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"Bajo el reino de la economía hay que aprender a vivir sin saber cómo será el día de mañana, y abandonar la esperanza de que sea mejor. Nada será definitivo pues el propio funcionamiento de la maquinaria de mercado es una destrucción infinita que nunca llega a una forma estable, a un ‘resultado’. La inestabilidad de todo, la ausencia de la menor seguridad respecto del porvenir, el fin de las ilusiones de una vida con garantías, ahora todo ello yace en el fondo de la existencia ordinaria"
"Observaciones sobre la Parálisis de Diciembre de 1995", Enciclopedie des Nuisances (edición española, editorial Virus)
"Efectivamente, ha desaparecido de nuestro campo visual la idea de futuro. (El futuro) ya no es el territorio imaginario en el que habitan los proyectos, intenciones o sueños de la humanidad, sino el lugar en el que lo que hay persevera en su ser (...) Los sectores progresistas (...) han ido girando sus propuestas, de manera creciente hacia el pasado. Como si no quedara más proyecto posible que el de mantener lo mejor de lo que hubo. Como si nada ‘otro’ (que no sea terrorífico) pudiera ni tan siquiera ser pensado".
"El Futuro ha Muerto, ¡A por el Pasado!", Manuel Cruz. EL PAIS, 5-1-1998
Apretando el acelerador de la economía global
En los últimos tiempos se observa como, a todos los niveles y a escala europea y planetaria, se profundiza aún más en la plasmación de un entorno económico e institucional que crea las condiciones para una expansión sin precedentes de los procesos de globalización económica. Ello va a tener sin duda una importancia trascendental en la reestructuración del aparato productivo a nivel europeo y mundial, la reconfiguración del sistema territorial y urbano que lo acompaña, la modificación de las estructuras sociales y poblacionales en las que se asienta, y la agudización del impacto que todo ello supone sobre el entorno ecológico en el que este modelo se despliega. Lo cual acentuará aún más, si cabe, la repercusión de estas dinámicas sobre el espacio español, su tejido productivo, y en concreto sobre su estructura territorial y social, objeto del presente trabajo. Pues nunca como ahora la evolución de lo que aquí sucede podrá entenderse sin considerar las tensiones que estas fuerzas globales imponen sobre la realidad española. Serán, pues, las dinámicas externas las que predominen definitivamente sobre las internas a la hora de diseñar el futuro que se avecina.
Estas dinámicas son, a escala global: el lanzamiento de una nueva ronda de liberalización comercial mundial en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC), a partir de 1998, que ahondará sobre los resultados conseguidos en la Ronda Uruguay; la previsible aprobación del llamado Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) en el seno de la OCDE, para su posterior integración en el marco de la OMC; el incremento de los poderes del FMI para impulsar la creciente desregulación financiera internacional, y al mismo tiempo intentar hacer frente a la intensificación y expansión de las crisis financieras que esos mismos procesos generan; y la coordinación cada día más intensa de las políticas y estrategias del FMI, BM y OMC. Esto creará un campo de juego, a nivel mundial, totalmente favorable a los intereses de las fuerzas que operan en la economía global. En este nuevo marco de regulación planetario, la capacidad de intervención autónoma de los llamados Estados-nación quedará absolutamente mermada. Y hasta las Naciones Unidas, y sus diferentes organismos sectoriales, donde en teoría el protagonismo de los Estados-nación es manifiesto, se están adaptando claramente ya, en los últimos años, a la lógica que imponen las fuerzas económicas globales: es decir, el capital transnacional y financiero especulativo mundial.
De esta forma, se avanzará aún más en la desregulación del comercio global de todo tipo de manufacturas, productos agroalimentarios -y dentro de ellos, aquellos manipulados mediante ingeniería genética, consolidando además el derecho a patentar y a mercantilizar la vida-, servicios -incluida una aún mayor liberalización de los movimientos de capital, sobre todo en relación con los países de las Periferias Sur y Este-, derechos de propiedad intelectual, etc. Pero un cambio trascendental adicional está de forma silenciosa a punto de aparecer en escena, y éste no es otro que un nuevo acuerdo mundial sobre la (des)regulación de las inversiones a escala internacional (el AMI, más arriba mencionado). Este acuerdo, que se ha estado negociando en forma casi secreta en los últimos años, y cuyo alcance empieza a saltar ahora a los medios de comunicación especializados, significará la adopción de lo que el director general de la OMC ha venido a denominar "la Constitución de una economía mundial unificada" (Wallach, 1998).
El AMI permitirá la eliminación de cualquier tipo de restricción estatal a la compra de tierras y recursos naturales, de industrias y servicios de toda índole -incluidos los culturales- y hasta de divisas, así como posibilitará la supresión de cualquier clase de condicionamiento a la inversión transnacional; los únicos sectores al margen del AMI serán defensa y policía. Igualmente, el AMI conferirá todo tipo de derechos a las empresas e inversores internacionales, mientras los gobiernos asumen todas las obligaciones. Es más, el AMI concederá a las empresas e inversores internacionales, por primera vez en la historia, la potestad de perseguir y llevar a los gobiernos ante el Jurado Arbitral de la Cámara de Comercio Internacional, que, por otro lado, defiende los intereses de estos mismos grandes agentes privados. Con el derecho a verse compensados económicamente si se considera que la actuación estatal ha mermado, de alguna forma, su capacidad de obtención de beneficios, o hasta su propia imagen corporativa. Además, una vez que un Estado haya firmado el AMI no podrá desvincularse de él por un periodo de veinte años, independientemente de los cambios de gobierno o políticos que hubiere mientras tanto en el país en cuestión (Wallach, 1998).
Para poder hacerse una idea precisa de la trascendencia del AMI, cabría apuntar que en el caso de la UE dicho acuerdo podría significar la prohibición del trato preferencial acordado a los países (antiguas colonias) de Africa, Caribe y Pacífico (ACP), firmantes del Convenio de Lomé; pues contravendría la cláusula de "nación más favorecida"; así como pondría en cuestión también la llamada "preferencia comunitaria". "De la misma manera, podrían ser atacadas las políticas (...) de la Unión Europea a favor de las regiones de desarrollo retrasado" (Wallach, 1998). De igual modo, los estados no tendrán capacidad para sustraerse a la libre adquisición por parte de los inversores privados de cualquier tipo de propiedad pública, estatal o comunal. Lo cual podría llegar a suponer que posibles inversores internacionales -Disney o Time Warner, p.e.- adquirieran el museo del Louvre, el Taj Majal o incluso el Parque de Doñana, actuando sobre estas propiedades y remodelándolas, con el fin de cobrar a los turistas que las visitaran. Indudablemente, los países -o conjuntos de países, como la UE- más poderosos, procuran obtener ciertas excepciones o garantías, en beneficio propio, dentro la filosofía del MAI, pero está claro cuales son los objetivos finales que pretenden alcanzar las fuerzas económicas globales en estos foros, incluso menoscabando la capacidad de actuación de los principales estados del Norte.
El AMI intenta dar respuesta también al hecho de que en la actualidad más de la mitad de los flujos de inversión privada a nivel mundial se orientan hacia los países de las Periferias Sur y Este, y es en estos espacios donde en ocasiones existen un mayor número de "trabas" a la libre circulación y actuación del capital privado. Y es por eso por lo que aunque el AMI surge desde el seno de los países del Norte -es preciso tener en cuenta que el 85% de la inversión extranjera directa corresponde a la tríada: EEUU, UE y Japón-, existe un interés manifiesto de incorporar esta especie de "GATT de inversiones" a la OMC, con el fin de que sea de obligado cumplimiento a escala mundial. Se podría decir que el AMI supondrá la clave de bóveda de un orden económico global que se viene edificando desde hace años, y cuya dinámica se está acelerando rápidamente en los últimos tiempos, en donde los grandes actores privados buscan operar por encima de los Estados-nación, acceder a la propiedad estatal o comunal que hasta ahora les estaba vedada, incorporar al ámbito mercantil a los servicios públicos de todo tipo, y conseguir la máxima desregulación económica y financiera, así como social y medioambiental, a escala planetaria, con el fin de sacar el máximo provecho de la llamada competitividad internacional (CEO, 1998). Se podría decir que de esta forma el capital privado consigue una auténtica desamortización global, esta vez a nivel planetario.
En paralelo, y mientras este nuevo marco mundial desregulador se consolida, se asiste a múltiples movimientos de expansión y afianzamiento de los distintos mercados regionales planetarios, así como de concreción de distintos grados de libre comercio entre los mismos. En el caso europeo destacan diferentes iniciativas. El inicio de la ampliación al Este, sin duda el objetivo más ambicioso, que se hará en dos etapas y que afectará a diez países; proceso que ya se ha abierto y que se concretará desde los primeros años del próximo siglo. La instauración progresiva de una zona de libre comercio con todos los países de la cuenca Sur y Este mediterránea, que deberá estar finalizada para el año 2010. El establecimiento, entre otros, de acuerdos de libre comercio con México y Mercosur, así como el estrechamiento de relaciones comerciales con la APEC en el Pacífico. Y el avance hacia una zona de libre comercio y flujos de inversión entre las dos orillas del atlántico norte, entre la UE y EEUU ("New Transatlantic Market"); en las negociaciones al respecto, junto a la representación institucional participan representantes de las grandes empresas e instituciones financieras de ambos lados del Atlántico (CEO, 1997). E indudablemente la creación de la moneda única: el euro, que empezará a funcionar el 1 de enero de 1999 en 11 países de la UE. Este hecho culmina la creación del Mercado Unico, espacio económico que se consolidará definitivamente con la proxima cristalización de mercados únicos en materia de transportes, energía y telecomunicaciones.
La creación del Euro, reforzado por el llamado Pacto de Estabilidad, acentuará las tendencias ya señaladas que propicia el MU, en concreto la concentración de la actividad económica, y su ubicación preferente en el espacio centroeuropeo, profundizando por consiguiente los desequilibrios regionales intracomunitarios (CEO, 1997); y generará una auténtica revolución económico-monetaria en el plano europeo y global. Hay que tener en cuenta que la zona inicial de la moneda única es tan potente como la economía estadounidense (la zona del euro representa aproximadamente el 20% del PIB mundial, y el mercado de eurobonos será el mayor del mundo, por encima del de EEUU). Esto puede provocar que el euro acabe compitiendo con el dólar como divisa de reserva mundial, objetivo claro que se busca con su implantación; aparte de que su puesta en marcha permitirá desarrollar todas las potencialidades del MU por parte de las grandes empresas que operan en distintos países. Pero para ello será preciso construir unos mercados financieros más grandes y más integrados, pues la UE tiene un mercado financiero distribuido entre unas veinte capitales, lo que se ha apuntado que requerirá quizás la centralización de la actividad financiera europea en una capital física que desafíe a Nueva York. O coordinar de tal forma las distintos mercados financieros que trencen un solo mercado virtual. Lo cual, aparte de otras dinámicas que generará el euro, tendrá importantes implicaciones territoriales.
En todos estos procesos, íntimamente interrelacionados, su hilo conductor cabría buscarlo en la progresiva hegemonía que adquiere la producción y distribución a gran escala que opera en los mercados globales, así como el cada día más manifiesto poder que desarrollan los mercados financieros en el condicionamiento y evolución de la actividad económica planetaria, continental y estatal (con el creciente predominio de la economía financiera sobre la economía real). De esta forma, se va a alterar la escala de funcionamiento de la actividad económica y productiva (real) y el ámbito de los mercados sobre los que opera o se proyecta. Y al mismo tiempo, el protagonismo de la economía financiera va a ser cada vez más acusado, pues las reformas estructurales tienden a autonomizar cada día más su funcionamiento de los circuitos de la "economía real", condicionando al mismo tiempo la evolución de ésta de una forma cada vez más patente. Ello está teniendo importantes repercusiones espaciales, sociales y ambientales, que se intensificarán sin duda en los próximos tiempos.
A nivel mundial, los procesos de urbanización se están acelerando a resultas de la globalización económica (NNUU, 1994). Hoy en día el 50% de la población mundial habita en "ciudades" (NNUU, 1996). Este crecimiento es especialmente importante, en términos cuantitativos, en los países de la Periferia Sur, donde un mayor porcentaje de la población está vinculada a la actividad agraria tradicional o de pequeña escala (en algunos casos por encima del 60% ó70% de su población activa: China, India, Nepal...). La globalización económica, y especialmente la expansión del agrobusiness en la actividad agrícola, con el desarrollo de la agricultura de exportación en gran escala, está promoviendo una intensificación sin precedentes de las migraciones campo-ciudad en estos territorios periféricos. En algunas zonas (sudeste asiático, determinadas áreas de América Latina...) a este proceso se suma la deslocalización de la actividad manufacturera, que incide en el mismo sentido. Ello hace que las proyecciones que realizan las Naciones Unidas apunten a que en el 2025 más del 60% de la población mundial habitará en áreas urbanas (NNUU, 1996).
