Elementos para un juicio político revolucionario al Estado “democrático” español

Parte II: Terror de Estado, corrupción y centralización bancaria.

Sinceramiento
Tu patrón: Vota y trabaja, esclavo
El policía: Vota y circula, majadero
El cura: Vota y reza, borrego
El banquero: Vota y paga, cretino
El oficial militar: Vota y mata, soldado
El juez: Vota y a la cárcel, imbécil.
El político: Vota y espera, idiota.
Votar es un derecho y un deber
Votar es una fiesta.
Al día siguiente suena el despertador.
Como todos los días.
Anónimo

1. El general Javier Calderón, “colaborador necesario” en el 23F

Así ha opinado el historiador Jesús Palacios en un suplemento de doce páginas publicado con su firma en “El Mundo” el 22 de febrero de 2001, y que incorporó a la edición de su libro: “El Golpe del CESID”. Al día siguiente, durante la conferencia de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros del gobierno de Aznar, al ser preguntado acerca de si el Gobierno estaba considerando adoptar "medidas disciplinarias" contra el general Calderón, ante la publicación de informaciones que le vinculan con la intentona golpista, el por entonces portavoz del gobierno, Pío Cabanillas, manifestó que el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, es "cosa juzgada", por lo que el Gobierno "respeta" la decisión del director del CESID, Javier Calderón, de emprender acciones legales por informaciones que le implican en la organización del golpe:

<<“El único comentario del Gobierno es que respeta las declaraciones del general Calderón en lo que respecta a su derecho de tomar las medidas que considere oportunas en defensa de su persona y su honor; fuera de eso, ningún otro comentario”, dijo Cabanillas.

El portavoz también aconsejó “extremar el cuidado con la utilización de términos absolutos que pudieran parecer acusaciones directas hacia la persona del general Calderón”. Y recordó que el golpe de Estado del 23 F de 1981 es “un caso trágico para la democracia de nuestro país, que ocurrió hace mucho y es cosa juzgada, tanto en sus aspectos civiles como militares.”>> Cfr.:

http://libertaddigital.es/php3/noticia.php3?fecha_edi_on=2001-02-24&num_edi_on=297&cpn=20217&seccion=ESP_D

Y eso es lo primero que hizo el general: interponer una querella contra Palacios. Luego, con la sentencia favorable como resultado de su mayor peso específico fáctico ante la relativa ingravidez de un simple historiador sin relumbre sobre la balanza de la justicia burguesa, Calderón arremetió contra el resto de los periodistas respaldados por ese otro poder fáctico que es el periódico dirigido por P. J. Ramírez. [1]

Entonces, las cosas fueron diferentes. El magistrado Rosel Marín, encargado del caso, después de estudiar, analizar y comprobar toda la documentación que aportó Palacios para defenderse de esa querella —entre la que figuraba el suplemento de 12 páginas de “El Mundo”—, ha llegado a la conclusión de que la información que aparece en el libro del historiador es “veraz y documentada”. Es decir, que el escritor y los periodistas no mentían y que el CESID y sus jefes estaban al tanto no sólo de lo que iba a ocurrir, sino cuándo y quiénes eran los oficiales y mandos que iban a protagonizar la “asonada militar” que pretendió cambiar el rumbo de la Historia de España.

Pero no demasiado diferentes. En sus consideraciones jurídicas, el juez aclaró que no es su “función la de valorar si el general Calderón dirigió o no el golpe de Estado” porque “no parece que estas diligencias [en referencia a la querella del general contra el periodista] deban convertirse en una segunda edición del juicio militar”. Efectivamente, ese juzgado de instrucción no era el órgano competente para dilucidar quiénes estaban involucrados en el golpe de Estado del 23-F.

Por esa razón, un grupo de abogados —entre quienes estaban Carlos Slepoy y Manuel Ollé— recogiendo las informaciones publicadas por “El Mundo” sobre ese suceso, pretendieron darle la vuelta a la táctica de Calderón y contraatacaron presentando los “papeles de “El Mundo”  como prueba de cargo contra el general en el juzgado de guardia.

La denuncia se presentó la misma noche del 22 de febrero de 2001, minutos antes de que se cumplieran los 20 años de prescripción, y que, por reparto cayó en el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, cuyo titular era por entonces el magistrado Santiago Juan Pedraz Gómez. Rápidamente, este juez  se inhibió de esta “patata caliente” presentada por los abogados y la derivó al Tribunal Supremo. Una vez en esa alta instancia, recayó en la Sala de lo Militar y, desde ese momento, nada se ha sabido de de la denuncia presentada por los abogados Ollé y Slepoy. Cfr.:

El resultado fue que, bajo condiciones políticas dadas en que dos poderes fácticos de igual peso específico tiran en dirección contraria, se impone la ley física del paralelogramo de fuerzas cuya resultante es nula, como así ha ocurrido en este caso con la balanza de la justicia vigente respecto del contencioso entre el periodismo y el ejército, y que eso de que “todos los ciudadanos somos iguales ante la ley según la verdad de los hechos” es uno de los tantos embelecos burgueses que si todavía señorean en la conciencia colectiva de los explotados, es porque —necesidad obliga— millones de periodistas como Antonio Rubio y letrados como Manuel Ollé o Carlos Slepoy, a cambio de relativamente holgadas condiciones de vida, generan confianza en la idea de que el sistema capitalista se rige por la verdad histórica y el imperio de “la ley igual para todos”. Así, mientras los periodistas se conforman a la perspectiva de que la verdad de los hechos finalmente resplandezca —después que la historia se haya conformado a  los intereses de quienes en su momento la falsificaron— los abogados concilian su conciencia en que el derecho burgués hace de vez en cuando justicia en la persona de algunos corruptos y criminales políticos, sin evitar que la corrupción y el gangsterismo se conviertan cada vez más en la forma principal de que la burguesía pueda sobrevivirse a así misma y todos contentos. Unos y otros, en mutua solidaridad y colaboración para los fines compartidos de alejar en todo lo posible el inevitable horizonte en que los explotados agoten su paciencia y hagan tronar el escarmiento.

Ya nos hemos referido más arriba a la “Sección Especial de Agentes” —creada para dar cobertura logística a la toma del Congreso por parte del destacamento al mando de Tejero el 23F— en relación con el informe “Jaudenes”. Allí se atribuye la dirección de este engendro golpista al Comandante José Luis Cortina. En realidad, la SEA dependía por entonces directamente del comandante Cortina, su cabeza visible, pero la máxima jerarquía de mando en la sombra recaía sobre el general Javier Calderón. Por eso su nombre no apareció en el informe “Jaudenes”:

  <<En las fechas del 23F el CESID tenía un director Interino, el general Narciso Carreras, quien en julio de 1980, había sustituido al también general Gerardo Mariñas.

Al margen del organigrama y de la línea de mando, el hombre fuerte de los servicios de información era Javier Calderón.>> (Antonio Rubio y Manuel  Cerdan, en: “El Mundo”del 22/02/01)

Tanto Calderón como Cortina, procedían del grupo “Forja”, una sociedad secreta surgida del movimiento franquista —auspiciada por el Capital Pinilla y el padre Llanos— que dio pábulo a la Unión Militar Democrática liderada por el General Andrés Gutiérrez Mellado.

Nacido en Valladolid el 26 de marzo de 1921, siendo un adolescente Luis Pinilla Soliveres sufrió los avatares de la guerra civil. Combatió como voluntario al servicio del bando nacional franquista en las postrimerías  de la guerra, sin entrar apenas en combate, asistiendo después a la Academia de Transformación donde se convirtió en oficial profesional. En 1943, siendo capitán de infantería fue nombrado profesor de esa academia. En 1944 pasó a dirigir la “Asesoría nacional de Educación Preliminar del Frente de Juventudes”.

Durante unos ejercicios espirituales en la semana santa de 1945, conoció al Padre Llanos. En 1948 fundó el primer colegio de “Preparación Preliminar del Frente de Juventudes”. En 1951 creó la “Milicia Española de Cristo”, nada que ver con los guerrilleros ni legionarios de Cristo Rey, de corte netamente fascista. En 1956 creó el Colegio Preparatorio llamado “Forja”, hasta que fue suprimido por las más altas instancias políticas y militares del régimen franquista en 1960  .

Los principios impartidos por el entonces capitán Pinilla, fueron los que inspiraron el grupo religioso-profesional militar llamado “Forja”, estrechamente ligado al Frente de Juventudes. Se cultivó allí el espíritu del esfuerzo para ser, ante todo, buenos soldados y buenos cristianos. 

José María De Llanos Pastor, ex capellán de la Falange y amigo de Franco, hijo de un general de infantería, nació el 26 de abril de 1906. Licenciado en químicas por Madrid en 1927, después de la Guerra Civil española, en 1943, adscrito a la Compañía de Jesús intervino en la organización estratégica de los “Cursillos de Cristiandad”. Durante el retiro espiritual de la semana santa en 1943, intervino en la “organización estratégica” de los “Cursillos de Peregrinos”, inspirados en el ideario “progre” de la Compañía, cuya divisa para "la mayor gloria de Dios", es "la promoción de la justicia que brota de la fe", inspiración que impulsa “un esfuerzo constante por ayudar a los marginados, y sus mayores energías a los que sufren la opresión que originan las estructuras de los poderes que no respetan al individuo dentro del espíritu del Vaticano II y de las encíclicas de los últimos Romanos Pontífices..” No es casual que, con esta ideología de medio pelo, el Padre Llanos acabara haciendo buenas migas con el PCE.

Finalizada la Guerra Mundial, la Compañía le encargó a De Llanos desplegar su actividad de apostolado en los ambientes estudiantiles próximos a Falange, incluyendo la forja de futuros militares buscando desactivar la influencia del ateísmo religioso de Ortega y el totalitarismo político de las JONS, de Ramiro Ledesma [2] .  En 1946 ya era Capellán del Frente de Juventudes y, en calidad de Subdirector de la “Congregación Universitaria de Madrid”, formó parte de la Junta Organizadora del “XIX Congreso Mundial de la Pax Romana”, que sesionó en El Escorial y Salamanca entre junio y julio de 1946, siendo además, habitual colaborador de las revistas estudiantiles más significativas de aquella época, como “Alférez”, “La hora” o “Alcalá”.

A mediados los años cincuenta, cuando la Compañía advirtió el peligro de deslizamiento hacia el ateísmo que suponía para el incipiente movimiento estudiantil su creciente vinculación con el tradicional anticlericalismo del movimiento obrero tutelado por el PCE, de Llanos fue encargado de desplegar su actividad de apostolado en los ambientes obreros de las nacientes barriadas proletarias del sur de Madrid. Así fue cómo el Padre Llanos se fue haciendo “comunista” y el PCE comulgó con el catolicismo.

Suele fijarse la Nochebuena de 1955, como el inicio de la actividad de este jesuita en el suburbio madrileño denominado “El pozo del tío Raimundo”, que coincidió con la progresiva adaptación de su nombre al medio social en que comenzó a desempeñarse. Así, de haber sido el jerárquico “Reverendo Padre José María de Llanos S. J.,”, pasó a ser el “democrático” y cuasi seglar “Padre Llanos” a secas. El éxito del activismo católico del Padre Llanos fue total, e influyó decisivamente en la clericalización del movimiento obrero y en la consiguiente desactivación del ateísmo e incluso del anticlericalismo en amplios sectores de Comisiones Obreras, del Partido Comunista y de otros grupos minoritarios que se presentaban como la “extrema izquierda” del sistema, no precisamente por su presunto e inexistente radicalismo social y político, sino por su efectivo anticlericalismo y ateismo religioso remanente, heredado del odio hacia a la jerarquía católica por su compromiso con el régimen franquista durante la guerra civil.

En el contexto de ascenso espectacular en las luchas obreras durante la década de los sesenta y setenta, muchos de los miembros del grupo “Forja” fueron abandonando la derecha más reaccionaria del franquismo, para evolucionar desigualmente en la escala ideológica, hacia la derecha liberal más o menos asimilada a la  socialdemocracia de centro representada por el PSOE, hasta la izquierda burguesa socialdemócrata en que acabó recalando el PCE. Así se explica que fueran legión los políticos que colaboraron con el “Padre Llanos”, entre otros los hermanos Javier y Luis Solana, del PSOE, el ex alcalde de Madrid José María Álvarez del Manzano, del PP, y el sindicalista Marcelino Camacho. Las exigentes inquietudes profesionales de los militares adscriptos al “Forja”, fueron las que determinaron que este grupo tuviera tanta influencia, ya que la mayoría de ellos eran aspirantes a ocupar puestos en el Estado Mayor, destacando entre los primeros en las distintas promociones, lo que les permitió ocupar altos cargos en la escala jerárquica del las FF.AA. y, en muchos casos, asegurarles el ascenso al generalato, como fue el caso de Gutiérrez Mellado, Díez Alegría y el propio Pinilla.

En 1936, Javier Calderón quedó huérfano de padre fusilado por el bando republicano. A principios de la década de los sesenta, siendo capitán de infantería comenzó a colaborar en obras de caridad junto a De Llanos entre los chabolistas (villas miseria) de “El Pozo del Tío Raimundo”.  Allí pudo conocer a  Luis Pinilla y al resto de oficiales que dieron nacimiento a la “Unión Militar Democrática” (UMD).

Empezó a vincularse con los servicios secretos desde 1971, desempeñándose tanto en el Servicio Central de Documentación (SECED) dependiente de la Presidencia de Gobierno —durante la etapa de su primer responsable el coronel José Ignacio San Martín— (1972-74), como en el órgano que le sucedió: el Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) creado en 1977 por el general Gutiérrez Mellado. A finales de 1974, colaboró con Manuel Fraga en la creación de la sociedad de estudios políticos “Gabinete de Orientación y Documentación” (GODSA), desde donde se intentó la formación de un partido político de centro. Así, del GODSA surgió en febrero de 1976 “Reforma Democrática”, formación política precursora del actual “Partido Popular”. [3] En el CESID, Calderón también tuvo como máximos responsables al entonces teniente coronel Andrés Casinillo (1976-78) y al coronel Emilio Alonso Manglano, nombrado este último por el presidente Calvo Sotelo tras sobrevivir en su cargo provisorio al intento golpista de 1981. [4]

En 1976, Javier Calderón intervino como defensor de Restituto Valero en el juicio contra los miembros de la Unión Militar Democrática (UMD). Junto al ya fallecido teniente general Gutiérrez Mellado, fue uno de los promotores de la Fundación Ayuda contra la Drogadicción, FAD, donde en 1986 conoció y estrechó fuertes lazos de amistad con el socialista Eduardo Serra, su valedor.

2. El “Plan ZEN” y sus enanos: las escuchas ilegales del CESID y el caso GAL

Con el ascenso al gobierno del PSOE en 1981 y el nombramiento del coronel Emilio Alonso Manglano —mano derecha de Felipe González— al frente del CESID, Calderón debió abandonar ese organismo central de inteligencia, pasando a reintegrarse a la Guardia Civil, donde asumió la dirección de sus servicios de información.

Durante su segundo mandato gubernamental, el PSOE vio como estallaba en sus manos el llamado “Caso GAL”, una organización terrorista de Estado producto directo del famoso “Plan ZEN” (Zona Euskadi Norte), proyecto contrainsurgente destinado a combatir a ETA y, en general, a toda la izquierda abertzale. El mentor de este plan —adoptado e impulsado por el gobierno socialista— fue el general de la Guardia Civil Andrés Casinello, quien había diseñado los modernos servicios secretos de las FF.AA. del Estado español, incluida la Guardia Civil.

El Plan Zen fue la primera medida de alcance represivo sobre la sociedad civil que aprobó el PSOE nada más hacerse cargo del gobierno. Sus objetivos quedaron plasmados el 31 de octubre de 1982 en el secreto "Decálogo para acabar con ETA", cuya implementación político-militar comenzó a efectivizarse en enero de 1983; por supuesto, sin conocimiento ni aprobación de la Cortes Generales. En realidad, el “Plan Zen” estuvo inspirado en otro anterior concebido por expertos policías franquistas en la lucha contra ETA, según los manuales que la CIA repartió por toda Europa tras la Segunda Guerra mundial, titulado: “Nuevas dimensiones para la seguridad en Europa”, con el fin de combatir la influencia de los partidos comunistas en el viejo continente.

Su antecedente inmediato data de 1977 y fue elaborado por el Ministerio postfranquista de Defensa e Interior, según la línea trazada por un informe difundido entre los mandos del Ejército con el nombre de “Orientaciones para la Subversión y la contra subversión”, doctrina fundada en la creencia de que la izquierda radical estaba creando una situación prerrevolucionaria en Euskadi .

Uno de los aspectos más destacables del Plan Zen fue su énfasis sobre la «guerra psicológica» basada en el falseamiento de la información acerca de la represión al movimiento abertzale. Con ello se trató de que la opinión publica —en especial la mayoría residente fuera del país vasco— se creara ella sola una aureola de dignidad sobre los “cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado”, que le indujera naturalmente a desacreditar toda fuente de información no proveniente de fuentes oficiales. Tal fue el núcleo central de una táctica que se planteó conseguir la derrota política de ETA como condición de su derrota militar.

En tal sentido, el Plan ZEN atribuyó decisiva importancia a la utilización de los medios de comunicación. Entre otras “virtudes”, el Plan ZEN recomendaba expresamente utilizar la propaganda fundada en el rumor, la mentira y la manipulación de la información para sembrar la duda y la confusión entre los vascos y, de paso, quitar apoyo a los independentistas en el resto del Estado. Por ejemplo, dice literalmente:  

<<Atribuir parte del merito en los éxitos policiales que se obtengan, a la colaboración ciudadana (….), cuando sufra un atentado un miembro de la policía, personalizarle inmediatamente y facilitar algunos datos de la esposa, madre e hijos preferentemente, (…) dar informaciones periódicas, a través de terceros, que difundan enfrentamientos y discrepancias entre terroristas, sus ideologías foráneas, sus negocios sucios, sus costumbres criticables, etc. Basta que la información (falsa) sea creíble  para explotarla.>>  (Op. Cit.) 

            Hasta ese momento, ETA había limitado su accionar armado a los efectivos de los tres ejércitos, a la guardia Civil , Policía Nacional y policías autonómicas, en este orden de importancia. [5]     

Fue en enero de 1.983, cuando el ministro de Interior del primer gobierno del PSOE, José Barrionuevo Peña —conocido por el ministro de la Porra— convocó a una histórica conferencia de prensa, para presentar el Plan ZEN con bombo y platillos ante la sociedad española.

Con la fundación y el accionar de los “Grupos antiterroristas de Liberación” (G.A.L.), entre 1983 y 1986, el PSOE pudo demostrar que la nueva forma de gobierno “democrática” con que apareció vestido el Estado español tras el proceso de transición política formal que sucedió a la muerte de Franco, no pudo ocultar que siguió y sigue conservando su misma naturaleza o esencia terrorista, atravesado por un hilo de sangre que, entre 1977 y 1981, fue trazado por el Terrorismo de Estado oficioso. Con Fraga como Ministro del Interior, en el Gobierno franquista de Arias-Navarro, y durante la época de UCD, con Rodolfo Martín Villa en el mismo puesto, actuaron el Batallón Vasco Español (BVE), la Triple A (Alianza Apostólica Anticomunista) —un remedo de la famosa “Triple A” actuante por esas mismas fechas en Argentina (1974-75)—, ATE (Anti Terrorismo ETA), los “Comandos Antimarxistas”, los Grupos Armados Españoles (GAE) y los “Guerrilleros de Cristo Rey”. [6]  

Ese hilo de sangre fue dibujando la historia de la transición hacia la “democracia” desde el 23 de enero de 1977, con el asesinato del estudiante Arturo Ruiz García en Madrid, a manos de la A.A.A.), hasta el 26 de junio de 1981, con el asesinato de Antonio Murillo Chacón perpetrado en Hernani sin atribución específica; pasando por la “matanza de Atocha”, con el asesinato de cinco abogados laboralistas militantes de CC.OO., reivindicada por la A.A.A.; el secuestro y asesinato en Irún de Martín Merkelanz —supuestamente vinculado a ETA— reivindicado por el B.V.E. el 6 de mayo de 1978; el secuestro y asesinato de José Ramón Ansa Echevarria, militante de ETA, en Andoain, reivindicado por la A.A.A. el 6 de mayo de 1979; el asesinato en la playa de Anglet (Francia), de Juan J. Lopetegui Carrasco, militante de ETA. Reivindicado por el BVE  el 2 de agosto de 1979; el asesinato en Madrid de Yolanda González Martín, del Partido socialista de los trabajadores (P.S.T.), el 2 de febrero de 1980, reivindicado por el B.V.E; asesinato en Hernani de Felipe Zagarna Ormazábal el 19 de abril de 1980, reivindicado por el B.V.E.; el asesinato en Madrid de Arturo Pajuelo Rubio. Atribuido al BVE.; el asesinato en San Sebastián de la estudiante Maria José Bravo del Valle, atribuido al BVE el 8 u 11 de mayo de 1980; el asesinato en Ondarroa de Ángel Etxaniz Olabarría, militante de Herri Batasuna. Atribuido al BVE. El 30 de agosto de 1980; el asesinato en Hernani de Miguel Mª Arbelaiz y Luis Mª Elizondo, militantes de Herri Batasuna atribuido al BVE el 7 de setiembre de 1980; el asesinato en Caracas (Venezuela), de los militantes de ETA Esperanza Arana y Joaquín Alfonso Etxeberría, atribuido al BVE el 14 de noviembre de 1980; el asesinato ese mismo día en Hernani del chatarrero Joaquín Antimasbere Escoz, sin vinculación política conocida, también atribuido al B.V.E; el ametrallamiento del Bar "Hendayais" de Hendaya, donde suelen reunirse simpatizantes de ETA. Fallecen el trabajador José Camio y el jubilado Jean Pierre Aramendi, ambos sin filiación política conocida. Diez personas más resultan heridas. Atribuido al BVE el 23 de noviembre de 1980; el asesinato en Biarritz del militante de ETA José Martín Sagardía Zaldua. Atribuido al BVE el 30 de diciembre de 1980; el asesinato en Andoain de Francisco Javier Ansa Cincunegui, militante de Herri Batasuna y hermano de un concejal del Partido Nacionalista Vasco, atribuido al BVE el 3 de marzo de 1981.

