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MAIGALOMANIA

Ciudadanos y Medio Ambiente sacrificados a la Agenda de Inversión de las Corporaciones.

Un informe de Corporate Europe Observatory (CEO) http://www.xs4all.nl/~ceo/

"megalomanía n. 1. enfermedad mental caracterizada por ilusiones de poder 2. informal: ansia de poder." Harper-Collins English Dictionary

Secretismo, prisas e intriga han caracterizado las negociaciones sobre el Acuerdo Multilateral de Inversión (AMI) - el plan más reciente de la élite de la globalización económica para eliminar en todo el mundo las barreras a la inversión, en la búsqueda de una economía global cada vez más abierta. Todos los pactos regionales y mundiales sobre liberalización económica nacidos durante la pasada década—la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la Unión Europea (UE), Mercosur y demás—palidecerán frente al poderoso AMI.

"La inversión es algo deseable y deseado... No obstante, algunos gobiernos todavía lo encuentran amenazador algunas veces, porque la libre inversión extranjera limita la capacidad de las administraciones para controlar y modelar el destino económico de sus países. Este es un pequeño precio a pagar por permitir a los que toman las decisiones en el sector privado generar beneficios económicos en todo el mundo. Pero es un precio que algunos gobiernos, en algunos sectores, todavía encuentran difícil pagar. Es una tragedia" (1)

(Comisario europeo Sir Leon Brittan)

"La mayoría de las restricciones a la inversión extranjera se encuentran fuera del área de la OCDE... La industria necesita los beneficios de un régimen internacional para incluir a los países en rápido crecimiento de Asia, Europa Central y del Este y América Latina". (2)

(Cámara Internacional de Comercio sobre el AMI)

Fortalecer a las multinacionales

Un análisis de las fuerzas que hay detrás de cualquiera de los recientes regímenes de comercio e inversión revela que las corporaciones transnacionales - agrupadas en coaliciones nacionales e internacionales - son proponentes activas de la apertura a la fuerza de los mercados y de la eliminación de barreras al comercio y la inversión. Este es ciertamente el caso de las actuales negociaciones en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) sobre el AMI. Un total de 477 de las 500 mayores multinacionales tienen su base en países de la OCDE, y la mayoría de ellas están organizadas en grupos como la Cámara Internacional de Comercio (CIC), el Consejo de Estados Unidos para el Comercio Internacional (USCIB) y la Mesa Redonda Europea de Industriales (ERT). Todos estos grupos corporativos de presión han influido directa o indirectamente en el AMI. La razón de su interés en un tratado mundial de inversión, pensado tanto para los países del Tercer Mundo como para los estados de la OCDE que lo negocian, se encuentra en el creciente porcentaje de inversiones corporativas que vuelan en dirección al Sur.

Más aún, las multinacionales están estrechamente vinculadas a los políticos neoliberales que gobiernan la mayoría de sus países, y juegan un papel considerable en el establecimiento de políticas nacionales, y también cada vez más, internacionales. La finalización en 1994 de la Ronda Uruguay y la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) supusieron una gran victoria para las multinacionales, que al lado de sus gobiernos habían presionado para conseguir la eliminación de las barreras nacionales a la circulación de bienes y servicios. El siguiente paso era lógicamente la creación de un tratado que, eliminando las barreras a la inversión, proveyera a los inversores de un "campo de juego nivelado" en todo el mundo. Las estipulaciones del Acuerdo Multilateral de Inversión asegurarían las condiciones de inversión más favorables para las multinacionales, entre las que se incluyen marcos legales homogéneos y transparentes, la normalización de las diversas condiciones locales y nacionales, y lo mejor de todo, el derecho a recurrir cuando sus beneficios o reputación se vean dañados.

Los perdedores

Este acuerdo concedería a las multinacionales nuevos y extensos poderes al mismo tiempo que negaría a los gobiernos el derecho a controlar la inversión extranjera en sus países. Las leyes y reglamentos que entorpecen la inversión extranjera y que desaparecerán con el AMI, son a menudo las mismas que protegen a los trabajadores y al empleo, a la seguridad social, a las empresas nacionales, al medio ambiente y a la cultura. El AMI, al subvertir las prioridades locales y nacionales a las necesidades de los inversores extranjeros, representa una peligrosa amenaza para los procesos políticos democráticos. Los efectos serían más devastadores en los países más pobres, que no tendrían oportunidad de construir una economía equilibrada, o de romper su dependencia de la exportación y extracción de recursos al servicio de los países industrializados y sus corporaciones. Las consecuencias para los países de la OCDE serían distintas, aunque también dramáticas.

Asedio al Tercer Mundo

La oposición del Tercer Mundo al AMI y otros intentos de imponer políticas similares ha sido considerable. Países como India y Malaisia obstruyeron, al mismo tiempo que se iniciaban las negociaciones del AMI en la OCDE, el intento liderado por la Unión Europea de iniciar un clon del AMI, llamado MIA, en la Organización Mundial del Comercio. Lo que no pudieron evitar fue la creación en la OMC de un grupo de trabajo sobre inversión - en el cual la UE, entre otros, continúa presionando para comenzar las negociaciones sobre el MIA. Los países de la OCDE mantienen una estrategia polifacética para la desregulación de la inversión en el Sur, que incluye el tentar a los países del Tercer Mundo para que firmen el AMI, mantener a fuego lento un tratado de inversión en la OMC, y el uso de otras instituciones internacionales como la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD) o el Fondo Monetario Internacional (FMI) para conseguir sus objetivos.

El Comisario europeo Sir Leon Brittan anunció el ataque más reciente para desregularizar la inversión, cuando a primeros de febrero de este año informó al mundo del posible inicio en mayo de 1998 de las negociaciones para una zona transatlántica de libre comercio. (3)

A contra-reloj

Después de un primer año y medio de relajadas negociaciones, el AMI entró a primeros de 1997 en una fase mucho más inestable. Los problemas se debieron a las demandas de los países de la OCDE para incluir un creciente número de salvedades y excepciones sectoriales, y a la rápida aparición en estos países de campañas anti-AMI. Aunque ya en 1991 se habían hechos preparativos serios para el AMI, hasta octubre de 1997 no se consultó a las organizaciones no gubernamentales que representan al medio ambiente, al desarrollo, a las mujeres y a otros sectores que se verán afectados por el AMI. Los negociadores se han lanzado a una carrera contra el reloj en un intento de evitar otro retraso en la fecha señalada, retraso que podría significar el beso de la muerte para el acuerdo. Sin duda, ese sería un final feliz para un tratado que atraparía a los que lo firmen en un modelo económico de "libre" mercado sin trabas durante 20 años. No habría razón para no festejar el fracaso de un tratado que aumentaría la presión competitiva sobre los salarios y las políticas, que favorecería los traslados de las multinacionales, y que prohibiría muchas de las políticas que se necesitan con urgencia para revitalizar las economías locales y reducir la dependencia general de las corporaciones transnacionales.

La OCDE

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es una organización intergubernamental compuesta por 29 países miembros. Más que una simple institución regional, la OCDE se define como una "entidad homogénea" dentro de la cual todos los países miembros comparten ideologías económicas y políticas similares (4). Sus miembros comprenden, además de todos los estados de la Unión Europea, Suiza, Noruega, Islandia, la República Checa, Hungría, Polonia, Turquía, Australia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea del Sur, México y Nueva Zelanda.

La toma de decisiones en la OCDE tiene lugar dentro de un "sistema de logro de consenso a través de la presión de los iguales" (peer pressure). (5) Esto significa, en esencia, que los países miembros se aseguran de que los demás miembros se mantengan en línea con las políticas y dirección actuales de la OCDE. Muchas de estas políticas son producto de varios comités, los cuales intentan "tejer una red de políticas y prácticas compatibles en países que son parte de un mundo cada vez más globalizado".

Aunque a menudo la OCDE es definida como un grupo intergubernamental de expertos, en realidad va más allá de eso. Los estados miembros envían expertos y legisladores, que se reúnen en grupos y comités especializados en más de 200 áreas de trabajo. Las discusiones de estos comités se traducen a menudo en tratados formales y acuerdos en áreas tales como inversión internacional, movimiento de capitales y política ambiental.

¿Qué dice el AMI?

En resumen, el AMI exigiría a los estados abrir de par en par sus economías a cualquier inversor interesado, y tribunales internacionales sin responsabilidad ante nadie juzgarían las quejas de las multinacionales por tratamiento desfavorable del país anfitrión. A continuación se enumeran los puntos clave del acuerdo.

El AMI abarcaría una variedad de inversiones amplia en extremo. No sólo inversiones directas de las corporaciones, sino además valores, obligaciones, empréstitos, participaciones de deuda, derechos de propiedad intelectual, arrendamientos, hipotecas y concesiones sobre tierras y recursos naturales. Los sectores de sanidad, educación, comunicaciones, cultura, bancario y de la construcción serían caza legal para los inversores extranjeros; de hecho, los únicos sectores exentos serían defensa y seguridad interior.

El AMI se basa en los principios de tratamiento nacional y nación más favorecida (NMF). En lenguaje llano, esto obligaría a los gobiernos a tratar a los inversores extranjeros igual o mejor que a los nacionales, y de ese modo favorecería de forma automática a las inversiones transnacionales, por encima de las de empresas nacionales, más pequeñas. También se prohibirían las restricciones a la inversión extranjera que algunos países aplican a los sectores más sensibles -por ejemplo editoriales en Malaisia, Indonesia y Venezuela, aprovechamientos forestales, pesca, minería y agricultura en varios países, residuos tóxicos en Colombia e industria altamente contaminante en Taiwan.

El AMI eliminaría las llamadas exigencias de comportamiento, medidas diseñadas para proteger a los trabajadores y a las comunidades. Por ejemplo, bajo el dominio del AMI se declararían ilegales la exigencia de un gobierno a una firma extranjera de dar empleo a un número mínimo de trabajadores locales, el uso de un porcentaje determinado de productos domésticos, la transferencia de tecnología y así sucesivamente.

Al prohibir las restricciones al flujo excesivo de capitales, el AMI aumentaría las inversiones especulativas a corto plazo, del tipo que causó la crisis del peso mexicano en 1994 y la más reciente crisis de los mercados financieros en el Sudeste asiático.

A diferencia de otros acuerdos multilaterales, el AMI incluiría un mecanismo de resolución de conflictos que permitiría a los inversores demandar por expropiación directamente a los gobiernos locales y nacionales. Este mecanismo, que otorga a las poderosas multinacionales el derecho a llevar a juicio la legislación local y nacional emanada de procesos políticos democráticos, constituye un precedente político tremendamente peligroso. Una sentencia de expropiación, a la que el AMI define no sólo como pérdida de ingresos sino también de reputación, obliga a los estados a compensar económicamente al inversor, y/o a reformar las leyes. La comisión de arbitraje estaría compuesta por unos pocos expertos en comercio, trabajando a puerta cerrada, lejos del examen público. Las consecuencias que esta disposición podría tener sobre la legislación ambiental, sanitaria y de seguridad son enormes, como demuestra el caso promovido bajo el TLCAN, por el que la compañía estadounidense Ethyl ha demandado al gobierno canadiense por valor de 250 millones de dólares debido a la prohibición de un aditivo tóxico de la gasolina.

El AMI encadenaría a los estados firmantes al tratado por un periodo de 20 años. Un país sólo puede resignar después de 5 años, y las estipulaciones del tratado protegerían a las compañías inversoras por un plazo adicional de 15 años.

El AMI incluye asimismo las peligrosas disposiciones de paralización (standstill) y vuelta atrás (roll back). La cláusula de paralización prohibe a los estados firmantes la introducción de nuevas leyes o políticas que estén en contradicción con el tratado—esto tendría un efecto demoledor en las políticas ambientales y sociales nacionales. Vuelta atrás es el proceso por el que los países se verían obligados a abrir sectores protegidos y a derogar las leyes que se considere que violan el AMI. Los miembros de la OCDE han presentado 1000 páginas de salvedades, que eventualmente deberán volverse atrás, y que varían desde la exención austríaca para la industria de chimeneas deshollinadoras a los servicios sociales en Estados Unidos.

Las disposiciones del AMI vulneran varios acuerdos internacionales ya firmados por los gobiernos, como la Convención del Clima y su protocolo de Kyoto, o la Convención sobre Biodiversidad.

El AMI será un acuerdo internacional independiente, de libre acceso para países no miembros de la OCDE, lo que significa que sólo pueden firmar un "tómalo o déjalo" y únicamente les son permitidas salvedades de duración limitada. Al menos 10 países no miembros han expresado su interés en unirse al AMI desde el principio, entre ellos Argentina, Brasil, Chile y muy probablemente Hong-Kong, Colombia y los tres estados bálticos: Estonia, Letonia y Lituania. También se espera que Egipto se una. (6)

 

EL CRECIMIENTO EXPLOSIVO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA.

