I. El nuevo Militarismo.
En los últimos años y como resultado
directo del desmoronamiento de los regímenes del llamado "Socialismo
Real", a partir de 1989, y el consiguiente fin de la Guerra Fría,
las relaciones y equilibrios de poder a nivel mundial han sufrido profundos
cambios, lo que ha repercutido directamente en las estructuras militaristas
mundiales. Es lo que se ha dado en llamar, no sin una buena dosis de cinismo,
el Nuevo Orden Mundial. Pese a lo que les gustaría a los ideólogos
de este "Nuevo Orden", que anunciaban grandilocuentemente "el fin de la
Historia" y el comienzo de una nueva era en la que todo marcharía
sobre ruedas en el mejor de los mundos posibles, como se ha visto este
"Nuevo Orden" dista mucho de garantizar el fin de los conflictos militares,
que han llegado a las mismas puertas de la Europa acomodada.
Este nuevo marco de relaciones internacionales se
caracteriza por la absoluta hegemonía del bloque "occidental", con
los EEUU a la cabeza, o más bien habría que decir del bloque
de los países del Centro, cuya dominación económica,
política y militar es ahora incontestable por la desaparición
del bloque "socialista" que actuaba en cierto modo -y por sus propios intereses,
desde luego- de contrapeso y freno a la dominación occidental. Esta
hegemonía se ve reflejada en el nuevo papel, cada vez más
descarado, que juegan los organismos internacionales como la ONU.
A su vez, las estructuras militares occidentales están cambiando
para adaptarse a las nuevas necesidades estratégicas de defensa
de los intereses del bloque hegemónico. El papel y los objetivos
de la OTAN están siendo rediseñados, y la propia estructura
de la Alianza va a ser reformada oficialmente en una Cumbre a celebrar
en Madrid en julio de 1997, contando con la incorporación paulatina
de los países miembros del antiguo Pacto de Varsovia. Se han definido
nuevos objetivos estratégicos de intervención (gestión
de crisis, operaciones de mantenimiento de paz, operaciones de ayuda humanitaria,
defensa de los intereses de los países del Tratado en el exterior)
así como, la llamada Identidad de Defensa Europea, esta última
íntimimamente ligada al proceso de consolidación de la Unión
Europea, definido por el Tratado de Maastricht, y a la Unión Europea
Occidental (en esta última se ha impuesto la visión "atlantista"
de la defensa europea, subordinada a las directrices de la OTAN y por tanto
de los EEUU).
En este sentido, ya nos hemos acostumbrado a ser
testigos lejanos, merced a grandes despliegues propagandísticos
de los medios de formación de masas, de las intervenciones militares
en todo el mundo. Estas intervenciones, que no son nada nuevo y que incluso
en los casos más sangrantes siempre habían sido realizadas
en nombre de valores tan sagrados como la Libertad, la Democracia o la
Justicia, son legitimidas ahora por el consenso internacional impuesto
por esa misma hegemonía en organismos como la ONU. Es bajo el "paraguas
protector" de esas Naciones Unidas, controladas por el bloque occidental
(recordemos: los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad son
EEUU, Francia, Reino Unido, Rusia y China, estas dos últimas cada
vez menos propensas a llevar la contraria a las demás), que se llevan
a cabo las intervenciones.
Por su parte, el Estado español se encuentra
en pleno proceso de integración, aunque a un nivel secundario, en
las estructuras internacionales. Desde enero de 1993 España es miembro
no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. El Parlamento ha dado
vía libre al Gobierno para negociar las condiciones de la plena
integración en la estructura militar de la OTAN, a realizar formalmente
en la Cumbre de Madrid de julio (dicho sea de paso, violando las condiciones
impuestas por el referéndum de 1986). El nuevo secretario general
de la Alianza Atlántica, tras el cese de Willy Claes, es el español
Javier Solana, militante del PSOE y ex-ministro de Asuntos Exteriores (este
nombramiento no es casual sino que responde a las "convicciones firmemente
atlantistas" de Solana, cuya opinión favorable a la integración
española en la estructura militar era pública y notoria;
se trata de un premio para él y de un medio para facilitar esa integración).