Como puede advertirse por esta crónica, entre 1977 y 1981, actuando impunemente desde las cloacas del postfranquismo, el terrorismo de Estado español vino marcando todos los pasos que en la superficie de la sociedad fue dando la burocracia partidocrática durante la transición pactada y los inicios de la “joven democracia española”. De acuerdo con la cronología publicada por “El Mundo”, el año 1983 nació con una propuesta del “Partido Nacionalista Vasco” al flamante gobierno del PSOE, para iniciar conversaciones de paz con ETA. Pero el día 28, esta negociación fracasó ante la negativa de los representantes del Estado a la exigencia etarra de que las conversaciones prosiguieran en presencia de los medios de prensa. Ese mismo mes, según el entonces número dos del CESID, Juan Alberto Perote, su Jefe, Emilio Alonso Manglano le encargó un informe sobre cómo combatir a ETA.

En medio de una fuerte ofensiva militar de ETA, en algún lugar de la Sierra de Guadarrama tuvo lugar una reunión en la que participaron El ministro del Interior, Barrionuevo, El Secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, Julián Sancristóbal, Director General de Seguridad del Estado, José María (Txiki) Benegas, Jáuregui y Damborenea, Secretario general de los socialistas de Vizcaya, entre otros, donde —según este último— allí se habló de empezar a actuar contra ETA en Francia. Entre abril y junio, la ofensiva de ETA recrudece. El 6 de julio, se elaboró en el CESID la llamada "acta fundacional" de los G.A.L., en la que se examinó la posibilidad de llevar a cabo acciones de "guerra sucia" en el sur de Francia, ante la falta de colaboración de ese país en la lucha antiterrorista. El 28 de setiembre, Juan Alberto Perote, del CESID, elaboró una "Nota de despacho" en la que se informó sobre el inicio de acciones en Francia por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado o a través de mercenarios contratados.

El 5 de octubre de 1983, en Bilbao, fue secuestrado por ETA el capitán de Farmacia Alberto Martín Barrios. El 16 fueron secuestrados en Francia los etarras Lasa y Zabala. (Ese día nacieron los G.A.L., aunque se atribuyeron la acción recién en enero de 1994. Sus cuerpos aparecieron en 1995. Como resultado de las investigaciones ordenadas por el juez de turno, fueron encarcelados tres agentes del cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo, acusados de secuestro, torturas y asesinato). El 18 de ese mismo mes fueron detenidos en Francia un inspector y tres miembros del “Grupo Especial de Operaciones” (G.E.O.) dependiente de la Policía Nacional, que iban a secuestrar al etarra Larretxea Goñi para lograr liberar a Martín Barrios. Barrionuevo reconoció haber ordenado esta operación. El 19 fue hallado cerca de Bilbao el cadáver de Martín Barrios con un disparo en la cabeza.

 El 3 de noviembre, el presidente del gobierno, Felipe González compareció ante el Congreso para dar por agotadas las medidas políticas contra el terrorismo.

El 4 de diciembre, tres mercenarios secuestraron por error, en Hendaya, al empresario industrial Segundo Marey, cuando el objetivo de la operación era capturar al etarra Mikel Lujua. El secuestrado fue conducido a una cabaña de Cantabria. El día 6, los G.A.L. se atribuyeron anónimamente el secuestro de Marey en sendos comunicados a medios franceses y la Cruz Roja de San Sebastián, pidiendo a cambio la libertad de los "GEOs" detenidos en Francia. El día 8, el tribunal francés de Pau dejó libres a los cuatro policías detenidos por intentar secuestrar al etarra Larretxea Goñi. El día 14 fue Liberado en Francia Segundo Marey. Llevaba en el bolsillo un comunicado en el que, por primera vez, se utilizaron las siglas G.A.L. El día 28 es herido de gravedad en San Juan de Luz el etarra Mikel Andoni Goikoetxea, alias "Txapela". Este atentado también fue reivindicado por los G.A.L.

Los GAL actuaron principalmente en el País Vasco del Estado francés, aunque los atentados personales, secuestros, retención de personas, torturas y delitos económicos, se llevaron también a cabo en territorio bajo jurisdicción del Estado español. Atentaron contra militantes y simpatizantes de ETA y contra gente no relacionada con el terrorismo. Los GAL estuvieron activos entre 1983 y 1986, periodo en que cometieron 23 atentados mortales. Esta etapa supone una parte del periodo llamado "guerra sucia".

En 1991 se abrió el juicio sobre el GAL que, según la sentencia dictada en septiembre de ese mismo año, terminó únicamente con la condena de los policías José Amedo y Míchel Domínguez, cuya vista oral dejó flotando en el medio ambiente político, judicial y mediático, la identidad de la X como incógnita sobre la cabeza del responsable máximo en el aparato del Estado, que —según el periodista López Agudín— el magistrado Baltasar Garzón no ha podido “descifrar” a través de una “larga y penosa” instrucción. Ver: http://www.el-mundo.es/nacional/constitucion/1991/historia.html

Esa X fue la que Garzón despejó en el sumario que elevó en su momento al Tribunal Supremo pero González fue intangible y lo sigue siendo, en primer lugar, porque el PSOE compró el silencio de Amedo y Domínguez. En efecto, según las declaraciones que Rafael Álvarez Cascos hizo el 22 de abril de 1998 ante la Comisión del Senado, en su carácter de vicepresidente del gobierno de Aznar:

<<Es un hecho que a José Amedo y Michel Domínguez los gobiernos del ex presidente González Márquez abonaron mensualmente desde julio de 1988, fecha de ingreso en prisión, hasta mayo de 1994, concesión de tercer grado, cantidades variables entre 450.000 y 600.000 pesetas al mes, que excepcionalmente podían llegar a dos millones de pesetas, a través de Juan de Justo, secretario de Rafael Vera. Entregaron a sus esposas en Suiza un total  de 200 millones de pesetas en cuatro entregas, a través de Juan de Justo y otras personas. Prometieron el indulto reiteradamente, a través de Francisco Álvarez, de Julián Sancristóbal, de Rafael Vera, de Jorge Argote, de José Luis Corcuera, de Antonio Asunción, que les presentó, pizarra incluida, el plan completo de beneficios penitenciarios, de Eligio Hernández y de Narcís Serra al abogado Gonzalo Casado en este último caso. Todo ello siempre a cambio de su silencio y de que ni siquiera recurrieran en amparo la sentencia que les condenó ante el Tribunal Constitucional.>> (Rafael Álvarez Cascos Fernández. Op. Cit. Cfr.: http://www.senado.es/boletines/CO0434.html )

En segundo lugar, porque Felipe González Márquez dispone de suficiente información como para poner patas arriba la Monarquía parlamentaria, y porque es una reserva de poder “democrático” que la burguesía no puede ni quiere desperdiciar.

3. Las escuchas ilegales del CESID

Anejo al Plan Zen, entre 1983 y 1991, el CESID al mando de Manglano, organizó y desarrolló el operativo de las escuchas ilegales como parte de “la lucha contra el terrorismo, actividades ‘contraconstitucionales’ y cuestiones económicas y tecnológicas”. Para ello se creó un “Gabinete de escuchas” en el que operaron cinco agentes a las órdenes del coronel Juan Alberto Perote, en su condición de jefe del Departamento de Acción Operativa. En su edición del 13 de junio de 1995, el diario “El Mundo” publicó un estadillo manuscrito realizado en las dependencias del CESID, donde hace referencia a escuchas de conversaciones telefónicas a diversas personas de notoria relevancia pública, entre otras al Rey Juan Carlos (no consta fecha), a los ministros de exteriores e Interior, Francisco Fernández Ordóñez (1990) y José Barrionuevo Peña (1990), al parlamentario socialista Enrique Múgica Herzog (1986), al vocal del Consejo General del Poder Judicial, Pablo Castellano Cardalliaguet (1986). También a Gustavo Durán Romero (1989 y 1990), Ramón Mendoza Fontela (1990), José María Ruiz Mateos (1990) y Jaime Campmany Díez de Revenga (1985); así como a responsables de la Asociación Civil de Dianética (1987-1988).

El día 14 de junio de 1995, el afectado Jaime Campmany Díez de Revenga presentó la querella que dio lugar al inicio de las acciones judiciales por el “caso de las escuchas ilegales del CESID”. Durante el juicio, según consta en la sentencia Nº 227 de la Audiencia provincial de Madrid, fechada el veintiséis de mayo de 1999 en el Juzgado Nº 43 a cargo del Magistrado Perfecto Andrés Ibáñez, el coronel Perote declaró ignorar si las cintas por las que se le preguntaba estuvieran archivadas —“Sí sé que había un armario con cintas, por haberlo visto alguna vez. Pero no como tal archivo o cintateca”— así como que “de ninguna forma” había revelado a “El Mundo” las informaciones que dieron origen al procedimiento. Esto último parece ser cierto, dado que no existen pruebas ni testimonios fehacientes de terceros en contra.

Este segundo juicio, después de una primera sentencia —recurrida por las defensas y anulada por el Tribunal Constitucional el 21 de mayo de 1995— en la que Perote y Manglano habían sido condenados a seis meses de arresto y ocho años de inhabilitación, Manglano quedó exonerado de toda responsabilidad en el caso, y Perote fue finalmente condenado a cuatro meses de arresto e inhabilitación absoluta por seis años. [7]  

4. El banquero Mario Conde y los papeles del CESID

Periodista: 

¿Cree usted en la independencia del poder judicial?
Mario Conde:
Una señora que está casada con un juez le pregunta:
¿Por qué Pepe es del Tribunal Supremo y tú no?
Porque a Pepe lo ha nombrado el Consejo General del Poder Judicial.
—Pues a ver si te nombran a ti, gilipollas. ¿Quién es el CGPJ?
—Unos señores que han sido nombrados por los partidos.
—Pues haz caso a lo que te diga el partido. A los tíos del Supremo, los ha sentado ahí el poder político.  (http://www.el-mundo.es/magazine/num111/textos/mario1.html)

Mario Conde ha sido uno de esos lazos que el capital financiero proyecta en todo el Mundo desde la sociedad civil hacia el Estado, para fortalecer sus vínculos con él a instancias de los gobiernos de turno, hecho que se ha venido verificando desde principios del pasado siglo a esta parte. Es allí, en las instituciones del Estado, donde se tejen y destejen imperceptiblemente las más diversas tramas del poder político entre determinadas fracciones del capital y determinadas formaciones políticas en función de gobierno, cuyas disputas —por completo a espaldas de los proclamados valores de la “democracia” y los “intereses generales de los ciudadanos”, deciden el curso de la sociedad, en ultima instancia según los dictados de la ley general de la acumulación capitalista. 

“La banca debe estar con el Gobierno" decía Pedro Toledo, presidente del antiguo banco de Vizcaya, autor de la fusión con el entonces banco de Bilbao que presidía José Ángel Sánchez Asiaín. Por gobierno se entienden todas las instancias institucionales del Estado. Esta frase ocupa una página especial en el manual del buen banquero desde siempre. La contraparte de este lema acuñado por Pedro Toledo en lo que atañe a los políticos institucionalizados en el Estado “democrático” español, fue que el partido en el gobierno debe estrechar vínculos con los principales bancos. Y esto es lo que hizo el PSOE con Sánchez Asiaín. [8]  

Pero, dadas las características institucionales del Estado español postfranquista, y las nuevas condiciones políticas impuestas por el resultado del 23F, casi todas las tramas políticas al interior del Estado español empezaron a pasar también por la Casa Real, dada la poderosa autonomía e influencia política que el Monarca había adquirido, una vez que los mass-media de este país fabricaron para él e hicieron flotar sobre su corona, el mito y la aureola de autoridad arbitral, como resultado de haberle metamorfoseado en “salvador de la democracia”, validando en la conciencia servil de los explotados el slogan burgués de que lo verosímil es más importante que lo verdadero.

Por lo tanto, según el proverbial pragmatismo oportunista que impregna la práctica política de todos los partidos políticos burgueses, como no podía ser de otra manera uno de los objetivos políticos primordiales del PSOE tras ganar las elecciones en 1982, fue implicarse con el Monarca, hasta el punto de llegar al compadreo con él y su familia:

<<Cuando en 1982 el PSOE accedió al poder, empezó una etapa de gran prosperidad para la monarquía. El presidente Felipe González, sobre todo en los tres primeros años de mandato, llegó a tener una íntima amistad con Juan Carlos, fascinado por su gracia andaluza. Aunque institucionalizaron despachar todos los martes, hablaban por teléfono y cambiaban o ampliaban sus encuentros muchas veces. A menudo los dos matrimonios salían a cenar juntos y después veían películas en La Zarzuela hasta la madrugada. Al final, Felipe se pasaba por la zarzuela cuando quería, sin avisar. El presidente se desvivía por atender los deseos del rey, con un planteamiento gubernamental que se podía resumir en la recomendación siguiente: “Señor, no se preocupe, nosotros nos ocupamos de todo: ¡diviértase Vuestra Majestad!. Y Juan Carlos estaba encantado con los socialistas, capaces de llegar hasta la frivolidad o el derroche para proporcionarle cualquier capricho: aviones, helicópteros, barcos, automóviles, la práctica de los deportes más caros, viajes a los sitios de moda internacional….y, sobre todo, vacaciones, muchas vacaciones. El día de su santo se celebraron grandes saraos en los jardines del Campo del Moro, con más de 4.000 invitados de la beautiful people, esta nueva casta social de “isabelitas Preysler” y ministros del nuevo régimen (“democrático”) que habían ido a mas, bien nutridos por el mamoneo del PSOE” (Patricia Sverlo Op. Cit. Cap. 13) 

 Al mismo tiempo, los burócratas del PSOE se propusieron ir al abordaje de los tres buques insignia de la oligarquía financiera española: el Banesto, el Hispano y el Central. Para ello, trataron de conformar un núcleo de modernos bucaneros asaltantes de guante blanco, conocidos como la “beautiful people” formada por nuevos ricos,  tecnócratas remanentes a cargo de las empresas del Estado franquista y altos cargos del partido en el gobierno, quienes para mantenerse como una fuerza política imprescindible en el nuevo régimen, buscaron dotarse de un potente entramado financiero. [9] Entre la “beutiful people” de los nuevos ricos figuraba Sánchez Asiaín —un economista que, sin ser propietario, dirigió el Banco de Bilbao  durante los 80—, Enrique Sarasola, que medró a la sombra del poder político a caballo entre Latinoamérica y España, o  los Albertos, que hicieron su fortuna tras casarse ambos con las hermanas Koplowitz, sobrinas de Ramón Areces (dueño de “El Corte Inglés”) que les cedió la empresa “Construcciones y Contratas”. [10] Los tecnócratas eran un grupo selecto de cuadros directivos del enorme grupo de empresas estatales (Instituto Nacional de Industria INI) cuya gestión habían venido ostentando desde el franquismo, y que en el modelo de gestión burocrático-estatal del PSOE encontraron su mejor aliado: José María López de Letona y Núñez del Pino, ministro franquista y presidente del INI desde 1969; Claudio Boada, vicepresidente del INI con Franco y presidente de Altos Hornos con el PSOE; J.Mª Amusátegui vicepresidente del INI en 1970 y  presidente de Campsa en 1982, también con el PSOE. [11] No hace falta más para comprender que ese engendro “socialista” que surgió en 1974 —después del XIII Congreso de Suresnes—, devino cada vez más en una excrecencia del franquismo aggiornado.

5. La guerra sucia de guante blanco en el proceso de fusión entre el capital bancario y el Estado.

La influencia política del Estado español en esa época sobre el sistema monetario, sólo se explica por la relativa debilidad del capital financiero, por el retraso histórico de la fusión entre el capital bancario y el capital industrial. Este proceso de transición del viejo capitalismo al nuevo, a su fase superior o capitalismo tardío —observa Lenin— se produce por la paulatina superioridad del capital bancario sobre el capital industrial, cuando los bancos van dejando de ser meros intermediarios financieros o crediticios al servicio del capital industrial. Al final, en virtud del propio progreso de la burguesía industrial que confía su capital dinero a los bancos y estos permiten ampliar la acumulación en la industria a instancias del crédito, el capital industrial pasa a ser un apéndice dependiente del capital bancario, en la medida en que la industria necesita cada vez más del crédito bancario, y los bancos pueden conocer en todo momento las condiciones económicas en que operan sus respectivos clientes:

<<Si un banco descuenta las letras de un empresario, le abre una cuenta corriente, etc., esas operaciones, consideradas aisladamente, no disminuyen en lo más mínimo la independencia de dicho empresario y el banco no pasa de ser un modesto intermediario. Pero si estas operaciones son cada vez más frecuentes e importantes (por el progreso en la acumulación del capital industrial y), si el banco "reúne" en sus manos inmensos capitales, si las cuentas corrientes de una empresa permiten al banco —y es así como sucede— enterarse, de un modo cada vez más detallado y completo, de la situación económica de su cliente, el resultado es una dependencia cada día más completa del capitalista industrial con respecto al banco.>> V.I. Lenin: “El imperialismo fase superior del capitalismo” Cap. II Los bancos y su nuevo papel)

Desde el punto de vista  funcional, el crédito bancario permite a la burguesía industrial ir con la acumulación de capital —en base a la explotación del trabajo ajeno— más allá de los límites de sus propios recursos y por tanto del capital global, mientras que el capital bancario aumenta de volumen mediante la tasa de interés que retribuye sus fondos prestables. De esta forma el capital bancario se convierte en capital industrial y el capital industrial en bancario, dando pábulo a la nueva figura del capital financiero típica del capitalismo tardío:

<<Una parte cada día mayor del capital industrial —escribe Hilferding— no pertenece a los industriales que lo utilizan. Pueden disponer del capital únicamente por mediación del banco, que representa, con respecto a ellos, al propietario de dicho capital. Por otra parte, el banco también se ve obligado a colocar en la industria una parte cada vez más grande de su capital. Gracias a esto, se convierte, en proporciones crecientes, en capitalista industrial. Este capital bancario, por consiguiente, capital en forma de dinero, que por este procedimiento se trueca de hecho en capital industrial, es lo que llamo capital financiero". (…) El capital financiero es el capital que se halla a disposición de los bancos y que es utilizado por los industriales.>> (Hilferding, "El capital Financiero", citado por Lenin en Op.cit. Cap. III El capital financiero y la oligarquía financiera.    

Pero a la par que estas dos formas originariamente separadas e independientes del capital global se entrelazan, por efecto de la competencia intercapitalista se opera un proceso de lucha por la propiedad de cada parcela del capital global, dando pábulo a la centralización de los capitales, detalle fundamental desapercibido por Hilferdin y señalado por Lenin. Este fenómeno es lo que Lenin ha calificado con total certidumbre y verdad, con el nombre de “oligarquía financiera”.  

Pero todas estas metamorfosis en la superficie del sistema económico, esto es, en la organización del “nuevo capitalismo” o capitalismo tardío, no se opera de forma lineal y tranquila sino traumática y cuasi bélica, cuando no directamente cruenta, muy a menudo al margen de la propia ley burguesa, esto es, del llamado Estado de derecho, comprometiendo en esa lucha a personajes no menos tétricos que ocupan la superestructura política; nos referimos a los dirigentes de los partidos políticos institucionalizados, como según hemos adelantado más arriba, sea actuando por interpósitas personas como agentes del capital en la sociedad civil, ya sea directamente a instancias del ente político regulador del mercado, como es el caso del Banco de España en mercado financiero.

Y estas personas interpuestas, son gentes de cuya existencia el grueso de la población explotada sólo se entera, cuando algunos de ellos “democratizan” parte del dinero que engrosa sus abultados patrimonios personales, gastándoselo en relaciones con el mundillo del que se ocupa la “prensa del corazón”, o cuando fotos comprometedoras de esos mismos u otros personajes de la misma calaña, aparecen ocupando la primera plana de los periódicos y las pantallas de TV ante las puertas de una cárcel. En tales circunstancias, son los medios de difusión, la prensa gráfica y escrita la se encarga de convertirles en leprosos sociales, haciendo saber a la opinión pública que uno u otro de estos individuos están implicados en “presuntos” delitos, cuando en realidad han llegado a ese extremo, no porque hayan delinquido, sino porque, a estas alturas, la ley jurídica sólo recae sobre los perdedores en una lucha donde quien cumple con la legalidad vigente no existe, porque ahí sólo rige la ley de la selva, la ley del más fuerte, del delincuente que, por la fuerza de su poder económico concentrado, logra poner a la ley de su parte.

