Revelaciones del conflicto entre el Estado español y los controladores aéreos

 

1. ¿Quién se puso fuera de la legalidad vigente?

El real Decreto 13/2010 del pasado 3 de diciembre anunciado al día siguiente, fue firmado por el Rey Juan Carlos de Borbón y Borbón como Jefe del Estado para imponer el “estado de alarma”, pretextando una supuesta sedición de los controladores aéreos. Ha sido un auténtico golpe de Estado militar preventivo e intimidatorio, contra el conjunto de la clase asalariada española, sin base constitucional en el llamado “Estado democrático de derecho” refundado tras la muerte de Franco.

La orden de asumir esa responsabilidad política partió sin duda del capital financiero europeo, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que el Partido Socialista Obrero Español a cargo del actual gobierno, se encargó de ejecutar disciplinadamente demostrando, una vez más, el papel que la socialdemocracia ha venido desempeñando en la historia del capitalismo postrero. El delito de sedición está tipificado en el Artículo 544 del vigente Código Penal y dice que: “Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”.

En medio de los acontecimientos, la cadena británica BBC recogió unas declaraciones del actual Fiscal General del Estado Español, Cándido Conde Pumpido, al que se le atribuyeron las siguientes palabras: “El abandono colectivo de un aeropuerto, con la paralización del tráfico aéreo, es un delito muy grave penado en la ley de navegación aérea con una sanción de prisión de entre tres y ocho años.” Este párrafo fue extraído literalmente de la preconstitucional Ley 48 de navegación aérea dictada el 21 de julio de 1960, a cuyo pie figura la siguiente leyenda: “Dada en el Palacio de El Pardo a veintiuno de julio de mil novecientos sesenta. Fdo.: Francisco Franco". Esta referencia se encuentra en la Web de la agencia Estatal de Seguridad Aérea dependiente del Ministerio de Fomento que dirige José Blanco López. Desde luego que de cándido, el señor Conde Pumpido no tiene nada.

A través de su Ministro de Fomento, José Blanco López, el gobierno del PSOE alegó que el País se estaba enfrentando a un colectivo de trabajadores privilegiados con sueldos millonarios, dando a conocer cifras deliberadamente exageradas. Los controladores ganan según corresponde a su trabajo altamente cualificado y a su responsabilidad social. Ni más, ni menos. Porque de estos asalariados depende la seguridad y la vida de más de 200 millones de pasajeros que utilizan anualmente los servicios aéreos en España. Y si durante los últimos años ganaron más dinero del fijado en su salario base, fue porque a la misma plantilla de 2.400 agentes se les hizo cumplir servicios de ampliación de actividad laboral y otros tantos de horas extras. Se abusó de ellos sometiéndoles desde 2.006 a un régimen de trabajo estresante, a mediano plazo física y psíquicamente insostenible, como así se demostró, poniendo en serio riesgo la vida de los pasajeros y el patrimonio no solo de las compañías aéreas, sino de los bienes afectados al servicio aeroportuario propiedad de AENA. La verdad de todo este conflicto la destapó el portavoz de USCA, César Cabo, y es que “…a AENA le sale más barato pagar horas extra que contratar a más controladores, y por ello no han salido nuevas plazas desde 2006”.

La mayoría de los controladores ni pudieron abandonar sus puestos de trabajo ni reclamaron por mayores salarios. Por estricto sentido de responsabilidad en el cumplimiento del servicio, anunciaron que no podían ni debían seguir trabajando bajo las condiciones de esclavitud impuestas por sus patronos, apelando al artículo 34.4 de la Ley de Seguridad Aérea. Lo que dice esta normativa, es que el personal aeronáutico “tiene la obligación de abstenerse de ejercer dichas funciones y de realizar tales actividades en caso de disminución de la capacidad física o psíquica requerida”. Y el caso es que no pudieron cumplir con esa obligación jurídica y moral en salvaguarda de la vida de los pasajeros, porque el Ministerio de Fomento se les adelantó decretando cerrado el espacio aéreo español, como si esa obligación fuera un delito y así se le hizo creer a la opinión pública de todo el país. ¿Quiénes han sido en este conflicto los verdaderos sediciosos?

