Reforma de las Pensiones en España

Durante las huelgas el Estado impone por la fuerza el derecho al trabajo que asiste a los asalariados no dispuestos a secundarlas. El mismo derecho que los patronos violan impunemente creando paro masivo al cobijo de leyes votadas por los partidos políticos, que les garantizan el despido barato y el trabajo temporal con el beneplácito de los grandes sindicatos estatizados.
Los asalariados parece que sobran, cuando la ganancia que sus patronos les pueden sustraer, no alcanza a compensar el dinero que, para ello, deben invertir. En tales circunstancias, nada ni nadie les impide desviar ese capital hacia los mercados especulativos, dejando a millones de familias en la miseria del paro y el trabajo precario, de modo que cuanto más corta y peor remunerada sea su vida laboral, menor será su aporte al fondo común previsional y más irrisoria la cuantía de sus futuras pensiones.
Quienes sobran, pues, son los patronos como clase social, y el sistema de vida capitalista ya caduco. GPM.

1. Los antecedentes

LA PRIMERA reforma de las pensiones del postfranquismo, se hizo bajo la Presidencia del “socialista” Felipe González Márquez —amigo íntimo del multimillonario mexicano Carlos Slim—, con Joaquín Almunia como Ministro de trabajo y Miguel Boyer al frente de la cartera de economía. Ocurrió en 1985, cuando el período mínimo de cotización o tiempo trabajado para poder jubilarse, fue incrementado de diez a quince años, y la base reguladora para el cómputo de la pensión, pasó desde los dos últimos años cotizados —vigente antes de esa reforma— hasta los ocho previos a la jubilación. Es decir que, a partir de entonces, se exigió trabajar un mayor número de años, para cobrar una menor cuantía de jubilación que antes de la reforma. Ese primer recorte de las pensiones fue respondido con una huelga general convocada por CC.OO., que fracasó porque el sindicato “socialista” UGT la boicoteó.

A pesar de que estas medidas supusieron un notable refuerzo del fondo de pensiones, a expensas naturalmente de asalariados en activo y jubilados, en los años siguientes el número de pensiones y la cuantía de la pensión media continuaron subiendo. Entre 1980 y 1995, el gasto en pensiones contributivas pasó del 5,6% del PIB, al 8,4%; y la relación entre afiliados cotizantes al fondo de pensiones y pensionistas beneficiarios de ese fondo, disminuyó desde 2,7% hasta 2,1%. O sea, que en progresión, aumentaron históricamente más los pensionistas que los cotizantes al fondo de pensiones. ¿Por qué? porque disminuyó la vida laboral de los asalariados en edad de trabajar. La sinrazón estructural o sistémica de este fenómeno, la explicaremos en el siguiente apartado del presente trabajo.

LA SEGUNDA reforma tuvo por antecedente la aprobación por el Pleno del Congreso, el 15 de febrero de 1994, de una proposición para crear una Ponencia en la Comisión de Presupuestos, con el fin de elaborar un informe acerca del problema planteado por ese incremento de la relación entre pensionistas y población activa, que minaba los pilares del sistema jubilatorio. Este Informe, conocido como Pacto de Toledo, analizó tanto los antecedentes del sistema de Seguridad Social, como los factores que podían malograr su continuidad, para lo cual propuso quince recomendaciones, que fue la base del acuerdo al que se llegó el 9 de octubre de 1996, entre el Estado y los dos sindicatos mayoritarios, denominado Acuerdo sobre Consolidación y Racionalización del Sistema de la Seguridad Social.

Este acuerdo fue, posteriormente integrado en una Ley aprobada por el Congreso el 15 de julio de 1997, según la cual, el período de cotización al fondo de pensiones para poder cobrar una jubilación, se mantuvo en los mismos quince años de la última reforma. Pero se incrementó de 8 a 15, el número de años aplicados al cálculo de la base reguladora de la pensión. Así fue cómo involucionó el llamado Estado de bienestar en materia de pensiones solo doce años después de la primera reforma. También se decidió desincentivar las jubilaciones voluntarias.

Con posterioridad, el 9 de abril de 2001 —esta vez en ausencia de la “socialdemócrata” Unión General de Trabajadores—, el Gobierno del Partido Popular, la Confederación de Comisiones Obreras, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, firmaron un Acuerdo para la “Mejora y el Desarrollo del Sistema de Protección Social” (Sic), que se concretó en la aprobación de la ley 35/2002, de 12 de julio, por la que, entre otras modificaciones, se incentivó la jubilación más allá de los 65 años y se permitió la jubilación anticipada, pero solo a partir de los sesenta y un años y para los trabajadores que se hubieran afiliado a la Seguridad Social con posterioridad al 1º de enero de 1967, siempre que acreditaran 30 años de aporte al Fondo de Pensiones. Otro ataque al artículo 50 de la Constitución, donde se garantiza el derecho a “la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad”.

En 2008, el Congreso dio inicio a una nueva “evaluación” de las recomendaciones del Pacto de Toledo. Fue el resultado de la brusca reducción de la tasa de natalidad y el progresivo aumento de la esperanza de vida al nacer, “que están transformando la estructura de la pirámide poblacional española, en la que adquiere importancia el colectivo de más de 65 años”. Según esta nueva evaluación, de cara al futuro el mantenimiento en lo esencial de estas características demográficas determinará modificaciones sustanciales de la estructura de la población.

A diferencia de las anteriores, las últimas proyecciones demográficas de Eurostat (Estadisticas oficiales de la U.E.), previeron que durante el período 2008-2060 se registraría en España un aumento demográfico cercano al 15%, lo cual supondría un crecimiento poblacional de unos 6,5 millones de personas respecto del incremento medio para el conjunto de la Unión Europea. Dicho resultado se produciría como consecuencia de la intensidad de los flujos netos de entrada de inmigrantes, que aportarían algo más de 11 millones de personas en términos acumulados hasta el final del período de proyecciones. La intensidad de estos flujos migratorios constituye la diferencia principal respecto a anteriores proyecciones, que preveían caídas de la población a lo largo del período analizado.

Sin embargo, pese al fenómeno migratorio desde los países económicamente dependientes por el efecto llamada de los países más desarrollados, las proyecciones de Eurostat ponen de manifiesto un acusado proceso de envejecimiento poblacional, que produciría una elevación de la población mayor de 65 años sobre la población en edad de trabajar de casi 35 puntos, hasta llegar en España al 59,1% en 2060; casi 8 puntos por encima de la media de los 15 países más importantes de la UE en dicho año. Este aumento de la tasa de dependencia se atribuyó a una baja tasa de natalidad (1,39 hijos por mujer) y al progresivo aumento de la esperanza media de vida en 7,5 años para los hombres y 5,7 años para las mujeres.

Dichas previsiones del Pacto de Toledo, bajo la tremenda presión de la presente crisis de superproducción del capital global, precipitaron LA TERCERA reforma de las pensiones, en perjuicio de los futuros pensionistas, verdadero golpe mortal contra el llamado Estado de bienestar, del que tanto había venido presumiendo la burguesía internacional. Como justificación, se alega, por un lado, el descenso de la tasa de natalidad que determina un menor crecimiento de la población asalariada en condiciones de trabajar; por otro lado, la más larga esperanza de vida de los mayores de 65 años, como resultado del desarrollo de la fuerza productiva del trabajo aplicada a las ramas de la alimentación, la medicina, la cirugía y la industria de los medicamentos, que presagia una mayor perspectiva de crecimiento de la población jubilada. Y como resultado de todo ello, la insostenibilidad del sistema de pensiones.

Está claro que ante cada paso adelante que da el progreso material de la sociedad, contradictoriamente las condiciones de vida de los asalariados activos se deterioran relativamente y el sistema público de pensiones retrocede con clara tendencia a desaparecer. Pero empresarios, políticos institucionalizados y periodistas venales, mienten al explicar este fenómeno igual que hacen con todo lo demás. Como si el capitalismo no tuviera nada que ver con los grandes males de la organización social del trabajo basada en sus propias leyes de funcionamiento.

2. Ley General de la Acumulación Capitalista

¿Por qué causa —y a pesar de todas estas reformas— los pensionistas siguieron aumentando progresivamente más que los asalariados en activo cotizantes al fondo de pensiones? El Estado español contesta a esta pregunta, diciéndonos malévolamente que es porque los asalariados no aportamos a la sociedad prole suficiente. Si así fuera, el número de los asalariados sin trabajo en condiciones de trabajar sería todavía mayor y las cotizaciones habrían disminuido todavía más, porque cuanto más progresa el desarrollo tecnológico incorporado a los medios de trabajo, menor es el número de empleados necesario para poner en movimiento más medios de producción por unidad de tiempo, a consecuencia de lo cual más sube el paro y el trabajo precario; por tanto, mayor es la presión de los parados sobre los empleados, para que trabajen más intensamente por menos salario, aumentando los accidentes de trabajo al tiempo que aportan menos al fondo de pensiones, como resultado de lo cual disminuye la pensión o salario diferido de los futuros jubilados.

Como ya hemos insistido en decir y ésta es la enésima vez —porque tal parece que nunca será suficiente— el capitalismo consiste, esencialmente, en que los patronos puedan emplear la mayor cantidad posible de tiempo de trabajo asalariado, pagando solo la parte de la jornada diaria en que sus empleados producen el equivalente a sus medios de vida, para que durante lo que resta produzcan plusvalor gratis que ellos se apropian a los fines de acumular capital. El patrón contrata al asalariado por el valor producido, digamos que en cuatro horas, pero le hace trabajar por ocho o por diez, de lo contrario el capitalismo sería inviable. En la forma que adopta el contrato laboral, solo figura lo que el asalariado acuerda cobrar a cambio de su trabajo durante cada jornada. No dice nada acerca de lo que el salario supone en términos de tiempo trabajado; como si ese tiempo fuera el de la jornada entera:

<<La forma del salario, pues, borra toda huella de la división de la jornada de trabajo entre trabajo necesario y plustrabajo, entre trabajo pagado y trabajo no retribuido. Aquí, todo el tra¬bajo aparece como si fuese trabajo retribuido. En la prestación personal servil (propio de la sociedad feudal), el trabajo que el siervo realizaba para sí, y el trabajo forzado que rendía para su señor, propietario del suelo, se distinguían, tanto en el tiempo como en el espacio de un modo tangible. En el trabajo de los esclavos, incluso la parte de la jornada en que el esclavo no hacía más que reponer el valor de lo que consumía para vivir y en que, por tanto, trabajaba para sí, se presentaba exteriormente como trabajo realizado para su amo. Todo el trabajo del esclavo parecía trabajo no retribuido. Con el trabajo asalariado sucede lo contrario: aquí, incluso el trabajo excedente o trabajo no retribuido parece pagado. Allí, el régimen de propiedad (absoluta del amo sobre el esclavo) ocultaba el tiempo que el esclavo trabajaba para sí mismo (de lo contrario su trabajo sería imposible); aquí, el régimen del dinero esconde el tiempo que el asalariado trabaja gratis para su patrón>>. (K. Marx: “El Capital” Libro I Cap. XVII. Lo entre paréntesis nuestro)

a) La acumulación basada en la expansión del trabajo asalariado.