En los países del Norte, y en concreto en la UE, la concentración de la población en zonas o regiones urbanas también continuará incrementándose, si bien a un menor ritmo debido al elevado grado de urbanización ya existente. Las proyecciones actuales auguran pasar del 79% de la población total viviendo en zonas urbanas de mediados de los 90, al 83% para el 2005 a nivel comunitario (COE, 1994). Sin embargo, el hecho a destacar es la importante reestructuación territorial y urbana que implicarán los procesos económico-monetarios en marcha. Las dinámicas de especialización espacial económica y productiva se acentuarán, produciéndose una dualización progresiva del territorio, con regiones que evolucionan hacia una alta densidad y otras hacia unas densidades bajas o muy bajas, debido a la marginación que experimentarán algunas áreas o regiones (CE, 1994). Se reforzarán pues en el futuro los modelos de urbanización ya dominantes, pero "no todos los pueblos y las ciudades encontrarán su nueva situación tan ventajosa como la anterior" (RMOTUE, 1997). Así, "es probable que las áreas metropolitanas ubicadas en nudos estratégicos y bien equipados adquieran una influencia considerable a expensas de los centros urbanos más periféricos y peor equipados". Igualmente, "las ciudades de tamaño medio sitas en el centro del territorio de la Unión sacarán mayor provecho de la integración europea que las ciudades de la periferia" (CE,1997 a).
"Las ciudades se ven hoy más expuestas a los cambios económicos globales que antes (...) El mercado único y la liberalización del comercio mundial están teniendo efectos espaciales muy diferenciados. El resultado negativo de este fenómeno puede verse ya en la ampliación de las diferencias regionales que se registran en el interior de algunos Estados miembros (de la UE). Para las ciudades menos dotadas y (periféricas), el proceso actual de liberalización puede implicar unos costes de ajuste muy considerables" (CE, 1997 a). Asimismo, la introducción de la UEM provocará "una aún mayor dualización (y desequilibrio) del territorio de la UE, y un aumento de la marginación de las áreas menos preparadas para esta competencia incrementada (...) Las regiones, ciudades y territorios compiten entre sí para atraer actividades económicas, empleo, infraestructuras... (...) Y esta competicion puede generar una polarización entre ‘ciudades perdedoras’ y ‘ciudades ganadoras’" (RMOTUE, 1997).
Al mismo tiempo, la posible aparición en el futuro en la "Europa" del Euro de las llamadas "crisis asimétricas" (sobre las que ha alertado el Parlamento Europeo), que afecten de manera diferencial a distintos países y en concreto regiones de la Unión, y la no existencia de ningún mecanismo compensatorio a escala de la UEM, hará que estas crisis sean particularmente graves. El presupuesto comunitario es muy limitado, si se compara por ejemplo con el presupuesto federal estadounidense, y además los fondos estructurales o de cohesión no son fondos coyunturales, sino actúan en el medio o largo plazo. De esta forma, al haber perdido los distintos países las posibilidades de adaptación a posibles crisis que implica la utilización del tipo de cambio o de los tipos de interés, sólo les quedará la posibilidad de dejar que actúe el mercado de trabajo, con caída masiva de salarios o incremento brusco del paro, como única vía de adaptación a la nueva coyuntura. La UEM igualará precios pero no productividades, y las diferencias en este sentido en el espacio comunitario son muy importantes, con lo cual los shocks que genere la implantación de la moneda única pueden llegar a ser muy considerables.
Además, la creación de las Redes Transeuropeas (de transporte, energía y telecomunicaciones) para favorecer el mercado interior y la competitividad, pues su objetivo es "integrar territorios en competencia recíproca dentro de un espacio europeo globalmente competitivo (...), (inducirá igualmente) un reforzamiento las desigualdades territoriales" (CE,1994). La creación de estas redes, junto con los procesos de liberalización y privatización correspondientes, favorecerán en costes a las grandes empresas (bajada de precios de transporte, energía y telecomunicaciones para los grandes usuarios, que no para los pequeños), reforzando las tendencias que ha propiciado el mercado interior de concentrar las actividades económicas en las regiones más prósperas (el llamado "Plátano Dorado") o con ventajas competitivas. De esta forma, se impulsará un crecimiento adicional de las grandes ciudades al mejorar las conexiones entre las principales aglomerados urbanos. Al tiempo que el crecimiento de las actividades de servicios, en especial financieros y decisionales, más que de la industria manufacturera, actuará en la misma dirección. Es preciso recordar que el grueso de la actividad de I+D, un componente fundamental del desarrollo tecnológico y del crecimiento actual, se localiza también en la "Golden Banana".
Las Redes Transeuropeas, contempladas en el Tratado de Maastricht, pretenden, en su capítulo de transporte, la creación de más de 12.000 kms. nuevos de autopistas y autovías de dimensión comunitaria (un tercio más sobre los ya existentes), y de 10.000 kms. de conexiones en alta velocidad ferroviaria que vincularán gran parte de los principales núcleos urbanos, así como ampliar sensiblemente la capacidad aeroportuaria de las mayores conurbaciones, y construir superpuertos y grandes áreas de actividades logísticas que permitan al mismo tiempo conectar a la economía europea con la economía global (Fdez Durán, 1998). En lo que se refiere a las redes de energía se busca conectar y reforzar las diferentes redes estatales, privatizando y desregulando su funcionamiento, para que las empresas abastecedoras puedan llegar a adquirir una verdadera proyección comunitaria, al tiempo que se desarrollan nuevos enlaces de abastecimiento con los territorios circundantes en el Sur y en el Este, para garantizar las crecientes demandas energéticas. Y finalmente, las correspondientes a telecomunicaciones, las llamadas "autopistas de la información", conectarán prioritariamente los puntos fuertes del territorio, donde se concentra la población y la actividad económica, creando una infraestructura tecnológica de comunicaciones de banda ancha que posibilite la transmisión digitalizada simultánea, a larga distancia, de diversos tipos de información (voz, datos, imágenes...), en grandes volúmenes.
El coste de ejecución de las Redes Transeuropeas es ingente, del orden de 400.000 millones de euros (Hoedeman, 1996), siendo la parte del león la correspondiente a transporte. La financiación de dichas infraestructuras, que deberán completarse para el 2010, se contempla que sea a través de distintas vías. Financiación pública, comunitaria y estatal, a través de los fondos estructurales y de cohesión y los presupuestos estatales correspondientes. Posible financiación privada adicional. Créditos a bajo interés del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Y posible emisión de eurobonos; mecanismo de financiación que, al menos por ahora, parece descartado. Sin embargo, el limitado presupuesto comunitario, la necesidad de cumplir los criterios de convergencia, y la dificultad adicional para encontrar financiación privada (máxime tras el fiasco financiero del Eurotunel), está haciendo muy complejo, por el momento, conseguir los recursos necesarios para abordar, con la urgencia que propone la Comisión, la construcción de las redes transeuropeas. Y eso a pesar de que parte de los recortes en el gasto social (calificados como improductivos por el FMI) se están orientando por los diferentes estados a la construcción de infraestructuras (gastos productivos de acuerdo también con el FMI). Es por eso por lo que se propone orientar los futuros recortes en la PAC, como consecuencia de las nuevas negociaciones en la OMC, a la construcción de estas infraestructuras.
Estas redes incentivarán, pues, una concentración adicional de la población en grandes regiones urbanas, que se da, como ya se comentó, junto con una creciente dispersión espacial del crecimiento de dichas conurbaciones. Todo lo cual hace que se incrementen sustancialmente el espacio tocado por el proceso urbanizador y las necesidades de transporte motorizado. En los últimos tiempos, el incremento de las necesidades de transporte motorizado duplica prácticamente la evolución del crecimiento del PIB (G.T. 2000 Plus, 1990). La globalización económica (con la paralela ampliación de los mercados) y la explosión de la movilidad motorizada no son, como ya se apuntó, sino las dos caras de una misma moneda. Además, debido al carácter cada día más difuso de los procesos de urbanización en los territorios metropolitanos, la expansión del transporte por carretera (y privado) se convierte cada vez más en un imperativo. Al tiempo que la creación de infraestructuras viarias de gran capacidad induce el crecimiento urbano en "mancha de aceite", dificultando su servicio por transporte colectivo. Por otro lado, "las telecomunicaciones sirven efectivamente, dentro de un determinado contexto social, económico y tecnológico, para sustituir algunas modalidades de desplazamiento. Pero al mismo tiempo posibilitan nuevas formas de reorganización de las actividades y de la propia movilidad que, de hecho, refuerzan la demanda de transporte (...) (El desarrollo de las telecomunicaciones va a permitir) otro paso de expansión de lo urbano hacia el territorio circundante (...) Las telecomunicaciones constituyen así la mezcla explosiva ideal para una nueva onda expansiva de las metrópolis" (Sanz, 1997).
De igual modo, la expansión de la UE al Este introducirá cambios sustanciales, y afectará especialmente a las regiones más vulnerables, situadas en el sur de la Unión (CE, 1994). De una parte, la ampliación está afectando ya al marco presupuestario de la Unión. La llamada Agenda 2000 (CE, 1997 b), la que define este nuevo marco, establece que a partir de los primeros años del próximo siglo los países del Este absorberán una parte creciente del presupuesto comunitario, lo que sin duda afectará a los países receptores netos, y especialmente a los países que se benefician de los fondos de cohesión. A los que se endurece su acceso si no se cumple con el llamado Pacto de Estabilidad, y que puede que se les eliminen estos fondos por el hecho de estar ya en el euro. Al mismo tiempo, al ingresar los países del Este, hará que baje la renta media comunitaria, cuya media respectiva es un tercio de la de "los quince", lo que provocará que muchas de las actuales regiones objetivo 1 queden fuera y no tengan derecho a fondos comunitarios. Además, las regiones que sean objetivo 1 no podrán disfrutar de otro tipo de fondos (p.e., de ayuda al desempleo), lo que reducirá adicionalmente el volumen de dinero que llega de Bruselas. Y los fondos agrícolas se destinarán, en una abultada cuantía, a reestructurar las agriculturas del Este, que acaparan todavía un volumen de población ocupada del 22% de su población activa (en comparación con el 5% de la actual UE), con el fin de que el shock de la entrada en la PAC no sea traumático desde el punto de vista social. Sobre todo, una vez reconvertidas y modernizadas las estructuras agrarias de "los quince", y en concreto del Sur. De hecho, los cultivos continentales se llevarán porcentualmente más dinero de la PAC en el futuro y los mediterráneos menos.
En paralelo, los países "ricos", y contribuyentes netos de la Unión, Alemania, Holanda, Suecia y Austria (en general, los que más se "benefician" del MU), están reclamando en los últimos tiempos una reducción en su esfuerzo presupuestario a las arcas de la Unión, lo que seguramente acentuará la regresividad de la distribución de la renta comunitaria y las diferencias regionales. Todo ello configura un entorno presupuestario nuevo, en el que los actuales países receptores netos, y en concreto España, el principal receptor con 900.000 millones (más del 1% del PIB español), van a tener que hacer frente progresivamente solos a las sacudidas del mercado, y en concreto del euro. En la Agenda 2000 se contempla también una reorientación de los fondos estructurales (que bajan porcentualmente dentro del total del presupuesto comunitario) hacia los espacios altamente urbanizados, con el fin de hacer frente a los problemas sociales que se manifiestan también, cada vez con mayor intensidad, en los barrios en crisis de las grandes aglomeraciones. Lo que asimismo hará que dichos fondos se encaucen, progresivamente, hacia los espacios más desarrollados de la UE.
