02. ¿Qué
nos espera gobernando esta gente?
Más de
lo mismo que quepa esperar de los populistas burgueses de medio pelo, a mitad
de camino entre el capitalismo imperialista y el socialismo revolucionario.
Es decir, la vuelta al capitalismo
de Estado que se limita a “nacionalizar” ciertas empresas. Ni más
ni menos que como se propone “Podemos”, en casi total consonancia con Marine
Le Pen y el líder político de “Syriza”, Alexis Tzipras, queriendo
hacerse fuertes detrás de un Estado empresario:
<<…recuperación
del control público en los sectores estratégicos de la economía:
telecomunicaciones, energía, alimentación, transporte, sanitario, farmacéutico
y educativo, mediante la adquisición pública de una parte de los mismos>>
(Programa electoral del “Frente
Nacional” francés, “Syriza” en Grecia
y “Podemos” en España)
Entre el 24 de marzo y el 3 de abril de 1923, Mussolini concedió una serie
de entrevistas al escritor alemán Emil Ludwig, quien las recopiló y fueron publicadas
bajo el título: “Conversaciones con
Mussolini”. Allí el dictador fascista sentenció:
<<El
Estado fascista dirige y fiscaliza a los patronos, desde la pesca hasta la industria
pesada en el Valle de Aosta. Allí es el Estado propietario de las minas. Del
Estado dependen los transportes, pues suyos son los ferrocarriles. Al Estado
pertenecen muchos talleres. Sin embargo, en nada de ello se parece al
socialismo de Estado [soviético]:
Nosotros no deseamos tener el menor
monopolio, ni que el Estado lo haga todo. A esta acción le llamamos
“intervención del Estado”. Todo ello está definido en el estatuto del Trabajo
(Carta del Lavoro). Cuando algo deja de funcionar el Estado interviene>>.
(Op. Cit. Ed. Juventud c/Provenza 101 – Barcelona/1932 Pp. 153. Lo entre
corchetes nuestro)
Por
estos mismos patrones de política económica se rigió la dictadura de Franco en
España, tras la guerra civil, causada
por la crisis y su consecuente depresión
en los años treinta. De tal modo condicionado
por el capitalismo de Estado fascista, especialmente en Italia, Alemania
y España, aunque también con cierta influencia en diversos países europeos como
Austria, Suiza, Bulgaria, Rumanía, Grecia, Hungría, Albania y Croacia, el
sistema capitalista siguió su curso hasta que durante la fase de recuperación del nuevo ciclo de los negocios, tras
la Segunda Guerra Mundial y ya entrada la década de los cincuenta, la presión del
capital acumulado disponible pugnando
por ser empleado en explotar trabajo ajeno, hizo tal presión sobre sus
respectivos aparatos de Estado en poder de esas empresas, que con toda
naturalidad dichos condicionantes económicos
estatales residuales del fascismo, se disolvieron como un azucarillo en
el agua, y todo volvió a su cauce normal en la etapa imperialista postrera del
capitalismo.
Un cauce privatizador de lo público, en
el cual cumplió su papel central en España el Partido Socialista Obrero Español
(PSOE), durante la llamada “transición democrática”. Éste fue el partido
político que se encargó de privatizar todo aquel complejo industrial y
financiero estatal franquista. Un proceso que comenzó con la sucesión de
fusiones bancarias, y que se aceleró según el ritmo que el propio PSOE imprimió
a la política de privatización de las Industrias
del Estado en los años 80, haciendo posible que, con inversiones
relativamente bajas, algunos de los incipientes grupos financieros privados del
país, pudieran adueñarse de esas empresas convertidos en accionistas importantes,
o muy importantes, de sociedades como Telefónica, Endesa, Repsol, Argentaria,
Tabacalera, etc.
En un primer
momento de esta confrontación, salieron beneficiados los grupos financieros que
se quedaron inicialmente en un segundo plano: el Banco de Bilbao y el Banco
Santander, que presentaban un núcleo de propietarios claramente jerarquizado en
torno a una familia (Ybarra y Botín), con una dirección centralizada en muy pocas manos, ostentando
la propiedad de un paquete de acciones suficiente para garantizarse el control
de la entidad rival. Además, eran por entonces bancos acostumbrados a crecer
sin haber sido los más favorecidos por las grandes concesiones de obras
públicas del franquismo.
