02. Contexto
En
la actual situación de crisis, la soberanía popular está secuestrada por los grandes
poderes económicos y financieros, nacionales y transnacionales. El pacto social
establecido con la Constitución de 1978 ha perdido toda su validez. El estado
de la Transición, lastrado en sus orígenes por la inclusión de los poderes
económicos del franquismo, se ha convertido finalmente en un auténtico Régimen
oligárquico en el que la “democracia” no es más que una declaración formal
vacía de contenido.
Al
mismo tiempo, los grandes medios de comunicación privados y los falsamente
públicos han suministrado, durante décadas, una información parcial y favorable
a los intereses de los poderes reales del estado: los grandes grupos económicos
y financieros, y los partidos políticos mayoritarios que los sostienen.
La
respuesta popular contra la crisis y, fundamentalmente, contra las terribles
consecuencias de la misma, ha avanzado desde la perplejidad y el miedo, hasta
la resistencia activa, pasando por las protestas masivas en la calle, la
ocupación de las plazas públicas y el intento de bloquear y denunciar en sus
propias sedes a los distintos poderes públicos.
La
represión del estado de la Transición ha desarrollado métodos de control masivo
de la población. Las detenciones arbitrarias, los cacheos y fichajes de los
ciudadanos en manifestaciones y asambleas, y las amenazas a los dirigentes que
alientan las movilizaciones, predicen la preparación de mecanismos de represión
masivos si el movimiento popular sigue avanzando en organización, movilización
y determinación en las protestas.
Las
anunciadas reformas del Código Penal, de la Ley de Seguridad Ciudadana y de la
Ley de Seguridad Privada, así como las que se avecinan sobre la Ley de Huelga y
el Código Penal Militar, constituyen todo un repertorio de instrumentos
represivos que vacían de contenido los derechos y libertades proclamados
solemnemente en la Constitución, en lo que muchos analistas consideran un
“golpe de estado” encubierto.
La
clave de bóveda del Régimen de la Transición es la Monarquía y su
conexión —constitucional y de fidelidad— con las FAS. Su imagen de “salvadora”
de la democracia tras el golpe del 23 F ha caído en el descrédito más absoluto.
Cada
vez más las movilizaciones sociales levantan la bandera de la República. Cada
vez más la exigencia de un “proceso constituyente” se plantea como el inicio de
la solución a los problemas de este país, que no puede provenir de los
responsables del desastre.
El Régimen
resistirá apoyado en los recursos institucionales y represivos de su estado. La
gran pregunta de las organizaciones sociales y políticas emergentes, de los
sectores en lucha, de los que pretenden un mundo nuevo, es sobre cuál va a ser
el papel de las FAS y las Fuerzas de Seguridad ante los cambios que se
avecinan.
En
los últimos meses se han hecho públicas diversas manifestaciones de militares
que plantean la fidelidad al Rey como Jefe Supremo de las FAS, subrayando el
papel que les ha reservado la Constitución como custodios de la misma y, sobre
todo, manifestando la existencia de un “patriotismo militar” que está por
encima de cualquier constitución y, por supuesto, de cualquier reclamo de
soberanía popular.
Se
plantea pues, en primer lugar, la necesidad de neutralizar la posibilidad de
intervención militar cuando la revuelta popular resulte irresistible, cuando el
choque social se agudice.
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