Año 2001: antecedentes
inmediatos del golpe
Ante los resultados de una mayor capitalización de las rentas del petróleo durante el año 2.000, cuyos precios aumentaron 9,5 U$S por barril respecto de 1999 (13), a principios de 2001 el movimiento obrero comenzó a movilizarse en pos de sus demandas postergadas, transformando el decreto de congelación de las reclamaciones sindicales en papel mojado. En enero, Caracas se convirtió en un caótico escaparate de conflictividad laboral y estudiantil, con incidentes o manifestaciones casi a diario en liceos y colegios públicos, recintos universitarios, calles y plazas congestionadas por protestas de trabajadores del metro, taxistas, vendedores ambulantes o funcionarios. Hasta febrero, el gobierno de Chávez no había respondido a los conflictos, pero la medida de utilizar la Guardia Nacional (policía militarizada) para realizar labores de disuasión ante la ola de protestas, fue síntoma de que algo había cambiado en la correlación de fuerzas entre el gobierno "revolucionario" y la oposición burguesa. En febrero de ese año, los asalariados de la Siderúrgica del Orinoco (SIDOR) hicieron una huelga de 24 horas para reivindicar la reanudación de las negociaciones contractuales con la empresa suspendidas en setiembre de 1999 por imperativo legal, amenazando con prolongar el paro indefinidamente en caso de negativa a atender sus demandas salariales. El conflicto se había originado el año anterior cuando SIDOR inició un programa de reducción de plantilla ofreciendo una opción de jubilación anticipada voluntaria que fue rechazada por la mayoría de los trabajadores (14). La protesta se produjo tras las huelgas mantenidas días antes por 2.000 empleados de la Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) -la mayor compañía telefónica del país- y por los maestros del sistema educativo nacional. En ese momento, el principal sindicato petrolero, FEDEPETROL, también amenazó con realizar una protesta de alcance nacional por problemas laborales. El motivo del descontento sindical petrolero fue la política laboral de la empresa (Pdvsa). Los trabajadores acusaron a la compañía estatal de no cumplir el convenio colectivo firmado en noviembre del año anterior. En ese momento, Fedepetrol y dos sindicatos menores consiguieron que Pdvsa cediera formalmente a sus demandas salariales el pasado mes de octubre, después de una huelga de alcance nacional. Esta amenaza se cumplió en marzo, cuando el 95 por ciento de los 70.000 empleados de PDVSA han respondido al paro convocado por ese organismo y la totalidad de las 42.000 empresas subsidiarias que se rigen por el mismo convenio colectivo. El paro se hizo inevitable tras fracasar una reunión de conciliación planteada por iniciativa del Ministerio de Trabajo. El principal punto de conflicto entre Fedepetrol y PDVSA fue la petición del sindicato de que se les reconozca a los trabajadores petroleros un aumento salarial de 15% que el Gobierno decretó a mediados de 2000 para todos los empleados públicos. Aunque el Estado venezolano posee más del 51% de las acciones de PDVSA, al ser mixta los gastos de esta empresa no corren por cuenta del presupuesto estatal, y, por tanto, los trabajadores petroleros no son legalmente empleados del Estado; sus relaciones con PDVSA se rigen por un contrato colectivo similar al de otras empresas privadas. El presidente de PDVSA, general Guaicaipuro Lameda, planteó llevar el caso al Tribunal Supremo de Justicia, para que sea esa instancia la que establezca si el aumento para el sector público también corresponde a los empleados de una empresa estatal pero contratados como trabajadores privados. Fedepetrol rechazó el planteamiento de Lameda bajo el argumento de que el Tribunal Supremo es un apéndice del poder Ejecutivo y sus sentencias no son imparciales ni fiables.
Durante ese mismo mes, los más de 5.000 empleados de SIDOR volvieron a parar dos días durante 24 horas en protesta por la negativa de la empresa a firmar el nuevo convenio laboral. Ante la contundencia de las protestas, el Gobierno envió efectivos militares a desalojar con material antidisturbios a los piquetes de obreros apostados ante las principales refinerías. Finalmente, desde el 11 de mayo, después de tres semanas de paros alternos y manifestaciones, la huelga fue declarada por tiempo indefinido, extendiéndose a otros sectores, como el hierro, el aluminio (que suman 20.000 asalariados en Guayana) y la construcción, con la amenaza de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) de llevar a cabo una huelga general. Por su parte, en esos días 90.000 de los 160.000 educadores en 14.000 escuelas del país, concluyeron su paro ante el peligro de que los siete millones de alumnos perdieran el año escolar después de tres semanas sin clases, obteniendo el 60% de sus demandas. No obstante, el dirigente de FONATEV anunció que el conflicto se reanudaría en junio.
Madrid, junio de 2002
http://www.nodo50.org/gpm
apartado de correos 20027 Madrid 28080
e-mail: gpm@nodo50.org