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Amazonía peruana: Organizaciones Indígenas: logros y desafíos
En momentos en que se acaba de renovar la junta directiva de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) entregamos un oportuno ensayo sobre los logros y desafíos de las organizaciones indígenas de la amazonia peruana. El documento ha sido escrito por los especialistas Alberto Chirif y Pedro García y forma parte de un nuevo número de la revista Asuntos Indígenas que edita el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA).
Alberto Chirif - Pedro García / Mariátegui
06/01/09
Las organizaciones locales
La organización es un asunto sine qua non para la existencia de cualquier sociedad, y ya en el pasado histórico ha habido en la Amazonía movimientos muy articulados para enfrentar a los invasores. De hecho, todas las rebeliones indígenas que registra la historia, desde las más complejas, como la de Juan Santos Atahualpa, a mediados del siglo XVIII, hasta otras más sencillas y efímeras, han implicado una madurez organizativa en términos de concepción, estrategia, tácticas y responsabilidades de los congregados, con miras a la consecución de sus fines. Sin embargo, las organizaciones de los pueblos indígenas tal como hoy las conocemos, es decir, como estructuras permanentes que tienen por objetivo central la defensa de los derechos de sus representados, es relativamente reciente.
En el caso del Perú, las referencias más antiguas sobre un tipo de organización que podríamos llamar moderna, en el sentido que, en menor o mayor grado, está montada sobre estructuras que no son propias de las sociedades indígenas, nos la da Casanto, un comunero ashaninka del Perené que publicó un artículo sobre el tema (Casanto 1986). Él indica que, en 1959, en Tsotanni (río Perené), se reunieron cerca de 120 delegados indígenas para discutir el tema de sus tierras, ocupadas por entonces por la Peruvian Corporation, empresa británica que había recibido del Estado, a fines de del siglo XIX, 500.000 hectáreas; y también por colonos andinos, inmigrantes espontáneos que se habían asentado allí en gran número, especialmente desde comienzos del siglo XX. Así nació la Asociación de Nativos Campas del Perené, que hizo acuerdos con el comité de colonizadores, en una alianza estratégica para enfrentar al enemigo mayor: la mencionada empresa. No sabemos cuál fue el destino de esas iniciativas, ni tenemos información sobre hasta qué medida consiguieron sus propósitos, sin embargo las semillas que allí se sembraron volverían a brotar a fines de la década de 1970, como veremos más adelante.
Desde aquel tiempo hasta el nacimiento de organizaciones como las que hoy conocemos no pasaron muchos años. A raíz de un trabajo, realizado durante el último tercio de la década de 1960, por un antropólogo de los Estados Unidos con comunidades del pueblo Yanesha (por entonces conocido como Amuesha), se creó, en 1969, el Congreso Amuesha, que en 1981 se convirtió en la Federación de Comunidades Nativas Yanesha (FECONAYA), que sigue funcionando hasta hoy.
La década de 1970 fue fructífera en la aparición de organizaciones indígenas que, grosso modo, responden al mismo patrón general: unas bases organizadas a partir de las comunidades nativas (la figura legal a la que el ordenamiento reconoce personería jurídica), cuyos representantes constituyen la asamblea general como máxima autoridad, que, además de definir sus estatutos, elige a una directiva para regir durante periodos que varían entre dos y cuatro años. Esta directiva está encabezada por un presidente, que a veces recibe el nombre de alguna autoridad tradicional (cornesha, entre los Yanesha, pinkatsari, entre los ashaninka y apu, entre los pueblos de habla quechua y algunos otros), y un número variable de secretarios, quienes asumen la responsabilidad de temas específicos (territorio, educación, salud, economía, mujer y otros).
El nacimiento del Congreso Amuesha no sólo coincide sino que está relación con dos hechos importante. Uno de ellos es el inicio del interés de la antropología en los pueblos indígenas amazónicos, que inaugura el antropólogo Stefano Varese con sus trabajos sobre los "campas" (nombre que entonces recibían los asheninka) del Gran Pajonal. En efecto, su libro La Sal de los Cerros, publicado por primera vez en 1968, abrió un campo nuevo no sólo de estudios antropológicos, sino de compromiso con los pueblos indígenas, cuyos derechos y dignidad humana estaban conculcados.
El otro es la llegada al poder del general Juan Velasco Alvarado, que, a través de un golpe de Estado, instauró un régimen que impulsó cambios sustanciales que buscaron superar las brechas existentes en la sociedad peruana, caracterizada por un minoría que detentaba el poder y una inmensa mayoría, gran parte de ella compuesta por indígenas, ubicada en el otro extremo de la escala: pobre, humillada y abrumada por la injusticia. En este marco los pueblos indígenas de a Amazonía aparecieron por primera vez como preocupación del Estado y sujetos de derechos que debían ser definidos e impulsado su cumplimiento. Fue precisamente Varese quien comenzó a trabajar estos temas dentro de ese gobierno y que planteó la primera propuesta legal para ellos, que finalmente se aprobó en junio de 1974 como Ley de Comunidades Nativas y de Promoción Agropecuaria de las Regiones de Selva y Cejas de Selva".
