Perspectiva de la lucha de clases en Argentina
En síntesis, que, dado el carácter social de las ultimas movilizaciones en Argentina, no se puede decir, todavía, que este país haya desembocado en una situación revolucionaria y, sin duda, tiene sus límites férreamente predeterminados. Desde luego que la crisis económica y social viene empujando hacia allí desde hace más de tres años. Y dada la extrema dificultad de la burguesía internacional para resolver el problema de la deuda argentina ante las graves consecuencias de la obligada devaluación del peso, es muy probable que los acontecimientos políticos precipiten en esa dirección. Pero en el horizonte inmediato de la lucha de clases en Argentina hay que descartar semejante posibilidad.
Ahora bien, dado el subdesarrollo relativo de Argentina, el tipo de cambio fijo desde hace diez años no ha dejado otra opción que convertir la explotación del trabajo social en la única variable de ajuste para intentar mantener la productividad laboral relativa en condiciones de soportar la paridad de la moneda nacional con el dólar. Esto, como era previsible, no se ha podido conseguir y, en buena parte, el Estado burgués argentino ha debido echar mano de los empréstitos internacionales, hasta que la tasa de ahorro/préstamo ha descendido al extremo de dejar al país en situación de práctica bancarrota. Y esto, dada la tendencia histórica a la cada vez mayor centralización de los capitales determinada por la ley del valor en la etapa actual de la acumulación, desde el punto de vista burgués tiene una sola salida: combinar una presión todavía mayor sobre las ya deprimidas condiciones de vida y de trabajo de los asalariados activos, con un avance más acelerado aun hacia la proletarización de las llamadas clases medias que, sin embargo, en esta etapa de la acumulación no será irreversible.
La contrapartida social de esto que la ley general de la acumulación capitalista exige a la burguesía internacional que cumpla en Argentina hoy día, es la revolución social, esto es, que el proletariado argentino rompa el espinazo de esa ley procediendo a ilegalizar la propiedad privada sobre los medios de producción acabando con toda esta mierda. Pero, a diferencia de las leyes de la naturaleza, que la ley general de la acumulación capitalista se cumpla resolviéndose políticamente en un sentido o en otro, no es algo que depende de la ley económica misma sino de la correlación de fuerzas políticas en cada momento de la lucha de clases. De ahí que esta ley opere históricamente y, en última instancia se imponga necesariamente según la racionalidad revolucionaria, bajo la forma de tendencia, donde, la dificultad está en el retraso de la conciencia política de los explotados respecto de los cambios operados por esa ley en la base económica del sistema. Así, desde 1955, hasta hoy, todas las vicisitudes políticas y el consecuente sufrimiento humano sin sentido ninguno en la sociedad argentina, en parte se explican por este atávico retraso ideológico y resistencia política de las masas explotadas en ese país, a proceder según los cambios que esa ley ha operado en la base economíca del sistema, en parte por el oportunismo de quienes, en nombre del marxismo, se han venido sometiendo en diverso grado y manera a ese retraso político, negándose a cumplir la función propia de toda vanguardia revolucionaria: dotarse de la racionalidad revolucionaria para educar políticamente a los explotados, ayudándoles a superar su atavismo ideólogico al nacionalismo burgués que les impide actuar según lo exigen las contradicciones del sistema en la actual etapa del proceso de acumulación del capital, esto es, según sus intereses revolucionarios de clase.
Una vez que la respuesta de la pequeñoburguesía ante la crisis se llevó por delante al gobierno electo de De la Rúa, la patata caliente pasó a manos del peronismo. Después, lo que explica el cambio político-institucional entre Rodriguez Saa y Duhalde, es que éste último, de momento, parece contar con el apoyo de la burocracia sindical que sigue controlando al movimiento de los asalariados. Alfredo Atanasof, un sindicalista peronista vinculado a los llamados "gordos" -el sector más amarillo de la Confederación General del Trabajo (CGT)- ha pasado a ocupar el Ministerio de Trabajo. En este hecho está el límite de la actual correlación política de fuerzas entre burguesía y proletariado que corta el paso a una situación revolucionaria. En efecto, como hemos dicho más arriba, salvo el sector de los empleados públicos en determinadas provincias, la clase obrera como "instinto de clase relativamente autónomo", hasta el momento no ha hecho aparición en la escena política de Argentina.