En los albores del sistema de explotación capitalista, la burguesía incipiente —todavía bajo el dominio de la nobleza en la sociedad feudal— estaba en la tarea de convertir a los artesanos y campesinos parcelarios en asalariados. Durante ese proceso, la acumulación del capital global crecía más en la extensión del trabajo empleado que en la intensidad de su explotación. O sea, que la estructura de la producción capitalista que Marx llamó: composición orgánica del capital, entendida como relación entre la inversión en medios de producción (máquinas-herramientas, materias primas, combustibles y lubricantes) por un lado, y la invertida en fuerza de trabajo (salarios), por otro, se mantenía constante o aumentaba muy lentamente[ [1] ] . Acerca de esto Marx explica:

<<El acrecentamiento del capital implica el incremento de su parte constitutiva variable (salarios), o sea, de la que se convierte en fuerza de trabajo. Una parte del plusvalor transformado en pluscapital (capital acrecentado) tiene que reconvertirse siempre en capital variable o fondo suplementario de trabajo (asalariado; pero, para eso, el personal a contratar. debe estar disponible en el mercado). Si suponemos que, a condiciones en lo demás iguales, la composición del capital se mantiene inalterada, esto es, que para poner en movimiento determinada masa de medios de producción o capital constante se requiere siempre la misma masa de trabajo, es evidente que la demanda de trabajo y el fondo de subsistencia de los obreros crecerán en proporción al capital (acrecentado disponible para inversión), y tanto más rápidamente cuanto más rápidamente crezca éste.>> (K. Marx: "El Capital” Libro I Cap. XXIII.Aptdo.1. Lo entre paréntesis nuestro)

En lo dicho hasta aquí, hemos venido suponiendo que con cada progreso de la acumulación, se mantiene invariable la fuerza productiva del trabajo, es decir, la composición técnica y orgánica del capital, esto es, la relación entre lo que se invierte en medios de producción y lo que se demanda para invertir en mano de obra a fin de poner en movimiento esos medios. Dicho de otro modo, se ha venido suponiendo que el límite de la acumulación ha sido la cantidad de fuerza de trabajo disponible que le suministra el crecimiento natural o vegetativo de la población explotable.

b) la acumulación basada en el progreso técnico.

Según progresa la acumulación, llega un momento en que, a instancias de la competencia intercapitalista, la misma masa de capital acrecentado provoca una revolución técnica y un cambio cualitativo en su composición, de valor, es decir, por cada unidad de capital invertido se destina proporcionalmente más a invertir en medios de producción que en salarios, de modo tal que un cada vez menor número de asalariados mueva más medios de producción por unidad de tiempo empleado.

En esto consiste técnicamente el progreso de la fuerza productiva del trabajo, sin menoscabo del salario real de los empleados ni de sus condiciones de trabajo. El capital deja así de acumularse exclusivamente en extensión (ampliando el número de obreros empleados), para pasar a acumularse también y, sobre todo, en intensidad, o sea, aumentando la productividad de su trabajo. ¿Cómo? Revolucionando incesantemente la técnica incorporada a los medios de trabajo, a fin de que una mayor cantidad de ellos, pueda ser movida por un menor número de operarios, a fin de procesar un mayor volumen y valor en materias primas por unidad de tiempo.[ [2] ]

Pero lo más importante a tener en cuenta para los fines de este escrito, es que el aumento histórico de la productividad del trabajo por el adelanto tecnológico incorporado a los medios de producción, se traduce en que el empleo de asalariados decrece progresivamente respecto de la masa de los medios de producción que ponen en movimiento. Aumenta, por tanto, la composición técnica y orgánica del capital; técnica porque se pasan a emplear máquinas y herramientas que tornan más rápido y eficaz el trabajo; orgánica porque se invierte progresivamente más valor-capital en medios de producción que en salarios.

Por otra parte, dada la jornada colectiva de labor —cuya extensión medida en tiempo de trabajo se obtiene multiplicando su duración (que naturalmente no puede exceder las 24 Hs. del día) por el número de empleados—, lo que la burguesía consigue incrementando la productividad del trabajo, es acortar el tiempo de la jornada en que los asalariados producen por el equivalente a sus medios de vida, con la finalidad de alargar la parte durante la que trabajan gratis para sus respectivos patronos, produciendo así más plusvalor capitalizable. Aumenta la tasa de explotación como relación entre el plusvalor y el salario.

Pero según la jornada colectiva de labor se acorta por efecto de la productividad del trabajo para aumentar el plustrabajo creador de plusvalor durante la parte de la jornada restante, el número de empleados que se necesitan para mover medios de trabajo más eficaces, aumenta, pero necesariamente cada vez menos.

A raíz de este cambio cualitativo en el metabolismo del trabajo que, a instancias del cambio tecnológico realiza el capital con sus asalariados a lo largo del proceso de acumulación, el capital convierte a una parte cada vez mayor de la población asalariada, en aparentemente supernumeraria o sobrante respecto de la masa de capital en funciones. El paro estructural masivo se produce como consecuencia del desarrollo técnico que la burguesía incorpora al mayor volumen y variedad de los medios de producción que cada operario es obligado a poner en movimiento, durante la jornada de labor cuyo tiempo de duración se mantiene constante, de modo que el capital se acumula más rápidamente que la población empleada y ésta aumenta menos que su parte no empleada o explotable. Ergo, el ejército industrial de reserva crece:

<<Esa disminución relativa de su parte constitutiva variable (respecto de su parte constante) acelerada con el crecimiento del capital global y en proporción mayor que el crecimiento de éste (por el propio aumento de la productividad), aparece, por otra parte, a la inversa, como un incremento absoluto de la población obrera (explotable) que siempre es más rápido que el del capital variable (población explotada) o que el de los medios (de producción) que permiten ocupar a aquella. La acumulación capitalista produce de manera constante, antes bien, y precisamente en proporción a su energía y a su volumen, una población obrera relativamente excedentaria, esto es, excesiva, para las necesidades medias de valorización del capital y, por tanto, superflua>>. (K. Marx: Op. Cit Libro I Cap. XXIII. Aptdo. 3. Lo entre paréntesis y el subrayado nuestros)

Pero con la acumulación y el consiguiente desarrollo de la fuerza productiva del trabajo —que se verifica no solo en la producción directa sino en el comercio, los transportes y las telecomunicaciones—, la población supernumeraria es reabsorbida por el proceso mismo de producción de plusvalor, convertida en base social del propio capital en expansión, que se nutre de ese ejército industrial de reserva para los fines de una mayor acumulación del capital en escala ampliada:

<<….no solo porque el crédito, bajo todo tipo de estímulos particulares y en un abrir y cerrar de ojos, pone a disposición de la producción una parte extraordinaria de esa riqueza, en calidad de pluscapital, sino porque las condiciones técnicas del proceso mismo de producción, la maquinaria, los medios de transporte, etc., posibilitan en la mayor escala la más rápida transformación del plusproducto en medios de producción suplementarios. (…) En todos los casos de esta índole es necesario que se puedan volcar súbitamente grandes masas humanas en los puntos decisivos, sin que con ello se rebaje la escala alcanzada por la producción en otras esferas. La sobrepoblación proporciona esas masas.>> (Ibíd Lo subrayado nuestro)

¿Por qué súbitamente? Porque el capitalismo discurre cíclicamente así, de forma periódica espasmódica y violenta, entre inevitables fases interrumpidas de expansión y contracción de la producción, siendo unas el antecedente inmediato y condición de existencia de las otras, de modo tal que la contracción NO puede trocarse en expansión sin contar de antemano —para nutrirse de él—, con el ejército industrial de reserva creado en la fase expansiva, independientemente del crecimiento vegetativo absoluto de la población asalariada, esto es, del aumento o disminución de los nacimientos:

<<La expansión súbita e intermitente de la escala de la producción, es el supuesto de su contracción súbita; esta última, a su vez, provoca la primera, pero la primera es imposible si (al momento de producirse) no existe el material humano disponible, (es decir), si en el número de obreros (desocupados) no se ha producido un aumento, independiente del crecimiento absoluto de la población (explotable)>> (Ibíd. Lo entre paréntesis nuestro)

Así, los efectos que provoca el aumento de la productividad sobre la organización capitalista del trabajo social basada en la producción para la ganancia, no pueden ser otros que la creación de un ejército industrial de reserva permanente, que es parcialmente absorbido durante las fases de recuperación de la tasa de ganancia que suceden a las depresiones causadas por cada crisis de superproducción, pero que fatalmente vuelve a crecer durante la aceleración de la producción típica de las fases de fuerte expansión, provocadas por tasas de ganancia en declive, hasta multiplicarse dramáticamente a partir del estallido de una nueva crisis de superproducción que provoca el paro masivo, agudizando la penuria relativa (disminución de los salarios respecto de la ganancia capitalista) por parte del conjunto de los explotados con empleo respecto de la burguesía, y la miseria absoluta que cunde entre la parte más desfavorecida de la clase asalariada en paro.