Tanto en lo que atañe al mundo económico-financiero como al político, el proponerse explicar sus vicisitudes reemplazando el contenido de los acuerdos entre contrincantes y las consecuentes luchas entre ellos, por una determinada forma (moral, legal o democrática) de esas luchas, supone descender al papel de sofista. Esto es lo que hace el periodismo venal de masas y buena parte del periodismo “libre”: hacer creer que los conflictos se resuelven aplicando la ley supuestamente igual para todos. Los primeros cumplen con su papel por sometimiento a sus superiores jerárquicos cómplices con el poder fáctico dominante que les paga la nómina, y los segundos por supeditación a prejuicios burgueses gratuitamente asumidos. Por eso es que una mayoría casi absoluta de los explotados, jamás nos enteramos del contenido de las luchas interburguesas, sea las que tienen por objeto la propiedad del capital en el seno de la sociedad civil, como las que se libran por el poder político real saltando al interior del aparato de Estado. Esta “omertá” o ley mafiosa del silencio para estos asuntos históricamente trascendentales, es norma en los “mass media” de todo el Planeta. [12]

¿Por qué? Sencillamente porque el revelar explicando al gran público el contenido de esas luchas, significaría, nada más ni nada menos, que dar al traste con todos los mitos burgueses, desde la creencia en el imperio de “la ley igual para todos”, hasta la filosofía de los DD.HH., pasando por la superchería de la “democracia”. Por eso es que gran parte de los explotados no quieren saber nada con la política, que confiesan “no entender”. [13]

Porque es en el medio de comunicación de masas por excelencia, la televisión, donde la “omertá” se cumple en toda la línea informativa, hasta el extremo de que todo aquello de lo cual estos medios televisivos no trasmiten, para las masas no han ocurrido y así pasan desapercibidos. La clave de la hegemonía que la burguesía sigue ejerciendo sobre sus explotados, sólo reside en esto: en que sustituye el contenido de los conflictos sociales, por las formas morales y jurídicas políticamente correctas que la burguesía tiene consagradas y exige su cumplimiento. Los perdedores en el vale todo de esa lucha por el poder que aparecen de vez en cuando ante la opinión por violar la ley,  son los que sirven para reforzar en la conciencia colectiva, la idea de que las formas morales, jurídicas y políticas vigentes son el patrón del comportamiento general, no la ley del más fuerte como sucede entre los burgueses. Así es como la burguesía en su conjunto consigue mantener colonizada la conciencia colectiva de las clases subalternas.  

Para eso montan el tinglado periodístico cuando meten en la cárcel a los perdedores de esa sucia y soterrada lucha por el poder. ¿Para qué? Para reforzar políticamente esas formas morales y jurídicas consagradas  —sobre todo las jurídicas, cuyo fundamento es la moral vigente— que mantienen la conciencia de los explotados alejada del contenido real de la lucha de clases, cautiva de ese embeleco que es la justicia burguesa, puestos en cada momento ante la apariencia de que la ley vale por igual para todos incluso para poderosos acaudalados, como puede verse sólo de vez en cuando y de ahí el jaleo periodístico ante semejante rareza.

Las sentencias dictadas en estos casos nunca son justas, porque tienen muy poco que ver con la justicia, pero sin duda ninguna son “ejemplares”, no precisamente para escarmiento y límite a la avidez de los ricachones aforados, que lo siguen sobrepasando como la evidencia empírica en todo el Mundo no hace más que confirmarlo. La ejemplaridad del “castigo” en estos casos, sólo surte efecto en las clases subalternas, donde el veredicto judicial —que se magnifica y difunde— cuando se dicta pena de cárcel contra un poderoso personaje de la vida social o política, brinda la apariencia de que el slogan de la “Justicia igual para todos” se cumple; con tal fuerza fiduciaria como el dinero papel, que sólo vale lo que dice valer mientras circula. Tal es el principio de la publicidad burguesa. Una fe que, introyectada de tal forma en la conciencia colectiva, descompone de un solo golpe la evidencia empírica diaria por la que la llamada opinión pública percibe que las cosas no son como el poder las cuenta por televisión, desactivando así gran parte de la energía revolucionaria contenida en el espíritu de los explotados, día que pasa violentados por actos de criminal prepotencia patronal contemplados por leyes que no se cumplen y no pasa nada. Estos ilícitos sólo saltan al conocimiento de la opinión pública por su espectacularidad el día en que ocurren. Pero desde el otro día, ante el apagón periodístico ya no se sabe lo que pasa y ahí empieza el baile de la impunidad entre el dinero de la patronal, los sindicatos y la judicatura, para que muchas veces todo se quede en agua de borrajas.

Este acto cotidiano de ocultar o tergiversar sistemáticamente la verdad histórica por parte del periodismo, aunque por sí mismo no mate a nadie es uno de los mayores crímenes políticos que el cuarto poder burgués comete día que pasa contra cientos de millones de asalariados en el mundo. A esto debe la burguesía el hecho de que todavía hoy conserva el poder. Nada más que a esto.

Somos conscientes de que, ante discursos como éste, sólo pueden estar hoy atentos porque ven reforzado su espíritu clasista, una ínfima minoría de entre ese 60% de empleados con contrato indefinido, que junto con su fuerza de trabajo se niegan a vender su alma sobreponiéndose al chantaje patronal que supone trabajar en condiciones de paro masivo, al igual que ocurre con una minoría todavía más minoritaria, capaz de superar el miedo al despido que aterroriza al 40% restante trabajando en precario. Si tenemos en cuenta que en la sociedad capitalista actual, los asalariados constituyen la mayoría absoluta de la población, y que en todos los países del mundo, sin excepción la violencia patronal y la corrupción política están a la orden del día, ¿puede caber alguna duda de que el sistema de gobierno que la burguesía internacional vende a sus clases subalternas como el non plus ultra de la democracia, tiene por fundamento al terror patronal, el silencio cómplice del periodismo venal —cuando no la mentira más deliberada— y la podredumbre moral de las relaciones entre la gran burguesía y la llamada clase política? Y conste que no estamos hablando aquí de otra moral que no sea la que los propios burgueses han venido consagrando desde la Revolución Francesa.        

Bien,  habíamos quedado en que la fusión del Estado con el capital financiero nacional e internacional, opera en el capitalismo tardío a través de vínculos secretos u ocultos entre distintos agentes económico-sociales con significativos intereses particulares actuantes en la sociedad civil —incluyendo la fracción burguesa propietaria de los mass-media— y altos funcionarios políticos partidarios en función de gobierno eventualmente a cargo del aparato estatal, como representantes de los intereses políticos generales de la burguesía.

Dado el carácter monárquico-parlamentario del Estado español y la consecuente función bonapartista de la casa real —constitucionalmente prevista y reforzada tras el 23F precisamente por los mass-media— en estos vínculos entre los distintos intereses particulares interactuantes en la sociedad civil y los intereses particulares político-partidarios actuantes al interior del Estado, es necesario incluir el vínculo de los intereses particulares de la Casa real o familia del Monarca.  

En el momento político que nosotros estamos analizando aquí, el gobierno PSOE se encontraba en la faena de vincular sus intereses particulares de partido o familia política al interior del aparato estatal, con los tres bancos más importantes del país: el Banesto, el Central y el Hispano, para fines inconfesados e inconfesables de control o dominio político. No es que con esta iniciativa política o subjetiva los burócratas “socialistas” se propusieran la fusión del Estado con los oligopolios prevista por la lógica objetiva del capitalismo en su etapa tardía (lo hacían y siguen haciéndolo por motivos familiares, de familia política o de partido, para perpetuarse como individuos en el gobierno, proporcionándose una base económico-financiera sólida). Pero aun sin proponérselo deliberadamente, contribuyeron a ello. El secreto para comprender esta adecuación de la familia a la especie, o de lo particular a lo universal a través de lo individual en todo organismo natural —y la sociedad burguesa en su conjunto lo es dada su especificidad histórica—, ese secreto se encuentra en el vínculo entre determinadas causas eficientes y su correspondiente causa formal históricamente determinante, descubierto por Aristóteles. Ver: http://www.nodo50.org/gpm/11s/07.htm

   Siguiendo este principio ético de la conveniencia personal y de partido —por este orden— como propensión dominante de todo acto político en la sociedad burguesa, uno de los que más hizo por disputarse la amistad de Don Juan Carlos entre sus allegados —después del inefable Ruiz Mateos—,  fue naturalmente Mario Conde.  Pero lo que le animó a subir ese peldaño en la escala social y marcó el signo político de su destino, fue un hecho ocurrido en pleno auge de los negocios fáciles durante la llamada “cultura del pelotazo” —allá por el año 1987 bajo el segundo gobierno del PSOE— cuando este personaje fue aupado a la presidencia del por entonces Banco Nacional de Crédito (Banesto), cuyos accionistas le eligieron como el más apto para lidiar con sus competidores del Bilbao y del Vizcaya, que por entonces intentaban absorberlo.

Si hay algo que el rey Juan Carlos tiene en común con Mario Conde, es que ambos comparten la misma desventajosa posición económica relativa de origen y la ambición personal desmedida  propia de los pocos individuos que, desde allí abajo consiguen trepar a la opulencia y la notoriedad pública como paradigma del ya famoso “himself made man”:

<<Oficialmente, Juan Carlos llegó a España literalmente con lo que llevaba puesto. Para viajar a Atenas a visitar a su novia tenía que pedir dinero a su padre, que a su vez vivía de lo que le daban sus amigos nobles leales a la monarquía. Esos mismos nobles tuvieron que sufragar el viaje de novios. Se cuenta, como si hubiese sido una gran tragedia, que cuando hicieron escala en Tailandia, la entonces princesa Sofía se enamoró de un zafiro que vio en un escaparate de Bangkok, y que Juan Carlos estaba avergonzado porque no se lo podía regalar. Por este y otros detalles, nadie se rasgó las vestiduras cuando se descubrieron los primeros movimientos del príncipe para empezar a consolidar un pequeño patrimonio propio. Su ambición, como la de cualquier españolito medio, era ser económicamente independiente.>> (Patricia Sverlo: Op. Cit. Cap. 14).

<<Siempre se ha dicho que la Casa Real es pobre... Juan Carlos llegó al trono de España literalmente con lo puesto... pero aquel monarca pobre que en 1975 se hizo cargo de la Corona de España jurando la Constitución, es hoy un hombre rico.

Una de las primeras formas conocidas fue el petróleo, las comisiones del crudo que importaba España para cubrir sus necesidades de energía. Todo parecía normal... Nada más ocupar Juan Carlos I el trono a la muerte del dictador, Manuel Prado se dedicó a remitir varias misivas reales a otros tantos monarcas reinantes, especialmente del mundo árabe, para pedirles dinero en nombre del rey de España.

Los pagos se justificaron en Kuwait por la necesidad de que, durante la llamada “Tormenta del Desierto”, la aviación estadounidense pudiera disponer a su antojo de las bases aéreas españolas de Rota y Torrejón, para lo que era preciso “untar” a los políticos.

Según el autor del libro, el ex presidente Felipe González sabe mucho sobre las finanzas del rey y “los escandalosos negocios” de Manuel Prado y Colón de Carvajal.>> (Jesús Cacho: “El Negocio de la Libertad”)

En cuanto a Conde, en la década de los noventa muchas madres soñaban con que sus hijos fueran como aquél ambicioso joven oriundo de Tuy, formado en los claustros de la Universidad de Deusto, quien haciéndose a sí mismo desde el medio pelo de su condición como abogado del Estado, había llegado a codearse con la flor y nata del capital financiero español tras ocupar la presidencia del Banesto. El individualismo arribista e inescrupuloso de Conde, fue todo un paradigma sociológico para los hijos de esas madres —buena parte de ellos jóvenes universitarios en esa época— ganados por el mismo espíritu de raíz pragmática que todavía perdura. Eso, o el voluntariado en las ONG’s, para que los más idealistas o socialmente más sensibles al “dolor ajeno” que no tienen necesidad de trabajar para ganarse la vida,  tengan donde ir a rascarse su particular urticaria política “solidaria” que las trapacerías del sistema provoca en la conciencia política sensiblera, superficial, epidérmica, pequeñoburguesa de la sociedad.

También este sujeto buscó la “amistad” del Monarca. Quien se esconde tras el seudónimo de “Patricia Sverlo”, dice de él que:

<<Sus ansias de aproximarse al monarca formaban parte de una estrategia general para convertirse en el hombre más poderoso de España. Y durante el breve período que estuvo en las alturas casi lo consiguió.>> (Op. cit.  

Conde comenzó su carrera junto al mayor terrateniente de España, su “amigo”, el empresario Juan Abelló, gran cazador y mecenas de arte. De Abelló no puede decirse que sea un hombre hecho a sí mismo, porque no empezó atendiendo al público en un banco, sino como hijo del farmacéutico y empresario de su mismo nombre, del que heredó los Laboratorios Abelló y el amor por los negocios, las tierras y las obras de arte, es decir, cualidades que se miden o cuantifican en términos de mucho dinero. Todo empezó para Conde en marzo de 1976, cuando este hombre le fichó como director general adjunto de su empresa, los Laboratorios Abelló, con un sueldo de 4,5 millones de pesetas al año. Conde tenía sólo 28 años y Abelló 34. Apenas siete años después el empleado se había convertido en socio y ambos se embarcaban en su primera operación: la venta de los laboratorios familiares por 4.300 millones de pesetas. Conde percibió el 7% en concepto de comisión, unos 300 millones de pesetas.

             En ese momento, la formación social capitalista española heredera del franquismo, iniciaba el necesario proceso de formación del capital financiero, entendido como fusión entre el capital industrial y el capital bancario. El proceso de centralización de los capitales industriales en España, no se llevó a cabo partiendo de un capital nacional autónomo. Parte de él había venido operando en clara dependencia del capital extranjero; la otra parte, fungiendo como capital público o capitalista de Estado al estilo del nacional socialismo en Italia y Alemania e Italia en los años veinte y treinta respectivamente.

Tampoco había grandes conglomerados industriales privados, lo cual determinó que, en la necesaria fusión posterior con el capital bancario, este último primara sobre el capital industrial. A la salida del franquismo, se dieron, pues, todas las condiciones para que se desatara una lucha feroz por el control privado del sistema financiero español. Esta lucha estuvo necesariamente precedida, pues, por la centralización de los capitales del sistema bancario, que comenzó en la década de los sesenta operando en base al desarrollo desigual de la acumulación del capital en ese sector, donde entidades de mayor volumen de capital en funciones compraban entidades más pequeñas o bancos en dificultades.

Pero lo que se entiende por fusiones, corresponde a una etapa superior del proceso de formación del capital financiero en España; es la etapa de la “soldadura” de dos bancos grandes y eso recién comenzó en 1987, cuando José Ángel Sánchez Asiaín y Pedro de Toledo decidieron unir los patrimonios del Banco de Bilbao con el Banco de Vizcaya. Pero un año antes, Sánchez Asiaín había diseñado un plan para iniciar el crecimiento del Bilbao mediante la fusión con otro banco de importancia, el Banco Español de Crédito (Banesto), que había perdido el primer puesto del ranking bancario español en favor del Banco Central, aunque seguía siendo un gigante nacional.

Este proceso de fusiones bancarias se aceleró según el ritmo que el PSOE imprimió a la política de privatización de la Industrias del Estado en los años 80, haciendo posible que, ­con inversiones relativamente bajas­, algunos de los incipientes grupos financieros del país, pudieran convertirse en accionistas importantes, o muy importantes, de sociedades como Telefónica, Endesa, Repsol, Argentaria Tabacalera, etc..

En un primer momento de esta confrontación, salieron beneficiados los que se quedaron inicialmente en un segundo plano: el Banco de Bilbao y el Banco Santander, que presentaban un núcleo de propietarios claramente jerarquizado en torno a una familia (Ybarra y Botín) y con una dirección centralizada en muy pocas manos ostentando la propiedad de un paquete de acciones suficiente para garantizarse el control de la entidad rival. Además, son bancos acostumbrados a crecer sin haber sido los más favorecidos por las grandes concesiones de las obras públicas del franquismo.

El proceso de las fusiones de empresas en la España “democrática”, ha adoptado cuatro formas distintas: dos de carácter económico, una exclusivamente política y la última una mezcla de las anteriores. [14] La primera y más común forma de concreción económica pura, fue mediante la negociación amistosa entre sus accionistas mayoritarios; la otra por el recurso al mercado de una de las partes, lanzando una oferta de acciones a cambio de las de la otra a precios por encima de los vigentes; es lo que se conoce por “Oferta Publica de Acciones” (OPA) inamistosa o “salvaje”, para la adquisición mayoritaria del patrimonio accionarial de la empresa a controlar para los fines de su absorción, en este caso del Banesto por parte del Banco de Bilbao.

A finales de 1987, la ofensiva de José Ángel Sánchez Asiaín sobre el Banesto en contubernio político con el PSOE —maniobra en la que participó De la Concha (Ibercorp) favorecida desde dentro del banco por López de Letona— ocasionó un gran escándalo. [15] En aquellos momentos, tal proceder fue repudiado en los medios bancarios, más que nada por inaudito o inusual, ya que, hasta entonces, todas las fusiones entre los bancos se acostumbraban a formalizar mediante “pactos de caballeros”, rodeados del también consensuado ocultismo y discreción. Tan es así, que hasta el Banco Central de Alfonso Escámez se sumó a la defensa de Banesto lanzando una “contraopa” que agotó las posibilidades del Bilbao. Este fracaso de Asiaín le hizo dar media vuelta volviendo, de momento su voluntad política, hacía la fusión todavía no consumada en su tierra vasca con  el Banco de Vizcaya.

Mientras tanto, al capital industrial en manos del tandem Albelló-Conde con la adquisición de “Laboratorios Abelló”, le siguió a finales de 1985 la compra de otra farmacéutica, la empresa Antibióticos, en la que Abelló ocupó la presidencia y Conde la vicepresidencia y el cargo de consejero delegado. El primer gran negocio se produjo dos años después, al vender esta empresa a la compañía italiana Montedison por 58.000 millones de pesetas. Una operación brillante que se ha considerado digna de estudio por las escuelas de negocios. Tras esta operación, ambos amigos emprendieron el asalto a la más grande de las entidades financieras de la península ibérica: el “Banco Nacional Español de Crédito” (Banesto).

Con la aprobación y apoyo de una parte del consejo y el 5% del capital social, Abelló y Conde forzaron su entrada en el órgano de poder de este banco, al amparo de un cambio en la opinión pública que resultó determinante para el éxito. El artífice de ese cambio fue Mario Conde, en aquel momento imagen viva de un triunfador sin cuna o apellido que demostró haber sido capaz de subir hasta lo más alto de la jerarquía empresarial. Tal vez sea por eso que, pese a disponer de un paquete de acciones mucho mayor que el de su socio, Abelló cedió el puesto de honor del banco a Conde, y él se quedó con la vicepresidencia, que simultaneó con la presidencia de la compañía de seguros La Unión y El Fénix.

Sobre la base de este patrimonio económico-financiero, Abelló y Conde se propusieron llegar a un acuerdo con el Banco Central de Alfonso Escámez para fusionar ambos grupos. Pero irían a topar con los primos Alberto Cortina y Alberto Alcocer, como punta de lanza del Estado a cargo de los sucesivos gobiernos de Felipe González.

 

6. El caballo de Troya del PSOE para el asalto al Banco Central

Entreverados en cacerías, fincas de ensueño, aviones privados y mujeres hermosas, tal como sus amigos Conde y Abelló también Los Albertos quisieron convertirse en banqueros. [16] En 1981 compraron pequeños paquetes accionariales de la cementera Portland Valderrivas, controlada por el Banesto. En el momento que alcanzaron el 7% del accionariado, negociaron con la entidad bancaria consiguiendo el 12% de la compañía y situando al frente de la empresa a Alfonso Cortina, hermano de Alberto Cortina. En 1982, los "Albertos" compraron el Banco Zaragozano a través de pequeños paquetes accionariales en Bolsa. Hacia 1987 consiguieron una participación en el grupo periodístico Estructura. Ese mismo año, se acercaron al inversor italiano Carlo de Benedetti, formando COFIR, empresa en la que participaron con un 10%. [17]

Así, en el origen de las condiciones históricas que permitieron —al Estado español gobernado por el PSOE— llevar adelante la operación político-financiera de tomar el Banco Central por asalto a instancias de Los Albertos, estuvo también como antecedente, el hecho de que, en el capital de la empresa Urbanor había venido participando Construcciones y Contratas” de las hermanas Koplowitz, con un 40%, que gestionaban sus respectivos maridos, los Albertos, además de las empresas “Astor”, con un 32%, “Construcciones San Martín”, con un 14%, y la panameña “Horwitz” controlada por el ya extinto Enrique Sarasola Lerchundi —íntimo amigo de Felipe González— con un 14%. Era necesario, pues, encontrar quien se interesara por esta empresa a cambio de los fondos requeridos para invertir en el Banco Central.

7. El Pichirri de la operación Banco Central

Lo decisivo de esta confabulación fue idea de Sarasola, quien actuó no sólo como inspirador de la maniobra, sino como principal componedor oficioso entre el ejecutivo español y el colombiano a cargo de Belisario Betancur, para lo cual, la personalidad y trayectoria de Sarasola merece algo más que una cita a pie de página.

¿Quien fue este Sarasola? Oriundo de San Sebastián, nació en el seno de una familia de derechas en 1937. A los 20 años emigró a Colombia para hacer las Américas. En los primeros meses se ganó el sustento como vendedor de zapatos para el empresario judío llamado Jaime Gontowit. Luego trabajó para la empresa Price Waterhouse. En 1958 creó en Medellín la empresa “Fabricaucho”, una fábrica de rueditas de goma para muebles y neveras.

Finalmente, acabó como casi todos los emigrantes que quieren hacer dinero fácil: vendiendo fondos mutuos de empresas americanas. El 8 de junio de 1963 aparece asociado con un tal José Félix de Rivera, destacado militante del PSOE, con el que creó la sociedad International Securities Corporation (Iseco), con domicilio en Curacao. Allí ambos comenzaron a vender bonos a través de una empresa inscrita en Nassau (Bahamas). El negocio iba viento en popa. Entre la pequeña y mediana burguesía latinoamericana se había desatado la fiebre por el dinero que parece hacerse por sí mismo, y todo pequeño ahorrista que tenia unos cuantos dólares en el bolsillo, quería sacarlos fuera del país con rapidez para colocarlos en los Estados Unidos a través de la tupida red de paraísos fiscales caribeños. El que pocos años después sería un buen amigo para el presidente Felipe González, participó también de esa euforia, pero no como inversor en renta variable, sino como intermediario, llegando a abrir 28 oficinas de su empresa en 20 países diferentes, que dieron trabajo a varias decenas de empleados.

