El desenlace golpista

El conflicto con PDVSA, que comenzó el 8 de marzo, se prolongó durante todo ese mes, con varias paralizaciones parciales de la empresa durante la última semana y primeros días de abril, lo cual produjo trastornos considerables en la producción, exportación y refinación del crudo. El 18, el gobierno amenazó con militarizar la empresa. El 24 los trabajadores dieron plazo Chávez hasta el 1 de abril para sustituir a los directivos nombrados. A fines de marzo, el gobierno contestó ratificando a la directiva cuestionada que procedió a aprobar las jubilaciones supuestamente forzadas del consultor jurídico y del titular de relaciones públicas de la empresa, lo cual fue interpretado por los empleados como una represalia y una provocación. Esta movida del gobierno desbordó el conflicto que incluyó el inicio de la paralización de actividades en cuatro refinerías y la suspensión de las labores de los camiones cisterna que abastecen los puestos públicos de venta de gasolina, así como la suspensión de labores administrativas.

El 7 de abril, apoyándose en las atribuciones especiales que otorga al ejecutivo la Constitución Bolivariana, el gobierno despidió a siete altos ejecutivos de la estatal petrolera PDVSA y dio la jubilación a otros 12, acusándolos de la escalada del conflicto que desde hacía seis semanas mantenían los trabajadores de la corporación (17) . Antes de esa nueva represalia, previendo la probable generalización del conflicto, Chávez se desdijo de sus propias declaraciones del mes anterior, y el 5 de abril anunció la aplicación de un aumento general de salarios de un 15% para restar fuerza a la oposición. El 9 se cumplió el presentimiento del gobierno, la CTV y Fedecámaras convocaron a un paro general de 48 horas en solidaridad con los trabajadores de PDVSA, con una adhesión significativamente inferior a la huelga del 10 de diciembre. El 10 de abril, el presidente de la CTV, Carlos Ortega, y el de Fedecámaras, Pedro Carmona, en sendas ruedas de prensa llamaron simultáneamente a la huelga indefinida y a la "desobediencia civil pacífica". Mientras los sindicalistas y patronos sediciosos hacían este llamado, las manifestaciones de ambos bandos en las calles se estaban traduciendo en enfrentamientos armados.

En esos momentos, el general de división de la Guardia Nacional (GN) Rafael Bustillos, exhortó al alto mando militar a "no utilizar la fuerza" en contra de las personas que se encontraban en las calles apoyando el paro de 48 horas. El 11 de abril se supo que los hechos del día anterior se habían saldado con 12 muertos y 110 heridos entre los manifestantes de la oposición, en su mayoría por disparos durante una poco esclarecida escaramuza en las inmediaciones de la sede del gobierno. Esta confusión fue aprovechada por la fracción golpista del ejército para echarle la culpa al gobierno. El generalato de la Guardia Nacional (GN) criticó la ausencia de imparcialidad de sus fuerzas durante la labor de mantenimiento del orden. Carlos Martínez, inspector general de la GN, hablando junto a un grupo de generales del cuerpo, dijo que inicialmente los guardias hicieron su trabajo con corrección, pero posteriormente no fueron diligentes para impedir que grupos de oficialistas agrediesen a otros de oposición.

El jefe del Estado Mayor de la Armada, vicealmirante Héctor Ramírez, señaló que nunca imaginó que Chávez utilizaría la fuerza contra la marcha pacífica en medio de un paro general indefinido que pedía su renuncia. Ramírez subrayó que un gran grupo de militares estaba "convencido" de que Chávez "no debía continuar" como jefe del Estado, porque se había puesto a dirigir "una revolución" que nunca nos explicó. Seguidamente reveló que los militares venezolanos eran "conscientes" de que la salida de Chávez del poder no debía ser por un golpe de Estado militar sino por una acción de la sociedad civil.

Por su parte, el comandante del Ejército, general de división Efraín Vásquez Velasco, se declaró en contra del gobierno por el "atropello" que ha sufrido la sociedad civil y ordenó a las unidades militares que se mantuvieran acuarteladas, al tiempo que acordó con el Frente Institucional Militar para echar a Chávez, con la promesa de no romper la continuidad "democrática". Rodeado de un grupo de militares de alta graduación, Vásquez pidió perdón al pueblo venezolano, dijo que su actitud "no era un golpe de Estado", y se pronunció contra Chávez "porque los muertos de hoy no se pueden tolerar". En ese contexto, los instigadores del golpe aprovecharon para hurgar en la herida del gobierno abierta a fines de enero, a raíz de ciertos informes según los cuales Chávez estaría gestando una alianza con la guerrilla colombiana.