Esta forma cíclica periódica en que el movimiento del capital se manifiesta, genera en los agentes burgueses la conciencia de que producir una población explotable excedentaria, es una necesidad vital para el sistema, que siempre debe estar a disposición del capital cuando sea preciso echar mano de ella. De esta verdad la legión de intelectuales más lúcidos y comprometidos con la patronal —que para eso les mantiene—, son plenamente conscientes. Pero rehúsan aludir a ella y desde su particular punto de vista tienen “razón” en todo lo que callan, porque lo contrario sería tanto como hablar de la soga en casa del ahorcado:

<<Hemos visto que el desarrollo del régimen capitalista de producción y de la fuerza productiva del trabajo —causa y efecto a la par de la acumulación— permite al capitalista (colectivo) poner en juego, con el mismo desembolso de capital variable, mayor cantidad de trabajo mediante una mayor explotación, extensiva o intensiva, de las fuerzas de trabajo individuales. Y hemos visto asimismo que, con el mismo capital, compra más fuerza de trabajo, tendiendo progresivamente a sustituir los obreros hábiles por otros menos hábiles, a la mano de obra madura por otra incipiente, a los hombres por mujeres, a los obreros adultos por jóvenes o por niños>>. (Ibíd. Lo entre paréntesis nuestro)

La vinculación de los más poderosos Estados burgueses a la ciencia y a la investigación con fines militares, data de principios del siglo pasado, comenzando en Alemania bajo los auspicios de von Humboldt. Como todo el mundo sabe —y no es necesario abundar en ello— las guerras modernas han servido para poner el desarrollo de esas fuerzas destructivas al servicio de la producción en tiempos de paz. De hecho, Europa Occidental emprendió su reconstrucción amparada bajo el paraguas tecnológico-militar y financiero de los EE.UU. Grandes innovaciones científico-técnicas incorporadas al armamento destruido durante la segunda guerra mundial —como la energía del átomo, la electrónica y la biotecnología—, fueron puestas al servicio de la acumulación del capital a partir de la década de los años cincuenta, dando pábulo, entre otros adelantos, a la semiautomatización mecánica que se generalizó en las grandes empresas capitalistas de producción en masa desde la década de los años sesenta.

Fue ésta la época de las grandes migraciones europeas desde el campo hacia las metrópolis industriales, inducidas por la demanda de trabajo relativamente mejor pagado. Entre 1955 y 1980 más de 10 millones de personas cambiaron su residencia solo en España. Otro tanto sucedió en Italia desde la campiña calabresa del sur hacia el norte industrializado, a través de la moderna autopista discurriendo entre montañas, y del ferrocarril costero. Lo mismo sucedió con el Trans-Oriente-Expres cargado de yugoslavos desde la vía campesina de Anatolia con destino a la ex RFA para emplearse en empresas como la Siemens, la Mercedes o la Volkswagen. Y cuando el éxodo rural hacia las urbes se agotó, fue seguido por la inmigración extranjera procedente del subdesarrollado norte africano. En Francia, la población extranjera pasó de 350.000 en 1954, a 1.050.000 en 1962, o sea, una tasa de crecimiento anual medio del 3,6% para el período 1954-1968, cuatro veces superior a la tasa anual de crecimiento medio del empleo total: 0,9%. De 1967 a 1973, el porcentaje de asalariados extranjeros en Francia pasó del 9,6% al 12,4%:

<<También se diversifican las “fuentes”, tanto bajo la influencia de la demanda, que crece sin cesar.[ [3] ] A las fuentes antiguas (polacos, etc.), se añaden otras nuevas (portugueses, españoles e italianos) reemplazadas, a su vez, por los magrebíes y africanos negros del “imperio”. En el horizonte, los turcos>>. (Benjamin Coriat: “El taller y el cronómetro” Ed. Siglo XXI/1982 Pp. 104)

Sobre esta base técnica y poblacional, pudo reconstituirse el ejército industrial de reserva en Europa, que si en algún momento pasó eufemísticamente por ser el “modelo de pleno empleo”, mantuvo su provisionalidad transitoria hasta verse completada la reconstrucción postbélica, que fue cuando empezó a ser una mera ficción política. Por ejemplo, en 1965 la tasa de paro en España era, tan sólo, del 1.6% e incluso se redujo en 1970, hasta alcanzar el 1.1%. Lo cual, entre otras cosas, permitió que fuese, justamente en 1961, cuando se aprobó la Ley que incorpora “la protección por desempleo a nuestro esquema de seguros sociales y lo da, así, por concluido”:

<<Pero, en contraste abrumador, son estos los años en que cerca de dos millones de españoles se ven en la necesidad de salir de España para encontrar trabajo en los países europeos>>.

4. La llamada “crisis del petróleo” y su consecuencia: la formación de un ejército permanente de desocupados.

Desde fines de la década de los sesenta, la sobrevaluación artificial del dólar por emisión monetaria inflacionaria y fraudulenta de la Reserva Federal durante el gobierno de Nixon, había venido favoreciendo a la burguesía norteamericana que así pudo importar materias primas y bienes de consumo final por el equivalente a 11,4 veces menos de su valor real, (el -1.143%). Esto le permitió incrementar ganancias comprando insumos industriales y mano de obra por debajo de su valor, retardando así el descenso de la Tasa General de Ganancia Media en ese país. Hasta que, en abril de 1971, los europeos —encabezados por Francia— exigieron que sus altos superávits comerciales con EE.UU., fueran cancelados por ese país deudor con oro en lugar de dólares fiduciarios, lo cual precipitó el sinceramiento económico del Estado norteamericano el 15 de agosto de 1971, al declarar la inconvertibilidad del dólar, provocando la debacle del llamado “patrón cambio oro” —que había sido fijado en 1944 a 35 dólares la onza troy—, desencadenando la consecuente crisis internacional que, en 1973, los intelectuales orgánicos e inorgánicos del sistema —confundiendo la causa con su efecto— atribuyeron exclusivamente al alza especulativa del precio de los carburantes[ [4] ] .

Durante la recesión de 1970-71 hubo diez millones de parados oficialmente registrados en los países imperialistas. En el momento más crítico de la recesión de 1974-75, había 16,5 millones. A finales de 1980 ascendió a poco más de 20 millones. En la Europa capitalista se puede hablar de una recesión generalizada a partir de mediados de 1980, momento en que los principales países imperialistas (la RFA, Francia, Gran Bretaña e Italia), se vieron arrastrados a la crisis.

La primera en verse afectada sufriendo el golpe más duro, fue la economía británica. La producción industrial disminuyó desde principios de 1979. A final de 1980 había caído al nivel más bajo desde hacía 13 años: un 15% menos respecto de 1979. El número de parados en el cuarto trimestre de 1980 alcanzó oficialmente los 2,3 millones, llegando a los 3 millones durante el invierno 1980-81. (Wilfried Wolf: Revista “Inprecor” Nº 20 Marzo-1981)

En cuanto a la industria francesa, también se caracterizó por la tendencia descendente de la producción industrial desde 1980 cercana al 4,55%. Giscar D’Estaing no vaciló en hablar de la “crisis económica mundial más grave desde 1929”. A finales de ese año, el paro oficialmente reconocido alcanzó a 1,6 millones de asalariados. (Op. Cit)

En Alemania Federal, a partir del segundo trimestre de 1980 el retroceso de la producción industrial fue pronunciado, bajando a un nivel superior al 5% respecto del registrado a finales de 1978. El número de parados, que contrariamente a la mayoría de países imperialistas europeos disminuyó ligeramente durante los años previos a 1980, traspasó a finales de ese año el umbral del millón, al tiempo que la tasa de utilización de su capacidad industrial instalada descendía por debajo del 80%. (Ibíd)

En España, el período entre los años 1976-1980, se caracterizó por la presencia dominante del desempleo creciente, en medio de la transformación estructural y modernización de las Empresas. Con una población activa prácticamente constante, el número de ocupados experimentó una rápida caída, descendiendo en seiscientos mil entre finales de 1976 y finales de 1979. Esta cifra se incrementó hasta el millón a fines de 1980, mientras los ocupados pasaban desde los 12.432.610 en diciembre de 1976, hasta los 11.434.430 en 1980, y el número de parados crecía en forma constante y geométrica: 615.240 en 1976; 744.410 en 1977; 994.280 en 1978; 1.235.400 en 1979 y 1.625.090 en 1980). La tasa de paro creció en casi ocho puntos, pasando del 4.72% en 1976, al 12.44% en 1980.

Respecto de los jóvenes de ambos sexos menores de 25 años, la tasa de ocupación cayó 13 puntos, desde el 51.53% en 1976 al 38.24% en 1980; y la tasa de paro aumentó 18 puntos, pasando del 10,38% en 1976 al 28,39% en 1980, lo cual provocó la paradójica situación de que un sector de esta población española, registró tasas de actividad superiores al promedio[ [5] ], pero contrariamente, triplicó casi la tasa nacional media de paro. (Op. Cit)

O sea, que el capital constante en funciones (medios de producción) y la productividad del trabajo, crecieron más rápidamente que la población explotada (de modo que un menor número de asalariados muevan más medios de trabajo para procesar un mayor valor y volumen de materias primas por unidad de tiempo), incrementando así el plusvalor y, al mismo tiempo, el ejército industrial de reserva o población “sobrante”, obligada a alternar entre el paro absoluto y el trabajo precario:

<<En consecuencia, el mismo desarrollo de la fuerza productiva social del trabajo se expresa, al progresar el modo capitalista de producción, por una parte en la tendencia a la baja progresiva de la tasa de ganancia, y por la otra en el constante crecimiento de la masa absoluta del plusvalor o ganancia apropiada; de modo que, en general, a la disminución relativa del capital variable (respecto del capital constante) y de la ganancia le corresponde un aumento absoluto de ambos. Como ya se ha demostrado, este efecto dual solo puede representarse en un crecimiento del capital global en una progresión más veloz que la progresión en la cual disminuye la tasa de ganancia. Para emplear con una composición más alta o un aumento relativo más intenso de capital constante, un capital variable aumentado en términos absolutos, el capital global deberá aumentar no solo en la proporción de la composición más alta, sino con mayor celeridad aun. Se desprende de ello que, cuanto más se desarrolla el modo capitalista de producción (cuanto más haya crecido el capital acumulado), se necesita una cantidad cada vez mayor para ocupar la misma fuerza de trabajo (o número de asalariados) y más aun, para ocupar una fuerza de trabajo en aumento. Por consiguiente, sobre una base (económica) capitalista, la fuerza productiva creciente del trabajo genera necesariamente una aparente sobrepoblación obrera permanente (porque el capital acumulado disponible crece más rápido que la población explotable. Y esta es la causa del descenso tendencial secular o a largo plazo de la Tasa de Ganancia)>>. (K. Marx: “El Capital” Libro III Cap. XIII. Lo entre paréntesis y el subrayado nuestros)

En esta cita subrayamos el adjetivo “aparente” (en alemán: “vorgeben”, que significa simular o “scheinen”, cuyo significado es “parecer”) como contrapuesto a lo real. En este pasaje, Marx ha utilizado la expresión “aparente” no para significar que la sobrepoblación obrera permanente es irreal, sino para decir que esa población, en realidad no sobra, sino que se produce porque la Ley del valor fija o determina una composición orgánica y una tasa de ganancia que, desde el punto de vista enajenado del capitalismo, no justifica su empleo. En rigor de verdad, pues, “lo real” es que se trata de una población “sobrante” desde el punto de vista burgués o de la relación de producción capitalista dominante; por tanto, lo que en realidad está sobrando desde el punto de vista humano, es el capital, dada su evidente incapacidad para emplear esa población. Esto es lo que, a nuestro juicio, quiso decir Marx en el contexto de ese pasaje de su obra al colocar allí el vocablo alemán “scheinen” que significa “aparente” por contraposición a lo real. Y está claro que un parado no puede aportar al fondo de pensiones, porque no trabaja.

