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Dentro de una lucha global que ya está en marcha, os animamos a participar en la campaña contra las negociaciones de la Ronda del Milenio, que comenzarán durante la 3ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en Seattle, Estados Unidos, el 30 de noviembre. Desde diversos ámbitos sociales, políticos, sindicales y culturales se viene organizando una resistencia de la que somos parte. Se trata de un movimiento más amplio que cuestiona el neoliberalismo imperante, la usurpación de los intereses públicos por parte del mercado y de las transnacionales.
La OMC es una pieza clave del proceso de globalización económica, que fomenta y protege modelos de producción y consumo cada vez más injustos e insostenibles, con graves consecuencias sociales y medioambientales. Entre otros perjuicios sociales, dichos modelos suponen un aumento continuo de la explotación de recursos naturales, reproduciendo en todo el mundo prácticas agrícolas, forestales y pesqueras intensivas, a la par que incrementa el volumen de transporte asociado al comercio internacional, con el aumento irracional de la contaminación y el consumo de energía. .
Lo que pase en Seattle va a definir la agenda comercial, medioambiental y social del próximo siglo. Se pretende liberalizar y desregular aún más la economía, el comercio y las inversiones. La economía de mercado trata a la naturaleza y a los seres humanos como una mercancía más y darles esa categoría supone acrecentar su destrucción y explotación. Liberalizar significa eliminar controles, algo incompatible con la protección ambiental y social. En nuestro país pueden perder calidad, entre otros ámbitos, la educación y la sanidad públicas, el salario mínimo, el sistema de seguridad social o los alimentos.
El 1 de enero de 1995 entró en vigor la Organización Mundial del Comercio, la institución más importante para el desarrollo y la puesta en marcha de acuerdos comerciales, instrumentos claves para la globalización capitalista. Ahora, con 135 países miembros, tiene un mandato mucho más extenso que su predecesor, el Acuerdo General de Aduanas y Comercio (GATT). Ha superado su función histórica de establecer cuotas y aranceles y tiene jurisdicción para eliminar otros “obstáculos” al libre comercio, lo que generalmente significa impedir o rebajar las leyes ambientales, salariales, de seguridad social, de salud pública y de protección al consumo.
Los nuevos acuerdos que se tratarán en la nueva ronda de negociaciones de la OMC, atentan aún más contra cualquier norma o regulación social o ambiental que pueda, de algún modo, alterar u obstruir el “libre” intercambio de bienes y servicios.
A pesar de la apariencia democrática que le otorga la toma de decisiones por consenso, la OMC es un foro extremadamente antidemocrático. Los países del Sur tienen muy poquito que decir en las negociaciones, debido a la falta de recursos humanos y financieros, a las negociaciones a puerta cerrada entre los países más poderosos y a las fuertes presiones bilaterales de Estados Unidos y la Unión Europea. Las sociedades de cada país miembro de la OMC no han sido consultadas, ni ha existido debate público al respecto. Las negociaciones y la toma de decisiones no son transparentes, abiertas, ni democráticas.
La OMC se diferencia de otras organizaciones internacionales por sus poderes exclusivos para obligar al cumplimiento de sus normas basados en el sistema de resolución de conflictos y en las disposiciones de represalias cruzadas. En el sistema de la OMC, cualquier estado miembro puede denunciar ante el sistema de resolución de conflictos las normas o políticas de otro estado miembro que considere restrinjan el libre comercio. Cuando el panel compuesto por expertos en comercio exterior sin visión de los contextos sociales y ecológicos, decide que un país no ha cumplido las normas de la OMC, el ofensor debe modificar su legislación o afrontar sanciones comerciales del país denunciante en cualquier sector de su economía, aunque sea distinto al que dio lugar a la disputa. Además puede verse sancionado con importantes multas.
Además de la llamada "agenda acordada" (temas sobre los que se acordó en su día la apertura de nuevas negociaciones), que comprende agricultura, servicios y derechos de propiedad intelectual (TRIPS), la Comisión Europea, apoyada entre otros por nuestro gobierno, ha propuesto la iniciación de negociaciones en nuevas áreas para aumentar el ámbito de competencia de la OMC, incluyendo además inversiones, política de competencia, comercio electrónico, contratación pública y normas laborales.