La participación de tropas españolas en intervenciones internacionales
ha pasado a ser algo habitual, sirviendo de mecanismo legitimador en dos
direcciones: de cara a la presencia en los mecanismos internacionales de
decisión (de hecho la entrada de España en el Consejo de
Seguridad ha sido otro premio por su colaboración en distintas misiones
de la ONU), y de cara a la propia sociedad española, en un esfuerzo
por recuperar el prestigio con que el Ejército español nunca
ha llegado a contar realmente (1). Por otra parte, esas intervenciones
han servido de entrenamiento real, si no en condiciones de combate, sí
en lo que a logística e infraestructura se refiere, para las unidades
que han participado en ellas, es decir las unidades de élite: Legión
y Brigada Paracaidista.
La adaptación del Ejército español
a las nuevas condiciones se va a producir, principalmente, mediante un
proceso de profesionalización progresiva, anunciado a las pocas
semanas de la toma de posesión del nuevo Gobierno del PP, a culminar
en el año 2003. Esto es algo que ya se veía venir -en los
momentos más álgidos de la campaña de Insumisión
el debate sobre la misma existencia de los Ejércitos era reemplazado,
en los medios de comunicación y con la colaboración de algunas
formaciones políticas supuestamente progresistas como Izquierda
Unida, por el debate sobre el servicio militar y sobre la conveniencia
de contar con un Ejército profesional- aunque el proceso se ha acelerado;
pero recordemos que el Plan 2000 para las Fuerzas Armadas, aprobado por
el último Gobierno del PSOE, contemplaba un Ejército a medio
camino de la profesionalización, con un porcentaje de tropas profesionales
del 50% y una reducción sustancial de los efectivos totales. Esta
profesionalización, desde luego, no responde a los intereses del
conjunto de la sociedad ni a los planteamientos expresados por el movimiento
antimilitarista.
El Ejército español tiene un nuevo
papel que cumplir en el marco de la integración del Estado en las
nuevas relaciones internacionales, y principalmente como vigilante del
flanco sur de la OTAN frente a las supuestas amenazas provenientes del
Mahgreb y de la orilla Sur del Mediterráneo. No hay que olvidar
la importancia estratégica de las bases militares aéreas
y navales instaladas en territorio español (Torrejón de Ardoz,
Zaragoza, Rota), sistemáticamente utilizadas en las operaciones
militares de los aliados por su privilegiada situación geográfica.
Para el cumplimiento eficaz de estas misiones, lo que se necesita no es
un Ejército numeroso sino un Ejército bien preparado, entrenado
y dotado de material tecnológicamente avanzado; las unidades de
élite son el paradigma de este tipo de fuerzas. El modelo tradicional
de Fuerzas Armadas ya no satisfacía estos requisitos, a lo que se
añade que algunas de las funciones que le habían sido encomendadas,
por un lado de control del propio territorio (véase el Plan de Nueva
Ordenación Territorial del Ejército de Tierra, Plan NORTE,
por el que se cambia la organización geográfica del mismo),
por otro de encuadramiento y adoctrinamiento de la población (vía
servicio militar obligatorio), eran realizadas por otras instancias del
poder. Por todo ello la decisión de profesionalizarlas no podía
hacerse esperar.
En cualquier caso, no es de desdeñar el papel
cumplido por el movimiento antimilitarista a la hora de allanar el camino
a la profesionalización. Pues como se ha dicho anteriormente, la
manipulación mediática de nuestros planteamientos ha hecho
que a menudo se presentara esta lucha como un movimiento contra el servicio
militar obligatorio; en cualquier caso, el desprestigio y la crisis de
legitimidad del Ejército se ha quedado, por el camino, en desprestigio
de la conscripción obligatoria. Quizás sea esto algo a tener
en cuenta a la hora de hacer una valoracíón de la campaña
de Insumisión.
II.Antimilitarismo hoy y mañana.