Pasada esta euforia periódica que —como es de ley bajo el capitalismo— se saldó con la ruina de cientos de miles de incautos inversionistas, Enrique Sarasola cerró aquél negocio y regresó a España, dando por terminada su aventura colombiana. Pero antes se casó en 1966 con María Cristina Marulanda, hija de Alberto Marulanda Grillo —uno de los principales terratenientes de Colombia y accionista de la compañía aérea Avianca— demostrando que tampoco él había perdido el tiempo mezclando ocio y negocio en sus relaciones amorosas.

En 1967, Sarasola alquiló unas oficinas en la Gran Vía de Madrid y al frente puso al barranquillero Lácides Leonardo Luque Cervantes, apodado el  “cojonudito de Barranquilla”, a instancias de quien De Rivera y Sarasola se dedican a la venta de bonos norteamericanos por cuenta de Crédit Luxemburgois. Poco después conoce a Felipe González y se convierte al felipismo:

<<El político y el aventuro fueron cada vez más cercanos. Y fue por medio de esas relaciones que tuvo noticias del Metro de Medellín y cómo tejió nuevos lazos con Colombia y con algunos de quienes tenían en sus manos la decisión para ejecutarlo. Como pudo se acercó a ellos y logró su cometido.>> José Díaz Herrera y Ramón Tijeras: “El dinero del poder” http://www.elcolombiano.terra.com.co/proyectos/metro/textos/robo_6.htm

Esta ambiciosa obra de ingeniería en materia de transportes, se emprendió en Colombia durante el gobierno de Belisario Betancur, quien había llegado a la presidencia de la República en mayo de 1982, apoyado por poco más de tres millones de votos —el 46% de los sufragios. Con la realización de semejante proyecto, esperó quedar en la memoria de los colombianos como uno de los presidentes más populares del país. Probablemente, cualquier economista sin demasiada formación, se habría dado cuenta de que aquél proyecto era descabellado para un país como Colombia, cuyo tránsito urbano era tan relativamente escaso como sus recursos económicos y el intercambio mercantil que lo genera, habiendo necesidades sociales por cumplir más acuciantes que esa.

Pero Betancur descuidó esas prioridades no precisamente por ser profesionalmente ajeno a la economía —sólo había llegado a doctorarse en derecho— sino porque no estaba en la piel de quienes sufrían tales necesidades, y porque quiso darse el lujo de pasar a la historia como los faraones egipcios, dejando un testimonio monumental de su obra política. Sin embargo, y a la vista de los desastrosos resultados financieros y de las catastróficas consecuencias económicas y sociales de ese emprendimiento, este señor fue investido paradójicamente como doctor honoris causa en economía gerencial por la Universidad Autónoma de Manizales en 1995.

Según el informe del jurista antioqueño Ignacio Mejía Velásquez —encargado por la empresa gala que salió perjudicada en la licitación— en su momento se calculó que el funcionamiento del Metro solo daría para sufragar los gastos de mantenimiento sobre la base de 950 mil pasajeros-día y se advirtió desde entonces, que no produciría mas de 250 mil. “La realidad demostró que ese es el potencial y que la cifra mayor era un engaño, por lo que el Metro no sería viable”, concluyó el jurista Mejía Velásquez. En efecto:

<<Desde el 30 de noviembre de 1995, cuando entró en operación comercial el Metro de Medellín, hasta noviembre de 2000, cuando recibió la certificación internacional por la calidad de su servicio, el sistema masivo de transporte ha movilizado 450 millones de pasajeros. (según las previsiones debiera haber movilizado 17.100 millones)

En diciembre de 1995 transportó 4'266.881 usuarios y en enero de 1996 movilizó 3'652.643, aunque para esa fecha no estaba funcionando en un 100%, ya que sólo estaba en servicio la Línea A (de Niquia a Poblado y viceversa).>> (Norbey Quevedo Hernández y Éver Palomo Llorente, en “El Espectador”: 04/02/01: http://historicos.elespectador.com/periodismo_inv/2001/marzo/nota8.htm Lo entre paréntesis es nuestro)

Para la contratación de las empresas a cargo de la consecución de esta obra, el gobierno de Betancur abrió un concurso internacional. En relación con la cantidad de dinero a invertir —aproximadamente 650 millones de dólares, 117.000 millones de pesetas de la época— se trataba del más importante emprendimiento de la historia del país, para el cual, once empresas y consorcios internacionales con el respaldo de seis países, acudieron a la convocatoria

Margaret Thacher envió a Colombia al ministro de Comercio Exterior. Franceses y norteamericanos ofrecieron créditos. Un ministro, el embajador alemán y el príncipe Alberto, de Bélgica, viajaron a Medellín con el mismo propósito de ganar el concurso, todos ellos rivalizando no sólo con sus respectivas ofertas, sino por ver quien untaba mejor a los políticos representantes de la soberanía popular, para inclinar la balanza en su favor. La pelea por el contrato del siglo "más que un concurso para una obra de ingeniería civil, parece una película de gangsters ", según comentó un testigo.

Al final, con la asesoría de la empresa suiza “Electrowatt” —propuesta por Enrique Sarasola Lerchundi— fueron favorecidas las empresas apoyadas por Sarasola Lerchundi: Ateinsa, Siemens, Entrecanales y Construcciones y Contratas. Tras las críticas, Betancur ordenó una investigación que acabó con la destitución del procurador encargado de hacerla. Enrique Sarasola Lerchundi, alias “Pichirri”, era Amigo de Carlos Andrés Pérez, de Omar Torrijos, de Julio César Turbay Ayala, como lo fue del almirante Luis Carrero Blanco, de José López Portillo y de muchos ostentadores de poder y de millones. Por eso mismo llegó a ser amigo de Felipe González.

Una vez adjudicado el proyecto al “Consorcio Hispano-Alemán” (CHA), la firma francesa “Francorai”, que fue descartada como segunda en la licitación, contrató al jurista antioqueño Ignacio Mejía Velásquez para que estudiara el acto de adjudicación. “Encontré gran cantidad de fallas jurídicas y de mucha gravedad”, declaró Mejía al periódico “El Colombiano” Cfr.: http://www.elcolombiano.terra.com.co/proyectos/metro/textos/poder.htm :

Y por supuesto que “Pichirri” no hizo esta intermediación precisamente “ad honorem”:

En el tira y afloje entre ETMVA (Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá) y Metromed (del Consorcio Hispano-Alñemán CHA) para empezar la obra apareció Enrique Sarasola, amigo del presidente de España Felipe González, y cuñado del ex embajador Carlos Arturo Marulanda, cuestionado por nexos con grupos paramilitares.

Según lo registraron los diarios “ABC” y “El Mundo”, de Madrid, Sarasola recibió el 3,5% por el negocio, porcentaje equivalente a U$S 19,6 millones.

El dinero fue girado a Sarasola a la cuenta 999-12345 del banco Merry Linch de Panamá, a nombre de la sociedad “Enseco”.

En la operación también apareció el espía alemán Werner Mauss, como mediador para la adjudicación, quien supuestamente también recibió comisiones.

Precisamente el pasado 28 de diciembre, el juez español Ismael Moreno, quien investiga el caso Sarasola, denunció falta de colaboración de las autoridades panameñas y pidió la intervención del presidente José María Aznar.>> (Op. Cit.)

En 1994, el escritor José Luis de Vilallonga —autor de la única biografía autorizada del rey Juan Carlos— aseguró que “Pichirri” había contribuido al enriquecimiento de Felipe González en la construcción del metro de Melledín, acusación que Sarasola naturalmente negó. Este sujeto murió en noviembre de 2002 a los 65 años de edad. El día del sepelio, Felipe González acudió al cementerio de La Paz para despedirle y dar el pésame a su esposa, coincidiendo allí con el presidente del poderoso Grupo PRISA, Jesús de Polanco, con dos ex ministros de Interior de su gabinete: José Luis Corcuera y José Barrionuevo, y con el ex director general de la Policía José María Rodríguez Colorado, además de otros asistentes como el torero Jaime Ostos, el restaurador Lucio, el cineasta Luis García Berlanga, la modelo Bimba Bosé, y Marisa de Borbón. En declaraciones a la prensa, Felipe González se lamentó ese día de que, según él, Sarasola "pagó demasiado precio sólo por ser mi amigo". Desde luego, bastante menos del que pagó por su lujosa mansión en Puerta de Hierro.

8. El Caso Urbanor

Enrique Sarasola murió cuando aún no había pasado un año desde su comparecencia en el juicio por las abundantes y multimillonarias irregularidades en el Caso de las Torres de KIO. Sarasola había actuado, una vez más, como “conseguidor” ante el gobierno de turno en la etapa felipista, y como “intermediario” o comisionista por esa función, en una de las operaciones corruptas y corruptoras entre las muchas que se llevaron a cabo en el mundo de las finanzas durante la etapa “democrática” en la historia reciente del Estado español: La decisión de cambiar unos terrenos en la Plaza de Castilla, —oportuna y ventajosamente habilitados por el gobierno PSOE para edificar sobre ellos—, por un paquete de acciones —en poder del grupo kuwaití “Kuwait Investmen Office” (KIO)— sobre el Banco Central, que debían facilitar su “toma” por los Albertos, fue, como decíamos más arriba, diseñada y sugerida por Enrique Sarasola a instancias de Ibermer,, una sociedad propietaria de Horwitz, en la que eran socios Enrique Sarasola y Álvaro Álvarez Alonso. [18]

Según reporta “El Confidencial” en su edición del miércoles 7 de diciembre de 2005, la historia del asalto al Banco Central se inició el 11 de septiembre de 1987, cuando Álvaro Álvarez Alonso (en representación de Horwitz, empresa panameña controlada por Sarasola) invitó a cenar en su casa de la calle Fuentemilano (en la urbanización de Puerta de Hierro, Madrid) a su socio y amigo, Enrique Sarasola, a los Albertos y al mismísimo Felipe González, entonces presidente del Gobierno español. El objetivo del ágape, consistió en perfilar la operación mediante la cual Cortina y Alcocer debían hacerse con la mayoría de las acciones del Banco Central (17%) propiedad del grupo KIO, permutándolas por los terrenos recalificados de Plaza de Castilla, donde posteriormente se construyeron las popularmente llamadas “Torres KIO”. Según declaró De La Rosa en la Audiencia Nacional, el acuerdo de la permuta con la empresa kuwaití se firmó un día del mes de noviembre de 1987 en Londres, entre él y Enrique Sarasola Lerchundi a nombre de la empresa Horwitz. 

Los accionistas de Urbanor lo eran sólo hacía 18 meses, y habían pagado por la sociedad, es decir, por los terrenos de Plaza de Castilla, 1.300 millones de pesetas en total. Además, ese solar estaba pendiente de recalificación y existían fuertes resistencias del Ayuntamiento de Madrid a concederles el permiso necesario para edificar en él 125.000 metros cuadrados. En semejantes condiciones, KIO asumía un riesgo excesivo y a un precio demasiado alto que no podía entenderse salvo que tuviera la seguridad de que esos terrenos fueran recalificados o habilitados para poder construir sobre ellos. Esto es lo que procedieron a hacer los burócratas del PSOE a instancias de Sarasola —tras un procedimiento por completo irregular, por no decir arbitrario o ilegal—  por quienes en esos momentos no sólo tenían en sus manos el gobierno de la Nación, sino también el autonómico y el municipal de Madrid.

Como se ha dicho antes, además de la empresa de Los Albertos con un 40% y la panameña “Horwitz” de Sarasola, con un 14%, en Urbanor participaban también las empresas “Astor”, con un 32%, y “Construcciones San Martín”, con un 14%. Los accionistas de Astor sostuvieron que KIO redactó una “carta-oferta” para adquirirles el 30,4% de la sociedad por 8.778 millones.

En medio de las alternativas de esta operación, un hecho, absolutamente insólito para el mundo de la banca en esos días, fue el descubrimiento de las desavenencias matrimoniales de Alberto Cortina con su esposa, Alicia Koplowitz —dueña junto a su hermana, Esther, del imperio de Construcciones y Contratas—, la primera constructora y empresa de servicios comunales de España, que creció al amparo de los dirigentes de “El Corte Inglés”, tras la orfandad prematura de las hermanas Koplowitz. [19]

Tales desavenencias conyugales sobrevinieron a raíz de unas fotos tomadas fuera de España, donde se desvelaba la relación que Alberto Cortina mantenía secretamente con Marta Chávarri, una modelo muy conocida por la alta sociedad madrileña. A raíz de este conflicto matrimonial, el 5 de febrero de 1990 Alcocer tuvo que presentar la dimisión de todos sus cargos en “Construcciones y Contratas”   (Coycon) y Mario Conde fue acusado de financiar el viaje del fotógrafo autor de las instantáneas.

El momento más grave de esta guerra sucia, ocurrió cuando la revista “Interviú” —perteneciente al Grupo Zeta— publicó unas no recientes fotos de Marta Chávarri, en las se le ve el vello púbico a través de la transparencia única de unos leotardos que llevaba puestos. Nadie dudó que Mario Conde estuviera detrás de aquello.

A raíz de esta ruptura sentimental, Los Albertos —quienes ya controlaban el Banco Zaragozano— vieron cómo se desvanecían todos sus sueños económicos de levantar un emporio financiero. Sus entonces esposas, Esther y Alicia Koplówitz, que eran realmente las dueñas de la fortuna que ellos gestionaban, el 5 de mayo de 1990 vendieron al Banco Central el 12% de los títulos de la entidad financiera que tenía "Conycon".  De este modo, los Albertos y el gobierno del PSOE fracasaron en su intento de controlar el Banco Central, y poco después comenzó para los primos el calvario penal por la venta de Urbanor a KIO.

El juicio por este asunto empezó cuando, la empresa “Astor” presentó querella contra los primos Alberto Alcocer y Alberto Cortina, que todavía se prolonga. En él aparecieron públicamente comprometidos en sucesión, no sólo el actual ministro del Interior y dos fiscales del Estado —uno durante el gobierno del PSOE y el otro durante el subsiguiente gobierno del Partido Popular— sino incluso el mismísimo rey Juan Carlos por la amistad “entrañable” que dispensa a Alberto Alcocer; todos ellos haciendo lo más posible por favorecer a los dos primos procesados.

Los delitos imputados fueron dos, falsedad en documento mercantil y estafa. El primero por la misiva dirigida a los socios minoritarios —representados por Pedro Sentieri Cardillo en nombre de la empresa Astor”, y Julio San Martín en representación de “Construcciones San Martín”— donde se les comunica que la venta de los terrenos se acordó a un precio de 150.000 Pts. el metro cuadrado, cuando, en realidad la transacción se hizo a 388.000 Pts. El segundo delito por el engaño consecuente.

El fiscal de la Audiencia Provincial de Madrid, pidió inicialmente seis años de prisión acusando a Los Albertos, al socio de Sarasola, Álvaro Álvarez Alonso y a Rafael Montes, apoderado de la empresa Horwitz”, de los delitos de estafa y falsedad en documento mercantil. El 28 de diciembre de 2000, la Audiencia Provincial de Madrid acreditó los delitos por los que se acusó a los querellados, pero les absolvió por considerar que la causa había prescrito.

Posteriormente, el 14 de marzo de 2003, el Tribunal Supremo resolvió revocar la anterior sentencia, declarando no prescrito el delito, por lo que procedía la condena a tres años y cuatro meses de prisión. El Supremo consideró probado que los primos engañaron a sus socios minoritarios de Urbanor (entre ellos Sentieri y San Martín) al negociar en su nombre la venta de la sociedad y conseguir un precio mayor al que recibieron los accionistas minoritarios.

En el proceso de instrucción, aparecía el contrato firmado por Alberto Cortina y Alberto Alcocer con KIO —a través de su representante, un tal Richard Robinson— el 23 de noviembre de 1987 en Londres, por el cual la compañía kuwaití se comprometía a pagar a todos los accionistas de Urbanor el mismo precio: 388.000 pesetas por metro cuadrado. Un contrato que incorporaba una cláusula de «secreto» para los demás socios. Según quedó recogido posteriormente en el proceso, Cortina y Alcocer comunicaron en una carta a Pedro Sentieri (Astor) y Julio San Martín (Construcciones San Martín), que el precio que habían conseguido pactar con KIO fue de 150.000 pesetas. Es decir, menos de la mitad por metro cuadrado que el precio al que se firmó el contrato con KIO y Los Albertos se embolsaron. Ese fue el motivo de la condena.

El principal argumento de Los Albertos fue que pactaron con KIO la permuta de sus acciones de URBANOR por otras “sobrevaloradas” del Banco Central —con el compromiso de no venderlas durante cinco años— mientras que los socios minoritarios habrían cobrado un “precio cierto” en metálico y con total disponibilidad. Pero, según los querellantes, “Construcciones y Contratas”, es decir, Los Albertos, no destinaron todo el producto de la venta de URBANOR a la compra de la mayoría de Cartera Central, sociedad con la que se habían propuesto controlar el Banco Central.

Esto es, en esencia, lo que recogió en su sentencia el Tribunal Supremo para condenar a Los Albertos. Pero sólo horas después de ese pronunciamiento, en el buzón de una documentalista llamada Gloria Álvarez —administradora de una sociedad dedicada a "la investigación periodística independiente"— apareció un sobre anónimo conteniendo una carta presuntamente firmada por Pedro Sentieri Cardillo dirigida a su socio, Julio San Martín, en la que reconoce la existencia de un doble precio en la venta de las acciones de Urbanor. Para los Albertos, la prueba de esta carta era decisiva, dado que, de ser cierta, haría desaparecer la causa de uno de los dos delitos por los cuales habían sido condenados, el de falsificación en documento mercantil, quedando sólo en pie el de Estafa, con lo cual, la condena sería inferior a tres años de prisión y no tendrían que ir ala cárcel por carecer de antecedentes.

 Como caída del cielo, esa carta iba a permitir a Los Albertos poner en marcha los mecanismos para querellarse contra sus ex socios, intentar reabrir el proceso y mostrar que su condena había sido injusta. En la misiva, supuestamente redactada por Sentieri, se le sugiere a San Martín no revelar que les interesó, convinieron y aceptaron percibir por su parte de los terrenos de Urbanor (donde finalmente se instalaron las Torres KIO) un precio menor que el percibido por los "Albertos", argumentando que "manifestarlo haría más difícil probar la estafa que cometieron y no debemos dar motivos para debilitar lo evidente, que nos estafaron".

 El delito de estafa por el caso URBANOR, tiene como requisito esencial que los querellantes desconociesen la existencia de los dos precios en la venta de las acciones de esa empresa. Es pues un hecho psíquico —y así fue apreciado por los jueces— que los querellantes fueron engañados porque no tenían conocimiento de las diferentes condiciones de venta. De modo que, si esto no fuera así, si los querellantes hubieran conocido esta circunstancia y la hubieran tolerado y ocultado, no sólo no habría habido estafa, sino que los propios querellantes podrían haber incurrido en conducta delictiva, al engañar ellos mismos al tribunal que juzgó a los Albertos.

La presunta carta de Sentieri a San Martín fue entregada por la documentalista Gloria Álvarez al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, quien la remitió inmediatamente al fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y éste, a su vez, la derivó al juzgado número once de la capital a cargo de la Juez María Concepción Azuara. De forma sorprendente –pues el caso se basa exclusivamente en esa carta anónima, con claros indicios de ser una burda falsificación–, la juez María Concepción Azuara decidió abrir diligencias.

 La carta dio lugar a la denuncia del Fiscal y a la realización de dos pruebas periciales por los Cuerpos especializados de la Policía Científica y de la Guardia Civil. Por el contenido de la carta se deduce que el remitente (Sentieri) y el destinatario (San Martín) conocían y toleraron los términos de la operación que luego denunciaron. Sin embargo, hasta el 7 de setiembre de 2005, Sentieri se mantuvo en el convencimiento de que él no había escrito esa carta y que la firma que aparecía al pie tampoco era la suya. Pero ese día, ante el resultado de los peritajes caligráficos y la observación por primera vez de la carta original, Sentieri aceptó que la firma pudiera ser la suya, pero insistió en que el nunca firmó ese texto, porque lo que allí se dice no es cierto, concluyendo que seguramente fue redactado sobre un papel en blanco, sacado de su despacho y por tanto, que:

<<Ha habido un delito de estafa procesal en grado de tentativa inacabada por parte de Los Albertos, ya que intentaron una revisión de la sentencia del Supremo que les condenó, y lo hicieron cuando ya sabían de forma fehaciente que la presunta prueba en la que se basaban era falsa>>.

 A mediados del año 2003, el Constitucional suspendió el ingreso en prisión de los primos, debido al recurso de amparo presentado por los financieros, hasta que se resuelvan sus alegaciones referentes a la presunta “vulneración de sus derechos constitucionales” en el proceso por el que fueron condenados. Posteriormente, el Consejo de Ministros del gobierno “popular” presidido por Aznar, denegó en octubre el indulto solicitado por ambos financieros. Por su parte, la Audiencia Provincial de Madrid suspendió la ejecución de la condena para no interferir en ambos trámites.

