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Declaración política

En los últimos años venimos asistiendo, a escala mundial, a una intensificación sin precedentes de los procesos de ampliación de los mercados y globalización económica, dirigidos por criterios neoliberales al servicio del capitalismo más salvaje, que está suponiendo gravísimas consecuencias económicas, sociales y ambientales, para los distintos pueblos y territorios del planeta. Estos procesos están siendo impulsados por las instituciones económicas y financieras internacionales (BM, FMI, GATT­OMC y OCDE, a nivel global; y las instituciones comunitarias en el espacio europeo), en connivencia con las grandes empresas transnacionales y el capital financiero y especulativo europeo e internacional, los nuevos amos del mundo, que son los que fundamentalmente se benefician de los mismos. Estos últimos operan crecientemente al margen y por encima de las estructuras estatales, siendo las políticas de los gobiernos cada vez más una prolongación de los intereses del capital transnacional. La soberanía de los Estados se bate pues en retirada, mientras que se incrementa la autonomía y hegemonía del poder económico sobre el poder político; lo que se traduce, entre otras cosas, en la independencia de la política monetaria de los Bancos Centrales respecto de cualquier tipo de control político y democrático.
Dicha dinámica refuerza la tendencia a la concentración de la riqueza cada día en menos manos, e induce una expansión creciente de la precarización, el paro, la marginación social y la exclusión; así como promueve una agudización de los desequilibrios ecológicos, que adquieren ya una dimensión planetaria (cambio climático, deforestación, desertización, agotamiento de recursos no renovables...). Todo ello está generando un mundo plagado de conflictos, en el que va desapareciendo la esperanza de un mañana para la inmensa mayoría de la humanidad. Esta situación ya no es privativa sólo del ur, del llamado Tercer Mundo, o de la crítica situación del Este, sino que está sucediendo de una forma cada vez más patente también dentro de las mismas sociedades del Norte, incluida la propia Europa comunitaria, que se encuentra condicionada brutalmente por el Tratado de Maastricht.
En el caso del Estado español, estos procesos se concretan en la progresiva apertura al llamado libre mercado mundial, y en la integración al denominado "proyecto europeo". Ambas tendencias están significando una cada día mayor desigualdad en la distribución de la renta, una expansión sin precedentes del desempleo (que alcanza ya al 23% de la población activa, esto es, a más de 3,5 millones de personas), de la precarización (que afecta al 40% de la población asalariada), y de la marginación y la exclusión a todos los niveles. Cáritas menciona la existencia de más de ocho millones de pobres. Igualmente, los niveles de endeudamiento público y privado se desatan afectando a los sectores más débiles de la sociedad, mientras que, en paralelo, el pago de este alto endeudamiento beneficia a los sectores más potentados de la estructura social, que ven como sus patrimonios se multiplican a costa del tremendo esfuerzo de la mayoría de la sociedad.
Al mismo tiempo, los desequilibrios ambientales no han hecho sino agravarse en los últimos años, en paralelo con el desarrollo de un crecimiento y una inversión que no sólo son incapaces de generar empleo neto (es más, lo reducen y precarizan), sino que incentivan un uso creciente de recursos y disparan los impactos sobre el entorno de las actuales formas de producción y consumo, y de la estructura territorial que lleva aparejada; que se caracteriza por el crecimiento constante de las grandes concentraciones urbanas en forma de "mancha de aceite".
En el último periodo todos estos problemas están adquiriendo una dimensión que ya es imposible de soslayar, y el camino hacia la Unión Económica y Monetaria (UEM), definida en Maastricht, amenaza con agravar aún más los presentes desequilibrios económicos, sociales y ambientales. Sin embargo, los principales centros de poder económico, estatal e internacional, los medios de comunicación de masas (controlados asimismo por las élites del dinero), y prácticamente el conjunto de la clase política (condicionada igualmente por el poder del capital), nos aleccionan continua y machaconamente con que este camino hacia el abismo es el único existente, y que por tanto, es ineludible e irreversible. No existe alternativa, se nos dice.