Es obvio que todos estos cambios van a repercutir,
lo están haciendo ya, en las estrategias desarrolladas hasta ahora
por el movimiento antimilitarista.
Por un lado, la campaña de Insumisión,
que debía afrontar un nuevo giro en la respuesta represiva del Estado,
vía Nuevo Código Penal (que como se recordará establece
nuevas penas de inhabilitaciones y multas para los insumisos), se ve ahora
abocada a un final establecido para el mismo momento en que finalice la
conscripción obligatoria, en el 2003. No por ello podemos olvidarnos
de todos los insumisos que aún cumplen sus condenas, de todos los
que se encuentran en rebeldía, de todos los que siendo insumisos
todavía no han tenido que enfrentarse a la represión, e incluso
de los jóvenes que de aquí al 2003 se declaren insumisos.
Pues hasta entonces parece seguir siendo válida esta estrategia
de deslegitimación y denuncia de lo militar mediante la desobediencia
civil. Además, las inhabilitaciones podrían y deberían
permitirnos extender el debate sobre el militarismo a las instituciones
encargadas de ejercer este nuevo tipo de represión (Ayuntamientos,
Universidades, etc...) y a los agentes sociales que en ellas operan (sindicatos,
comités de empresa, asociaciones de estudiantes...), forzándoles
a adoptar un compromiso de no aplicar esas inhabilitaciones.
Por otro lado, el Movimiento de Objeción
de Conciencia (MOC) ha lanzado, en marzo de 1997, su nueva campaña
de Insumisión en los Cuarteles. Esta campaña consiste en
que los insumisos se nieguen a realizar el servicio militar una vez incorporados
al mismo (la incorporación se hace efectiva al firmar un documento
en el que se comunica formalmente la adquisición de la condición
de militar). Posteriormente los insumisos se presentarán colectivamente
ante la jurisdicción militar, que será la encargada de juzgarles;
la legislación aplicable será el Código Penal Militar,
concretamente los artículos 102.3 (sobre desobediencia permanente)
o 120 (sobre deserción). En cualquiera de los dos supuestos, las
penas a imponer son de dos años y cuatro meses a seis años
de prisión, a cumplir en establecimiento penitenciario militar (en
principio la única cárcel militar de cumplimiento es la de
Alcalá de Henares).(2)
Los objetivos de esta nueva campaña de Insumisión
en los Cuarteles son fundamentalmente recobrar el impulso del movimiento,
ciertamente cansado tras estos ocho años de Insumisión tradicional,
renovando su discurso y su práctica, y volver a situar el debate
social en lo militar, de donde se había alejado para pasar a centrarse
en los aspectos meramente represivos. Queda por ver si efectivamente esta
será la manera de hacerlo, pues parece que la intención del
MOC sigue siendo la de articular la lucha en torno a la presencia de insumisos
en las cárceles, aunque estas sean de nuevo militares. Los colectivos
que en estos años de Insumisión hemos manifestado nuestro
deseo de plantear la lucha en otros términos, mediante la llamada
Insumisión Total, deberemos debatir hasta qué punto compartimos
los presupuestos de esta nueva campaña, y hasta qué punto
nos vamos a implicar en ella. De cualquier modo, la vida de esta campaña
parece limitada, al igual que la de Insumisión tradicional, al año
2003.
Y por fin he aquí la pregunta que mucha gente
se plantea: ¿Supone el Ejército profesional el fin del antimilitarismo?
Nosotr*s pensamos que no, pues las estructuras militaristas siguen en pie
ahora más que nunca. Ahora bien, el movimiento antimilitarista debe
ir preparándose para abrir nuevos caminos y no perder la potencialidad
de transformación social que ha adquirido en estos años.