La ampliación al Este supone un incremento notable del área de mercado de la UE. Más de 100 millones de nuevos consumidores potenciales, que se sumarán a los 370 millones de la actual UE; eso sí con una capacidad adquisitiva bastante inferior a la media comunitaria. Pero el verdadero atractivo de la ampliación es el acceso para las principales fuerzas económicas de la UE a amplios recursos productivos, así como energéticos y naturales, y sobre todo la posibilidad de utilizar una mano de obra cualificada con un muy bajo coste laboral. Como ha expresado gráficamente la ERT es "como si se hubiera descubierto (de repente) un nuevo ‘sudeste asiático’ en nuestro patio trasero" (CEO, 1997). Lo que sin duda contribuirá a una creciente deslocalización productiva a medio plazo hacia este amplio espacio geográfico. Todo lo cual hace que se prevea un muy fuerte incremento de los volúmenes de transporte motorizado con estos países, y que se esté dedicando un importante esfuerzo inversor (auspiciado por el BM, el BERD, el BEI..., y que incrementa la deuda externa de dichos estados) a reforzar las conexiones en materia de infraestructuras, especialmente viarias, con estos territorios (Fdez Durán, 1998).
Lo mismo se podría decir de la creación de un área de libre comercio en toda la cuenca mediterránea. La posibilidad de un acceso más fluido (desarme arancelario) a una amplia demanda adicional para los productos comunitarios, la capacidad de control de importantes recursos naturales y energéticos por parte del capital europeo, la utilización de una muy abundante y barata mano de obra (en este caso, no cualificada) para la elaboración de manufacturas intensivas en factor trabajo (textil, calzado, juguete...), que se están deslocalizando ya (entre ellas empresas españolas) desde el territorio de la UE hacia este amplio espacio geográfico, y sobre todo la intensificación de la actividad agrícola de exportación (cítricos, hortalizas, frutales...) hacia los mercados comunitarios, impulsadas por grandes empresas del sector agroalimentario europeo, hacen enormemente atractivo para el capital europeo la intensificación de las relaciones comerciales con las otras orillas del Mediterráneo.
Las exportaciones agrícolas, que se aprovechan también de unos reducidísimos costes mano de obra, competirán, cada vez más, con la agricultura meridional de los países del Sur de la UE. De esta forma, se están fomentando, con financiación comunitaria, importantes embalses en el Atlas marroquí para desarrollar grandes proyectos de regadío, y lo mismo sucede en Egipto, Túnez y Turquía (con la que se acaba de establecer una Unión Aduanera)(García Rey y Martín Barajas, 1997). Al tiempo que proliferan propuestas de creación de grandes infraestructuras de transporte y energéticas en todo este ámbito, con apoyo financiero del BM y del BEI. Todos estos grandes proyectos incidirán también en un creciente endeudamiento externo de estos países. En concreto, el faraónico enlace entre Africa y el subcontinente europeo, e importantes redes viarias para conectar los países del Magreb con dicho enlace, o con los puertos que permitirán la exportación de mercancías hacia un mercado comunitario cada vez más abierto al exterior.
Estas dinámicas inciden cada vez más en el ámbito de lo social. Por un lado, porque el crecimiento que impulsan favorece a la gran producción y distribución, parca en factor trabajo y cada vez más móvil, induciendo al mismo tiempo crecientes fusiones y absorciones de estas mismas grandes empresas, con reducciones considerables de empleo. Al tiempo que desarticulan las economías locales, organizadas en gran medida en torno a la pequeña actividad productiva tradicional, más intensiva en la utilización de trabajo humano (en muchos casos de tipo autónomo o no asalariado). Y en paralelo, concentran a la población en espacios crecientemente urbanizados incrementando su grado de dependencia de un trabajo asalariado cada día más escaso y precario, generando el fenómeno de lo que se ha venido a llamar los "working poors" (trabajadores que no ganan lo suficiente para salir del nivel de pobreza). Por otro lado, el desmontaje del Estado del Bienestar que todos estos procesos, junto con la aplicación de políticas neoliberales, generan, con el recorte del gasto social correspondiente, hace que esa población vulnerable o directamente sobrante, excluida a su pesar de un mercado de trabajo crecientemente degradado, y que se condensa prioritariamente en las metrópolis, tenga que hacer frente a sus necesidades vitales cada vez con menos ayudas públicas. De esta forma, se expande la exclusión, la vulnerabilidad y las diferencias sociales en el seno de las regiones urbanas, lo que amenaza la cohesión social de dichos espacios. Las Naciones Unidas han caracterizado este fenómeno como "urbanización de la pobreza" (NNUU, 1996). En el interior de las grandes regiones metropolitanas se expande el universo de los "sin": "sin techo", "sin papeles" (inmigrantes), "sin trabajo", "sin ayuda social"..., configurando una compleja geografía de la exclusión, en muchos casos codo con codo con enclaves conectados a la Economía Global.
La creación de la UEM intensificará estos procesos en el espacio comunitario y en especial en los países más débiles y periféricos. "Los Estados miembros competirán por tener los impuestos, los salarios y el gasto público más bajo posible, con el fin de aumentar su competitividad y atraer capital y empresas" (Thorlund-Jepsen, 1998). Aparte de que se verán obligados a ello por las condiciones que impone el llamado Pacto de Estabilidad, aprobado en la Cumbre de Amsterdam. El déficit público tiene que tender progresivamente a cero, a medio plazo, hecho que junto a la progresiva desfiscalización de las rentas del capital que impone la globalización económica, el incremento de su movilidad y capacidad de refugio en "paraísos fiscales", la reducción de la base fiscal de las rentas del trabajo, la reorientación del gasto público hacia la creación de infraestructuras y a su mantenimiento, el creciente gasto público que implica el funcionamiento de los espacios altamente urbanizados, etc., "obligará" a recortar el gasto social, recayendo el peso del ajuste sobre los sectores más débiles. So pena de verse expuestos a multas que pueden llegar a suponer hasta el 0,5% del PIB del país en cuestión. Unos 400.000 millones de ptas en el caso español.
En otro orden de cosas, el impacto ambiental, continental y planetario, de la evolución del actual modelo productivo y territorial no hace sino agravarse, y la expansión del mercado europeo y la globalización económica no hará sino acentuar los actuales desequilibrios ecológicos. La propia UE reconoce una progresiva degradación del entorno ecológico comunitario y que sus políticas ambientales "no son suficientes para mejorar la calidad ambiental en general, y menos aún para avanzar hacia la sostenibilidad (...) Con las medidas adoptadas hasta la fecha no se conseguirá (...) el desarrollo sostenible" (AEMA, 1995). Y las recomendaciones de la "Conferencia para una Europa Sostenible" (FOEE, 1995) indican que "los cálculos basados en el concepto de ‘espacio ecológico’ -o ‘huella ecológica’- sugieren que, en general en Europa, debemos reducir nuestro consumo de recursos naturales, en algunos casos hasta un orden de magnitud diez veces menor, equivalente a una reducción del 90% sobre los niveles actuales", para no seguir importando sostenibilidad del exterior. Al mismo tiempo que señalan que "el bienestar de la gente y calidad de la vida han ido declinando desde 1970, aunque los indicadores de bienestar económico (PIB) se hayan incrementado", para concluir que "el presente paradigma de desarrollo occidental es insostenible, y no debe ser promovido ni en el Este ni en el Sur".
Si existe una variable en la cual se pudiera sintetizar la insostenibilidad del actual modelo económico, ésta sería sin lugar a dudas el consumo de energía, por el carácter finito de los combustibles fósiles de los que ésta depende de forma mayoritaria, por los importantes efectos medioambientales que su uso conlleva, y por su carácter central en el mantenimiento de la dinámica del actual modelo productivo y territorial. Pero teniendo en cuenta que la extenuación de recursos y los impactos que se derivan del consumo energético, es sólo una parte, eso sí muy importante, dentro de la enorme variedad de agotamiento de otros recursos no renovables, y de desequilibrios ecológicos, que propicia el despliegue del actual modelo. De esta forma, las proyecciones existentes (CE,1995) indican que el consumo de energía directo en el espacio comunitario manifiesta un crecimiento continuo, y eso a pesar del incremento en la eficiencia energética, y de la reducción del peso de la actividad industrial en las cifras del PIB de la UE; y por supuesto sin considerar el consumo energético indirecto que induce el consumo y la actividad económica europea en los espacios periféricos.
Ello hará que para el 2020 se acentúe la dependencia energética de la UE respecto de terceros países, pasando el grado de dependencia del 50% actual al 70-75% para dicho horizonte. En el caso del petróleo el grado de depencia será considerablemente superior: llegará al 90%. Una de las razones principales, que no la única, de este creciente consumo energético radica en la vertiginosa evolución de las necesidades de transporte. De esta manera, el sector transporte que en la actualidad es el responsable del 30% del consumo energético a escala comunitaria, se situará en torno al 45% para el horizonte mencionado (CE, 1995). Todo lo cual hará enormemente difícil, por no decir imposible, que la UE pueda p.e. cumplir los más que tímidos compromisos de reducción de emisiones de CO2 adquiridos en la Cumbre de Kyoto para intentar hacer frente al cambio climático. Además, el hecho de que las reservas probadas mundiales de petróleo tengan una duración de unos 40-50 años, y de que "la curva en ascenso de consumo de crudo se espera que cruce la (futura) curva en descenso de la producción en algún momento entre el año 2000 y el 2010", hará que muy probablemente el coste de este recurso energético se dispare al alza, lo que tendrá un efecto muy importante sobre un modelo alimentario-productivo y territorial que se basa en la energía barata y en la movilidad motorizada, hasta el punto de llegar a poner en cuestión la expansión continuada del mismo (Reese, 1998).
Ante este estado de cosas, las propuestas que se van perfilando en el horizonte, no son un cambio en las tendencias actuales para hacer frente a la insostenibilidad, sino como ya se ha apuntado se insiste en una profundización en los procesos de globalización económica que no hacen sino agudizarlas. Además, ello va acompañado también de una demanda de creciente desregulación y desarrollo de los mecanismos de mercado como vía más adecuada, se dice desde las instancias institucionales, para hacer frente a los desequilibrios ecológicos. Más mercado, y menos Estado. Así, tanto el marco fijado a escala mundial por la Ronda Uruguay, como la nueva ronda de negociaciones que se va a abrir en el seno de la OMC, y sobre todo la futura aprobación del AMI, pueden hacer que los acuerdos multilaterales de carácter medioambiental (convenio de Montreal sobre CFC’s, Protocolo de Kyoto, convenio CITES sobre especies protegidas, convenio de Biodiversidad...; e in extremis hasta la propia política medioambiental comunitaria) lleguen a ser denunciados ante el tribunal de apelaciones de la OMC como un freno al libre comercio mundial (WWF, 1996). Del mismo modo, el nuevo Tratado de Amsterdam, a escala europea, establece que la CE puede llegar a bloquear legislación ambiental de los diferentes estados miembros que suponga una restricción al funcionamiento del MU.
La gran industria comunitaria está imponiendo un cambio de énfasis en las políticas ambientales. Se hace hincapié en que es preciso abandonar la obligatoriedad de estándares y el intervencionismo estatal para la resolución de conflictos ecológicos, y que se debe caminar hacia "acuerdos voluntarios" con las grandes empresas para reducir los impactos ambientales. Se propugna que es preciso orientar la política ambiental hacia un modelo neoliberal tipo EEUU, crecientemente desregulado, al igual que en materia de mercado laboral. Y, en este sentido, se aboga por una simplificación administrativa de los procedimientos de intervención. En concreto se habla abiertamente de reducir y agilizar los Estudios de Impacto Ambiental, y las declaraciones correspondientes, para acelerar, entre otros grandes proyectos de inversión, la construcción de las Redes Transeuropeas de Transporte. En definitiva, se apunta que para impulsar el crecimiento económico en la UE, y para poder competir abiertamente en el mercado mundial, es preciso liberar a "Europa" de restricciones sociales y ambientales (EEB, 1996).
Recapitulando, se podría afirmar que la aceleración de la globalización económica fomenta una creciente urbanización a escala europea y mundial, y un desarrollo imparable de la movilidad motorizada. Hasta la propia CE reconoce que "esta expansión urbana aumenta los costes de las infraestructuras urbanas, el tráfico y el consumo de energía, y tiene efectos negativos sobre la calidad del entorno natural y del medio ambiente". Para continuar afirmando que este tipo de desarrollo "va totalmente en contra del desarrollo sostenible" (RMOTUE, 1997). O bien que "las grandes ciudades absorben cada vez más recursos y producen cada vez más emisiones tóxicas y desechos que imponen una pesada carga medioambiental en el entorno próximo y no tan próximo" (CE,1994). Pero al mismo tiempo, y quizás en una actitud esquizofrénica, la concentración y el desarrollo urbano se considera, por parte de la CE, como un bien en sí mismo, y no se hace más que recalcar el papel fundamental que juegan las zonas urbanas para la competitividad de toda la UE en el mercado mundial (RMOTUE, 1997; CES, 1996). Al igual que las propias Naciones Unidas, que después de caracterizar bastante fielmente los problemas que enfrentan las grandes conurbaciones en la actualidad, terminaba difundiendo el mensaje en la Cumbre Habitat ll de Estambul de que "hay que preparar a la comunidad internacional para la vida en una tierra urbanizada" (NNUU, 1996). O el propio ministro de vivienda alemán que, de cara al mismo foro, señalaba que "tenemos que considerar el desarrollo urbano como una oportunidad para el desarrollo sostenible" (NNUU, 1995)(el subrayado es nuestro). Cuando "las ciudades ocupan sólo el 2% de la superficie de la tierra, pero usan alrededor del 75% de los recursos y producen porcentajes similares de desechos" (Gurardet, 1996).