5. Contratos basura, fondo de pensiones y necesidad histórica objetiva del socialismo

Si juzgamos el paro asalariado desde la consagración empírica o aparente del sistema capitalista como “lo que hay” y no puede haber otra cosa, ese hecho no es aparente sino tan real como que la burguesía lo supone “natural” y, por tanto, aceptable que deba producirse. Por eso el “comunista” Julio Anguita llegó a decirles a los asalariados españoles frente a las cámaras de la televisión en horas de mayor audiencia, que “el paro es producido por la técnica”. ¿Y quién puede estar en contra del progreso científico-técnico, verdad?

Pero si vemos el fenómeno del progreso científico en relación con la más que evidente necesidad objetiva —perfectamente posible— de que se repartan las horas de trabajo entre todos los asalariados disponibles sin perjuicio de la productividad por empleado, calculando la productividad no sobre la parte paga de la jornada individual sino sobre la jornada entera, entonces la “realidad” de que una parte de la población asalariada sobra vista con los ojos apologéticos del sistema capitalista —tal como la ve el “comunista” Anguita— se derrumba y resulta que es aparente, de modo tal que lo que le viene sobrando a la humanidad es esa categoría social llamada burguesía, esto es, el capitalismo. Por eso Marx colocó el adjetivo “aparente” en ese pasaje de su obra donde alude a la población en paro forzoso para explicar sus verdaderas causas.

Por lo tanto, el crecimiento más rápido del capital acumulado respecto del crecimiento vegetativo de la población obrera explotable, significa que el aparente fenómeno de la población sobrante —que deja de aportar al fondo común de los salarios diferidos— se produce antes del estallido de la crisis, es decir, antes de que la masa de capital incrementado por el plusvalor obtenido que se reinvierte, produzca una magnitud de plusvalor o capital adicional igual o menor al obtenido antes de su incremento. Y de esto nada cabe imputar al déficit de nacimientos ni a la técnica, sino a la relación de producción capitalista basada en la propiedad privada sobre los medios de producción, que solo invierte en medios de trabajo más eficaces, cuando su coste es menor que el salario, es decir, la parte paga de la mano de obra que desplaza:

<<Por consiguiente, para el capital la ley que rige el incremento de la fuerza productiva del trabajo no tiene validez incondicionada. Para el capital esa fuerza productiva se incrementa no cuando (el medio de trabajo que incorpora un adelanto tecnológico) economiza en general trabajo vivo (donde la expresión “en general” quiere decir: tomando en consideración la jornada de labor entera) más de lo que adiciona en materia de trabajo pretérito, sino sólo cuando economiza en (o sobre) la parte paga del trabajo vivo, más de lo que adiciona (de lo que cuesta) en materia de trabajo pretérito (incorporado al medio de trabajo). Aquí, el modo capitalista de producción cae en una nueva contradicción. Su misión histórica (aparente) es el desarrollo sin miramientos, impulsado en progresión geométrica, de la productividad del trabajo humano. Pero se torna infiel a esa misión no bien se opone al desarrollo de la productividad frenándolo, como sucede en este caso (al no aplicar la ley del ahorro de trabajo —mediante el progreso de la productividad— a la jornada de labor entera, sino solo a su parte paga)>> (K. Marx: "El Capital" Libro III Cap. XV Aptdo. IV. Lo entre paréntesis nuestro)

Y tiene que “tornarse infiel a su misión”, precisamente porque su cometido esencialmente no es ese, no consiste en desarrollar incondicionalmente la fuerza productiva del trabajo. Y es que, en realidad, su misión esencial consiste en incrementar el capital, en acumular plusvalor. Tal es el condicionamiento lógico respecto del desarrollo de la fuerza productiva del trabajo, su limitación histórica de clase.

Condicionamiento lógico porque la burguesía solo puede aplicar la ley de la productividad del trabajo a la parte paga de la jornada de labor. A la otra no porque ya la ha convertido o le queda por convertir en plusvalor capitalizable. Condicionamiento histórico porque según progresan las fuerzas productivas de la humanidad la parte paga de la jornada de labor se acorta y la acumulación de fracciones cada vez menores de plusvalor se torna tanto más difícil.

Y el caso es que la burguesía no puede volverse infiel a sí misma como clase. No puede sacrificarse en aras del desarrollo de las fuerzas productivas de la humanidad. Prefiere ser infiel a lo que solo puede ser fiel en apariencia. De hecho, la hipocresía de la burguesía y de los intelectuales a su servicio, se revela en que se presentan ante el proletariado como los adalides del progreso tecnológico y el desarrollo económico, como sin cuyo concurso fuera imposible el empleo y la creación de riqueza, cuando lógica e históricamente demuestran lo contrario: que retardan el desarrollo técnico y limitan el empleo, para conservar el plusvalor que han acumulado a expensas del trabajo asalariado, a expensas de esa parte de la jornada colectiva en que los asalariados producen el equivalente a sus medios de vida.

Pero según estos señores consiguen que las fuerzas productivas progresen, el empleo de asalariados aumenta necesariamente cada vez menos, mientras la parte de la jornada laboral colectiva que les queda por convertir en plustrabajo capitalizable se torna cada vez más reducida, porque naturalmente su duración no puede exceder las 24 horas del día, de modo que el plusvalor que pueden capitalizar los explotadores cada vez aumenta menos y, para obtenerlo, necesitan invertir más dinero en capital constante (máquinas-herramientas, suelo, edificios, combustible y materias primas) que en salarios, porque así lo exige el desarrollo tecnológico incorporado a los medios de producción. Ergo, el plusvalor aumenta menos que el capital invertido para producirlo, al tiempo que la población explotable crece más rápido que la explotada.

Este momento previo, en el que la sobrepoblación obrera (como consecuencia del progreso técnico y del consecuente incremento de capital invertido respecto del plusvalor que produce) empieza a manifestarse sin que el sistema llegue aun a la crisis, explica que, en colaboración con los sindicatos estatizados, la burguesía intente alejar el horizonte de futuras crisis bajando los salarios reales para incrementar el plusvalor.

Con tal propósito, desde la década de los años setenta, la burguesía ha ensayado una modalidad de empleo/paro llamada contrato a tiempo parcial, popularmente conocida como “contrato basura”.

Si por cada jornada de trabajo de ocho horas, suponemos que a los asalariados se les viene pagando un salario promedio equivalente en poder adquisitivo a la mitad, con una tasa de explotación del 100% la patronal obtendrá un plustrabajo creador de plusvalor de otras cuatro horas.

El contrato a tiempo parcial consiste en dividir cada jornada de trabajo individual a tiempo completo entre dos y hasta tres asalariados, a cada uno de los cuales se le hace trabajar, un suponer, cinco horas en vez de ocho a cambio de un salario equivalente, por ejemplo, a dos horas diarias en poder adquisitivo; así las cosas, para el patrón la jornada pasa a ser de diez o quince horas de trabajo, según sea el caso. O sea, que si se emplean dos asalariados a cambio de un salario individual equivalente a dos horas, cada uno de ellos trabajará tres horas gratis y su respectivo patrón se embolsará el equivalente a un plustrabajo de seis si solo se emplean dos asalariados (dos horas más que si empleara uno); y si en vez de dos se empleara tres, el plusvalor subiría a nueve horas, cuando antes no pasaba de cuatro.

Al firmar el contrato, los asalariados solo saben lo que aceptan cobrar, pero no lo que sus patronos ganan, porque esto forma parte del llamado “secreto comercial” compartido en exclusiva por los patronos y el Estado a su servicio. Los políticos burgueses institucionalizados —incluidos los de la llamada “izquierda” y los propios sindicatos mayoritarios— acordaron durante los últimos treinta años, en la política de moderación salarial para contribuir a que la población ocupada se incremente repartiendo su común penuria relativa, a cambio de una mayor ganancia de los patronos. El resultado fue que se crearon millones de empleos, pero de muy bajos salarios y precarios en gran número, con lo cual la patronal se infló a ganar dinero, mientras los asalariados veían disminuir su participación en el producto de su trabajo, y su consecuente menor aporte al fondo de pensiones les auguraba una futura jubilación miserable.

Lo que más importa en este contexto, es que bajo el régimen de contrato individual a tiempo completo de ocho horas la jornada, con una tasa de plusvalor del 100%, cada empleado aporta en concepto de futuro salario diferido al fondo de pensiones, la parte proporcional correspondiente a su salario de cuatro horas diarias, mientras que bajo el régimen de contrato a tiempo parcial, solo puede aportar a ese fondo la proporción salarial equivalente a la mitad. Por tanto, para buena parte de los asalariados su futura pensión se ve significativamente mermada.

Bajo semejantes condiciones impuestas por el sistema capitalista, está claro que, según la fuerza productiva del trabajo reduce paulatinamente el tiempo de la jornada en que cada contratado —sea a tiempo completo o parcial— produce el equivalente a su salario, para incrementar proporcionalmente el sagrado plusvalor de los patronos, es inevitable que el salario relativo se vaya reduciendo históricamente en la misma proporción, de modo que para incrementar el plusvalor global, habrá que aumentar cada vez más el tiempo de cada jornada de labor colectiva, para dividirlo entre los asalariados disponibles, cada uno de los cuales verá aumentar su penuria absoluta, hasta el punto de ver desaparecer bajo sus pies, el propio fondo de pensiones, convertido cada vez más en una ficción propagandística de los apologetas a sueldo y prebendas de la burguesía.

Esta modalidad es la que se introdujo en los llamados “Pactos de La Moncloa” firmados en octubre de 1977 por los principales partidos políticos, las organizaciones patronales y los sindicatos, propagandizada como “uno de los instrumentos a implementar para combatir las crisis económicas y de empleo, con la atención puesta especialmente en el desempleo juvenil que motivó aquél gran acuerdo de emergencia política y económica”. Que de ese modo se combatía la crisis es verdad en tanto y cuanto la disminución de los salarios aumentaba el plusvalor y en esa misma medía el sistema tendía a la recuperación de la Tasa de Ganancia, incrementando consecuentemente el empleo. Pero al obligarles a trabajar más intensamente por menos salarios firmando contratos a tiempo parcial, aquellos acuerdos sometieron la vida de los asalariados a una mayor penuria absoluta, condenados de tal modo a contribuir tan miserablemente al fondo común previsional como miserables serán sus futuras jubilaciones, poniendo a la caja sobre una clara pendiente hacia su vaciamiento.