Algunos antecedentes

En 1994 y 1995 la inversión extranjera global estuvo en continuo apogeo, siendo también notable el crecimiento global de un 10% en 1996. El índice de crecimiento de la inversión extranjera en su conjunto sobrepasó el del PNB global (6.6% al año) y el del comercio internacional (4.5% anual). Pero incluso la imponente cifra de 349.000 millones de dólares [N del T: en el original 349 billones, en inglés un billón equivale a mil millones en castellano] en inversiones extranjeras directas de Estados Unidos en 1996, no muestra el verdadero alcance de la globalización económica. Ese mismo año, las multinacionales invirtieron la pasmosa cifra de 1.4 billones de dólares en países en los que ya tenían alguna representación. Esta tendencia - la creciente presencia de multinacionales en las economías locales como estrategia para asegurarse el control del mercado—ha sido bautizada con el nombre de "glocalización". (7)

Las Multinacionales toman la delantera

En el mundo hay alrededor de 44.000 multinacionales, las cuales tienen 280.000 filiales y un volumen anual de negocios de 7 billones de dólares. Dos tercios del comercio mundial proceden de sus redes de producción. La cuota de PNB mundial controlada por multinacionales ha pasado de un 17% a mediados de los 60 a un 24% en 1984 y a casi un 33% en 1995 (8).

En un proceso paralelo, las mayores multinacionales están aumentando ininterrumpidamente sus cuotas globales de mercado. Según el Informe Mundial de Inversión de 1997 de UNCTAD, las diez multinacionales más grandes tienen actualmente un volumen de negocios anual de más de 1 billón de dólares. 51 de las mayores economías mundiales son, de hecho, multinacionales. Las fusiones y compras continuas han creado una situación en la que casi todos los sectores de la economía mundial son controlados por un puñado de multinacionales, siendo los más recientes el sector farmacéutico y el de servicios. Por ejemplo, en enero de 1998, tuvo lugar la mayor fusión industrial de la historia, un trato de 70.000 millones de dólares entre Glaxo Wellcome y Smithkline Beecham que dio como resultado la mayor compañía farmacéutica del mundo.

Avanzando

La Unión Europea, Estados Unidos y Japón son responsables de un 85% de toda la inversión extranjera directa saliente (IED - cifras de 1996). A excepción de Daewoo, con base en Corea, las 100 multinacionales más grandes tienen su base en esta próspera tríada. Hasta la fecha, la tríada ha sido destinataria también del grueso de IED - casi tres cuartos en 1996. Pero la nueva tendencia es clara: las multinacionales con base en estas regiones planean incrementar sus inversiones en el extranjero, y especialmente en el Tercer Mundo. Más de la mitad de todas las transnacionales prevén que la cuota de su volumen de negocios obtenida fuera de casa excederá el 60% antes del año 2000. En 1997 sólo un 28% de ellas tenía una orientación tan global. Las multinacionales han revelado sus objetivos de inversión favoritos: en 1996, China recibió un tercio del total de IED que fluyó al mundo en vías de desarrollo, el conjunto de los restantes países asiáticos recibieron aproximadamente lo mismo. El liderazgo en América Latina fue de Brasil, con 9.500 millones de dólares en IED en 1996, seguida por México y Argentina. Africa (a excepción de Sudáfrica) recibió únicamente 5.300 millones de dólares ese mismo año, de los cuales los países productores de petróleo sacaron la mejor tajada, con un 70 por ciento.

Desregulación competitiva

La oleada de inversión en el Tercer Mundo se puede achacar a unos pocos elementos clave:

- la liberalización del mercado y los bajos costes de transporte, que hacen posible proveer cualquier mercado desde cualquier lugar del mundo;

- los bajos salarios y el acceso a materias primas baratas disponibles en el Tercer Mundo y los antiguos países comunistas;

- la necesidad de conquistar nuevos mercados tras la saturación del Norte (que ha desembocado en un "bajo" crecimiento);

- la eliminación de las barreras a la inversión en muchos países del Tercer Mundo, en parte debido a tratados de inversión bilaterales y regionales; y la creciente competición para atraer IED, que lleva a algunos países a rebajar o congelar los estándares ambientales y laborales y a ofrecer subvenciones y paraísos fiscales a las multinacionales.

Esta desregulación competitiva y el aumento del bienestar corporativo es visible también en el Norte. Según UNCTAD, los impuestos de las corporaciones disminuyeron en los países de la OCDE de un 43 por ciento en 1986 a un 33 por ciento actual, y muchos estados de la Unión Europea están atrapados en una espiral descendiente.

¿Arriar todos los botes?

La OCDE afirma que la globalización económica en general y la creciente inversión extranjera en particular mejorará el nivel de vida en todo el mundo. Sin embargo, la experiencia de los países que han eliminado las barreras a la inversión extranjera firmando acuerdos de libre comercio es muy distinta. Por ejemplo, desde que México firmó el TLCAN los salarios reales han caído un 45 por ciento, dos millones de personas han perdido el empleo, y el porcentaje de población catalogada como "extremadamente pobre" ha aumentado del 31 por ciento en 1993 al 50 por ciento hoy en día. (9) Se ha comprobado que son las mujeres y los niños los que más sufren las condiciones creadas por los tratados de libre comercio y la consecuente aparición de zonas de libre comercio.

El informe sobre Comercio y Desarrollo de 1997 elaborado por UNCTAD concluye que la globalización, en su forma actual, es responsable de un aumento dramático de las desigualdades globales. En 1965, la renta media personal en los países del G-7 era 20 veces mayor que la de los siete países más pobres del mundo. En 1995, la diferencia era 39 veces mayor. La polarización y las desigualdades de renta están aumentando también dentro de un mismo país: el porcentaje de renta que va al 20 por ciento más rico de la población ha aumentado en casi todas partes desde primeros de los 80. UNCTAD culpa por este desarrollo a la liberalización de las fuerzas del mercado, y considera inevitable la situación actual hasta que se incluya de nuevo en la agenda la regulación de la economía.

El arte de destruir empleos.

Aunque las multinacionales se presentan a sí mismas como creadoras de riqueza y empleo, los números muestran algo distinto. De hecho, una de las principales características de una transnacional competitiva y exitosa es la destrucción de empleo. Entre 1993 y 1995, el volumen de negocios anual global de las 100 multinacionales principales aumentó en más de un 25 por ciento, pero durante este mismo periodo las mismas compañías redujeron en un 4 por ciento su mano de obra mundial de 5.8 millones, más de 225.000 personas. (10) Su tendencia hacia las fusiones, reubicaciones, automatización y centralización de la producción y distribución son recetas seguras para la destrucción de empleo. Parte de esa mano de obra obsoleta puede trabajar para subcontratistas, una fuente de trabajo libre de problemas de las que las multinacionales hacen un uso cada vez más frecuente. Los subcontratistas son hábilmente enfrentados entre sí, lo que da como resultado precios más bajos, y también salarios menores y peores condiciones de trabajo. Otro hecho desafortunado acerca de la inversión extranjera es que muy a menudo conduce a la compra y reestructuración de las compañías locales, para que puedan producir más con menos empleados. Cerca de dos tercios de toda la IED en el periodo 1986-92 consistió en fusiones y compras de compañías. (11)

La triste verdad acerca de las multinacionales es que el constante crecimiento, inversión, monopolización y concentración en los que confían - así como la pérdida de empleo y la destrucción medio ambiental resultante - son una característica estructural del actual sistema económico neoliberal. Sin embargo, las voces que claman por la interrupción de esa persecución sin fin de la desregulación se hacen oír cada vez mas, y a menudo proceden de rincones insospechados. El Informe Mundial de Inversión de 1997 de UNCTAD termina con una advertencia a los líderes mundiales: las actividades de las multinacionales y sus poderes sobre el mercado pueden minar la salud de la economía global.

Preparando el terreno

A pesar de que durante casi una década se han llevado a cabo preparativos para el AMI, las negociaciones oficiales no comenzaron hasta 1995, y el primer borrador del tratado no estuvo listo hasta enero de 1997. Mientras que el proceso negociador, en el que participaban los representantes más neoliberales de los gobiernos nacionales y de los grupos de presión de las multinacionales, fue bastante relajado hasta esa fecha, el último año estuvo cargado de escollos inesperados. El impacto combinado de los conflictos entre distintos miembros de la OCDE y la creciente oposición ecologista y sindical han convertido las negociaciones en una carrera a contra reloj.

La primera época

Ya en 1998 se iniciaron conversaciones en la OCDE sobre algo parecido al AMI, cuando su comité de inversión empezó a preparar la conversión de la regulación existente en vinculante, entonces sin obligatoriedad, sobre tratamiento nacional a las inversiones extranjeras. Las negociaciones se interrumpieron tras dos años. La razón formal de esta suspensión fue la negativa de Estados Unidos a aceptar la excepción canadiense de tratamiento nacional a la cultura; sin embargo, el motivo subyacente fue la ambición de algunas partes negociadoras, en concreto EE.UU., de iniciar negociaciones sobre un acuerdo más completo en liberalización de flujos de inversión. (12)

Viabilidad

El año siguiente, en 1991, la Conferencia Ministerial de la OCDE acordó la realización de un estudio de viabilidad para un acuerdo multilateral de inversión. En un principio, dos grupos de trabajo de la OCDE llevaron a cabo este trabajo, el ya mencionado Comité de Inversión Internacional y Empresas Multinacionales (CIEM) y el Comité de Movimientos de Capitales y Transacciones Invisibles (CMTI). (13) En 1994 se imprimió mayor velocidad a esta tarea con la creación de 5 grupos de trabajo "formados por expertos independientes gubernamentales, para la preparación de los elementos esenciales del AMI". (14) Durante esta etapa preparatoria consultaron sistemáticamente a los intereses industriales. La colaboración no se redujo al Comité Asesor del Comercio y la Industria (BIAC) de la OCDE, que comprende numerosas asociaciones industriales y tiene estatus consultivo en la OCDE (ver cuadro más adelante), sino que se extendió a grupos individuales corporativos de presión, tales como la Cámara Internacional de Comercio (CIC).

AMI precocinado

En la conferencia de mayo de 1995, los ministros de los países de la OCDE decidieron iniciar las negociaciones sobre el AMI, con el objetivo de concluir el acuerdo en mayo de 1997. Los estados de la OCDE no ocultaron su intención de negociar un tratado con "los más altos estándares" de protección y derechos del inversor, para sólo después invitar a los países no miembros, sobre todo los del Tercer Mundo, a firmarlo. El proceso de abordaje a estos países no se hizo esperar, con la primera de una serie de reuniones con naciones interesadas. (15) Los observadores de ONGs que atendían las negociaciones entre la Unión Europea y los países de la ACP (Africa, Caribe y Pacífico) sobre la revisión de la Convención de Lomé, informaron de la presión que la UE estaba ejerciendo sobre las antiguas colonias europeas para que aceptaran el AMI como parte de la nueva Convención. (17) Desde un principio el AMI se usaba para preparar el terreno a un tratado global de inversión dentro de la Organización Mundial del Comercio (18)

Los elementos esenciales del AMI tal como los conocemos hoy en día - incluyendo la amplísima definición de inversión, tratamiento nacional, cláusulas de vuelta atrás y paralización y demás - existían ya a principio de las negociaciones, gracias a los 4 años de estudio de viabilidad. El lanzamiento inicial de las negociaciones oficiales tuvo lugar en septiembre de 1995, en un grupo negociador presidido por el holandés F.A. Engering, en el que participaban todos los miembros de la OCDE y también la Comisión Europea. Se invitó a la OMC en calidad de observador. Desde entonces este grupo se ha reunido cada 4 ó 6 semanas, siendo incluso más frecuentes las reuniones de los grupos de trabajo y de los encargados de redactar borradores. Entre reunión y reunión los delegados intercambian textos y posiciones a través del correo electrónico. (19)

Encuentros informales

La industria ha contribuido directamente a lo largo de todo el proceso negociador. Además de las consultas formales entre el grupo negociador y los dos consejos asesores, el de comercio e industria y el de sindicatos (BIAC y TUAC, ver cuadro inferior), "un grupo ad hoc de expertos de BIAC...se reúne y asesora al grupo negociador antes de cada sesión negociadora". (20) Los negociadores han hecho amplio uso de la "pericia" de la Cámara Internacional de Comercio (CIC), por ejemplo, a la hora de definir el mecanismo de resolución de conflictos. De hecho, es la propia corte de arbitraje de la CIC una de las tres instituciones a las que las multinacionales pueden recurrir para resolver conflictos. (21)

Y no menos importante que estas inyecciones directas en el proceso de la OCDE, es la presión ejercida por la industria a nivel nacional. Por ejemplo, el Consejo estadounidense para el Comercio Internacional (USCIB), "mantiene reuniones ordinarias con los negociadores de EE.UU. inmediatamente antes y después de cada sesión negociadora del AMI." (22) Tan estrecha cooperación entre industriales y negociadores nacionales tiene lugar en muchos países de la OCDE, incluyendo Canadá y los Países Bajos. La presión que el gobierno holandés ejerció sobre Estados Unidos para que retirara la excepción para los subsidios de información y desarrollo (I+D) fue resultado directo de la insistencia de Philips, multinacional con base en Holanda. Philips quería asegurar su acceso a ese tipo de subsidios en Estados Unidos. (23)

Los grupos industriales de presión, tales como la CIC y la Mesa Redonda Europea de Industriales (ERT) han usado su acceso a los más altos niveles políticos, que incluyen cumbres de importancia mundial como la del G-7, para resaltar la necesidad de concluir el AMI cuanto antes y de mantener la agenda libre de demandas laborales y ambientales.

