El Gobierno de las Multinacionales

A punto de cumplir cinco años de existencia, la Organización Mundial del Comercio (OMC) se ha labrado una oscura reputación por su comportamiento social y ecológico. Hasta ahora, sus acuerdos han beneficiado sobre todo a las grandes empresas transnacionales, lo que no es de extrañar si tenemos en cuenta que la industria ha participado muy de cerca en el diseño de los mismos. A pesar del rechazo en aumento a la OMC y sus tratados, la Comisión Europea, con la propuesta Ronda del Milenio (que comienza el próximo 30 de noviembre en la tercera Conferencia Ministerial), confía en expandir el ámbito de competencias y poderes de dicha institución. Bien armada con su nueva retórica para seducir a las ONGs, la Unión Europea sigue modelando sus políticas internacionales de comercio de acuerdo a los intereses de la industria europea. En su campaña por la Ronda del Milenio, la Comisión ha refrescado sus vínculos con la industria, estimulando la creación de redes empresariales que le indiquen las prioridades por las que luchar en las próximas negociaciones.

Nace la OMC

La finalización de las negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT el 15 de diciembre de 1993 otorgó a la Organización Mundial del Comercio inmensos poderes que afectan a miles de millones de personas. Hoy, con 134 miembros, la OMC tiene un mandato mucho más extenso que su predecesor, el Acuerdo General de Aduanas y Comercio (GATT según sus siglas en inglés). Ha superado su función histórica de establecer cuotas y aranceles y comprende obstáculos no arancelarios al comercio (como regulaciones ambientales y sociales) y cualquier norma o regulación que pueda de algún modo `distorsionar´ u `obstruir´ el libre intercambio de bienes y servicios.

A pesar de su apariencia democrática debida a las políticas de participación igualitaria de sus miembros y toma de decisiones por consenso, la OMC es extremadamente antidemocrática y nada transparente. Los países del Sur tienen muy poquito que decir en los procesos de negociación, aunque representan a la mayoría de la población mundial. La falta de recursos humanos y financieros, las negociaciones de los miembros más poderosos a puerta cerrada y sobre todo, las fuertes presiones bilaterales de Estados Unidos y la Unión Europea (UE) han hecho que en muchos casos los países periféricos acepten acuerdos que van en contra de sus intereses.

Aunque cubiertos con una generosa capa de retórica en pro de la globalización, los objetivos de la Unión Europea en cuanto a políticas internacionales de comercio e inversión siguen siendo brutalmente inflexibles. Están impulsadas por un hambre de acceso sin trabas a los mercados para las multinacionales europeas, y buscan el desmantelamiento de regulaciones locales para crear un `campo de juego nivelado´. Una lógica similar gobierna las políticas adoptadas por otros poderes mundiales, que han unido sus fuerzas en la Organización Mundial del Comercio para desmantelar los obstáculos al comercio y las inversiones en los países menos industrializados. La Unión Europea y Estados Unidos preparan posiciones comunes de forma bilateral dentro de la Sociedad Transatlántica Económica (TEP, Transatlantic Economic Partnership) y dentro del llamado `Quad´ (Estados Unidos, Unión Europea, Japón y Canadá).

A finales de los 90, varias disputas comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos han sacado a la luz pública los poderes únicos de la OMC para el cumplimiento de sus normas. Sus armas más poderosas son el sistema de resolución de conflictos y disposiciones de represalias cruzadas. En el sistema de la OMC, cualquier estado miembro puede denunciar ante el sistema de resolución de conflictos las normas o políticas de otro estado miembro que considere restrinjan el libre comercio. Cuando el panel – compuesto por burócratas inelectos – decide que un país no ha cumplido las normas de la OMC, el ofensor debe modificar su legislación o afrontar sanciones comerciales del país denunciante en cualquier sector de su economía, que no tiene por que ser el mismo que dio lugar a la disputa. Además puede verse sancionado con importantes multas.

Durante los primeros 4 años de su existencia, el mecanismo de resolución de conflictos se ha usado sobre todo en disputas entre Estados Unidos y la Unión Europea. Sus primeras decisiones (recordemos la guerra de los plátanos o la carne con hormonas) ofrecen una imagen inquietante de lo que podemos esperar en el futuro. Los siguientes casos son dos ejemplos de cómo las asociaciones industriales usan el sistema de la OMC para perseguir sus intereses.

En enero de 1989, la Unión Europea, aplicando el principio de precaución, consideró poco convincentes las alegaciones de seguridad por parte de la industria estadounidense e impuso una prohibición sobre la importación de carne y leche tratada con hormonas. La prohibición también abarcaba a los productores de la UE. A primeros de mayo de 1997, los tres miembros de un tribunal de la OMC decidieron que la prohibición europea era ilegal, lo que provocó el escándalo en Europa.

En Estados Unidos es muy frecuente el uso de hormonas (en 1995 un 90% de su ganado se trataba con algún tipo de hormonas), para incrementar la producción de leche. Además de la rBST, la conflictiva hormona recombinante de crecimiento bovino de Monsanto, se emplean otro tipo de hormonas `naturales´ como el estradiol y la testosterona. Así la prohibición europea levantó ampollas entre la industria estadounidense. En respuesta a la fuerte presión de Monsanto, la Asociación Nacional de Ganaderos de EEUU, el Consejo de Exportación de Lácteos, la Federación Nacional de Productores de Leche y otros grupos de intereses, el entonces Representante de Comercio de EEUU Mickey Kantor llevó la queja contra la prohibición de la UE ante la OMC.

En la Unión Europea, grupos industriales como FEDESA, la principal organización de lobby de la industria europea de productos de salud animal, y la Federación Europea de Asociaciones de la Industria Farmacéutica (EFPIA), ambos miembros de EuropaBio (el principal grupo de presión de ingeniería genética en la UE), presionaron a la Comisión para que levantara la prohibición, que también afectaba a las industrias europeas. La presión de las organizaciones de protección de los consumidores y otros grupos hizo comprender a la Comisión que el levantamiento de esa prohibición era una patata caliente en política. Apoyada por evidencias cada vez mayores de que ciertas hormonas naturales y sintéticas están ligadas a una mayor incidencia de cánceres, la Comisión decidió no levantar la prohibición, a pesar de la decisión de la OMC.