Aunque bien es cierto que antes, incluso, de estos Acuerdos, ya se habían adoptado medidas similares con carácter de excepción que autorizaban la contratación “eventual, por plazo no superior a seis meses”, de personas en situación de desempleo, tal como quedó reflejado en el Real Decreto-Ley 18/1976, de 8 de octubre, sobre medidas económicas. Con posterioridad a los "Pactos de La Moncloa" y en aplicación teórica de lo en ellos previsto, estas fórmulas se siguieron poniendo en práctica (Real Decreto-Ley 43/1977, de 25 de noviembre, y los dictados en su aplicación y desarrollo: Reales Decretos 3280/1977, 3281/1977, 883/1978, 41/1979 y 42/1979).

Este fue el antecedente normativo del "Estatuto de los Trabajadores", adoptado por la Ley 8 del 10 de marzo de 1980, so pretexto político de “combatir el crecimiento continuado del desempleo”, cuando en realidad fue un instrumento económico para superexplotar trabajo asalariado disponible, que para nada impidió el desempleo sino al contrario. Tal como lo ha demostrado el veredicto de la historia según la Ley General de la Acumulación Capitalista, ni siquiera ese recurso ha podido evitar que el sistema reincida periódicamente en alcanzar el momento que técnicamente Marx llamó sobreproducción absoluta de capital.

Esto quiere significar que ambas condiciones: el contrato a tiempo parcial —previo a la crisis— y el paro forzoso generalizado tras su estallido, suponen que se cumple la Ley según la cual, el capital global objetivamente constreñido a invertir cada vez más en medios de producción que en salarios, recorta puestos de trabajo a una porción cada vez mayor de asalariados, cuya prueba es la masa de medios de trabajo disponibles que los capitalistas dejan de utilizar. ¿Por qué? Porque la ganancia obtenida con el incremento de la plantilla que esos medios permiten emplear, es menor que el obtenido antes de su incremento. Y la causa de tal fenómeno radica en que hay demasiado capital para tan poca ganancia.

Es a partir de este cambio cualitativo del capital global en su composición orgánica durante la etapa postrera del sistema, que sinceros teóricos burgueses de la economía política, como el alemán de la escuela histórica, Arthur Spiethoff o el francés Paul Leroy-Beaulieu, temieran y se preocuparan hondamente a principios del siglo pasado, ante la amenaza de un estancamiento de la población provocada por la creciente disminución de los nacimientos “inducida por los avances de la civilización”. Citado por H. Grossmann en “La Ley de la acumulación y del derrumbe capitalista” Cap. 3AXIII, Spiethoff, dice:

<<Cualquier comienzo y también cualquier expansión de la producción capitalista de bienes, presupone […] fuerza de trabajo dispuesta e inactiva […] la incertidumbre de si esta fuerza de trabajo va a estar disponible en el futuro, ha hecho surgir la duda respecto de la permanente repetición de períodos de prosperidad>> (“Krissen”, en Handwörterb. der Staatswissenchaft cit., p. 74. El subrayado nuestro)

Por su parte, en "La question de la population", Leroy-Beaulieu habla de la “masculinización” de la mujer en su esfuerzo por alcanzar —ya en aquellos tiempos— la independencia económica, a la que considera “todo un peligro para la civilización contemporánea”, en tanto propende a la disminución de los nacimientos. En un capítulo especial de su obra, describe “los peligros económicos y morales de una población estacionaria y de una débil natalidad”. Peligros para la burguesía, naturalmente.

Y es que, una disminución de la oferta de fuerza de trabajo respecto de la demanda, provocaría un amento de los salarios y, consecuentemente, un descenso del plusvalor. Este y no otro es el presunto temor ante el peligro “económico y moral”, es decir, político de clase burguesa, acerca del cual alertaban teóricos como Arthur Spiethoff y Pablo Leroy-Beaulieu ante la disminución de los nacimientos entre la población explotada.

Como hemos visto más arriba citando a Marx: la ley del capitalismo que rige el incremento de la fuerza productiva del trabajo incorporando nuevos medios de producción más eficaces, no tiene validez incondicionada. Las mejoras científico-técnicas que permiten aumentar la productividad del trabajo, se incorporan a los medios de producción NO cuando economizan tiempo de trabajo vivo en general, es decir respecto de la jornada entera de labor colectiva, sino sólo cuando lo economizan sobre la parte paga de dicha jornada, y en más de lo que adiciona el trabajo pretérito contenido en el valor de esos nuevos medios de producción. Este razonamiento permitió a Marx completar el pasaje citado anteriormente, sentenciando que:

<<Se revela aquí de un modo puramente económico, es decir, desde el punto de vista burgués, dentro de los horizontes de la inteligencia capitalista, desde el punto de vista de la producción capitalista misma, su límite, su relatividad, el hecho de que este tipo de producción no es un régimen absoluto, sino un régimen puramente histórico (transitorio), un sistema de producción que corresponde a una cierta época limitada de desarrollo de las condiciones materiales de producción.>> (K.Marx: "El Capital" Libro III Aptdo 3. El subrayado y lo entre paréntesis nuestro)

Si las mayorías sociales absolutas todavía hoy explotadas en el Mundo, tomáramos conciencia de esta realidad y consiguiéramos sacudirnos el capitalismo, poniendo fuera de la ley jurídica a la propiedad privada sobre los medios de producción, desaparecería el trabajo excedente que hoy todavía se apropian los capitalistas, dejando a la humanidad expedito el camino para que el límite absoluto al progreso de la fuerza productiva del trabajo no quede constreñido a la parte paga equivalente al salario, sino que se pueda extender a la jornada colectiva de labor entera.

De este modo, cada progreso alcanzado por la fuerza productiva permite acortar la jornada individual de labor sin menoscabo para los salarios y disponer de un mayor tiempo libre. Y cuanto más se la reduce, tanto más se puede intensificar el trabajo y tanta más riqueza es posible producir en menos tiempo, abaratando el costo social de producirla, sin temor alguno a las crisis:

<<Una vez dadas la intensidad y la fuerza productiva del trabajo, la parte de la jornada social de trabajo necesaria para la producción material será tanto más corta, y tanto más larga, por tanto, la parte de tiempo conquistada para la libre actividad espiritual y social de los individuos, cuanto más uniformemente se distribuya el trabajo entre todos los miembros aptos de la sociedad (sin mengua para el crecimiento de su bienestar), cuanto más se reduzcan los sectores sociales que rehuyen la necesidad natural del trabajo para echarla sobre los hombros de otros. En este sentido, el límite absoluto con que tropieza la reducción de la jornada de trabajo es el carácter ge¬neral de éste. En la sociedad capitalista, si una clase goza de tiempo libre, es a costa de convertir todo el tiempo vital de las masas (explotadas) en tiempo de trabajo>>. (K. Marx: “El Capital” Libro I Cap. XV Aptdo. D. Lo entre paréntesis nuestro)

El secreto mejor guardado por la burguesía, por tanto, es su manifiesto temor a la sub-población, es decir, a que el ejército industrial de reserva disminuya dejando de hacer la necesaria presión sobre los empleados, impidiendo así que se les pueda chantajear con el fantasma del paro, a fin de hacerles trabajar más tiempo —y con mayor intensidad— por menos salario. Por eso extorsionan deliberadamente al conjunto de los explotados, echándoles públicamente la culpa de que la sostenibilidad del fondo de pensiones peligra porque no dan a luz más hijos.

La verdadera causa de que el fondo de pensiones se agote, radica en la naturaleza del sistema capitalista, en la constante inadmisión creciente de población asalariada en condiciones de trabajar y en el descenso relativo constante del salario de los empleados. Porque el aumento histórico en la composición técnica y orgánica del capital global, va inextricablemente unido a la centralización social de su propiedad, a un incremento del paro y a una mayor explotación de los asalariados activos, esto es, a un mayor esfuerzo por unidad de tiempo a cambio de un menor salario relativo y una menor base de retención previsional con vistas al futuro jubilatorio.

En el informe sobre el mercado laboral de la UE, publicado por la Comisión Europea el 26 de noviembre de 2007 —reproducido por el diario español “El País” en su edición del día siguiente— se pone de relieve que los asalariados europeos reciben una porción cada vez menor de la riqueza que generan con su trabajo, en beneficio de las rentas del capital, concluyendo que, con una participación del 58%, el peso de los ingresos del trabajo en el PIB europeo alcanzó en 2006 su mínimo histórico, destacando que el recorte en las últimas tres décadas es considerable: “el peso de los sueldos en el PIB de la UE cayó del 70% al 58% en 30 años”. En cuanto a España, de ese mismo estudio se deduce que éste ha sido uno de los países europeos en los que el peso de las rentas del trabajo cayó hasta su mínimo en 2006, situándose entre los de menor participación de los salarios respecto del capital. La participación de los asalariados españoles en la riqueza creada por su trabajo, del 67,9% en 1976, hasta el 54,5% en 2006, quedando tres puntos por debajo de la media comunitaria, y tan sólo por encima de otros cuatro países europeos. Pero a los asalariados españoles la burguesía nos reprocha que peligre la sostenibilidad del fondo de pensiones porque no tenemos suficiente prole. En fin

<<Cuanto mayores son la riqueza social, el capital en funciones, el volumen y la intensidad de su crecimiento y, mayores también, por tanto, la magnitud absoluta del proletariado y la capacidad productiva de su trabajo, tanto mayor es el ejército industrial de reserva. La fuerza de trabajo disponible se desarrolla por las mismas causas que la fuerza expansiva del capital. La magnitud relativa del ejército industrial de reserva (respecto de los empleados) crece, por consiguiente, a medida que crecen las potencias (del trabajo social creadoras) de la riqueza. Y cuanto mayor es este ejército de reserva en proporción al ejército obrero en activo, más se extiende la masa de la superpoblación consolidada, cuya miseria se halla en razón inversa a los tormentos de su trabajo. Y finalmente, cuanto más crecen la miseria dentro de la clase obrera y el ejército industrial de reserva, más crece también el pauperismo oficial. Tal es la ley general, absoluta, de la acumulación capitalista. Una ley que, como todas las demás, se ve modificada en su aplicación por una serie de circunstancias que no interesa analizar aquí. (…)
La ley según la cual, gracias a los progresos hechos por la productividad del trabajo social, puede ponerse en movimiento una masa cada vez mayor de medios de producción con un desgaste cada vez menor de fuerza humana, es una ley que, dentro del régimen capitalista, en que los obreros no emplean los instrumentos de trabajo, sino que son éstos los que emplean a los obreros, se trueca en esta otra: la de que cuanto mayor es la fuerza productiva del trabajo y mayor, por tanto, la presión ejercida por el obrero sobre los instrumentos que maneja, más precaria es su condición de vida: la venta de la propia fuerza para incrementar la riqueza de otro o alimentar el incremento del capital. Es decir, que el rápido desarrollo de los medios de producción y de la productividad del trabajo, así como de la población productiva, se trueca, capitalistamente, en lo contrario: en que la población obrera crece siempre más rápidamente que la necesidad de explotación del capital>>. (K. Marx: “El Capital” Libro I Cap. XXIII Aptdo. 3. Lo entre paréntesis y el subrayado nuestros)

Ahora, a principios de este mes de marzo, al gobierno del PSOE se le acaba de ocurrir que la señora Ángela Merkel tiene razón al haber propuesto hace poco, que la evolución de los salarios futuros se condicione exclusivamente al progreso de la productividad del trabajo, independientemente de la evolución de los precios o pérdida del poder adquisitivo del Euro.

