y sin ofrecer detalles, el ministro de Desarrollo Rural Carlos Romero informó el domingo que el oficialismo habría accedido a modificar el artículo 398 del proyecto de Constitución Política del Estado (CPE), el cual establece la superficie máxima de la propiedad de la tierra. El pueblo votará en un referéndum si el límite es cinco mil o 10 mil hectáreas. El oficialismo y la oposición habrían acordado que el artículo 398 se aplique sólo en los procesos de saneamiento de tierra pendientes. Esto significa que tampoco se aplicarían con retroactividad mecanismos para recortar tierra excedente como la reversión por incumplimiento de la función económico social (FES) y la expropiación por necesidad pública. El diputado de Unidad Nacional (UN) Alejandro Colanzi destacó la gran "flexibilidad de parte del MAS en sentido de que la ley no es retroactiva, sino que preserva y garantiza las propiedades en producción". Además, el legislador opositor pidió al MAS que tampoco sean retroactivas disposiciones sobre recursos forestales contempladas en la nueva CPE" (www.bolpress.com).
Es decir que la gran mayoría de los latifundios cuyos títulos están "saneados" por las dictaduras y gobiernos neoliberales, de los cuales los propios latifundistas fueron integrantes y beneficiarios, no serían tocados. Esta modificación tira abajo la aspiración a hacer una verdadera reforma agraria que entregue tierras a los millones de campesinos sin tierra. La alegría del diputado Colanzi así lo confirma.
También se ha reformado el capítulo de autonomías en dos sentidos claves. Por un lado dando amplias facultades autonómicas a los Departamentos (aunque menores a los del estatuto prácticamente independentista de Santa Cruz) y recorta las autonomías indígenas aun no se sabe cuanto.
Estos cambios se hicieron a espaldas del pueblo. La CPE, fue discutida un año y medio, fue producto de un intenso debate que había recorrido especialmente las organizaciones campesinas que llevaron sus propios proyectos constitucionales.
El presidente del Congreso, Álvaro García Linera, presentó al plenario Legislativo el proyecto de: "Ley Interpretativa de la Constitución Política del Estado para habilitar al Honorable Congreso Nacional y que se realice ajustes al proyecto de la nueva Constitución Política del Estado".
El abogado constitucionalista Franklin Gutiérrez señaló que "el Congreso…usurpó las funciones de la Asamblea Constituyente… el pueblo boliviano, que delegó su representatividad en la Constituyente, fue burlado por los miembros del Parlamento y por la agrupación de Poder Democrático y Social (Podemos)… Hay que ver que el Legislativo es el poder constituido y no puede realizar cambios referidos al Poder Constituyente" (www.constituyentesoberana.org)
"Este es un texto sustancialmente mejorado", aseveró el vicepresidente de la República, Álvaro García Linera. Reconociendo, de paso, que hubo un cambios "sustancial", pasando por encima de la voluntad popular. Y esta "sustancial mejora" que defiende el vicepresidente García Linera vino nada menos que de las exigencias de los partidos Podemos, el MNR y Unidad Nacional, es decir de los partidos de los golpistas, de los latifundistas, de los proimperialistas.
Nuevo escenario político
En las condiciones en que se produjo, modificando sustancialmente y eliminando los principales aspectos positivos de la nueva CPE, la convocatoria al referéndum para enero del 2009 para aprobar la nueva Constitución no es, de ninguna forma, un triunfo popular.
Por el contrario, el pacto crea una difícil situación de confusión política para el pueblo obrero y campesino.
El intento golpista unificó y movilizó al pueblo trabajador, obrero y campesino, y galvanizó una inmensa solidaridad internacional, para aplastar a los golpistas.
Ahora, el pacto muestra que el sector más fuerte de la derecha abandonó por ahora su plan golpista. ¡Pero sólo porque fue derrotado por la movilización popular! Pero, también porque puede imponer gran parte de sus objetivos por medio de este pacto. En una mutación de velocidad vertiginosa los mismos que hace dos semanas tenían un discurso agresivo, racista y golpista, ahora hablan como supuestos "demócratas" y hasta elogian la "flexibilidad" del MAS.
Los prefectos derechistas no solo no son castigados por su intento golpista, sino que consolidan su poder en Tarija, Beni, Santa Cruz y Chuquisaca. E incluso van por más y comienzan a exigir la liberación del genocida ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández.
Sin embargo, el torrente de las enormes fuerzas sociales que abrieron un proceso revolucionario en Bolivia echando del poder a los presidentes neoliberales, sigue existiendo y buscará otro cauce para exigir los cambios. El programa revolucionario que fue escrito con sangre popular, y se convirtió en un poderoso ejemplo para los trabajadores, obreros y campesinos latinoamericanos, no será olvidado por las masas: la "agenda de octubre", la expulsión de las multinacionales (y no sólo de su embajador), la nacionalización 100% de hidrocarburos, el fin del latifundio, quitándoles las tierras sin indemnización a los oligarcas ladrones de tierras y entregándolas a los campesinos, un aumento sustancial de salarios a los trabajadores y una jubilación digna garantizada por el estado, el castigo a los fascistas y genocidas, abrir la perspectiva de un gobierno unificado de las organizaciones obreras y campesinas sin capitalistas.
Se impone luchar por castigar a los fascistas y disolver sus bandas armadas, para recuperar plenamente los derechos populares en los Departamentos de Santa Cruz, Tarija y
Beni. Estas medidas, económicas y políticas, quebrarían la base social del fascismo y la derecha en Santa Cruz, Beni, Pando, Chuquisaca y Tarija. Lo dejaría reducido a su núcleo de millonarios oligarcas y marginales a sueldo. Y, lo que es más importante, permitiría cumplir con las aspiraciones populares de terminar con la desocupación y la miseria.
Pero, lamentablemente, el gobierno de Evo Morales con este pacto hace todo lo contrario, abandonando incluso varias de las reformas limitadas que había defendido. Actúa así preso de su concepción política de que se debe mantener el capitalismo y sus instituciones, incluso mantener en Bolivia a las multinacionales. En ese marco intenta reformas que beneficien al pueblo y gobernó sin seguir las órdenes de los imperialistas. Pero día a día se muestra que es imposible esta coexistencia con la burguesía en el poder, sin abandonar las demandas populares como sucedió, lamentablemente, con el cambio en la CPE.
Por eso muchos dirigentes y organizaciones obreras y populares se han pronunciado contra este pacto. Es fundamental que las organizaciones sociales y políticas obreras, campesinas y populares, que rechazan el pacto y exigen la agenda de octubre, presenten una alternativa política unificada, capaz de encabezar la movilización para imponerla.
* mlamas@izquierdasocialista.org.ar
Mariátegui.
La revista de las ideas.
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