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Más allá de Seattle: la lucha contra la OMC

por Belén Balanyá (Ecologistas en Acción, Movimiento AntiMaastricht)

La reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Seattle, en la que se pretendía decidir el contenido de la próxima ronda de negociaciones comerciales multilaterales, la llamada Ronda del Milenio, acabó sin una mera declaración de intenciones además de hacer correr ríos de tinta. La resistencia de los países periféricos a ampliar el ámbito de competencias de la OMC, a firmar acuerdos que benefician principalmente a las multinacionales del Norte y a aceptar procesos de negociación de los que eran excluidos, junto con las protestas de miles de manifestantes en las calles de Seattle, han conseguido cuestionar ante la opinión pública la legitimidad de dicha institución. Pero Seattle ha sido sólo la primera batalla, las negociaciones se retoman en Ginebra en enero del 2000, y es crucial que los movimientos sociales sigan su lucha con más fuerza que nunca. 

Uno de los éxitos de Seattle ha sido el poner en el ojo público a la OMC, de la que hace apenas dos semanas la gran mayoría ignoraba incluso su existencia. Esta gran desconocida, que ve ahora cuestionada su legitimidad, nació en enero de 1995, y está dotada de poderes sobre cuestiones que afectan a miles de millones de personas. Con 135 miembros, la OMC, basada en la defensa del libre comercio, tiene un mandato mucho más extenso que su predecesor, el GATT, e incluye cualquier norma o práctica (como regulaciones ambientales y laborales) que se considera restrinja de algún modo el libre intercambio de bienes y servicios.

Las masivas protestas en las calles de Seattle, acompañadas de modo simultáneo (aunque sin cobertura mediática), por muchas otras manifestaciones en los sitios más dispares del mundo, han tenido otra importante función, apoyar la rebelión dentro de la OMC. A pesar de su pretendida naturaleza democrática debido a la toma de decisiones por consenso, los procesos de negociación en la OMC (y anteriormente en el GATT), han estado siempre dominados por los bloques más poderosos, el llamado Quad, que incluye a Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y Canadá. Los países periféricos, por su escasez de recursos humanos y financieros y sobre todo por las presiones bilaterales de los miembros más fuertes, han aceptado hasta ahora acuerdos que van en contra de sus intereses. Estos países llevan mucho tiempo denunciando la naturaleza antidemocrática de las negociaciones, en especial la llamada técnica de las “green rooms” (salas verdes)[i]: Estados Unidos y la Unión Europea llegan a un acuerdo, y se lo “venden” a un grupo limitado de países, a los que el director general de la OMC invita a reunirse en privado, y a continuación dicho trato se impone al resto de los países, que no han tomado parte en las negociaciones. Seattle ha sido la primera vez en la historia en que  los países periféricos han dicho basta; y han confirmado en varias declaraciones que parte de la fuerza para resistir la han encontrado en las continuas protestas en las calles de Seattle, que les han hecho ver que los gobiernos de los países del Norte no cuentan con el apoyo de sus habitantes.

Un factor menos importante para el fracaso del lanzamiento de la Ronda del Milenio, aunque el más destacado por los medios de comunicación, ha sido el desacuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea. Desacuerdo que por si solo no habría significado el fracaso de las negociaciones, ya que en lo esencial, la mayor liberalización en los sectores en los que sus grandes multinacionales son más competitivas, estaban plenamente de acuerdo. Sin embargo, atendiendo a cómo los medios de comunicación convencionales han cubierto aquí el tema, la Unión Europea ha llevado a cabo un gran ejercicio de relaciones públicas. Pascal Lamy, Comisario europeo de comercio, ha llegado a decir que “los manifestantes piden exactamente lo mismo que la UE”, lo que es un insulto no sólo para las miles de personas que se reunieron en Seattle, sino también para los muchos miles más en todo el mundo que no acudieron allí y sin embargo llevan mucho tiempo confrontando a los negociadores con sus críticas a la agenda mundial de libre comercio basadas en un análisis serio, argumentado y documentado. La Unión Europea sigue callando el hecho de que su principal interlocutor para fijar su agenda no han sido ellos, “los manifestantes”, sino las grandes multinacionales europeas.

La participación directa de los grandes grupos de presión empresariales en el diseño de las políticas internacionales de comercio e inversiones de la Unión Europea no es algo nuevo, aunque en su campaña por la Ronda del Milenio la Comisión haya refrescado estos vínculos, estimulando la creación de redes empresariales que le indiquen las prioridades por las debía luchar en Seattle. Un claro ejemplo es la Red de Inversiones (Investment Network, NI), formada por unas 50 multinacionales entre las que se incluyen Fiat, ICI, Daimler-Benz, British Petroleum o Rhône-Poulenc, creada para identificar las prioridades de la industria europea para un acuerdo de inversiones dentro de la OMC.

