Lucha contra la corrupción:
Control democrático formal Vs. Control democrático real

Se exalta el criterio del "presupuesto participativo" de la ciudad de Porto Alegre cuyo gobierno salió electo por el Partido de los trabajadores, una formación política populista a nivel nacional. Se valora hasta la exaltación el hecho de que en aquel municipio, los ciudadanos intervienen en la elaboración del presupuesto a través de comités elegidos democráticamente en cada barrio, para determinar "soberanamente" en qué sector de la vida social debe gastarse el dinero presupuestado para el financiamiento comunal, y que estos comités supervisan todo el proceso de contratación con las empresas privadas encargadas de llevar a cabo las obras.

Nosotros decimos que de poco valen estas experiencias democrático-formales a nivel de la comunidad política, cuando esta democracia se detiene en los umbrales de la sociedad civil burguesa, ante la puerta de entrada a las empresas, donde prevalece la decisión discrecional de una minoría social presuntamente dueña legítima (4) de las fuentes de trabajo que, so pretexto de la sacrosanta propiedad privada, niega despóticamente el derecho a que los verdaderos productores directos de la riqueza material y los valores económicos podamos disponer sobre ella, al menos rompiendo con el secreto comercial de esa minoría social burguesa tolerado por todos los Estados del mundo.

Sólo la superchería y el prejuicio fundado en la costumbre y en el recurso de última instancia a la fuerza del Estado, pueden juzgar ilegítimo que los asalariados de Porto Alegre y demás ciudades del mundo, debamos tener acceso a la doble contabilidad de las empresas en que trabajan, al menos para determinar su base imponible. Porque el fraude se hace con la ganancia capitalista, esto es, con el producto de nuestro trabajo, y porque los asalariados somos el único sector de la sociedad que no puede defraudar al fisco. ¿Qué derecho más categórico de los asalariados, pues, a conocer por ellos mismos el valor exacto de la ganancia bruta de sus patrones, para determinar, también exactamente, lo que a estos señores les corresponde aportar a la comunidad política en concepto de impuesto a las sociedades?. Sólo así es posible, también, saber de qué magnitud es el valor que los patrones sustraen de esa ganancia en concepto de fondo personal para su consumo, el de ellos y sus familias, de donde surge el montante de su obligación fiscal en concepto de impuesto a la renta de las personas físicas. Si se trata, en verdad, de acabar con la corrupción, pues, hay que ir a su raíz, a la sociedad civil. ¿Qué mejor y más firme garantía, además, que el control obrero en la tarea de impedir la vista gorda del Estado en estas cuestiones, y, eventualmente el consuetudinario cohecho en soledad entre los inspectores de la hacienda estatal burguesa y los patrones? ¿Qué modo más eficaz y barato, en fin, de acaudalar las fuentes de financiación de los presupuestos públicos, evitando subsidiariamente el recurso al aumento de la presión fiscal sobre los propios asalariados por "falta de recursos"?

Con el monto del fraude, determinadas empresas capitalistas pequeñas y medias van después a los concursos de obras para sobornar a los funcionarios encargados de asignar los distintos proyectos y aquí se cierra el círculo de la corrupción comunal. Este otro cohecho se realiza entre los pequeños y medianos patrones afiliados a los partidos políticos que alternan en el gobierno de cada comuna, y los dirigentes electos de esos partidos que pasan a encargarse de la gestión en cada una de la áreas de intervención. En este punto, hay que tener presente que el capitalismo lo mercantiliza todo. En este sistema de vida, hasta la conciencia y el honor son objetos de propiedad privada y, por tanto, también se cambian por dinero, se degradan a la condicion de mercancías. Los cargos públicos tanbien. Marx decía, con razón, que el burócrata estatal tiende a convertir su función publica en cosa privada que se cambia por dinero: la coima. Tampoco hay que olvidar que la corrupción no sólo es consustancial al sistema capitalista por el carácter mercantil de sus funcionarios públicos, sino por el hecho de que, a instancias de la justicia -que sólo penaliza conductas individuales- quedan intangibles las instituciones y el mito del Estado como representante de los "intereses generales" de la sociedad. De este modo, la corrupción política engrana perfectamente con la "alternancia" de los distintos partidos burgueses, siempre los mismos, a cargo de los sucesivos gobiernos del Estado, mediante ese lubricante de primera calidad que es la liturgia de las elecciones períodicas.

Para impedir que el fraude fiscal se combine con la corrupción política, no basta, pues, con que las comisiones de vecinos sean democráticamente elegidas para limitarse a la tarea -supuestamente incorruptible- de supervisar los concursos para la adjudicación de obras y resolver en qué sector de la vida ciudadana se gastan los recursos asignados a ellas, como dicen los propagandistas del movimiento antiglobalización que pasa en Porto Alegre. No. Como venimos diciendo, dado que los asalariados conformamos la mayoría absoluta entre la población activa de la sociedad y, con nuestras familias, entre la población total; y que, además, somos la única clase social cuyos intergrantes no podemos defraudar al fisco -porque el dinero que se nos impone pagar en concepto del IRPF viene deducido en nuestra nómina- ni menos aun protagonizar actos de corrupción política con el destino de los fondos públicos, somos nosotros a quienes nos asiste la indiscutible autoridad moral y política de asumir la responsabilidad colectiva de fiscalizar, tanto la gestión de las empresas en que prestamos servicios, como la que concierne al gasto presupuestario de la comunidad en que vivimos. No al Estado de los capitalistas. Y por esto debemos luchar.

En este sentido:

  1. En nuestro carácter de ciudadanos con pleno derecho revolucionario, somos los asalariados quienes debemos fiscalizar las empresas capitalistas radicadas en cada municipio, controlando las cuentas de nuestros patrones para determinar el montante de la imposición fiscal con la que les corresponde cumplir;
  2. En su carácter representativo de miembros de las distintas comisiones internas democráticamente elegidos por sus compañeros en cada lugar de trabajo, los asalariados también debemos designar una comisión vecinal que deberá regimentar la gestión de nuestos propios comisionados públicos, sometiéndoles al control de las Asambleas Generales de cada población local, que deberá actuar en sesión permanente, y ante la que esos comisionados rendirán cuentas toda vez que se lo solicite, pudiendo ser revocados de su cargo en cualquier momento.
  3. Estas comisiones vecinales deberán estar facultadas para ejercer irrenunciablemente la supervisión rigurosa de todos los concursos públicos de adjudicación de obras.

He aquí el principio revolucionario de la lógica objetiva que informa el necesario proceso en que la sociedad civil acaba fundiéndose con el Estado o, por mejor decir, que el Estado desaparece realmente en la sociedad civil. Esto sólo puede ser obra de los trabajadores libres asociados, no de flamantes burócratas de partidos burgueses como el PT, presuntamente "honestos".

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  1. En la sección séptima, capítulo XXI de "El Capital", Marx demostró que el proceso de acumulación convierte la propiedad de los burgueses y a los burgueses mismos en una ficción jurídica "ad nauseaum", cuanto menor es el capital originario - producto de su trabajo personal, de una herencia o de cualquier otra procedencia- con que cada cual empieza el proceso de su enriquecimiento personal explotando trabajo ajeno. En efecto, cuanto menor es la masa de valor que invierte al iniciar su negocio, menor es el tiempo en el que este capital desaparece, porque se consume, sin dejar, por tanto, huella de su propiedad, y, con él de la propiedad sobre las sucesivas masas de capital adicional acumulado a partir de entonces, en que "su" propiedad, es puro trabajo impago (Ver "Anexo" al final del documento) volver

abril 2002