El proceso de elaboración y consulta de la ley generó espacios de reflexión con las organizaciones, donde existían, o con delegados de comunidades en talleres y otros eventos. En ellos, a través del SINAMOS (Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social), institución creada por el gobierno para apoyar organizaciones populares con las cuales relacionarse de manera directa, se impulsó la formación de algunas federaciones indígenas. No obstante, la mayoría de los intentos en este sentido no pasaron de ser experiencias fallidas, por haber surgido más por imposición externa que como iniciativas propias. Aun así, el caldo de cultivo promovido por ese gobierno fue propicio para el surgimiento de nuevas organizaciones.
Al Congreso Amuesha le siguieron diversos intentos organizativos. En el río Napo, en la zona norte de la región amazónica peruana, a mediados de la década de 1970, se constituyó la Organización Kichwaruna Wangurina (ORKIWAN), inicialmente con 26 bases que hoy sobrepasan las 40. En ese caso fue importante el aliento organizativo comunicado por un misionero franciscano de Canadá. Esta experiencia sirvió de modelo para el surgimiento de otras organizaciones en esa parte del país.
En la zona del alto Marañón, habitada por los pueblos Awajun (Aguaruna) y Wampis (Huambisa) un programa de colonización militar había arrinconado a gran parte de la población indígena, que a consecuencia de ese proceso y de la instalación de escuelas, se fue paulatinamente concentrando en asentamientos permanentes, que luego se conocerían como comunidades, gran parte de ellos ubicados a orillas de los ríos navegables. El proceso de abandono de las zonas interfluviales continuaría en los años subsiguientes, dando lugar a un incremento de la densidad demográfica de las zonas ribereñas.
Una cooperativa organizada y manejada por los misioneros jesuitas para tratar de encauzar las relaciones comerciales de las comunidades con el mercado, encendió las críticas de una parte de la población indígena, que optó por formar, en 1972, una organización propia, la Central del Cenepa, que sería el primer embrión del que nacería, en 1977, el Consejo Aguaruna Huambisa (CAH). En este proceso fue importante el apoyo de un grupo multidisciplinario de jóvenes profesionales españoles que trabajó, principalmente, con las comunidades del río Cenepa. El CAH en su tiempo fue una de las organizaciones más fuertes, por el número de sus comunidades (unas 80), por su ámbito de influencia, que abarcaba las cinco cuencas de la zona (Marañón, Santiago, Nieva, Cenepa y Chiriyacu) y por su fortaleza al reclamar los derechos de sus bases y promover actos que tuvieron gran resonancia en la prensa mundial, como la expulsión de su territorio del cineasta alemán Werner Herzog.
En la selva central, especialmente en el valle del río Perené, como hemos mencionado antes, habían habido intentos organizativos desde la década de 1950, teniendo siempre en miras el tema de las tierras, que sin duda es el motivo central de todas las organizaciones indígenas y, en el caso del Perené, también el de la producción agrícola, dado que los asentamientos indígenas de esa zona ya estaban en ese tiempo inmersos en la economía de mercado. Como resultado de esos procesos, en 1976 surgió la Federación de Comunidades Nativas del Perené (FECONAPE), que un año más tarde cambió de nombre por el de Central de Comunidades Nativas de Producción y Comercialización Agropecuaria del Perené (CCNAPCAPE).
En esta parte de la Amazonía hubo también varios intentos organizativos promovidos desde SINAMOS, pero que no llegaron a madurar, como el Congreso Campa y otros. No obstante, recogiendo energías de su propia experiencia de 30 años atrás, así como del proceso puesto en marcha por la ley de 1974, surgió, en 1978, la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central (CECONSEC), que inicialmente abarcaba la zona de Satipo y las cuencas del Perené y Pichis, aunque más adelante esta última se desmembraría para formar su propia organización.
La caracterización como "central" de esta organización respondía al hecho de que la zona de asentamiento de sus bases estaba fuertemente influenciada por los cultivos comerciales y la economía de mercado, dado que ella había sido objeto de colonización desde la segunda mitad del siglo XIX. Esto había originado dos cosas: la drástica reducción de los espacios territoriales de los indígenas, limitados a "islas" comunales (asentamientos locales) y la disminución de los recursos naturales que habían constituido la base de sustentación de la economía indígena: peces, fauna y bosque.