Además, el gobierno Duhalde también parece contar con el apoyo explícito de buena parte de la burguesía ligada al mercado interno nucleada en torno a la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), representadas en el nuevo gobierno por José Ignacio de Mendiguren, nombrado hace pocos días ministro de la nueva cartera de "Producción".
Tal es la base social policlasista neopopulista sobre la que el gobierno de Duhalde proyecta forjar la "alianza de la comunidad productiva" contra la "alianza entre el poder político y el poder financiero" que, según, él caracterizó a los gobiernos que le precedieron en el proceso de transición a la "nueva" democracia, y en esto no se equivoca. Así las cosas, de momento la mafia de Duhalde parece tener "todo atado y bien atado", por lo que cabe pensar que la estabilidad del sistema no puede en modo alguno peligrar por el lado de la iracundia social derivada de la confiscación de los ahorros que afecta a la clase media baja y alta, sino al contrario. En primer lugar, porque en las presentes circunstancias esa medida es el único modo de evitar la quiebra financiera del país y, ante semejante perspectiva, el resto de la burguesía está como una piña; en segundo lugar, porque la pequeñoburguesía tampoco sería capaz de llegar a ese extremo político.
Y el caso es que, dados los límites que la propia ley del valor impone a la explotación del trabajo asalariado, los márgenes de actuación para dar más vueltas de tuerca sobre las condiciones de vida y de trabajo de los empleados son ya muy pequeños, de modo que ha sido necesario acelerar el cumplimiento prematuro de la doble tendencia histórica prevista por la ley general de la acumulación capitalista hacia el aumento de la lumpenización entre los desocupados y la proletarización de las clases medias. Esta realidad económica y social es la que ha saltado al terreno político durante los últimos acontecimientos. Según la consultora "Equis", los 5,4 millones de habitantes que integran el 14,8% más pobre del país, disponen de un ingreso diario per cápita de 3,2 dólares. La información disponible muestra un marcado deterioro salarial de los trabajadores y empleados en general y de los más vulnerables en particular, que tiende a concentrase explosivamente en el cono urbano de la Capital Federal. Por ejemplo, en el índice de desocupación del 13,1% para todo el país correspondiente al año 1994, estaba comprendido el 19% de la población del Gran Buenos Aires. En octubre de 2000, ese índice de desempleo nacional había pasado al 14,7% y, en él estaba comprendido el 28,9% de la población bonaerense. Por su parte, los indigentes habían aumentado en 736.946, llegando a un total de 1,5 millones. En el otro extremo de la escala social, el 6,5% más opulento dispone de un ingreso anual per cápita de 34.878 dólares, es decir, 95,6 dólares diarios. En cuanto a la clase intermedia, en los dos años de gobierno de Fernando de La Rúa se incorporaron a la pobreza 1.068.720 habitantes procedentes de la baja clase media regional, lo que da un total de 4,3 millones de pobres.
Pero la profundidad de la crisis es tal, que el gobierno se ha visto obligado a tocar poderosos intereses conjuntados del sector terrateniente, la banca extranjera, la burguesía importadora, las industrias multinacionales, las empresas privatizadas de servicios y las grandes superficies comerciales, que ya han amenazado con la suspensión de inversiones y el despido de personal.