La revisión del Acuerdo Agrícola de 1994 está proyectada para lograr una mayor liberalización del sector mediante la apertura de fronteras a los productos agrícolas y la reducción y eliminación de subvenciones y ayudas a la exportación. Las normas agrícolas de la OMC favorecen un modelo agrícola industrial controlado por las grandes empresas dedicadas a la exportación, en detrimento de los campesinos del Sur y de los pequeños agricultores y ganaderos del Norte. Suponen un riesgo para la seguridad alimentaria, deteriorando la calidad de los alimentos en el Norte, y amenazando la subsistencia y los modos de vida del Sur. Éste cada vez produce menos para su dieta básica y más para monocultivos destinados al mercado de exportación. Aunque ha aumentado la producción de alimentos, también ha aumentado el hambre, que según datos de la ONU en 1999, padecen 840 millones de personas. También los impactos de este sistema son visibles en el medio ambiente: monocultivos tratados masivamente con productos químicos, aumento del consumo de energía, pérdida de suelos, deforestación y enormes distancias entre productores y consumidores.
La agricultura, al ser la alimentación una necesidad vital, debe quedar fuera del ámbito de competencia de la OMC, condición necesaria (aunque no única) para respetar la soberanía alimentaria y el mantenimiento del medio rural.
El Acuerdo sobre Derechos de propiedad Intelectual Relativos al Comercio (TRIPS) concede a las empresas el derecho a proteger su "propiedad intelectual" e impone a los estados determinados sistemas de protección de estos derechos, entre los que se encuentran el sistema de patentes. Las próximas negociaciones se centrarán en la revisión de la llamada "cláusula de biodiversidad", que hoy permitía a los países excluir de la patentabilidad a las plantas y animales y sus procesos biológicos, con la condición de que desarrollaran un sistema especial de protección. Sin embargo, los EE.UU., ahora apoyados por la UE, Canadá y Japón, presionan para que este sistema especial sea similar al de patentes, con lo que se abre la puerta para patentabilizar no sólo los microorganismos y los procesos microbiológicos, sino todos los seres vivos.
Entre las consecuencias de las reglas de la OMC están la tendencia a la privatización de la investigación y sus aplicaciones comerciales, negando a los ciudadanos el acceso al saber y al conocimiento, e impidiendo a los usuarios (agricultores, campesinos, ganaderos, enfermos, etc.) su utilización; el encarecimiento de las mismas por el pago de royalties y la apropiación de los recursos biológicos y de los conocimientos tradicionales del Sur por parte de las multinacionales del Norte. Según los cálculos, hasta un 80% de las patentes sobre tecnologías y productos en países periféricos, han pasado a manos de las multinacionales.
Si EE.UU. y la industria se salen con la suya, los países del Sur verán aún más debilitado el control sobre sus recursos biológicos, en desmedro de las consideraciones éticas, socioeconómicas, culturales y ecológicas, al quedar reducidos la vida y el saber a una mera cuestión de intereses comerciales.
Dentro de la OMC se ha preparado otro frente de batalla, Estados Unidos y otros países están determinados a lograr el acceso sin trabas a los mercados europeos de sus productos modificados genéticamente. La Ronda del Milenio ya cuenta con propuestas concretas para prohibir sistemas de etiquetado obligatorio, así como para la creación de un grupo de trabajo sobre biotecnología que amenazaría la aprobación del Protocolo de Bioseguridad y disminuiría aún más la capacidad de los estados para regular los productos modificados genéticamente.
La revisión del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (GATS) va a garantizar un mayor acceso de las empresas de servicios del Norte a los mercados mundiales, en los que las empresas locales más pequeñas tienen pocas posibilidades de sobrevivir, lo que supone la pérdida de empleos y agravación de la crisis social. El sector servicios, que comprende 160 subsectores, es uno de los más codiciados por la industria. Una de las consecuencias de las nuevas negociaciones podría ser la privatización de servicios esenciales como educación, sanidad, transporte, agua o energía. Además en el sector servicios, que supone el 60% de la inversión directa extranjera mundial, es en donde pueden aplicar, dentro de la OMC, muchos de los elementos del Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), que no pudieron aprobar negociándolo dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ya que provocó una masiva oposición popular l que pretendieran someter a las directrices de las multinacionales numerosas funciones ejercidas hoy por los estados. La OMC ya cuenta con ciertas competencias en el ámbito de las inversiones a través del acuerdo sobre las medidas de inversión ligadas al comercio (TRIMS), que limita la capacidad de los gobiernos para regular las condiciones de entrada de las empresas extranjeras.
La liberalización del comercio y de las inversiones son responsables de la inestabilidad alarmante de una economía capitalista global. Por ejemplo, en junio de 1999 el Banco Mundial calculaba que durante los dos primeros años de la crisis financiera asiática se condenó a más de 200 millones de personas a la "pobreza absoluta", elevando el número de pobres en el mundo a más de 1.500 millones.