Si bien lo que parece que verdaderamente acontece es que "en los próximos años este tumultuoso proceso de urbanización avanzará de forma aún más rápida y exasperada, se acelerará este proceso de artificialización global del planeta, que utiliza la tierra como puro soporte inanimado de una máquina de asentamiento que encuentra en sí, en la propia autoreferencia, su autonomía total (...) (Pues) el modelo de asentamiento de la metrópoli contemporánea expande invasivamente funciones en el territorio sin relación con la naturaleza y con la historia" (Magnaghi, 1996). Y esta urbanización-metropolitanización de la actividad económica no es producto de la eficiencia, sino de los subsidios masivos y de la no internalización de los crecientes costes sociales y ambientales, que genera la progresiva hegemonía de la actividad económica a gran escala que opera en los mercados globales. Ya que un mayor grado de urbanización traerá más beneficios para la gran producción y distribución, pues las poblaciones urbanas, y especialmente los "arrecifes humanos" de las megalópolis, deberán utilizar recursos y mercancías globales (que controlan dichos agentes económicos), más que locales, para poder desarrollar y garantizar su existencia.
Pero aparte de esta creciente metropolitanización, o creación de lo que se ha denominado anteriormente "segunda piel artificial" (Magnaghi, 1996), física, cuya expansión y reconfiguración se ve incentivada por los procesos de globalización económica productiva, se está desarrollando desde hace años otra "tercera piel artificial", en este caso prioritariamente inmaterial, cuya consolidación y desarrollo repercute también en la dinámica de la "segunda piel artificial". Esta "tercera piel artificial" (virtual), que sería el cúmulo de conexiones y flujos inmateriales que propician las nuevas tecnologías (y redes) de información y telecomunicación, estaría posibilitando la construcción de "una ‘nueva ciudad’ que está en plena expansión y que tiende a ser planetaria ('telépolis' o ‘ciudad virtual’). Dicha ‘ciudad’ se superpone a los Estados, naciones y ciudades existentes y se caracteriza porque sus ciudadanos interactúan a distancia, rompiendo el principio de vecindad y de territorialidad que ha caracterizado a los asentamientos urbanos" (Echevarría, 1994). A través de estas redes inmateriales los que principalmente interactúan son las grandes empresas, aparte de cierta categoría de ciudadanos -los "inforricos"-, y éstas están utilizando ya Internet para acceder comercialmente a la capacidad de consumo de los cibernautas. Pero los agentes que verdaderamente usan todo el potencial de estas redes virtuales, especialmente las que conectan con los principales mercados financieros, y estos entre sí en todo el mundo, son los grandes inversores institucionales (fondos de pensiones, de inversión...).
Es a través de estas redes como se acrecienta por momentos el poder del dinero, cuyo volumen crece continuamente como resultado de la expansión de la economía monetaria en todo el planeta. Ello va alimentando una burbuja especulativa, crecientemente desvinculada de la economía real, que funciona non-stop, 24 horas el día, y que circula a la velocidad de la luz por el ciberespacio. Y en este trasiego de grandes volúmenes de dinero (virtual), que se produce en muchas ocasiones a través de simples mensajes de ordenador, se pueden desatar crisis financieras que condicionan el devenir de amplias áreas del planeta, transfiriendo grandes volúmenes de riqueza de unas zonas a otras, y trastocando bruscamente el poder adquisitivo de poblaciones enteras (la reciente crisis -inacabada- de todo el sudeste asiático -y de Japón- es un buen ejemplo de ello; la crisis financiera de México en diciembre del 94 fue también una buena muestra, que tuvo asimismo consecuencias en prácticamente toda Latinoamérica -efecto Tequila-; y la que se está gestando en Rusia y que puede afectar a todo el Este, y por extensión a Alemania y a la UE, quizás sea la próxima). Hechos que repercuten en el plano productivo y en última instancia en el modelo social y territorial. Ni siquiera los países del Norte están al margen de estas turbulencias financieras, las crisis del sistema monetario europeo en los noventa así lo atestiguan. Recientemente, Helmut Kohl lo ha expresado de forma clara: "Hoy es el sudeste asiático, pero mañana puede ser Europa" (EL PAIS, 5-4-98). Y es probable que entre el inicio del periodo de transición hacia la moneda única, y la plena implantación de ésta, se asista a ataques de los mercados financieros contra las divisas comunitarias y su anclaje al Euro. Quizás, contra las más débiles y periféricas (Castells, 1998). La especulación contra la peseta, y su tipo de cambio, definitivo e irrevocable, podría ser probable. El tiempo dirá.
Por último, en esta Tierra miniaturizada por las redes inmateriales donde la información y especialmente los flujos financieros circulan a la velocidad de la luz, en el que se asiste a la pérdida de la conciencia de distancia y a la muerte de la geografía, donde el tiempo global único se impone a la multiplicidad de tiempos locales, donde el mundo propio se pierde en beneficio del mundo virtual, existe el riesgo de perder el pasado y el futuro al convertirlo todo en un presente (omnipresente, valga la redundancia) sin alternativa posible. "El tiempo mundial y el presente único (...) reemplazan al pasado y al futuro (diversos)" (Virilio, 1997). Pero este mundo virtual, este ciberespacio dominado prioritariamente por el poder del dinero y los mercados financieros, está amenazado probablemente por el colapso. La creación de ‘riqueza’ monetaria (especulativa) a partir prácticamente de la nada, que funciona como el juego de la pirámide, puede que esté tocando a su fin ("inesperado"), como han estado anunciando voces muy cualificadas en los últimos tiempos. La potencial crisis del Casino Financiero Global en el que estamos inmersos, la temida deflación o recesión planetaria, puede arrastrar tras de sí a toda la economía mundial, debido a las fuertes interrelaciones existentes, alterando bruscamente la estructura productiva, las dinámicas sociales y la expresión espacial de todos estos procesos. Si esto llega a ocurrir, se asistirá previsiblemente, y no sin agudas convulsiones sociales, a un resurgir de la pluralidad de lo local contra la tiranía homogeneizadora de lo global, de la producción en pequeña escala contra la producción transnacionalizada, a una fuerte contracción del comercio mundial y de la economía monetaria, así como de la movilidad motorizada a todos los niveles, y a una vuelta de lo rural en detrimento de lo urbano. Quizás sea éste también un escenario a tener en cuenta.
Rasgos inquietantes del paisaje futuro del espacio español
Inducidos por las transformaciones que acontecen en el contexto europeo y global, se observan importantes cambios en el funcionamiento de la actividad económica y financiera durante la década de los 90 en el territorio español. Por un lado, las principales empresas y bancos públicos españoles están en pleno proceso de privatización (Endesa, Telefónica, Repsol, Argentaria...), o han sido ya privatizados, participando en este proceso tanto los grandes actores del capital español (especialmente bancario) como extranjero. Sectores que cada vez interrelacionan más sus estrategias, formando los llamados "núcleos duros" que controlan estas empresas con porcentajes limitados del capital social, que se distribuye mayoritariamente entre pequeños accionistas. Ello se está dando en paralelo con una creciente penetración de su actividad en mercados exteriores, en especial en América Latina, pero también, aunque en mucha menor medida, en otros "mercados emergentes": sudeste asiático, países del Este, norte de Africa... El año pasado, por primera vez la inversión española en el exterior (dos billones de pesetas) fue mayor que la inversión extranjera directa en España (Cebrián, 1998). Además, esta expansión "española" hacia el exterior está siendo impulsada cada día de forma más clara por el propio Estado (ayudas a la exportación, reforma de la fiscalidad...). Hasta las grandes empresas de construcción e ingeniería tienen en su volumen de negocio un porcentaje exterior cada vez más relevante, provenientes sobre todo de países de la Periferias Sur y Este, vía grandes proyectos de los bancos multilaterales de "desarrollo" (BM, BID, BERD...).
La movilidad creciente del capital productivo (aparte del puramente especulativo) que facilitan los procesos de expansión de los mercados y de globalización económica, puede llegar a afectar de una forma importante a la actividad industrial "española". Además de la reestructuración productiva ya mencionada que implica el MU y que profundizará la creación del euro, las tensiones de deslocalización productiva hacia espacios más competitivos (en términos de coste de la fuerza de trabajo y menores restricciones ambientales) pueden acentuarse. Tanto hacia los espacios periféricos de la actual UE (países del Este y mediterráneos), como a escala mundial. Por lo que cada vez será más necesario establecer atractivos suficientes (desde ayudas públicas de todo tipo, hasta un mercado de trabajo absolutamente desregulado y menores exigencias "ecológicas") para su permanencia en suelo patrio. Un sector como la industria del automóvil puede verse tentado, quizás, a medio plazo, cuando se amorticen suficientemente las inversiones realizadas, a ubicarse en los países del Este (de hecho, está ocurriendo ya), especialmente en aquellos que ingresarán antes en la UE. Lo que puede tener una importante incidencia en la balanza comercial (un tercio de las exportaciones corresponde a la industria de la automoción), y sobre la actividad económica de determinadas áreas urbanas (Zaragoza, Valladolid, Vigo, Valencia, Barcelona, Madrid, Sevilla...). Hecho que puede alcanzar especial trascendencia allí donde estas industrias son una especie de monocultivo.
La industria básica continúa, en general, su proceso de desmantelamiento afectando a comarcas y regiones enteras (Bahía de Cádiz, Asturias, Euskadi...). En este caso, también, la desaparición de este tipo de industria puede poner en cuestión el futuro de núcleos urbanos que se desarrollaron al calor de la misma (Mieres, Gijón, Ferrol, Puerto Real...). Por otro lado, tejidos productivos muy dinámicos, como toda la pequeña industria que se ubica en el sur de Valencia y gran parte de la provincia de Alicante (Díaz Orueta, 1995), pueden verse afectados por la deslocalización productiva hacia el Magreb. Y la desaparición de determinadas industrias del sector agroalimentario (azucareras, p.e.), está repercutiendo de forma importante en la actividad determinadas zonas del interior peninsular (León, Palencia...). Igualmente, en los grandes Polos Químicos de Huelva y Tarragona, se producen abandonos, hacia zonas, p.e., como Marruecos, para eludir las inversiones a realizar con el fin de reducir el impacto ambiental de su actividad, y ello a pesar de que gozan de subvenciones comunitarias y estatales para reducir su nocividad.
Ante esta situación, el estado está utilizando diversas vías para atraer a la industria transnacional. Una de ellas es la preparación y ofrecimiento de suelo industrial en buenas condiciones de mercado, y en algunos casos casi hasta gratuitamente (caso de General Electric en Cartagena, Dupont en Asturias...); lo que se realiza a través del SEPES (agencia estatal de preparación de suelo), o de agencias regionales de desarrollo. De cualquier forma, la privatización del sector público productivo rentable y la liquidación del que tiene pérdidas, que se quiere plasmar para antes del año 2000, implicará una destrucción progresiva del empleo industrial a corto y medio plazo. Todo parece indicar, pues, que el sector industrial seguirá perdiendo peso en el conjunto de la actividad económica, y en todo caso que la producción industrial que se realice se llevará a cabo con una cantidad de empleo cada día más reducida, más precaria, y en muchos casos hasta sumergida (confección, calzado, juguete...), si quiere seguir siendo competitiva.