La primera oportunidad que se nos presenta es la cumbre de la OTAN de Madrid,
en julio de este año. Como ya se ha dicho, la capital importancia
de esta cumbre es que en ella se aprobará la nueva estructura militar
(a la que se integrarán Francia y España, todavía
oficialmente ausentes de ella), los nuevos objetivos y la incorporación
de algunos de los países del antiguo Pacto de Varsovia (los más
adelantados en sus transiciones hacia economías capitalistas). No
debemos dejar pasar esta oportunidad de desenmascarar el auténtico
rostro de la OTAN y del militarismo, que siguen siendo lo que siempre han
sido: mecanismos de dominación y motores del sistema capitalista,
a pesar de la nueva imagen que pretenden ofrecernos.
Por otra parte, los gestores del Poder no las tienen
todas consigo para implantar el nuevo modelo de Fuerzas Armadas. La nueva
Directiva de Defensa Nacional (DDN), documento de carácter cuatrienal
elaborado por el Gobierno para definir los objetivos de la "defensa nacional",
ha sido firmada en una fecha no precisada de diciembre de 1996. En ella
se definen tres ejes básicos: consolidar la presencia española
en las organizaciones internacionales de seguridad -incluyendo la estructura
militar de la OTAN; mejorar la eficacia de las Fuerzas Armadas mediante
su plena profesionalización en un plazo de 6 años -es decir
en el 2003; y conseguir el apoyo y la participación de la sociedad
en el dispositivo de defensa. Este último objetivo se plantea la
"necesidad de mejorar la sintonía entre la sociedad y los Ejércitos,
a través de un mejor conocimiento de las necesidades y responsabilidades
de España en materia de seguridad" (3). Lo paradójico
de la cuestión es que, mientras la última DDN firmada por
el Gobierno PSOE en 1992 fue hecha pública (precisamente con ese
ánimo de inculcar a la sociedad española el "espíritu
de defensa nacional"), esta en un principio, ha mantenido su carácter
secreto, signo de que en el fondo los estamentos militares siguen desconfiando
de la actitud de la sociedad hacia ellos (aunque posteriormente, y en vista
de las críticas recibidas por esta actitud secretista, la DDN ha
sido hecha pública). Paralelamente, el Ministro de Defensa, Eduardo
Serra, presentó el 21/2 al Gobierno los planes elaborados por su
departamento para "elevar la débil conciencia de defensa de los
españoles". Estos planes incluyen la potenciación del Instituto
Español de Estudios Estratégicos (IEE), que ha sido transferido
a la Dirección General de Política de Defensa, a las órdenes
directas del Ministro, así como crear un Consejo Asesor para el
Desarrollo de la Conciencia Nacional de Defensa y "promover actividades
conjuntas con el Ministerio de Educación" (en otras palabras: inculcar
la "conciencia de defensa nacional a l@s escolares). Como se ve, pese a
los ingentes esfuerzos y recursos destinados a mejorar la imagen de las
Fuerzas Armadas, pese a su participación y asesoramiento en "procesos
de democratización" (cruel ironía): El Salvador, Angola,
Namibia; o en "misiones humanitarias": Bosnia, Kurdistan..., el Ejército
español sigue suscitando desconfianza y rechazo en amplias capas
de la población. (4)
Esta identificación entre Fuerzas Armadas
y sociedad es más necesaria hoy que nunca. Y es que la implantación
del nuevo modelo de Ejército requerirá un sustancial aumento
de los gastos militares, al mismo tiempo que los planes del Gobierno de
"ajuste económico" para continuar con el proceso en marcha de adaptación
de las estructuras económicas a la llamada Economía Global
-última reestructuración del capitalismo para salvarse a
sí mismo-, incluyen severos recortes en los gastos sociales, en
una situación de crisis económica estructural de efectos
sociales demoledores. El gasto militar de 1997 asciende a 1,9 billones
de pesetas (incluyendo el presupuesto del Ministerio de Defensa, las partidas
militares de sus organismos autónomos, las clases pasivas, la Guardia
Civil, la contribución española a la OTAN y la UEO, etc)
(5).
Asistimos a una militarización de la economía, como muestran
la financiación del proyecto EFA (Avíón de Combate
Europeo) con cargo al presupuesto del Ministerio de Industria, o las cada
vez más cuantiosas exportaciones de armamento, a menudo camufladas
bajo epígrafes como "maquinaria pesada", "vehículos", "componentes
electrónicos", etc, cuyos principales clientes son Estados claramente
violadores de los Derechos Humanos (Marruecos, Indonesia, Thailandia...).