Es necesaria una revisión total de la regulación del comercio internacional, un rechazo absoluto a la ampliación del ámbito de competencias de la OMC, una moratoria sobre la aplicación de las normas acordadas, una revisión drástica de su funcionamiento interno y una evaluación independiente y radical de las consecuencias de todos sus acuerdos.
Apoyar una campaña en contra de la Ronda del Milenio significa, además de ir contra unas políticas concretas, combatir el sistema de poder que impera con todas sus formas de dominación y discriminación (patriarcado, racismo, militarismo, paro, mercantilización...)
Nuestra alternativa tendría que consistir en la globalización de movimientos sociales. Porque hay otro camino que el de la dictadura de los mercados. Es posible soñar y construir otro mundo, una sociedad basada en la cooperación, la justicia, la participación y la solidaridad internacional; y una sociedad respetuosa con la naturaleza.
A pesar de cierto discurso "verde", la OMC supone un riesgo para muchos Acuerdos Multilaterales Medio Ambientales (AMMAs). Éstos, al imponer ciertas medidas restrictivas al comercio, atacan la lógica del mercado liberalizado. Así, la OMC puede impugnar, por obstaculizar el libre comercio, importantes logros de la lucha ecologista, tales como: el Convenio CITES que prohíbe el comercio de animales salvajes; el Protocolo de Kyoto sobre el cambio climático; el Protocolo de Montreal sobre sustancias que dañan la capa de ozono; la Convención de Basilea sobre comercio de residuos tóxicos y el Convenio de Río sobre Biodiversidad.
Animados por los grupos de presión, sobre todo estadounidense, de la industria maderera y papelera, Canadá, Estados Unidos e Indonesia (los tres mayores exportadores de madera), han propuesto el acuerdo de Liberalización Acelerada de Aranceles. Dicho acuerdo, que pretenden sea firmado en la 3º conferencia de Seattle, sin esperar a la ronda de negociaciones, eliminaría todos los aranceles impuestos a los productos forestales importados, en un plazo de cuatro años. Esto ocasionaría un aumento de la tala de bosques, que es ya la mayor amenaza forestal. Una reciente evaluación del impacto de dicho acuerdo realizada por el gobierno de Estados Unidos predijo un gran incremento de la deforestación en China, Finlandia, Indonesia, Malasia y Suecia. Con un aumento del 11 y 7,6% para Suecia y Finlandia respectivamente, para el 2010. Además el acuerdo supone una amenaza para las leyes de protección forestales, a las que calificaría de "barreras no arancelarias" al comercio, y por lo tanto ilegales bajo el régimen de la OMC. Estas leyes incluyen las protecciones frente a plagas invasivas, los requerimientos de un mínimo de papel reciclado en periódicos y oficinas, las certificaciones de madera, las restricciones a la exportación de ciertas maderas, estándares de explotación, etc.
Cada vez que el comercio se ha enfrentado a protecciones sociales o ambientales en la OMC, el sistema de resolución de conflictos siempre ha privilegiado el "libre" comercio y sus intereses económicos. En todos los casos detrás de la denuncia ante la OMC había grupos de presión de las multinacionales afectadas por dichas medidas. Ejemplos de esto son las decisiones de los tribunales de la OMC que han obligado a Estados Unidos a derogar tanto las leyes que prohibían la importación de atún y gambas cuando éstos se capturaban con un arte de pesca que ponía en peligro a especies en peligro como los delfines y las tortugas respectivamente, como la ley que impedía la importación de gasolina con aditivos tóxicos proveniente de Venezuela. Asimismo, ha declarado ilegales las prohibiciones por parte de la Unión Europea, de introducir carne y leche tratadas con hormonas y las leyes que apoyaban, mediante bajos aranceles, las exportaciones de plátanos provenientes de los países de la ACP (Africa, Caribe y Pacífico) bajo la Convención de Lomé. También se ha denunciado ante la OMC la ley del estado de Massachusetts que, con el fin de penalizar la colaboración con regímenes dictatoriales que no respetan en absoluto los derechos humanos, imponía sanciones a las empresas que invirtieran en Birmania. En un futuro cercano corren peligro los intentos de la Unión Europea de prohibir la experimentación animal en los cosméticos; la propuesta de erradicar los hidrofluorocarbonos (HFCs) que perjudican la capa de ozono y la prohibición de importar asbestos.
Los que defienden la OMC dicen que es la propulsora de la paz mundial porque está evitando guerras internacionales. Pero ellos saben bien que sus políticas están nutriendo una GUERRA que se propaga delante de nuestros ojos: su avaricia que mata a millones de personas o que elimina economías de subsistencia, la autosuficiencia alimentaria, la biodiversidad, la posibilidad de que la gente y las sociedades decidan dignamente sobre su forma de vivir...
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