Esta federación y otras de la selva central y también algunas de otras zonas respondían a esta realidad de fragmentación, aislamiento y deterioro del medio ambiente. También el diseño de la ley respondió a este diagnóstico, ya que quienes la elaboraron no conocían entonces la situación de pueblos indígenas de zonas más alejadas, como los de la selva baja, libres del proceso de colonización, que vivían en un medio ambiente aún sano y que requerían de un recurso tan importante como el agua (cochas, quebradas, grandes ríos, tipishcas, aguajales) para el desarrollo de su propia economía.
En el mismo tiempo surgieron otras dos organizaciones de las consideradas pioneras. Una es la Federación de Comunidades Nativas del Ucayali (FECONAU), como maduración de varios intentos anteriores (FECONASH, ORDESH). Sus bases inicialmente eran unas 120 comunidades shipibas, cacataibo y cocamas. La otra es Ijumbau Chapi Shiwag, que agrupó comunidades de los pueblos Awajun, Shapra y Chayahuita, en la actual provincia de Datem del Marañón, aunque más adelante estos dos últimos formarían sus propias organizaciones.
En las décadas posteriores han aparecido nuevas organizaciones, hasta llegar a un total hoy en día de alrededor de 60. No es la finalidad de este trabajo hacer un recuento de ellas, sino de señalar cómo fue el inicio de las primeras y relatar cómo ellas dieron origen a niveles más complejos de organización.
La coordinadora nacional
Como hemos visto, durante la segunda mitad de la década de 1970 existían ya varias organizaciones indígenas articuladas por cuencas. Estos actores, además de sus relaciones con los nacientes organismos del Estado, como SINAMOS, tomaron contactos con otros grupos de actores nacionales y extranjeros. Uno de ellos estaba compuesto por un conjunto de personas independientes, de diversas profesiones, que trabajaban en la región con pueblos indígenas. Otro estaba integrado por estudiantes de antropología de dos universidades (Católica y San Marcos), que habían declarado su interés de trabajar con pueblos indígenas y realizaban trabajos de campo en distintas zonas. El tercero estaba constituido por algunas agencias extranjeras que comenzaban a financiar actividades puntuales de las nacientes organizaciones.
A partir de 1975, el Estado había comenzado a dar marcha atrás en sus reformas favorables al movimiento popular y, de hecho, en 1978, la "ley de comunidades nativas" fue modificada para permitir el acceso del gran capital a los bosques nacionales, así como la concentración de tierras para dedicarlas a la agroindustria.
En este marco general, se creó, en 1976, un grupo de coordinación que inicialmente reunió a profesionales (tanto los independientes como los que trabajaban en el Estado), a estudiantes y a coordinadores de las agencias. A sus encuentros se integrarían poco a poco representantes de las recién creadas organizaciones indígenas que, a su vez, comenzaron a estrechar relaciones cuando cayeron en cuenta que muchos de sus problemas eran comunes. Con esta finalidad, acordaron reunirse periódicamente en la ciudad de Lima, lugar al cual de todas maneras debían acudir cada cierto tiempo para plantear reclamos o gestionar trámites, sometiéndose, como todos, a las condiciones centralistas del país.
En 1978, poco tiempo después de haberse formalizado esos encuentros mixtos, los representantes indígenas expresaron su voluntad de continuarlos pero sin la presencia de profesionales, estudiantes ni agencias. Sin duda, se trataba de un acto de deslinde de campos y de afirmación de autonomía. En este contexto se creó la Coordinadora de Comunidades Nativas de la Selva Peruana (COCONASEP), que pocos años más tarde cambió su nombre por el de Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). En 1985 adquirió personería jurídica como asociación civil sin fines de lucro, ya que no existe hasta hoy en la legislación peruana ninguna figura jurídica para reconocer organizaciones indígenas.
A partir de 1989, AIDESEP se descentralizó creando oficinas regionales en San Lorenzo, Iquitos, Pucallpa, y Satipo que, juntamente con otras dos sedes creadas posteriormente en Madre de Dios y Bagua (nororiente), se formalizarían con personería jurídica propia y un mayor margen de autonomía respecto a la sede central.
AIDESEP ha mantenido su presencia en toda la Amazonía durante todos estos años y ha recibido el reconocimiento general de las comunidades y del resto del movimiento organizativo popular. No obstante, la coyuntura favorable que supuso la celebración del V centenario de la invasión de América, que propició en el resto de los países andinos un muy auspicioso encuentro entre las organizaciones de los pueblos indígenas amazónicos y andinos, en Perú no se plasmó en el fortalecimiento de esta confluencia de cosmovisiones en razón del conflicto armado impulsado por el MRTA y Sendero Luminoso que afectó de manera muy severa a la población indígena de la Amazonía que perdió muchas vidas en defensa de sus territorios, su libertad y su independencia.