Esta decisión es la primera hasta ahora basada en el Acuerdo Sanitario y Fitosanitario de la OMC, que requiere que cualquier restricción por motivos de seguridad y sanidad alimentaria se base en pruebas científicas, y acepta normas acordadas internacionalmente, como las adoptadas por Naciones Unidas, como justificación para tomar medidas comerciales proteccionistas. Como la Organización de Alimentación y Agricultura de Naciones Unidas (FAO) consideró que las hormonas eran seguras, el Tribunal de la OMC decidió que la prohibición de la Unión Europea estaba injustificada y debería levantarse. La decisión sienta un precedente peligroso, que podría aprovecharse en la batalla que sostiene Estados Unidos para mejorar el acceso de sus productos de ingeniería genética a los mercados europeos.

En Estados Unidos, diversos estados y localidades han expresado desde hace tiempo sus inclinaciones políticas por medio de la promulgación de leyes de `compra selectiva´, que ponen presión sobre las empresas transnacionales para que dejen de hacer negocios con regímenes represivos. Por ejemplo, desde 1996 Massachusetts ha impuesto una sanción del 10% sobre los bienes y servicios provistos por empresas que tengan intereses financieros en Myanmar. Antes conocido como Birmania, Myanmar es célebre por los brutales abusos de su gobierno militar. Hasta ahora Siemens, Unilever y varias compañías japonesas están entre las que han sido penalizadas por la legislación de Massachusetts.

El Consejo Nacional de Comercio Exterior (NFTC), una coalición de unas 600 industrias e instituciones financieras con sede en EEUU, ha llevado a juicio al Estado de Massachusetts por dicha ley. En un intento de distanciarse de las acusaciones de que pone los intereses económicos por encima de los derechos humanos, el NFTC creó un grupo fachada llamado USA Engage[ii], que se presentó oficialmente en una conferencia de prensa en abril de 1997, en la que se definían como una “coalición de base amplia que representa a americanos de todas las regiones, sectores y segmentos de nuestra sociedad”.[iii] De inmediato iniciaron una campaña intensiva de lobby en Washington DC contra las leyes de compra selectiva.

En Europa, empresas como Ericsson, Unilever y Siemens, también vieron en la ley de Massachusetts un precedente peligroso que había que aniquilar. La industria movilizó sus fuerzas para que la Comisión Europea llevara la cuestión ante la OMC. Varios pesos pesados japoneses como Mitsubishi, Sony y Nissan, algunos de los mayores afectados por la ley de Massachusetts, aplicaron la misma presión al gobierno japonés.

Así no supuso ninguna sorpresa que en octubre de 1998 la Unión Europea y Japón reclamaran la creación de un tribunal de la OMC, con el argumento de que la ley de Massachusetts era discriminatoria y suponía una violación de las normas de la OMC sobre contratación pública. Aunque la Unión Europea paralizó el panel en febrero de 1999 (quizás en un movimiento de conciliación en la amarga guerra de los plátanos con Estados Unidos), ha amenazado con resucitar el caso si el gobierno federal estadounidense no toma acciones contra el estado de Massachusetts.

El caso Massachusetts-Birmania despierta muchos interrogantes sobre la soberanía local y nacional y la primacía del comercio sobre los objetivos sociales, a la par que destaca el irregular equilibrio de fuerzas dentro de la UE. En septiembre de 1998, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que se llamaba a la Comisión a poner fin a todo comercio, turismo e inversiones de empresas con base en la UE en Myanmar, y criticaba la decisión de la Comisión de invocar un tribunal de conflictos de la OMC. Aún así, según un portavoz de la Comisión, “violar las normas de la OMC no ayuda a nadie. La clave en este caso es el fracaso de Estados Unidos en hacer honor a sus compromisos internacionales.”[iv]

En muchos casos, las principales beneficiarias de los acuerdos de la OMC han sido las empresas transnacionales, que han influenciado directamente las posiciones de los países más poderosos. Este fue el caso durante las negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT, cuando se diseñaron el grueso de los acuerdos de la OMC. Además de atraer a los países del Sur bajo el GATT y su disciplina y añadir nuevas áreas a la agenda comercial, la Ronda Uruguay concedió a las empresas del Norte un mayor acceso a los mercados de los países del Sur. La Ronda de siete años, que comenzó en 1986, ayudó a los países del Norte y a sus multinacionales a conseguir una mayor liberalización en los sectores en los que tenían ventaja, como servicios, e introdujo derechos de propiedad intelectual y otras medidas protectoras para las actividades de las multinacionales.

El lobby más enérgico tuvo lugar en Estados Unidos. No sólo muchas multinacionales a título individual presionaron para conseguir una mayor liberalización del comercio y apertura de los mercados, sino que se crearon coaliciones industriales que pujaban por la inclusión de determinadas áreas bajo el régimen del GATT. Durante los primeros años de la Ronda Uruguay, los grupos de presión de la industria europea no participaron intensivamente en las negociaciones. La industria europea sólo inició un esfuerzo serio de lobby cuando las negociaciones llegaron a un punto muerto por el acuerdo de agricultura. Según explica Keith Richardson, anterior secretario general de la Mesa Redonda Europea de Industriales (ERT): “Lo que hemos intentado decir a los gobiernos es: haya las dificultades que haya, lo más importante es lograr un acuerdo general, porque es lo que beneficiará al total de la industria europea. Y la visión de conjunto es más importante que las dificultades concretas. Es un mensaje bastante difícil, y la única manera de hacerlo es con reuniones cara a cara.”[v]

Mientras que la ERT se centró en los gobiernos nacionales, UNICE, la patronal europea, trabajó codo con codo con la Comisión Europea para llevar las negociaciones a un fin. Los analistas de UNICE rumiaron cuidadosamente todas las propuestas antes de escupir de vuelta a la Comisión las posiciones de la industria. Los siguientes ejemplos, que tratan sobre los acuerdos de TRIPS y Servicios Financieros, muestran con mayor detalle como las empresas transnacionales han trabajado para modelar los acuerdos de la OMC según sus intereses.