Los primos siempre se llevaron bien con el poder político “democrático”; no sólo con el gobierno “socialista” de Felipe González. También con el Partido Popular. Por algo será que tras las elecciones que le permitieron acceder al gobierno, en junio de 1996 Alfonso Cortina fuera nombrado presidente de Repsol, y que, en setiembre de 2002, ambos primos fueran invitados ilustres en la boda de la hija de Aznar. Y con La Zarzuela, por la entrañable amistad que une al Rey con Alberto Alcocer:

<<Según fuentes muy cercanas a Don Juan Carlos, el primo mayor es de los poquísimos privilegiados que están en contacto directo con él a través de su móvil, pues posee el real número desde hace tiempo y lo utiliza con frecuencia. Lo hizo asimismo, también según ha podido saber El Siglo, inmediatamente después de que José María Aznar ganase las elecciones que le dieron la mayoría absoluta en marzo de 2000>>  Ver:http://www.losgenoveses.net/Opinion/Los%20dossieres/losalbertosintocables.html

Cuando “Los Albertos” presentaron al Ministerio de Justicia su petición de indulto y al Tribunal Constitucional su solicitud de amparo, según “El Semanal Digital” del 31 de marzo de 2003 se habló de una llamada del rey Juan Carlos “al ministro de justicia, José María Michavilla, y al fiscal del Estado, Jesús Cardenal” tratando de impedir la entrada en prisión de los dos primos, cosa que hasta el día de hoy no ha ocurrido.  

Volviendo a las andanzas de Mario Conde, apenas un año después de su entrada en Banesto y dos meses antes de la ofensiva de Cartera Central sobre el banco de Escámez, el 18 de mayo de 1988 acordó con éste la fusión de ambas entidades para crear el Banco Español Central de Crédito” (BECC). En realidad, se trató del intento desesperado de Conde y Escámez, por defenderse frente al inocultable propósito por parte del poder político estatal de acabar con ellos.

<<El mismo día en que se anunció la gran fusión, los famosos primos se sintieron burlados por la maniobra de Escámez y prepararon toda su artillería con vistas a la Junta General del Central prevista para el 25 de junio, en la cual se debía aprobar la operación. Una serie de maniobras, no precisamente orquestales, en la oscuridad tuvieron lugar entre el 18 de mayo y el 25 de julio, intentando frustrar el acuerdo de fusión y llevarse por delante al viejo Escámez y, si podían, al joven Conde. “Ese es un problema de Escámez y el Central, que él deberá resolver con los Albertos”, decía por aquellos días el de Tuy. (Conde)>> (Jesús Cacho: “El edificio Windsor, testigo de uno de los episodios más tristes de la cultura del pelotazo”: http://64.233.161.104/search?q=cache:pyg7ppsYz7gJ:www.elconfidencial.com/conlupa/indice.asp%3Ffecha_d%3D14/02/2005%26dia_s%3DLunes%26psw%3D+%22M%C3%81S+TRISTES+DE+LA+%E2%80%9CCULTURA+DEL+PELOTAZO%22&hl=es . Lo entre paréntesis nuestro)

Fue en ese momento, cuando el llamado “guerrismo” y el propio Alfonso Guerra, comenzó a ver con simpatía al banquero Alfonso Escámez y no a Miguel Boyer, ni a los Albertos, ni a Mario Conde. [20] En esos momentos, los apoyos del Gobierno de Felipe González en la sociedad civil de cara a un desalojo de Alfonso Escámez, se habían vuelto más débiles que nunca. Pero también estaba claro que el enemigo común a batir para toda la familia socialista en ese oscuro mundo de las finanzas seguía siendo Mario Conde.

El 22 de febrero de 1989, Juan Abelló dejó Banesto, cuando el asunto de la “guerra sucia” del gobierno PSOE con “Los Albertos” contra Conde y Escámez estaba en su apogeo. Abelló decidió separarse de Conde, abandonando el oficio de banquero y todos los cargos anejos: la aseguradora, el consejo de Tudor y el del Banco Central. A cambio de esa determinación, acordó la recuperación sin intereses de los 15.250 millones de pesetas que había invertido en acciones de la entidad. Dicen que en la ruptura de la comandita formada por Conde y Abelló, mucho tuvo que ver la esposa de este, una hohenlohe llamada Ana Gamazo. Se atribuye a una de sus amigas de la infancia —en la Marbella fundada por su abuelo, el príncipe Maximiliano de Hohenlohe— haber comentado que “Cuando Mario Conde entró en su casa por primera vez, Ana vio enseguida el peligro. Lo caló al instante y advirtió a su marido de que tenía el enemigo en casa, aunque entonces no le hicieron mucho caso”:

<<Mario Conde también supo reconocer la inteligencia natural de Ana, la fuerza que significaba en la familia. Por eso no jugó limpio con ella y empleó la táctica del divide y vencerás. Pero ganó únicamente las primeras batallas, no la guerra. Conde acabó en la cárcel, Abelló salió intacto de aquella relación y multiplicó su patrimonio. Y una vez más a Ana Gamazo tuvieron que darle la razón.>> http://www.el-mundo.es/cronica/2002/346/1023102765.html

Esto es cierto. Pero parece también serlo que Conde ya no soportaba tener un segundo que, en realidad, era su primero.

Privados de su principal soporte real que había sido “Construcciones y Contratas” en la siempre vaporosa y voluble superestructura de las finanzas especulativas, Los Albertos quedaron momentáneamente descabalgados de la carrera por hacerse con el patrimonio bancario de Escámez y, de paso, desbaratar los planes de Mario Conde. En esos momentos, después de muchos años de relaciones tensas, Mariano Rubio, gobernador del Banco de España, inició un acercamiento a Escámez, al tiempo que varios colaboradores de confianza del presidente del Central, manifestaron tener claro que “Banesto” estaba pasando por una difícil situación patrimonial, que sólo podía solucionar fusionándose con el “Central”, es decir, con el crédito fiscal que recibiría la entidad resultante, el Banco Español Central de Crédito” (BECC). [21]

Además, la salida de Abelló afectaba al buen nombre de “Banesto”. Mariano Rubio, entonces muy activo en la cuestión del BECC, quiso evitar esa salida con la idea de tener un presidente de emergencia en el caso de que Mario Conde se viera “obligado” a marcharse, como estaba previsto por el PSOE en el gobierno. De ahí que antes de la renuncia de Abelló, por vez primera se ofreciese a Conde vender su participación en Banesto —“al precio que él quisiera”— a cambio de salir del “Español de Crédito”. Pero Conde rechazó la oferta.

Según el mismo relato de Jesús Cacho, El domingo 5 de junio, tras una reunión entre Enrique Sarasola, Mariano Rubio y el propio Felipe González, Los Albertos recibieron el visto bueno para dinamitar el BECC en una larga soiré celebrada en “La Bodeguilla”: al día siguiente, en efecto, los primos anunciaban haber comprado el 2% de Banesto. Un torpedo en la línea de flotación de don Mario. Cartera Central ya no era sólo un problema para Escámez. Aunque se da cuenta de que la fusión con el Banco Central es ya imposible, Conde rechaza esa proposición y el 7 de marzo de 1991 envía una carta a Escámez  reconociendo el fracaso de la fusión bancaria, pero ofreciéndole seguir con el intento de fusión industrial. Pero Escámez desestimó esa oferta por extemporánea.

Entonces, Conde decidió fundar la Corporación Industrial de Banesto, con el propósito de reunir todas las participaciones industriales en una sola entidad, para capitalizar su valor con las acciones de la nueva compañía, lo cual suponía duplicar su crédito en acciones, la mitad de ellas sobre un patrimonio ficticio, es decir, acciones sobre acciones, lo cual le serviría, fraudulentamente, para sortear la carencia  recursos propios.

Para eso era imprescindible que los potenciales suscriptores de esas acciones gozaran de las exenciones fiscales por 120.000 millones de pesetas, que el Estado tiene previsto para estos casos de ampliación de capital, y que Conde había solicitado antes del verano de 1989. Pero debían ser autorizadas por el gobierno de turno, en este caso el segundo del PSOE. Y todavía a principios de 1990, el “socialista” devenido neoliberal, Carlos Solchaga —por entonces a cargo del Ministerio de Economía y Hacienda— se mostraba reticente a conceder ese beneficio gratuitamente. Un proceder completamente opuesto al adoptado cuando Solchaga desde el ministerio de economía, y Mariano Rubio desde el Banco de España, promovieron el proceso de fusión entre los bancos Bilbao y Vizcaya, los dos “bancos buenos” por su afinidad política con los gobiernos socialistas. [22]

Algo que el poder político suele hacer con ciertos agentes económicos incordios, es obligarles a incurrir en la tentación bíblica de obtener el fruto prohibido para luego caer sobre ellos con todo el peso de la “ley”. Esto es lo que hizo el PSOE desde el gobierno negándose de oficio a concederle a Conde las exenciones fiscales a su oferta de acciones como única viabilidad de su proyectada corporación industrial, a sabiendas de que la única posibilidad que le quedaba al de Tuy, era el tráfico de influencias mediante la preceptiva “comisión”, y que para estos menesteres siempre están a mano los “amigos”, amables componedores al acecho de la oportunidad en el entorno de las grandes fuentes personales de capital-dinero para enriquecerse. Así lo dice Rafael Pérez Escolar en sus “Memorias”:

<<Entonces, las “amistades peligrosas” terciaron, para llevar al ánimo de Conde que, si accedía a lubricar un poquito el óxido que atascaba la salida de las ansiadas exenciones, podía eliminarse tan enojoso obstáculo sin mayor dificultad. Y Conde picó el anzuelo tendido por los conseguidotes más desvergonzados del Reino. Las exenciones solicitadas fueron concedidas, aunque no totalmente, en abril de 1990. El coste de la coima no fue demasiado alto si se estima en términos relativos: 600 millones de pesetas para lograr un fin enteramente indispensable en los planes del banco. Y digo que no fue excesivo porque, cuando luego se produjo la disparatada fusión ente "Iberduero" e "Hidrol"., Iñigo Oriol (conocido en el mundo de las eléctricas como Copito, por su asombroso parecido con el gorila albino que ha muerto no hace mucho en el zoo de Barcelona) pagó a los mismos conseguidotes (Cortés, Navalón y Selva, acompañados esta vez por Adolfo Suárez y otros truhanes de pelaje menos tupido) la friolera de 8.000 millones de pesetas. Copito, lejos de sufrir ningún disgusto procesal, ni siquiera el menor reproche por el astronómico dispendio concedido sin autorización del consejo, sigue presidiendo plácidamente Iberdrola año tras año.>> (Op. Cit. Cap. VII Ed. Foca/2005)

 Según reportó el diario El Mundo en su edición del 19 de mayo de 2002, "Navalón cobró comisiones por valor de 7.000 millones de pesetas, que repartió entre los abogados que contrató. Uno de ellos resultó ser Adolfo Suárez padre, “quien recibió 185 millones de pesetas, según se publicó —matiza el periódico—, aunque nunca se ha podido demostrar judicialmente que el ex presidente Suárez cobrara tales comisiones y, además, él siempre lo ha negado tajantemente”.

En su comparecencia ante el juez Siro García en los primeros días de marzo de 1998, Mario Conde declaró  que en 1994 mintió al juez García-Castellón, reconociendo, esta vez, que en 1989 entregó efectivamente 300 millones de pesetas al ex presidente Adolfo Suárez. Otros trescientos hicieron el total de seiscientos por el juicio de “Argentia Trans” que Conde gasto en coimas para que intercediesen por él ante el Banco de España. El “trabajo” de Suárez consistió en convencer a Mariano Rubio, de que la fusión entre el Banco Central y Banesto era conveniente. A esta fusión se oponían algunos accionistas del Banco Central amigos del PSOE en el gobierno, como Alberto Cortina y Alberto Alcocer y, naturalmente, el propio Mariano Rubio.

Fernando Garro, por entonces responsable de relaciones institucionales de Banesto, parece ser que fue quien sugirió a Conde que hablara con Antonio Navalón para que le procurara un soporte político en el gobierno. Navalón, amigo de Suárez, aconsejó a Conde que utilizara al ex presidente para mediar ante el Banco de España. Según el relato de Conde ante el juez, Suárez accedió a intervenir, pero pidió a cambio 300 millones para la financiación del Centro Democrático Social (CDS), aunque esta cantidad no debía figurar en los libros de contabilidad del partido. Para este pago, Conde dice que utilizó a los llamados clásicos del banco, y fue Martín Rivas quien se encargó de todo. [23]  

Tras las declaraciones de Conde el ex presidente Suárez difundió un comunicado en el que negó veracidad a tales afirmaciones del banquero de la gomina, remitiéndose a su declaración de 1995 ante el juez García-Castellón. En ellas Suárez negó haber recibido dinero de ningún gestor de Banesto para que interviniese ante el Banco de España. Mariano Rubio hizo otro tanto. Posteriormente, en su sentencia Nº 2001 dictada el 29 de julio de 2002, dentro del punto I de “Antecedentes”, el Tribunal Supremo consideró como un “hecho probado”, que Mario Conde ordenó “unilateralmente” retirar 300 millones de pesetas de la caja de Banesto, “para fines ajenos al giro propio de la empresa”, y que:

<<Para llevar a efecto aquella disposición global de 300 millones de pesetas, el acusado Mario Conde Conde se puso en contacto con Martín Rivas Fernández, Director General de Banca Comercial, a la vez que encargado de las relaciones crediticias del Banco con los partidos políticos, comunicándole su propósito, indicándole verbalmente que había que hacer un pago de 300 millones de pesetas a don Adolfo Suárez, ex Presidente del Gobierno, por un servicio que éste había prestado ante el Banco de España, y Martín Rivas asumió el encargo de gestionar la ejecución de la orden de disposición de efectivo.>> Cfr.: http://www.losgenoveses.net/pdf/banesto.pdf

¿Qué destino tuvo aquel plus de seiscientos millones en capital-dinero, cuya contraparte en riqueza es generada por anónimos apellidos que de él no montan ni un solo tanto? ¿Cuanto de ese montante pasó realmente a llamarse Matías Cortés, Antonio Navalón, Diego Selva o Adolfo Suárez? Parafraseando el poema donde el afrocubano Nicolás Guillen busca infructuosamente su identidad perdida por sus antepasados esclavos sobre las aguas del Atlántico, gracias a la impunidad del cohecho que garantiza el secretismo burocrático, y a la justicia burguesa que consagra el recurso a mentir para no declarar contra sí mismo, sólo cabe contestar: ¡Qué enigma entre los dedos de esa gente! [24]

Entre los tantos “ius utendi et ius abutendi” de los amos en la sociedad antigua, al igual que en la sociedad colonial durante la etapa del capitalismo comercial, regía entre ellos la norma de cambiar el apellido a sus esclavos, tanto como para que, perdiendo la memoria de sus orígenes telúricos y familiares, su completa despersonalización garantizara la más absoluta enajenación de su voluntad evitando que se sublevaran. En la sociedad capitalista industrial, por el contrario, quien adopta el nombre de los actos o voluntades que unos venden al servicio de otros, es el dinero. Los vendedores tienden a olvidarse de lo que enajenan porque no soportan verse reflejados en el espejo de su propia degradación moral. Por tanto, la memoria de las voluntades que se cambian por dinero, en realidad no es patrimonio de los vendedores. Pero tampoco de sus compradores; porque no son ellos por sí mismos quienes consiguen mover esas determinadas voluntades, sino el capital-dinero del que disponen, verdadero medio y fin de todas las voluntades. Incluida la de los burgueses, aunque ellos crean estar por encima de esta cosificación general. Y según fluye como único residuo perdurable de la existencia que se gasta en su “curso legal”, no deja resquicio posible para la dignidad humana, que sólo se puede comenzar a recuperar destruyendo su forma social de manifestación como capital.

Esta recuperación tiene su fundamento en que, políticos inorgánicos de la burguesía, como Adolfo Suárez, o truhanes como Navalón y Selva, pueden ser los enterradores de su dignidad personal para no tener que ocuparse más de ella en este mundo, los asalariados ven como se hunde la suya en la penuria relativa y el trato cada vez más degradante que padecen, pero no porque ellos así lo hayan elegido, sino porque así lo decide ineluctablemente la ley general de la acumulación capitalista encarnada en sus patronos. Tal es la condición material que determina la necesidad histórica objetiva y la posibilidad subjetiva real de la acción política revolucionaria del proletariado. 

Respecto a toda esa runfla que gravita en torno al capital-dinero, semejante realidad enajenada nos remite al pasaje de “Israfel”, obra inspirada en la vida del poeta norteamericano Edgard Allan Poe, donde su autor, Abelardo Castillo, describe al protagonista en diálogo imaginario con su joven y ya extinta esposa, cuando le pone súbitamente ante un escenario en que varios cuervos se pelean por una moneda de oro, volviendo a sorprenderle dando un brusco giro sobre sí mismo cual si su airosa capa marcara el paso de un tiempo más largo, para decirle: “Mira, Virginia, los cuervos han desaparecido, solo ha quedado la moneda de oro”.  

Obtenidas en abril de 1990 las exenciones tributarias para los compradores de las acciones con las que la Corporación Industrial Banesto pudo erigirse en el mayor holding industrial español —equivalente al 1% del producto interior bruto del país— sólo restaba confirmarlo poniendo a “trabajar” en el mercado la parte de ese capital adicional disponible necesaria para su desarrollo, manteniendo el resto de los títulos en la cartera de Banesto. Pero en agosto de ese mismo año, las tropas del régimen de Sadam Hussein invadieron Kuwait provocando el pánico en los mercados, las bolsas internacionales se desplomaron, y el grupo de Conde se vio obligado a suspender la colocación de las acciones de la Corporación, convertida, así, en un contrapeso para Banesto. Ante la consecuente recesión, Banesto debió lastrar buena parte de su base real de apoyo financiero, vendiendo su participación en “Petromed” y buena parte en “La Unión y el Fénix”, enajenando también lo que quedaba del grupo cementero.

Fue en estos momentos cuando el gobierno del PSOE arreció “hasta la asfixia” sus presiones sobre Banesto:

<<Era curioso ver cómo actuaba la Administración socialista en contradicción consigo misma: así, cuando se convino la enajenación a AGF de una parte de La Unión y el Fénix, la dirección General de Seguros puso toda suerte de obstáculos para que no se cerrase la operación. O sea: “venda usted, porque lo necesita” (Banco de España), pero “no se le ocurra vender, porque se lo echaremos en cara” (Ministerio de Hacienda)>> (Rafael Pérez Escolar: Op. Cit.)     

En 1992, mientras Banesto parecía salir de la postración que había venido padeciendo desde 1987, saltó a la luz pública el escándalo de la empresa “Ibercorp”, principio del fin en la vida de Mariano Rubio, no sólo como Gobernador del Banco de España. Ese año, Rubio y su amigo, Manuel De la Concha, a la sazón síndico de la Bolsa de Madrid, crearon un banco dedicado a la especulación, previendo con seguridad en cada momento lo que estaba por suceder en los distintos mercados (financiero, bursátil o de divisas), para lucrarse alternando la compra y la venta sin riesgo alguno, según la oportunidad que les brindaba la información privilegiada de la que disponían como supuestos guardianes de la ortodoxia monetaria y financiera en nombre de los “intereses generales” del país.

El sonado “caso Ibercorp” tuvo como antecedente inmediato la venta de “Sistema AF” — empresa líder en mobiliario de oficina propiedad del grupo Hispano— que se encontraba atravesando una importante crisis financiera y que, así, de haber sido una empresa productiva, pasó al sector especulativo bajo el nombre de “Sistemas Financieros”. El Grupo Ibercorp cerró un contrato con “Sistemas Financieros”, en el que se comprometía a gestionar la totalidad de la empresa nombrando para ello como presidente a otro de los imputados, Benito Tamayo. El mismo día en que se formalizó el contrato, Rubio y De la Concha sacaron a la venta un paquete de 300.000 acciones, que fueron adquiridas por personalidades relevantes y sociedades instrumentales como “RTS Internacional”, Ratiol y Sirne controlados por los también imputados Rafael Vázquez Padua, Amo Álvarez y Velasco Calderón. [25]

Mediante la compra de esas acciones, tales sociedades instrumentales provocaron un vacío patrimonial de “Sistemas Financieros”, sin que sus órganos de representación hubieran tenido conocimiento alguno de la existencia de tales sociedades instrumentales, ni del uso de ellas se había hecho en beneficio de los gestores del grupo Ibercorp y en perjuicio de los accionistas minoritarios, quienes viéndose perjudicados con la fusión denunciaron el caso demostrando deudas tributarias de 1.600 millones de pesetas.

Descubierto el “pelotazo” por los accionistas minoritarios en febrero de 1992, Mariano Rubio apareció como dueño de una cuenta corriente “opaca” en “Ibercorp” con 130 millones de las antiguas pesetas. [26] Según el periodista Jesús Cacho, en el curso de ese mismo mes Rubio convocó a una reunión celebrada en su domicilio de la calle Jovellanos, a la que, además de los imputados Tamayo, Jaime Soto y De la Concha, acudieron Luis Ángel Rojo, subgobernador del Banco de España —quien se presentó portando el informe confidencial de “Iberporp”—, Emilio Botín por el Santander y Mario Conde por Banesto:

<<Rubio, desesperado, pedía ayuda como fuera para salir del atolladero, apelando, incluso, a una frase inolvidable dirigida a Botín: “de no ser por mí, los socialistas habrían nacionalizado la banca”. Delirios de un hombre desesperado. ¿O tal vez no?>> (http://www.elmundo.es/suplementos/nuevaeconomia/2005/273/1115503207.html)

Ese día no se encontró ninguna solución. Pero a las 10 de la mañana del día siguiente, Botín y Conde volvieron al despacho de Rubio, para proponerle invitar a varios bancos, a fin de que lancen una OPA de exclusión sobre “Ibercorp”. Esta operación, regulada por Real Decreto 432/2003, está normalmente prevista para inversores interesados en empresas con buenas perspectivas de crecimiento y expansión, pero con ciertas dificultades coyunturales de financiación. Estos inversores intervendrán comprando una participación de la sociedad, la sacarán de cotización en la Bolsa mediante una OPA de Exclusión, la reestructurarán para que crezca y se expanda en un período calculado entre 3 y 5 años, para finalmente vender esa participación —por ejemplo, a otra sociedad o a los propios directivos—, obteniendo así una plusvalía que según su cálculo debería oscilar entre un 30 y un 35%.