Asistimos también a una militarización de la sociedad, cada
vez más autoritaria, jerarquizada y sometida al control del Poder,
en el marco del proyecto de la Unión Europea, mientras las muestras
de disidencia política son arrinconadas y reprimidas por todos los
medios. El supuesto consenso social existente sobre todo ello dista mucho
de ser una realidad. Se vislumbra una vía de actuación para
el movimiento antimilitarista, que debería abrir brechas en ese
frágil consenso.
Al mismo tiempo, la profesionalización y
la supresión del servicio militar obligará a los Ejércitos
a recurrir a mano de obra en cantidades que actualmente distan mucho de
ser cubiertas. Según el Documento sobre Profesionalización
de las FFAA remitido por el Ministerio de Defensa al Congreso, una vez
implantado el nuevo modelo, tendrán que reclutar entre 16000 y 20000
nuevos soldados cada año. Sus expertos consideran que para llevar
a cabo una buena selección, deben contar con seis candidatos por
plaza, lo que supone entre 96000 y 120000 solicitantes anuales. Sin embargo,
la media anual se ha situado, en las convocatorias celebradas entre 1992
y 1995, en 35000 aspirantes, a lo que hay que restar que buena parte de
ellos, en torno al 25%, son repetidores, y además casi el 20% no
se presenta a las pruebas. Para más inri, el número de jóvenes
en edad militar se reducirá en más del 20% en los próximos
6 años, por la caída de la natalidad. El Ministerio de Defensa
tiene razones para estar preocupado, pues están lejos de garantizar
los efectivos que necesitan para su nuevo Ejército profesional.
He aquí otra posible vía de actuación: dificultar
en lo posible, mediante un trabajo constante de deslegitimación,
que haya suficiente gente interesada como para llenar los cupos necesarios
de aspirantes a tropa profesional.
Como se ve, los planes puestos en marcha por el
Poder son mucho más difíciles de poner en práctica
de lo que realmente quieren hacernos ver, pues conllevan contradicciones
imposibles de superar, y que en todo caso serán convenientemente
camufladas o enmascaradas. Por ello el movimiento antimilitarista deberá
trabajar, ante todo, en la línea de deslegitimación y desenmascaramiento
del auténtico rostro del Ejército y del militarismo, en distintas
vertientes: la denuncia de los gastos militares, de la fabricación
y exportación de armamentos, de las intervenciones militares neo-imperialistas
o supuestamente humanitarias, de la militarización creciente de
la sociedad... sin olvidarnos de continuar con las ya en marcha campañas
de Insumisión; todo ello con una perspectiva de análisis
global y contando con la experiencia acumulada en estos años.
En cualquier caso, el debate sobre la orientación
en el futuro, hasta ahora solapado, deberá hacerse público
y contar con la participación de todos los sectores involucrados
o interesados en nuestra lucha. Nuestra función va a ser a partir
de ahora más importante si cabe para dificultar e impedir la consolidación
de las nuevas estructuras de dominación estatales y mundiales, para
romper el falso consenso social y elaborar alternativas de transformación
revolucionaria.
Notas:MIL (Movimiento de Insumisos Lisérgicos).
1) Ver las declaraciones
del ex-ministro español de Defensa, Julián García
Vargas, a la Revista Española de Defensa.
2) Fuente: Insumisión
en los Cuarteles. Un paso adelante. Dossier del KEM-MOC de Iruñea.
3) El País,
24/2/97, pg.15.
4) Aunque el escamoteo
sistemático e interesado de la memoria histórica, proceso
simúltaneo a la Transición Democrática, ha conseguido
que parte de la sociedad, particularmente las generaciones más jóvenes,
desconozca u olvide el papel represivo del Ejército, que no estaría
de más recordar de vez en cuando.
5) Fuente: Insumisión
en los Cuarteles. Comunicado del MOC.