Desde 2.001 el sindicato de controladores había venido avisando a la empresa pública sobre la insuficiencia de controladores en nuestro país y la urgente necesidad de aumentar la formación de nuevos controladores. Sin embargo, AENA fue formando y ampliando la plantilla de controladores a cuentagotas, sin cubrir ni de lejos las bajas que se producían por jubilaciones. Un controlador aéreo con más de veinte años de experiencia, ha declarado que en España “hay 2.000 controladores cuando en Francia o Alemania rondan los 4.000 para un espacio aéreo menor” Ver , lo cual explica que AENA optara por alargar la jornada laboral, de 1.200 a 1.670 horas anuales, y encima se les impuso hacer horas extras, naturalmente mejor pagadas. Pero con la condición de que las horas no trabajadas en concepto de bajas por enfermedad, maternidad, vacaciones, etc., deberían ser recuperadas. A ver si el Ministerio de Fomento puede probar fehacientemente ante la opinión pública, que esto no es verdad.Aquí está el Real Decreto-Ley 13/2010 firmado el pasado 03 de diciembre, y el precedente Real decreto 1001/2010 del 5 de agosto

 

2. Las indelebles señas de identidad del P.S.O.E.

El Partido Socialista Obrero Español de hoy día, nunca dejó de pertenecer a la misma calaña ideológica y política que justificó y apoyó el genocidio de la Primera Guerra Mundial; la misma que ahogó en sangre la Revolución alemana de 1918; la misma que durante el levantamiento sedicioso del general Franco en la España de 1936, ordenó y ejecutó el desarme y disolución de las Milicias Obreras que habían derrotado al ejército contrarrevolucionario burgués en las principales ciudades españolas; la misma que durante las luctuosas jornadas de mayo del 37, reprimió ferozmente a los obreros bajo el Gobierno del “Frente Popular”; la misma que justificó y apoyó el genocidio de la Segunda Guerra Mundial; la misma que durante la transición a la “democracia” en la España de los años 70, recibió con los brazos abiertos a ex falangistas de ese desprendimiento tardofranquista que fue el grupo político-militar-clerical llamado "FORJA"; la misma que en la década de los noventa preparó e impulsó la entrada de España en la OTAN.

Los cimientos de la política socialdemócrata sobre los cuales se erigió el llamado Estado del Bienestar tras la Segunda Guerra Mundial, fueron las grandes empresas públicas básicas (mineras, petroquímicas, siderúrgicas, energéticas) y de servicios esenciales (transportes, correos, telecomunicaciones, colegios, previsión social, universidades y hospitales)

Este capitalismo de Estado burgués fue implementado por el fascismo durante la crisis de los años 30, en Italia, Alemania y España. Después de la reconstrucción postbélica quedó como un resabio en los países nórdicos europeos y de mediano desarrollo en la periferia mundial capitalista dependiente, sobreviviendo hasta que el proceso de acumulación del capital global —a caballo del progreso de la productividad del trabajo—, alcanzó el nuevo límite de sus posibilidades sistémicas a principios de la década de los setenta, cuando la magnitud del plusvalor capitalizado sobrepasara las posibilidades de explotación redituable de un cada vez menor número relativo de asalariados en funciones.

La estúpida y no tan estúpida —por interesada— creencia, de que la ganancia capitalista puede ser aumentada sin límite, supone independizar su magnitud respecto de la población que las condiciones históricas del sistema permiten explotar, lo cual no significa sino suponer, que dicha ganancia no se obtiene a expensas del trabajo empleado en producirla.

El alcance de este límite a la acumulación del capital sin interrupciones violentas, había tenido su enésima forma de manifestación a fines del siglo XIX y principios del siglo pasado en los países más desarrollados, que sin embargo pudo prolongarse por el recurso a la exportación del capital sobrante o supernumerario, desde los países más desarrollados hacia los países periféricos capitalistas de menor desarrollo relativo. Fenómeno que desde entonces surtió sus efectos contrarrestantes del inevitable descenso en la Tasa de Ganancia, alejando el horizonte de las subsecuentes crisis; aun cuando sin poder finalmente impedir sus estallidos periódicos en lapsos cada vez más cortos de tiempo, agravando las desgracias sociales tanto más, cuanto más tiempo la burguesía pueda retardar que se produzcan apelando al crédito.

Tal fue el comportamiento en el que capitalistas explotadores de trabajo ajeno y políticos profesionales a cargo de sucesivos gobiernos en el Mundo, se dieron la mano con el capital bancario para, después de estallada la crisis, demonizarlo públicamente; pero al mismo tiempo salvarlo de la bancarrota, como hizo el gobierno PSOE inyectándole 40.000 millones, so pretexto debidamente propagandizado, de que concedieran crédito "a familias y pequeñas empresas" para "crear empleo".