Con la fuerza argumental de estos dos presuntos hechos acusatorios (dirigir una revolución comunista y usar la fuerza armada contra el pueblo), haciendo girar su táctica sobre la ocasional bisagra que le brindaron los militares institucionalistas, la fracción golpista de la FAN, encabezada por el General Vásquez Velasco, abrió las puertas a la destitución de Chávez anunciando su renuncia para que no parezca un ataque contra la institucionalidad de la "V República" democráticamente elegida. Para los sectores militares institucionalistas comprometidos en los hechos del 11 de abril, lo más importante era que la operación de extirpar a Chávez del cargo de presidente no tuviera carácter de golpe y se preservara el hilo constitucional. Cuando el nuevo presidente de facto, Pedro Carmona, decretó la disolución de la Asamblea Nacional y de todo el entramado institucional del "Estado democrático bolivariano", la correlación de fuerzas volvió a cambiar de inmediato porque la bisagra del poder militar constitucionalista -apoyado por la diplomacia norteamericana- pasó nuevamente a manos de los "chavistas" (18). El chavismo militar, que hasta ese momento no había disparado un tiro en defensa de su jefe, sumó sus fuerzas al sector institucionalista y el presidente Chávez, cuya carta de renuncia nunca apareció, volvió al palacio presidencial de Miraflores, hecho ya un cadáver político.

Habiendo decidido desde un primer momento gobernar sin el concurso de los explotados y seguir encadenando el país a las directivas del FMI, la tercera vía del "chavismo" acabó convirtiendo la trágica penuria que se extiende por la sociedad civil venezolana, en una comedia al interior de las instituciones de Estado (19), la declamada "democracia participativa", en una dictadura personal, y la esperanza de millones de menesterosos que le auparon al gobierno, en energía política al servicio de los intereses que prometió eliminar. Si seguimos atribuyéndole sinceridad -a Chávez y a los militantes populares que insisten en confundir este tipo de política con una acción efectivamente revolucionaria- hay que decir que estamos ante un nuevo despropósito socialmente irresponsable y políticamente cuasicriminal.

Por décadas, la vida político-económica total de este país cuya población alcanza los 23 millones, ha sido subordinada al "bon vivant" de una pequeña elite y a cumplir con los pagos de interés exigidos por la deuda externa que los bancos de Wall Street controlan, a expensas de un 80% que ha venido viviendo bajo la línea de la pobreza. Esta realidad es la que el "Movimiento Bolivariano" ha prometido corregir y nosotros no cuestionamos que lo haya intentado sinceramente. Pero lo ha querido hacer como el gobierno español dice que lo ha hecho el PSOE durante la última huelga: "soplando y sorbiendo al mismo tiempo", o sea, procurando nadar a favor de los pobres sin que se le moje la ropa del sistema capitalista que lleva puesta. Y eso, de no pasar por otro infierno bélico a escala planetaria, es imposible. Más todavía en un país capitalista dependiente como Venezuela.

El proceso que Chávez encabezó durante los últimos tres años, no fue un conflicto populista clásico entre el bloque de poder conformado por las burguesías nacionales dependientes y sus respectivos asalariados, por un lado, y el capital imperialista por otro. De hecho, su política empezó enfrentándole a la patronal en su conjunto y a la oligarquía político-sindical configurada por el "Pacto de Punto Fijo", para acabar enajenándose la voluntad mayoritaria de la clase obrera y de buena parte de los marginados cuyos votos le alzaron a la presidencia del país. Pero esa política nunca perdió la confianza del FMI ni del BM, los dos policías económicos del gran capital multinacional. Todavía tras el golpe y el contragolpe, debilitado como salió ante las FF.AA. y el conjunto de la sociedad, el 6 de junio próximo pasado una comisión del Banco Mundial que se entrevistó con Hugo Chávez, celebró la coherencia del paquete económico propuesto por el nuevo gobierno. El representante del organismo crediticio internacional para México, Venezuela y Colombia, Oliver Lafoncreu, destacó la coincidencia entre ese programa y los objetivos del BM para "combatir la pobreza".