Pero la OPA de exclusión sobre “Ibercorp” no consistía en eso, sino en comprar la voluntad de los accionistas minoritarios para detener su denuncia ante la justicia y escamotear así el delito de peculado mediante utilización de información privilegiada por parte de Rubio, De la Concha, Jaime Soto y Tamayo:

<<Mientras Botín se despedía, porque tenía cita con el Rey, Conde quedó encargado de ir a ver a Alfonso Escámez, al objeto de incorporar al Central en el rescate. ¿Saben quién tomaba aplicadamente notas en aquella reunión destinada a ocultar la verdad y engañar al personal? Pues el viejo profesor, el señor Rojo, el guardián de la ortodoxia. En aquella farsa financiera ejecutada en la sede del Banco de España, con él se sentaban todos sus hijos intelectuales. Lo de menos es que no se encontrara solución. Lo que importa es que Rojo estaba dispuesto a aceptar cualquier salida con tal de evitar la catástrofe .>> (Jesús Cacho: Op. Cit.)

Por su parte, Pérez Escolar señala en su libro ya citado, que:

<<Rojo no tuvo la menor reticencia en seguir a Mariano Rubio como su sombra, mientras intentaba colar de matute a Banesto el montón de porquería en que Soto, De la concha y Tamayo habían convertido a “Ibercorp” a pesar de la desastrosa situación de la empresa y los torpes manejos de sus gestores>> (Op. Cit.)

¿Qué tipo de interés determinó que el profesor Rojo, se implicara en semejantes maquinaciones, puro altruismo hacia su superior inmediato? No. Según pudo saberse después, este guardián de la ortodoxia financiera —alumno de Karl Popper en la prestigiosa London School of Economics y maestro de los ex presidentes Adolfo Suárez y Felipe González— también tenía una cuenta opaca en “Ibercorp” y también delinquió beneficiándose de “plusvalías ilegales”. [27]

Pero la operación fracasó cuando los accionistas minoritarios descubrieron la falsificación de la lista de accionistas de Sistemas Financieros por parte del ex síndico de la Bolsa, Manuel de la Concha —que había sido solicitada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores— denunciando el caso ante los tribunales y en la prensa, como consecuencia de lo cual Rubio y De la concha acabaron en la cárcel.

Cuando en la sesión parlamentaria Rubio fue inquirido sobre el origen de ese dinero, apareció en todos los telediarios totalmente atribulado; no habiendo podido encontrar ninguna explicación siquiera verosímil a su comportamiento, solo alcanzó a balbucear tres palabras: “no soy consciente”. En este juicio se demostró una vez más —la billonésima? en todo el mundo desde los tiempos de Montesquieu— hasta que extremos el secreto burocrático en la función estatal, reflejo político del secreto comercial practicado por la burguesía en la sociedad civil, disuelve los vínculos entre la ley y el comportamiento de los más altos funcionarios del Estado, y entre la voluntad popular y las instituciones de la democracia representativa. Este divorcio es el que —durante las crisis económicas severas— suele crear la condición política de las crisis revolucionarias de Estado. [28]

¿Por qué no se intervino Ibercorp y tampoco se investigó qué papel desempeñó Rojo en esa maniobra para salvar a Rubio de la cárcel que, como vimos, cierta prensa —enconada con los intereses del PSOE en el gobierno— no dudó en implicarle? La inspección del Banco de España no solamente omitió cuidadosamente poner su lupa sobre este personaje, sino que el gobierno “felipista” procedió de inmediato a premiarle designándole para ocupar el más alto cargo de esa institución en lugar de su amigo ya en prisión, Mariano Rubio. Pero, tal como sucediera con la solidaridad de Rojo hacia Rubio, tampoco fue aquél nombramiento del “viejo profesor” un acto puramente altruista del gobierno “socialista”. Sin duda llevaba una carga mortífera no sólo contra las ambiciones empresariales y políticas de Mario Conde, sino contra su propia libertad personal:

<<Recuerdo lo que Conde nos contó que le había soltado Rubio al despedirse como gobernador en 1992: “Te lo digo confidencialmente, no creas que conmigo se han acabado tus enemigos en el Banco de España. No te equivoques, tus enemigos siguen dentro”. Los hechos posteriores demostrarían que el enfático personaje, en el fondo un pobre diablo, se había quedado corto en el diagnóstico>>. (Rafael Pérez Escolar: Op. Cit.)

Semejante pronóstico se hizo todavía más previsible cuando ese mismo año, Conde emprendió la aventura de hacerse con las riendas de la empresa de radiodifusión “Antena 3”. Porque una cosa es —como decía Pedro de Toledo— que “la banca deba estar con el gobierno”, y otra muy distinta que quiera ser gobierno. Para eso es necesario ser miembro del muy selecto del “sistema político” creado por la oligarquía política que fabrico la transición “democrática”. Pero los burócratas que crearon ese club se cuidaron muy mucho de que fuera lo más parecido a un coto privado de caza. De ahí que para romper su coraza, Conde debiera tener sus propios “mass media”. De lo contrario, es el poder político quien decide quienes son sus aliados en la banca. Esto llegó a saberlo Conde como un niño aplicado de doce años se sabe la regla de tres.

<<Cuando descubrí que el poder político está capturado por el sistema, traté de tener poder financiero y mediático. Al tenerlos, tienes poder político. Entonces ellos llegaron a la conclusión de que iba a por el poder político. No iba por ahí, pero si yo dejo el banco, sin dejar de controlarlo y el banco controla un aparato mediático y yo ejerzo, además, el poder político, entonces, cierro el círculo. Le doy la vuelta al sistema (partidocrático). Lo dinamito. Ellos (especialmente los oligarcas del PSOE) se dieron cuenta del peligro. Yo había descubierto algo muy importante: los medios de comunicación tienen efecto-impacto en la cuenta de resultados de los bancos. No sólo por la publicidad, sino por la cantidad de mensajes que puedes mandar. Así me convertí en un problema político para la derecha, para la supuesta izquierda, es decir, para González, y su aparato de poder>>. (Mario Conde: http://www.el-mundo.es/larevista/num111/textos/mario1.html . Lo entre paréntesis es nuestro)

Mario Conde hizo estas declaraciones, a fines de noviembre de 1997, pocos días antes de sentarse en el banquillo de los acusados por el juicio de “Argentia Trust”.  Pero en mayo de 1992 no parecía ser ésa su estrategia, porque llegó a un acuerdo con Antonio Asensio y Jesús de Polanco —este último, desde entonces hasta hoy compinchazo con el PSOE— para hacerse con el control de Antena 3 por la vía del mercado accionarial. [29]

Antena 3 de Radio surgió con la aplicación del Plan Técnico de Radiodifusión de 1979. Apadrinada por veintitrés empresas periodísticas —entre las que destacan los diarios “La Vanguardia” y “ABC”, el Grupo Zeta y la agencia Europa Press— la cadena contaba en 1987 con 94 emisoras, de las cuales 78 se destinaban a la programación convencional y 16 a Radio 80 en su versión fórmula. Fue la única radio que, en 1992, consiguió superar en medio millón de oyentes a la cadena SER, líder hasta ese momento, llegando a la cifra de 3.139.000 oyentes, un auténtico éxito en tan solo cinco años.

Antonio Herrero y José María García se convirtieron en el mayor exponente periodístico de la emisora. Si Herrero consiguió ser líder absoluto de audiencia por encima de Iñaki Gabilondo y Luis del Olmo, no fue precisamente por sus cualidades profesionales, sino por la decidida denuncia de la corrupción política y de los crímenes de Estado en que se encontraba inmerso el gobierno del PSOE. Actuando como la cuarta pata del llamado “pacto de los editores” —junto a Polanco, Asensio y Godó— Mario Conde permitió la eliminación de Antena 3 de radio y la línea política editorial de Antena 3 televisión, el grupo no controlado por el gobierno socialista más poderoso e influyente de cuantos criticaban los desmanes y delitos del felipismo. [30] Mientras Polanco compraba y cerraba la radio, Antonio Asensio y Mario Conde procedieron a la liquidación del telediario de mayor audiencia, el dirigido por Luis Herrero, en el que Federico Jiménez Los Santos era comentarista político. [31]

<<El malogrado Antonio Herrero conseguía cada mañana que la gente se enterase del escandaloso tinglado de intereses tejido en torno a González y Polanco. Desde su programa el primero de la mañana fustigaba sin tregua la corrupción clamorosa del felipismo. Era una especie de oasis en el vasto desierto en que el grupo Prisa había convertido a los medios de comunicación, después de que el gobierno le entregase la SER a precio de saldo.>> Rafael Pérez Escolar: Op. Cit.) [32]

Pero, en esa operación de asalto sobre “Antena 3”, Conde no sólo sirvió al gobierno PSOE de cobertura financiera, sino que, seguidamente, hasta le regaló a Polanco el edificio donde venía funcionando la cadena SER, sin contar con la preceptiva autorización del consejo de Banesto y —ni que decir tiene— de los accionistas del Banco:

<<Toda esa manzana, de un valor incalculable, fue cedida por Banesto a Prisa como una dádiva  intolerable, sin otra razón que corresponder a la solicitud, insistentemente mantenida, de Jesús Polanco, Juan Luis Cebrián y Matías Cortés, para complacer al voraz editor dispuesto a ejercer sobre el sumiso banquero su inmensa capacidad de coacción.>> (Ibíd)       

Estos sucesivos actos de dispendiosa “generosidad” por parte de Conde hacia el entorno político y mediático del “felipismo”, no parece que se puedan explicar si no es porque la fuerte propensión del banquero a congraciarse con ese poder fáctico, pudo más que las advertencias de Mariano Rubio sobre las firmes determinaciones del PSOE a quitarle de en medio.

 Conde creyó ver reforzada sus ilusiones respecto de su relación conflictiva con el gobierno del PSOE, cuando Luis Ángel Rojo fue nombrado Gobernador del Banco de España, en julio de 1988. Siempre según el relato de Pérez Escolar, Conde contó al consejo de Banesto que, ese día, tras el acto de su toma de posesión, Rojo le dio la seguridad de que las relaciones entre los dos bancos iban a cambiar, “porque se inicia una nueva época de entendimiento”:

<<A pesar de que esta declaración de principios era formulada por quien carecía de los más elementales, Mario Conde, por inconcebible que parezca, cayó en el garlito.>> (Ibíd)

Lo cierto es que, tres años y medio después, las discrepancias con el Banco de España en torno a las técnicas de balance “poco ortodoxas” de Conde, parecieron aventarse, porque los inspectores de la entidad supervisora —que llevaban instalados en la planta 10 del edificio de Banesto desde 1985— todavía seguían allí si haber encontrado nada observable; salvo el problema de las previsiones de fondos líquidos a fin de atender futuras insolvencias —para lo cual el Banco de España fijó un plazo de dos años— aceptando mientras tanto las plusvalías implícitas de las empresas de la Corporación Industrial Banesto, con el compromiso de desinvertirlas o liquidarlas lo más rápidamente posible, sin fijar para ello un plazo preciso. [33]

Además, el Banco de España autorizó a Banesto el pago a sus accionistas de un dividendo equivalente al 50% de los beneficios obtenidos en ese ejercicio, con lo cual, Luis Ángel Rojo pareció confirmarle a Conde que, efectivamente, las cosas estaban cambiando entre los dos bancos. Pero la perspectiva de Pérez Escolar parecía ser otra:

<<Yo creo que, en realidad, lo que ocurría era que estaban al caer las elecciones generales de 1993 y Felipe González, a quien no terminaban de acosar los interminables escándalos de corrupción y crímenes de Estado, estaba pendiente de que Conde le echara una mano mediante su influencia en los medios de comunicación vinculados al banco y a su persona de una u otra manera, lo que se confirmó tristemente con el llamado “pacto de los editores”>> (Ibíd) [34]

A fines de 1992 quedó cerrado el pacto de caballeros entre Conde y el Banco de España en la persona de Luis Ángel Rojo, que dio vía libre al “plan de actuaciones” de Banesto, fecha en que también se produjo la sustitución como consejero delegado en Banesto, de Juan Belloso por Enrique Lasarte, compañero de estudios de Mario Conde, unidos ambos por una estrecha amistad.

Hasta bien entrado el mes de noviembre, para las clases dominantes 1993 fue el año de la incertidumbre y el temor ante un futuro inmediato que se avizoraba sin un liderazgo político capaz de llenar el vacío de poder que iba dejando el gobierno del PSOE, hundido hasta el cuello en una charca infecta de sucesivos escándalos de corrupción y crímenes de Estado. En toda la sociedad se notaba que, desde 1992, el “viejo topo” estaba haciendo lo suyo y esos movimientos tectónicos en la base material del sistema repercutían conmocionando la superestructura. En los ámbitos económicos y financieros, donde respiran y actúan para medrar a expensas de otros los verdaderos poderes fácticos en tiempos de crisis, se presentía que la partidocracia no garantizaría ya la tranquila continuidad político-institucional del sistema, dado que el Partido Popular no parecía ser una alternativa de mayoría absoluta —situación en la que había venido transitando la “democracia” desde 1977— y el PSOE había perdido ya toda posibilidad real de serlo por algún tiempo.

Esta inestable situación de oscura perspectiva política para el tinglado que se montó durante la transición, coincidió en igual período con un salto espectacular de la figura de Mario Conde hacia las más altas cotas de contagiosa magnificencia social en la vida pública española. Su consagración como potencial estadista comenzó el 14 de enero, durante su intervención en el coloquio organizado por la revista española “Política Exterior” y la alemana “Europa Archive”, en el que participaron popes políticos como Zbniew Brezinsky, miembro de la “Trilateral”, consejero “científico” del presidente Johnson y Consejero de Seguridad durante el mandato de Carter; Simone Veil, ex ministra de asuntos sociales durante el gobierno francés de Edouard Balladur y presidenta del Parlamento Europeo, o Alexander Yakovliev, ex embajador de la URSS en Canadá, inspirador de la “Perestroika”, entre otras personalidades de la vida cultural, como David Abshire, presidente de una fundación norteamericana con fines culturales, el escritor ultraliberal francés Jean Francois Revel, el conocido historiador e hispanista burgués de “izquierda”, Hugh Thomas, o el “prestigioso filósofo” francés André Glucksmann, junto a los presidentes de dos Länders alemanes. [35]

Ese día, en la Sala Vecchia del Sínodo Vaticano, un “pletórico” Mario Conde se dirigió al “Santo Padre” para proclamar sofísticamente que “la actividad económica ha de estar sometida al juicio moral”, y que “la economía de mercado ha demostrado ser la que mejor consolida el progreso técnico”. Estos prejuicios interesados ya en andrajos frente a una realidad que los desmiente a cada paso que la burguesía da en su propia historia, suenan hoy al obrero espontáneo gracias al incesante soniquete propagandista laico de la intelectualidad burguesa postrera, como en tiempos del dominio aristocrático tardío sonaba todavía en los oídos de campesinos y artesanos, aquel tópico de que Dios era ley en los campos que ara el buey y en los palacios del Rey, gracias al interrumpido soniquete de campanario, púlpito y sacristía que animaba el espíritu objetivo del Estado teocrático.

Casi seguidamente —y sin duda como parte de sus propios planes y preparativos para lanzarse a la vida política española— durante una solemne y al mismo tiempo glamurosa ceremonia ampliamente difundida por los medios del país, Mario Conde fue investido Doctor honoris causa por la Universidad Complutense de Madrid, en presencia del Rey —que ejerció la presidencia del acto— y de los miembros de su familia, así como de lo más representativo del claustro universitario y del empresariado nacional, ente quienes destacaron el Gobernador Luis Ángel Rojo y Jesús Polanco. La laudatio corrió a cargo del ex embajador de Israel en España, Slomo Ben Ami, quien seguramente tuvo algo que ver con el siguiente viaje proselitista de Conde al extranjero. [36]       

 Y, en efecto, durante el otoño de 1993, Mario Conde viajó a Israel para participar en una “resonante” conferencia Judeo-árabe donde se iban a echar los cimientos del desarrollo económico de Cisjordania y Gaza tras la constitución del futuro Estado palestino:

<<El éxito del viaje fue extraordinario y clamorosas las dos intervenciones a cargo de Conde, una en el curso de la propia conferencia y otra en la Universidad de Jerusalén, ambas ante el público más representativo. Simón Pérez, entonces líder de la oposición, se entrevistó con Mario Conde en el hotel King David durante más de dos horas, y en la última noche en Israel asistieron seis ministros a la cena que ofrecieron al visitante>>. (Ibíd)      

A todo esto, desde mediados de ese año varios expertos de la J. P. Morgan —cuyos directivos habían puesto sus ojos sobre Banesto y estaban negociando con Mario Conde— trabajaban en sus dependencias para cerciorarse sobre la salud patrimonial y contable de esta entidad, con la perspectiva de participar en la “macroampliación” de su capital, la más ambiciosa en la historia de la banca en España.  Como resultado de las investigaciones y tratativas, el acuerdo fructificó en mayo de 1993, cuando J..P. Morgan dispuso que su “Fondo de Inversiones Corsair” destinara unos 160 millones de dólares a la compra de 12,8 millones de acciones de Banesto, un 7,9034% del total. Fue ésta la evidencia más rotunda de que —dada la coyuntura económica y política del capitalismo— el banco de Mario Conde estaba en condiciones de lograr su saneamiento financiero por sus propios medios.  

Esta operación de la J. P. Morgan, sirvió como espaldarazo para que el Banco de España no pudiera dejar de aprobar la ampliación de capital de Banesto, ante lo que la Comisión Nacional del Mercado de Valores tampoco pudo poner objeciones, permitiendo así a Conde abrir la espita para lanzar al mercado bursátil una primera emisión de 100.000 millones de pesetas en acciones.

En ese lapso de tiempo se habían llevado a cabo las elecciones generales el 6 de junio de 1993, en las que el PSOE perdió la mayoría absoluta, aunque pudo conservar el poder ejecutivo. Así las cosas, respecto del futuro de Conde la burocracia partidocrática en su conjunto —muy especialmente la del PSOE y el PP en las personas de González y Aznar, por este orden— tratando de evitar en lo posible la solución drástica del problema, depositaron todas sus expectativas en el fracaso de la macroampliación de capital. Los directivos del banco supervisor apostaron a que resultaría un fracaso, previendo que no podrían al no poder colocar más allá del 20% de los 100.000 millones emitidos. Pero esa previsión fue desmentida por una demanda de acciones que superó con creces la oferta, ante lo que la tan digna “comunidad financiera internacional”, celebró entusiastamente los resultados de la operación.

A caballo de este éxito, en octubre el Banesto lanzó una OPA sobre su Corporación Industrial. El bajo precio al que estaban cotizando las acciones de esas empresas pudo reflejarse como coste contable para mejorar posteriormente su posición en el mercado bursátil a fin de acometer de la forma más propicia y ventajosa la pactada política de desinversiones, por lo que el Banco de España no tuvo más remedio que autorizar la OPA sin problemas.

Diga lo que diga el señor Rafael Pérez Escolar, Banesto nunca pudo presumir de una ortodoxia financiera y contable impoluta. Pero los demás bancos, tampoco. Todas las operaciones de ingeniería financiera al uso —en mayor o menor medida— son el medio discrecional propicio para alternar en el oscurecimiento o blanqueo de masas ingentes de capital dinero adicional, producto en no pocos casos de actos delictivos de todo tipo, incluido el negocio de la droga. [37]

 Cualquier partido político burgués eventualmente a cargo de un Estado capitalista, puesto sistemáticamente a evitar toda irregularidad o delito en la gestión financiera bajo su jurisdicción nacional —mientras el resto de Estados deja intangibles los suyos— acabaría en poco tiempo con todo el sistema bancario privado como práctica rentable al interior de ese país, viéndose obligado a estatizarlo. Aunque lo más probable —dados los tiempos que corren— es que el poder fáctico de los bancos afectados acabaría antes con ese tan imaginario como quijotesco gobierno burgués moralizante. No es el Estado el que determina a la sociedad civil —como pensaba Hegel— sino que son los grandes poderes fácticos los que, en última instancia, determinan la existencia del Estado, como pensaba Marx.

En realidad —y nunca se insistirá lo suficiente mientras el inexistente valor de la “justicia igual para todos” impere sobre la conciencia de los explotados— los delitos en materia económica, monetaria o financiera en la relación normal entre sociedad civil y Estado, sólo sirven para que determinadas fracciones de la llamada clase política en función de gobierno, procedan a “hacer justicia” por arriba sólo con ciertos poderes fácticos que molestan o atentan contra sus intereses políticos particulares o contra los de la clase partidocrática en su conjunto al interior de las instituciones estatales. Pero para esto deben contar con la anuencia o el apoyo —implícito o explícito— del resto o de la mayoría más poderosa.  Esto es lo que sucedió en el llamado “Caso Banesto”, con el agravante de que el Banco de España ni siquiera se tomó el trabajo de probar y exponer públicamente, unas irregularidades que el propio consejero delegado de Banesto, Enrique Lasarte confesó —contagiado de la confianza depositada por su jefe en Luis Ángel Rojo— convencido de que el compadreo entre las dos instituciones iba en serio.