“La industria ha identificado un grave problema del comercio internacional. Ha diseñado una solución, la ha reducido a una propuesta concreta y se la ha vendido a su gobierno y a otros ... Las industrias y los mercaderes del comercio mundial han jugado de forma simultánea el papel de pacientes y médicos”.

El Acuerdo TRIPS (Aspectos Relativos al Comercio de los Derechos de Propiedad Intelectual), concede a las empresas el derecho a proteger su `propiedad intelectual´ en todos los países miembros de la OMC, lo que obliga a los estados a aplicar determinados sistemas de protección entre los que se incluyen las patentes. TRIPS es un invento de una coalición industrial con miembros de Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. El Comité de Propiedad Intelectual (IPC, Intellectual Property Committee), que reúne 13 grandes multinacionales estadounidenses entre las que se encuentran DuPont, Monsanto y General Motors, se creó con el objetivo explícito de colocar los derechos de propiedad intelectual en la agenda del GATT.[vii]

Según un antiguo empleado de Monsanto, una de las primeras tareas del IPC fue realizar `trabajo misionero´ en Europa y Japón para ganarse el apoyo de varios pesos pesados industriales en la campaña de TRIPS.[viii] UNICE y la organización comercial japonesa Keidanren fueron conversos fáciles. En 1998, un documento preparado por la industria, el “Marco Básico de las Disposiciones del GATT sobre Propiedad Intelectual”, se hizo un hueco en las negociaciones de la Ronda Uruguay tras una campaña de lobby tanto en Ginebra como a escala nacional. La posición presentada por la delegación de EEUU (con 96 de sus 111 miembros provenientes del mundo empresarial) era extraordinariamente similar a la propuesta de la industria.

La mayor parte de la biodiversidad mundial, de la que se derivan muchas patentes farmacéuticas y agrícolas, se encuentra en los países del Sur. Según los cálculos hasta un 80% de las patentes sobre tecnologías y productos en países periféricos están en manos de multinacionales. Este desequilibrio, junto con las inquietudes sobre las implicaciones éticas de la propiedad privada sobre la vida, incitó a varios países del Sur a oponerse con fiereza durante las negociaciones de TRIPS a todas las formas de patentes sobre la vida. El compromiso al que se llegó fue la llamada `cláusula de biodiversidad´, que permite a los países excluir plantas y animales de la patentabilidad con la condición de que desarrollen un sistema sui generis de protección. Esta cláusula debe revisarse en 1999, lo que ha mantenido a las máquinas de lobby trabajando a toda velocidad. Estados Unidos, ahora apoyado por la UE, Canadá y Japón, quiere que los países del Sur adopten un sistema de patentes, pero éstos parecen determinados a permanecer firmes, y proponen entre otras cosas excluir definitivamente la biodiversidad de TRIPS.

Preocupada de veras por la firme postura de los países de Sur, la sociedad civil y algunas instituciones internacionales como la Convención de Biodiversidad de Naciones Unidas,[ix] la industria está juntando fuerzas para resistir cualquier debilitación de los derechos que le otorga el TRIPS y presiona a sus gobiernos para que no cedan. Si la industria se sale con la suya los países del Sur verán aún más debilitado su control sobre sus recursos biológicos, a la par que se ignorarán las consideraciones éticas, socioeconómicas, culturales y ecológicas, reduciendo la patentabilidad de la vida a una mera cuestión de intereses comerciales.

“ Este acuerdo es como recuperar el vecindario. Necesitamos un policía en el barrio. No podemos tener gobiernos mangoneando.”[x]

En 1997, se firmaron tres nuevos acuerdos dentro del marco de la OMC. Uno desmanteló los aranceles del comercio de productos de tecnología de la información, otro hizo lo mismo en el sector de las telecomunicaciones. En diciembre de 1997, se firmó un tercer acuerdo, sobre la liberalización del sector de servicios financieros, que incluye bancos y seguros. Estas “joyas de la corona de la OMC”, como las llamó el entonces comisario europeo de comercio Sir Leon Brittan, fueron el resultado de una presión continua por parte de la UE y EEUU sobre los países del Sur. Los tres acuerdos se diseñaron en estrecha colaboración con empresas europeas y estadounidenses. Esto se puede ver claramente en el caso del acuerdo de servicios financieros, que Brittan destacó como un modelo de participación de la industria a seguir en futuras negociaciones.

El Acuerdo, que entró en vigor el 1 de marzo de 1999, eliminará muchos obstáculos para las empresas de servicios financieros que quieran entrar en los mercados `emergentes´ del Sur, que hasta hace poco tenían políticas encaminadas a proteger los sectores domésticos de la banca y los seguros. Firmaron el acuerdo 70 miembros de la OMC, y se predice que liberará más del 90 % del mercado mundial de servicios de seguros, banca y corretaje.[xi] Los intereses económicos son obviamente enormes. Se calcula que los activos mundiales de la banca son unos 41 billones de $, mientras que el sector de los seguros mueve más de 2,1 billones en primas y el comercio de acciones se valora en más de 15 billones por año.[xii]

Las negociaciones sobre servicios financieros eran una reliquia no resuelta durante las negociaciones de servicios (GATS) de la Ronda Uruguay. Tras la retirada de Estados Unidos en 1995, se firmó un acuerdo provisional entre unos 60 países, y en abril de 1997 se reabrieron las negociaciones. Ahora tomó el liderazgo la Comisión Europea, que se embarcó junto con Estados Unidos en una campaña para convencer a los renuentes países asiáticos de las bondades de liberalizar el sector. El tercer socio de ese trabajo de equipo fue el Grupo de Líderes Financieros (FLG; Financial Leaders Group). El papel del FLG, compuesto por más de 50 de los mayores bancos y compañías de seguros del mundo, fue “identificar los obstáculos al comercio en otros países”; obstáculos que luego las delegaciones de la UE y EEUU ponían en la agenda de las negociaciones. A Brittan le gustó tanto la experiencia que a los pocos meses de la firma declaró: “El ejemplo del Grupo de Líderes Financieros de la UE y EEUU, un grupo de líderes comerciales para proporcionar un ímpetu de alto nivel a las negociaciones, ha servido de modelo para la creación de un mecanismo nuevo en Europa. Será necesario un acuerdo similar para la próxima ronda de negociaciones de liberalización de los servicios.”[xiii]

Los países del Sur no se mostraron tan radiantes por la firma del acuerdo, que firmaron con la esperanza de atraer inversión directa extranjera y financiación. La UE, EEUU y sus empresas argumentaron que la apertura de los mercados haría a la industria de la banca y los seguros de esos países más eficientes al aumentar la competencia. Pero la perspectiva de las empresas de servicios del Sur compitiendo en los mercados del norte es del todo ilusa. Se solidificará así un ciclo financiero de por sí injusto, en el que los beneficios volarán de vuelta a los accionistas en la UE, EEUU y Japón.