Agenda compartida

La razón de las íntimas consultas entre los gobiernos y los grupos de presión industriales a lo largo del proceso de redacción del AMI es que varias de las delegaciones negociadoras más influyentes comparten de todo corazón la agenda industrial. El informe de la CIC, "Normas Multilaterales de Inversión", datado en abril de 1996, no deja lugar a dudas sobre el consenso casi total existente entre los negociadores del AMI y la industria. (24) Las normas que propone ese informe son prácticamente idénticas a las del primer borrador del AMI, redactado 9 meses después.

Son normalmente los oficiales del ministerio de Economía o de Comercio los que representan a sus países en las negociaciones del AMI en la OCDE. En los Países Bajos se ha sacado el máximo rendimiento a las tradicionalmente estrechas relaciones entre la industria y estos ministerios. Los negociadores holandeses se han aliado con la industria para conseguir el objetivo común de "eliminar tantos obstáculos a la inversión extranjera como sea posible" (25) El Secretario de Estado holandés para Asuntos Económicos, van Dok-van Weelen, se dirigió al parlamento en noviembre de 1995 afirmando que el tratamiento nacional se debería aplicar también a "temas como compras públicas y la concesión de todo tipo de subsidios y garantías". (26) En muchos países el AMI pasó desapercibido a otros ministerios - por ejemplo a los de Medio Ambiente, Asuntos Sociales y Cultura - hasta una fase muy avanzada.

Aguas revueltas

El primer borrador del AMI vio la luz a primeros de 1997. Hasta entonces el acuerdo había disfrutado de aguas bastante tranquilas, gracias a que la opinión pública y la mayoría de los representantes políticos desconocían incluso su existencia. Pero tanto el complicado proceso de excepciones como el descubrimiento del AMI por la comunidad de organizaciones no gubernamentales ralentizaron el proceso, y quizás incluso dieron al traste con el rumbo trazado para el acuerdo.

Excepciones demoledoras

Los gobiernos presentaron sus "excepciones" al AMI en febrero de 1997, y además del inmenso volumen de excepciones nacionales, decidieron eximir algunas áreas centrales del acuerdo, no delimitadas de antemano. Probablemente, en algunos países, representantes del gobierno que hasta entonces no estaban informados sobre el AMI participaron en el proceso de excepciones, y reaccionaban ahora con pies de plomo ante disposiciones de tan largo alcance. Algunas de las más importantes excepciones que han propuesto distintos estados miembros son:

- Estados Unidos ha pedido una excepción para las leyes subfederales, lo que dotaría a estados y localidades de inmunidad frente al AMI.

- La Unión Europea ha solicitado discriminación positiva para la inversión en organizaciones regionales de integración económica (ORIEs), como ella misma. El objetivo de esta cláusula es garantizar que el AMI no impedirá a los países modificar sus leyes para igualar la legislación comunitaria. Esto es de crucial importancia tanto para los países de Europa Central y del Este candidatos a formar parte de la UE, como para las posibilidades futuras de armonizar la legislación de la Unión.

- Francia y Canadá han reclamado que la cultura se exima por completo del acuerdo.

- La Unión Europea ha hecho ruido sobre la necesidad de prohibir los boicoteos secundarios, tales como la ley estadounidense Helms-Burton, que penaliza a las compañías que hacen negocios con Cuba.

- Muchos gobiernos se han opuesto a la propuesta de prohibir el uso de medidas impositivas (que podrían, por ejemplo, beneficiar a las empresas más pequeñas y a las nacionales).

Por si esto fuera poco, las salvedades al AMI específicas de los distintos estados suman mil páginas, y algunos gobiernos llenan página tras página de excepciones para sectores clave de su economía.

El alcance de estas salvedades, como cultura, ha afectado seriamente el AMI, y el desalentador volumen de excepciones específicas ha perturbado las negociaciones, antes libres de problemas. En la Conferencia Ministerial de la OCDE, en mayo de 1997, con los ministros argumentando que un AMI de "alto estándar" requería más tiempo, se tomó la decisión de posponer la fecha límite de las negociaciones hasta mayo de 1998.

Explosión pública

El segundo (y simultáneo) obstáculo en los preparativos del AMI fue la explosiva reacción de la comunidad internacional de ONGs tras descubrir el borrador del acuerdo, que había sido filtrado a comienzos de 1997. Las ONGs canadienses y estadounidenses se apresuraron a publicarlo en sus páginas web, y la campaña se extendió como la pólvora a otras partes del mundo. Las estrategias de estas organizaciones han incluido educación pública, presión a los oficiales del gobierno y parlamentarios (muchos de ellos oyeron entonces hablar del AMI por primera vez), y en octubre de 1997, la organización de una reunión global de estrategia de las ONGs sobre el AMI, paralela a una consulta informal con la OCDE. La sesión de consulta/estrategia reunió a representantes de grupos ecologistas, de desarrollo y de consumidores procedentes de más de 70 países, y dio como resultado un llamamiento para una revisión en conciencia del acuerdo. (28)

Las ONGs y los sindicatos han inyectado con éxito dos nuevas demandas en las negociaciones del AMI - la integración de estándares laborales y ambientales. Estas demandas - junto con el engorroso proceso de excepciones - son intolerables para la industria. Recientemente, el Comité Asesor de Comercio e Industria (BIAC, ver cuadro inferior) de la OCDE, inició una nueva ofensiva tras darse cuenta de que su soñado AMI estaba a punto de descarrilar. En enero de este año, en una consulta oficial entre BIAC y el grupo negociador de la OCDE, los industrialistas expresaron sus preocupaciones acerca de la dirección que estaba tomando la discusión. Hermann van Karnebeek, presidente del Comité de BIAC de Empresas Multinacionales (y del gigante químico AZKO Nobel y la rama holandesa de la Cámara Internacional de Comercio), se quejó de: "Ahora oímos muchas señales inquietantes de que muchos de los elementos que deseábamos pueden no ser posibles. Y empezamos a preguntarnos, ¿ qué hay en al AMI para nosotros?" (29).

Algunos miembros de BIAC, especialmente molestos por la exención de la fiscalidad y la introducción de estándares laborales y ambientales, llegaron al extremo de amenazar con la retirada del apoyo industrial a un AMI de bajo estándar, lo que en muchos países dificultaría su ratificación. Los negociadores de la OCDE calmaron los miedos de los miembros de BIAC, asegurando que la liberalización seguía siendo una prioridad en su agenda, pero que era necesario aceptar algunos compromisos para poder concluir el AMI en abril de 1998. "Recuerden, este es sólo el primer paso - como el GATT en 1947", así consolaba a BIAC un oficial de la OCDE. "Estamos entrando en un proceso de dimensiones históricas." (30)

BIAC:

El Comité Asesor de Comercio e Industria (BIAC) es la voz oficial de la industria en las negociaciones del AMI. BIAC, con base en París, se estableció al igual que la OCDE en 1962, y ésta le consulta formal e informalmente de modo regular. Está compuesto por las organizaciones patronales de los distintos estados de la OCDE, y también por grupos de presión industriales, tales como UNICE, el Consejo Industrial sobre Asuntos Nacionales (BCNI, Canadá), el Consejo de Estados Unidos para el Comercio Internacional (USCIB), la Cámara Internacional de Comercio (CIC), el Consejo Mundial de Comercio para el Desarrollo Sostenible (WBCSD) y otros. También están representadas en BIAC algunas multinacionales, entre las que se incluyen Shell, General Electric, BASF y Kobe Steel. BIAC está organizado en 14 comités, que trabajan en asuntos que van desde el comercio, la educación y los productos químicos a la inversión internacional.

BIAC ha sido desde el principio del proceso de negociación un defensor entusiasta del AMI, y entre 1991 y 1995 ha participado activamente en el trabajo previo a las negociaciones. Aunque han tenido lugar varias consultas formales entre BIAC y el grupo negociador, quizá sea más significativo el trabajo realizado a puerta cerrada. Por ejemplo, un grupo ad hoc de representantes de BIAC se reúne de modo informal con los negociadores de la OCDE antes de cada sesión. (31)

TUAC

Al igual que su homólogo corporativo, el Comité Asesor de Sindicatos (TUAC) tiene estatus consultivo en la OCDE, y posee un pequeño secretariado en París. TUAC representa a más de 55 sindicatos en el mundo industrializado, y cuenta entre sus miembros con más de 70 millones de trabajadores.

TUAC entiende su papel como "el asegurar que los mercados globales se equilibren con una dimensión social efectiva" (32) Así, ya durante las consultas que tuvieron lugar durante el estudio de viabilidad, a comienzos de los 90, TUAC resaltaba la necesidad de incluir en el AMI estándares laborales y ambientales vinculantes. (33) Aunque los negociadores del AMI nunca se tomaron en serio estas recomendaciones, Roy Jones, de la secretaría de TUAC, señala que las recientes dificultades en las negociaciones demuestran que TUAC estaba en lo cierto: "Trabajo y Medio Ambiente pueden cargarse el tratado". (34)

El AMI y la Unión Europea

Además de los 29 miembros de la OCDE, la Unión Europea ha estado presente como negociador número 30 desde el comienzo de las negociaciones del AMI. A pesar de que el estatus legal del papel de la Comisión no está muy claro, el AMI está siendo tratado como un asunto de responsabilidad compartida entre la Comisión Europea y los estados miembros. (35) A diferencia de esto, en la Organización Mundial de Comercio la Comisión negocia en nombre de los 15 estados miembros, como resultado del artículo 113 del tratado de Maastricht, que otorga a la Unión Europea competencias en la mayor parte de las políticas exteriores comerciales de sus estados miembros. Aunque la responsabilidad mixta permite a la Comisión jugar un papel muy influyente en las negociaciones, también significa que el Consejo de Ministros deberá ratificar el AMI. A medida que las negociaciones avanzaban, la Comisión ha ido jugando un papel cada vez más importante, coordinando las posiciones de los estados miembros de la UE. Esto se puede atribuir al ambicioso liderazgo en las negociaciones de Sir Leon Brittan, de la Dirección General 1 (Relaciones Económicas Exteriores), un hombre conocido de sobra por su enfoque agresivo y competitivo en materia de comercio e inversión.

La Unión Europea está presionando para conseguir un mecanismo de liberalización de la inversión en dos foros simultáneamente, en la OCDE y en la Organización Mundial del Comercio. Como explica Sir Leon Brittan: "Necesitamos echar abajo los obstáculos existentes a la inversión y detener nuevas trabas que surjan en su camino. Un conjunto completo de normas internacionales vinculantes es lo mínimo para crear el campo de juego nivelado tan vital para la economía europea." (36)

Parlamento crítico, sin poderes

Hasta la fecha, el Parlamento Europeo no posee ni un papel formal en las negociaciones del AMI, ni el derecho legal a ratificar o rechazar el acuerdo. De todos modos, a iniciativa propia, ha elaborado una resolución sobre el AMI que se discutirá en febrero y probablemente se votará en marzo de 1998. El primer borrador de la resolución, escrito por el parlamentario alemán del grupo de los verdes Kreissl-Doerfler, es muy crítico tanto con el AMI, como con el proceso negociador, y resalta "el hecho de que hasta ahora las negociaciones se han conducido con el máximo secreto, excluyendo incluso a los parlamentos". (37)

El borrador de la resolución afirma que el AMI "refleja el desequilibrio entre los derechos y obligaciones de los inversores, a los que garantiza plenos derechos y protección, mientras que los países signatarios están aceptando gravosas obligaciones que pueden dejar a sus poblaciones desprotegidas." La resolución reclama la inclusión en el AMI de estándares laborales y ambientales vinculantes, y la garantía de que no conducirá a una competición en las regulaciones con el objetivo de atraer inversión extranjera. (38) Además, la cláusula de Organización Regional de Integración Económica (ORIE) constituye una prioridad para el Parlamento Europeo, que teme que el AMI amenace la expansión de la Unión Europea a Europa del Este, la cual implicará cambios en la legislación y en las futuras políticas sociales y ambientales a nivel comunitario. Sus miedos se deben principalmente a las cláusulas del AMI de nación más favorecida y paralización.

La resolución del Parlamento sobre el AMI termina con un llamamiento a "los Parlamentos y los gobiernos de los Estados Miembros para que no firmen el AMI hasta que no se lleve a cabo un análisis detallado, accesible al público, de los impactos de este acuerdo sobre la legislación en la UE". Sin embargo, la Comisión no está obligada a cumplirlo. El Parlamento Europeo ha pedido el derecho a ratificar el acuerdo, pero no está claro si el Consejo de Ministros tomará o no en cuenta esta solicitud.