Es preciso, pues, que superemos la pasividad que se nos quiere imponer, que no nos gane el desaliento, que impulsemos una reflexión crítica de hacia dónde conducen las vías de hierro que se nos imponen, y que fomentemos la coordinación y organización de todos aquellos sectores sociales afectados por los proyectos del poder para desarrollar estrategias comunes de resistencia ante los mismos, y lo que es más importante actividades de transformación social con el fin de que, entre todos, podamos construir un mañana que nos niega la lógica depredadora y socialmente excluyente del capital.
Es hora ya de recuperar la voz y juntos denunciar la construcción de la Unión Europea, cuyos principales valedores son las élites económicas del continente. Una UE que se edifica de forma fuertemente antidemocrática y cada vez más de espaldas a las sociedades de los países miembros, que profundiza las relaciones de dominación y saqueo sobre los países de la Periferia, y que además contribuye, junto con la globalización económica, a:

La quiebra del tejido productivo tradicional y el creciente control del mercado por la gran actividad económica transnacional, lo cual destruye empleo neto:
Desaparición cada día mayor de la pequeña agricultura campesina, en beneficio de las grandes empresas del agrobusiness, lo que acentúa el impacto ecológico y vital sobre las áreas rurales y semirrurales, provocando su cada vez mayor despoblamiento. En los últimos diez años han desaparecido del orden de un millón de empleos en el sector agrario. A ello han contribuido las duras condiciones impuestas por el ingreso en la CE (cuota lechera, sacrificio de reses, levantamiento de vides...), y las exigencias adicionales que está suponiendo la reforma de la Política Agrícola Comunitaria.
Reconversión de la actividad pesquera hacia la pesca altamente industrializada, poco generadora de empleo y depredadora de los recursos marinos, en detrimento de artes tradicionales de menor impacto ecológico e intensivas en trabajo.
Pérdida de una parte importante del pequeño y mediano tejido industrial y deslocalización de numerosas industrias hacia otros países con menores costes de mano de obra y mayores niveles aún de explotación.
Destrucción de más de un millón de puestos de trabajo en el pequeño comercio durante los últimos diez años, como consecuencia de la progresión imparable de grandes superficies comerciales.
Privatización masiva de las empresas públicas, lo que conllevará fuertes reducciones de plantillas y la apropiación (fraudulenta) de un patrimonio público por los principales sectores del capital privado estatal e internacional.
Intenso agravamiento del déficit de la Balanza Comercial española, especialmente con la UE. Se ha llegado a decir que "Europa" ha entrado en el Estado español, más que a la inversa, lo que fomenta la producción y, en mucho menor medida, el empleo en los países comunitarios, especialmente centroeuropeos, en detrimento del empleo en nuestro espacio geográfico. Ello permitiría explicar, quizás, entre otras razones, por qué el paro es aquí el doble de la media comunitaria.

El "proyecto de progreso" de la UE, genera regresión social:
Creciente desregulación y precarización del mercado de trabajo (nuevos intentos para abaratar y facilitar aún más el despido, amenaza de suprimir el Salario Mínimo Interprofesional, propuestas de desregulación de los convenios colectivos...). Hecho que significa la vuelta paulatina a las condiciones laborales del siglo XlX; vuelta ya iniciada en los ochenta y que se acelera con la reforma laboral del PSOE (que instauró los "contratos basura"), impuesta como elemento clave del primer programa de convergencia hacia la UEM definida en Maastricht.
Reducción adicional de los fondos públicos destinados a prestaciones de desempleo (tras los propiciados por el llamado "Decretazo" y la Reforma Laboral), cuando del orden de la mitad de los parados no recibe hoy en día ningún tipo de subsidio. Esto produce una situación especialmente difícil, pues en la actualidad en un millón de hogares españoles están todos sus miembros activos en paro y, además, se están desmontando paralelamente las rentas mínimas de inserción.
Recorte sustancial de los fondos públicos destinados a vivienda social, mientras crecen las subvenciones y desgravaciones a la vivienda de calidad y a la segunda residencia. Este hecho, junto con la brutal subida del precio del suelo que se produce por los procesos especulativos que se originan tras el ingreso en la CE, hace que hoy en día se considere un "hecho natural" el que la vivienda se haya convertido en un bien prohibitivo para la mayor parte de la población. El esfuerzo a realizar para comprar una vivienda, en relación con el salario, se ha duplicado en los últimos diez años. En paralelo, el endurecimiento del marco legal de la vivienda en alquiler, y la creciente dificultad de los sectores sociales más afectados por el paro y la precarización para hacer frente a los créditos hipotecarios contraídos, está derivando en una expansión continua del colectiv de los "sin techo", especialmente en las metrópolis.