Si como es cierto que la actual política monetaria del Banco Central Europeo se ha venido basando en la inconvertibilidad del papel moneda respecto de un patrón de valor económico real, como es el oro, la proposición de Merkel y Zapatero se revela como otro timo de la estampita. Para llegar a esta conclusión solo basta comprobar que al ser convertido en moneda fiduciaria, desde su entrada en vigor en 2.000 el poder adquisitivo del Euro prácticamente se ha visto reducido a la mitad. Mientras tanto, la productividad del trabajo en España se redujo en 10 puntos respecto de su evolución en EE.UU. Y no porque los españoles trabajen menos sino al contrario. De hecho, la media anual de horas trabajadas en la Unión Europea es de 1.549, un 16% menos que en España.

O sea que, en materia de política salarial, Ángela Merkel y Rodriguez Zapatero se dan la mano con el ex Presidente de la patronal española, el señor Gerardo Díaz Ferrán y tutti cuanti, en eso de que:"para salir de la crisis hay que trabajar más y cobrar menos".

Marx ha demostrado categórica y rotundamente que, para acabar con las crisis, es necesario ilegalizar por decisión mayoritaria expresa, la propiedad de los grandes y medianos capitalistas en la industria, el comercio, la banca y los servicios, legalizando por la misma vía democrática el control de los empleados sobre las empresas propiedad del resto de los patronos.

6. El derecho constitucional español convertido en papel mojado

El derecho humano fundamental al “progreso social” y a “elevar el nivel de vida” de los ciudadanos en cualquier país “dentro de un concepto más amplio de la libertad”, es tan esencial a la convivencia en democracia, como que de no ser debidamente protegido, implica que las demandas incumplidas de tal derecho proclamado, supongan que “un régimen de Derecho” degenere inevitablemente en despotismo, ante lo cual, más temprano que tarde, se abre paso el “supremo recurso a la rebelión contra la tiranía y la opresión”.

Esta certera previsión, no es solo cosa de contumaces marxistas subversivos como nosotros; está inscrita y contenida en el preámbulo de la “Declaración Universal de Derechos Humanos” aprobada y proclamada por la burguesía internacional el 10 de diciembre de 1948, en solemne sesión de la “Asamblea General de las Naciones Unidas” celebrada ese día. Fue dentro de este espíritu, que la Constitución Española, aprobada por las Cortes en sesiones plenarias del Congreso de diputados y senadores el 31 de octubre de 1978, declaró en su preámbulo la igualmente solemne “voluntad de garantizar la convivencia democrática (…) conforme a un orden económico y social justo”, se supone que desde el punto de vista de las mayorías sociales como condición de la democracia o gobierno del pueblo, que tal es la etimología de la palabra.

Demostrando hasta qué punto los explotadores se mofan del proletariado, semejante declaración de intenciones quedó negro sobre blanco en el texto constitucional español, un año y cuatro días después de firmados los “Pactos de la Moncloa”, que fue cuando la burguesía, en comandita con los sindicatos mayoritarios, decidieron hacer por adelantado precisamente lo contrario. Los 13,4 puntos porcentuales de poder adquisitivo sobre el PIB que le rapiñaron al proletariado entre 1976 y 2006, son la prueba del timo de la estampita que subyace bajo esa cínica y vacua palabrería sobre los derechos humanos que adorna el texto de la Constitución adoptada en diciembre de 1978.

En realidad, el único orden económico y social justo que la clase capitalista dominante reconoce, es la sistemática explotación del trabajo asalariado; y está reiteradamente probado que el único derecho fundamental que la burguesía respeta y hace valer de ser preciso a sangre y fuego, es el sacrosanto derecho a la propiedad privada sobre los medios de producción, como baluarte del cada vez más desigual reparto del producto de valor que se obtiene con el trabajo humano explotado.[ [6] ]

Todo el cinismo universal de la burguesía, el abismo de significación entre lo que esta clase dominante dice y lo que hace, salta a la vista si se observa que en el texto de la Constitución española declara que la propiedad privada sobre los medios de producción NO es un derecho fundamental, cuando de hecho ese tipo de propiedad específicamente burguesa, es el fundamento “humano” o sustancia social que determina y vertebra EL SER Y EXISTIR de la sociedad capitalista, “desde que la burguesía vino al mundo manando sangre de la cabeza a sus pies” .

En efecto, la constitución española se iguala con todas las demás constituciones burguesas, en que reconoce el derecho a la propiedad. Lo hace en el Capítulo Segundo del Título I relativo a los “derechos y libertades”, inciso 1 del artículo 33. Pero lo expone hipócritamente como un derecho NO fundamental o insustancial, es decir, como “secundario” o “derivado” en el sentido de que no tiene su determinación en si mismo sino en otros derechos constitucionales “de la persona humana” que esos sí —no menos hipócritamente— la burguesía considera fundamentales, como por ejemplo, el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad y a la igualdad de los seres humanos como ciudadanos ante la Ley, esto es, al interior de la comunidad política o Estado.

Y esto no fue algo que se inventó la burguesía española tras la muerte de Franco para transitar hacia la “democracia”, porque no ha hecho sino recrear el espíritu embaucador de la modernidad capitalista encarnado en la burguesía francesa más de cien años antes, tras eliminar los privilegios de la nobleza y crear el flamante Estado democrático Republicano, un ámbito separado de la sociedad civil en el que se simuló que los miembros de las dos clases sociales universales remanentes fueran declarados iguales ante la Ley, esto es, jurídica y políticamente emancipados de toda propiedad actuando como simples ciudadanos, de modo tal que allí, al ser todos iguales, “un hombre valga un voto” y la democracia representativa salte por obra del sortilegio burgués, como la paloma blanca desde la chistera de un mago.

Tal fue el “truco del almendruco” que los trileros ideológicos de la burguesía Francesa de entonces sintetizaron en la palabra fraternidad, logrando que la imaginaria igualdad formal de burgueses y proletarios convertidos por arte de birle birloque en “ciudadanos”, pasara por ser algo real en la conciencia enajenada de los explotados, allá por febrero de 1848:

<<Así, (…) en las frases hipócritas de las fracciones burguesas excluidas hasta allí del poder, la dominación de la burguesía había quedado abolida con la implantación de la República. Todos los monárquicos se convirtieron, por aquél entonces, en republicanos, y todos los millonarios de Paris en obreros. La frase que corresponde a esta imaginaria abolición de las relaciones de clase era la fraternité, la confraternización y la fraternidad universales. Esta idílica abstracción de los antagonismos de clases, esta conciliación sentimental de los intereses de clase contradictorios, este elevarse en alas de la fantasía por encima de la lucha de clases, esta fraternité fue, de hecho, la consigna de la revolución de Febrero. (…) El proletariado de París se dejó llevar con deleite por esta generosa borrachera de fraternidad>> (K. Marx: “Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850” Cap. I)

Esta fue, también, la borrachera que selló la confraternización entre las dos Españas de la Guerra Civil durante la transición a la democracia, período que medió entre la dictadura franquista y el referéndum de la Constitución que consagró a la Monarquía Parlamentaria como forma de gobierno:

<<En la conciencia republicana y, por tanto, contrarrevolucionaria, de las capas obreras y pequeñoburguesas más amplias del PCE —educadas en ese tópico desde que sus direcciones políticas adoptaron las posiciones del VI Congreso de la Comintern en 1935— se consideraba que, durante la guerra civil, esta formación política de cuño stalinista había sido “ferozmente anticapitalista” por el simple hecho de haberse opuesto a la forma dictatorial de gobierno burgués encarnada en el franquismo, del mismo modo que los fascistas del “bunker” familiar se consideraban a sí mismos “ferozmente anticomunistas”, por el simple hecho de haber combatido la forma democrático-burguesa de gobierno durante la República. Un doble mal entendido ideológico pequeñoburgués, del que la burguesía sacó todo el jugo político posible a expensas del verdadero comunismo, ausente de la conciencia obrera durante todo ese período. Una vez acabada la guerra civil, ese doble malentendido perdió por completo su razón de ser y todo fue cuestión de unificar a España en torno al prejuicio de que todos somos “ciudadanos”. Se trataba, pues, de abandonar los “extremos” para confluir en el centro político del sistema, de modo que ni fascismo ni República sino Monarquía parlamentaria>>

Dentro de esa fórmula de poder político-institucional intermedio entre las dos Españas idénticamente burguesas de la guerra civil, quedaron como es natural comprendidos los franquistas descafeinados, los socialdemócratas travestidos en liberales, y los “comunistas” socialdemocratizados. Pues bien, ¿qué hizo ese “centro político” para que su acción de gobierno se traduzca en un “orden económico y social justo”? Pues, nada, sino todo lo contrario: el 23 de octubre de 1977, junto a las direcciones nacionales de los sindicatos mayoritarios firmó los Pactos de la Moncloa, verdadero golpe de Estado incruento contra los intereses y derechos de la mayoría absoluta de la sociedad.