Logros
En una reseña como la presente es difícil resumir cerca de 30 años de vida institucional de AIDESEP, sus éxitos y altibajos. El primer logro de su trabajo es el haber levantado, desde una perspectiva propia y autónoma, una plataforma muy completa y desarrollada en que se plasman las principales reivindicaciones indígenas. Durante las primeras décadas del siglo XX el tema indígena había sido manejado por instituciones indigenistas vinculadas a los Andes, pero nunca directamente por los propios indígenas. A partir de la ley de Reforma Agraria dada durante el gobierno del general Velasco Alvarado, los términos 'indígena' e 'indio' fueron proscritos del lenguaje oficial, por considerarse que ellos eran racistas y discriminadores, cuando en realidad la carga negativa estaba dada por su uso, pero no por su etimología.
A la recuperación del término como seña de identidad y a la construcción de esa plataforma de reivindicaciones propias, ciertamente ha contribuido el movimiento indígena global, con el cual AIDESEP se ha vinculado desde su inicio y ha sido una de las organizaciones más activos para su expansión. La creación de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) es un logro de AIDESEP, entre otras organizaciones nacionales de los países que la fundaron.
En el mismo sentido, la vigencia de AIDESEP ha tenido también repercusiones en el mundo de los indígenas andinos en el Perú, quienes después de haberse ocultado durante décadas detrás de la etiqueta de 'campesinos', han reasumido su identidad, la que les proporciona la energía aglutinadora para enfrentar nuevos problemas, en especial, los estragos causados por la minería sobre sus tierras y economía, y las medidas legales y de políticas que hoy tratan de desaparecer a las comunidades.
En el terreno de la afirmación de los derechos de los pueblos indígenas, el proceso más notorio impulsado por AIDESEP ha sido sin duda la consolidación territorial. Mediante convenios con el Ministerio de Agricultura, la organización ha conseguido la legalización de las tierras indígenas en diversas zonas de la Amazonía, principalmente como tierras comunales, pero también como reservas comunales y reservas territoriales, estas últimas para contemplar el caso de los pueblos indígenas en aislamiento. Durante muchos años y traspasando el periodo de diversos gobiernos peruanos, AIDESEP, con el apoyo financiero complementario de diversas entidades promotoras de los derechos indígenas en el mundo, y muy especialmente de IWGIA, ha logrado coordinar con el Estado peruano la titulación de importantes áreas territoriales a favor de comunidades indígenas, en un proceso que aún no está culminado.
Precisamente fue IWGIA, con recursos gestionados ante el Gobierno de Dinamarca (DANIDA), la institución que apoyó uno de los procesos de los que AIDESEP se siente más orgullosa. Por la magnitud del problema, la cantidad de población y comunidades involucradas y por el significado que tuvo más allá de la titulación, es importante mencionar el proceso impulsado por esa organización, entre 1989 y 1993, para rescatar a cientos de indígenas esclavizados por patrones madereros y dueños de fundos ganaderos en la zona conocida como alto Ucayali, que abarca el curso alto de este río y el bajo de sus formantes (Tambo y Urubamba).
Este proceso sacó a la luz la manera cómo esos patrones obligaban a familias indígenas a trabajar sin paga, sometiéndolas a vejámenes de todo tipo. En efecto, las personas no sólo no eran pagadas por su trabajo, sino que vivían en barracas insalubres y sufrían castigos físicos en caso que incumpliesen órdenes o intentaran fugarse. Con frecuencia, estos castigos han causado la invalidez o la muerte de los indígenas. (Ver AIDESEP 1991a, 1991b y 1991c, y García et al 1998.). Como resultados notables de este trabajo, se liberó a familias enteras, las comunidades fueron tituladas y se articularon en una organización regional que, pocos años más tarde, en las elecciones municipales, ganó la alcaldía de Atalaya, la capital de la provincia.
En el campo de las propuestas de educación intercultural bilingüe, AIDESEP, en convenio con el Ministerio de Educación, impulsa, desde hace 20 años, un programa de formación de maestros bilingües que trabaja con varios pueblos indígenas de la región. Su centro más importante sigue siendo Iquitos, pero en los últimos años se ha descentralizado para atender a pueblos indígenas del Alto Marañón y de la selva central.
También en el área de la Salud AIDESEP participa, junto con la Oficina General de Epidemiología del Ministerio de Salud, en la elaboración de los Análisis de Salud Integral de Pueblos Indígenas (ASIS) que marcan (o debieran marcar) las pautas de colaboración entre el Estado y las organizaciones indígenas para el diseño de los programas de salud en las diversas regiones.
AIDESEP, así como otras organizaciones independientes pero fraternas (como la que mantiene el pueblo Achuar de Loreto), da mucha atención a los procesos relacionados con los grandes impactos de las industrias extractivas, principalmente la petrolera y la minera, y al control de las normas orientadas para propiciar la mercantilización de las tierras de propiedad colectiva como consecuencia de la implementación de tratados de comercio que buscan la liberación de grandes extensiones de tierras para ofertarlas a los inversores agroindustriales.