Gravedad de la situación laboral que se ceba particularmente en los jóvenes (40% de paro y 64% de precariedad), a pesar de su "sobreformación"; lo que prolonga su dependencia familiar, dificulta su mayoría de edad efectiva, y acentúa su sensación de ausencia de futuro.
Gradual desmantelamiento y privatización del sistema público de pensiones, que afectará a los sectores más desvalidos de la sociedad, beneficiando al gran capital. El llamado Pacto de Toledo supone un profundo recorte del sistema público de pensiones que afectará a generaciones enteras.
Creciente privatización y mercantilización de la sanidad, que redundará en una reducción de la cobertura de los servicios de salud pública, un menoscabo de su calidad y un incremento de su coste para los ciudadanos.
Progresiva reducción del peso de la educación pública, y una cada día mayor presencia y subvención de la enseñanza privada; dinámica que se ve acentuada por la idiosincrasia del nuevo gobierno. Los recortes presupuestarios incidirán, asimismo, en una pérdida de calidad de la enseñanza pública, y en un deterioro de las condiciones laborales de los enseñantes. Y, en paralelo, se profundiza en una concepción de la enseñanza como fábrica para generar individuos dóciles, sumisos y acríticos, competitivos entre sí, orientada exclusivamente a satisfacer las demandas del sistema productivo, donde se marginan los valores de solidaridad y justicia.
Privatización de la gran mayoría de otros servicios públicos (abastecimiento de agua, correos, telecomunicaciones, ferrocarriles, transporte colectivo...), lo que derivará en una creciente reducción de su ámbito de cobertura y un incremento de su tarificación. Hechos que redundarán en la quiebra de la universalidad y accesibilidad a los mismos, eliminando su carácter redistributivo. La lógica del beneficio privado es imposible que satisfaga los intereses del conjunto de la sociedad.
Repercusión especialmente intensa de todos estos procesos sobre las mujeres, pues la reducción de los gastos sociales hace recaer una mayor carga de trabajo y económica sobre ellas. El retraimiento del Estado del Bienestar (desaparición de guarderías, retrocesos en la sanidad, etc.) sin que aparezcan alternativas comunitarias (injustificadamente descalificadas y dificultadas) está obligando a las mujeres, ante la inhibición insolidaria de la mayoría de los varones, a enfrentar crecientemente solas nuevas demandas, especialmente en el campo del cuidado de las personas. Todo ello refuerza en este momento la tendencia a la progresiva feminización de la pobreza debido a la mayor dificultad de las mujeres para acceder al mercado de trabajo (el paro femenino es más de un 65% mayor que el masculino), a hacerlo en peores condiciones laborales y a la percepción de menores salarios de forma generalizada.
Incremento de la corrupción a todos los niveles, pues al fomentar la desregulación generalizada y disminuir el control político y democrático, se fomentan enormemente las posibilidades enriquecimiento rápido de una reducida minoría.

El capital se ausenta de la financiación de un Estado que solo le reporta baneficios:
Progresivo retraimiento en cuanto a la financiación de las actividades públicas por parte de las rentas de las grandes empresas y del capital, que encuentran por otro lado creciente refugio en los llamados "paraísos fiscales", como resultado de la libre circulación comunitaria y mundial de capitales.
Repercusión creciente de la presión fiscal, con carácter cada día más regresiva, sobre las rentas salariales, la pequeña propiedad y la actividad profesional. Hasta se desgrava el consumo de lujo, y se penaliza el consumo de productos de primera neceidad. Y subvención progresiva, directa e indirecta, de la gran actividad económica, que se manifiesta cada día más costosa e ineficiente, y menos generadora de empleo.