El proceso centralizador de la propiedad del capital en España, según
lo previsto por la “ley general
de la acumulación capitalista”, como en todas partes se hizo a través
de las fusiones de empresas y
adoptó cuatro formas distintas: dos de carácter económico, una exclusivamente
política y la última una mezcla de las anteriores[1]
.La primera y más común forma de concreción económica pura, fue mediante la
negociación amistosa entre sus accionistas mayoritarios; la otra por el recurso
al mercado, lanzando una oferta o suscripción de acciones, a precios atractivos
por encima de los vigentes; es lo que se conoce por “Oferta Pública de
Acciones” (OPA) inamistosa o “salvaje”, para la adquisición mayoritaria del
patrimonio accionarial de la empresa a controlar, con el fin de “absorberla”;
por ejemplo: el Banesto por parte del Banco de Bilbao.
A finales de 1987, así fue la ofensiva
de José
Ángel Sánchez Asiaín sobre el Banesto en contubernio político con el
PSOE —maniobra en la que participó Manuel
De la Concha (Ibercorp) favorecida desde dentro del banco por López
de Letona— que ocasionó un gran escándalo[2].
En aquellos momentos, tal proceder fue repudiado en los medios bancarios, más
que nada por inaudito o inusual, ya que, hasta entonces, todas las fusiones
entre los bancos se acostumbraban a formalizar mediante “pactos de caballeros”,
rodeados del también consensuado ocultismo y discreción. Tan es así, que hasta
el Banco Central de Alfonso Escámez
se sumó a la defensa de Banesto lanzando una “contra-opa” que agotó las
posibilidades del Bilbao. Este fracaso de Asiaín le hizo dar media vuelta
volviendo, de momento su voluntad política, hacía la fusión todavía no
consumada en su tierra vasca con el Banco de Vizcaya.
Mientras tanto, al capital industrial
en manos del “tándem” formado por Juan Abelló y Mario Conde, con la
adquisición de “Laboratorios Abelló”, le siguió a finales de 1985
la compra de otra farmacéutica, la empresa Antibióticos, en la que
Abelló ocupó la presidencia y Conde la vicepresidencia como consejero delegado.
El primer gran negocio se produjo dos años después, al vender esta empresa a la
compañía italiana Montedison por 58.000 millones de pesetas. Una
operación brillante que se ha considerado digna de estudio por las escuelas de
negocios. Tras esta operación, ambos amigos emprendieron el asalto a la más
grande de las entidades financieras de la península ibérica: el “Banco
Nacional Español de Crédito” (Banesto).
Con la aprobación y apoyo de
una parte del consejo y el 5% del capital social, Abelló y Conde forzaron su
entrada en el órgano de poder de este banco, al amparo de un cambio en la
opinión pública que resultó determinante para el éxito. El artífice de ese
cambio fue Mario Conde, en aquel momento imagen viva de un triunfador sin cuna
o apellido, que demostró haber sido capaz de subir hasta lo más alto de la
jerarquía empresarial. Tal vez sea por eso que, pese a disponer de un paquete
de acciones mucho mayor que el de su socio, Abelló cedió el puesto de honor del
banco a Conde, y él se quedó con la vicepresidencia, que simultaneó con la
presidencia de la compañía de seguros “La Unión y El Fénix”.
Sobre la base de este
patrimonio económico-financiero, Abelló y Conde se propusieron llegar a un
acuerdo con el Banco Central de Alfonso Escámez para fusionar ambos grupos.
Pero irían a topar con los primos Alberto Cortina y Alberto Alcocer,
como punta de lanza del Estado, a cargo de los sucesivos gobiernos de Felipe
González, entre 1982 y 1996, período en el cual tuvieron lugar todos estos
acontecimientos, precursores de lo que a los españolitos de a pié se nos ha
venido ahora encima, y estamos soportando desde 2008 hasta hoy.
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