Las Políticas Comerciales de la UE y el Vacío Democrático

El proceso de unificación europeo ha traído un importante vacío democrático, que proporciona un ambiente idóneo para el lobby de la industria. Los poderes del Parlamento Europeo siguen siendo insuficientes para compensar la pérdida de control democrático creada al traspasar cada vez más poderes de toma de decisión de los estados miembros a dos instituciones de la UE de lo menos transparentes, la Comisión y el Consejo de Ministros.

Una de las áreas donde esto es más patente es en la toma de decisiones sobre políticas de comercio e inversión internacionales. Los estados miembros han delegado muchas de sus competencias, la Comisión negocia en su nombre, y tiene el derecho exclusivo de emprender nuevas iniciativas comerciales. El grueso de las decisiones de la UE sobre comercio e inversiones se toman en el poderoso `Comité 133´ (llamado anteriormente `Comité 113´), formado por oficiales de comercio de los estados miembros y representantes de la Comisión. Los ministros de comercio únicamente discuten los asuntos de más importancia o los conflictivos.[xiv]

“La Comisión es como un perro con una correa muy larga”,[xv] comenta Michael Hindley, parlamentario europeo de los laboristas británicos, descripción que se ajusta sobre todo al anterior comisario de comercio Sir Leon Brittan, forofo del libre comercio. El Parlamento Europeo tiene información, pero carece de poder de decisión en políticas de comercio exterior. Los Parlamentos nacionales no ejercen un control efectivo sobre sus ministros de comercio, debido a una combinación de falta de información y consciencia limitada sobre la importancia de estos temas. Temas que sin embargo son fundamentales y que durante demasiado tiempo se han tratado como simples cuestiones técnicas. Felizmente, y gracias al escándalo público que levantó el Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) y la devastadora crisis financiera, las políticas de la UE son objeto de un escrutinio cada vez mayor. Sin embargo, las posturas neoliberales a ultranza de Brittan, y por desgracia también de su sucesor, el francés Pascal Lamy, suponen un serio obstáculo para un cambio político. Según el entonces jefe de la OMC Renato Ruggiero, Brittan es “uno de los abogados del libre comercio más importantes de esta década.”[xvi] Ni siquiera cuando la crisis financiera hirió gran parte de la economía mundial Sir Leon Brittan reconsideró su dogmática receta para cualquier situación: liberalización.

“No nos olvidemos de que aquellos que hoy están en dificultades son también los que más se beneficiaron ayer de la globalización, y pueden hacerlo de nuevo mañana.”

La crisis financiera de los últimos años, que ha infligido un gran sufrimiento a millones de personas, ha demostrado la inestabilidad alarmante de una economía mundial desregulada. La Organización Internacional del Trabajo de Naciones Unidas calcula que unos 20 millones de trabajadores han perdido sus empleos sólo entre julio de 1997 y septiembre de 1998, antes de que Rusia y Brasil se vieran fuertemente afectadas por la crisis.[xviii] En junio de 1999, el Banco Mundial calculaba que 200 millones de personas han sido arrojadas a la “mayor miseria” debido a la crisis financiera. Esto ha aumentado el número de personas que viven en la pobreza a 1.500 millones.[xix] A pesar de que hablan de una recuperación, las secuelas de la crisis siguen agravando en todo el mundo los problemas sociales.

Sin embargo, la unión Europea se niega a reconsiderar el actual modelo de globalización económica. Culpa con crueldad a los gobiernos de los países afectados por catalizar esta crisis gracias a su pobre gestión financiera, y niega con vehemencia cualquier vínculo con la liberalización del comercio y las inversiones. Está claro que la UE espera evitar cualquier debate sobre los peligros de la rápida liberalización de los últimos años, debido a sus ambiciones grandiosas de reforzar dichas políticas en la OMC. Su promoción continua de la liberalización del comercio y las inversiones internacionales a pesar de la creciente miseria social y de la destrucción ecológica es indefensible.

A diferencia del prometido ´efecto goteo´ del crecimiento económico basado en el comercio internacional, la brecha mundial entre ricos y pobres sigue ensanchándose. El Informe de Comercio y Desarrollo de 1997 de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (CNUCD) llega a la conclusión de que la globalización, en su forma actual, es responsable del aumento espectacular de las desigualdades mundiales. En 1965, la renta media personal de los países del G-7 era 20 veces mayor a la de los siete países más pobres del mundo. En 1995, la diferencia era 39 veces mayor. Las desigualdades y polarización de las rentas también crecen dentro de un mismo país: la cuota de riqueza embolsada por el 20% más rico de la población ha aumentado en la mayoría de los países desde primeros de los 80. Las mujeres en particular pagan un peaje muy alto por la reestructuración neoliberal de las sociedades, sufriendo con mayor intensidad las crecientes tasas de paro, empleos de peor calidad, salarios menores y el desmantelamiento del estado del bienestar.