Es importante destacar que, en los últimos años, organizaciones ubicadas en antiguas áreas de extracción petrolera han podido obligar a las empresas a poner en marcha mecanismos de cuidado ambiental y de la salud humana que el Estado había pasado por alto durante décadas.
Crisis y problemas
Como toda organización antigua, AIDESEP ha tenido sus altibajos históricos. Organizada sobre la base de impulsos muy apremiantes y con discursos elaborados mediante una aproximación muy cercana a las necesidades de sus representados, hoy debe responder a cuestiones nacionales y a interlocutores externos que obligan a desarrollar un lenguaje y a tratar temáticas distanciadas de los requerimientos de la vida cotidiana de sus bases.
En efecto, el significativo avance de los discursos teóricos en el nivel más alto no siempre concuerda con las condiciones reales en que se debaten los problemas comunales, donde la gente debe enfrentar problemas cotidianos con diversos actores económicos y sus discursos de "desarrollo". Una veces son madereros que captan la solidaridad de parte de la población mediante pagos y pequeñas dádivas; otras, agentes del Estado que ofrecen pequeñas sumas de dinero de programas asistenciales, como "Juntos" o "Crecer", a condición de que se acepten sus propuestas, por ejemplo, la parcelación de tierras colectivas; otras, por último, son relacionistas comunitarios de empresas petroleras que buscan dividir la unidad de las comunidades a cambio de donaciones.
El acelerado crecimiento de la organización ha hecho que ésta asuma nuevos ámbitos y responsabilidades sin haber afirmado debidamente sus propios cimientos. Esto hace que el avance de los procesos no descanse sobre bases sólidas y que se perciban con frecuencia discrepancias entre las reivindicaciones de los niveles central, regional y, sobre todo, local. El debilitamiento de las relaciones entre los dirigentes de los diversos niveles organizativos y de éstos con sus bases es uno de los mayores retos que afronta hoy el movimiento indígena peruano. Sin embargo, un hecho como el reciente levantamiento nacional contra las medidas dictadas por el gobierno del Sr. Alan García para implementar el TLC revela que la unidad, la convocatoria y la disciplina organizativa subsisten y reaparecen en los casos en que se percibe la gravedad de las agresiones.
Como consecuencia del distanciamiento entre los diferentes niveles organizativos, en muchos casos la visión institucional se ha burocratizado. Las energías y capacidades de respuesta demostradas en el pasado por dirigentes y equipos de apoyo en los momentos de mayor tensión a causa del dramatismo de los desafíos, han cedido paso muchas veces a actitudes blandas y lentas que supeditan el enfrentamiento de los problemas a la existencia de un proyecto que financie actividades para solucionarlos. La responsabilidad no es exclusiva de la organización, sino compartida con algunas agencias internacionales que con poca información sobre las condiciones reales de la organización y la viabilidad y utilidad de sus propuestas, financian proyectos que parecerían más destinados al cumplimiento de sus propias metas de colocación anual de fondos que a apoyar procesos de consolidación organizativa.
Como parte de la inserción de los pueblos indígenas en el sistema nacional, éstos no sólo han adoptado estrategias económicas propias del mercado, que con frecuencia alteran sus propias estructuras sociales y de intercambio, sino también han incorporado pautas de comportamiento que responden a modelos de la sociedad criolla. Uno de ellos es el caudillismo, que ha originado enfrentamientos entre dirigentes en actividad o de los nuevos con los salientes, con su secuela de tensiones y gasto de energía que frenan la construcción de concepciones políticas del movimiento en el largo plazo.
Al igual que el caudillismo, otra actitud aprendida del mundo criollo es la corrupción que ha originado ya algunas serias crisis como efecto del uso ilícito de los recursos institucionales en diferentes niveles de la organización. Las propias características de una organización multiétnica hacen que los mecanismos de control de estos comportamientos estén rodeados de circunspección, ya que muchas veces las acusaciones pueden ser tomadas como afrentas por el pueblo al que pertenece el representante. Sea por ésta u otra causa no existen procedimientos adecuados para, por un lado, frenar dichas irregularidades y, por otro, sancionar a los responsables. La falta de un órgano de control para la aplicación de los estatutos determina también en este caso que personas comprometidas en estos actos postulen y puedan ocupar cargos directivos.