En setiembre, para detener este inminente atropello, la CNT de Catalunya propuso a los Comités regionales de UGT y CC.OO., la convocatoria de una manifestación que tuvo lugar en Barcelona durante el mes de octubre, con la participación de 400.000 trabajadores. Temerosa de que este legítimo ejemplo de dignidad ciudadana legalmente expresado en la calle cundiera en el resto del país, la patronal ordenó al flamante “Estado de derecho” —donde se supone que “todos somos iguales ante la Ley”—, para que detenga por todos los medios posibles esa peligrosa deriva política iniciada por la CNT, para lo cual el ex jefe del fascista Sindicato Español Universitario (SEU), por entonces Ministro de Gobernación y dirigente de la “Unión de Centro Democrático” (UCD), Rodolfo Martín Villa, hizo gala de sus profundas convicciones democráticas apelando secretamente a la Brigada Político Social del Estado franquista residual, y ésta a un delincuente común habitual confidente de la policía, quien fue encargado de montar una provocación política contra la CNT, reclutando a cuatro incautos jóvenes de filiación anarquista para implicarles en el incendio de una conocida sala de fiestas llamada “La Scala”, preparando sendos “cócteles molotov” que fueron lanzados contra sus instalaciones, donde previamente alguien había dejado suficiente fósforo como para que allí no quedara nada sin arder:

Fue por esas fechas que Martín Villa dijo: "No me preocupa ETA, quienes de verdad me preocupan son los anarquistas y el movimiento libertario". A la luz de lo acontecido, los cuatro jóvenes reclutados por el confidente policial, acusados de cometer el atentado, fueron a dar con sus huesos en la cárcel; pero el muy honorable “ciudadano” Rodolfo Martín Villa, responsable de su planificación y centralización operativa, ni siquiera fue llamado a declarar siguiendo como si nada hubiera ocurrido al frente del postfranquista Ministerio de Gobernación. Y luego, tras ser aprobada la Constitución, sin solución de continuidad pasó a desempeñarse como flamante Ministro del Interior y senador de las Cortes Generales en el nuevo Estado “democrático de derecho”, ámbito en el que se supone —y se nos sigue queriendo hacer creer—, que “todos los ciudadanos somos iguales ante la Ley”.

Sobre este siniestro personaje pesa también el asesinato del militante de la LCR Germán Rodríguez en la plaza de toros de Pamplona, durante los Sanfermines de 1978. En homenaje a su memoria, el profesor y periodista Salvador López Arnau hizo una semblanza de ese delincuente político llamado Rodolfo Martín Villa, ampliamente conocido como “La porra de la Transición”, cuyos valiosos servicios a la común causa política del capital español, le han sido reconocidos y generosamente compensados por el mundo empresarial. Un verdadero paradigma del tupido entramado de intereses políticos y personales entre la sociedad civil y el Estado, donde todos los representantes políticos burgueses de izquierda, centro y derecha, acaban metidos en un mismo y único bloque histórico de poder estratégico, aunque tácticamente diferenciados unos de otros por intereses particulares específicos en sus respectivos partidos políticos, muy especialmente a la hora de los mítines de campaña electoral. Tanto como para que los asalariados permanezcan ideológica, política y organizativamente divididos entre esas distintas fracciones políticas de la misma condición de clase burguesa:

<<El ministro del interior, el entonces dirigente político de la UCD, antiguo gobernador civil franquista de amplio, temible y viejo curriculum, (que) era entonces el señor Martín Villa, el mismo ciudadano que años después dirigió una corporación eléctrica multinacional (Endesa) que entró igualmente a balazo limpio en territorios chilenos, el mismo que actualmente ostenta, con exquisitos modales, la presidencia de Sogecable.
Sogecable es parte del holding de PRISA, la editora de El País, una publicación que ha formado culturalmente, o cuanto menos ha influido ideológica y políticamente durante más de veinte años —su desprestigio actual es un dato sociológico sin duda relevante— a las élites de este país.
El señor Martín Villa, el presidente de Sogecable, ex ministro del interior, el gobernador civil franquista y ex presidente de una corporación eléctrica, jamás pidió disculpas por lo sucedido (el asesinato de German Rodriguez). Ni pensó en ello seguramente. Entraron, dispararon, asesinaron. Sin perdón, sin piedad, a sangre fría.
Este señor presidente se asoma de cuando en cuando a una tertulia de la cadena SER —ya definitivamente encadenada a los amos del medio— en la que suele intervenir el señor Santiago Carrillo, ex secretario general del PCE. Lo hace para felicitarle y para mostrarle su amistad. No sólo eso. Cuando cumplió su nonagésimo aniversario fue él, según dicen, el señor ex ministro en tiempos del asesinato de Germán Rodríguez, quien (le) organizó (a Carrillo) una fiesta de homenaje y cumpleaños ….>> (Lo entre paréntesis nuestro)

Lo que no alcanzan a comprender todavía ciertos intelectuales que, por eso, no han roto del todo sus vínculos ideológicos y políticos con este sistema de vida —como tal parece ser el caso de Salvador López Arnau, dicho esto con todos nuestros respetos—, es que la criminal sinrazón encarnada en determinados sujetos, como Rodolfo Martín Villa o Santiago Carrillo, tiene la causa de su esencial irracionalidad no en la moral antidemocrática y traidora que respectivamente presidió la acción política individual de tales personajes, sino en la base económica del sistema con que ambos personajes históricos se identifican. Nos referimos a la Ley General de la Acumulación Capitalista de la que ellos son criaturas ideológicamente cautivas y eso explica su comportamiento así como que acepten los honores y de buen grado disfruten de los privilegios políticos y/o materiales con que la burguesía les compensa, a cambio de su lealtad y los servicios prestados al sistema.

En tal sentido y a propósito del objeto de este trabajo, lo que todo asalariado consciente del lugar que ocupa en esta sociedad debe saber, es que, según progresa la acumulación del capital en poder de los explotadores, al cada vez mayor ritmo de aceleración impuesto por el desarrollo tecnológico incorporado a los medios de producción, menor es la participación de sus salarios en el producto de su trabajo colectivo y mayor su penuria relativa. Por tanto, más menguado su aporte al fondo común previsional y menor su futuro salario diferido que recibirá en concepto de pensiones.

Así las cosas, la declamada libertad igual entre ciudadanos como supuesto fundamento jurídico-político de la no menos presunta fraternidad entre explotadores y explotados, es un embeleco que se trueca justamente en su contrario, según el desigual valor patrimonial y dinerario que cada cual puede disponer directa o indirectamente como propietario privado al interior de la sociedad civil. Y es que, entre cada individuo idealmente igual a los demás como ciudadano en el Estado y la distinta clase social a la que realmente pertenece en la sociedad civil, subyace una contradicción social que necesariamente se resuelve en una libertad desigual: la que una minoría de individuos ejerce por su condición de propietarios sobre los medios de producción, sobre una mayoría que solo dispone de su fuerza de trabajo.

Bajo tales condiciones de sistemático sometimiento, engaño y expolio, pues, el ideal imaginario de la fraternidad universal no puede menos que resolverse necesariamente en la realidad de la lucha entre esas dos clases universales antagónicas históricamente irreconciliables. Porque lo que prevalece como síntesis de la contradicción entre ese falso ideal de igualdad y la verdadera realidad desigual de los seres humanos bajo el capitalismo, es la propiedad privada sobre los medios de producción, verdadero fundamento del derecho clasista y, por tanto, despótico, a la vida, a la integridad física y a la libertad de los explotadores sobre los explotados.

La prueba está, en que las cuatro víctimas del caso “La Scala” —así como Germán Rodríguez— perdieron la vida y otros cuatro jóvenes anarquistas su libertad; pero el delincuente político Martín Villa, no solo salió impune sino que fue distinguido y materialmente retribuido a cambio de haber ordenado hacer uso de la violencia criminal, para conspirar contra los legítimos derechos ciudadanos de una significativa parte del proletariado a la libertad de expresión y de manifestación legalmente reconocidos; en fin, por haber vulnerado la Ley supuestamente igual para todos, de cuyo cumplimiento ese individuo llamado Rodolfo Martín Villa, se supone que debiera ser garante y el primero en cumplirla.

Pero antes que esa obligación ciudadana, primó en el Estado español —y en el alto burócrata político Martín Villa, naturalmente—, el interés de la patronal en contubernio con los dos grandes sindicatos. Había que sacar adelante lo pactado en La Moncloa. Sin ese requisito político que permitió recuperar la ganancia de los capitalistas en detrimento de los asalariados, el relanzamiento de la acumulación en España no hubiera sido posible tan rápido tras la crisis mundial de superproducción de capital que se manifestó en 1971, cuando el gobierno de Nixon se vio obligado a declarar la inconvertibilidad del dólar, decisión que fue seguida por el goteo de capital productivo en fuga hacia la especulación en diversos mercados mundiales, hasta que pocos años después afectó al mercado de las materias primas y los combustibles (un curioso parecido no por casualidad, con lo que está sucediendo actualmente), circunstancia que la burguesía internacional aprovechó entre 1977 y 1979 para disfrazar, de cara a los asalariados, las verdaderas causas de esa crisis de superproducción de capital, presentándola como “la crisis del petróleo”:

<<Esta intoxicación tiene un objetivo bastante práctico en la lucha de clases cotidiana: convencer a la clase obrera y a los sindicatos de que no tienen derecho a ninguna compensación (en forma de aumento de los salarios nominales), por el aumento del costo de la vida que vendría originado por el aumento de los precios del petróleo y de las demás materias primas. “Todo el mundo” debe pagar la factura crecida de las importaciones de petróleo.
En realidad, los capitalistas son actualmente capaces de transferir el mayor coste de la energía a los consumidores, lo que significa que la “cuenta del petróleo”, es pagada en última instancia por la masa de asalariados.>> (Winfried Wolf: Revista “Inprecor” Nº 12. Febrero/1980)

Tal fue el trasfondo económico y político que determinó el acuerdo estratégico en materia salarial y de pensiones, suscrito por el Estado y la sociedad Civil a instancias de la burguesía y los dos grandes sindicatos, conocido como “Los Pactos de la Moncloa”, sin antes haber combinado la tergiversación informativa de la realidad con el montaje de la provocación y la violencia disuasiva, para que por ese brete del engaño y el chantaje político criminal, los asalariados españoles acepten ser los principales pagadores de la recesión durante aquellos años, costeando sin contrapartida salarial el aumento en el precio de los alimentos, a raíz de la especulación de los capitalistas con el carburante y la materia prima para elaborarlo, todo ello convertido así en ganancia bruta de los capitalistas compartida con la burocracia estatal en forma de impuestos.