Ataques múltiples para desregularizar la inversión

Como ya se indicó a través de este informe, el AMI no es el único intento ambicioso de desregular las normas de inversión. Desde 1995, los gobiernos en todo el mundo han efectuado unas 600 modificaciones en la legislación sobre inversión nacional, de las cuales, el 95 % han sido para una mayor liberalización. Durante los últimos cinco años, el número de tratados bilaterales de inversión se ha triplicado hasta llegar a un total de 1330 acuerdos que involucran a 162 países. (39)

Lo siguiente es un vistazo a los múltiples y variados ataques que los países de la OCDE lanzaron para lograr la desregulación de inversiones. Por encima del AMI, la Unión Europea, Estados Unidos y Japón sueñan con un tratado de inversión global dentro de la OMC. En 1995 y 1996 se llevó a cabo una primera ofensiva para comenzar las negociaciones sobre tal tratado, estimulada por la euforia que siguió a la firma del GATT (Acuerdo General sobre Comercio y Tarifas). La fuerte resistencia del Tercer Mundo al llamado MIA (Multilateral Investment Agreement, Acuerdo Multilateral de Inversiones) consiguió un compromiso: la creación de un grupo de trabajo de la OMC sobre inversión, dentro del cual continúa la lucha. Otro defensor cada vez más franco de la desregulación, UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo), juega un papel crucial en llevar a países del Tercer Mundo hacia posiciones más neoliberales de inversión, por ejemplo, realizando conferencias para lograr consenso. Y con su proyecto mucho menos sutil, el Fondo Monetario Internacional (FMI) sigue usando cada oportunidad para imponer normas estilo AMI sobre los países en crisis financiera.

Es probable que en los próximos meses surjan más actividades en otro frente: una zona transatlántica de libre comercio, que incluya desregulaciones de inversión a escala total, entre la Unión Europea y Estados Unidos. Se han llevado a cabo preparativos soterrados durante varios años entre los gobiernos de EE.UU., la Comisión Europea y líderes de corporaciones en el "Diálogo Comercial Transatlántico" (TABD). A principios de febrero Brittan, el vicepresidente de la Comisión Europea, anunció que el objetivo era comenzar las negociaciones durante la cumbre UE-EE.UU. en mayo de 1998. Otro camino hacia el mismo objetivo y con la misma carencia fundamental de una consulta a la ciudadanía, por no hablar de un mandato público. (40)

La vía del MIA

1995 fue un gran año para las negociaciones sobre inversión: no sólo comenzaron oficialmente las negociaciones sobre el AMI, sino que la reunión ministerial de la OCDE en junio de este año también acordó impulsar simultáneamente un MIA dentro de la OMC. (41) Aunque había un consenso general sobre la conveniencia de una estrategia de dos vías, la Unión Europea fue probablemente el mayor defensor de coger la vía rápida para un tratado en la OMC. (42) Como dijo el comisario europeo Sir Leon Brittan: "Creo que los países en desarrollo nunca han sido tan receptivos como ahora al mensaje de que las inversiones extranjeras directas no representan una amenaza, sino un instrumento positivo para el desarrollo económico... En esta época en que más de la mitad de las nuevas inversiones se dirigen a países en desarrollo, se trata de un asunto global que los países de la OCDE no pueden resolver solos... Debemos tratar el asunto en la OMC ..." (43)

La idea original era lanzar negociaciones sobre el MIA en la Conferencia Ministerial de la OMC en diciembre de 1996 en Singapur. La propuesta para un MIA esbozada en el documento de la Comisión Europea de 1995 "Un Campo de Juego Nivelado para la Inversión Directa Mundial" ("A Level Playing Field For Direct Investment Worldwide") se asemejaba estrechamente al AMI. (44) Este MIA garantizaría a los inversores extranjeros los derechos de entrada, establecimiento y tratamiento nacional en todos los sectores y todos los países miembros de la OMC, garantizaría el flujo ilimitado de beneficios y capital, y reestructuraría las normas de empresa e impositivas. Lo que hace atractivo un tratado de inversión dentro de la OMC para los gobiernos del Norte es que permitiría el acceso a los mecanismos de resolución de conflictos de la OMC - y en particular a sus provisiones de intercompensación - instrumento muy poderoso que implica sanciones comerciales contra los países que no cumplan. Los grupos industriales de presión, en particular la ERT (ver anexo), habían presionado para lograr tal "GATT sobre Inversión" desde comienzos de los 90. (45)

La resistencia del Tercer Mundo

Desde el principio, los países del Tercer Mundo se rebelaron contra el MIA. En enero de 1996, por ejemplo, el Primer Ministro de Malaisia, Dr. Mahathir Mohamad comentó que su país era "consciente de tales movimientos y vamos a tomar medidas para asegurar que este injusto tratado de comercio no se lleve a cabo". (46) Poco después, ocho países del Tercer Mundo, incluyendo la India e Indonesia, emitieron una declaración determinando "su objeción a la integración del tema de comercio e inversión en la Organización Mundial del Comercio". (47) Mostrando su disgusto en términos diplomáticos, estos países expresaron su preocupación de que un MIA afectaría "la habilidad de los gobiernos nacionales para regular los flujos de IED [inversión extranjera directa] con el fin de apoyar objetivos y prioridades nacionales de desarrollo". "Igualmente oscura", establecieron los ocho gobiernos, "es la naturaleza de los beneficios y costes potenciales de la IED y su relación con el proceso de globalización y el consiguiente fenómeno de marginalización". (48) En cambio, exigieron que el tema de inversión fuera discutido en el marco de UNCTAD, que carece de poderes jurídicos vinculantes y en la cual los países en vías de desarrollo están en una desventaja menor que en la OMC. Estos países remisos del Tercer Mundo habían aprendido la lección de la Ronda Uruguay del GATT—que el comienzo de negociaciones genera enormes presiones para la conclusión de tratados de amplio alcance.

Manipulaciones en Singapur

A pesar de estas claras señales de los gobiernos del Tercer Mundo, Ruggiero, el director general de la OMC, incluyó el tema de inversión en la agenda de la conferencia de la OMC en Singapur, en diciembre de 1996. Ya para entonces la Unión Europea y otros proponentes del MIA habían convertido su propuesta en un "proceso de estudio" sobre las relaciones entre comercio e inversión. (49) Durante la conferencia de Singapur, aquellos países que se resistían a introducir la inversión en la agenda de la OMC fueron presionados uno tras otro para cambiar su posición. Algunos países presionaron con algún éxito para limitar el alcance del grupo de trabajo. El último país en ceder fue India, que se unió a los esfuerzos de última hora para evitar que el propuesto grupo de trabajo preparara los elementos de un proceso de negociación del MIA. En un procedimiento de lo más antidemocrático, se negoció un borrador final de declaración por un grupo informal de 30 países. Se presentó al plenario de la conferencia justo en el último momento, acompañado por un ruego del Presidente, Yeo Cheow Tong de Singapur, pidiendo a los países que se abstuvieran de reabrir discusiones. (50) Y así nació el grupo de trabajo sobre comercio e inversión de la OMC.

¿De quién es la victoria?

Tras la Conferencia Ministerial de la OMC en Singapur, el comisario europeo Brittan vio la puerta totalmente abierta a un "marco multilateral de normas vinculantes" sobre inversión, y declaró que "en inversiones ... hemos al menos puesto a la OMC en el mapa. Realmente me parece que la inversión es la prioridad máxima para la OMC en los años venideros." (51). Los negociadores del Tercer Mundo, por otro lado, destacaban que ellos habían logrado frenar el lanzamiento de las negociaciones sobre el MIA. El Secretario de Comercio de la India, Tejendra Kanna dijo que: "Hemos dejado claro que no se puede otorgar ningún mandato para un estudio del MIA. No está permitido durante el período de dos años. Si alguna vez se llega a esa fase, aún entonces, lo bloquearemos." (52)

Guerra fría en el grupo de trabajo de inversión

La tensión entre los países de la OCDE y los que se oponían al MIA ha sido tangible en las tres reuniones del grupo de trabajo en 1997, a las cuales acudieron como observadores la OCDE, UNCTAD, el Banco Mundial, el FMI y otras instituciones internacionales. Mientras que la Unión Europea seguía apremiando para que comenzasen las negociaciones, países como Malaisia, India, Indonesia y Pakistán permanecían firmes contra los más mínimos pasos hacia un tratado de inversión global. (53) El grupo de trabajo ha estado discutiendo sobre comercio, inversión, desarrollo y crecimiento económico en un nivel abstracto, pero en 1998 también trabajará sobre "acuerdos e iniciativas multilaterales". (54) Es poco probable que su informe a la Conferencia Ministerial de la OMC en mayo de 1998 contenga recomendaciones controvertidas, y no se espera que en esta reunión se tome ninguna decisión sobre inversión.

Calentando

Sin embargo, durante el verano y el otoño, los debates en el grupo de trabajo se volverán más acalorados al aproximarse diciembre de 1998, fecha tope para el informe final al Consejo General de la OMC. Los impulsores de un tratado de inversión en la OMC intentarán reunir el apoyo para la preparación de las negociaciones; su éxito depende fundamentalmente del destino de las negociaciones del AMI. Los observadores esperan que la Unión Europea entre otros intente revitalizar el MIA para que las negociaciones puedan comenzar en 1999 o en el 2000. Según algunas fuentes, la estrategia más probable es el inicio de una nueva ronda general de negociaciones que incluya la liberalización mundial de la agricultura, la inversión y varios otros asuntos al comienzo del nuevo milenio.

La Organización Mundial del Comercio

La OMC surgió el 1 de enero de 1995, tras la firma en 1994 del acuerdo global de libre comercio GATT. El mandato de la OMC es eliminar los obstáculos al comercio, y cuenta con un organismo de resolución de conflictos ante el cual los gobiernos pueden solicitar que se investigue si la legislación de otro país constituye una barrera comercial. Las decisiones de la OMC son vinculantes, y pueden ejecutarse por medio de la implementación de sanciones comerciales de todos los países miembros de la OMC contra el gobierno desobediente.

El más reciente pleito en la OMC en que una ley de protección al consumidor actuaba como un obstáculo al comercio concernía a la prohibición de la Unión Europea del uso de hormonas en la carne, pero están apareciendo muchas cuestiones similares. Al igual que Estados Unidos presenta casos en representación de sus multinacionales, la UE cuestiona la regulación ambiental y de seguridad alimentaria de Estados Unidos en nombre de las corporaciones europeas. Estados Unidos, la Unión Europea y Japón están continuamente buscando ampliar el mandato de la OMC; ya que sus industrias anhelan acceder a los últimos sectores desprotegidos de las economías del Tercer Mundo. Desde 1995, se han dado pasos para liberalizar las telecomunicaciones y los servicios financieros. Pese a una feroz oposición del Tercer Mundo, un tratado en la OMC de liberalización de la inversión es todavía una alta prioridad para los países de la OCDE, y en especial para la Unión Europea.

UNCTAD

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) es usada cada vez más por los países de la OCDE y por los grupos empresariales como un foro para llevar a los países del Tercer Mundo hacia una posición más simpatizante con la desregulación de la inversión.

La UNCTAD, en su conferencia de mayo de 1996 en Witrand, Sudáfrica, recibió un mandato para estudiar las implicaciones del desarrollo de los actuales acuerdos de inversión, tales como los tratados de inversión bilateral (BITs) y discutir la necesidad de un marco multilateral de inversión.

En las conclusiones finales de su reunión de junio de 1996 en Lyon, los líderes del G-7 describieron los resultados de la conferencia de Witrand como "un hito importante en la renovación de la UNCTAD" y aplaudieron el nuevo enfoque del trabajo de UNCTAD en "un pequeño número de prioridades para promover el desarrollo a través del comercio y la inversión con el objetivo de facilitar la integración de los países en vías de desarrollo en el sistema de comercio internacional".

Aunque la forma de lograr el consenso sobre normas de inversión en la UNCTAD es informal, los países en vías de desarrollo necesitaron algunos codazos de sus vecinos industrializados para unirse. Según expuso en su discurso a la audiencia industrial en Colonia el comisario europeo Sir Leon Brittan, "las discusiones informales ya han comenzado en Ginebra, gracias sobre todo a la presión canadiense y europea. Hemos estado tratando de no coaccionar a los países en vías de desarrollo, sino de compartir con ellos los frutos de nuestros últimos análisis, para demostrar que la liberalización de la inversión es una estrategia ganadora para todos los jugadores." (55)

Y no sólo los gobiernos del G7 están tentando a los países en vías de desarrollo para que entren en el salón de masaje de la UNCTAD, los principales grupos industriales de presión tales como la Mesa Redonda Europea de Industriales (ERT) y la Cámara Internacional de Comercio (CIC) han descubierto también la utilidad de esta institución.