Una debilidad más reciente de la organización, pero que ha sido revertida sorpresivamente con el último levantamiento contra los decretos legislativos dados por el presidente Alan García, ha sido la falta de respuesta oportuna frente a la gravedad de muchos de los actuales problemas. En los últimos 15 años, aproximadamente, las agresiones contra los pueblos indígenas han crecido en número e intensidad. Las políticas destinadas a poner a disposición del capital transnacional los recursos de la Amazonía se han multiplicado, al igual que las normas orientadas a debilitar los derechos de los pueblos indígenas. Esta tendencia comenzó durante los primeros años del gobierno del presidente Alberto Fujimori y se han desatado con inusual furia en el último año, con el actual gobierno. El presidente Alan García ha resumido su política respecto al tema de los recursos naturales del país, el desarrollo y los derechos de los pueblos indígenas en tres artículos publicados en diarios de circulación nacional, bajo títulos que son variaciones del refrán español del perro del hortelano que, según reza, no come ni deja comer.
Según él, las tierras y demás recursos en manos de comunidades indígenas y campesinas del país entero, y también las parcelas de los colonos andinos que han ocupado extensas zonas al este de los Andes, están mal usadas o desaprovechadas por falta de tecnología, afán de superación y visión empresarial de la gente. Son recursos que la gente no aprovecha, pero que tampoco deja que otros lo hagan. La solución para el gobierno es despejar esas áreas y reconcentrar las tierras en manos de empresarios con capital y tecnología, para que las hagan producir y generen empleo y riqueza, de la cual podrán gozar sus antiguos propietarios, los indígenas y campesinos, que se convertirán en la mano de obra de sus antiguos dominios. Además, la venta de sus tierras les proporcionará supuestamente el capital con el que podrán convertirse en pequeños empresarios.
Nunca antes se había visto en la escena nacional un grado de agresión tan desaforado contra indígenas, campesinos y colonos, y sobre todo, hecho de manera tan artera. Así, leyes que hace poco habían sido rechazadas por gobiernos regionales, organizaciones de base y, algunas, por las propias comisiones legislativas del Congreso, han sido aprobadas distribuyendo su contenido en innumerables decretos legislativos aprobados por el Ejecutivo, valiéndose de facultades especiales que le otorgó el Parlamento para promulgar normas que faciliten el Tratado de Libre Comercio entre Perú y los Estados Unidos. Bajo este paraguas, el gobierno ha aprobado de todo: leyes que anulan el proceso de consulta en caso de comunidades donde se han entregado contratos de explotación minera, una nueva ley forestal que permite la privatización de los bosques y normas que rebajan los requisitos para la parcelación de comunidades indígenas y la venta de sus tierras a terceros, entre otras muchas, que suman 99.
Frente a la gravedad de éstos y otros hechos, que afectan de manera determinante a los pueblos indígenas, la respuesta de AIDESEP ha sido lenta en los últimos años hasta el pasado 9 de Agosto, cuando se puso a la cabeza de una enérgica protesta indígena de alcance nacional que ha originado una convulsión política de gran envergadura.
Es cierto que la perpetua criminalización de los derechos indígenas (a pesar de que Perú haya incorporado a su legislación el Convenio 169 y firmado la Declaración de Naciones Unidas) hace muy difícil introducir el pensamiento alternativo de la población indígena en el seno de una sociedad nacional empobrecida pero bombardeada por el discurso liberal. La débil (y en muchos casos xenófoba) acogida del discurso indígena en los sectores medios urbanos de la sociedad nacional puede explicar en cierta medida la lentitud de las reacciones.
Y aquí es donde aparece otra de las grandes dificultades de la organización indígena amazónica del Perú: su aislamiento y poca habilidad para armar alianzas con el resto del movimiento popular. La singular explosión de solidaridad de los gremios de trabajadores y campesinos durante el último levantamiento encabezado por AIDESEP, demuestra que tiene abiertas las puertas para organizar alianzas efectivas que le permitan acelerar y fortalecer su capacidad de respuesta frente a los acontecimientos nacionales que les agreden, cerrando filas con el resto del movimiento popular, también violentado por las políticas del gobierno.
Otras organizaciones
No puede hablarse del movimiento indígena amazónico en el Perú sin mencionarse que también existen otras organizaciones, aunque con fines diferentes a los de AIDESEP, según sus propias declaraciones.
La Confederación de Nacionalidades de la Amazonía Peruana (CONAP) nació en 1987, es decir, pocos años después de AIDESEP y, de hecho, como una primera escisión de la organización nacional. El Congreso Amuesha era una de las federaciones que había impulsado la estructura organizativa nacional y que había estado en el momento de su fundación. La politización del debate indígena en su seno por algunos actores externos se expresó incluso en críticas de tipo lingüístico, como la de que un "congreso" no era una organización sino una "reunión" transitoria de personas. Con esto se atacó a los líderes de entonces del Congreso Amuesha, que terminó siendo disuelto para, en su lugar, conformarse, en 1981, la Federación de Comunidades Nativas Yanesha (FECONAYA). Los pasos siguientes fueron afiliar la federación a la CGTP, alejarse de AIDESEP y afirmarse en el lenguaje clasista. Indígenas y colonos, decían los nuevos dirigentes, eran parte de la clase explotada, y como tales tenían que buscar soluciones sin enfrentarse. Ambos necesitaban tierras y no cabían las disputas entre ellos. En una zona fuertemente colonizada desde la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo por inmigrantes de comunidades indígenas andinas, y donde a consecuencia del proceso, los indígenas amazónicos habían quedado con reducidas extensiones de tierras, era previsible que el discurso animara más a los colonos que ocupaban las comunidades, sea como invasores o por haberse integrado a ellas, especialmente mediante matrimonios con mujeres indígenas, que a los propios yaneshas. En aquel momento AIDESEP reivindicaba derechos de los pueblos indígenas, y si para lograrlos había que enfrentarse a los colonos, no estaba dispuesta a cambiar de actitud por ningún discurso político.
