1. ¿Quién se puso fuera de la legalidad
vigente?
El real Decreto 13/2010 del pasado 3 de diciembre anunciado al día
siguiente, fue firmado por el Rey Juan Carlos de Borbón y Borbón
como Jefe del Estado para imponer el “estado de alarma”, pretextando
una supuesta sedición de los controladores aéreos. Ha sido un
auténtico golpe de Estado militar preventivo e intimidatorio, contra
el conjunto de la clase asalariada española, sin base constitucional
en el llamado “Estado democrático de derecho” refundado
tras la muerte de Franco.
La orden de asumir esa responsabilidad política partió sin duda del capital financiero europeo, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que el Partido Socialista Obrero Español a cargo del actual gobierno, se encargó de ejecutar disciplinadamente demostrando, una vez más, el papel que la socialdemocracia ha venido desempeñando en la historia del capitalismo postrero. El delito de sedición está tipificado en el Artículo 544 del vigente Código Penal y dice que: “Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”.
En medio de los acontecimientos, la cadena británica BBC recogió unas declaraciones del actual Fiscal General del Estado Español, Cándido Conde Pumpido, al que se le atribuyeron las siguientes palabras: “El abandono colectivo de un aeropuerto, con la paralización del tráfico aéreo, es un delito muy grave penado en la ley de navegación aérea con una sanción de prisión de entre tres y ocho años.” Este párrafo fue extraído literalmente de la preconstitucional Ley 48 de navegación aérea dictada el 21 de julio de 1960, a cuyo pie figura la siguiente leyenda: “Dada en el Palacio de El Pardo a veintiuno de julio de mil novecientos sesenta. Fdo.: Francisco Franco". Esta referencia se encuentra en la Web de la agencia Estatal de Seguridad Aérea dependiente del Ministerio de Fomento que dirige José Blanco López. Desde luego que de cándido, el señor Conde Pumpido no tiene nada.
A través de su Ministro de Fomento, José Blanco López, el gobierno del PSOE alegó que el País se estaba enfrentando a un colectivo de trabajadores privilegiados con sueldos millonarios, dando a conocer cifras deliberadamente exageradas. Los controladores ganan según corresponde a su trabajo altamente cualificado y a su responsabilidad social. Ni más, ni menos. Porque de estos asalariados depende la seguridad y la vida de más de 200 millones de pasajeros que utilizan anualmente los servicios aéreos en España. Y si durante los últimos años ganaron más dinero del fijado en su salario base, fue porque a la misma plantilla de 2.400 agentes se les hizo cumplir servicios de ampliación de actividad laboral y otros tantos de horas extras. Se abusó de ellos sometiéndoles desde 2.006 a un régimen de trabajo estresante, a mediano plazo física y psíquicamente insostenible, como así se demostró, poniendo en serio riesgo la vida de los pasajeros y el patrimonio no solo de las compañías aéreas, sino de los bienes afectados al servicio aeroportuario propiedad de AENA. La verdad de todo este conflicto la destapó el portavoz de USCA, César Cabo, y es que “…a AENA le sale más barato pagar horas extra que contratar a más controladores, y por ello no han salido nuevas plazas desde 2006”.
La mayoría de los controladores ni pudieron abandonar sus puestos de trabajo ni reclamaron por mayores salarios. Por estricto sentido de responsabilidad en el cumplimiento del servicio, anunciaron que no podían ni debían seguir trabajando bajo las condiciones de esclavitud impuestas por sus patronos, apelando al artículo 34.4 de la Ley de Seguridad Aérea. Lo que dice esta normativa, es que el personal aeronáutico “tiene la obligación de abstenerse de ejercer dichas funciones y de realizar tales actividades en caso de disminución de la capacidad física o psíquica requerida”. Y el caso es que no pudieron cumplir con esa obligación jurídica y moral en salvaguarda de la vida de los pasajeros, porque el Ministerio de Fomento se les adelantó decretando cerrado el espacio aéreo español, como si esa obligación fuera un delito y así se le hizo creer a la opinión pública de todo el país. ¿Quiénes han sido en este conflicto los verdaderos sediciosos?
Desde 2.001 el sindicato de controladores había venido avisando a
la empresa pública sobre la insuficiencia de controladores en nuestro
país y la urgente necesidad de aumentar la formación de nuevos
controladores. Sin embargo, AENA fue formando y ampliando la plantilla de
controladores a cuentagotas, sin cubrir ni de lejos las bajas que se producían
por jubilaciones. Un controlador aéreo con más de veinte años
de experiencia, ha declarado que en España “hay 2.000 controladores
cuando en Francia o Alemania rondan los 4.000 para un espacio aéreo
menor”Ver
, lo cual explica que AENA optara por alargar la jornada
laboral, de 1.200 a 1.670 horas anuales, y encima se les impuso hacer horas
extras, naturalmente mejor pagadas. Pero con la condición de que las
horas no trabajadas en concepto de bajas por enfermedad, maternidad, vacaciones,
etc., deberían ser recuperadas. A ver si el Ministerio de Fomento puede
probar fehacientemente ante la opinión pública, que esto no
es verdad.Aquí
está el Real Decreto-Ley 13/2010 firmado el pasado 03 de diciembre,
y el
precedente Real decreto 1001/2010 del 5 de agosto
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