Y esta amenaza no es gratuita. Es que la política "antiimperialista" del gobierno presenta dificultades técnicas de imprevisibles consecuencias sociales y políticas. Por ejemplo, en el artículo 6 de la Ley 25561 de "Emergencia pública" http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Ley&nro=25561, el gobierno argentino ha dispuesto que los préstamos de menor cuantía a 100.000 dólares (esto afecta al 92% de los deudores crediticios del país) se conviertan en pesos al cambio oficial de 1 peso por dólar y a la misma tasa de interés pactada. Con esta medida se trata de evitar la fuga de capitales, esto es, que el valor económico representado por esas deudas amortizadas a sus acreedores en dólares, al ser reconvertidos a pesos permanezca en el sistema financiero argentino. Los bancos prevén que esto provocará una pérdida en sus balances equivalente a la devaluación que, en conjunto, estiman que alcanzarán los 15.000 millones de dólares (el Banco Central Argentino (BCA) rebajó esta cifra a 6.000 millones). Para compensarles, el mismo artículo de la Ley establece medidas compensatorias mediante la emisión de títulos del gobierno en moneda extranjera garantizados durante cinco años por un impuesto a la exportación de hidrocarburos en torno al 25%. Al precio actual de 21 dólares por barril, el monto que el gobierno espera recaudar con este impuesto es de 1.200 millones de dólares. Según fuentes españolas de "Repsol-YPF", dada la situación de precios a la baja que vive el sector petrolífero, este lucro cesante por el importe de la exacción impositiva provocará el cierre de pozos y pérdida de puestos de trabajo en zonas que requieren fuerte inversión para que sean productivas, como los de las provincias australes de Santa Cruz, Río Negro y Chubut.
En cuanto a las deudas crediticias por un importe mayor a los 100.000 dólares contraídas con anterioridad a la entrada en vigencia del decreto 1570 de "emergencia nacional", la normativa dispone que a partir de ahora deberán pagarse en pesos al tipo de cambio que fija el mercado libre (se prevé que será de 2 pesos por dólar). Así las cosas, consideremos el ejemplo de una empresa que antes del decreto de "emergencia" venía pagando un crédito de 300.000 dólares con una cuota mensual de amortización de 5.000 dólares, que antes eran 5.000 pesos y ahora se convertirán en 10.000. ¿Podrá esta empresa seguir saldando la deuda que contrajo para ampliar la escala de su producción, dejando intangibles las condiciones de vida y de trabajo de sus empleados, sin que el monto de la deuda pendiente acrecentado por la devaluación devore sus ganancias hasta el punto de que el negocio pierda todo sentido económico?
Como podrá apreciar, señor Gilman, están dadas, todas las condiciones para que el curso de la lucha de clases en Argentina discurra nuevamente según dos alternativas. La primera, que la actual desviación neopopulista desemboque en otro equilibrio político más o menos cruento que reconduzca el proceso económico según lo exige la ley general de la acumulación capitalista, tal como ha ocurrido ya en 1955, 1962, 1966 y 1976. La segunda, que los revolucionarios consigamos por fin neutralizar a los oportunistas y contribuir, sin obstáculos, a que los asalariados argentinos comprendan que es cada vez más necesario y posible vivir dignamente y mucho mejor sin patrones capitalistas, para que decidan sacudirse la ideología nacionalista burguesa; que descubran la fuerza irresistible de su unidad con los asalariados de otros países -por ejemplo, en lo inmediato, los de la zona del Mercosur- y que corten el cordón político umbilical que todavía les une a los pequeños y medianos explotadores de trabajo ajeno; en fin, que se orienten por primera vez en la historia del movimiento político proletario de este país, hacia la formación de su partido internacional independiente que arrastre tras sus objetivos socialistas a los pequeños propietarios capitalistas, resolviendo así la tendencia de la ley general de la acumulación capitalista en sentido revolucionario. De ahí la perentoria y decisiva importancia de la lucha teórica y política contra el reformismo nacionalista pequeño burgués como presunta vía al socialismo.
Un saludo.
enero 2002
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