En la escena nacional de ese tiempo había además otros actores que jugaron un papel importante en la ruptura de esta base con AIDESEP y en la radicalización de su propuesta, hasta el punto de llegar a impulsar otra central nacional paralela. Eran algunas ONG que comenzaban a trabajar en la Amazonía. Como el discurso de AIDESEP era fuertemente crítico contra instituciones de ese tipo, a las que entonces calificaba de intermediarias de la voz de los indígenas, y rechazaba su actuación señalando que los indígenas tenían el derecho y la capacidad de trabajar para sí mismos, el campo de las ONG se fue cerrando. El debate trascendió hasta las agencias internacionales que, con la idea de no agravar los problemas, condicionaron su apoyo a dichas ONG al requisito de que coordinaran con las organizaciones su actuación, lo que no siempre fue posible ni querido por las organizaciones indígenas.
Especialmente una de esas instituciones excluidas, asumió el protagonismo de la disidencia y, recogiendo el discurso clasista de FECONAYA, comenzó a criticar a AIDESEP, a la que acusó de desarrollista. La mejor prueba que aportaron estaba en el propio nombre de la organización: Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonía Peruana. Sin embargo, y aunque ciertamente su nombre puede que no sea el mejor para una organización indígena, lo cierto es que fue un nombre buscado por los propios dirigentes y que posiblemente revelaba el estado de la cuestión en ese momento. En cualquier caso, y a pesar del nombre, lo que menos ha hecho AIDESEP a lo largo de su vida institucional es "desarrollismo", como se lo ha señalado permanentemente el Estado y la propia CONAP, y ha centrado su acción en la defensa de los derechos de sus afiliados.
La creación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Peruana (CONAP) se produjo finalmente en mayo de 1987. Su propuesta central era que la organización debía cumplir el rol de representar políticamente a sus bases y no asumir, como lo hacía AIDESEP, programas y proyectos para titular comunidades, formar capacidades en los campos de la educación y la salud y cuestiones de este tipo, que deberían quedar en manos de las instituciones de apoyo. A contracorriente de AIDESEP y del movimiento indígena mundial, que centra sus planteamientos en la reivindicación territorial y en la lucha por la autodeterminación, CONAP declaró desde el comienzo que la tierra no era un derecho exclusivo de los indígenas, sino también de los colonos, y que la autodeterminación indígena era un absurdo que escondía afanes separatistas. (Ver sobre el tema Chirif 1991.)
En los escasos documentos en los que CONAP expresa sus planteamientos como organización, la reivindicación territorial nunca aparece. Más aun, en la práctica, las comunidades de una de sus bases más sólidas y antiguas, asentadas en el alto Mayo, han alquilado sus tierras a colonos, en una zona donde la producción de arroz tiene altos rendimientos, a consecuencia de haber sido mecanizada y contar con infraestructura de riego. Es evidente que la permanencia prolongada de arrendatarios que han invertido en maquinaria e infraestructura va a consolidar en la práctica derechos de propiedad privada que ahora, además, empiezan a ser impulsados por la legislación vigente.
El lenguaje clasista ha desaparecido de CONAP. Lo que mantiene inalterable es su desinterés por tomar con seriedad los derechos de los pueblos indígenas. Hoy, la mejor manera de definir su programa es señalar que éste consiste en hacer todo lo contrario que plantee AIDESEP. Esto se demuestra actualmente en la posición de las partes con relación al mayor problema que enfrentan los pueblos indígenas: la explotación de hidrocarburos por sus efectos contaminantes del medio ambiente y de la salud de la gente. Mientras AIDESEP y sus bases se oponen a esta actividad que destruye los territorios indígenas y debilita las bases sociales de la economía y la organización de los pueblos, CONAP y sus afiliados se han constituido como bastiones de apoyo para que el Estado y las empresas desarrollen sus actividades. En los últimos años han asumido la tarea de demostrar en foros nacionales e internacionales las ventajas de contar con empresas petroleras o mineras dentro de las tierras tituladas como una de las más interesantes formas de beneficiarse los comuneros indígenas.