El agravamiento de los impactos ecológicos (y sanitarios) y los desequilibrios territoriales:
Expansión imparable de la movilidad motorizada, especialmente viaria, que provoca un creciente impacto ambiental, un deterioro progresivo de la calidad de la vida urbana en las grandes concentraciones, una marginación en ascenso de los sectores más débiles de la sociedad (niños, minusválidos y ancianos) y un cada día mayor coste económico y humano a consecuencia de su alta siniestralidad.
Futura dedicación de ingentes cantidades de dinero público a satisfacer las necesidades infraestructurales de la gran producción y distribución transnacionalizada: duplicación del número de kms de autovías y autopistas; construcción de nuevas líneas de trenes de alta velocidad, mientras que se deja a proposito morir el ferrocarril convencional; ampliación de los principales aeropuertos y creación de superpuertos. Actuaciones enormemente costosas y, además, de elevado impacto ambiental. El Estado (con la «ayuda» del capital privado) se concentra en la construcción de magnas infraestructuras, mientras se desentiende progresivamente de la "protección social".
Creciente desplazamiento de la actividad económica, en general, de la "España Húmeda" a la "España Seca", concentrando en esta última los usos más consumidores de recursos hídricos, en especial el turismo y la agricultura intensiva. Lo que agudizará la escasez ya existente en esas áreas del recurso agua, y provocará un aún mayor contaminación de las disponibilidades actuales, que se intentan paliar con costosos e impactantes desaladoras y trasvases. Las "guerras del agua" y los conflictos tipo Itoiz se multiplicarán en el futuro.
Agudización de los ya altos riesgos de erosión, especialmente en la vertiente mediterránea, y agravamiento del peligro de incendios forestales, debido a la creciente presión humana sobre ecosistemas frágiles y al fomento (con ayudas comunitarias) de especies arbóreas de rápido crecimiento y elevado impacto ambiental (eucaliptos, pinos...).
Crecimiento incontenible de la producción de residuos como resultado de la expansión de la gran producción y distribución, que incentiva el sobreempaquetado, los envases no retornables y los productos de usar y tirar.
Creciente pérdida de la biodiversidad, al igual que ya se ha producido en otros países europeos, resultado de la profundización en las políticas «desarrollistas».
Incremento constante del consumo energético del actual modelo productivo y territorial, en especial de combustibles fósiles (petróleo, carbón, gas natural), lo que agudiza el efecto invernadero, que influirá de forma especialmente negativa en el ámbito mediterráneo, y recrudece el peligro de las lluvias ácidas. Además, ello acentúa la dependencia exterior, en un espacio geográfico especialmente apto (por la alta radiación solar) para el fomento de las energías renovables.
Pérdida de la calidad de la alimentación ("comida basura") en beneficio del mercado, con consecuencias imprevisibles sobre la salud humana (entre otras, la proliferación del cáncer, la enfermedad del siglo XX; o la reciente aparición del mal de las "vacas locas"). Hecho que se agravará con la extensión sin control de las técnicas de ingeniería genética y biotecnología, que incentivará el que se patente y mercantilice la vida por grandes transnacionales agroalimentarias, comercializándose masivamente organismos manipulados genéticamente, lo cual generará probablemente efectos incalculables sobre el entorno.
Profundizaciónde las diferencias territoriales y regionales, tanto por la concentración urbana a la que induce el actual funcionamiento del mercado, como porque los nuevos mecanismos de financiación pública y la concentración del gasto público en los espacios altamente urbanizados agudizarán los desequilibrios de todo tipo. Lo cual no derivará en una mayor autonomía real, incluyendo la posibilidad de autodeterminación política, para los diferentes pueblos del Estado español, sino en un sometimiento aún mayor a las lógicas supraestatales y mundiales del capital. Además, las estructuras comunitarias sólo legitiman y reconocen como interlocutores a los gobiernos estatales de los estados miembros, mientras impiden, conjuntamente con ellos, la expresión política propia y autónoma de dichas identidades subalternas.

