Interludio electoralista
y primera "ley habilitante"
Con este "paquete", el 06/12/998 Chávez fue votado por el 56,2% de los electores, accedió a la presidencia del país y su movimiento pasó a ser mayoría absoluta en el Congreso barriendo del mapa político institucional a "adecos" y "copeyanos". El 02/02/999, Chávez tomó posesión del cargo proponiendo convocar un referendum para elegir una Asamblea General Constituyente, encargada de redactar una nueva constitución. En el marco provisional que dejó la sustitución del orden institucional anterior, funcionó un "Congresillo", nombre popular dado a la comisión legislativa que llenó el vacío dejado por el disuelto Congreso. También fueron sustituidos los titulares del principal órgano de Justicia del país y se cambió a quienes estaban a cargo de organismos de Contralor.
El proceso político prácticamente paralizó los mecanismos normales de gobierno en el año 1999, de modo que el presidente Chávez requirió el 17 de febrero y obtuvo el 22 de abril, una "ley habilitante" que le facultó para ejercer durante seis meses las potestades legislativas por decreto. Chávez aprovechó esta provisionalidad y desorganización del nuevo Estado venezolano, para distribuir los cargos políticos ejecutivos de mayor importancia social y trascendencia política entre los caudillos militares del "Movimiento revolucionario Bolivariano 200", que habían sido aclamados por amplias masas al salir de prisión en 1994 (Jefatura del Estado, secretaría presidencial, seguridad interior, política exterior, industrias básicas, transporte y comunicaciones, programas de desarrollo social, vivienda, reforma agraria, aduanas etc.).
En esos momentos, la mayoría del MVR sostuvo que la "transitoriedad" que vive el país y la ausencia de una ley específica sobre la "participación ciudadana", justificaban un reglamento "provisional". De esto salió un comité compuesto por 15 diputados (11 pro-Chávez) y apenas seis "civiles", como se les llama a los representantes de la sociedad civil de forma sarcástica ante el proceso de militarización que vive la administración pública y los poderes del Estado.
De este modo, el vacío institucional fue cubierto por un gobierno compuesto en buena parte por militares correligionarios de Chávez, entre ellos el Gral. retirado Alberto Esqueda Torres, a quien se le encargó administrar 580 millardos de bolívares destinados a financiar mejoras en la infraestructura del país, y otros 200 millardos para gastar en desarrollo regional, más 190 en fomento a la producción. También asumió responsabilidades ejecutivas de gobierno el Gral. retirado Pérez Quesada, a cargo del gasto de 95 millardos en el sector agrícola, 65 en industria y 20 en turismo, así como el General Eliécer Hurtado, a quién le fue asignado el gasto de 110 millardos de bolívares destinados a la construcción de comedores populares, y 90 millardos para el mantenimiento de las "brigadas cívico-militares". El Fondo de Solidaridad quedó a cargo del Tte. Cnel. retirado William Fariña con la asistencia del Tte. Cnel. Ballesteros. Otras áreas de responsabilidad política de primera línea fueron cubiertas igualmente por militares, como la de seguridad. Como viceministro del interior fue nombrado el Gral. Belisario Landis, quién acuñó el concepto de "pre-delincuentes", para definir a grupos sociales de riesgo, blanco preventivo para las fuerzas de seguridad.
El resto de las más altas instancias del nuevo gobierno provisional fueron asignadas a civiles adherentes al proyecto político de Chávez (8). Una parte de ellos hombres de su confianza personal, otros simplemente arribistas. Algunos provinieron de los viejos partidos de izquierda, como el P.C.V. o el MAS, pero muchos de ellos son "homus novus" que comenzaron su carrera política en este marco de escasa institucionalización. El presidente Chávez se reservó el puesto de manager del equipo y "el que se mueve no sale en la foto". Así quedó conformada la alianza cívico-militar que hizo realidad el eufemismo de la "unión entre FF.AA. y pueblo", esencia política de la proyectada "revolución bolivariana". La mayoría de los gobernadores de los estados que conforman la estructura federal de Venezuela responde a la línea política del Presidente Chávez, quién, además, utiliza los mecanismos de la alianza cívico-militar para marcar el carácter subordinado de esos funcionarios carentes de recursos propios. Un buen número de los 335 alcaldes también siguió y sigue las orientaciones del presidente.
A mediados de marzo de 1999, durante un mensaje a la nación de más de dos horas, explicó su programa económico para los dos años siguientes, y anunció que durante ese período se privatizarían las empresas estatales del aluminio, distribución eléctrica e hipódromos: "Venezuela sacará a la venta parte del aluminio venezolano, manteniendo la producción de bauxita y alúmina en manos del Estado", anunció Chávez. También puso en conocimiento de la opinión pública su propósito de iniciar la privatización del sistema de generación y distribución de energía eléctrica, con excepción de la empresa de generación hidroeléctrica (9).