7. Reforma de las reformas y su necesaria conclusión política

Ahora volvemos a las mismas con más de los mismo dando otra vuelta de tuerca en el ajuste de la penuria relativa y absoluta para los asalariados. Este gobierno “socialista” de turno, que desde 2007 había venido proclamando no abandonar “a los más débiles” por nada del mundo, abrumado ante la grave profundización de la crisis desde mediados del año pasado, en un súbito gesto de sinceramiento acabó cediendo a las presiones del FMI, el Banco Mundial y de la UE, decidiendo por decreto congelar los ingresos a 6 millones de pensionistas, alargar la edad de jubilación a los 67 años y reducir las futuras pensiones hasta un 20% ampliando todavía más el período de cálculo. Eliminó el régimen transitorio de la jubilación parcial limitando el acceso de este tipo de jubilación a los mayores de 60 años, y suprimió nuevos contratos de relevo así como la retroactividad de las prestaciones de dependencia.

Y en cuanto a la deuda que acumula con los dependientes —la mitad de ellos mayores de 80 años— decidió que se pague a plazos durante cinco años. Además suprimió los 2.500 Euros del cheque-bebé e introdujo nuevos recortes presupuestarios a los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas. Abarató y facilitó los despidos, así como la flexibilidad de horarios y traslados, propiciando un descenso general de salarios por la vía de los contratos a tiempo parcial, hasta que no quede ni uno a tiempo completo, como ha de suceder en el futuro más o menos próximo.

¿Por qué? Lo repetimos: porque con cada adelanto tecnológico que incorporan, los medios de producción pueden procesar más materia prima por unidad de tiempo con un menor número de asalariados. La consecuencia social de esta realidad vista desde la lógica económica del capitalismo, se expresa en que el capital constante (máquinas, herramientas, edificios, tierra, materias primas y auxiliares), crece más rápido que la población explotada, dejando inactiva a una parte cada vez mayor de población explotable. De modo que si se trata de incrementar el empleo, el tiempo de cada jornada debe repartirse entre la población asalariada disponible, trabajando a tiempo parcial por un salario naturalmente cada vez más exiguo. Ergo: cuanto más corta sea la vida laboral y la retribución de los asalariados, menos aportarán al fondo común previsional y más miserable será su futura pensión.

Todas estas medidas, que llegaron para quedarse, no son más que el antecedente inmediato de lo que vendrá. Según la inflexible Ley General de la Acumulación Capitalista en condiciones de sobresaturación irreversible de capital, prevemos como inevitable no solo la privatización integral del servicio aeroportuario anunciado ya su inminente cumplimiento, también correrán la misma suerte los servicios de transporte, educación y de sanidad. Y como ha sucedido según todos los antecedentes, con la inevitable “racionalización” (léase rentabilidad capitalista), desaparecerán gran parte de los actuales empleados públicos en estas dos áreas del trabajo social que irán a engrosar las filas del paro. El resto pasarán a ser explotados por empresas privadas, porque así lo está exigiendo el capital sobrante en busca de aplicación redituable, convirtiendo una proporción cada vez mayor de ese trabajo, en plusvalor para los fines de la acumulación a expensas del salario; tal como antes lo exigió, hasta conseguirlo, del trabajo empleado por las antiguas empresas públicas bajo jurisdicción del ya extinto “Instituto Nacional de Industria” (INI), sobre las cuales se erigió, a mediados del siglo anterior, ese antepasado ya casi desconocido al que se le denominó “Estado del bienestar”. ¿Esto es lo que queremos? Esto es lo que tendremos.

¿Cómo soltar el necesario lastre que supone el capitalismo para el progreso de la humanidad?

1) Dejando fuera de la ley a la propiedad privada sobre los medios de producción en las grandes empresas capitalistas, poniéndoles bajo jurisdicción estatal, tanto en el campo como en las ciudades, así en la industria como en el comercio y los servicios, sometiendo su producción así como las del resto de las medianas y pequeñas empresas —que seguirán temporalmente en régimen de propiedad privada— al control democrático permanente y directo de sus asalariados en cada lugar de trabajo.[ [7] ]

2) Extendiendo el límite absoluto a la posibilidad de ahorrar trabajo —que supone todo adelanto tecnológico—, al tiempo de cada jornada colectiva entera repartido entre todos los miembros de la sociedad en edad de trabajar, lo cual permite aumentar exponencialmente la cantidad de producto, en la misma medida en que reduce el tiempo de trabajo que cada miembro activo de la sociedad, aumentando el tiempo libre para compartir entre la recreación y las tareas de fiscalización y control dministrativo en cada lugar de trabajo y en el futuro Estado socialista, así como las de interés cultural general y relaciones interpersonales.

3) Distribuyendo el fondo social del consumo según el principio: de cada cual según su trabajo y a cada cual según su capacidad.

4) Reemplazando el principio de la competencia intercapitalista por el principio de la colaboración universal del trabajo y la más absoluta transparencia —garantizado por el control democratico directo de los asalariados— en materia de investigación y desarrollo tecnológico, dejando fuera de la Ley todo secreto comercial, patentes de fabricación y cualquier otro copyright.

5) Distribuyendo los factores de la producción y su composición técnica para la fabricación de cada tipo y categoría de producto, según su necesidad social perfectamente previsible y calculable a priori, aplicando el principio económico axiomático del mayor rendimiento en cantidad y calidad con el menor coste y sin derroches remantes, como sucede con el capitalismo a instancias del mercado.

Como se ha demostrado en la práctica, los problemas generados por las relaciones capitalistas de producción entre las dos clases sociales universales, no pueden ser resueltos definitivamente sino por exclusiva iniciativa de una de esas dos clases: la que no está OBJETIVAMENTE interesada en mantener el actual modo de vida burgués.

De lo que se trata es, por tanto, que esa clase social COMPRENDA SU INTERÉS RACIONALMENTE OBJETIVO, que lo haga SUBJETIVAMENTE SUYO y deje de ACTUAR según lo que PIENSA ESA OTRA CLASE CUYA EXISTENCIA HA PERDIDO HACE YA MUCHO TODA RAZÓN HISTÓRICA DE PENSAR COMO PIENSA Y DE SER COMO ES.

Solo en el marco de un movimiento político de la clase social cuyo fin no es tal o cual reforma del capitalismo —sea en este o aquél país—, sino su eliminación a escala planetaria, estará la solución de los problemas de la humanidad que, como el crucial de las pensiones, la burguesía internacional no puede sino agravar históricamente, tal como acabamos de demostrar en este trabajo acerca de su fatal deriva en España, siguiendo la lógica objetiva del sistema burgués básico de vida expuesta por Marx en “El Capital”.

Pues bien, esa clase social objetivamente interesada en acabar con el capitalismo es la clase asalariada. Y su acción política conducente a la solución global de los actuales problemas de la humanidad —incluyendo a los propios burgueses como seres humanos, es decir, racionales— debe orientarse según los principios del socialismo científico: el Materialismo Histórico.

Y aquí no se trata de si ahora mismo este u otro asalariado es consciente de su propia situación o no y si quiere o no quiere hacer la revolución. De lo que se trata es que hacia ese estado de espíritu colectivo empujan inevitablemente a la sociedad entera las contradicciones del capitalismo y sin duda los asalariados acabarán procediendo en sentido revolucionario.

NOTAS

[1] Marx llama capital constante a los medios de producción, porque su valor durante el proceso de producción no varía trasladándose íntegramente al producto. Y denomina “capital variable” a la inversión en salarios, porque durante el proceso de trabajo ese capital se incrementará en términos de plusvalor más o menos, según la tasa de explotación a la cual es sometido cada asalariado.

[2] Pero el capital no se limita a estas circunstancias. Aunque el número de obreros empleados permanezca estacionario e incluso disminuya, el capital variable aumenta por un incremento del plusvalor, cuando al obrero individual se le impele a rendir más trabajo por unidad de tiempo a cambio del mismo salario e incluso menos, sometiéndole al mayor esfuerzo físico y tensión psicológica que le supone atender a más medios de producción en un mismo lapso de tiempo. De este modo, la inversión en capital constante y variable crecen más lentamente, porque se los suplanta estrujando a un menor número de empleados. Cuanto mayor es la escala de la producción, mayor es la propensión de la patronal a usar este método, que se acentúa con la acumulación del capital.

[3] Para un análisis más pormenorizado de la periodización y la distribución de la inmigración a través de las ramas, así como para el examen de las políticas estatales al respecto, véanse, además de las obras ya clásicas: B. Granotier: “Les travallieurs inmigrés”, Maspéro, 1976; G. Tapinos: “Economie des migrations internationales”, Armand Colin, 1974; y el muy conciso y documentado estudio de J. Singer-Kerel, “Conjoncture économique et politique francaise d’inmigration 1952-1974”, en: “Les travaillieurs etrangers en Europe occidentale”, Mouton, 1974. Uno de sus méritos esenciales consiste en mostrar cómo la “demanda” desempeña constantemente un papel primordial. Cita de B. Coriat.

[4] La obligada decisión americana, indujo a que el dólar súbitamente "saltara" de los $35 a los $400 dólares por onza troy de oro. Es decir, el "sinceramiento" del valor real del dólar, implicó reconocer que el valor de la moneda americana "respaldada" en oro, no era en realidad de 1\35 = 0,02857 sino de 1\400 = 0,0025; es decir, 11,4 veces menos. En 1980, la cotización de la onza troy de oro alcanzó los $800 dólares.

[5] La tasa de actividad es la relación que existe, entre la población activa en edad legal de trabajar y la población total de esa misma edad. Dicho de otra forma, es la relación entre la población explotada y la población explotable.

[6] Marx distingue entre los conceptos de “valor del producto” y “producto de valor”. El primero designa al valor que el trabajo de los explotados traslada de los medios de producción al producto por el equivalente a su desgaste técnico, que la patronal amortiza contablemente. El segundo concepto equivale a la suma del salario que los explotados reproducen en una de las dos partes en que se divide la jornada de labor colectiva, más el plusvalor que añaden en la otra parte y la patronal se apropia gratuitamente.

[7] Con la consumación de esta medida, desaparece instantáneamente la bolsa de valores y, con ella, la posibilidad de la especulación periódica sobre capital físico y financiero causante de miseria y/o muerte masiva violenta por desestabilización política y revueltas intestinas o guerras entre países, como lo sucedido estos días en la zona septentrional africana, a raíz de la especulación con los alimentos y el petróleo que puso sus precios por las nubes.