¿Qué tiene que ver el "Estado democrático de derecho"
con todo esto?
1 - Naturaleza de clase de los DD.HH.
En nuestro trabajo acerca del "caso Pinochet" presentamos un breve análisis donde demostramos -siguiendo naturalmente a Marx- que la democracia formal vigente hoy en el mundo, así como la filosofía de los DD.HH. basada en el moderno concepto de persona que le sirve de justificación ideológica, tienen su fundamento en la propiedad privada capitalista.
En efecto, el concepto moderno de persona aparece por primera vez cuando el capitalismo hizo suyo el prejuicio idealista cristiano del "libre albedrío", según el cual el alma predomina sobre el cuerpo. Éste fue el principal argumento de la crítica a la justificación aristotélica de la esclavitud. Si el alma de cada individuo es lo único que puede prevalacer sobre el relativo cuerpo de cada cual, desaparece la supeditación personal y directa de unos sobre otros que, aunque en diverso grado, predominó tanto en la sociedad esclavista como en el feudalismo.
Ahora bien, si en la sociedad capitalista deja de haber amos y señores para pasar a ser todos los individuos formalmente libres e iguales como personas que disponen de su cuerpo y demás pertenencias, las otrora relaciones personales de dependencia directa pasan a ser predominantemente relaciones materiales, esto es, relaciones interpersonales mediadas por objetos de propiedad individual. Por lo tanto, las flamantes almas libres se caracterizan por el hecho -y la noción- generalizada de la propiedad privada. De este modo, todos los seres humanos pasan a ser sólo amos de sí mismos y de lo que es suyo en su nuevo carácter social de almas propietarias. Tal es el significado del moderno concepto de persona.
Remitámonos ahora a la Constitución francesa de 1793, la más radical de las constituciones burguesas que inspiró la "Declaración Universal de los Derechos Humanos" de 1948. De la letra y el espíritu de esa constitución se desprende que, en el capitalismo, no hay ni puede haber una libertad igual para todos, sino que hay grados de libertad según las dierencias reales entre los individuos como "almas propietarias", esto es, en su capacidad de disponer de lo que es suyo. De modo que la libertad burguesa no se basa en la igualdad, unión y solidaridad entre los individuos sino en su diferencia patrimonial, en su división social y en el enfrentamiento mutuo.
Y si la libertad bajo el capitalismo está basada en la diferencia real entre los individuos, la igualdad sólo puede ser formal y contingente o accidental, la que se alcanza entre "almas propietarias" realmente desiguales cuando intercambian cosas equivalentes en el mercado. Entonces, cuando desde 1793 se predica que "todos los hombres son iguales ante la ley", se oculta que, en sentido primordial, no se trata de la ley que dicta el Estado para regimentar el comportamiento de las personas como "ciudadanos", sino de la que dicta la sociedad civil y rige las relaciones materiales (intercambio de cosas) entre personas como "almas propietarias". La ley jurídica de cuyo cunplimiento resulta la igualdad formal de todos los individuos como ciudadanos, tiene su fundamento en la ley económica que rige los intercambios de equivalentes cuyo cumplimiento supone la desigualdad real de esos mismos individuos como propietarios privados. Esto es así y no al revés, como han venido predicando los ideólogos de la burguesía desde 1793.
En cuanto a la seguridad, , según la Constitución francesa de 1793 no enmendada hasta hoy, "...consiste en la protección que la sociedad (Léase Estado) otorga a cada uno de sus miembros para la conservación de su persona, de sus derechos y de su propiedad". Dado que en el moderno derecho burgués el concepto de persona va indisolublemente unido al de patrimonio, y éste al de propiedad, la persona sólo adquiere existencia social real en su condición de propietaria. Por tanto, el concepto de seguridad personal se reduce a la condición de propietario de la persona. Y dada la desigualdad de los patrimonios, habrá personas cuya seguridad es realmente más valiosa que otras. De hecho, el Estado burgués demuestra ser más celoso, diligente y eficaz en los barrios ricos que en los pobres. Por lo tanto, el derecho humano a la seguridad no está por encima del egoismo sino que garantiza y refuerza ese egoísmo basado en la desigualdad de los patrimonios. Lo perpetúa. De modo que aun cuando se diga que "todos los hombres son iguales ante la ley", el Estado burgués en todas partes se encarga de privilegiar la seguridad de "los más iguales", llegando al casi completo desprecio por la vida de los indigentes, al castigo carcelario de los delincuentes comunes que violan la propiedad individual, y al aniquilamiento físico más despiadado y bárbaro de los que, aun por distintas razones políticas, en determinado momento llegan a obstaculizar el cumplimiento de las tendencias objetivas personificadas por los beneficiarios directos e indirectos de tal estado de cosas.