Se decía esto, cuando tanto los bancos receptores de ese dinero, como sus presuntos beneficiarios, estaban paralizados por default con sus proveedores y sólo podían todos ellos reanudar su común negocio de explotar trabajo ajeno, pagando sus respectivas deudas exigibles, de modo que los banqueros españoles utilizaron esos fondos, para reducir parte de la suya —en junio de 2008 casi 300.000 millones de Euros contraída en el mercado interbancario—, que a su vez prestaron a la industria dinámica del ladrillo.

Todo ello, en medio de la euforia especulativa por la que unos y otros: empresarios, banqueros, gobernantes de turno y políticos profesionales en la oposición, una vez más se dejaron llevar en volandas por la conocida máxima epicúrea, del "comamos y bebamos que mañana moriremos".

En manos de estos agentes del sistema capitalista que viven de nuestro trabajo estamos los asalariados.

 

3. El recurso anti-crisis de privatizar el patrimonio público.

La otra forma de dar empleo al cada vez más abultado capital sobrante para superar las típicas crisis de superproducción [1] , desde la década de los años setenta del siglo pasado, consistió en privatizar las empresas públicas que habían sido “estatizadas”. Pero este adelgazamiento de la economía comunitaria reduce los ingresos de las cuentas públicas minando de tal modo los pilares básicos del llamado “estado del bienestar”. Esta política liberal de dar aplicación productiva al capital excedentario —permitiendo que la burguesía se apodere del plusvalor creado por los asalariados de las empresas públicas privatizadas—, comenzó a ser aplicada en España desde 1985.

Y quien abrió la espita de las privatizaciones en España fue precisamente el gobierno supuestamente socialdemócrata del PSOE, ya en franca deriva hacia el “liberalismo de izquierda”. Lo hizo tres años después de que “Felipillo” ganara las elecciones por amplio margen prometiendo aplicar el ideario “socialista”, que abandonó inmediatamente después de su triunfo electoral abriendo ese cauce privatizador sin mediar ninguna ley votada en el Parlamento. Este cambio de rumbo desde el capitalismo de Estado burgués “progresista”, hacia el neoliberalismo encubierto, lo ejecutó el PSOE no precisamente por imperativo categórico kantiano, sino empujado por la Ley General de la Acumulación Capitalista que Marx enunció y explicó rigurosamente en “El Capital”, Capítulo XXIII del Libro I. Pero de tal designio sistémico en los círculos intelectuales burgueses de izquierda no se habla, porque eso sería tanto como mentar la soga en casa del ahorcado.

Y si tal privatización de las empresas públicas tuvo su posibilidad política, fue porque desde su creación, estuvo previsto que la gran mayoría de ellas adoptaran desde su creación la forma jurídica de “sociedades anónimas”, de modo tal que sus relaciones mercantiles quedaran sujetas al derecho privado, por lo que sus propietarios —normalmente holdings estatales de control— no necesitaron autorización legal ni constitucional alguna para enajenar total o parcialmente sus acciones. O sea que, “hecha la ley, hecha la trampa”.

Marx, Engels y Lenin hicieron suya la definición del término “política” por parte de Benjamin Disraeli, como “el arte de hacer realmente posible lo históricamente necesario”. Los socialdemócratas se quitaron de encima la molesta necesidad histórica objetiva definiendo a la política —siguiendo al estadista conservador alemán Bismarck—, como “el arte de lo posible”, es decir, lo que el sistema capitalista permita realizar a sujetos políticos debidamente institucionalizados en el Estado burgués, sin sacar nunca los pies de ese tiesto; porque si no, como solía decir Alfonso Guerra, “el que se mueve no sale en la foto”.

Así, después que el PSOE procediera el 23 de de febrero de 1983 a la expropiación forzosa de sus 700 empresas al grupo “Rumasa” [2] , hacia 1985 todavía existían en España unas 130 empresas públicas, a las que se sumaban alrededor de 850 indirectas (filiales y sub-filiales de las anteriores), además de las no menos numerosas empresas públicas bajo jurisdicción de los gobiernos autónomos y de las corporaciones locales (municipios). Quince años después, el Partido Popular completó la faena que comenzó el PSOE privatizando total o parcialmente la mayor parte de esas empresas estatales.