Lo mismo ocurre en el sector servicios, muy codiciado por la industria ya que representa el 60% de los flujos de inversión directa extranjera mundial, con la creación a instancias de la Comisión Europea de la Red Europea de Servicios (European Services Network, ESN), también formada por las grandes empresas europeas del ramo, y de la que se espera juegue un papel muy activo en las negociaciones para una mayor liberalización del sector. Sir Leon Brittan, anterior comisario europeo de comercio, fue muy franco en la primera reunión de la red: “Sois la fuerza motora del sistema de consultas que hemos creado; mi puerta está abierta para cualquier tema que os preocupe.”

Pascal Lamy, sucesor de Brittan, ha demostrado estar a la altura de su predecesor, y así lo demostró en la primera oportunidad. Durante la reunión anual del Diálogo Comercial Transatlántico (TABD, Transatlantic Business Dialogue) que tuvo lugar en Berlín los días 29 y 30 de Octubre, Lamy se dirigió a los más de 100 líderes empresariales que participan en esta estructura, creada en 1995 por el gobierno de Estados Unidos y la Comisión Europea con la misión de identificar los obstáculos al comercio y elaborar posiciones comunes en la OMC. Lamy les aseguró que “la nueva Comisión os va apoyar tanto como la anterior”, y prometió que “haremos lo que tengamos que hacer, y será más fácil si vosotros establecéis las prioridades”. También les animó a colaborar en el esfuerzo para convencer a la opinión pública de las ventajas de la globalización: “creo que la industria tiene que hablar, y argumentar que la liberalización del comercio, como la globalización en general, es buena para nuestra gente.”

Son al fin esas prioridades, determinadas por los mayores beneficiarios, las que fijaron la agenda de la UE, no las reivindicaciones de los movimientos sociales. Aun así la Unión Europea se ha marcado un tanto al lograr que durante la cumbre de Seattle la información se centrara en un aspecto parcial de su agenda: agricultura, y las “concesiones” de dotar a los países menos “desarrollados” de un libre acceso de sus exportaciones al Norte y de incluir en la OMC los derechos laborales y medioambientales. Pero la Comisión había propuesto también, entre otras cosas, la iniciación de negociaciones sobre acuerdos de inversiones, contratación pública y política de competencia. Presenta estas normas como algo necesario para la obtención de un `campo de juego nivelado´. Pero la realidad es que la competencia igualitaria entre multinacionales gigantes y pequeños productores locales en los países del Sur conducirá a la extinción masiva de los últimos, con la consecuente agravación de la crisis social.

Bajo el lenguaje de un acuerdo de inversiones “favorable al desarrollo” el objetivo primordial de la Comisión es lograr normas vinculantes sobre inversiones que `encierren´ la desregulación que ha tenido lugar durante los últimos años y comprometan a los gobiernos a desmontar gradualmente los obstáculos que queden que `discriminen´ a las multinacionales. En su esencia es algo tan peligroso como lo que pretendía ser el Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) de la OCDE que tantas ampollas levantó, y podría convertir en normas internacionales las controvertidas medidas que a menudo impone el Fondo Monetario Internacional por medio de sus Programas de Ajustes Estructurales. 

El objetivo de un acuerdo sobre política de competencia no es limitar la concentración empresarial a escala mundial. Por el contrario, como explica Martin Khor, director de la Red del Tercer Mundo, la UE confía en desmantelar los obstáculos que encuentran las empresas del Norte en los `mercados emergentes´ , como por ejemplo las políticas que dan derechos de importación o distribución a las empresas locales.

Respecto al tema de la contratación pública, la UE confía en prevenir que los gobiernos del Sur den preferencia a ciudadanos o empresas locales a la hora de optar a contratos con el sector público (como la construcción o equipamiento de hospitales, escuelas, infraestructura, etc.). Traer la contratación pública bajo el régimen de la OMC con su principio de ´tratamiento nacional´ significaría que las empresas extranjeras deben disfrutar las mismas (o mejores) oportunidades para lograr los contratos que las locales. En la mayoría de los países periféricos, en los que el estado es el principal agente económico, la contratación pública es uno de los pocos modos de guiar el desarrollo económico al permitir que se desarrolle la industria local.

La Unión Europea era consciente mucho antes de Seattle de la oposición a sus pretensiones por parte de numerosos grupos y movimientos sociales que representan a sectores diversos de la sociedad. Tras el fracaso de las negociaciones del AMI, la Comisión afirmó haber aprendido la lección e inició un proceso de acercamiento a la `sociedad civil´. Pero un documento filtrado reveló el proceso paralelo y cualitativamente distinto que sostenía con las grandes empresas, y confirmó a la mayoría de los grupos que no pasaba  de ser un montaje para embaucarlos y así legitimar su postura. Sin embargo la Comisión no ha cejado en su intento de seducir a sus críticos, incluso se ha apropiado del concepto de multifuncionalidad de la agricultura pretendiendo que promueve una agricultura sostenible y de calidad cuando fomenta un modelo de producción que favorece una vez más a las grandes explotaciones, principales beneficiarias de sus ayudas, a la par que deteriora la calidad de los alimentos.