En diciembre de 1997, la ERT y el secretariado de UNCTAD coorganizaron en Ginebra una reunión de alto nivel entre 25 embajadores de países en vías de desarrollo con base en Ginebra y unos 16 directores ejecutivos de empresas de la ERT, con el objetivo de discutir un documento de trabajo sobre inversión de la ERT de junio de 1997. La reunión fue presidida por el secretario general de la UNCTAD Rubens Ricupero y el presidente de la ERT y de la CIC Helmut Maucher de Nestlé. También estuvo presente Maria Livanos Cattaui, Secretaria General de la CIC.

En la conferencia del Foro Mundial de Inversión de UNCTAD en 1996, la Cámara Internacional de Comercio habló en representación de la industria mundial, y apuntó lo que deberían hacer los países del Tercer Mundo para atraer la inversión extranjera directa. Por ejemplo se desaconsejó pedir a los inversores que cumplan obligaciones especiales. (56)

FMI - Quitar las garras a los tigres.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), tradicionalmente responsable de ayudar a los países a cumplir los requerimientos de su balanza de pagos y a establecer estándares monetarios, ha sido un instrumento clave en entrometerse en la apertura de mercados a los inversores extranjeros, y luego echar un cable en caso de que se produzca una crisis financiera. Las condiciones del FMI consisten en una serie de medidas de liberalización de la inversión que privan a los países de su soberanía económica.

Según James Tobin, el premio Nobel de economía que propuso un impuesto sobre todas las transacciones internacionales: "Es difícil evitar la conclusión de que los apuros monetarios de los países se usan como oportunidad para imponer una agenda no mencionada -que incluye la obtención de concesiones comerciales para las corporaciones de Estados Unidos y mayores posibilidades de expandir su inversión."

Y realmente, el último "paquete de soluciones" del FMI para las economías destruidas de Corea del Sur, Tailandia e Indonesia, incluía un número de provisiones que podían haber sido extraídas directamente del texto del AMI. Por ejemplo, contenía exigencias para que los países endeudados garantizaran lo siguiente: el derecho para todos los inversores extranjeros de establecer inversiones en todos los sectores de la economía; el debilitamiento de los estándares laborales y medioambientales para atraer la inversión; la eliminación de salvaguardas en las bolsas que limitaran ventas relámpagos y evasión de capital; y la prevención contra la adopción de regulaciones que restringieran o controlaran la inversión extranjera en estos países. Hoy, con las economías asiáticas más expuestas, las multinacionales están comprando empresas locales a precios de ganga, al tiempo que obtienen nuevos territorios de mercado.

Cambio de corriente

Los próximos meses serán decisivos para el futuro del AMI. Los negociadores de la OCDE parecen decididos a no ampliar otra vez la fecha límite para las negociaciones. Están inmersos en una carrera contra el reloj para resolver los conflictos entre muchos países, y dulcifican el acuerdo con palabras vacías sobre estándares sociales y ambientales, en un intento de neutralizar las críticas y mejorar las oportunidades de introducir el AMI a través de los parlamentos.

Cualquier otra demora haría que el futuro del AMI fuera muy incierto. La experiencia ha demostrado que el tiempo adicional sirve únicamente para multiplicar los problemas para los negociadores, ya que más y más impactos negativos del AMI salen a la luz. Hace muy poco, las preguntas del Parlamento Europeo sobre cómo afectaría el acuerdo a las posibilidades futuras de mejorar las políticas ambientales y sociales en la Unión Europea, sacó a la superficie los problemas que conllevaría el AMI. El creciente número de páginas de excepciones solicitadas por las delegaciones nacionales ha colocado la visión rosa que tenía la OCDE de un tratado "ganador-ganador" bajo un prisma más realista. El que los gobiernos negociadores estén al fin percatándose de los impactos que el AMI tendrá en sus sociedades es una clara indicación del carácter fundamentalmente defectuoso del tratado..

Los negociadores probablemente anunciarán un acuerdo político sobre el AMI en la Conferencia Ministerial de la OCDE en mayo. Durante los próximos meses, se concentrarán en dar los toques definitivos para que el tratado pueda ser oficialmente firmado en noviembre de 1998. Esto es obviamente un procedimiento completamente antidemocrático, sintomático de lo que ha sido el proceso hasta la fecha. Aunque el modelo económico rígido que se forzará entre los países firmantes goce en la actualidad de un fuerte apoyo gubernamental, es probable que con los años atraiga una crítica creciente, a medida que sus impactos políticos ambientales y sociales se hagan más visibles. Firmar el AMI implica un compromiso cerrado de 20 años a un sistema desregulado en el cual los países serán completamente dependientes de la economía global, de las inversiones extranjeras y de los inversores extranjeros: en otras palabras, de las multinacionales. Los países que enfrenten problemas económicos u otros retos no podrán buscar nuevas soluciones. Esto no es sólo antidemocrático, sino extremadamente peligroso.

Las campañas ciudadanas contra el AMI crecen de día en día y de país en país, y los medios de comunicación están por fin descubriendo el tratado. La estrategia de las ONGs para matar el AMI ha sido denominada la "estrategia de Drácula": dirigir la atención pública a un tratado que no puede soportar la luz. Hasta ahora la propuesta de los gobiernos de la OCDE a la creciente presión ha sido agregar lenguaje no vinculante al preámbulo y a algunas otras partes del tratado, pero la mayoría de las ONG reconocen que éstas son pseudo-soluciones y que no cambian el carácter fundamentalmente viciado del AMI.

La prisa de los países de la OCDE por introducir el AMI a la fuerza, puede además atribuirse al temor de que la ola desreguladora podría estar remitiendo. Las negociaciones del AMI comenzaron en 1995, en una fecha en la que los países de la OCDE estaban intoxicados por la firma del GATT y el nacimiento de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Desde entonces, aunque se han dado muchos pasos en el camino hacia un mercado mundial desregulado y sin fronteras para el flujo de mercancías y capital, hay también crecientes señales de un repudio emergente por parte de los países del Sur y de gente de todo el mundo. La crisis financiera de Asia fue una dolorosa lección para muchos países del Tercer Mundo que habían sido forzados a eliminar las mismas regulaciones que podrían haber evitado ese desastre. Algunos gobiernos, incluido el de Tailandia, han comenzado a hablar sobre la necesidad de reintroducir la regulación. Desde rincones sorprendentes han surgido recientemente críticas al modelo desregulador: los especuladores financieros George Soros y el recientemente fallecido Sir James Goldsmith, por ejemplo, han advertido repetidamente sobre los daños sociales y ambientales de una globalización económica desbocada.

El próximo paso incluye propagar alternativas más claras y abogar por políticas que reduzcan la peligrosa dependencia actual de la inversión transnacional. La globalización económica y la desregularización han creado un círculo vicioso en el cual la dependencia de las inversiones empuja a los trabajadores, las comunidades, y los gobiernos a una competencia cada vez más dura sobre salarios, impuestos, protección ambiental y cualquier otra cosa que pudiera influir en las condiciones de inversión. El hecho de que la competitividad internacional se esté convirtiendo en el más importante factor determinante de la salud de una sociedad es un escenario para el desastre, conducirá inevitablemente a una espiral descendiente en los estándares sociales y ambientales y demorará o congelará los progresos urgentemente necesarios en estas áreas. Es en respuesta a esta dependencia económica de las transnacionales que los gobiernos de la OCDE han desarrollado el AMI en estrecha colaboración con los grupos industriales de presión, y es por eso que ahora están tratando desesperadamente de introducirlo antes de que el público se entere de lo que pasa. Finalmente, la dependencia de las multinacionales es lo que está haciendo que un número creciente de países del Tercer Mundo haga cola para firmar el AMI, y así poder recibir un sello de aprobación por facilitar un clima de inversión de primera clase.

No faltan opciones políticas para reducir la dependencia de las transnacionales y colocar en primer lugar la diversidad y prosperidad económica de las comunidades locales. Estas opciones incluyen normas de reinversión comunitarias, límites sobre el tamaño de las empresas para evitar la competencia desleal, subsidios a la producción local para uso local, impuestos eficientes sobre los beneficios de las multinacionales para asegurar que la comunidad local se beneficia de su presencia, regulación de flujos de capital, y otras numerosas opciones políticas que no están de moda. Por supuesto, estos son los tipos de medidas que serían prohibidos si el AMI sobrevive. El AMI impone la institucionalización del neoliberalismo como única opción -la creación de una constitución económica global que es el equivalente de la monocultura económica.

La lucha contra el AMI ha demostrado la enorme necesidad y el potencial para una globalización de la base en estos asuntos complejos, de gran alcance. La información y las estrategias están siendo compartidas entre una red cada vez más fuerte de ciudadanos, ONGs, trabajadores, organizaciones para el desarrollo, movimiento de mujeres y grupos de iglesia. Aunque esta resistencia contra el AMI ha surgido tarde por una serie de razones, no hay duda que las ONGs están poniéndose al día. Con un creciente y claro análisis común sobre los peligros de la globalización dirigida por las corporaciones, la sociedad civil se está preparando para defender nuestras economías locales, nuestros sistemas democráticos y el bien común.

ANEXO

Los principales actores corporativos

Las partes precedentes han dado amplios ejemplos de cómo los grupos de presión industriales han dado forma al AMI. Lo que viene a continuación es una descripción más detallada de los principales grupos corporativos y de las múltiples estrategias que han empleado en su cruzada para la desregulación de la inversión en varios foros internacionales.

Cámara Internacional de Comercio (CIC)

Uno de los actores de más peso que hay detrás del AMI es sin duda la Cámara Internacional de Comercio (CIC). La Cámara, que se define a sí misma como "la organización mundial de los negocios" con miembros en más de 130 países, no es como podría sugerir su nombre un paraguas para las distintas cámaras de comercio nacionales. (58) Sus miembros incluyen varias de las multinacionales más ricas del mundo: Asea Brown Boveri, Bayer, British Petroleum, Dow Chemical, General Motors, Hyundai, Nestlé, Novartis, Shell, Toshiba, Zeneca y demás. También bastantes asociaciones nacionales de negocios son parte de la CIC.

La CIC -con claras ambiciones de convertirse en un actor importante en la política mundial- comparte su Presidente, Helmut Maucher de Nestlé, con la influyente Mesa Redonda Europea de Industriales. La secretaria general de la CIC es María Livanos Cattaui, quien durante un periodo de casi dos décadas convirtió el Foro Económico Mundial y su reunión anual de Davos en una cumbre global de líderes industriales y políticos inmensamente influyente.

La participación de la CIC en las negociaciones del AMI se ha desarrollado en parte a través del Comité Asesor de Comercio e Industria (BIAC), la delegación oficial de la industria en las negociaciones de la OCDE. La misma Cámara ha dejado un número de huellas en el borrador del tratado, por ejemplo en lo relativo a arbitraje. El borrador actual incluye la Corte de Arbitraje de la CIC como unos de los mecanismos principales de resolución de conflictos. Vincent J. O´Brien, de la Cámara Internacional de Comercio, afirma: "Definitivamente hemos ayudado en las partes relativas a arbitraje. La CIC tiene clara experiencia en esa área, por lo que era natural que echáramos una mano". (59) Uno de los aspectos más controvertidos del AMI, el mecanismo de disputas inversor-estado, que permitirá a las multinacionales enjuiciar a los gobiernos ante una corte internacional, se ha desarrollado con la asistencia de "expertos" de la CIC. El papel de la Cámara en este mecanismo será vigilar los conflictos y facilitar el proceso de resolución.

El AMI permite a sus signatarios declarar ciertas leyes exentas del tratado por razones de seguridad nacional. De todos modos, depende del plan de resolución de conflictos del AMI—supervisado por la CIC—determinar si tal reclamación es válida. Nadie sabe con seguridad cómo el AMI afectará a las leyes nacionales, ya que la interpretación del tratado se dejará en manos de un panel independiente designado por los demandados y las corporaciones que inicien la disputa. El AMI propuesto no concede a los tribunales estatales jurisdicción en este área.

La CIC ha usado también su acceso y estatus consultivo en las principales cumbres internacionales para presionar por el AMI. Durante la Cumbre de Denver del G-7 en 1997, la CIC se reunió con los jefes de estado del Grupo de los Siete países más industrializados del mundo, a los que presentó su punto de vista. Entre otras cosas, la Cámara urgió a los líderes a que trabajaran más duro para asegurar que las negociaciones del AMI finalizaran rápidamente y que hubiera un rechazo absoluto de estándares ambientales y sociales.(60)

Aunque el tratado de inversión de la OCDE es un objetivo importante para la CIC, es sólo el primer paso. En la primavera de 1996, la Cámara publicó el informe "Normas Multilaterales de Inversión" (61), en el que expresaba su apoyo a todos los principales elementos del AMI: amplia definición de inversión, tratamiento nacional, tratamiento de nación más favorecida, y arbitraje vinculante inversor-estado. El informe apoya decididamente las negociaciones del AMI, pero finaliza con una llamada a la Conferencia Ministerial de la OMC de diciembre de 1996 para que "empiece a establecer dentro de la OMC un marco de normas completo y verdaderamente global que rija la inversión directa transfronteriza" (62).

