La otra forma de dar empleo al cada vez más abultado capital sobrante para superar las típicas crisis de superproducción [1] , desde la década de los años setenta del siglo pasado, consistió en privatizar las empresas públicas que habían sido “estatizadas”. Pero este adelgazamiento de la economía comunitaria reduce los ingresos de las cuentas públicas minando de tal modo los pilares básicos del llamado “estado del bienestar”. Esta política liberal de dar aplicación productiva al capital excedentario —permitiendo que la burguesía se apodere del plusvalor creado por los asalariados de las empresas públicas privatizadas—, comenzó a ser aplicada en España desde 1985.
Y quien abrió la espita de las privatizaciones en España fue precisamente el gobierno supuestamente socialdemócrata del PSOE, ya en franca deriva hacia el “liberalismo de izquierda”. Lo hizo tres años después de que “Felipillo” ganara las elecciones por amplio margen prometiendo aplicar el ideario “socialista”, que abandonó inmediatamente después de su triunfo electoral abriendo ese cauce privatizador sin mediar ninguna ley votada en el Parlamento. Este cambio de rumbo desde el capitalismo de Estado burgués “progresista”, hacia el neoliberalismo encubierto, lo ejecutó el PSOE no precisamente por imperativo categórico kantiano, sino empujado por la Ley General de la Acumulación Capitalista que Marx enunció y explicó rigurosamente en “El Capital”, Capítulo XXIII del Libro I. Pero de tal designio sistémico en los círculos intelectuales burgueses de izquierda no se habla, porque eso sería tanto como mentar la soga en casa del ahorcado.
Y si tal privatización de las empresas públicas tuvo su posibilidad política, fue porque desde su creación, estuvo previsto que la gran mayoría de ellas adoptaran desde su creación la forma jurídica de “sociedades anónimas”, de modo tal que sus relaciones mercantiles quedaran sujetas al derecho privado, por lo que sus propietarios —normalmente holdings estatales de control— no necesitaron autorización legal ni constitucional alguna para enajenar total o parcialmente sus acciones. O sea que, “hecha la ley, hecha la trampa”.
Marx, Engels y Lenin hicieron suya la definición del término “política” por parte de Benjamin Disraeli, como “el arte de hacer realmente posible lo históricamente necesario”. Los socialdemócratas se quitaron de encima la molesta necesidad histórica objetiva definiendo a la política —siguiendo al estadista conservador alemán Bismarck—, como “el arte de lo posible”, es decir, lo que el sistema capitalista permita realizar a sujetos políticos debidamente institucionalizados en el Estado burgués, sin sacar nunca los pies de ese tiesto; porque si no, como solía decir Alfonso Guerra, “el que se mueve no sale en la foto”.
Así, después que el PSOE procediera el 23 de
de febrero de 1983 a la expropiación forzosa de sus 700 empresas al grupo
“Rumasa”
[2]
, hacia 1985 todavía existían en España
unas 130 empresas públicas, a las que se sumaban alrededor de 850 indirectas
(filiales y sub-filiales de las anteriores), además de las no menos numerosas
empresas públicas bajo jurisdicción de los gobiernos autónomos
y de las corporaciones locales (municipios). Quince años después,
el Partido Popular completó la faena que comenzó el PSOE privatizando
total o parcialmente la mayor parte de esas empresas estatales.
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[1] Al contrario de lo que el sentido común burgués difunde, la superproducción de capital bajo la forma de mercancías nunca lo es respecto de la demanda solvente, sino del plusvalor obtenido con él, desde el momento en que con un capital incrementado, se obtiene la misma cantidad o menos que antes de su incremento.
[2] Tras la expropiación de Rumasa por parte del Gobierno de Felipe González, el empresario venezolano Gustavo Cisneros, amigo personal del presidente, compró Galerías Preciados por 1.500 millones de pesetas, precio acordado por el Consejo de Ministros. Pero el 15 de enero de 1988 vendió los almacenes a una sociedad inglesa por 30.600 millones. La venta supuso uno de los primeros escándalos del «felipismo», pese a lo cual el presidente no se desvinculó del empresario, a cuya residencia dominicana de La Romana ha seguido acudiendo: ElPelotazoDeGalerķasPreciados