De nuevo un documento filtrado, el “Documento de Trabajo Común” de 29 de Noviembre, sacó a la luz que la zanahoria “verde” con la que tentaba a parte de la oposición ecologista, el respeto al principio de precaución y las medidas de protección ambiental, eran poco más que palabras huecas. A pesar de la buena imagen que le hayan podido crear estas intenciones declaradas, el documento revelaba que a la hora de negociar, la Unión Europea estaba dispuesta a `renunciar´ a estos temas (cediendo incluso a la presión de Estados Unidos para crear un grupo de biotecnología en la OMC que haría más fácil la entrada a los mercados europeos de los productos modificados genéticamente), a los que califica de `suaves´, y  centrarse en sus verdaderos objetivos, los puramente económicos: las nuevas áreas propuestas que garantizarían el mayor acceso posible a los mercados mundiales de sus grandes multinacionales.

El presentar como razón de las protestas llevadas a cabo en Seattle la inclusión de temas ambientales y sociales en la agenda ha sido también un ejercicio de relaciones públicas llevado a cabo con maestría. Bien sabían la Comisión Europea, y los gobiernos de los estados miembros, que no era este el objetivo de la mayoría de los oponentes a la Ronda del Milenio, sino el rechazo absoluto a la OMC, y cuando menos a la expansión de su ámbito de competencias y a una mayor liberalización en cualquiera de las áreas a negociar. Tampoco tras el fracaso de la cumbre ha habido un reconocimiento de estos hechos, por el contrario, la batería de las relaciones públicas no ha hecho más que empezar.

 De cara a la galería no cabe duda que van a explotar las “soluciones” reformistas con el fin de restañar la credibilidad de la OMC, y ya hemos podido escuchar numerosas declaraciones de intenciones de hacer de ella un foro más democrático, que de cabida tanto a las opiniones de los países más desfavorecidos como a la “sociedad civil”. Pero de puertas a dentro empieza ahora la batalla real. El cacareado fracaso de las negociaciones no es tal, ya que aunque de momento se ha bloqueado la entrada de nuevas áreas en las mismas (tales como inversiones, contratación pública o política de competencia), en enero darán comienzo en la sede de la OMC, en Ginebra, la reapertura de las negociaciones sobre los temas que ya acordaron en 1994: agricultura, servicios y derechos de propiedad intelectual. Negociaciones que no van a tener tanta publicidad como la cumbre de Seattle, llevadas a cabo por burócratas de la OMC y los países miembros, y que no se concentrarán en pocos días, sino en un proceso continuo y muy extenso en el tiempo.

Es ahora cuando los países que se rebelaron en Seattle van a estar sometidos a mayor presión, con la desventaja de que la duración de las negociaciones hace más fácil minar su determinación. Por todo ello es necesario que los movimientos sociales que se oponen a la OMC realicen un mayor esfuerzo y mantengan la presión a lo largo de todo el proceso. Seattle ha abierto un hueco, ha confirmado la habilidad para bloquear iniciativas de gran alcance, como ocurrió con el AMI, pero queda mucho por hacer.

Un paso necesario es desenmascar el montaje que presenta las reivindicaciones de los que se oponen a la OMC como meramente reformistas. No se cuestiona a la OMC en abstracto, sino como una pieza clave de los procesos de globalización económica, cuyas devastadoras consecuencias sociales y ecológicas se plasman en mayor medida en el Sur, pero también en el Norte, donde la liberalización, privatización y flexibilización continuas traen mayor precariedad, incertidumbre y exclusión. A diferencia del prometido ´efecto goteo´ del crecimiento económico basado en el comercio internacional, la brecha mundial entre ricos y pobres sigue ensanchándose. El Informe de Comercio y Desarrollo de 1997 de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (CNUCD) llegaba a la conclusión de que la globalización, en su forma actual, es responsable del aumento espectacular de las desigualdades mundiales. En 1965, la renta media personal de los países del G-7 era 20 veces mayor a la de los siete países más pobres del mundo. En 1995, la diferencia era 39 veces mayor. Las desigualdades y polarización de las rentas también crecen dentro de un mismo país: la cuota de riqueza embolsada por el 20% más rico de la población ha aumentado en la mayoría de los países desde primeros de los 80.

Sin embargo, la Unión Europea y demás bloques poderosos se niegan a reconsiderar el actual modelo de globalización económica. Su promoción continua de la liberalización del comercio y las inversiones internacionales a pesar de la creciente miseria social y de la destrucción ecológica es indefensible. Pero sus políticas siguen siendo guiadas por los `intereses ofensivos´ del capital transnacional. No se trata de ninguna conspiración, y la imagen de los estados desvalidos y debilitados que siguen ciegamente las órdenes de las multinacionales no es correcta. Es cierto que la globalización económica ha aumentado el poder negociador de las grandes empresas y sus grupos de presión, pero esto en sí es resultado de un conjunto de políticas promovidas por los gobiernos. Los privilegios de estos grupos en el sistema de la OMC son el resultado predecible de la ideología económica neoliberal que sigue dominando la mayoría de los gobiernos.

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