En cuanto al sector agrario, se augura que el millón de personas activas que hoy en día todavía permanece vinculada al campo (8% del total) podría llegar a encogerse hasta unos 500.000 (4% del total), o quizás menos; convirtiéndose todos ellos en "asalariados" del sector del agrobusiness. Tanto la reforma de la PAC, como el nuevo marco mundial del comercio agroalimentario, presionan en ese sentido. La liberalización del comercio mundial en este terreno (vía OMC) obliga a reducir los precios, y a acometer la reforma de la PAC, que implica una subida de las ayudas directas que es inferior a la pérdida de ingresos derivada de dicha bajada. Además, esas ayudas se concentran cada vez más en las producciones estratégicas y más competitivas a escala europea y mundial, favoreciendo cada día de forma más acusada a las grandes explotaciones (Maté, 1998 a). En relación con la agricultura de tipo continental, se ha llegado a afirmar que "en el triángulo comprendido entre Aquitania, Dinamarca y el sureste del Reino Unido se pueden producir a menor coste los alimentos necesarios para todas las demás regiones, importando (eso sí) productos para el alimento del ganado" (CE, 1994). Este nuevo marco entrañará la intensificación del desmantelamiento de la agricultura (y ganadería) del mismo signo de la Cornisa Cantábrica y de la "España Interior", incapaz de competir en mercados cada día más abiertos, en condiciones cada vez más difíciles y con menos ayudas, en especial las pequeñas explotaciones. Todo lo cual supondrá un verdadero ciclón sobre la estructura territorial previa.
La apertura de la UE al mercado mundial agroalimentario propiciará un aún mayor levantamiento de superficie de viñedo, ante la imposibilidad de poder competir con el vino de Chile, Argentina, Australia o California, que entrará cada vez más fácilmente en el espacio de la Unión. Al tiempo que incentivará el aplicar el regadío a este cultivo tradicionalmente de secano, incrementando la demanda de recursos hídricos, con el fin de aumentar su productividad y competitividad. Asimismo, posibilitará la entrada sin restricciones de la producción bananera centroamericana y caribeña, en detrimento del plátano canario o de los países de la ACP. E igualmente, la reforma de la PAC, para adaptarse a estos cambios, podría reducir la superficie de girasol a la mitad. Este cultivo desaparecerá de las zonas de secano y probablemente de ambas mesetas (Maté, 1998 a), siendo sólo rentable en el futuro si se cultiva en regadío. Estos cultivos están cada vez más dominados a nivel global por la industria del agrobusiness, de procedencia principalmente estadounidense, y la UE tiene que adaptar su política en este campo, lo cual tendrá importantes repercusiones económicas, sociales, territoriales y ambientales sobre el espacio español.
A la tendencia en ascenso de propiciar el regadío (se contempla la creación de más de un millón de nuevas Has, subvencionadas en gran medida por la UE y el estado) para incrementar la productividad de los cultivos, hecho particularmente impactante para un territorio en gran medida árido como el español, se une la "necesidad" de reestructurar el regadío existente para que sea competitivo a nivel internacional. Así, en el Avance del Plan Nacional de Regadíos, se señala que los regadíos tradicionales y estatales (casi dos terceras partes del total) están caracterizados por una excesiva parcelación, y que "el reducido tamaño de las explotaciones constituye un freno a la competitividad" (SGDRCN, 1995). Por ello se propone la modernización de este tipo de regadíos, propiciando su concentración, y la orientación en el futuro de la producción agraria hacia aquellas producciones estratégicas en las que el territorio español sea más competitivo.
Una de ellas es indudablemente el olivar. Pero aquí también se observa como prima la lógica productivista que impera en el libre comercio mundial. Desde el hecho de que se va imponiendo progresivamente el riego de este cultivo de secano, hasta que el nuevo marco regulador (la reforma Fischler) prima a las grandes explotaciones más productivas, al tiempo que penaliza las pequeñas explotaciones, o aquellas menos competitivas. De esta forma, muchas explotaciones deberán cesar su actividad, fundamentalmente en las peores zonas de Andalucía y en la casi totalidad del resto de las regiones con olivos de baja producción en secano, propiciando el abandono poblacional de zonas de agricultura mediterránea. Además, el que se reconozca por la UE un volumen de producción un tercio inferior al real, y que no existan precios de garantía, hará que las "penalizaciones (multas por exceso de producción) golpeen especialmente a las explotaciones familiares, históricamente la columna vertebral del sector" (Maté, 1998 b). Al tiempo, que la introducción de máquinas vibradoras en las grandes fincas del Valle del Guadalquivir (las más competitivas), hará que la demanda de mano de obra para la recolección de la aceituna disminuya bruscamente, con graves consecuencias en una zona de elevadísimo nivel de paro y jornaleros sin tierra. Mientras que se permitirá la entrada de aceite de Túnez o Turquía, comercializado por grandes empresas del sector agroalimentario, y se autorizará la mezcla del aceite de oliva con otros aceites, práctica hasta ahora prohibida en el territorio español (García Rey, 1997).
Asimismo, la mayor penetración en el futuro de productos de agricultura mediterránea (hortalizas, cítricos y frutales), debido a la creación del área de libre comercio en el Mediterráneo, impactará (debido a sus reducidos costes de mano de obra) sobre las explotaciones menos competitivas de este tipo, que hasta ahora disponían además de un acceso más favorable al mercado comunitario. Aquí también se observa cómo se va terminando paulatinamente con la llamada "preferencia comunitaria". Al tiempo que el incremento de productividad que impulsará la extensión de la ingeniería genética (un salto adelante sobre la llamada "revolución verde"), y la consiguiente proliferación de alimentos transgénicos, inducirá una mayor destrucción de población activa agraria. Las rentas agrarias se concentrarán pues en las grandes explotaciones y en las de mediana dimensión y alta productividad, mientras que la importante proporción de agricultores que en la actualidad todavía mantienen una agricultura de subsistencia en explotaciones "marginales" probablemente desaparecerá. Es decir, la industria del agrobusiness se extenderá por las zonas más fértiles y con ventajas competitivas, consumiendo abundantes cantidades de energía fósil (derivados del petróleo) y agua, relegando las zonas menos productivas, en todo caso, a espacios de ocio ("turismo rural") al servicio de unos pocos privilegiados de las áreas altamente urbanizadas. Todo ello coexistirá con un agravamiento del déficit agroalimentario (y energético), que propiciará la liberalización agroalimentaria de la OMC y la reforma de la PAC.
Todo indica por tanto que se acelerará el componente terciario (altamente precario) de la actividad económica, que se seguirá localizando especialmente en las metrópolis. Dentro de éste, el empleo relacionado con el sector público sufrirá probablemente un proceso de adelgazamiento y precarización, como resultado de la reducción del gasto público y de las dinámicas privatizadoras en marcha en diferentes ámbitos de los servicios públicos y de la propia administración. La gran actividad comercial experimentará una aún mayor extensión (liberalización total para el año 2000), pero no generará empleo neto en el subsector, pues continúa a ritmo acelerado la desaparición del pequeño comercio tradicional. Las actividades de ocio para las clases medias con poder adquisitivo se expandirán. El terciario decisional, ligado a las actividades globales, y los servicios que arrastran (hoteles, centros feriales y de convenciones...) acentuará su localización en las principales metrópolis, si bien su capacidad de generar empleo neto está en cuestión debido a los procesos de fusiones en marcha. Y dentro de él, la actividad financiera se verá sacudida especialmente por las dinámicas de concentración bancaria que impulsará la creación del euro, con importantes repercusiones en sus plantillas laborales.
A este respecto, cabría resaltar el impacto que tendrá la reestructuración de las Cajas de Ahorro, que suponen un 50% del sistema financiero español. Su previsible concentración, privatización (conversión en S.A.’s) y absorción por el actual sistema bancario tendrá importantes repercusiones económicas y territoriales. Se producirá una reorientación del ahorro popular, en buena medida no metropolitano, con un importante componente rural, que se canalizaba hasta ahora a través de dichas instituciones sin ánimo de lucro, y que revertía en la financiación local de proyectos de pequeña escala y actividades de carácter social. Este ahorro se invertirá cada vez más en el apoyo de la gran actividad económica, y se proyectará a la búsqueda de la máxima rentabilidad hacia los mercados financieros planetarios, muy lejos de donde se captaron esos pequeños capitales. Y ello derivará en una mayor centralización de la actividad financiera en las grandes conurbaciones, y en concreto en Madrid.
En cuanto al turismo, sector como ya se ha visto clave para mantener los equilibrios macroeconómicos externos, el devenir del "proyecto europeo" y la pertenencia española al área del euro puede llevar aparejada una serie de problemas. La inmensa mayoría del turismo que acude al territorio español proviene del espacio comunitario. Pero las clases medias de la UE se están encogiendo progresivamente, al tiempo que disminuye su poder adquisitivo, como resultado de las políticas comunitarias. De esta forma, el mercado turístico británico, donde el mercado laboral se ha precarizado más, muestra síntomas los últimos años de una creciente debilidad (NEXO, 1997). Además, el hecho de no poder proceder ya a la devaluación de la divisa, al pertenecer al euro, puede significar una reducción de la capacidad de atracción turística. El fuerte crecimiento turístico reciente se debe en gran medida a las sucesivas devaluaciones de la peseta de primeros de los noventa. De ahí el énfasis en la necesidad de atraer el "turismo de calidad", de mayor poder adquisitivo, con la creación de nuevas ofertas turísticas (campos de golf, urbanizaciones de lujo en las cercanías de espacios naturales de alto valor, nuevos desarrollos turísticos y pistas de esquí en áreas de montaña...).
El impacto territorial en el espacio español de la nueva vuelta de tuerca en los procesos de globalización e integración europea, y su repercusión sobre el aparato productivo español, hasta aquí sucintamente descritos, va a ser en el futuro muy profundo. El abandono de las áreas rurales y semirurales se agudizará, especialmente en la "España interior" y en el interior de la Cornisa Cantábrica. Este amplio espacio perderá poco a poco su fisonomía tradicional y sus pueblos quedarán probablemente transformados en un simple decorado inanimado del paisaje, muchos de ellos vacíos, sin ningún tipo de vida propia de carácter permanente, y amenazado su patrimonio edificado por un deterioro irreversible. La migración y envejecimiento de sus poblaciones harán que, cuando desaparezcan las últimas personas que los habitan, acabe la actividad que los caracteriza. En todo caso, algunos de ellos, aquellos más o menos cercanos a los espacios metropolitanos (pero fuera de su área de influencia directa), conservarán una cierta vitalidad (virtual) como lugar de estancia de fin de semana, o de períodos de vacaciones, manteniendo parte de su caserío tradicional y quizás incorporando nuevo patrimonio para estos fines, pero prácticamente sin ningún tipo de relación productiva (rural) con el entorno en el que se insertan. Paradójicamente, "lo sostenible resulta ahora insostenible" (Araujo, 1997).
Pero este declive no alcanzará tan solo a los núcleos rurales o semirurales, sino que afectará muy probablemente a muchas ciudades medianas, que han absorbido población de su área de influencia, y que hasta ahora se encontraban al margen de los procesos de decadencia. Como ya se mencionaba al comentar los procesos urbanizadores a escala europea, en el nuevo contexto altamente competitivo que se perfila habrá "ciudades ganadoras" y "ciudades perdedoras", y muchos núcleos urbanos medianos (y no tan medianos) españoles, zarandeados por la quiebra de su base productiva, o que se ubican al margen de los principales ejes o corredores de "desarrollo", esto es, de carácter periférico, serán incapaces de mantener su actividad propia y resistir durante mucho tiempo la atracción de regiones metrópolitanas que disponen de una alta densidad de equipamientos de telecomunicaciones, y de importantes infraestructuras de comunicaciones terrestres o aéreas. Lo que supondrá el inicio de una profunda crisis social y urbana de dichos núcleos de consecuencias difícilmente previsibles.
El resultado de todo ello será algo así como una intensificación del crecimiento en no más del 20% del territorio estatal, allí donde se concentra la actividad económica más competitiva. Madrid y su área de influencia, la costa de Cataluña, el resto del arco mediterráneo, el valle del Guadalquivir, Asturias central y costa, el triángulo vasco, la costa gallega, el eje del Ebro, y poco más. Y aún así, parte de estas conurbaciones, o corredores, no tiene garantizada la permanencia, a medio plazo, por las razones ya apuntadas, de las actividades que les dotan de impulso "vitalizador"; aparte de las crisis internas que afectan, y afectarán aún más en el futuro, a muchas de sus piezas internas. La razón de ello es su carácter excéntrico (y quizás no competitivo, en el futuro próximo) respecto de las dinámicas centrales (económicas y espaciales) que impone la fase actual de la "construcción europea" y la globalización económica.