 

4. El inexorable agotamiento del “estado de bienestar”

Pero hay empresas que no adoptaron la forma jurídica de S.A. Algunas de ellas notables, como por ejemplo, el transporte por ferrocarril, los servicios de Correo y RTV, así como los Puertos y los Aeropuertos, estos últimos gestionados por la empresa todavía estatal “Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea” (AENA). El reciente conflicto entre los controladores aéreos y el Estado español, fue una cortina de humo deliberadamente levantada por el gobierno del PSOE, para ocultar su ya decidida privatización del servicio aeroportuario, cuya cabeza visible es el actual Ministro “socialista” de Fomento, José Blanco López.

Según reportó "El País” en su edición del 06/06/2004 —poco después de que el PSOE recuperara el gobierno en marzo de ese año tras la masacre del 11M, durante la sesión parlamentaria del día anterior la por entonces Ministra "socialista" de Fomento, Magdalena Álvarez, desveló que la deuda del ente público que gestiona los aeropuertos, se había duplicado en el último año de administración a cargo del gobierno del Partido Popular, hasta alcanzar los 5.300 millones de Euros, previendo que en 2010 alcanzaría los 10.000 millones según la magnitud de las inversiones por entonces ya comprometidas, lo cual podía poner en peligro su solvencia financiera futura

Es decir, que la Ley económica del valor, se había valido del Partido Popular para poner límite absoluto al arte político de lo posible, ante la que el PSOE se había sometido dócilmente años atrás tirando por la borda todo el ideario socialista de su líder, Pablo Iglesias. La deuda prevista de AENA para 2010 —que ya en 2009 ascendió a 14.000 millones de Euros— es la que pilló al gobierno del PSOE supuestamente desprevenido, porque cuando a principios de 2008 la crisis internacional de sobreproducción de capital afectó a España, para volver a ganar las elecciones de marzo el presidente Zapatero seguía negándose a reconocer sus ya claras consecuencias en el aparato productivo del país, diciendo que ése era un simple “estado de ánimo” al que había que combatir con optimismo.

Y después de haber venido durante casi un año gesticulando —para la galería— el ideario socialdemócrata con expresiones tales como que “jamás dejaremos de proteger a los más débiles”, en mayo de 2010 los popes del PSOE sufrieron un repentino ataque de sinceramiento político socialburgués y en menos de 24 horas pasaron a ejecutar la política neoliberal más extrema y trágica en sus consecuencias sociales y humanas, precisamente para las capas más empobrecidas del proletariado a las que Zapatero había jurado proteger a toda costa.

La explicación fue que “los mercados” —nuevo eufemismo para no llamar por su verdadero nombre al capitalismo internacional políticamente liderado por el Fondo Monetario y el Banco Mundial— le habían puesto a esa gobernante formación política en su sitio, ordenándole terminantemente: 1) que reforme de inmediato el mercado laboral para que bajen los salarios reales; 2) que suba el IVA para aliviar el déficit de las cuentas públicas; 3) que retrase la edad de jubilación para: a) incrementar el fondo de pensiones; b) extender el tiempo de trabajo de los asalariados y así aumentar la ganancia capitalista; 4) que privatice el servicio del movimiento aeroportuario, las loterías, las cajas de ahorro y el INEM, dando empleo productivo a una parte del capital sobrante; 5) que se retiren las ayudas a los parados de larga duración y a la maternidad, reduciendo, además, en un 5 % el salario a los funcionarios públicos.

Este golpe mortal contra el tan proclamado “estado de bienestar”, fue asestado contra la clase asalariada española mediante la publicación del Real Decreto-ley 13/2010 firmado el 3 de diciembre, justo una semana después de que el presidente Zapatero se entrevistase con los supuestos 37 principales empresarios “prometiéndoles que se acelerarían las reformas económicas”, siempre con la excusa de apaciguar a “los mercados”. Y con toda la intención de que tales medidas pasaran desapercibidas por el gran público, ese mismo día se decidió cerrar el espacio aéreo, decretar el Estado de alarma y militarizar a los controladores, so pretexto de que estaban cometiendo el delito de sedición, cuando —según la Unión Sindical de Controladores Aéreos— en ese momento, siendo las 17,38 Hs., “aun se podía operar más del 50% total de vuelos”, y de esto hay pruebas tangibles porque las operaciones del control aéreo en la torres quedan grabadas.