Por su parte, fuentes militares han señalado que el retorno del presidente Chávez al poder fue previamente negociado. Los generales venezolanos le impusieron condiciones para que pudiera volver al palacio presidencial de Miraflores. Entre ellas, comprometerse a no involucrar a las fuerzas armadas en su discurso político ni pretender convertirlas en un partido a su servicio, así como a no utilizar el uniforme militar (el presidente Chávez ya anunció que no vestirá más de teniente coronel) y a eliminar el calificativo de revolucionarias a su sus acciones de gobierno. El alto mando también exigió al presidente que disuelva los "Círculos Bolivarianos". Es que la correlación militar de fuerzas se ha vuelto de tal modo desfavorable al "MRB 200", que si el presidente venezolano quisiera someter a juicio por rebelión a todos los militares implicados en el golpe, tendría que proceder a una purga imposible de realizar porque no habría relevo para los puestos vacantes, en el supuesto de que no provocara otra rebelión.

La debilidad de la fracción chavista post golpe, se mide también por su incapacidad política para efectivizar el escarmiento, siquiera selectivo, al brazo armado de los enemigos que juramentó combatir. Diez días después de reasumir el gobierno, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela revocó la detención domiciliaria y otorgó la libertad condicional a cuatro altos oficiales acusados de participar en el golpe, aunque el presidente del TSJ, Iván Rincón, dispuso que los militares no podrán salir del país ni ausentarse del área metropolitana de Caracas sin permiso, deberán presentarse una vez a la semana ante ese tribunal y no podrán participar en marchas o en cualquier otro tipo de actividades de carácter político. La decisión del Supremo benefició al ex comandante general del Ejército y general de división Efraín Vásquez Velasco, al vicealmirante Héctor Ramírez, al contraalmirante Daniel Comisso y al general de brigada de Aviación Pedro Pereira. Respecto del empresario sedicioso, Pedro Carmona, tras permanecer unos días bajo arresto domiciliario, se le permitió exiliarse en Méjico junto a su valedor político: Carlos Andrés Pérez.

A partir de entonces, la política chavista de consolidación de la OPEP para revalorizar el precio del petróleo, su amistad con Fidel Castro y la venta de crudo a Cuba, su condena a los ataques en Afganistán por "combatir al terrorismo con terrorismo", su reticencia a sumarse activamente a la respuesta militar del Plan Colombia, su oposición al ALCA y su apoyo a la alternativa -sin sustento social burgués- de la integración regional capitalista independiente soñada por Bolívar, todo esto, a juzgar por el dos veces metamorfoseado "Maisanta" que volvió a gobernar formalmente desde el 14 de abril último, parece algo de un pasado que no volverá.

Madrid, junio de 2002

volver al índice del documento

éste y el resto de nuestros documentos en otros formatos
grupo de propaganda marxista
http://www.nodo50.org/gpm
apartado de correos 20027 Madrid 28080
e-mail: gpm@nodo50.org


  1. El art. 236, numeral 16), entre otras atribuciones del presidente la nueva Carta Magna le faculta para: "Nombrar y remover a aquellos funcionarios o funcionarias cuya designación le atribuyen esta Constitución"volver
  2. El Gobierno estadounidense aconsejó a los golpistas venezolanos que no disolvieran la Asamblea Nacional, según ha revelado el diario The New York Times. Mientras, un ministro del efímero Gobierno del empresario Pedro Carmona asegura que si la transición abortó fue por "un conflicto militar interno". Según New York Times, el viernes 12 de abril el secretario adjunto de Estado para Asuntos Interamericanos, Otto Reich, habló por teléfono con el empresario Pedro Carmona -designado ese día presidente en lugar de Hugo Chávez- y le dijo que la disolución de la cámara ''era una estupidez'' y causaría demasiado escándalo. Carmona no hizo caso a Reich, ex embajador de EE.UU. en Venezuela, cuyo ''consejo'', el mismo día en que algunos oficiales militares recluyeron a Chávez, ''sugiere un interés temprano y urgente de la administración (del presidente estadounidense George W.) Bush por ver que Carmona tuviera éxito'' y ''que se mantuviera la apariencia de continuidad democrática'', indica el diario.volver http://www.lavanguardia.es/web/20020417/23466129.html
  3. En el culmen del tercer acto, esta comedia llegó al climax de su naturaleza bufa durante el debate público planteado acerca de si hubo o no hubo golpe supeditado a si hubo o no hubo libre renuncia a la presidencia por parte de Chávez. volver