A poco de ponerse en ejecución el "Plan Bolívar", en febrero de 1999 el gobierno debió enfrentar el primer incidente en torno a denuncias públicas de corrupción por apropiación indebida de algunos miles de millones de bolívares contra varios mandos militares de reciente nombramiento a cargo de los fondos asignados a ese Plan (10). A raíz de este contencioso con la prensa que recayó sobre un alto mando militar hasta ese momento Ministro de Defensa, una parte de la oficialidad que desde un principio manifestó no ver con buenos ojos el proyecto cívico-militar de Chávez, se vio ratificada en sus advertencias acerca de las consecuencias de implicar directamente a las FF.AA. como institución de Estado con una determinada política partidaria. Esta inquietud creciente de los mandos "institucionalistas" obligó a que Chávez cesara al militar quemado en la cartera de Defensa, nombrando en su lugar a José Vicente Rangel, hasta entonces canciller de la V República, un intelectual burgués de izquierdas, amigo y correligionario de Oscar Allende, con talante plural de acreditadas convicciones "democráticas". Habiendo militarizado las instituciones de Estado hasta el extremo de inquietar a la fracción "institucionalista" del ejército, Chávez debió romper con lo que hasta ese momento fue tradición en la política venezolana: que el cargo de Ministro de Defensa sea desempañado por un militar. Paradójicamente, sería esta fracción disidente de las FF.AA., la que devolvería a Chávez el gobierno que perdió por 48 horas a manos de la fracción golpista el 12 de abril de 2002. El 25 de abril de 1999 se realizó el referéndum y la absoluta mayoría de los votantes (88%) aprobó convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para redactar un nuevo "contrato social". Esa votación significó una segunda gran derrota para los partidos del "stablishment": Acción Democrática, COPEI y Proyecto Venezuela, que fueron completamente barridos de las instituciones de Estado venezolanas. Producido este hecho, la declamada propuesta chavista de poner los organismos de la "democracia participativa" por encima del parlamento burgués, encendía de júbilo expectante el alma de millones de creyentes en la revolución socialista por generación espontánea del populismo burgués, puestos ante lo que parecía de inminente cumplimiento. Otra era, sin embargo, la expectativa en los círculos del poder económico y político del campo imperialista. En junio, el Banco Mundial otorgó a Venezuela un préstamo adicional por U$S 20 millones, anunciando que la cartera de proyectos de esta institución en ese país, había alcanzado ese año un total de U$S 530 millones. Después de su parloteo electoralista "radical" que a muchos les basta para dejarse llevar de las narices, Chávez hizo un peregrinaje a Wall Street para asegurar a los banqueros y especuladores que no tenían por qué preocuparse. Fue en ese momento (marzo de 1999), cuando abrió el sector eléctrico estatal a la privatización de los capitales imperialistas.
Aprobada la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, con tal fin se inició el proceso electoral para la composición de la ANC, y el 25 de julio nuevamente la derecha tradicional fue derrotada por un margen todavía mayor que en las dos convocatorias electorales anteriores. De los 130 constituyentes elegidos, apenas 7 representaron a la "derecha", el resto correspondió al movimiento bolivariano compuesto no sólo por militantes del Movimiento Quinta República (MVR) y de otras organizaciones políticas menores, como el MAS y el Partido Comunista, sino también por un espectro mayor de militantes "comunistas" sin partido, bolivarianos, ex militares de los procesos insurgentes del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992; progresistas independientes, empresarios, periodistas, defensores de los derechos humanos, ecologistas, escritores y poetas, obreros, campesinos y representantes de minorías indígenas. Acción Democrática, el partido con más victorias en la historia democrática del país, sufrió un desmembramiento y quedó fracturada. La otra agrupación beneficiaria del pacto de "Punto Fijo", el COPEI, que en otras épocas ocupaba el segundo lugar por número de escaños en el parlamento, quedó relegada a una representación de sólo cinco diputados. En los Estados, el partido socialcristiano apenas pudo conseguir la gobernación de Miranda. Dado el escaso peso social específico de la oposición y de cada uno de los agrupamientos del "Movimiento por la V República", el único factor aglutinante del proceso político abierto a principios de 1999 fue el Comandante Chávez.
Realizada la tarea de redactar la nueva Constitución fundacional de la V República, la ANC convocó al referendum para el 15 de diciembre, en que fue aprobada por abrumadora mayoría y 15 días después reemplazó a la Carta Magna de 1961, sustento político del pacto de "Punto Fijo". El 6 de enero de 2000, Chávez y el Consejo Nacional Electoral acordaron convocar nuevas elecciones para legitimar los poderes públicos y ajustarlos al nuevo marco constitucional. Realizada la convocatoria, el 30 de julio Chávez volvió a ganar los comicios -esta vez presidenciales- con el 59% de los votos escrutados, un 22% más que Arias Cárdenas, su principal rival. Los "chavistas" pasaron así a controlar la Asamblea Nacional, las gobernaciones y los municipios.
La flamante Constitución introdujo el derecho al voto de los militares, y, como hemos visto, incorporó las fuerzas armadas al desarrollo nacional. También contempla la figura del referéndum revocatorio, mediante el cual los venezolanos pueden revocar cualquier mandatario electo -desde el presidente a un alcalde- si consideran que no cumplió sus obligaciones. También establece cinco poderes, a los tres tradicionales de las Constituciones republicanas liberales se agrega el llamado "Poder Ciudadano". Este órgano se construye por la adición de tres organizaciones autónomas de contralor, dos de ellas pre-existentes: la Fiscalía General y la Contraloría General a la que se añadió la recién creada Defensoría del Pueblo. Teóricamente, estos órganos coordinados por un consejo compuesto por sus respectivos jefes, deberían actuar como puente entre la sociedad y el resto de los poderes estatales.
Madrid, junio de 2002
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