Es por eso por lo que las diferentes regiones y espacios metropolitanos intentan ver cómo se posicionan mejor de cara a los nuevos escenarios, analizando de qué forma atraen a un capital productivo crecientemente móvil y que opera teniendo en cuenta los mercados europeos y mundiales, y no los mercados locales. Llama la atención la serie de conferencias y encuentros habidos en los últimos tiempos en las diferentes comunidades autónomas, organizadas por importantes consultoras internacionales (Coopers&Lybrands, Arthur Andersen o Price Waterhouse), para analizar qué tiene que ofrecer cada una de ellas al capital transnacional y cómo articulan su actividad con la economía global o la "Europa" del euro. En estos debates, la cuestión de las infraestructuras de interconexión con los mercados comunitarios y mundiales siempre es una cuestión central. Y en la planificación estratégica que se deriva de ellos, en especial para los espacios metropolitanos, la búsqueda de especialización y acaparamiento para sí, en detrimento de otros núcleos urbanos, de actividades productivas y terciarias globales, a través de múltiples incentivos, es trascendental para intentar mantener el liderazgo en las áreas geográficas en las que se ubican (Martínez López, 1998).
En el planeamiento estratégico de las principales conurbaciones españolas destaca la importancia que se confiere a la dotación de infraestructuras de transportes y telecomunicaciones, así como de actividades logísticas de distribución de productos de la economía global. En los últimos tiempos estos planes estratégicos incorporan siempre la necesidad urgente de grandes ampliaciones aeroportuarias (normalmente más que duplicando su capacidad actual) y portuarias (p.e., superpuerto de Bilbao); creación de nuevas autovías de interconexión y de nuevos accesos viarios de alta capacidad y nuevas grandes vías de circunvalación, en algunos casos previstas bajo la modalidad de peaje, como atractivo para que el capital privado participe en su construcción; ejecución de conexiones en alta velocidad ferroviaria; dotación de importantes espacios para las actividades logísticas; etc.
Esta concentración de la inversión pública y privada en materia de infraestructura en los espacios altamente urbanizados, la inyección de una parte importante de la riqueza monetaria especulativa (en activos inmobiliarios por parte de los fondos de pensiones y de inversión) para dinamizar el crecimiento urbano, el efecto "riqueza" para las clases medias altas urbanas que supone el actual modelo de crecimiento (revalorizaciones de activos financieros), junto con el nuevo papel que se quiere hacer cumplir a los espacios altamente urbanizados, agrandará todavía más las esferas funcionales y geográficas de influencia de las principales conurbaciones. En el caso de Madrid, p.e., se prevé que la futura región metropolitana crezca tan sólo un 10% de población, pero que ocupe un 50% más de suelo (Prats, 1996). Esta dispersión espacial del nuevo crecimiento urbano puede llegar a ser aún más acusada como resultado de las modificaciones en la legislación del suelo (y de costas) habidas recientemente. De hecho, estudiosos de estos procesos auguran que "pueden consumir en los próximos 30 años tanto suelo como el que actualmente ocupan si se mantiene el modelo urbanizador actual" (Arias, 1996). Y ya se comentó cómo en los últimos 30 años se había duplicado ya el espacio tocado por el proceso urbanizador; eso sí con un crecimiento poblacional de las principales concentraciones bastante mayor que el que previsiblemente se dé en el futuro.
A ello contribuirá también la proliferación de grandes complejos de actividades de ocio en las periferias metropolitanas en forma de parques temáticos, controlados por las multinacionales del "entretenimiento". En la actualidad hay distintos parques temáticos en marcha que implican importantes volúmenes de inversión pública y privada. El que tiene previsto llevar a cabo Time Warner en la periferia metropolitana lejana madrileña, supone una inversión de casi de 50.000 millones de pesetas, en más de 300 Has; de ella, una parte considerable es inversión pública, a fondo perdido, en preparación de suelo y creación de infraestructuras, para garantizar su ubicación y el acceso a sus instalaciones. Bancos, constructoras y grandes superficies están apostando claramente por estas iniciativas, por el negocio inmobiliario y comercial que se prevé en los entornos de los mismos. Su factor de atracción, para aquellos sectores con poder adquisitivo, es tratar de reproducir (falsamente) lo que ya no queda, y además cobrar por ello, al tiempo que se ofrece un espacio seguro y acotado, sin la presencia de indeseables. Estos espacios son diseñados "con el fin de que cualquier pobreza o peligro quede fuera del campo de visión del visitante, que ha pagado para no ver nada de eso" (Davis, 1998).
De esta forma, la lengua de lava del crecimiento metropolitano seguirá engullendo el espacio "rural" cercano a las grandes conurbaciones, alterando su estructura, carácter e idiosincrasia, y generando un territorio crecientemente anónimo, homogéneo y dependiente: lo urbano (antítesis de la ciudad). Carente de identidad visual y, por consiguiente, con una gran dificultad de apropiación cultural, al perder los referentes simbólicos propios. Lo urbano se configura cada vez más como un reino de lo extraño. Y en su interior, los cascos urbanos históricos seguirán sufriendo también una profunda transformación, social y funcional, pues tanto la población tradicional como las actividades que se localizaban en los mismos experimentan intensos cambios, inducidos, asimismo, por los procesos de ampliación de los mercados y la globalización económica. En ellos, también, aparte de las funciones globales, empiezan a desarrollarse miniparques temáticos (Davis, 1998), o áreas monofuncionales para la vida nocturna, espacios de bares "de copas", transformando las "ciudades" cada día un poco más en una vasta área de ocio y comercial (de franquicias), donde prolifera asimismo el "todo a cien".
Mientras tanto, más allá de este universo urbano sin forma, progresivamente análogo (Verdaguer, 1998), donde el espacio público de "la calle" va desapareciendo paulatinamente, el espacio rural se va configurando también, como ya se ha apuntado, como otro universo sin identidad, cada vez más monofuncional, o en muchos casos abandonado, salpicado de algunas áreas de gran valor donde la naturaleza queda reducida a simple escenario: los parques naturales o nacionales. Este acotamiento de las reservas naturales, va a servir en un futuro para mercantilizar igualmente estos últimos lugares recónditos, para su disfrute por la población de mayor nivel de renta y el "turismo de calidad". Ya está en marcha en muchos casos su gestión por empresas privadas, al tiempo que se contempla la posibilidad de establecer tarifas para regular su acceso y goce (esto es, se "ponen puertas al campo"), y empiezan a proliferar urbanizaciones de lujo en sus contornos (p.e., Costa de Doñana). Los parques naturales se van a convertir, a medio plazo, en verdaderos "parques de atracciones" donde se venderá el valor de "lo natural" en un mundo donde predominan los espacios artificializados, convirtiéndose "lo natural" en otro producto "artificial" de nuevo cuño, y las poblaciones que los habitan y sus núcleos en un nuevo reclamo turístico. El parque de Covadonga, y los proyectos en marcha dentro del mismo, es un buen ejemplo de ello, pero ni mucho menos único.
El análisis a vuelapluma de algunas políticas sectoriales, quizás permita completar algo más este encuadre general del futuro modelo territorial, hasta ahora tan sólo esbozado. En lo que se refiere al transporte, la apuesta es prácticamente doblar el viario de alta capacidad existente, pasando de los 8.500 kms actuales a más de 15.000 para el 2010 (ver figura 22)(MOPTMA, 1994). Lo que crearía una malla que permitiría acceder prácticamente a cualquier región de la geografía española, al tiempo que se refuerzan los principales corredores y se facilitan las conexiones con la UE. Ello mejoraría las posibilidades de acceso de los productos comunitarios (y globales) a todo el sistema de ciudades español, donde está la capacidad de compra principal, al tiempo que garantizaría la salida hacia los mercados europeos y mundiales de aquella producción más competitiva. Esta previsto crear una red de alta velocidad ferroviaria (y velocidad alta) de unos 2500 ó 3000 kms (ver figura 22), para esa fecha también, que enlazaría entre sí las mayores conurbaciones, principalmente de la mitad este peninsular. La inversión interurbana prevista para todo ello se sitúa en más de 10 billones de pesetas, aparte de la que se contempla a nivel de los diferentes espacios metropolitanos (unos cuatro billones). Esto es, una cifra verdaderamente gigantesca.
En lo que se refiere al ferrocarril convencional, la concentración de las inversiones en la alta velocidad ferroviaria supondría con toda seguridad el fin, al menos, de más de la mitad de la red actual. Esto es, de la llamada red secundaria que alcanza casi a 6000 kms. Pues la dedicación de las inversiones a dichos corredores, está hipotecando la inversión necesaria para el mantenimiento del conjunto de la red convencional (Estevan y Sanz, 1996). Hecho que dejaría sin servicio ferroviario a gran número de ciudades medias, principalmente de la "España interior" (las dos Castillas y Extremadura), del noroeste peninsular (Galicia, Asturias y Cantabria), y de Andalucía oriental. Lo que agravaría la decadencia de los núcleos urbanos que se localizan en esas zonas. Además, la alta deuda acumulada por Renfe, del orden de un billón de pesetas, y el que deban de cesar en unos años las subvenciones al ferrocarril, tal y como demanda Bruselas, acelerarían este abandono (planificado) de la red convencional. Ello coexistiría con la privatización de las líneas rentables de larga distancia de pasajeros, y la introducción, asimismo, de grandes operadores privados de mercancías para las principales conexiones ferroviarias. Exigencias que, por otro lado, se derivan de la creación de un mercado único del transporte ferroviario a escala comunitaria.
En definitiva, la política de transporte reforzará las tendencias territoriales apuntadas previamente. Pues la creación de una amplia red viaria de alta capacidad a escala estatal no incidirá en un crecimiento espacial más homogéneo, sino que, como la propia Comisión Europea reconoce (RMOTUE, 1997), reforzará el "efecto succión" y agravará aún más las diferencias regionales, al concentrar adicionalmente el crecimiento en las regiones más "desarrolladas". Y a ello se suma el que las actividades que se localizan a lo largo del viario de alta capacidad, en las llamadas "áreas de descanso", controladas en general por grandes empresas petrolíferas (BP, Elf, Repsol...), tienden a desarticular la pequeña actividad de servicios (comercios, restaurantes...), de carácter local, que anteriormente se localizaban en los pequeños núcleos que atravesaba la red viaria tradicional. Y los beneficios que se derivan de su funcionamiento no revierten localmente, sino que se proyectan asimismo hacia las regiones más desarrolladas. Del mismo modo, la red ferroviaria de alta velocidad acentuará el crecimiento de las principales metrópolis, al tiempo que inducirá el decaimiento de los núcleos pequeños y medianos por los que pasa de largo sin dar servicio.
Efectos similares se derivarán de las políticas en materia de telecomunicaciones. La concentración de las inversiones en el cableado de las grandes conurbaciones, del orden de un billón de pesetas en los próximos 10 ó 15 años, de las cuales más de 300.000 millones serán sólo en la provincia de Madrid, agudizarán los contrastes en este terreno entre las regiones "inforricas" y las "infopobres" (Martín, 1996). La búsqueda de rentabilidad de las inversiones en materia de telecomunicaciones, debido a su alto coste (en particular, la fibra óptica), y como consecuencia también de su liberalización y privatización, tiende a orientar las mismas allí donde se da mayor densidad de población y actividad económica. Lo que incitará, a su vez, a una mayor capacidad de atracción de las funciones globales hacia los (centros de los) espacios metropolitanos principales, en paralelo con una mayor descentralización de las actividades subsidiarias hacia las periferias de las regiones urbanas. Igualmente, los avances en materia de telecomunicaciones, y en concreto la telefonía móvil, permite una mayor capacidad de control sobre los territorios no metropolitanos (o periféricos) desde los espacios centrales. Por otro lado, la desregulación y progresiva privatización del servicio de correos, puede poner en peligro el servicio universal en amplias zonas rurales, de baja densidad de población, siendo un elemento más que acentúe su abandono.
La modificación del marco normativo en el ámbito de los recursos hídricos, va a tener igualmente importantes repercusiones. La Ley de Aguas de 1985, en la que se reconocía el agua como bien escaso y esencial, y la unidad del ciclo hidrológico del agua, y en la que se establecía el dominio público de los recursos hídricos continentales, pasará a mejor vida como figura obsoleta del intervencionismo estatal. En el nuevo marco legal, que prima los mecanismos de mercado, la prioridad de los usos del agua (y su gestión) va a venir definida por su rendimiento económico, y no por su interés social o ambiental. Ello primará la utilización del agua por las actividades más rentables según las zonas (sector agrícola exportador, industria, turismo...), al coste más bajo posible, agudizando conflictos en torno a su uso, descargando el resto de costes (económicos y "externos") sobre la población y el medio ambiente, e incentivando un uso cada vez más monofuncional del territorio. Lo cual hará que proliferen los conflictos entre el abastecimiento a poblaciones (pueblos y nucleos urbanos) y agricultura; éstos ya se dan en la actualidad en determinadas zonas de Andalucía y Castilla-La Mancha (incluida, en ocasiones, una ciudad como Albacete)(Pérez Pena, 1997). O bien, entre el abastecimiento al turismo (en Baleares, Canarias...), y actividades que lo acompañan (campos de golf, p.e.), y a la población o a la agricultura local.