En lo peor de la crisis entre el Estado y las empresas, y la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes (FECONACO), que defendía a sus bases que denunciaban el deterioro de sus territorios y la contaminación de la gente con metales pesados, el ahora ex presidente de CONAP, que se había mantenido en el cargo durante 15 años, clamaba en apoyo de la actividad petrolera, afirmando que ésta producía riqueza y bienestar a las comunidades. Mientras comuneros de los pueblos Awajun y Wampis, a comienzo de este año, rechazaban la incursión de una compañía petrolera en su territorio, con la cual el Estado, violando el derecho de consulta, había suscrito contrato, dirigentes de CONAP defendían a la empresa e insultaban a la gente, argumentando que su oposición era producto de su ignorancia y de falta de espíritu de progreso. Mientras todos estos rechazos se producían, ese ex presidente, convertido ahora en asesor de CONAP, anunciaba en Washington, en una reunión con empresas petroleras, que los indígenas amazónicos las esperaban con los brazos abiertos.
La utilidad de esta organización a los intereses empresariales y estatales es tan manifiesta que tras el feroz discurso del Sr. Alan García contra AIDESEP en la fecha en la que se debía debatir por el Congreso la derogatoria del Decreto Legislativo que proponía, porcentajes de más o de menos, la libre venta de las tierras indígenas, aparecieron dirigentes de CONAP y su ex asesor, defendiendo esa libertad y acusando a AIDESEP (cuyas bases se enfrentaban a contingentes de policías con autorización para utilizar armas) de estar manipulando a los indígenas y, a su vez, de estar sometida a ONG.
En estos años han surgidos varias organizaciones nuevas que apoyan la actividad petrolera y, de ser necesario, otras políticas oficiales. Todas ellas están financiadas por las propias empresas, aunque no nos queda claro si todas se cobijan bajo el paraguas de CONAP. Creemos incluso que no, y que muchas de ellas son creaciones independientes de las propias empresas, que con el poder de sus recursos financieros y de personal, han considerado que pueden realizar su trabajo de manera independiente. En este caso, entonces, podemos decir que son las empresas las centrales de dichas bases.
El análisis del papel que juegan las empresas en este proceso es una tarea necesaria que está pendiente y que permitirá completar el cuadro de polución biológica con el de la contaminación moral que ellas promueven mediante la compra de dirigencias y la promoción de organizaciones paralelas que secunden sus discursos.
Hacia el futuro
La historia del movimiento indígena y de la organización de pueblos indígenas liderada por AIDESEP, como lo hemos dicho en otra ocasión, nos impide ser pesimistas. El balance entre logros y crisis sigue siendo favorable. La energía y capacidad de lucha de los pueblos indígenas se renuevan y en cada ocasión ofrecen nuevas muestras de lo que hay debajo de sus aparentes debilidades. La gesta de los Achuares del Corriente, que logró su clímax a fines de 2006, pasará a la historia por su decisión de haber puesto, ante los ojos del Perú y del mundo entero, el dramatismo de su situación y su fortaleza para enfrentar los problemas. Y también perdurará por logros que van más allá de sus propias fronteras, al haber conseguido que se apruebe una ley que obliga a las empresas petroleras a reinyectar al subsuelo las aguas de formación en los nuevos contratos. Adicionalmente su lucha logró que en las áreas de su propio territorio, donde los contratos de extracción petrolera tienen décadas de vigencia, también se reinyecten esas aguas, con lo cual ha creado un precedente válido para todo el país.
En el momento mismo que escribimos estas reflexiones, varias zonas de la Amazonía peruana son escenario de protestas organizadas lideradas por organizaciones indígenas que, en líneas generales, demandan dos cosas: la derogatoria de las normas que anulan los derechos de los pueblos indígenas y buscan la disolución de las comunidades y la parcelación y venta de sus tierras; y la anulación de los contratos petroleros que afectan sus territorios, todos ellos suscritos por el Estado sin respetar el derecho de consulta previa e informada contemplada en diversos documentos internacionales, de los cuales Perú es firmante.
Los problemas que se avecinan demandarán gran esfuerzo y compromiso de dirigentes y bases para enfrentar las amenazas con equilibrio y perseverancia, y la corrupción que promueven, a través de diversas estrategias, los grandes poderes.
Bibliografía
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[1986] "25 años de experiencia organizativa en la sociedad Ashaninka del Perené". En Balances Amazónicos Jürg Gasche y José María Arroyo (eds.). CNRS, CIAP-UNAP, MAB. Iquitos.
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1991 Comentario al artículo "El retorno del indio", de Xavier Albó. En Revista Andina, Nº 2, Año 9. pp. 353-3657.
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1998 Liberación y derechos territoriales en Ucayali - Perú. IWGIA. Copenhague.
Mariátegui.
La revista de las ideas.
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