La industria europea y el AMI

Los dos grupos europeos industriales de presión más influyentes, la Mesa Redonda Europea de Industriales (ERT) y la Unión de Confederaciones Europeas de Industriales y Empresarios (UNICE), han seguido distintas estrategias en su afán por un tratado internacional de inversión.

La Mesa Redonda Europea de Industriales: Un paso adelante

La Mesa Redonda Europea de Industriales (63) ha estado desde hace tiempo profundamente involucrada en la campaña para la liberalización de la inversión, y ha construido con este fin una estrategia muy completa. Aunque apoya el AMI, su objetivo principal es un acuerdo de inversión en la OMC. (64) Ya en su informe de 1993 "La Industria Europea: Un Socio para el Mundo en vías de Desarrollo", la ERT había remarcado la necesidad de "un GATT para la inversión" y "una institución que hiciera inventario de las mejoras y fuera capaz de afianzar el proceso de liberalización" (65) Este punto se ha repetido a menudo en los cinco informes sobre inversión que el grupo de trabajo Norte-Sur de la ERT ha publicado desde 1993. El presidente de la ERT, Helmut Maucher, que también lidera la Cámara Internacional de Comercio y es director de Nestlé, preside también este grupo de trabajo.

La ERT ha jugado desde hace tiempo un papel importante en el establecimiento de la agenda de las políticas de la UE. En su campaña por la desregulación de la inversión, los miembros de la mesa redonda están en contacto directo con los líderes europeos, la Comisión Europea, y también con gobiernos del Tercer Mundo. La ERT se muestra jubilosa sobre los positivos efectos logrados por dos de las herramientas que propuso para aumentar la globalización económica: la competencia de normas (competition on rules, la carrera para proveer a las compañías con las condiciones de inversión más favorables) y el "punto de referencia" (benchmarking: animar a los países a comparar su clima de inversiones, incluyendo los niveles de desregulación). "La competencia de normas y el punto de referencia han demostrado ser unos de los motores más efectivos del proceso actual de apertura de la economía, desregulación y modernización de las instituciones para las inversiones comerciales privadas". (66) Estos conceptos, que se presentaron en un estudio sobre inversión en 1993 (67), han sido ansiosamente adoptados por los que toman las decisiones: "En el mundo en desarrollo ha influido positivamente en las actitudes y en las políticas... puede haber causado impacto, en muchas maneras, en la visión y políticas de relaciones exteriores económicas de la Comisión Europea y de los gobiernos europeos." (68)

La ERT aboga por un acuerdo de inversión en la OMC, que iría más allá de incluir los elementos principales del AMI. Según la ERT, un tratado en la OMC debería garantizar "una apertura continua, también a nivel subfederal" a través de "normas y criterios para una política pública de benchmarking eficiente y la institucionalización de la revisión por los iguales [peer review]. (69) El tratado de la OMC debería ser flexible con el objetivo de "extender el alcance del marco a áreas adicionales de relevancia". El tratado ideal de la ERT incluiría también una política internacional de competencia "capaz de enfrentar impedimentos estructurales" del acceso a los mercados con los que se puedan encontrar los inversores extranjeros, "que defina el mercado relevante como mayor y global".

La ERT parece demasiado optimista en cuanto al calendario para la consecución de su deseado tratado en la OMC, y ha propuesto "un debate estructurado sobre la estrategia y los conceptos de un acuerdo global de inversión para la próxima Conferencia Ministerial de la OMC prevista para junio de 1998" y la "rápida consecución de ese nuevo acuerdo" (70) Sin duda recibirán todo el apoyo de la Comisión Europea, uno de los abogados principales de un AMI dentro de la OMC, Sir Leon Brittan, comisario de comercio, dijo en relación al estudio de la ERT de 1996 sobre condiciones para la inversión extranjera: "Me conmocionó especialmente el mensaje de que debemos pensar en el mejor papel de la negociación internacional, y encontrar un equilibrio entreel uso de la OMC para establecer la mejor práctica acordada y el uso del proceso de la OMC para crear instrumentos más modernos y dinámicos tales como la política pública de benchmarking. Mi esperanza particular es que la OMC pueda lograr ambos". (71)

La ERT ha promovido estratégicamente el ablandamiento de la oposición de los países en desarrollo a un acuerdo de inversión en la OMC. Muchos países del Tercer Mundo habían argumentado que la discusión sobre inversión debía realizarse dentro del marco de UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo), así que la ERT coorganizó una reunión sobre inversión a finales de 1997 con esta organización. Acudieron 16 directores ejecutivos de compañías miembros de la ERT (entre las que se incluyen ABB, British Petroleum, Krupp, Nestlé y Shell), la secretaria general de la Cámara Internacional de Comercio Maria Livanos Cattaui y unos 25 embajadores con base en Ginebra. La reunión, que se centró en "un diálogo sobre las materias concernientes a la IED y la dimensión de desarrollo de los asuntos y conceptos relevantes para un posible marco multilateral de inversión", usó como base para las discusiones el informe sobre inversión de la ERT de junio de 1997. (72)

UNICE: Un papel de apoyo

UNICE, la organización empresarial europea, tiende a jugar un papel más reactivo que la ERT, ya que generalmente reacciona ante políticas específicas de la Unión Europea a medida que emergen. Como la UE aún no ha divulgado oficialmente su postura sobre el AMI, UNICE ha optado hasta ahora por un sitio en la fila de atrás en las negociaciones. Sin embargo, UNICE apoya decididamente el AMI y es representado en las negociaciones a través de BIAC, del que es miembro. (73) Además, UNICE es un activo proponente de un acuerdo multilateral de inversión en la OMC. (74)

Los grupos de presión industriales no europeos y el AMI

 

Consejo de Estados Unidos para el Comercio Internacional (USCIB)

Uno de los grupos industriales que ha demostrado ser más influyente a la hora de presionar por el AMI es el Consejo de Estados Unidos para el Comercio Internacional (USCIB). Se fundó en 1945 "para promover un sistema abierto de comercio, inversión y finanzas mundial", (75), cuenta entre sus miembros con más de 300 multinacionales, grupos de presión industrial, firmas legales y bancos -entre los que se incluyen el Instituto Americano del Petróleo, BP America, Coca-Cola, Chevron, Dupont, General Electric, General Motors, la Coalición Global del Clima, Honeywell, Ford, McDonalds, Mobil, Monsanto, Nestlé USA, Philip Morris, Shell, Texaco y Unilever. USCIB es uno de los afiliados estadounidenses de la Cámara Internacional de Comercio (CIC) y de la Organización Internacional de Empresarios (OIE), y aún más importante, lidera el grupo de expertos del Comité Asesor de Comercio e Industria de la OCDE (BIAC).

150 directores ejecutivos están muy ocupados haciendo campaña por la liberalización de la inversión a través del Comité de Inversión del USCIB, liderado por Glen Skovholt de la multinacional Honeywell. (76) Este comité ha participado activamente en el AMI, usando sus amplios tentáculos corporativos en varias tácticas de presión. Además de mantener reuniones regulares con los negociadores estadounidenses inmediatamente antes y después de cada sesión negociadora del AMI, el USCIB ha conseguido para sus miembros acceso directo al Embajador Frans Engering, jefe del grupo negociador de la OCDE para el AMI. El USCIB ha colaborado con grupos tales como la Asociación Nacional de Gobernadores y el Consejo de Gobierno de Estado para conseguir apoyo nacional al AMI.

El interés del USCIB por las iniciativas de liberalización de la inversión no se restringe al AMI de la OCDE. Con la facilidad que le proporciona ser miembro de instituciones tales como el Consejo Asesor Comercial de APEC (Asociación del Pacífico para la Cooperación Económica) y del Diálogo Transatlántico Comercial (TABD), donde lidera el grupo de trabajo de inversión, el USCIB se asegura de que la inversión sea una prioridad en la agenda de todos los foros relevantes, incluyendo la OMC y los tratados regionales. Otra táctica consiste en la presión allende el mar, una delegación de USCIB visitó en Kyoto a la organización empresarial japonesa Keidanren para reclutar apoyo a los intereses de las compañías estadounidenses en el AMI. (77) Sin duda el USCIB ha ejercido su influencia sobre el AMI desde el principio del proceso. Ya en 1991, cuatro años antes de que comenzaran oficialmente las negociaciones y mucho antes de que el AMI saliera a la luz, el USCIB ya participaba en el trabajo previo a las negociaciones. Más tarde, en marzo de 1995, el Consejo hizo pública una declaración en la que clarificaba los objetivos de la industria estadounidense, la cual en sus propias palabras "constituyó la base del informe oficial de BIAC a la OCDE". (78)

El USCIB es claro sobre las razones por las que desea el AMI: "El AMI debería eliminar muchas de las restricciones que hacen el acceso de las firmas estadounidenses a los mercados extranjeros demasiado costosas", según afirma Stephen Canner, vicepresidente del USCIB para política de inversiones. (79) En consecuencia, el USCIB está de acuerdo con otros grupos industriales sobre el hecho de que la inclusión de disposiciones laborales y ambientales en el AMI supondrían un error garrafal, y ha animado a la administración de Estados Unidos para que resista la presión de estos intereses. (80) Tales disposiciones, afirma, "disuadirían a los PMDs [Países Menos Desarrollados] clave, los cuales no son miembros de la OCDE, de firmarlo, [y] por lo tanto minarían uno de los objetivos principales de Estados Unidos -el que un número clave de países no miembros de la OCDE firmen el AMI antes de que comiencen las negociaciones sobre inversión en la OMC". (81)

Recientemente el USCIB ha modificado su enfoque, para asegurar que cualquier referencia a trabajo o medio ambiente en el AMI sea no vinculante, y ha amenazado con retirar su apoyo al AMI si se cruza esta línea. (82) El trío de disposiciones (el así llamado enfoque de tres anclas) con las que el grupo podría tragar coincide con las disposiciones ambientales que ha presentado Estados Unidos. Estas son una declaración preliminar sobre desarrollo sostenible no vinculante, una disposición no vinculante sobre la no reducción de estándares para atraer inversión extranjera, y una asociación con las Directrices para Empresas Multinacionales de 1974 de la OCDE, también no vinculante.

El USCIB también ha gastado energía en intentar controlar el daño causado por la aparición de serias dudas públicas sobre el AMI como consecuencia de la campaña de las ONGs en Estados Unidos. En diciembre de 1997 el USCIB publicó una carta en el Washington Times (83) en la que trataba de calmar los miedos sobre el AMI. La carta ridiculiza las preocupaciones de los críticos del AMI y pregunta con sarcasmo: "¿Permitirá el AMI a las grandes y malvadas corporaciones multinacionales pisotear los derechos de los países pobres, minar la legislación nacional ambiental existente y privar a los EE.UU. de sus derechos constitucionales? Examinemos los hechos..." y hace referencia a "la atmósfera febril de Internet". (84) El punto fundamental, argumenta el grupo, es que la inversión no es nociva para el medio ambiente y que beneficiará "a los Estados Unidos en general... y hará crecer el pastel económico tanto en casa como fuera." (85)

El Consejo Industrial sobre Asuntos Nacionales

El Consejo Industrial sobre Asuntos Nacionales (BNCI), fundado en 1976 por los presidentes de Imperial Oil y Noranda (con base en Estados Unidos), es la versión canadiense de las Mesas Redondas de Industriales europea y estadounidense. Entre sus 30 miembros se encuentran los directores de varios grandes bancos y de las principales multinacionales canadienses y extranjeras, que incluyen Air Canada, AT&T, Bechtel, Bombardier, Canadian Pacific, Cargill, Dupont, General Motors, Hewlett- Packard, Loram, MacMillan Bloedel, Mitsubishi, Monsanto, Nestlé, Northern Telecom, Petro Canada y Placer Dome.

Durante las dos últimas décadas, la relación del BCNI con los sucesivos gobiernos canadienses se ha vuelto cada vez más íntima. Este grupo de presión trabajó tenazmente para conseguir la aprobación del Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y Estados Unidos de 1988, (86) y organizó una costosa campaña para asegurar la elección del actual gobierno neoliberal. Sin embargo, la actitud del BCNI hacia el AMI ha sido menos agresiva, debido quizás al deseo del grupo de endulzar su negativa imagen pública. En las audiencias sobre el AMI de diciembre de 1997, el BCNI manifestó su fuerte apoyo a las negociaciones de París, y centró su argumento, de gran agrado para el público, en la creación de empleo que un tratado así traería aparejada - "estudios recientes han indicado que por cada mil millones de dólares invertidos en un periodo de cinco años en Canadá, se crean algo así como 45.000 puestos de trabajo." (8)

Las empresas miembros del BCNI han usado también otros foros para luchar por sus disposiciones favoritas del AMI. Han presionado también a través de la Cámara de Comercio Canadiense y del Consejo Canadiense para el Comercio Internacional, además el BCNI es miembro del consejo asesor de negocios oficial de la OCDE, BIAC. Concretamente, el BCNI se opone con firmeza a la excepción general de la Unión Europea para los acuerdos regionales de integración económica (que permitirían a los estados miembros de la UE discriminar a los no miembros), y en solidaridad con el USCIB, se manifestó decepcionado por el reciente rechazo del Congreso de Estados Unidos a los privilegios de negociación del Presidente, "fast track" (vía rápida). (88).