El portavoz nacional de USCA, César Cabo, destacó el caso del Centro de control aéreo de Madrid, por la importancia de los números y la relevancia de Barajas en el tráfico Nacional, donde “a las 17.38 horas AENA decide cerrar el espacio aéreo cuando sólo 2 personas de un total de 60, habían declarado no estar en condiciones para controlar” y había gente en la torre

En ese preciso instante, el servicio de tráfico aeroportuario ya tenía puesto el cartel de “se vende”; ¿quién se lo puso? el Ministerio de Fomento del gobierno socialdemócrata PSOE, cuyos portavoces lo han valorado en 18.000.000.000€, cuando en realidad vale 60.000 millones. Tanto Rafael Arias-Salgado como Francisco Álvarez-Cascos —quienes se sucedieron uno al otro como ministros de Fomento de los gobiernos liberales del PP—, habían presumido de la salud financiera de "Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea"(AENA), ufanándose de autofinanciar sus millonarias inversiones sin recurrir a las subvenciones estatales y encima dar beneficios. Todavía en enero de 2006, la anterior Ministra de Fomento del actual gobierno del PSOE, anunció la inversión de 3.000 millones de Euros entre 2006 y 2020 nada más que en el aeropuerto de Canarias. Estos señores se contaron entre el universo de políticos burgueses de todos los colores, unidos en torno al ideal común proclamado por el inefable Fukuyama, de que la expansión del capitalismo no tendría fin.

Pero cuando la crisis les estalló en sus manos y acabó trasladándose al Estado, las fastuosas inversiones supuestamente autofinanciadas en todos los aeropuertos del país —la mayoría de ellos deficitarios— se convirtieron para la alta burocracia estatal en enormes deudas impagables, de modo que les urge impedir ahora, como sea, la bancarrota de lo que, para ellos, es la gallina de los huevos de oro, malvendiendo ese patrimonio al capital productivo privado sobrante que provocó la crisis; todo sacrificado en aras de que estos jerarcas puedan seguir cobrando sus elevados sueldos y dietas, disfrutando, además, el privilegio de poder retirarse con la pensión máxima cotizando tan sólo siete años. Pero no sienten el menor rubor al votar desde sus escaños que la edad de jubilarse para el resto de los españoles se retrase hasta los 67 años. Y no solo esto, sino que mientras conserven sus puestos, entre el 40% y el 75% del sueldo que perciban por su condición de diputados, senadores o cualquier otro alto cargo de representación pública, gozará de exención fiscal”. Después de que José Blanco López apoyara su fusil propagándístico en el hombro de las instituciones de Estado, para disparar la especie de que los controladores aéreos son unos privilegiados, gracias a ellos sabemos ahora cual es la realidad de nuestra muy sacrificada "clase política" y por lo visto ese tiro les ha salido a todos por la culata.

El proceso de privatización en curso de AENA, se realizará según el Decreto-ley 13/2010 del 3 de diciembre de dos formas: una, mediante la creación de sociedades filiales de la nueva “Aena aeropuertos S.A”, y otra, a través de concesiones que empezarían por los aeropuertos más importantes, Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat, en los que estarían más que interesadas, entre otras, las empresas “Abertis” y “Ferrovial”.

Según reporta María Benito en “Cotizalia”, se calcula que las mayores empresas americanas y europeas acumulan más de 1,5 billones de dólares en capital dinerario sobrante sin aplicación productiva, y que la mayoría de los expertos esperan “que las fusiones y adquisiciones repunten con fuerza este año. Y a propósito de fusiones, para comprender cómo se superan las crisis de superproducción de capital, ver una breve exposición en:

El 24 de abril de 2009, el Ministro José Blanco López nombró a un nuevo Presidente de "Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea" (AENA) llamado Juan Ignacio Lema Devesa. Desde entonces, tal parece que la empresa generó una deuda de, al menos, 12.000 millones de Euros. De ser cierto esto, un verdadero escándalo que habría permanecido encubierto si no fuera por el conflicto deliberadamente provocado por el Estado español con los controladores aéreos

En esa misma fecha, el Ministro José Blanco López confirmó el compromiso del actual gobierno de Zapatero —adoptado durante la gestión de Magdalena Álvarez—, con el proyecto de “privatización parcial” por el que se dará entrada en AENA a un 30% de capital privado. El sindicato de Controladores Aéreos (USCA) ha dicho que el ministro José Blanco miente, porque la privatización de la empresa afectará al 49% de su patrimonio.