Así fue cómo, el 28 de diciembre de 1993 —día de los santos inocentes— el Banco de España decidió intervenir Banesto, destituyendo a Mario Conde y a todo su Consejo de Administración, para nombrar en su lugar como presidente provisional del banco a Alfredo Sáenz Abad —por entonces vicepresidente del Banco Bilbao-Vizcaya— quien formó un nuevo equipo de dirección. [38] Al día siguiente, los clientes del banco retiraron de sus cuentas entre 75.000 y 100.000 millones de pesetas ante la alarma provocada por la intervención, mientras el gobierno difundió un comunicado respaldando la decisión del banco emisor y aseguró que los depositantes podían estar tranquilos. El día 30, el gobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo, compareció ante el Congreso de los diputados para informar que la crisis de Banesto se debió a la mala gestión de los ya cesados administradores. Estas declaraciones fueron interpretadas por políticos y periodistas como que en Banesto estaba al borde de la bancarrota. Dos días después de esa comparecencia de Rojo, hubo una corrida de los clientes del banco sobre sus depósitos en cuenta corriente calculada en más de 900.000 millones de pesetas. El 11 de enero de 1994, Mario Conde compareció ante lo medios de prensa asegurando que no había razones para la intervención, negando que pudiera hablarse de un “agujero” patrimonial de 500.000 millones de pesetas. Ante esta declaración, Rojo dejó que transcurrieran trece días para poder montarse cómodamente sobre la furibunda campaña de prensa presidida por el Grupo Prisa en esas dos semanas, anunciando el día 24 que el desequilibrio patrimonial de Banesto era de 605.000 millones. Cumplido el mes desde la intervención, el 28 de enero Mario Conde y otros ex consejeros de la entidad intervenida recurrieron ante la justicia lo actuado por el Banco de España alegando indefensión. Pero todo fue inútil:

<<La cifra no un grano de anís: primero se habló de 500.000 millones de pesetas, pero acto seguido, y “por criterios de prudencia”, se fijó en 605.000 millones. ¿Sería por dinero? Qué más daba cien mil millones de más o de menos? Quedaba más aparente la cosa añadiendo al boleo otros cien mil millones, por supuesto sin la menor justificación. Porque todavía estamos esperando a que nos expliquen cuáles fueron los criterios de prudencia por los que se aumentó de sopetón del “agujero” nada menos que en un 20 por ciento. Si en tan brevísimo tiempo las huestes invasoras pudieron descubrir un sin  fin de operaciones defectuosas que ascendían a tan fantástico dineral, lo cierto era que, tratándose de un banco enorme, con un grupo industrial poderoso y múltiples filiales bancarias y parabancarias, su contabilidad no debía estar tan mal llevada cuando permitió un estudio tan extenso y complejo. Porque en menos de un mes, los “meros agentes” del Banco de España fueron capaces de evaluar el imaginario déficit con una precisión tan acabada que luego a la cifra elegida ya no se movió un ápice, ni siquiera una peseta más o menos.>> (Ibíd)

Como estaba previsto, la movida del Banco de España actuando como ariete institucional de la partidocracia en ese momento a cargo del gobierno felipista, deterioró la imagen de Banesto. Se hizo para arruinar a Mario Conde aun a expensas de clientes e inversores. En efecto, el día de la intervención, las acciones del banco cotizaban a 1.900 pesetas. Cuando el primero de febrero de 1994 el Banco de España autorizó que las acciones de Banesto volvieran a la Bolsa, lo hicieron a 855 pesetas. Nueve meses después, ante la inminente apertura del juicio que le llevaría a la cárcel, durante el reportaje citado más arriba el periodista pregunta a Conde cuanto dinero le quedaba de todo el que tenía, a lo que éste respondió sintéticamente:

<<Yo compré 7.000 millones de pesetas en acciones de Banesto. Pedí un crédito al Hispano. Le di en garantía las acciones, incluso las que yo había comprado con el dinero de Antibióticos. Luego forzaron la Bolsa, pusieron las acciones a 800 pesetas y me las quitaron>>. (Op cit.)

Ya hemos dicho que la inspección del Banco de España llevaba investigando en las entrañas financieras y contables de Banesto desde 1985. Ningún banco del sistema financiero español había si objeto de semejante pesquisa desde 1977 hasta que fue intervenido. Sin embargo, durante todo ese período ningún alto funcionario de esa institución supo de alguna observación o fue notificado de cualquier anomalía. Pero desde el 28 de diciembre de 1993, todos los periódicos y telediarios del país en su furibunda campaña mediática contra Conde, se pusieron de acuerdo en que el “agujero” de Banesto era de 500.000 millones. Y cuando éste sólo insinuó desmentirlo, el Banco de España lo aumentó a 605.000 millones, tanto como para que la opinión pública supiera que los ilícitos en Banesto tras la intervención, se reproducían como las setas en un bosque después de la lluvia y Conde no volviera a abrir la boca:

<<Yo me he preguntado mil veces, a propósito del largísimo tiempo durante el cual trabajó tan intensamente en Banesto la inspección del Banco de España, donde recogían esos funcionarios el resultado de su ardua investigación cuando comprobaban que una operación determinada resultaba defectuosa por cualquier causa, por ejemplo, el incumplimiento de las reglas sobre dotación de provisiones. Sí, me he preguntado insistentemente en qué papel, en qué notas escritas a mano o a máquina o registradas de viva voz en algún magnetófono; en qué registros, ficheros u ordenadores se dejaba constancia de tantos y tantos defectos como luego dijeron que se habían producido, aunque sin determinar ninguno de ellos>>. [39]

Desde que Marx y Engels han dicho en el “Manifiesto Comunista” que “el capitalismo es la sociedad del engaño y el pillaje mutuo” (entre burgueses, se entiende), cada vez que se produce el enésimo episodio que confirma este aserto, tras recurrir infructuosamente a los tribunales las víctimas propicias con capacidad para ello, escriben páginas y páginas denunciando que han sido objeto de tropelías monumentales por parte de unos “filibusteros”. Lo hacen invocando los más altos valores  éticos y jurídicos consagrados, pero en realidad demuestran que la moral vigente y el derecho burgués positivo —tanto en ausencia como en presencia de conflictos, cualquiera sea su magnitud y trascendencia en las relaciones interburguesas— nada tienen que ver con el buen hacer ciudadano según la ley vigente, sino con el poder económico más concentrado, cuyos personeros siempre logran que el platillo sobre el que gravitan sus intereses, vuelque en su favor la balanza de la justicia. Y por esa regla de tres más infalible y fatal que la ley de la gravedad válida para el sistema de referencia de nuestro Planeta, a Mario Conde, Romaní Biescas, Garro Carballo, Pérez Escolar, y demás previsibles perdedores —posteriormente procesados y encarcelados por el caso Banesto—, les tuvo que tocar la “china”.

Opinar que la sentencia sobre el caso Banesto ha sido injusta, es tan peregrino como aceptar que las sentencias por el incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los beneficiarios de un préstamos a interés —concedidos con dinero ajeno y que constituyen el contenido y razón de ser de los bancos— son actos de “justicia natural”, como ya afirmaba James William Gilbart en 1834. Ambos tipos de sentencias dictadas por otros tantos jueces, son el producto directo de “actos jurídicos”  que, en realidad, no son más que disfraces de hechos impuestos por el modo de producción capitalista, cuya legalidad o legitimidad jurídica, es la simple expresión post festum de esas imposiciones, sean conscientes, como en el primer caso, o inconscientes, como puede ser en el segundo.

Todo esto nada tiene que ver con la determinación libre y equitativa de tales actos. En el primer caso porque la sentencia sobre Banesto fue un acto de intención manifiesta: anular las posibilidades políticas de Conde arruinándole económicamente. En el caso de las sentencias por impago del “principal” (capital-dinero prestado) más los intereses devengados según contrato firmado por las partes, el contenido del incumplimiento por los prestatarios de créditos bancarios, remite a su antecedente inmediato, el préstamo de dinero ajeno existente en las cuentas corrientes de los bancos, cuya disponibilidad crediticia “ex ante” para distintos fines de los prestatarios, permite ampliar la producción de capital adicional más allá de los límites objetivos del propio capital global en funciones, siendo que, a la postre esta ampliación crediticia artificial de la producción, resulta ser la causa de los impagos masivos ante la inevitable crisis emergente y la imposibilidad material consecuente de realizar el capital producido.  

¿Por qué la “injusta” sentencia sobre Banesto puede merecer los más infamantes calificativos por parte del banquero Pérez Escolar, en tanto que puesto frente al impago de créditos bancarios concedidos a multitud de prestatarios —que así agravan las crisis llevando el paro y la miseria a millones de familias asalariadas— este mismo señor no duda un segundo en calificar las correspondientes sentencias judiciales condenatorias de los prestatarios como actos de perfecta “justicia”?  En el contexto que analizamos aquí, no hay ni puede haber justicia. Hay leyes objetivas del sistema capitalista que, en última instancia, se cumplen independientemente de toda voluntad humana —individual o colectiva— con la fatalidad propia de los hechos que ocurren en el mundo natural. [40] Esas leyes determinan hechos que desencadenan conflictos de índole económica y política, los cuales se resuelven siempre según la ley del más fuerte.

Fuera de este contexto de relaciones interburguesas, puede decirse igualmente que, en general, el vigente derecho positivo en todo el mundo y su correspondiente sistema judicial administrado por jueces, fiscales y abogados defensores, no es más que una vil tapadera —de la misma verdad histórica— al servicio del orden capitalista. Sucede ni más ni menos que como con los demás aparatos ideológicos y de control social del Estado, en suma, de la hegemonía burguesa sobre la conciencia de los explotados. La justicia del capitalismo es una ilusión que se renueva como la ensoñación embrutecedora con la riqueza millonaria en el juego de la lotería, donde invariablemente basta con el anuncio periódico —de los que nunca dejan de ganar— acerca de quién ha sido el jugador afortunado.   

Retomando el hilo tras la intervención de Banesto, para comprender lo que sucedió después hay que recordar que, desde 1991, el gobierno del PSOE venía arrastrando una serie de escandalosos casos de corrupción, entremezclados con la malversación de fondos reservados para el enriquecimiento personal de altos cargos del Ministerio del Interior y de la Guardia Civil, en medio de la sustantivación del juicio por el caso de los GAL o implementación del terrorismo de Estado contra ETA en territorio francés.

A fines de mayo de ese año estalló en la prensa el escándalo Filesa. Según la investigación periodística, los principales bancos y empresas del país habían pagado cientos de millones de pesetas a dos pequeñas empresas de Barcelona, propiedad de destacados dirigentes socialistas, a cuenta de una serie de estudios de consultoría de diversa índole que jamás se llegaron a realizar. Así resultó que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), había montado una extensa red de cobro en concepto de comisiones por el asesoramiento a empresas —liderada por Filesa y Time Export— cuya recaudación trasvasaba a su sede central de la calle Ferraz, en Madrid. Con tan solo media docena de personas en plantilla, estas dos sociedades fueron presuntamente capaces de asesorar al por entonces “Banco Bilbao-Vizcaya” sobre containers, al “Banco Central” sobre fusiones bancarias, o a la empresa de las hermanas Koplowitz sobre cómo conseguir que Construcciones y Contratas” se implantara en Gran Bretaña. Todo el dinero recaudado en cohecho con sus acaudalados mecenas políticos, fue utilizado para sufragar los gastos de campaña para las elecciones generales de octubre de 1989. Entre otros interesados con la “causa socialista” figuraba la importante imprenta, “Hauser y Menet”, una de las agencias de publicidad que contrataba en nombre del partido, “El Viso Publicidad”, y la empresa de vídeos “Mabuse”. El encargado de gestionar este genuino impuesto del PSOE fue el responsable de finanzas del grupo parlamentario socialista, Carlos Navarro. En una pequeña nota inmediatamente posterior a la revelación de los hechos, el PSOE mostraba su desconcierto:

<<“Al no existir ninguna relación entre las actividades del partido y la información reseñada, se ha remitido el contenido de la misma a los asesores jurídicos para las actuaciones que de su estudio puedan derivarse”>> ( Cita de Fernando López Agudín en: “Las Claves de la Democracia Española. Ver:  http://www.el-mundo.es/nacional/constitucion/1991/historia.html

Poco después, Carlos Navarro dimitía como tesorero del grupo parlamentario socialista y Guillermo Galeote era separado de la secretaría de Finanzas del Partido. El recurso de los partidos al capital privado para financiar sus campañas electorales, es una de las formas en que opera la ley general de la acumulación capitalista para fundir el Estado con los oligopolios, transformando así la democracia formal pura bajo condiciones de competencia perfecta —correspondiente a la dispersión de pequeños capitales en la sociedad civil típica del capitalismo temprano—, en democracia formal dineraria bajo condiciones de competencia oligopólica —correspondiente a la centralización de grandes capitales típica del capitalismo tardío o postrero.

Ya mencionamos más arriba que, en setiembre de 1991, el juicio de los GAL se había quedado en la condena de los agentes Amedo y Domínguez. Aunque mediante un auto de 1988, el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional extendió las investigaciones judiciales a las instituciones del Estado, los tres años transcurridos desde entonces solo sirvieron para que, a instancias del inefable juez Garzón, el Estado español intentara malamente salvar el rostro de su “Justicia”, convirtiendo a ese juzgado en un “patético” escenario por el que se hizo desfilar a los más altos cargos de Interior y mandos policiales, cuyos clamorosos silencios y evasivas declaraciones, tornaron más elocuentes y verosímiles los múltiples datos publicados en algunos medios. [41]

En medio de este proceso de deterioro ante la opinión pública y consecuente pérdida de las expectativas de voto, en 1993 el gobierno del PSOE se vio obligado a convocar elecciones anticipadas que se celebraron el 6 de junio, en las que volvió a ganar y logró mantenerse en el gobierno, pero no pudo renovar su mayoría absoluta conseguida en las tres elecciones anteriores (1982-1986 y 1989). A partir de aquí, en el contexto de la crisis económica que elevó el paro a tres millones de asalariados, y no habiendo podido solucionar ninguno de los escándalos de corrupción y terror de Estado en que estaba inmerso, le fue imposible recuperar la confianza perdida de buena parte del electorado que le había permitido gobernar holgadamente, por lo que el PSOE continuó perdiendo voluntad política de apoyo en la sociedad. Recordemos que este año de 1993 acabó con la intervención de Banesto y la destitución de todo su consejo de dirección.

La progresión en el deterioro político del PSOE en el gobierno se puso de manifiesto a principios de 1994 durante el debate sobre el estado de la nación, cuando el 20 de abril el jefe de la oposición a cargo del Partido Popular, José María Aznar, acabó una de sus intervenciones en el pleno del Congreso pronunciando su célebre frase: “Váyase, señor González”. Diez días más tarde, el 30 de abril —después de que, en noviembre de 1993 fuera obligado a solicitar su cese como director de la Guardia Civil, cuando el periódico “Diario 16” destapó el escándalo ante el "desmesurado" incremento de su patrimonio durante su mandato— Luis Roldán huyó de España. Este hecho provocó una gran crisis política en el gobierno y el PSOE, con la dimisión del por entonces ministro del Interior, Antoni Asunción. En este contexto, el 12 de junio el Partido Popular consiguió una amplia victoria sobre el PSOE durante las elecciones al parlamento europeo.

El miércoles 20 de julio de 1994, el ex secretario general de los socialistas vizcaínos, Eduardo García Damborenea —implicado en el secuestro de Segundo Marey— declaró ante el juez y ante la prensa acusando a Felipe González de conocer la existencia y actuación de los GAL, y a Barrionuevo, al ex ministro de Defensa, Narcís Serra, y al secretario de organización del PSOE, Txiki Benegas, de participar directamente en su organización. Cinco días después, el lunes 25, el periódico “ABC” publicó la noticia de la reunión secreta entre el entonces secretario general de Izquierda Unida, Julio Anguita y el Presidente del PP, José María Aznar, celebrada en la casa del director de “El Mundo”, Pedro J. Ramírez. En aquella cena se gestó la "pinza" política contra Felipe González. La idea de que "¡hay que acabar con el felipismo para regenerar el sistema!" estuvo presente en las conversaciones, según escribió más tarde la biógrafa autorizada de Pedro J., una periodista al frente de un periódico —del que seguía siendo accionista el procesado Mario Conde— y que reunió a los líderes de la derecha y de la izquierda burguesas institucionalizadas sugiriendo "un pacto a la griega".

Según reporta el ex ministro de justicia e Interior del segundo gobierno de Felipe González comentando el libro de Pedro J Ramírez: “Amarga Victoria”:

<<Pedro J. Ramírez explica su papel en la entrada de Anguita en la Operación Pinza contra el socialismo español, asume ser el organizador de la cena en donde, al amparo de una buena química entre Anguita y Ana Botella, se perfiló la vertiente política de eso que, empecinadamente, se niega a llamar Conspiración. Como es lógico, Anguita jugó un papel clave en la credibilidad del conjunto, el líder comunista es tratado con toda consideración y afecto>>.

 “Regenerar el sistema” también fue el slogan esgrimido por un grupo de periodistas, juristas y financieros, para conspirar y acabar con la figura política de Felipe González, en primer término, y conseguir la abdicación del Rey, en segunda instancia. Así lo explicó a la revista "Tiempo" Luis María Ansón —ex director del periódico monárquico "ABC"— quien asistió a muchas de las reuniones donde se discutían estos asuntos. Según ha dicho el propio Ansón, la fórmula empleada para conseguir estos fines, fue elevar la crítica pública y la crispación social "hasta rozar la estabilidad del Estado". Dado que, en realidad, no se trataba de regenerar nada sino de cambiarle la fachada al Estado, los conspiradores “democráticos” tenían buenas excusas: los GAL, el secuestro y tortura de Lasa y Zabala, la malversación de fondos reservados, las andanzas de Luis Roldán y una serie de escándalos protagonizados por altos cargos en el gobierno del PSOE —que el propio González no supo cortar tras las elecciones de 1993— proporcionaron la munición que, hábilmente empleada y en ocasiones magnificada, sacudió la vida pública española. Mientras tanto, las corrupciones de otros partidos —los casos Naseiro, Hormaechea y del alcalde de Burgos, que salpicaron al PP, o las concesiones de las tragaperras, que afectaron al PNV— pasaban de puntillas ante los ojos de esa prensa. Aparentemente, sólo había corrupción socialista. (Ver: Revista “Tiempo” de la última semana de febrero de 1998). [42]

Pocos días después, en agosto de ese mismo año de 1994, José Luis de Vilallonga (biógrafo oficial del monarca), se sumó a la denuncia de su colega promonárquico en un artículo publicado por el periódico barcelonés “La Vanguardia”, diciendo allí que la estrategia de provocar la caída del gobierno del PSOE y la desaparición de la monarquía, consistía en implantar una república presidida por el ex notario, empresario y abogado Antonio García Trevijano. Al frente de esa trama política el Marqués de Vilallonga situaba al ex banquero Mario Conde y al financiero Javier de la Rosa. Y enfatizaba: "Todo esto suena a broma pero no lo es. Me dicen que Luis María Ansón, entre otros, se lo toma muy en serio". Según “La Vanguardia”,

La denominada operación República desencadenó una tormenta de verano, aunque el propio González manifestó creer en la existencia "de un proceso, más o menos organizado, de deslegitimación institucional que continuará con una cierta intensidad en los próximos meses". (Op. Cit. 16/08/98)

De hecho, apenas tres meses después, el entonces presidente del Gobierno comenzó a denunciar los primeros síntomas de esta conspiración tras la reapertura del sumario de los GAL por parte del magistrado Baltasar Garzón, que salpicó a destacados dirigentes de la etapa socialista, entre ellos al ex ministro de Interior José Barrionuevo y el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, para quienes el fiscal solicitó 23 años de prisión.

La teoría de la conspiración adquirió un nuevo cariz en noviembre de 1994, tras conocerse que González se había entrevistado con Jesús Santaella, abogado de Mario Conde y del ex miembro del CESID, Juan Alberto Perote, quien en 1991 sustrajo abundante documentación del servicio secreto que acabó en manos del ex banquero y que constituyó una de las principales pruebas de cargo en el sumario de los GAL contra el gobierno del PSOE.

 González justificó los citados contactos para recuperar la documentación, señalando que "el Gobierno es consciente del riesgo" que suponían, pero que eran necesarios "para velar por la seguridad del Estado". Estas declaraciones del entonces presidente fueron acogidas con duros calificativos por parte del entonces líder de la oposición, José María Aznar, quien acusó a González "de enredarse en el trapicheo" con dos presuntos delincuentes, y de confundir a la opinión pública intentando hacer creer que se buscaba la seguridad del Estado.

En diciembre de 1994 se produjeron dos reuniones que resultaron decisivas para el curso del PSOE en el gobierno; una de ellas tuvo lugar en el despacho de Pedro J. Ramírez, con la participación de Francisco Álvarez Cascos en representación del opositor Partido Popular, Jorge Manrique, abogado de Amedo y Domínguez, y el propio Pedro J. Pocos días después se realizó una segunda reunión entre Pedro J. y el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.

Desde el 19 de setiembre de 1991 —en que fueran condenados a 108 años de cárcel— los agentes Amedo y Domínguez se habían mantenido en silencio esperando infructuosamente que el PSOE cumpliera su promesa de sacarles de la cárcel. Otro tanto habían venido haciendo el ex director general de seguridad y ex gobernador civil de Vizcaya, Julián Sancristóbal, el ex  jefe superior de policía de Bilbao, Miguel Planchuela, y el Francisco Álvarez, todos ellos imputados por el “caso GAL”.