2 - La democracia burguesa es democracia dineraria de mercado
La formación social capitalista está orgánicamente dividida en dos esferas de la vida social distintas. Una, básica o fundamental, llamada sociedad civil, ámbito en el que se producen y distribuyen los valores económicos a instancias del mercado, donde interactúan las distintas "almas propietarias" en mutua competencia unas sobre otras. En esta esfera de la vida social la democracia no existe, se detiene a la entrada de las fábricas y demás lugares de trabajo donde se producen, circulan y se distribuyen los valores económicos entre las distintas "almas propietarias". Dicho más precisamente, son los empleadores en su condición de representantes del capital que emplea trabajo asalariado -cada uno en su empresa particular- quienes deciden dictatorialmente qué se hace y cómo, lo cual supone el mando y control -de arriba abajo- sobre sus mandados.
La otra esfera de actuación, superestructural, es el Estado, cuyo agente vital más importante y decisivo es el burócrata político-partidario (alto y medio funcionario público), cuyo cometido, desde el momento en que es designado -a dedo en las formas de gobierno dictatoriales o indirectamente por sufragio universal en los gobiernos "democráticos"- consiste supuestamente en representar los intereses generales de la sociedad. En el llamado Estado "democrático" de derecho, "el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes". En este principio político y en éste otro: "una persona un voto", se concentra y sintetiza toda la sustancia funcional de la democracia representativa típica del capitalismo.
Una vez realizados los comicios y escrutados los votos según lo determina cada sistema electoral vigente, los candidatos que obtienen la mayoría suficiente pasan a la condición de "representantes -que podemos aquí denominar con la letra B- de la voluntad popular mayoritaria A que son sus electores o representados. Otra forma de decir esto es que A = B, donde el equivalente político de la voluntad mayoritaria contenida en A, se expresa a través de sus representantes electos B.
A partir de aquí, al ser ungidos en representación del "pueblo", los A se desentienden por completo de la función pública para dedicar todo su tiempo a los asuntos privados, delegando todo el quehacer público en los representantes B, que así pasan más o menos arbitrariamente a gobernar o dirigir el aparato estatal, donde la relación entre los altos cargos y los asalariados de este sector de la vida social: los empleados públicos, reproduce la misma estructura jerárquica de mando y control discrecional en sentido único y vertical, de arriba hacia abajo, que en las empresas capitalistas privadas.
Ahora bien, cuando los burócratas B pasan a jercer formalmente la representación política de los intereses generales en el ámbito estatal o público, aunque no sean capitalistas ellos no dejan de ser por eso almas propietarias "almas propietarias". En este sentido, incluso un asalariado es tan "alma propietaria" como su patrón. Que uno disponga de su capacidad de trabajo y el otro de un montón de cosas más no hace a la cuestión en este caso. Por lo tanto, los burócratas B, como cualquier alma propietaria, tienden naturalmente a convertir la finalidad de su quehacer en patrimonio propio. Pero dado que en esta sociedad capitalista, los intereses generales están en función de los paticulares que constituyen su finalidad, los burócratas B -que no pueden sustraerse o resistirse a esta determinación fundamental de la sociedad en que viven- serán proclives, naturalmente, a convertir su función pública, su teórica o formal representación de los intereses generales, un asunto prácticamente privado."Todos estamos para ganar dinero", reza la máxima extendida en esta sociedad. Esto, como es lógico, resulta más valido aún para los burócratas B que, al mismo tiempo, son ellos mismos patrones capitalistas (lo que Gramsci llamaba "intelectual orgánico de la burguesía") como fue el caso del Sr. Bush (padre), un empresario de la industria petrolera, o actualmente lo es, por ejemplo, Jordi Pujol en su doble función de banquero y alto funcionario del Estado español, casos que se reproducen por millones en el mundo, si bien constituyen una ínfima minoría social relativa.
Finalmente, ocurre que la acción política de gobernar no sólo tiene el cometido político general de salvaguardar el orden de relación entre las "almas propietarias" -incluidos los asalariados. También inciden en esa acción política pública la interacción de los intereses particulares que se dirimen en la sociedad civil, donde cada sector de la clase capitalista -sean grupos empresariales o simples individuos- tratan de hacer prevalecer al interior del Estado los suyos propios. Es que, de las instituciones estatales, emanan las leyes de contenido económico y social, así como la política monetaria, fiscal, aduanera, presupuestaria, etc., etc., que según su orientación afectan de diversa manera al interés particular, a los patrimonios de las distintas "almas propietarias" que compiten en la sociedad civil.
De toda esa compleja realidad resulta inevitable que la lucha interburguesa en el ámbito o esfera de la sociedad civil se traslade al interior de las instituciones de cada Estado capitalista, donde cada grupo social propietario trata de canalizar el mayor volúmen posible del gasto público hacia la compra de sus propios productos y servicios, al tiempo de que prevalezca una política estatal favorable a sus intereses específicos. Esto implica al cargo político electo B, lo vincula con la sociedad civil, con los intereses particulares que se dirimen allí. El alto funcionario público electo es, pues, el vínculo entre la sociedad civil y el Estado, entre los distintos intereses particulares de cada sector de la burguesía -que el burócrata alterna en hacer hace suyos propios según la magnitud del soborno o los intereses que representa y usufructúa en la sociedad civil- y los intereses generales de la burguesía en su conjunto como clase dominante bajo el capitaslismo.