Al mes siguiente, el 27 de mayo de 2009, el director de Aeropuertos de AENA, Javier Marín, anunció que la entidad mantenía su plan de inversiones con 3.400 millones entre 2009 y 2010, a pesar de la caída de pasajeros por la crisis económica en los aeropuertos españoles, aunque reconoció que "se ajustarán algunas inversiones"

Nosotros prevemos que la privatización del servicio de control aeroportuario alcanzará en España el 100%, si no este año dentro de tres, de cinco o de diez, pero será inevitable. Porque la Ley del valor típica del capitalismo así lo está exigiendo y a la postre se impondrá. Por la misma exigencia objetiva se privatizarán totalmente los puertos marítimos, el transporte ferroviario, el metropolitano subterráneo y demás servicios esenciales; como ya está ocurriendo con el sistema de salud, las escuelas primarias, institutos de segunda enseñanza y universidades. Y esta Ley de la economía política no solo se cumplirá con absoluta fatalidad en España y demás países desarrollados, sino también en el Mundo entero.

Todo esto que Marx pudo prever urgando con su intelecto en las conexiones internas del sistema —todavía entonces ocultas en sus formas de manifestación—, estan surgiendo hoy a la luz del día, confirmando que el Materialismo Histórico es la única disciplina del pensamiento sobre la sociedad, que merece el calificativo de ciencia, y que todo lo demás descansa sobre la superchería.

Hoy día, sucede que a todos los sofistas charlatanes con lustre y aureola de "expertos" en materia económica —puestos al servicio de quienes les pagan para ello—, la realidad les pone su empeño en disfrazarla cada vez más dificil y alejado de la conciencia popular. Ahora, dada la mayor esperanza de vida y el consencuente envejecimiento de la población —como si esta realidad fuera una virtud del sistema capitalista y no de la productividad del trabajo colectivo—, se nos quiere convencer de que para seguir garantizando el actual sistema de pensiones, los asalariados activos deberemos trabajar más intensamente durante más tiempo retrasando nuestra edad de jubilación, y que nuestros jubilados deberan cobrar menos pensión. ¿No será ésta la señal inequívoca y evidente, de que el capitalismo como sistema de vida y reparto del trabajo entre las dos clases sociales universales, está definitivamente agotado?

Desde aquí anunciamos que en nuestra próxima publicación, reponderemos a esta pregunta de modo afirmativo, demostrando que la resolución del problema planteado acerca de la relación entre salarios y pensiones, es en lo sucesivo incompatible con la subsistencia del capitalismo y sus agentes burgueses, no como seres humanos sino como clase, es decir, como categoría socioeconómica y política.

Lo quiera o no lo quiera, a fuerza de sufrir las calamidades del capitalismo en fase terminal, el proletariado mundial deberá conocer esta Ley de la historia moderna, cuyo cumplimiento —en tanto siga intangible la relación social de producción capitalista básica que la determina— es irresistible porque no depende de la voluntad de nadie en particular ni de ningún Estado, gobierno de cualquier país o grupo de países, sea a escala nacional, continental o mundial. Muy al contrario, es esta Ley la que gobierna férreamente el quehacer de individuos, empresas, partidos políticos institucionalizados, gobiernos y Estados de condición social y política burguesa. Y las víctimas propicias en todo este proceso, estan siendo —como no puede ser más evidente— y lo seguirán siendo en grado cada vez más extenso y acusado, los asalariados.

Por lo tanto, o nos organizamos en torno al conocimiento de la ciencia social aplicada como arma política fundamental para subvertir tal estado de cosas desde la raíz, o seguiremos sufriendo sus fatales consecuencias, sin duda cada vez más agravadas. Pero esto será tan inevitable, como que nos hará más rápidamente conscientes de que nadie hará por nosotros, lo que nosotros no sepamos hacer por nosotros mismos.

NOTAS

[1] Al contrario de lo que el sentido común burgués difunde, la superproducción de capital bajo la forma de mercancías nunca lo es respecto de la demanda solvente, sino del plusvalor obtenido con él, desde el momento en que con un capital incrementado, se obtiene la misma cantidad o menos que antes de su incremento.

[2] Tras la expropiación de Rumasa por parte del Gobierno de Felipe González, el empresario venezolano Gustavo Cisneros, amigo personal del presidente, compró Galerías Preciados por 1.500 millones de pesetas, precio acordado por el Consejo de Ministros. Pero el 15 de enero de 1988 vendió los almacenes a una sociedad inglesa por 30.600 millones. La venta supuso uno de los primeros escándalos del «felipismo», pese a lo cual el presidente no se desvinculó del empresario, a cuya residencia dominicana de La Romana ha seguido acudiendo: ElPelotazoDeGaleríasPreciados