La CNUCD culpa de estos desarrollos a la rápida liberalización de las fuerzas del mercado, y considera que la situación actual es inevitable hasta que se regule la economía. Por otra parte la UE argumenta que la solución es una mayor liberalización y un comercio en expansión, a pesar de que en la actualidad se exporta más de un cuarto de la producción mundial, en comparación con sólo el 7% en 1950.[xx] Mas de un 40% del PNB de muchos países pequeños del Sur depende en la actualidad del comercio internacional, lo que les coloca en una posición extremadamente vulnerable. Las desigualdades crecientes son el pan de cada día, incluso en las prósperas economías del Norte, que en general se benefician más de la mundialización promovida por las grandes empresas. Aunque hay estudios de la UE que admiten que “el presente turbulento es el tiempo en que los trabajadores menos cualificados correrán el riesgo de perder sus empleos”, la UE reitera su cada vez más hueca afirmación de que la globalización económica trae beneficios que a la larga alcanzarán a todas las sociedades europeas.[xxi]

Los obvios beneficiarios de las políticas de comercio e inversiones internacionales de la UE son las multinacionales europeas que se han convertido en jugadores mundiales. Aunque empresas como Nestlé, Shell y Unilever llevan aprovechándose décadas de su talla transnacional con presencia en más de 100 países, se les están uniendo otras empresas de la ERT como Ericsson, Saint Gobain, Pirelli o Repsol. Grandes multinacionales con sede en EEUU, la UE y Japón dominan la economía mundial; las 500 mayores empresas controlan más de dos tercios del comercio mundial y más de un tercio de los activos productivos mundiales. Casi todos los sectores de la economía mundial están en manos de un puñado de multinacionales. A pesar de la retórica de que la liberalización favorece a todos, Norte y Sur, las políticas de la UE siguen siendo guiadas por los `intereses ofensivos´ de estos gigantes corporativos. No se trata de ninguna conspiración, y la imagen de los estados desvalidos y debilitados que siguen ciegamente las órdenes de las multinacionales no es correcta. Es cierto que la globalización económica ha aumentado el poder negociador de las multinacionales y sus grupos de presión, pero esto en sí es resultado de un conjunto de políticas promovidas por los gobiernos. Los privilegios de las multinacionales en el sistema de la OMC son el resultado predecible de la ideología económica neoliberal que sigue dominando la mayoría de los gobiernos.

Leon Brittan tomó la iniciativa desde la Comisión Europea y se dedicó a promover con energía el inicio, tras la Conferencia Ministerial en noviembre de 1999 en Seattle, de una nueva ronda de negociaciones de la OMC que cubra un amplio abanico de temas. Además de los temas de la `agenda acordada´, agricultura, derechos de propiedad intelectual y servicios, la Comisión ha propuesto la iniciación de negociaciones sobre acuerdos de inversiones, contratación pública, política de competencia y otras áreas. Parece que de forma lenta pero segura la Comisión se ha ganado el apoyo de Canadá y Japón, aunque Estados Unidos, temeroso del entorpecimiento que puede suponer el añadir nuevos temas, no lo tiene tan claro. Por su parte los gobiernos del Sur no han brindado una recepción demasiado cálida a la iniciativa de Brittan. De hecho, su resistencia a negociar nuevas áreas, en concreto inversiones, viene de 1995, cuando tuvo lugar una ofensiva previa de la UE (ver también MAIgalomania, CEO 1998)

Cuando en 1995 comenzaron oficialmente las negociaciones dentro de la OCDE para un acuerdo multilateral de inversiones (AMI), los países del Norte que tomaban parte en ellas estaban siguiendo una estrategia de dos vías, ya que simultáneamente trabajaban para conseguir el Acuerdo de Inversiones Multilateral (Multilateral Investment Agreement, MIA) dentro de la OMC. Sin embargo, los países del Sur se rebelaron contra el MIA desde el principio, temerosos de que afectaría “la capacidad de los gobiernos nacionales para regular los flujos de inversión directa extranjera para apoyar los objetivos y prioridades de desarrollo nacional.”[xxii] A pesar de esta oposición y tras un proceso de los menos democrático en el que sólo participaron unos 30 países, se creó un grupo de trabajo dentro de la OMC para estudiar las relaciones entre el comercio y las inversiones. Tras dos años de reuniones, y en el tenso clima político que había provocado la oposición popular al AMI, el grupo de trabajo de inversiones anunció en su informe final de diciembre de 1998 que no harían ninguna recomendación, y que seguirían con las discusiones.[xxiii] A pesar de estos desarrollos, la posición de la Comisión no ha cambiado desde 1995. Sigue siendo un proponente incondicional de negociaciones sobre inversiones dentro de la OMC, como ha demostrado Pascal Lamy, el nuevo comisario de comercio. Durante la conferencia anual del Diálogo Comercial Transatlántico (Transatlantic Business Dialogue, TABD), que tuvo lugar en Berlín a finales de octubre de 1999, Lamy hizo un llamamiento al gobierno de Estados Unidos y la industria para trabajar de aquí a Seattle con el objetivo de “asegurarse que las inversiones estén en la agenda”.[xxiv]

La Comisión sabe que las negociaciones sobre inversiones en la OMC no traerán como resultado un tratado `big bang´ como se pretendía que fuera el AMI. Más bien un acuerdo de inversiones en la OMC consistiría en un proceso gradual, pero continuo, de desregulación de las inversiones en los próximos años. Bajo el lenguaje de un acuerdo de inversiones “favorable al desarrollo” el objetivo primordial de la Comisión es lograr normas vinculantes sobre inversiones que `encierren´ la desregulación que ha tenido lugar durante los últimos años y comprometan a los gobiernos a desmontar gradualmente los obstáculos que queden que `discriminen´ a las multinacionales. En su esencia es algo tan poco democrático y peligroso como el AMI de la OCDE, y podría convertir en normas internacionales las controvertidas medidas que a menudo impone el FMI por medio de sus Programas de Ajustes Estructurales.

Muchos gobiernos del Tercer Mundo, ONGs y movimientos sociales se oponen a la introducción en la OMC no sólo de inversiones, sino también de las otras áreas que se han propuesto. Martin Khor, director de la Red del Tercer Mundo, ha señalado que el motivo de la UE para pedir un acuerdo de la OMC sobre política de competencia no es limitar la concentración empresarial a escala mundial. Por el contrario, confía en desmantelar los obstáculos que encuentran las empresas del Norte en los `mercados emergentes´ , como por ejemplo las políticas que dan derechos de importación o distribución a las empresas locales.

