Lo normal cuando alguien se encuentra unos restos humanos en el campo es avisar a la Guardia Civil para que haga un atestado. Después viene el juez de guardia para el levantamiento del cadáver, a partir de lo cual se abren diligencias judiciales para averiguar lo ocurrido y en caso de que se trate de una muerte violenta, poner al autor a disposición de los tribunales.
Eso es lo normal en España, salvo que se trate del cadáver de alguien fallecido a consecuencia de la represión franquista, en cuyo caso los jueces no querrán saber nada, y además los denunciantes del hallazgo serán acusados de aventar fantasmas del pasado o de reabrir viejas heridas. España tal vez sea el único país del mundo en el que los denunciantes de un asesinato se ven obligados a gestionar por sus propios medios la investigación de lo ocurrido, al margen del sistema judicial, al tiempo que son vilipendiados por una parte de la opinión pública.
Aquí mismo, en Salamanca, hay todavía gente enterrada en el campo que sufrió muerte alevosa en 1936 por parte de las fuerzas sublevadas contra el gobierno de entonces, constitucional y legítimo. Personas que fueron detenidas por la fuerza pública o por grupos irregulares al servicio de los militares sublevados, y de las que nunca se volvió a saber nada. Personas sacadas de la cárcel, en la que estaban detenidas a disposición de las autoridades, y cuyo rastro se perdió para siempre. Aquí mismo, en Salamanca, hay fosas comunes de víctimas del franquismo. Algunas de esas fosas han sido abiertas a lo largo de los útimos treinta años y los restos que contenían fueron inhumados de nuevo, dignamente, pero siempre al margen de la administración de justicia.
La actuación del juez Garzón ha sido el único intento por parte de la Justicia española para dar protección jurisdiccional a las víctimas de la represión franquista. Ha recibido todo tipo de críticas, desde que lo ha hecho para salir en la tele, hasta que la ley de amnistía ha cerrado toda posibilidad de investigar lo ocurrido. Se supone, pues, que a estas alturas nos veremos obligados a desenterrar cadáveres de salmantinos mientras los jueces miran para otro lado, olvidando que una cosa es la responsabilidad penal de los autores de las muertes y otra la obligación jurisdiccional de averiguar lo sucedido.
El asunto, de una forma u otra, acabará en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde tendremos ocasión de ver con qué argumentos se defiende el hecho de que los tribunales españoles se nieguen a investigar los miles de asesinatos y desapariciones cometidos en España como consecuencia del alzamiento franquista. Mientras tanto, una sugerencia: cuando mate usted a alguien, entiérrelo en el campo y luego diga que es un cadáver de la guerra. Con eso se garantiza que nadie investigará el asunto.