El poder prepara los instrumentos represivos para imponer su "proyecto europeo" y la mundialización económica:
La exclusión y marginación social, y la falta de perspectivas laborales y sociales están provocando la proliferación de comportamientos delictivos, y desviados o patológicos. El número de presos se ha multiplicado por más de tres durante los últimos veinte años de democracia (y "europeización"­globalización), inundando las prisiones los sectores juveniles provenientes de los barriadas periféricas metropolitanas, es decir de aquellas áreas más castigadas por el paro, la precarización y la desintegración social. Las carceles se están convirtiendo en verdaderos lugares de exterminio donde los derechos humanos brillan por su ausencia. Asimismo, los comportamientos violentos (violencia gratuita), casi exclusivamente masculinos, se han disparado en el último periodo, incentivados por el sistema de valores que promueve la sociedad actual, y por el tipo de productos "culturales" que se difunden a través de los mass media . Mientras tanto se desarrolla una economía criminal que enlaza el comercio de drogas, el mundo financiero, sectores de los cuerpos de seguridad y la corrupción política que campa impunemente y utiliza para su propio provecho la miseria y desesperación de muchas de las gentes excluidas.
Expansión de los comportamientos xenófobos y racistas, que encuentra el terreno abonado por la situación extrema que tienen que afrontar amplios colectivos sociales. El poder utiliza un doble lenguaje, el de la pretendida "igualdad" para el reducido número de inmigrantes a los que se les permite el acceso para desarrollar los trabajos peor pagados, más duros y humillantes, al tiempo que "señala" a los miembros de este colectivo como presuntos responsables de actividades delictivas. De esta forma, se intenta promover una guerra entre los más débiles, con el fin de que la rabia contenida no se oriente hacia arriba y cuestione el actual orden de cosas. Ello se ve fomentado por la proliferación de la violencia neonazi ("Europa Blanca"), protagonizada por grupos coordinados a escala europea, de oscura financiación, que cabría quizás relacionar con la necesidad que manifiesta el sistema, de reconsiderar probablemente las estructuras de democracia formal emparentadas en gran medida con la existencia del Estado del Bienestar.
Endurecimiento legislativo (Ley Corcuera, nuevo Código Penal ­tratamiento de la insumisión, ocupaciones...­, próxima implantación de videovigilancia en las calles y reducción de la edad penal, nueva ley de secretos oficiales) e incremento de los niveles represivos (expansión de las plantillas policiales públicas y especialmente privadas). Además, tanto la creación de la europolicía (Europol), como el llamado Sistema Informático Schengen (SIS), contribuirán a crear el denominado "ciudadano de cristal", sacrificándose las libertades individuales en beneficio de las actividades de control comunitarias. Igualmente la creación del espacio judicial europeo incrementará las posibilidades d persecución penal (y extradición), a escala continental, de aquellos comportamientos que ponen en cuestión el papel de las estructuras comunitarias, de los Estados­nación, o simplemente de los intereses dominantes.
Reforzamiento de la llamada "Europa Fortaleza", que significará la intensificación de las políticas contra la inmigración, la reducción y eliminación del derecho de asilo, la limitación de los derechos sociales, cívicos y políticos de la población no comunitaria, y la progresiva persecución policial y judicial, así como criminalización de la misma.
Fortalecimiento de las estructuras militares (la OTAN y especialmente la UEO) para enfrentar la creciente ingobernabilidad en la Periferia Sur (Magreb y mundo árabe en general) y Este, que la propia expansión del "proyecto europeo" induce en estos espacios, al fomentar la exclusión de amplísimos sectores sociales. El poder desea, igualmente, reforzar nuestra vinculación a la OTAN (y a la UEO), modificando unilateralmente hasta los compromisos adquiridos en el Referéndum de 1986.

El proyecto "europeizador"­globalizador se sustenta progresivamente en el vacío con la ayuda de los mass media:
Control cada día mayor del capital privado estatal e internacional sobre los medios de comunicación de masas, lo que pone de una forma cada vez más clara el mensaje mediático al servicio de los intereses de la Economía Global, marginando y aniquilando las culturas locales, regionales y nacionales.
Capacidad (tremenda) de los mass media , y en concreto de la tv, para moldear formas de pensamiento y comportamiento funcionales con los intereses económicos dominantes, así como para desmontar la capacidad de resistencia, organizar la ignorancia planificada, marginar las voces críticas a la periferia de lo social, y construir artificialmente una "realidad" que presenta el actual modelo como el único e incontrovertible escenario de futuro imaginable.