Este vínculo, en tanto que formalmente político general aunque de contenido esencialmente económico y mercantil particular, convierte al burócrata estatal en un ser contradictorio. Como funcionario público, el burócrata estatal electo representa formalmente los intereses generales de sus electores y de la sociedad en su conjunto frente a los intereses particulares de cada "alma propietaria" actuante en la sociedad civil. Pero en tanto y cuanto el contenido esencial de lo que el burócrata trata formalmente es de carácter económico-mercantil y, por tanto, particular y privado, tiende realmente a convertir su función pública en cosa de su propiedad particular y, por tanto, negociable, enajenable, objeto de contraprestación mercantil. Aunque debe ser fiel servidor de cada burgués particular que tiene necesidad de relacionarse con el Estado como "ciudadano", el burócrata tiende a utilizar el monopolio político de su representación o función pública, para sacar provecho personal de la relación entre determinados individuos o grupos empresariales y el Estado. Esta tendencia del burócrata estatal a hacer del Estado capitalista cosa propia en virtud del cargo que eventualmente desempeña en él, convierte su funcionalidad en mercancía y a los "ciudadanos" que debe servir, en clientes suyos.
Formas típicas de clientelismo político con fines económicos privados en el ámbito estatal, son las conocidas figuras del soborno y la prevaricación, la una necesariamente vinculada íntimamente con la otra, como la oferta con la demanda y la compra con la venta. Dentro de ellas, la forma de cohecho más espectacular es, sin duda, la cada vez más difundida financiación de los partidos políticos por grandes empresas privadas, donde las líneas que marcan la separación funcional entre la sociedad civil burguesa y su Estado, se desdibujan hasta desaparecer. De hecho, es norma que en los comicios triunfen las formaciones políticas que más dinero dedican a financiar sus campañas electorales. Esto, que en Eruropa se hace clandestinamente porque todavía está prohibido, en EE.UU. viene sucediendo a la luz del día desde que, en 1976, el Tribunal Supremo de ese país sentenció que el dinero invertido en apoyar a un candidato político es una forma de libertad de expresión protegida por la Constitución. de En 1994, el por entonces senador demócrata George Mitchell presentó un proyecto de ley que intentaba corregir esta sentencia. El 30 de setiembre de ese mismo año, notoriamente desmoralizado ante el rechazo de su ingenua pretensión, Mitchell declaró de modo conceptualmente insuperable:
<<El dinero domina el sistema, el dinero invade el sistema, el dinero es el sistema>>. "El País" 29/09/94. Subrrayado nuestro).
En síntesis:
se infiere que la democracia formal es una proyección política del mercado capitalista al interior del Estado, de lo que resulta imposible evitar que "movidas" como el uso de piensos cárnicos para animales de consumo humano o el uranio empobrecido incorporado a la munción de guerra, ocurran con todas sus consecuencias potencialmente mortales para millones de personas, del mismo modo que la anarquía de la producción no puede evitar el despilfarro de riqueza, las crisis periódicas y las guerras. En momentos como éstos, recursos tan ponderados por los circulos intelectuales allegados al poder burgués, como el control de la vida civil a través de los tribunales de justicia o el "control político del poder ejecutivo" a instancias de sus correspondientes "comisiones de investigación con sede parlamentaria", revelan no ser otra cosa que ficciones jurídicas y políticas que muy lejos de evitar que las cosas sucedan, suponen la absoluta inevitabilidad de que ocurran. Prueba de ello es que intervienen siempre "post factum", para esclarecer y castigar lo que está en lña naturaleza de las cosas que deba ocurrir. Actúan como los precios del mercado, que se forman a instancias de la oferta y la demanda una vez producidos los valores, para penalizar sólo a algunos por el despilfarro de todos: a los que el mercado condena y castiga con por haber fabricado mercancías a los mayores precios relativos, con lo que así se quedan sin vender o venden por debajo de sus propios costes, lo cual les pone bajo la amenaza de quiebra.
Se trata de mecanismos cuya existencia revela que la corrupción generalizada es un dato de la realidad capitalista, pero que al penalizar conductas individuales, están previstos para dar la sensación contraria, esto es: que la podredumbre moral no está en el sistema económico y en su correspondiente superestructura política, sino en determinados empresarios ineficientes y/o inescrupulosos y en ciertos funcionarios estatales corruptos de una u otra filiación partidaria eventualmente a cargo de una u otra función pública. pertenecientes a determinados partidos políticos que, de ese modo, son condenados por un tiempo al purgatorio de la oposición, donde a fuer de cumplir la penitencia de representar la conciencia crítica de los que están en el gobierno, procesan su regenración "democratica" para una nueva comunión con el "pueblo" que les ponga nuevamente en trance de ser mayorías para volver a ocupar el aparato de Estado y seguir haciendo de la cosa pública algo privado. Y así "ad nauseaum". Esto es lo que actualmente está sucediendo con el PSOE en el Estado español. Así se escribe la historia de la sagrada familia oligárquico-partidaria que alterna en el gobierno de los Estados capitalistas según los dictados de la ley del valor y su mecanismo mercantil y dinerario.
http://www.nodo50.org/gpm
apartado de correos 20027 Madrid 28080
e-mail: gpm@nodo50.org