La eliminación del dominio público hidráulico, a pesar de las dificultades que ha habido para su instrumentación, acelerará con toda seguridad la explotación de muchos acuíferos hasta su extinción, al hacer que prime el máximo rendimiento posible a corto plazo. Igualmente, la privatización de los recursos hídricos ocasionará que las compañías eléctricas puedan vender el agua que regulan, comprometiendo (o encareciendo) los abastecimientos humanos y el necesario caudal ecológico aguas abajo de sus embalses (CODA, 1997). Asimismo, la privatización de los abastecimientos urbanos implicará serias dificultades para disminuir el nivel de consumo de las poblaciones, pues ello reduciría los beneficios de explotación; y en paralelo conllevará una degradación de la calidad de aguas depuradas, debido a los altos costes de tratamiento para reducir los niveles de contaminación existentes, lo que incrementará el impacto ecológico. De hecho, en la actualidad muchas depuradoras en núcleos urbanos pequeños (e incluso medianos) no funcionan, o están abandonadas, debido a los altos costes de tratamiento y mantenimiento. Además, el agua de boca (embotellada) se convertirá en un suculento negocio adicional, desincentivando costosos tratamientos para hacer potable el agua del abastecimiento urbano, al disponer de una demanda cautiva que está dispuesta a pagar para satisfacer esta necesidad básica. La gestión (privada) del agua se configura, pues, como un área de fuerte negocio potencial de cara al futuro, y ello hace que las principales empresas del sector, muchas de capital transnacional (Lyonnaise des Eaux, Compagnie Generale des Eaux...), estén desembarcando desde hace algunos años, haciéndose cargo del abastecimiento de importantes poblaciones. Además, la venta de las empresas públicas de abastecimiento urbano, les supone a las corporaciones locales un "balón de oxígeno" para hacer frente, momentáneamente, a sus problemas de liquidez.
La pérdida de peso de las Confederaciones Hidrográficas, y el hecho de que los promotores y beneficiarios de las obras hidráulicas que se ejecuten (p.e., las desaladoras) sea la iniciativa privada que las lleve a cabo (algunas de ellas con posible apoyo comunitario), hará que la gestión del agua esté dominada cada vez más por criterios mercantilistas. De esta forma, los trasvases que se prevén para atender el fuerte incremento de consumo de agua previsto, ya no solamente se contemplan desde la "España húmeda" a la "España seca", sino que proyectos "faraónicos", como el trasvase Ródano-Ebro, empiezan a abrirse camino ante las perspectivas de negocio que su ejecución y gestión comportaría. Al igual que el importante volumen de construcción que supondrá la obligatoriedad de depuración de las aguas urbanas antes del 2005, que significará un fuerte aumento del precio del agua para los pequeños usuarios, especialmente residenciales, con el fin de no dañar las actividades más competitivas, que son normalmente las más contaminantes, tal y como recogen las directivas europeas del agua. Además, el nuevo marco legal contempla la posibilidad de privatización de estas aguas residuales, por parte de las empresas que acometan la construcción de las depuradoras, con el fin de atraer capitales privados. Hecho que puede comprometer otros usos y el caudal de nuestros ríos (CODA, 1997).
Por otro lado, en lo que se refiere a los cambios que se prevén en el marco social, cabría apuntar en primer lugar la orientación futura del mercado de trabajo, como condicionante de primer orden de la vida de un porcentaje creciente de una población activa todavía en aumento (la tasa de asalarización podría pasar en pocos años del casi 76% actual, al 80% o 85%, debido a las tendencias señaladas), con una componente además progresivamente urbana. Todo apunta a una inclinación cada día más acusada a la precariedad laboral: demandas del FMI en este sentido para la UE (y para España en concreto), exigencias de la Europa del Euro, desregulación social que promueve la globalización económica... A este respecto, tanto el Tratado de Amsterdam, que confiere nuevas competencias a la CE en general, y en este terreno en particular, como la Cumbre extraordinaria sobre el "Empleo" de Luxemburgo, donde se ha concretado la nueva filosofía, han dejado muy claro cual es el camino a seguir. Y ese camino no es otro que el que permita alcanzar la tan ansiada competitividad de la actividad económica comunitaria a nivel mundial. Se acuña el nuevo concepto de "empleabilidad", como forma de garantizar la creación de empleo en el futuro. Ello se traducirá en un nuevo salto en la desregulación laboral, con el fin de conseguir una mano de obra más barata, móvil, flexible, y en proceso continuo de formación (Lifelonglearning), que posibilite adaptarse a las exigencias constantemente cambiantes del mercado y la producción, máxime para un espacio periférico (a escala comunitaria) como es el caso español. Es por eso por lo que se anuncian nuevas y más profundas reformas laborales para el próximo futuro, para adecuarse a las exigencias de los nuevos tiempos.
Se avanza, pues, hacia un entorno laboral cada día más precario. La inestabilidad se convertirá en norma. La protección social al desempleo tenderá a reducirse como vía también para garantizar la "empleabilidad". El gasto social en su conjunto se irá limitando progresivamente para hacer factible la estabilidad monetaria (Plan de Estabilidad). Obligado también por un entorno en que el gasto estatal tiende a reducirse para adecuarse a los menores ingresos públicos que implicará la menor imposición fiscal directa, y el aligeramiento de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social. Seguridad Social que se quiere desvincular totalmente de los presupuestos generales del Estado. Estas tendencias aventuran un marco social caracterizado por unas tasas de desempleo altas, que ni siquiera la creciente precariedad y desarrollo de empleos a tiempo parcial (que se quieren potenciar) conseguirán reducir. Y eso si se mantienen altas las tasas de crecimiento, pues en los periodos recesivos, o en las posibles crisis asimétricas, el paro (y la caída de salarios) se disparará rápidamente, debido a la alta eventualidad del empleo, sin prácticamente costes para las empresas.
Cada vez existirá un porcentaje más amplio de la población vulnerable, en especial en las metrópolis. Hoy en día, aparte de la población excluida de forma extrema, los "sin techo", van proliferando en los espacios urbanizados los llamados barrios vulnerables, al igual que en otras metrópolis europeas, y del Norte en general. En un estudio realizado recientemente se han caracterizado casi 400 barrios "desfavorecidos" (como se les denomina oficialmente), en poblaciones de más de 50.000 habitantes donde viven más de cuatro millones de habitantes (es decir, un 20% de la población total de dichos núcleos). En ellos la tasa de paro alcanza un valor medio del 31% (frente al 19% de la tasa media de dichos municipios), superándose en muchos de ellos, o en partes de los mismos, el 50% de paro. En estos barrios "perdedores" se van acumulando progresivamente los procesos de exclusión (Hernández Aja, 1997; Arias, 1998). Pero esta vulnerabilidad tenderá a extenderse, y a cronificarse en determinadas zonas, por la permanencia y posible incremento del paro (en especial de larga duración), por la generalización de la precariedad en el trabajo, por la reducción de los niveles salariales, por la disminución de la protección social, por el previsible incremento del coste de la vida en los espacios urbanos (agua, teléfono, electricidad, vivienda, transporte...), y especialmente metropolitanos, y por la creciente desintegración social en determinados barrios estigmatizados, donde es difícil encontrar redes de apoyo social. La población "normal" que habita en dichos barrios tiene en muchos casos problemas para encontrar "trabajo", tan sólo por decir en donde vive.
Por otro lado, el progresivo envejecimiento de las poblaciones metropolitanas, pues más de un 15% de las poblaciones es mayor ya de 65 años (Arias, 1996), la reducción de las cuantías de las pensiones contributivas (Pacto de Toledo), la creciente imposibilidad de acceder a las mismas para un sector importante de la población en un futuro, la probable desaparición a medio plazo de las pensiones no contributivas, o su reducción a la mínima expresión, el encarecimiento del tratamiento sanitario para la población de mayor edad, debido a la progresiva privatización y mercantilización del sistema público sanitario y de atención a la tercera edad, la creciente dificultad (y debilidad) de las estructuras familiares para hacerse cargo de sus mayores, etc., hará también que un factor adicional de creciente vulneralibilidad sea la edad. Barrios enteros donde se "almacena" la población más envejecida pasarán a ser probablemente barrios en crisis.
La vulnerabilidad se acrecentará especialmente de forma dispersa, pero también concentrada, para la mujer. Los mayores niveles de paro que se ve obligada a soportar, el carácter más precario (trabajo a tiempo parcial) de los empleos a los que accede normalmente, los aún más reducidos niveles salariales que "disfruta", las cargas familiares a las que normalmente se ve obligada a hacer frente, su absoluta preponderancia al frente de hogares monoparentales, su menor movilidad (debido también a su protagonismo en las tareas de cuidado familiar), y su mayor vulnerabilidad también de cara a espacios urbanos degradados en los que se expanden los comportamientos desordenados y violentos, delictivos y patológicos o desviados, hará que sea un sector social especialmente afectado por la desintegración social creciente que se va instalando en las metrópolis.
Esta desintegración social queda fielmente reflejada por el importante incremento de la población reclusa, que se ha multiplicado por tres en tan sólo quince años, situándose ya en unos 50.000 presos, un 90% de los cuales son hombres (García Rey, 1998; Fdez Durán 1993). La procedencia de la población reclusa, la geografía del delito (perseguido), corresponde mayoritariamente a los barrios marginados, que se ubican de forma principal en las periferias metropolitanas, donde se acumulan todo tipo de carencias. Mientras tanto, las fuerzas policiales no hacen sino incrementarse de forma paralela, especialmente las de carácter privado, que han experimentado un boom espectacular también en los últimos 15 ó 20 años. Todo lo cual dispara el gasto público (y privado) en materia de seguridad (cárceles, funcionarios de prisiones y juzgados, plantillas policiales, equipos de seguridad...), consumiendo cada vez más recursos económicos y humanos para mantener la "seguridad ciudadana".
El espacio urbano, pues, se endurece. El Centro se va convirtiendo en un territorio protegido y excluido, salvo determinados lugares muy específicos que se toleran como islas de degradación vigilada. Y el resto de enclaves donde habitan las clases medias, y los sectores dominantes, se van transformando en espacios progresivamente controlados y vigilados, especialmente en las urbanizaciones periféricas, que se convierten muchas veces en verdaderas fortalezas. Se va configurando poco a poco una creciente segregación y dualización espacial y social en las metrópolis, al tiempo que se apodera de los diferentes espacios, en especial donde se ubican las rentas altas, una "ecología del miedo" (miedo a las "clases peligrosas") (Davis, 1992).
Ello coexiste con una cada día mayor criminalización de la pobreza. En los últimos tiempos se asiste a una proliferación de intentos de erradicar la mendicidad, casi manu militari, en muchas de las principales aglomeraciones urbanas. Desde detenciones de pobres (en Santander), a sanciones y requisamientos de limosnas a los que piden (en Cartagena y Murcia), pasando por envíos de mendigos en avión a la Península (en Las Palmas), prohibición de la venta ambulante (Madrid, Córdoba...), etc., como forma de quitarse indigentes y pobres de enmedio. Lo cual ha provocado que hasta el propio Defensor del Pueblo se haya visto obligado a exigir a los alcaldes (que actúan bajo la presión de los principales sectores económicos de sus "ciudades") que dejen de perseguir a los pobres (Ordaz, 1996). Pero estas actuaciones se inscriben, entre otras estrategias al respecto, en la necesidad de gestionar la creciente ingobernabilidad ("esa especie de guerra de todos contra todos por la supervivencia"), con el fin de garantizar el orden (jerárquico) interno y para que no se comprometa la imagen social de la ciudad, de cara a atraer al capital transnacional. "La viabilidad de la metrópoli depende de su gobernabilidad (...) (Es decir, esa) comunión entre la ciudad del privilegio y la ciudad del ghetto, sin deslegitimar la estrategia de la competitividad (...) Paradoja que pretende que la propia dinámica que provoca la exclusión se proponga como su único remedio" (López Sánchez, 1997).