KEIDANREN

Keidanren, la más representativa coalición de negocios japonesa, que cuenta con más de 1000 miembros (entre los que se incluyen Toyota, Mitsubishi, Nissan, Sony, Sakura Bank y Nippon Steel Corporation), también ha estado ocupada en la campaña por el AMI. Como Japón y Corea del Sur son los dos únicos miembros asiáticos de la OCDE, el objetivo principal de Keidanren es que el AMI se firme por el mayor número posible de países en desarrollo. Así, mientras que defiende el que el AMI siga siendo un acuerdo de alto estándar, también recomienda flexibilidad para ayudar a que se unan países no miembros de la OCDE. Además, Keidanren y UNICE han unido sus fuerzas para animar a la reacción de un marco multilateral de inversión en la OMC (89) y a la vez reclama la liberalización de las inversiones a través de acuerdos bilaterales y regionales tales como APEC (Asociación del Pacífico para la Cooperación Económica).

Aunque en general complacido con el desarrollo del AMI, Keidanren se muestra decepcionado porque dos de sus objetivos principales -imposición y personal clave (que permite privilegios especiales para el personal de las multinacionales)- han sido eliminados del acuerdo. El grupo de presión japonés está tratando además de reducir al mínimo las salvedades generales, así por ejemplo se opone con firmeza a la cláusulas ORIE (Organización Regional de Integración Económica), tal como la que ha propuesto la Unión Europea, y rechaza también la extraterritorialidad (como la ley estadounidense Helms-Burton, que penaliza a las multinacionales con operaciones en Cuba), y prefiere que el AMI sea totalmente vinculante para todos los niveles subfederales de gobierno. Aunque es menos agresivo que sus socios de Estados Unidos, a Keidanren le preocupa que las disposiciones adicionales laborales y ambientales puedan provocar que los países no miembros de la OCDE no quieran firmar el AMI. (90)

El Consejo Mundial de Comercio sobre Desarrollo Sostenible. ¿Pintando el AMI de verde?

Sólo recientemente ha aumentado el Consejo Mundial de Comercio sobre Desarrollo Sostenible (WBCSD) su participación en el AMI. Enmascarado tras su cuidadosamente cultivada imagen de grupo industrial de presión "verde", (91) el WBCSD ha obtenido un éxito enorme en la promoción como receta para el desarrollo sostenible de la liberalización del mercado global y la autorregulación por la industria en lugar de la intervención gubernamental. El enfoque del WBCSD ha dejado su huella por ejemplo en la Declaración de Río de 1992 y en el tratado del clima que surgió de Kyoto en diciembre de 1997. No es sorprendente que el WBCSD apoye decididamente el AMI, a pesar de que reconoce ciertos problemas potenciales.

Fue en la sesión consultiva con BIAC del 15 de enero de 1998 cuando por primera vez la secretaría del WBCSD participó en las consultas oficiales del AMI. En general, la participación del grupo se ha desarrollado a nivel informal. Stigson ha acudido a varias reuniones de BIAC, y es miembro de su comité ambiental. Varias compañías miembros del WBCSD están representadas en BIAC, y las secretarías de ambas organizaciones interactúan y comparten información relevante. (92)

Borjn Stigson, presidente del grupo, en una carta al oficial de la OCDE Don Johnston, también ha manifestado su preocupación por la inclusión en el AMI de lenguaje vinculante sobre estándares ambientales, y en la misma carta ha machacado el "evangelio" del WBCSD sobre autorregulación de la industria. (93) Citando la Agenda 21, (94) Stigson argumenta que "la liberalización del comercio es una fuerza positiva que ayuda al uso de bienes y recursos del modo más eficaz ambiental y económicamente, y por lo tanto contribuye al desarrollo sostenible." Su conclusión es que "la liberalización de la inversión es un pariente cercano de la liberalización del comercio, y podemos esperar que tenga un impacto positivo similar". Espera que los mayores beneficios se produzcan por la inclusión de países del Tercer Mundo en el AMI.

Stigson reconoce los posibles conflictos entre la nueva regulación ambiental y el AMI, y sugiere que se podrían resolver "haciendo explícitas las garantías que la industria y muchos negociadores afirman que ya existen en el tratado, a la vez que se mantienen los principales objetivos del AMI." Sugiere que la referencia en el borrador del AMI a la sección 114.1 del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte o NAFTA) ya "garantiza a todos los interesados una ejecución equilibrada del acuerdo en los procesos de resolución de conflictos." Lo que no es de ningún modo tranquilizador—esta cláusula no evitó que el año pasado la multinacional estadounidense Ethyl Corporation enjuiciara como expropiatoria una ley ambiental de Canadá ante una corte del TLCAN.

En su carta, Stigson expresa fuertes reservas acerca de una disposición que comprometa a los estados a no reducir sus estándares ambientales con el objetivo de atraer inversiones, ya sea ésta vinculante o no. No es que rechace todo tipo de disposición vinculante, siempre que se puedan hacer respetar y produzcan claros beneficios. Stigson también reconoce que el AMI podría animar a las empresas a mover sus inversiones hacia paraísos de contaminación. En vez de incluir en el AMI estándares ambientales para las inversiones, lo que el sugiere es la "solución" del WBCSD: "sistemas seguros de gestión ambiental como alternativa a la imposición y el establecimiento de estándares de control ambiental."

Febrero, 1998

El presente informe de CEO sobre la agenda oculta de las multinacionales tras las negociaciones sobre un acuerdo internacional de inversiones, ha sido escrito por Belén Balanyá, Ann Doherty, Olivier Hoedeman, Adam Ma´anit y Erik Wesselius.

Una edición web (en inglés, que incluye links directos con fuentes de información) está disponible en la página web de CEO: http://ww.xs4all.nl/ceo/mai/

Recursos

Publicaciones de CEO

Más información sobre los grupos de presión europeos e internacionales descritos en este informe está disponible en las siguientes publicaciones de Corporate Europe Observatory:

"Europe, Inc.: Dangerous Liaisons Between EU Institutions and Industry" ("Europa S.A: Amistades Peligrosas Entre las Instituciones de la UE y la Industria", sólo disponible en inglés. Informe de 72 páginas, mayo de 1997, 800 pts (1.200 incluyendo gastos de envío)

"The Weather Gods: How Industry Influenced The Kyoto Climate Summit" ("Los Dioses del Tiempo: Cómo la Industria Influyó en la Cumbre del Clima de Kyoto", informe, sólo disponible en inglés, noviembre 1997)

Corporate Europe Observer (revista cuatrimestral de CEO, disponible en inglés, primer número, octubre de 1997)

Libros sobre el AMI:

"The MAI and the Threat to Canadian Sovereignty", Tony Clarke y Maude Barlow, Stoddard Publishing, Toronto, 1997. Se puede solicitar a través del Council of Canadians o del Canadian Polaris Institute (ver información más abajo).

Informes sobre el AMI

"A Dangerous Leap into the Dark - Implications of the Multilateral Agreement on Investment (MAI)", informe del World Development Movement , Noviembre 1997. WDM, 25 Beehive Place, London SW9 7QR, UK.E-mail: <wdm@gn.apc.org>, página web: http://www.oneworld.org/wdm/

"Globalization, the Multilateral Agreement on Investment, and the Increasing Economic Marginalisation of Women", The Preamble Center for Public Policy. 1737 21st Street, N.W., Washington, D.C. 20009, US.E-mail: <preamble@rtk. net>, página web: http://www.rtk.net/preamble/

"The Impact of the MAI on Employment, Growth and Income Distribution", The Preamble Center on Public Policy (ver arriba)

Páginas Web

·MAI-Not! Grupo de Debate.

http://mai.flora.org/mai-info/

Una página de campaña interactiva con enlaces a una lista de e-mail, grupo de noticias y archivo de mensajes.

· Multinational Monitor

http://www.essential.org/monitor/

· "MAI? No thanks...!"

http://mai.flora.org/library / http://www.geocities.com/athens/3565/nomai.html

· The Island Centre for Community Initiatives and the National Centre for Sustainability in Canada. http://www.islandnet.com/~ncfs/maisite/

· The Canadian Polaris Institute

http://www.nassist.com/mai/

· Council of Canadians

http://www.web.net/~coc/

· OXFAM

http://www.oxfam.org.uk/

· Third World Network

http://www.southside.org.sg/

· Preamble Collaborative

http://www.rtk.net/preamble/

Incluye una bibliografía de 20 páginas con material del AMI de todo el mundo.

· Friends of the Earth Estados Unidos

http://www.foe.org/ga/mai.html

· Public Citizen’s Global Trade Watch

http://www.citizen.org/pctrade/tradehome.html

Incluye el texto completo del AMI.

· Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)

http://www.oecd.org/daf/cmis/mai/maindex.html

· Representante de Comercio de EE.UU.

http://www.ustr.gov/

· Departamento de Estado de EE.UU.

http://www.state.gov/

· Cámara Internacional de Comercio (CIC)

http://www.iccwbo.org/

· El Consejo de Estados Unidos para el Comercio Internacional (The US Council for International Business, USCIB)

http://www.imex.com/uscib/

· Keidanren

http://www.keidanren.or.jp/

· UNICE

http://www.firewall.brainstorm.co.uk/CBI/public/UNICE.html

· Mesa Redonda Europea de Industriales (European Roundtable of Industrialists, ERT)

http://www.ert.be/

· Consejo Mundial de Comercio para el Desarrollo Sostenible (World Business Council for Sustainable Development, WBCSD)

http://www.wbcsd.org/

· Organización Mundial del Comercio, OMC. (World Trade Organization, WTO)

http://www.unicc.org/wto/

CEO son las siglas de Corporate Europe Observatory. Somos una organización sin ánimo de lucro establecida para vigilar e informar sobre las actividades políticas de las multinacionales europeas y sus grupos de presión. Para comentarios, preguntas y sugerencias puedes contactarnos en:

Corporate Europe Observatory (CEO) Prinseneiland 329 1013 LP Amsterdam The Netherlands Tel/fax: +31-30-2364422 E-mail: ceo@xs4all.nl Página web: http://www.xs4all.nl/~ceo/


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NOTAS

[1] Comunicado de Prensa de la Comisión Europea "La Comisión publica el documento de discusión sobre normas globales para la inversión" ("Comission Launches Discussion Paper on Worldwide Investment Rules"), IP/95/52, 19 enero 1995.

[2] Informe de la CIC "Normas Multilaterales de Inversión " ("Multilateral Rules for Investment"), 30 abril 1996.

[3] Financial Times, 2 de febrero de 1998

[4] Fuente: Página Web de la OCDE—http://www.oecd.org/

[5] Ibid.

[6] Entrevista con Jan Huner, suplente de Mr. Engering, líder de las negociaciones sobre el AMI, 28/1 1998. Huner no mencionó Eslovaquia que antes había sido mencionada muchas veces como candidato.

[7] Para una visión amplia de la glocalización y otras nuevas estrategias de mercado de las grandes multinacionales, véase el artículo "Who Competes? Changing Landscapes of Corporate Control", Nicholas Hildyard, Colin Hines y Tim Lang, The Ecologist, Vol. 26, No. 4, julio/agosto de 1996.

[8] Basado en cifras de UNCTAD, Third World Resurgence, no. 79, pag.18.

[9] Testimonio de Lori Wallach, de la organización Public Citizen, frente a la Comisión de Comercio Internacional del Congreso de Estados Unidos, 15 de mayo de 1997.

[10] UNCTAD "Informe sobre Inversión Mundial" ("World Investment Report") 1997.

[11] "Inversiones Internacionales" ("International Investments"), drs. P. Schuurman y J.P: Huner, documento de discusión para la Dirección General de Relaciones Económicas Exteriores, La Haya, febrero 1996.

[12] Entrevista con Jan Huner, OCDE, 28 de enero de 1998.

[13] William H. Conerell, Director de Asuntos Financieros, Fiscales y Empresariales en la OCDE, en "El Acuerdo Multilateral de Inversión de la OCDE" ("The OECD Multilateral Agreement on Investment"), Transnational Corporations, vol. 4, no. 2, Agosto de 1995, pag. 8.

[14] "Estos grupos trataron, respectivamente, de los temas de las obligaciones de liberalización bajo los actuales instrumentos de la OCDE, de las obligaciones de liberalización en nuevas áreas, de la protección de las inversiones, de la resolución de conflictos y de las implicaciones para no-miembros y asuntos institucionales." Idem.

[15] Whitherell, pag. 12. El grueso de estas consultas tuvo lugar con miembros del grupo asesor sobre inversión de la OCDE, que incluye los países de Europa Central y

del Este, y en ‘talleres de diálogo sobre políticas’ con países del Sudeste asiático y de América Latina.