Respecto al tema de la contratación pública, la UE confía en prevenir que los gobiernos del Sur den preferencia a ciudadanos o empresas locales a la hora de optar a contratos con el sector público (como la construcción o equipamiento de hospitales, escuelas, infraestructura, etc.). Traer la contratación pública bajo el régimen de la OMC con su principio de ´tratamiento nacional´ significaría que las empresas extranjeras deben disfrutar las mismas (o mejores) oportunidades para lograr los contratos que las locales. Cuando los inversores extranjeros se quejen de tratamiento discriminatorio, podrían llevar el caso ante el sistema de resolución de conflictos de la OMC con la intermediación de su propio gobierno, y reclamar medidas compensatorias y de represalias.

A las multinacionales se les cae la baba pensando en el mercado que puede suponer la contratación pública, que en muchos países del Sur representa del 20 al 30% del PNB total. En la mayoría de los países periféricos, en los que el estado es el principal agente económico, la contratación pública es uno de los pocos modos de guiar el desarrollo económico al permitir que se desarrolle la industria local. Como en el caso de las inversiones, las normas de la OMC sobre política de competencia y contratación pública se presentan como algo necesario para la obtención de un `campo de juego nivelado´. Pero la realidad es que la competencia igualitaria entre multinacionales gigantes y pequeños productores locales en los países del Sur conducirá a la extinción masiva de los últimos.

Las Muchas Caras de la Comisión

Sir Leon Brittan ha usado todos los argumentos que se puedan imaginar para recolectar apoyo a `su´ Ronda del Milenio. Con la intención de asegurarse de que tendrán lugar negociaciones sobre inversiones, la Comisión, que afirma haber aprendido de la oposición al AMI, ha iniciado un proceso de acercamiento a las ONGs. Como parte de su promesa de transparencia y participación en la toma de decisiones sobre las nuevas negociaciones, la Comisión ha venido organizando desde septiembre de 1998 una serie de sesiones de diálogo con miembros de la `sociedad civil´. Los representantes de la industria, que también tienen cabida en la definición de la Comisión de sociedad civil, también participaron en estas reuniones.

Tras un tiempo, quedó claro para las organizaciones involucradas que la iniciativa de la Comisión se trataba sólo de una táctica para embaucarlas y legitimar su posición. En enero de 1999 se filtró un documento con la posición oficial de la Comisión, que contenía muchos de los elementos conflictivos del AMI, bastante distinta de la postura que presentaba en las reuniones. Además, en marzo del mismo año, se descubrió que la Comisión sostenía un proceso paralelo, y cualitativamente muy distinto, de consulta con la llamada Red de Inversiones (Investment Network, IN). La IN representa a unas 50 multinacionales, entre las que se incluyen Fiat, ICI, Daimler-Benz, Carlsberg, British Petroleum o Rhone-Poulenc, y fue creada para identificar las prioridades de las multinacionales europeas para un acuerdo de inversiones en la OMC. La Comisión también ha llevado a cabo un cuestionario entre más de 2.000 empresarios europeos para “que den una idea clara de cómo la comunidad industrial percibe la liberalización internacional y las normas internacionales sobre inversiones.”[xxv]

En el sector servicios, la Comisión ha animado a las empresas europeas del sector a que funden la Red Europea de Servicios (European Services Network, ESN), que “asesorará a los negociadores de la Unión Europea sobre los obstáculos clave y los países en los que deberían centrarse en esas negociaciones.”[xxvi] En su discurso durante la primera reunión de la Red Europea de Servicios Sir Leon Brittan fue franco sobre el papel clave que espera que juegue: “Sois la fuerza motora del sistema de consultas que hemos creado; mi puerta está abierta para cualquier tema que os preocupe.”[xxvii] La ESN está muy relacionada con el Grupo de Líderes Europeos de Servicios (European Services Leaders Group, ESLG), que está formado por más de 40 presidentes y directores ejecutivos de varios sectores que van desde la banca a los servicios de energía.

También el Diálogo Comercial Transatlántico (TABD) está muy interesado en las próximas negociaciones sobre servicios, a través de las que esperan introducir muchos de los elementos del AMI. Asesorar a las administraciones de Estados Unidos y la Unión Europea en sus posiciones en las negociaciones de la OMC es una de las funciones de los más de 100 líderes empresariales que participan en el TABD. Fueron precisamente la Comisión y el gobierno de Estados Unidos los que en 1995 crearon el TABD, con la misión de identificar los obstáculos al comercio y establecer posiciones comunes en la OMC. El plato fuerte en la lista de deseos del TABD para la ronda de la OMC, que presentó en su conferencia anual en Berlín los días 29 y 30 de octubre, era la mayor liberalización mundial del sector servicios, que con temas como educación, sanidad, energía, turismo o transporte, supone el 60% de los flujos de inversión directa extranjera mundial.

Pascal Lamy aprovechó la oportunidad para asegurar a la industria en Berlín que va a seguir en la línea de Brittan. “La nueva Comisión os va apoyar tanto como la anterior”, [xxviii] les prometió a los empresarios asistentes, “haremos lo que tengamos que hacer, y será más fácil si vosotros establecéis las prioridades”. También les animó a colaborar en el esfuerzo para convencer a la opinión pública de las ventajas de la globalización: “creo que la industria tiene que hablar, y argumentar que la liberalización del comercio, como la globalización en general, es buena para nuestra gente.”

El que la Comisión participe activamente en la creación de nuevas estructuras de grupos industriales que apoyen la Ronda del Milenio y participen en las negociaciones, es también una táctica que dará más fuerza a su postura frente a los estados miembros. Como señala la académica estadounidense Maria Green-Cowles, “al trabajar codo con codo, las empresas y la Comisión presentan a los estados miembros una estrategia para las negociaciones `pre-aprobada´ por la industria europea.”[xxix]

“En la ICC no queremos ser ni la amante secreta de la OMC ni entrar por la puerta de servicio”

Varios grupos de presión industriales muy influyentes han tramado sus propias campañas en apoyo de la Ronda del Milenio. Un rasgo común de tales campañas, tras la lección del AMI, es que han cejado en su oposición a la introducción de cláusulas sociales y ambientales en la OMC, con la esperanza de anular la oposición de las ONGs a una mayor liberalización.