Aumento de la concentración de la propiedad de los medios de comunicación en muy pocas manos mediante la configuración de grandes conglomerados empresariales transnacionales sobre los que no existe ningún control político.

Todo ello se verá agravado en gran medida en el futuro por la creación de la moneda única, la ampliación de la UE y la profundización de los procesos de globalización económica (GATT­OMC). Entre otros efectos, se plasmará la "Europa a distintas velocidades" (como prevé Reforma ­en marcha­ del Tratado de Maastricht), y el desplazamiento de su centro de gravedad hacia el Norte y hacia el Este, lo que tendrá importantes repercusiones para los espacios meridionales y periféricos, como es el caso de la mayoría de los territorios del Estado español. Máxime tras la ampliación a casi 30 miembros que se contempla para la UE del año 2000, que significará una reestructuración de los presupuestos comunitarios y un recorte sustancial de los fondos (estructurales ­especialmente los agrícolas­ y de cohesión) que llegan de Bruselas.
El mito de la "construcción europea", en su día potente para el conjunto de la sociedad, se desmorona progresivamente a los ojos de amplios sectores sociales, especialmente de aquellos afectados por el despliegue del modelo. En concreto el intento de procurar vender como intereses comunes y universales lo que tan sólo son los intereses de una minoría. Y más en particular la receta que lo acompaña, esto es, la necesidad de espolear la competitividad a cualquier nivel, como objetivo supremo en el que deben estar interesados todos los sectores sociales. Sin embargo, es preciso resaltar que esta creciente ruptura de la imagen del "proyecto europeo" adopta un carácter disperso, atomizado, está huérfana de un discurso crítico, y por lo tanto no tiene ninguna expresión oganizativa, movilizadora o política, que suponga, hasta ahora, un problema para las estructuras de poder.
Esta creciente quiebra de la imagen del "proyecto europeo" se verá incentivada, pensamos, como consecuencia de la exigencia del capital al poder político (en la actualidad al nuevo gobierno del PP), de acceder a costa de lo que sea a la moneda única (el recorte social ya se ha plasmado sustancialmente en los Presupuestos del Estado para 1997, y continuará de forma contundente en 1998 y 1999). Aunque la sociedad (pues los excluidos es probable que crezcan como la espuma al filo del siglo XXl) y el entorno ecológico queden hechos trizas en el camino. Y es de esperar que entremos, quizás, en una etapa de una mayor disposición para que prospere el pensamiento crítico, y se promueva una mayor capacidad de movilización social que permita decir basta ya a toda esta demencia.
Pero esto no acontecerá si no actuamos (es conveniente que tomemos nota de la movilización social de diciembre del año pasado en Francia, que logró paralizar, en parte, el Plan Juppé para cumplir con Maastricht). Y para que ello sea así, es preciso que desarrollemos un movimiento social a escala estatal, lo más amplio posible, contra la "Europa" de Maastricht y la globalización económica, con un contenido liberador, es decir no xenófobo ni racista, sino internacionalista, solidario con las poblaciones de la Periferia, por la equidad y contra la marginación, e igualmente antipatriarcal. Así como que confluyamos, a escala europea, con movimientos similares que se están gestando en la mayoría de los países de la UE. Este movimiento debe respetar la diversidad y autonomía de cada una de las organizaciones que participe en él, como un aspecto enriquecedor de su configuración y funcionamiento; tiene que conectar con plataformas sectoriales ya existentes con el fin de conseguir la mayor difusión posible; y es preciso que impulse plataformas locales, regionales y nacionales para lograr su mejor articulación. Un movimiento, en suma, que debe profundizar en el discurso crítico sobre las consecuencias que se derivan de la "europeización" y mundialización de las relaciones económicas (eso sí, sin caer en posturas de defensa del Estado­nación burgués), posibilitando un amplio debate político y social, y que tiene que desarrollar estrategias de resistencia y transformación ante las mismas, contribuyendo al mismo tiempo a la elaboración de alternativas al "pensamiento único" que se nos trata de imponer a toda costa.

ES HORA DE DECIR: ¡BASTA YA!

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