Angel Juanes del Tribunal Constitucional analizará el "caso Granado y Delgado"
ÁNGEL JUANES PECES MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPREMO
«El Constitucional pasa por su peor momento»
«La presión política sobre el TC es muy fuerte debido a que está pendiente su sentencia sobre el Estatuto de Cataluña» «La Ley de Memoria Histórica no permite revisar cualquier juicio del franquismo, las causas están muy tasadas»
¿Permite la Ley de la Memoria Histórica revisar juicios de la época franquista? Esta polémica cuestión será analizada por el juez Ángel Juanes, uno de los juristas extremeños más destacados y de mayor prestigio. Juanes, que fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, es en la actualidad magistrado de la Sala Militar del Tribunal Supremo. El próximo jueves dará una conferencia en Plasencia invitado por el diario HOY en el nuevo ciclo de conferencias organizado con motivo del 75 aniversario del periódico. Su disertación versará sobre la Ley de Memoria Histórica y la justicia.
Va a hablar usted de justicia y memoria histórica, un asunto que está resultando polémico.
Me voy a centrar en una parte de la Ley de Memoria Histórica, aquella en la que se declaran ilegítimos los juicios hechos en la época del franquismo por vulneración de derechos fundamentales. En la Sala V hemos conocido diversos recursos de revisión contra sentencias que se dictaron en el caso Puig Antich, el caso Granado y otros. Se decía que no se había seguido un proceso debido porque habían sido dictados por consejos de guerra que no eran independientes. La Sala V desestimó los recursos en base a que en el recurso de revisión actual no tienen cabida los supuestos de nulidad de los juicios por derechos fundamentales. Solamente cuando se trata de hechos nuevos que ponen en evidencia que la persona condenada en su día no fue culpable. La problemática que se plantea con la Ley es cuál es el alcance de la expresión ilegítimos.
¿El término ilegítimo quiere decir que se deben revisar, o es sólo una declaración moral?
Caben interpretaciones diversas sobre cuál es el sentido exacto. Una, que la ley agota sus efectos con la sola declaración de ilegítimos, de manera que se trata de un reconocimiento moral; y otros autores consideran que el título de ilegitimidad posibilita los recursos de revisión. Yo no puedo anticipar el criterio de la Sala. Lo que sí digo es que el recurso de revisión no da respuesta a situaciones de injusticia notoria.
¿Teme que esa Ley pudiera dar origen a una avalancha de recursos de afectados o de herederos de personas juzgadas durante el franquismo?
La ley acota y no entraría cualquier clase de juicio. Habla de motivos ideológicos. Por otra parte, el recurso de revisión no da lugar a indemnización. Se ha querido que no tenga efectos económicos. Por eso el tema no es fácil.
¿Se podrían revisar juicios celebrados después de la guerra?
Tendrían que ser por causas muy tasadas.
¿No cabe entonces la idea de que, dado que el régimen no era democrático, todos sus actos son revisables?
No se puede hacer esa generalización. Hay quien sostiene, con bastante fundamento, que la ley lo que ha querido es hacer un reconocimiento y que ya cumple sus efectos, de manera que no se posibilita ningún recurso de revisión.
¿Ha sido oportuna le Ley de Memoria Histórica?
Yo no entro en el debate político. No sé si hubiera sido suficiente con medidas concretas, por ejemplo, con el Valle de los Caídos. Es un tema de debate en el que no entro. Lo que sí digo es que el recurso de revisión, tal como está concebido, no da respuesta a muchos casos en que se han vulnerado derechos fundamentales básicos.
Hay quien critica que en España se estén persiguiendo delitos de otros regímenes, como en Chile, y casos españoles no se vean.
Tienes toda la razón del mundo. Lo de juzgar a dictadores nos lleva a un terreno muy peligroso. ¿Por qué unos dictadores sí y otros no? Es un tema muy complicado. Nos ponemos a revisar procesos en Argentina y aquí tenemos procesos que podrían ser objeto de revisión. La idea básica para mí es que el recurso de revisión actual no responde a las exigencias del valor justicia y que debía propiciar una causa mucha más amplia, en línea con el derecho comparado que permita en casos concretos, como dice la doctrina expulsar del ordenamiento jurídico sentencias clamorosamente injustas más allá de los términos angostos con que se concibe.
¿Justicia en crisis?
La justicia española está en primer plano de la actualidad, en situación de crisis. Con críticas al TC y al Consejo.
Sobre el Tribunal Constitucional ha habido muchas presiones y está pasando por los peores momentos. Yo siempre le he tenido afecto, porque he trabajado allí como letrado. Ha hecho una labor inmensa de un nuevo enfoque de la justicia, menos formalista y más atenta al fondo. En la cuestión de los derechos fundamentales la labor ha sido enorme, pero la verdad es que en los últimos tiempos, por una causa u otra, está en el peor de sus momentos. Debería hacer un esfuerzo todo el mundo para recomponer un clima de consenso y de respeto.
¿Cómo se debería elegir a los magistrados del Constitucional para que no fuesen motivo de pugna política?
El tema es complicado. En Estados Unidos se nombran magistrados vitalicios, pero los nombra el partido que ha ganado. Los sistemas los hacen los hombres. Si se intentara hacer una selección no buscando cuotas políticas, sino buscando perfiles, y se transmitiera eso como cultura sería buena. El sistema no es bueno ni malo, sino que lo hacemos los hombres. Debería establecerse una cultura de respeto, de generosidad por parte de los partidos políticos, porque al fin y al cabo interesa a todos. Pero esa cultura, igual que en el Consejo del Poder Judicial, todavía está lejos.
Llevamos 30 años de democracia y no se ha logrado.
Ahora hay una presión política muy fuerte, porque está pendiente la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña y eso provoca una tensión muy intensa sobre el Tribunal, aparte de otros hechos anecdóticos que han ocurrido.
La conversación de la presidenta del TC con una abogada sospechosa de un homicidio ha sido imprudente.
Yo creo que esa conversación no tenía que haberse transcrito nunca, no estaba justificado porque era ajena al caso. No debería haberse elevado al Supremo. Pero es cierto que no prestigia al Tribunal. Crea un clima que no conviene. Todo gira sobre lo mismo, una presión enorme, y mientras no termine el tribunal va a tardar en recuperar el prestigio que siempre ha tenido.