La desaparición de las fronteras externas, que induce la globalización económica y el "proyecto europeo" (al menos de cara al libre tránsito de mercancías y capitales, que no de personas, sobre todo en lo referente a las relaciones Centro-Periferia), está derivando en una proliferación de las fronteras (materiales e inmateriales) en el interior de nuestras sociedades, especialmente en los territorios metropolitanos. En la actualidad, en ciertos sectores, tienden a predominar los contactos a distancia en detrimento de los contactos locales, con lo que ello supone de deterioro de la vida urbana. Se va imponiendo, para la población más ligada a los procesos globales, el sentimiento de estar más cerca del que está lejos que del que se encuentra al lado. Lo que acentúa la perdida del mundo propio en beneficio de un mundo virtual, en el que las relaciones se establecen de forma cada vez más solitaria, y recluida, a través de la pantalla. "El espacio virtual desplaza a la ciudad real" (Virilio, 1997). Hecho que agrava adicionalmente la desintegración social en los espacios urbanos, y por ende la gobernabilidad de los mismos. Si bien la vida urbana (mediterránea), aún en nuestros espacios metropolitanos, en crisis, es todavía sustancialmente más rica, en especial en lo que se considera la "ciudad tradicional", que en otras conurbaciones de territorios más septentrionales. E induce una creciente penetración de los valores urbanos (o mejor dicho metropolitanos) en los espacios rurales y semirrurales, lo que provoca la minusvaloración y marginación de sus propias formas culturales, contribuyendo de esta forma también a su desarticulación y colonización.
La insostenibilidad de las tendencias que se vislumbran
Asimismo, este modelo de crecimiento no hace sino agravar los desequilibrios ambientales, a pesar ciertas declaraciones oficiales al respecto. Como la que se recogía en el documento que el gobierno español presentó ante en la Cumbre de Habitat ll, de las Naciones Unidas: "A partir de 1992, las bases de la política económica española se asientan en el principio de desarrollo compatible con el medio ambiente ("desarrollo sostenible"), de acuerdo con las ideas emanadas de la Cumbre de Río" (SEMAV, 1996). Tan sólo a título de ejemplo, y sin pretender por supuesto agotar todo el amplio abanico de impactos ecológicos que incentiva el despliegue del actual modelo a escala del territorio español (algunos ya mencionados), se apuntarán tan sólo ciertas pinceladas que permitan caracterizar algunos aspectos importantes de la crisis ambiental. Y entre éstos, sin duda los más relevantes, son aquellos que se refieren al consumo energético, aspecto clave del actual modelo en diferentes ámbitos (producción agrícola e industrial, transporte motorizado, actividad en las metrópolis, turismo...), y las consecuencias que se derivan de ello.
El consumo de energía primaria (en tm equivalentes de petróleo), se ha multiplicado 1,7 veces desde 1976 hasta 1996 (ver figura 23), cuando la población tan sólo se multiplicó por 1,1 en ese periodo, y mientras que el total de la población ocupada bajó ligeramente durante el mismo; y eso a pesar de la mayor eficiencia energética conseguida y de la fuerte reducción del peso del PIB industrial, especialmente de la industria básica (el sector más consumidor de energía), dentro del conjunto del PIB, y de la consiguiente caída experimentada en esos años en el empleo industrial, casi una tercera parte (ver cuadro 3 a y b). En el periodo anterior (1960-1976), de fuerte crecimiento industrial (e importante creación de empleo en este sector), acusada mecanización agraria, y considerable aumento de población (casi un tercio de crecimiento) el consumo de energía había crecido casi cuatro veces. Lo cual indica que el actual modelo de crecimiento consume cada vez más energía (especialmente en transporte), y genera cada día menos empleo (asalariado o dependiente). Eso sin considerar, como ya se apuntó, el consumo de energía que induce en otros espacios debido a los alimentos o productos manufacturados que se ve obligada a importar, y las necesidades de transporte que todo ello provoca, lo que de tenerse en cuenta multiplicaría estas cifras sensiblemente. Hecho que pone seriamente en cuestión la sostenibilidad del actual modelo.
De acuerdo con Eurostat, España emitió en 1995 un 17% más de CO2 que en 1990 (EL PAIS, 8-12-1997). Tendencia que se prevé que continúe en el futuro próximo, contraviniendo las recomendaciones de la comunidad científica de reducción de emisiones de CO2, para intentar atajar el cambio climático en marcha. Y eso, aparte de una falta de solidaridad internacional, para hacer frente al principal problema ecológico que enfrenta la Humanidad, es un boomerang de incalculables consecuencias para el propio espacio español, que puede verse afectado en mayor medida que otros territorios por el cambio climático. La Agencia de Medio Ambiente Europea apunta que el clima en la Europa mediterránea será más seco en el futuro, con alteraciones importantes en el régimen hídrico (EEA, 1997). Lo que puede acentuar aún más los problemas de escasez de agua existente en la "España seca", hacia donde orienta la mayoría de actividades el actual modelo de "desarrollo"; actividades que como se ha visto reclaman cada día más agua. Y agudizar los problemas erosivos, que también asolan a dicho espacio, al incrementarse la irregularidad y concentración de las precipitaciones (torrencialidad de las lluvias que se produzcan), haciendo avanzar el desierto sobre importantes áreas de la Península. En gran medida, allí donde se localizan los principales procesos de concentración urbana. En un informe emitido por la Comisión Nacional del Clima (1994), se reconocían estos posibles impactos, y otros aún más graves, y se afirmaba que "la necesidad de actuar puede ser una cuestión de supervivencia". Pero parece que, a pesar de esas recomendaciones, los vientos soplan en otra dirección.
Resumiendo, los procesos de globalización económica e "integración europea" están configurando un modelo productivo y territorial en el espacio español que cada vez consume más recursos de todo tipo (agua, energía, suelo...), que induce un creciente impacto ambiental local, estatal y planetario (contaminación, residuos, reforzamiento del cambio climático...), que cada día es capaz de generar menos empleo asalariado o dependiente, que incentiva una profundización en los desequilibrios regionales y en las desigualdades sociales de todo tipo, y que agudiza la dependencia del exterior, ampliando la "huella ecológica". Al tiempo que su expansión desarticula otras formas productivas y territoriales menos consumidoras de recursos, de menor impacto ambiental, más intensivas en actividad humana, más acordes con las características de los espacios sobre los que se asentaba y, por consiguiente, más autosuficientes. Todo esto apunta a que el modelo que se está plasmando, con un componente urbano-metropolitano en proceso de intensificación, tenga un carácter crecientemente insostenible.
Al mismo tiempo, la expansión de este modelo no cabría entenderla sin considerar cómo es impulsada, a través de diferentes vías, por las estructuras político-administrativas vigentes (subvenciones y apoyos institucionales de distinto tipo a la gran actividad productiva; creación de infraestructuras de transporte, telecomunicaciones y energéticas que facilitan su despliegue; reformas estructurales que establecen el marco idóneo para la expansión de la producción transnacionalizada; etc), que adaptan cada vez más sus estrategias de intervención a los nuevos mecanismos de regulación supraestatal que imponen las dinámicas de mundialización. En paralelo, las estructuras estatales se ven obligadas a hacer frente a los costes en ascenso que implica el funcionamiento del modelo productivo y territorial. Desde los costes de funcionamiento y gestión de los espacios metropolitanos, a los derivados del mantenimiento (y reposición) de las infraestructuras de todo tipo que garantizan su pulso "vital". El gasto de mantenimiento de la red viaria en su conjunto se prevé que para mediados de la próxima década se multiplique por tres, en pts constantes, pasando de algo más de 100.000 millones, a principios de los 90, a unos 300.000 millones para esa fecha, como resultado del progresivo deterioro de la red (Estevan y Sanz, 1996). Muchos de los embalses habrán perdido quizás para entonces su operatividad, debido al aterramiento que experimentan, siendo preciso abordar complejas y costosas obras de reparación. Esto está ocurriendo ya en distintos países del mundo (IRN, 1997). Y probablemente para esos horizontes se deba proceder al desmantelamiento del parque nuclear existente, pues se habrá agotado su vida útil, lo que supondrá asimismo elevados costes (sólo el cierre de Vandellós se estima en unos 100.000 millones de pesetas). Igualmente, el coste del tratamiento de los residuos radiactivos se ha llegado a estimar en 1,2 billones de pts (ENRESA, 1995). Al tiempo que sucesivos accidentes o desastres ecológicos: contaminación de suelos, deterioro de hábitats..., obligan a administraciones y aseguradoras a hacer frente a elevados costes e indemnizaciones económicas; el caso de Doñana en este sentido ha sido paradigmático. Poco a poco "los costes" del presente modelo de "desarrollo" están irrumpiendo en escena.
Todo lo cual está provocando un progresivo endeudamiento de las estructuras político-admisnistrativas (estado, CCAA, ayuntamientos), a pesar de la reestructuración del gasto público que se acomete, acorde con las estrategias de globalización, y que inciden especialmente en el recorte del gasto social que llegó a caracterizar al Estado de Bienestar. Este proceso se puede ver agravado en el futuro como resultado de la reforma fiscal en marcha, y las que se pronostican para más adelante, que mermarán ingresos públicos y acentuarán el desigual reparto de la riqueza ya existente, al tiempo que inducirán un mayor desmantelamiento de los mecanismos reequilibradores (sociales y territoriales) que, al menos en las últimas décadas, han caracterizado parte de la intervención estatal. Sobre ello incidirá, agravando este escenario, determinadas reformas estatales, como p.e. la creación del ejército profesional, que puede suponer un gasto público adicional de unos 500.000 millones de pts anuales; o el endeudamiento diferido que se está acumulando, como consecuencia de la financiación de construcción de infraestructuras de acuerdo al llamado "modelo alemán" (que permite pagar las obras una vez finalizadas, retrasando la ejecución de los pagos, con el fin de cumplir los criterios de convergencia para acceder al euro). Este mecanismo está siendo utilizado de manera indiscriminada por las distintas administraciones públicas, y está comprometiendo ya seriamente los presupuestos futuros. El endeudamiento estatal se está convirtiendo, también, en un instrumento adicional de generación de desigualdad, pues son los sectores sociales menos favorecidos, aunque no excluidos, los que participan principalmente en su financiación, a través de su contribución a las Haciendas Públicas, mientras que los que se benefician de su existencia son los sectores sociales más desahogados (internos y externos) detentadores de la deuda pública.
A esto se suma: que las previsiones de ingresos públicos futuros se basan en altas tasas de crecimiento económico, que es posible que no se materialicen; que los mecanismos coyunturales que han ayudado a reducir el déficit público (a través de la "contabilidad creativa"), es decir, la venta de empresas y servicios públicos, desaparecerán en el futuro al haberse liquidado las "joyas de la corona"; que la deuda de las CCAA ha crecido en los últimos años más rápidamente que la del estado, curiosamente en muchas de las CCAA donde más crecimiento se ha experimentado; que determinadas reformas, como la de la Ley del Suelo, mermarán los ingresos (y aumentarán los gastos) de las corporaciones locales, cuando muchas de ellas se encuentran en una situación financiera ya crítica; y que, además, la fuerte reducción previsible de fondos europeos en los próximos años redundará probablemente en una caída del crecimiento. Se configuran, pues, unos escenarios ciertamente complejos, dentro de la camisa de fuerza que supone el cumplimiento del Pacto de Estabilidad, que derivará muy probablemente en un empeoramiento adicional de las tendencias señaladas más arriba. Además, en el área del euro, si la deuda de un país crece excesivamente, no recibirá ningún tipo de ayuda de sus socios, y tendrá que optar por subir los tipos de interés (con el permiso, por supuesto, del Banco Central Europeo) para atraer financiación suficiente. La complejidad de los escenarios podía oscurecerse aún más ante la aparición de posibles crisis asimétricas, o de una recesión profunda que pudiera sobrevenir como resultado de una potencial deflación mundial.
En suma, el presente modelo de "desarrollo" es capaz de generar, en el corto plazo, una gran acumulación de riqueza monetaria privada, pero induce unos desequilibrios económicos, sociales, territoriales y ecológicos, que hacen difícil su viabilidad a medio y, sobre todo, a largo plazo. Si bien fodo ello queda enmascarado a los ojos de la opinión pública, pues la realidad virtual que confeccionan artificialmente los mass media, y en general la capacidad de reflexión del entramado científico-técnico y académico, oculta o desvirtua la comprensión global de estos procesos.
Ramón Fernández Durán
Madrid, junio, 1998
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