Tal es el caso de UNICE, la patronal europea, que participa activamente en los diálogos con la sociedad civil que mantiene la Comisión sobre la Ronda del Milenio, y lo hace con una actitud inusualmente suave. Sin embargo, el grupo tiene sus reuniones privadas con la Comisión, en la que probablemente su retórica no se preocupe tanto de suavizar las inquietudes de las ONGs. Así UNICE recomienda que las negociaciones en la OMC “reconcilien la liberalización del comercio y las inversiones internacionales con otros objetivos de interés general, como el desarrollo económico de los países menos desarrollados, la aplicación de normas laborales aceptadas internacionalmente y la protección de los consumidores y el medio ambiente.”[xxxi]

La propia Comisión se ha subido al carro del medio ambiente, con su discurso para introducir en la nueva ronda las preocupaciones del discurso ecologista dominante. Brittan propuso discutir en la OMC la posición de los Acuerdos Multilaterales de Medio Ambiente, la relevancia de juzgar los productos de acuerdo a los métodos de procesamiento y producción empleados, el ecoetiquetado y el principio de precaución. El Sur rechaza esto, ya que teme que se usará para intensificar el uso de instrumentos comerciales para proteger los intereses del Norte, y que desplazará la carga ecológica hacia la periferia. Muchas organizaciones del Norte también desconfían de las promesas de la Comisión y recalcan que añadir vagas cláusulas no es ninguna solución real para una institución que globaliza modelos de consumo y producción insostenibles y muy injustos.

La Mesa Redonda Europea de Industriales (ERT) ha abogado desde hace tiempo por la liberalización de las inversiones, siendo su objetivo principal un acuerdo dentro de la OMC. Ya en 1993 la ERT hablaba de la necesidad de “un GATT de inversiones”[xxxii], punto que ha repetido en los cinco informes sobre inversiones que su grupo de trabajo Norte-Sur ha publicado desde entonces. La ERT ha creado un grupo de trabajo sobre relaciones económicas extranjeras, liderado por Peter Sutherland, en la actualidad presidente de BP y asociado de Goldman Sachs International (y con anterioridad ministro de justicia irlandés, comisario europeo de competencia de 1985 a 1989 y director general del GATT y la OMC entre 1993 y 1995). El secretario general de la ERT, Wim Phillippa, se ha referido a Sutherland como el arma secreta de la organización: “sus conocimientos, su experiencia, sus contactos” harán a la ERT “más proactiva” y le dará “la posibilidad de acelerar acontecimientos”.[xxxiii] El nuevo enfoque pragmático de la ERT incluye el aceptar también las cláusulas sociales y medio ambientales en la OMC.

La Cámara Internacional de Comercio (CIC), uno de los pesos pesados industriales detrás del AMI, es también el grupo con las conexiones más cercanas a la OMC. Stefano Bertasi, director del grupo de trabajo sobre comercio e inversiones, explica la estrategia de la Cámara para influenciar el proceso: “se hace por dos vías: directamente a través de las organizaciones intergubernamentales, y a través de los gobiernos miembros de esas organizaciones por medio de nuestros comités nacionales.” [xxxiv] El éxito de sus relaciones con la OMC se debe en parte a que el grupo de trabajo sobre Políticas de Comercio e Inversiones está dirigido por Arthur Dunkel, director general del GATT entre 1980 y 1993. Dunkel es también un panelista registrado del sistema de resolución de conflictos de la OMC y miembro de la junta de Nestlé.

Siguiendo su tradición de grandes campañas, la Cámara inició en la segunda mitad de 1998 una en favor de la Ronda del Milenio, y afirma haber mantenido ya varios contactos con la OMC sobre las nuevas áreas a incluir. En mayo de 1999, una delegación del grupo se reunió con el canciller alemán Schroeder para presentarle sus reivindicaciones para la cumbre del G-8, que tendría lugar dos semanas más tarde. La agenda de la Cámara, como la de otros grupos industriales, coincide en las nuevas áreas propuestas por la Comisión Europea, pero apenas muestra alguna señal de una postura más suave, que busque el consenso. En su mensaje pide a los gobiernos del G-8 que se aseguren de que los Acuerdos Multilaterales de Medio Ambiente (AMMAs) y los programas de ecoetiquetado no se interpongan en el camino del libre comercio. En su hambre por un acuerdo mundial de inversiones, la CIC está intentando persuadir a los gobiernos de los países periféricos de que a diferencia de lo que opinan muchas organizaciones,[xxxv] tal acuerdo favorecería sus intereses. “Si ha habido alguna vez una pieza de legislación internacional que vaya en interés del mundo en vías de desarrollo, ese es un acuerdo exhaustivo y uniforme que gobierne la inversión directa extranjera”, afirmaba la secretaria general de la CIC Maria Livanos Cattaui en una visita reciente a Sudáfrica.

Cada vez más movimientos tanto en el Norte como en el Sur se están volviendo contra la Organización Mundial del Comercio. En los países del Sur aumenta la conciencia pública sobre esta institución comercial, y los movimientos populares se movilizan contra la agenda del libre comercio. También cada vez más parlamentarios en dichos países reclaman cambios fundamentales en los acuerdos de la OMC, que firmaron sin entender del todo sus implicaciones. Por último, un número importante de gobiernos, entre los que se incluyen India, Pakistán y Egipto, se han mostrado rotundos en su oposición a una nueva ronda, y prefieren revisar el impacto de los acuerdos existentes. Después de algunos años de experiencia dentro del sistema de la OMC, se sienten más seguros de sus posturas y de resistir mejor las presiones de Estados Unidos y la Unión Europea.

Sólo el tiempo revelará el éxito del intento de la Comisión de seducir a la `sociedad civil´ . Aunque las tácticas de `lavado en verde´ pueden sin duda persuadir a algunas ONGs, las campañas contra la Ronda del Milenio están en alza. Una declaración de marzo de 1999 que rechaza la Ronda y exige “un cambio de rumbo y desarrollar un sistema de relaciones comerciales y de inversiones alternativo, humano y sostenible” [xxxvi], ha sido firmada por más de 1.200 grupos. Pero una condición para cualquier cambio es que los gobiernos dejen de diseñar sus políticas alrededor de los intereses de las grandes multinacionales. La OMC es una pieza clave del actual sistema mundial de comercio, cada vez más injusto e insostenible, y oponerse a la Ronda del Milenio, que sólo haría más sólida esta pieza, es una de las luchas principales contra la ideología neoliberal dominante.