[16] La Convención de Lomé de 1975 permite a los 70 países de la ACP (África, Caribe y Pacífico) realizar exportaciones libres de aranceles a la Unión Europea como una forma de ayuda. Actualmente la Convención de Lomé se encuentra en una fase de renegociación.

[17] Se informó de que esto ocurrió, por ejemplo, durante la reunión entre la UE y los países ACP en Kampala, Uganda, en octubre de 1997. Third World Network Features, 1680/97, Roberto Bissio, pag. 3.

[18] Como los negociadores holandeses en la OCDE escribieron en su primer informe al parlamento de su país, "la función del tratado que se va a acordar dentro del marco institucional de la OCDE es precisamente dar a otros países miembros de la OMC una idea de qué clase de elementos tiene un marco multilateral de políticas. El AMI cumple así el rol de catalizador de un consenso sobre políticas en este campo." Secretaria de Estado para Asuntos Económicos Van Dok-van Weelen en su primer informe sobre el AMI al parlamento holandés, "De onderhandelingen binnen de OESO inzake een Multilateraal Akkoord over investeringen", 2 de Noviembre, 1995.

[19] "El Acuerdo Multilateral de Inversión" ("The Multilateral Investment Agreement"), de Frans Engering, en Transnational Corporations, vol. 5, no. 3 (diciembre de 1996).

[20] Comité de Inversión de USCIB, página web de USCIB.

[21] Moderarían los casos la Corte de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio (CIC), el Centro Internacional de Resolución de Conflictos sobre Inversiones (ICSID) del Banco Mundial o las normas de UNCITRAL (agencia de la ONU que ha desarrollado reglas de arbitraje para conflictos comerciales internacionales).

[22] Comité de Inversión de USCIB, página web de USCIB.

[23] Fuente oficial confidencial.

[24] Comisión de Política Internacional Comercial y de Inversión de la CIC, documento n. 103/179 Rev., 30 abril 1996.

[25] Informe al parlamento holandés, Noviembre de 1995, Secretaria de Estado para Asuntos Económicos Van Dok-van Weelen, pag. 4 (nuestra traducción)

[26] Idem.

[27] Según el negociador holandés Marinus Sikkel durante una audiencia pública sobre el AMI en Utrecht, Países Bajos, el 3 de febrero de 1998.

[28] Las ONGs pidieron la suspensión de las negociaciones para permitir la participación pública en las negociaciones, "una evaluación independiente y amplia de los impactos sociales, medioambientales y de desarrollo del AMI con plena participación pública, el cumplimiento de los estándares vinculantes ambientales, laborales, sanitarios, de seguridad y de derechos humanos, la eliminación del mecanismo de resolución de conflictos inversor-estado así como de la disposición de expropiación del AMI, y también la renegociación de las condiciones para retirarse del acuerdo."

[29] Comentarios del presidente durante la apertura, 15 de enero de 1998, pag. 1.

[30] Consultas con BIAC, 15 de enero de 1998.

[31] Página web del Consejo de Estados Unidos para el Comercio Internacional, USCIB.

[32] Página web de TUAC.

[33] Las demandas concretas de TUAC son la incorporación al AMI de las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, una estructura que asegure la implementación de estas directrices, el compromiso de implementar los derechos laborales básicos, y la disposición de que las inversiones extranjeras no deben violar los estándares laborales nacional o internacionalmente reconocidos. "El Acuerdo Multilateral de Inversión: Asuntos Clave para los Sindicatos" ("The Multilateral Agreement on Investment: Key Issues for Trade Unions"), Nota informativa para afiliados, TUAC, septiembre de 1997.

[34] Entrevista con Roy Jones del Secretariado de TUAC, 26 de enero de 1998.

[35] La responsabilidad compartida no está claramente anclada en ningún tratado de la Unión Europea, sin embargo se basa en una decisión de la Corte Europea de Justicia sobre la Ronda Uruguay del GATT. Miembros del Parlamento Europeo preguntaron a la Comisión Europea acerca de esta responsabilidad compartida y solamente obtuvieron respuestas vagas.

[36] Sir Leon Brittan en un discurso sobre inversión durante una conferencia organizada por el Instituto Real sobre Asuntos Internacionales (Chatham House) y la London School of Economics. Citado en un comunicado de prensa de la Comisión Europea "Llamamiento de la Comisión a la Industria Europea para Intensificar los Esfuerzos de Inversión Mundial" ("Commission Calls on European Business to Intensify Worldwide Investment Efforts"), IP/95/269, 17 de marzo de 1995.

[37] Borrador del Informe sobre las Negociaciones en el Marco de la OCDE sobre el Acuerdo Multilateral de Inversión, AMI, Comité de Relaciones Económicas Exteriores, 17 de diciembre de 1997.

[38] "La competencia de normas" ("competition on rules"), se refiere a las medidas que toman los gobiernos para atraer inversores extranjeros, y que incluyen el relajar las regulaciones ambientales y sociales, exenciones fiscales, establecer zonas de libre comercio, y demás.

[39] Informe Mundial de Inversión (World Investment Report) de 1997.

[40] Financial Times, 2 de febrero de 1998

[41] Este consenso fue confirmado en varias cumbres en 1995, incluyendo la cumbre del G7 de Halifax en junio y la Cumbre Transatlántica entre la Unión Europea y Estados Unidos en diciembre.

[42] El comisario europeo Sir Leon Brittan explicó la estrategia de las dos vías en los términos siguientes: "Tenemos que decir a nuestros socios en la OMC que no son miembros de la OCDE lo que estamos haciendo, que superen sus miedos de que una iniciativa de inversión va en contra de sus intereses y preparar el terreno para tomar decisiones en la inauguración de la Conferencia ministerial de la OMC en otoño de 1996. Para entonces, la OCDE estará a punto de finalizar el plazo de dos años de negociaciones: la OMC estará bien situada para considerar un mandato complementario para negociar el libre intercambio de inversión a nivel mundial". Fuente: véase nota nº. 36.

[43] Citado de un discurso de Sir Leon Brittan en Estocolmo durante un Seminario sobre Política Comercial el 23 de octubre de 1995.

[44] Martin Khor en Third World Network Features 1409/96.

[45] Por ejemplo en el texto: "European Industry: A Partner for the Developing World. Foreign Direct Investment as a Tool for Economic Development and Cooperation - Suggestions for Future Improvement", ERT, 1993, pag. 35.

[46] Chakravarthi Raghavan en Third World Network Features, 1404/96, pag. 1.

[47] Chakravarthi Raghavan en Third World Network Features, 1527/96.

[48] Los ocho países fueron Egipto, Indonesia, Ghana, Haití, India, Malaisia, Tanzania y Uganda. Mas tarde se hicieron eco de la posición de esos ocho países los 11 ministros de comercio de la Comunidad para el Desarrollo de África del Sur (SADC). Martin Khor, Third World Network Features, 546/96, pag. 5.

[49] Idem, pag. 4.

[50] Idem.

[51] "El resultado de Singapur" ("The Outcome of Singapore") - declaración de Sir Leon Brittan—Vicepresidente de la Comisión Europea, 13 Diciembre 1996, IP/96/1172.

[52] Martin Khor, Third World Network Features, 1547/96, pag.4.

[53] Entrevista con Mr. Koulen, Departamento de Derechos de Propiedad Intelectual e Inversión de la OMC, 30 de enero de 1998.

[54] Informe (1997) al Consejo General.

[55] "Liberalización de Inversiones: Un nuevo tema para la OMC" ("Investment Liberalization: A New Issue for the WTO"), discurso del Honorable Sir Leon Brittan, Vicepresidente de la Comisión Europea en Colonia, el 11 de junio de 1996.

[56] "La industria mundial requiere un pacto de inversión global " ("World business urges global investment pact"), declaración de la CIC, 11 noviembre 1996. El Foro Mundial sobre Inversiones tuvo lugar el 10 de octubre de 1996 en Ginebra, Suiza. Douglas A. Gregory de IBM Canada Ltd y Maria Livanos Cattaui, secretaria general de la CIC.

[57] The Nation, 24 de diciembre de 1997.

[58] Las Cámaras de Comercio están organizadas en la Oficina Internacional de Cámaras de Comercio (IBCC).

[59] Entrevista con Vincent J. O’Brien, Vicedirector de Comunicaciones de la CIC, 29 de enero de 1998.

[60] CIC - La Organización Mundial de los Negocios en 1997 (ICC - The World Business Organization in 1997), pag. 4.

[61] Comisión de Política de Comercio Internacional e Inversiones de la CIC, documento nº. 103/179 Rev., 30 de abril de 1996.

[62] Ibid, pag. 3.

[63] Un grupo de expertos, de investigación y de presión que representa a 47 de las mayores multinacionales europeas, para más información véase "Europe, Inc.", más información en la sección de recursos de este informe.

[64] ERT, "European Industry and the Developing World—For a Global Framework of Mutual Interest and Trust", junio de 1997, pag. 9.

[65] ERT, "European Industry: A Partner for the Developing World. Foreign Direct Investment as a Tool for Economic Development and Cooperation - Suggestions for Future Improvement", 1993, pag. 35.

[66] ERT, "Investment in the Developing World: New Openings and Challenges for European Industry", diciembre de 1996, pag. 13.

[67] ERT, "Survey on Improvements in Conditions for Investment in the Developing World", 1993.

[68] ERT, "Investment in the Developing World: New Openings and Challenges for European Industry", diciembre de 1996, pag. 13.

[69] Peer review, la revisión por los iguales, es un sistema tradicional dentro de la OCDE mediante el cual los países son animados a alcanzar posiciones comunes en un comité en vez de usar el procedimiento de resolución de conflictos. Fuente de esta sección: ERT, "European Industry and the Developing World - For a Global Framework of Mutual Interest and Trust", junio de 1997, pag. 9.

[70] Idem, prólogo de Helmut Maucher.

[71] Idem, pag. 5.

[72] Comunicado de prensa de UNCTAD, 8 de diciembre de 1997.

[73] Conversación telefónica con UNICE, enero de 1998.

[74] Declaraciones conjuntas de UNICE y Keidanren, 23 de noviembre de 1995 y 13 de diciembre de 1996.

[75] Fuente: página web de USCIB, http://www.imex.com/uscib/

[76] Honeywell y General Electric fueron las primeras compañías investigadas bajo el Acuerdo Lateral del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte o NAFTA) por violaciones de derechos laborales en maquiladoras. Fuente: "USCIB’s Corporate Crime Blotter, or Levelling the Playing Field for Felons", Michelle Sforza, Preamble Collaborative, borrador, enero de 1998.

[77] Página web de USCIB

[78] Comunicado de prensa de USCIB, 24 de mayo de 1995.

[79] Idem.

[80] Idem.

[81] Abraham Katz, presidente de USCIB, carta a la Representante de Comercio de Estados Unidos Charlene Barshefsky.

[82] Abraham Katz, presidente de USCIB, carta al vicerrepresentante de Comercio de Estados Unidos Jeffrey Lang, "USCIB Concerns with Environmental Provisions for the MAI", 11 Julio 1997.

[83] El Washington Times es un periódico harto conocido por su simpatía hacia los intereses de la industria. En el consejo administrativo de este periódico se encuentra Fred Singer, líder del Proyecto de Ciencia y Medioambiente, un grupo de presión industrial que organizó una agresiva campaña de desinformación contra la prevención del cambio climático.

[84] Timothy E. Deal, vicepresidente senior de USCIB: "Porqué necesitamos el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones" ("Why We Need the Multilateral Agreement on Investment"), en Washington Times, 25 de diciembre de 1997.

[85] Idem.

[86] El Acuerdo de Libre Comercio (FTA) fue la base del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN/NAFTA).

[87] Stuart Carre, BCNI, frente al Subcomité sobre Comercio Internacional, Conflictos Comerciales e Inversiones del Comité Permanente de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional, 25 de noviembre de 1997.

[88] "Esto ha puesto en duda la habilidad de los negociadores de los EE.UU. para cumplir lo prometido en cualquier acuerdo de comercio e inversión, y esto incluye también el AMI." Idem.

[89] Declaración de Keidanren y UNICE durante la Conferencia Ministerial de la OMC en Singapur, 13 de diciembre de 1996.

[90] "La visión de Keidanren sobre las negociaciones del AMI" ("Keidanren´s Views on MAI Negotiations"), 17 de junio de 1997.

[91] El WBSCD tiene como miembros renombradas multinacionales contaminadoras - - incluyendo British Petroleum, Cargill, Fiat, General Motors, ICI, Lafarge, Monsanto, Nestlé, Philips, Procter & Gamble, Rio Tinto Zinc, Son, Statoil, Texaco, Toyota, Unilever, Volvo, Waste Management International, Western Mining Corporation y Weyerhaeuser.

[92] Correo electrónico de Marcel Engel, WBCSD, 29 de enero de 1998.

[93] Carta datada el 9 de enero de 1998.

[94] El Plan de Acción que fue el resultado de la Cumbre de la Tierra, Río, en 1992.

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