[i] Peter Sutherland, discurso pronunciado el 3 de marzo de 1994 en Nueva York.

[ii] USA Engage fue creado con la asistencia del Wexler Group (unidad independiente de Hill and Knowlton, Inc., firma internacional de relaciones públicas), liderado por Anne L. Wexler, que apareció en una lista publicada en enero de 1998 por la revista Washingtonian como una de las 10 lobbistas más influyentes de la capital.

[iii] Ken Silverstein, "Doing Business with Despots", Mother Jones, mayo/junio 1998.

[iv] "EU and Japan urge WTO to ban Massachusetts Myanmar boycott", AFP, Ginebra, 22 Septiembre 1998.

[v] Entrevista de CEO con Keith Richardson, Bruselas, 21de febrero 1997

[vi] James Enyart de Monsanto, citado en: Vandana Shiva, "Who are the real pirates?", Third World Resurgence, Third World Network, Malasia, No. 63, noviembre 1995, pp. 16-17.

[vii] Edmund J. Pratt, "Intellectual Property Rights and International Trade", Pfizer Forum, 1996.

[viii] James Enyart de Monsanto citado por Vandana Shiva, ver nota 6

[ix] La Convención de Biodiversidad afirma claramente que debe compartirse el beneficio que resulte del uso de los recursos genéticos, teniendo en cuenta los derechos de las comunidades locales, mientras que TRIPS sólo da importancia a los derechos de las empresas

[x] Aviva Freudmann y John Maggs, "Bankers, insurers celebrate WTO pact: deal puts financial-services markets under global rules for the 1st time", Journal of Commerce, 16 de diciembre 1997.

[xi] WTO Financial Services Agreement to Come Into Force on 1 March, Agence Europe, 16 febrero 1999.

[xii] Ibid

[xiii] Sir Leon Brittan en el discurso: “Europe´s Prescriptions for the Global Trade Agenda”, Washington DC, 24 septiembre 1998.

[xiv] . Para una introducción a la toma de decisiones de la UE en comercio internacional, ver "Gender Mapping the European Union Trade Policy", WIDE 1997.

[xv] Entrevista de CEO con el parlamentario europeo Michael Hindley, 17 de febrero 1999.

[xvi] "Acting in Harmony on World Trade", European Voice 16-22 enero 1997.

[xvii] Sir Leon Brittan en el discurso: "Europe and the United States: New Challenges, New Opportunities", dirigido a la Asociación de Política Exterior (Foreign Policy Association), Nueva York, EEUU, 23 de septiembre 1998.

[xviii] John Cavanagh, "Background to the Global Financial Crisis", Institute for Policy Studies, septiembre 1998.

[xix] Associated Press, 3 de junio 1999.

[xx] UNCTAD, Informe Mundial de Inversiones (World Investment Report) 1997

[xxi] Ver por ejemplo European Economy: Reports and Studies, No 3/1997.

[xxii] Tim Wall, "New WTO Investment Rules Cause Concern; Major issues loom for countries already struggling with Uruguay Round trade agreements", Africa Recovery, Vol. 10, No. 3, diciembre 1996.

[xxiii] OMC, "Report (1998) of the Working Group on the Relationship between Trade and Investment to the General Council", WT/WGTI/2, 8 de diciembre 1998 (98-4920).

[xxiv] Declaraciones de Pascal Lamy en la rueda de prensa ofrecida por el TABD en Berlín, 29 octubre 1999.

[xxv] "Annotated Agenda Investment Correspondent Network", Bruselas, 5 de marzo 1999.En el orden del día de la reunión del 5 de marzo de la Red de Inversiones, la Comisión explica el propósito del proceso: “Las discusiones actuales entre los socios de la OMC nos muestran que será difícil avanzar en todos los frentes en Ginebra por lo que atañe a nuestros intereses en el tema de inversiones. Por lo tanto es crucial para los negociadores de la UE saber cuales son realmente las prioridades de la industria europea, con la idea de formar una estrategia negociadora a largo plazo.”

[xxvi] Folleto de la ESN "GATS 2000 -- Opening markets for services".

[xxvii] Sir Leon Brittan en un discurso pronunciado en la primera reunión de la Red Europea de Servicios, Bruselas, 26 de enero 1999.

[xxviii] Pascal Lamy en la reunión anual del TABD, Berlín, 29-30 octubre 1999

[xxix] Maria Green Cowles, "The TABD and Domestic Business-Government Relations: Challenge and Opportunity", borrador que será publicado en: Maria Green Cowles, James Caporaso, y Thomas Risse (eds.), "Europeanisation and Domestic Change", de próxima aparición

[xxx] Helmut Maucher: "Ruling by Consent", columna invitada en el Financial Times, 6 de diciembre 1997, FT Exporter, p. 2.

[xxxi] UNICE, Forthcoming WTO Multilateral Negotiations. Preliminary UNICE Objectives. 16 de julio 1998.

[xxxii] . ERT, "European Industry -- A Partner for the Developing World", Bruselas, 1993

[xxxiii] Entrevista de CEO con Wim Philippa, Bruselas, 16 de diciembre 1998

[xxxiv] Entrevista telefónica con Stefano Bertasi, 22 de febrero 1999.

[xxxv] Ver por ejemplo: "Market Doesn't Replace Need for Development Cooperation". Declaración de las ONGs africanas para UNCTAD IX, Midrand, Sudáfrica, abril 1996. "El paradigma económico neoliberal hace que nuestros gobiernos no respondan a nuestras necesidades básicas económicas y sociales, fuerza la apertura de nuestras economías en beneficio de comerciantes e inversores extranjeros y hace a los países africanos cada vez más dependientes de los países ricos industrializados y sus empresas transnacionales. Nuestros países están siendo recolonizados, y la responsabilidad hacia nosotros de nuestros gobiernos está siendo sustituida por su respuesta a las necesidades e intereses de las multinacionales y sus gobiernos.”

[xxxvi] Declaración de los miembros de la sociedad civil que se oponen a la Ronda del Milenio, Ginebra, 21de marzo 1999. URL: http://www.xs4all.nl/~ceo/wto/wtomr-cn.html

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