En 1993, ante el anuncio de las elecciones generales adelantadas para junio de ese año, Amedo presionó amenazando con hacer algunas declaraciones comprometedoras para el PSOE y Felipe González, pero el Juez Garzón le pidió que continuara callado porque en las próximas elecciones de junio iría como segundo candidato en las listas de ese partido, con lo que, en caso de ganarlas, sería nombrado ministro de Interior y él indultado. Para aspirar a ese puesto, el 28 de abril de 1993 Garzón solicitó oficialmente al Consejo General del Poder Judicial la excedencia voluntaria en la carrera judicial. Pero tras ganar los comicios, el PSOE dejó a Garzón con la miel en los labios. [43]

Entonces, el juez decidió reincorporarse a la judicatura, poniendo la “independencia” del poder judicial en lo que concierne al juzgado Nº 5 de la Audiencia Nacional a su cargo, al servicio de la “pinza” política organizada por Pedro J. Ramírez, Izquierda Unida y el Partido Popular contra el PSOE. Lo primero que hizo Garzón tras su breve y fracasado periplo por la política partidaria —reincorporado ya como Juez de la Audiencia Nacional— fue encargarse del sumario por el secuestro de Segundo Marey, iniciando así su segunda etapa a cargo del “caso GAL” en diciembre de 1994. Este juez fue precisamente quien puso de moda la X a despejar en el juicio sobre los GAL a su cargo en la Audiencia Nacional, que él oficiosamente atribuyó a Felipe González dejando que se desparrame por la sociedad para facilitarle las cosas. Preguntado sobre esta perla de Garzón, durante una entrevista concedida a “El Faro de Vigo”, en agosto de 2003, el General Sáenz de Santamaría dijo lo siguiente:

<<—Hablando de personas y amigos suyos, ¿qué opinión le mereció Felipe González?

—Un hombre que está 14 años en el poder es que tiene algo. Es un animal político, y muy aprovechable para cargos exteriores de España.

 —¿En algún momento usted pensó que fue el señor X?

—No había el señor X. La X salió por primera vez en un organigrama que hizo el señor Garzón de los cojones. Qué casualidad, lo hace después de venir de pelearse con González porque le había llevado en su candidatura. Estamos todos bailando alrededor de un señor G que es Garzón. De una G, porque Garzón no es señor>>.

http://www.noticiasgalicia.com/interviu/interviu30.html

Con semejantes intenciones y comportamiento, el Juez Garzón ha demostrado que el “Estado de Derecho” como expresión del imperio de “la ley igual para todos” no existe, y que es una ficción más en la ya larga lista de dígitos siderales que lo han venido confirmando en los cuatro puntos cardinales, desde los tiempos en que el pobre Montesquieu se ha creído sus propios embelecos. Ha demostrado, tratando de hacer valer el suyo, que para la burguesía sólo existen intereses creados gravitando en torno al sol de la propiedad privada capitalista, donde lo que realmente impera es la ley del más fuerte. Pero en la medida en que esa ficción jurídica arraiga en la conciencia ingenua de las clases subalternas, los relativamente pocos depositarios de ella —como es el caso de Garzón— adquieren un poder enorme. Más aún si ese poder ha sido megapotenciado por la falsa aureola de dignidad moral y política que los mass media han venido haciendo levitar sobre su cabeza.   

Y siendo cierto que, en parte, “se lo ha currado”, no menos cierto es que la borrachera de poder que experimentó este —en el fondo— insignificante personaje para llegar a desinhibirse a tal extremo —peligroso para el sistema—, es la misma que le ha hecho caer en la trampa de la ley política que rige la vida de los que parecen más fuertes, llevado irresistiblemente por su efímera capacidad de poder hasta la inevitable crisis y declive personal, que sin duda le ha de sobrevenir en algún momento antes de su propia decadencia física, tan inevitablemente como la ley del valor conduce la acumulación del capital por sucesivas crisis periódicas de superproducción, acercando el sistema a su colapso político definitivo antes que a su propio colapso económico científicamente previsto.

¿Cuánto tiempo más deberá transcurrir hasta que la última de las ficciones jurídicas y morales  de la burguesía exhale el último aliento en la conciencia de los explotados? Dejemos que los apologetas a sueldo del sistema sonrían desdeñosamente por toda respuesta a esta pregunta. Mientras tanto, nosotros, por arriba —tal como el “viejo topo” desde abajo— a lo nuestro, para hacer cuanto antes posible lo necesario, conscientes de que sólo a la larga van los explotados al encuentro de las ideas revolucionarias, pero no por eso menos seguramente.   

Estábamos en el pulso de poder a poder que el despechado Garzón decidió echarle a Felipe González. Fue cuando, en julio de 1995 Amedo y Domínguez cambiaron bruscamente su estrategia de defensa y se dispusieron a declarar “voluntariamente” ante el juez “estrella” reabriendo el caso GAL. [44] Estas declaraciones fueron seguidas por las de Sancristóbal, Planchuelo y Álvarez, quienes no menos inopinadamente se retractaron de sus anteriores exculpaciones y admitieron su participación en el secuestro de Segundo Marey, actitud que justificaron por “obediencia debida” a sus superiores inmediatos: Vera y Barrionuevo. [45]  

Esto es lo que Garzón estaba esperando que sucediera para elevar en agosto el sumario al Tribunal Supremo, con la sugerencia de que el jefe de los GAL era Felipe González. Finalmente, la puntilla en la reapertura del caso GAL la dio Mario Conde —con la ayuda de Sancristóbal— en la cárcel de Alcalá-Meco, donde fue ingresado el 23 de diciembre de 1995. Fue allí desde donde  puso en marcha su estrategia personal dando a Santaella la orden de dar conocer los documentos que había comprado al coronel Perote sobre la guerra sucia del gobierno de Felipe González contra ETA, completándose así, de forma dramática, en encendido de todos los detonantes con los que el poder jurídico, político y mediático procedió a la "explosión controlada" del caso GAL.

Según el periodista Ernesto Ekaizer, lo que desgastó al PSOE y acabó por desalojarlo del gobierno en 1996, fue la utilización por parte de Mario Conde de ese arsenal de datos del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) —relacionados con temas de seguridad y de la guerra sucia de los GAL—, robados en su momento por el coronel Juan Alberto Perote. [46]

Sin embargo, en principio el objetivo de Mario Conde no era éste, sino evitar mediante un chantaje algunas de las cosas que se le estaban viniendo encima, como la condena por el caso Banesto, o la primera condena a seis años de prisión por el caso “Argentia Trust”.  Su propósito era cambiar los papeles del CESID por su inmunidad judicial más los 14.000 millones de pesetas que le supuso el expolio de su patrimonio accionarial de Banesto, entre otras cosas. En una primera fase, a través de su representante, el abogado Jesús Santaella, Mario Conde solo quiso presionar al gobierno. Pero al no tener éxito en la negociación, decidió pasar del chantaje a cumplir su amenaza, entregando los papeles del coronel Perote al periódico “El Mundo” de Pedro J. Ramírez, la “bestia negra” del PSOE a lo largo de toda su gestión al frente del Estado.  

La publicación de algunos papeles comprometedores en este diario, buscó ablandar al gobierno provocándole algunas bajas en su nómina. Fue así que, en junio de 1995, Rafael Vera, ex secretario de Estado para la Seguridad, y Ricardo García Damborenea, ex secretario de los socialistas vizcaínos, fueron encarcelados por su implicación en la acción armada clandestina de los GAL, mientras
Roldán era detenido en Laos, y el ministro de Defensa, el vicepresidente del Gobierno, y el director del CESID, Eduardo Serra, Narcís Serra y Emilio Alonso Manglano respectivamente, fueron obligados a renunciar. Según Ernesto Ekaizer, el proceso de negociación con Mario Conde estuvo mediando por José María Ansón:

<<Pues fue Mario Conde quien le dijo, el 31 de mayo de 1995 a Ansón, que le transmitiera al general Emilio Alonso Manglano —director del CESID— que si éste no declaraba ante el Tribunal Supremo ciertas cosas,  el 1 de junio se haría explotar la bomba. Ansón, que ha actuado muchas veces de confidente del general Manglano, se lo transmitió.  Manglano no le hizo caso. El 12 y 13 de junio, Conde apretó el botón. Y "El Mundo", entonces, "investigó". Puso la bomba en su portada: las escuchas del CESID.>> (“La Vanguardia”: 22/02/98.)

http://72.14.207.104/search?q=cache:ekSyT_NaGlMJ:www.lavanguardia.es/cgi-bin/notilvd_print.pl%3Fnoticia%3Dekaizer220298%26seccion%3Dtemas+%22%27%27Conde+pagar%C3%A1+por+Banesto+pero+no+por+su+operaci%C3%B3n+de+chantaje%22%22&hl=es&gl=es&ct=clnk&cd=1

Según el mismo reporte de Ekaizer, González conoció la operación chantaje con los papeles en poder del Coronel Perote directamente. Pero una vez puesto ante las consecuencias de su renuencia a negociar, en un primer momento se negó a comparecer personalmente en el Congreso, enviando en su lugar al ministro Juan Alberto Belloch. Más tarde, el 8 de noviembre de 1995, acudió para admitir que "Al menos parte de esa documentación (del CESID) se encontraba a disposición de don Mario Conde".

Varios meses antes, el 12 de junio de 1995, González había recibido al abogado Santaella en la Moncloa. Y siempre según el relato de Ekaizer es cierto que el ex presidente Adolfo Suárez recomendó a González que recibiese a Santaella si el asunto era grave. Pero la responsabilidad fue de González.

<<—¿Podía haber hecho otra cosa?, pregunta el entrevistador de “La Vanguardia”.  

—Sí. Podía haber citado a Santaella y detenerle posteriormente, tras la entrevista. Acto seguido, podía practicar la detención de Conde, después de que en la madrugada del 18 de junio se envió a detener al coronel Perote. González no lo hizo por varias razones. Una de ellas es que el material que tenían los chantajistas era inflamable. No digo que los documentos del CESID no se prestaran a discusión, pero hay que admitir que eran comprometidos. Los contactos entre los chantajistas y el gobierno siguieron durante los meses de julio, agosto y septiembre de 1995. El 1 de septiembre, Santaella abandonó la Moncloa con este mensaje: "El domingo y el lunes próximos tengo concertadas entrevistas con Pedro J. Ramírez y Luis María Ansón". La realidad, pues, es que el gobierno socialista fue miserablemente presionado por una banda de gente que tenía cuentas pendientes con la justicia. Si esa banda pudo hacerlo, fue porque tenía armas. El material del CESID, los documentos clasificados de la lucha antiterrorista.>> (E. Ekaizer: Op. Cit.)

Resulta —por no decir otra cosa— curioso, el criterio de interpretar este conflicto por parte de nuestro “prestigioso” analista político. Porque, al parecer, para él Santaella y Conde demostraron ser una “banda de miserables chantajistas”; pero se abstuvo de calificar a la otra parte, esto es, lo que demostró ser el Estado a cargo del PSOE en todo este asunto. [47] Por eso tales papeles fueron materia de información clasificada y tal ha sido su carácter verdaderamente inflamable, una cualificación política que Ekaizer debió escamotear por razones “profesionales” desviando el incendio de su deflagración hacia algunos altos cargos del gobierno finalmente “calcinados”, sacrificados en aras de los intereses superiores del Estado “de derecho”. Si hay algo en el trabajo de los más modernos sofistas —desde que el dinero papel pudo independizarse de su encaje en oro— que merezca calificarse de artístico, es el arte de vender su discurso sabiendo muy bien a qué cosas no deben jamás llamar por sus verdaderos nombres:

<<7 de diciembre de 1987. Pasillos del Congreso de los Diputados. Felipe González avista a Pedro J. Ramírez, va a su encuentro cual correcaminos, le apunta con el dedo índice y exclama fuera de sí ante el alucine del personal:

¡¡¡Lo que estáis publicando sobre los GAL es terrible, lo que está escribiendo Melchor Miralles es terrible, lo único que tengo que negociar con ETA es que si ellos dejan de matarnos a nosotros, nosotros dejaremos de matarles a ellos!!!>> (“El Mundo”: 29/08/04) [48]

¿A quiénes incluye el “nosotros” de que habló Felipe González en ese contexto, sólo a los miembros de su gobierno y a su partido? ¡No! A todo el personal superior que forma parte de las instituciones del Estado español, especialmente al personal superior de sus servicios secretos, quienes por la propia naturaleza de sus funciones y la información de que disponen, son los de mayor estabilidad o permanencia en sus cargos  y, por eso mismo, están por encima de las alternancias políticas de los partidos a cargo del gobierno del Estado. De hecho, agentes implicados en las acciones de los GAL, como el comisario Ballesteros, Jesús Martínez Torres, los Generales Jesús Galindo, José Antonio Sáenz de Santamaría y Andrés Casinello, Guillermo Ostos, Cándido Acebo o Casinillo, son personas que ya ocupaban sus mismos cargos en la época “predemocrática”.

Además, no debemos olvidar que se trata de un aparato de Estado constituido por responsables de servicios de información y servicios secretos; por tanto, de una institución y unos cargos que resisten las alternancias de gobiernos. De hecho, se trata de personas que ya ocupaban esos cargos en tiempos de la UCD, que permanecieron con el gobierno del PSOE y que siguieron estando en los organigramas que el PP diseñó en 1996 para los servicios de información. Personas como Ballesteros, Martínez Torres, Galindo, Sáenz de Santamaría, Guillermo Ostos, Cándido Acebo, Casinello y otros menos conocidos que se han formado con ellos, constituían un auténtico poder fáctico, pervivieron en las cúpulas policiales, y sus prácticas se han acuñado en ese molde hermético del Estado, lo que garantiza su continuidad, aún incluso tras su dimisión y aparente alejamiento.

Está claro, pues, que el terrorismo de ETA y el contraterrorismo de los GAL se integran en el conflicto político y militar entre el colectivo orgánico comprendido en el Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) y ese otro colectivo orgánico llamado Estado español. Y a los fines políticos de cada parte en conflicto, no importa con qué individuos ni a nombre de qué partidos, instituciones o comandos —legales o ilegales— actúe el Estado español, ni con qué individuos o comandos operen los etarras.    

En tanto están ahí y actúan, ellos, ese “nosotros” de un bando y otro, son como la función esencial que hace a sus respectivos organismos vivos en lucha uno contra el otro. Por tanto, cuando una parte de ese “nosotros” burocrático-partidario del Estado español utiliza medios materiales y personal del Estado eventualmente a su cargo, para organizar clandestinamente a delincuentes comunes con fines terroristas, el que de hecho viola su propia legalidad no es esa parte del “nosotros” gobernante del Estado, sino el Estado mismo, convertido así, funcionalmente, en Estado terrorista por necesidad política de determinadas condiciones del conflicto. De hecho, el paulatino debilitamiento militar de ETA, comenzó a raíz de las incursiones clandestinas de los GAL en suelo francés, para atacar a los miembros etarras encargados de su logística y guerra de movimientos entre una frontera y otra, situación que coincidió con ataques sistemáticos de los agricultores franceses a camiones cargados con productos agrarios españoles que intentaban atravesar la frontera para venderlos a menor precio en los mercados franceses.

Cabe concluir, por tanto que, con la movida de los GAL, el gobierno de Felipe González trasladó el conflicto entre el Estado español y ETA al Estado francés, presionándole para que deje de mirar para otro lado y asuma la tarea represiva sobre los refugiados etarras españoles en su territorio. Así fue como los dos países acabaron firmando un tratado de colaboración antiterrorista, por supuesto a cambio de que España apoye mayores subvenciones de la UE a los altos precios de los productos agrarios franceses. Ver: http://www.nodo50.org/gpm/pac/06.htm. Tal fue la causa combinada del paulatino debilitamiento en la capacidad militar de ETA, es decir, de su capacidad para desafiar con las armas en la mano al Estado nacional español, como expresión de su lucha por la autodeterminación política nacional burguesa vasca. [49]

¿Qué tiene esto que ver con la “legalidad” y la “ilegalidad”, con el tan manoseado cuento macabeo del “Estado de derecho” en España o en cualquier otra parte del Mundo? Desde que la sociedad se dividió en clases, todo Estado, cualquiera sea su naturaleza social, no se ha venido sustentando en el derecho sino en la violencia organizada en tanto poder económico concentrado que ha podido ejercer una clase o sector de clase sobre el resto de la población que así resultó ser oprimida y explotada. Esta lógica no ha cambiado en la sociedad capitalista, donde las leyes y el derecho de cualquier Estado nacional, han sido y siguen siendo las leyes y el derecho que, de hecho, imponen por la fuerza de las armas sus clases económicamente dominantes nacionales, de acuerdo con sus particulares intereses, dentro de su territorio “soberano”, y extramuros como potencia eventualmente interventora de esos intereses, al mismo tiempo que disuasoria respecto de posibles injerencias extranjeras.

Tal es el sustrato económico y político en el que se sustenta el derecho internacional y el siempre inestable equilibrio mundial de fuerzas políticas. Esto es así aunque toda o parte de la población oprimida, expoliada o explotada en el Mundo, “piense” y sienta lo contrario. El derecho de la burguesía jamás ha sido el derecho de la razón, sino la razón del interés de clase o sector de clase sobre los que, en cada caso, hace palanca la fuerza policial o militar como único fundamento y legitimidad del derecho.

En este sentido, por ejemplo, ¿sería legal que España respondiera por la fuerza ante una hipotética “marcha verde” por parte de Marruecos sobre Ceuta y Melilla? La inmensa mayoría de españoles explotados y oprimidos que “piensan” y sienten con la cabeza y el corazón de sus clases dominantes nacionales, opinarían sin dudarlo un momento, que sí. Pero desde el otro polo de la relación dialéctica nacional y en la misma situación de sometimiento ideológico, gran parte de los marroquíes opinarían justamente lo contrario. Otro tanto pasaría con la discrepancia entre españoles y gibraltareños ante la pregunta: ¿Sería legal que España quisiera recuperar por la fuerza el Peñón?

Y si esto es hoy por hoy así en todas partes, ¿por qué no ha de ser igualmente legítimo que buena parte de la burguesía y del pueblo vascos luchen porque quieren ejercer su propia legalidad en un territorio que consideran suyo, siendo que se piensan y sienten secularmente invadidos y sometidos por la fuerza de las armas a la legalidad del Estado centralista español?  

Marx afirmaba, con toda razón científica, que entre dos derechos contrapuestos resuelve la fuerza (Cfr.: El Capital” Libro I Cap. VIII-1). Y no lo decía precisamente refiriéndose al “derecho” de autodeterminación  nacional, sino al  políticamente implícito “derecho” de autodeterminación social; no aludía al derecho contrapuesto estratégicamente no antagónico de una nacionalidad burguesa opresora sobre una nacionalidad burguesa oprimida, sino al derecho contradictorio entre dos clases sociales, entre explotadores y explotados.

Pues bien, en tanto que el análisis y manifestación política y militar de la dialéctica entre distintas legalidades burguesas nacionales estratégicamente no antagónica coloniza la conciencia de los explotados y oprimidos, el análisis y comprensión del antagonismo estratégicamente irreconciliable de la legalidad entre burguesía y proletariado —que subyace en las contradicciones económicas de la sociedad—, no cabe en la conciencia colectiva de la clase explotada y oprimida de la sociedad, impidiendo así su expresión política y militar. En el caso español, esta dilución de la conciencia social del proletariado en el conflicto entre sus tres nacionalidades burguesas más importantes, es lo que obstaculiza todavía más la unidad política en torno a sus comunes intereses de clase.

9. Cambio  de gobierno “democrático” y continuismo del Estado terrorista.

<<Hay cosas que no se deben hacer en nombre del Estado, pero si se hacen, es mejor callarlas>>. (General Sáenz de Santamaría, ex-director de la Guardia Civil, a Radio Nacional de España, 1995) 

El hecho de que altos cargos del gobierno socialista hubieran creado y organizado los GAL, e incluso su propio presidente, Felipe González Márquez, fuera acusado de ser la misteriosa "X" que los dirigía, fue un factor desencadenante —que no determinante— de la derrota del PSOE en las elecciones generales de 1996, tras las que González renunció al liderazgo del partido.

El PSOE siempre ha negado su responsabilidad en el origen y actuación de los GAL; condenó de palabra sus crímenes, pero Felipe González, quien durante su mandato no permitió la investigación completa de los fondos oficiales reservados con que se financió a los GAL, jamás ha sido acusado formalmente en un tribunal por estos hechos. En general, los dirigentes del PSOE siguen negándose a equiparar el terrorismo de los GAL con el de ETA, y varios de ellos han solicitado medidas de gracia para sus compañeros condenados.

Por su parte, después de haber utilizado el caso GAL —haciendo palanca sobre los escándalos de corrupción en torno al uso de los fondos reservados— como arma electoral contra el PSOE, lo primero que hizo José María Aznar al frente del P. P. cuando asumió la jefatura del gobierno tras ganar las elecciones, fue ponerse de acuerdo con los socialistas para dar carpetazo a todas las investigaciones parlamentarias sobre responsabilidades políticas respecto del terrorismo de Estado, dejando que el poder judicial decida quienes serían los chivos expiatorios en pagar “los platos rotos”, dejando a salvo la “dignidad política” de las instituciones burocráticas del Estado que sirvieron de instrumento propicio a los crímenes. Ni más ni menos que como se cree que el Dios judeo-cristiano desató la fuerza imaginaria contenida en la relación entre el libre albedrío y el fruto prohibido, que desde los tiempos de Adán dio pábulo a la sucesión religiosa causal de la eterna noria que va, desde la tentación pecaminosa de sus creyentes impíos, a la condena y castigo de los hechos consumados previstos para mayor gloria de Dios —en este caso el Estado— y el oportuno perdón de los pecados a instancias del indulto.   

En la comunidad política moderna, el libre albedrío religioso se encarna en la potencialmente criminal discrecionalidad o arbitrio político del burócrata, al amparo del secreto que supone la jerarquía de su cargo público —cuanto más alto mayor garantía de descontrol—, de cuya relación con el fruto prohibido por la ley jurídica surge la fuerza del delito, que se agota en la condena o impunidad de algún o algunos funcionario/s transgresor/es, según el resultado de la interacción entre tres factores:

a)      la gravedad de los ilícitos cometidos;

b)      su repercusión pública y,

c)      la correlación política de fuerzas entre los poderes fácticos directa o indirectamente comprometidos y el poder judicial.

Y mientras el correlato político del originario mito religioso siga imperando en la conciencia colectiva de los explotados, las cosas no van más allá del acto de hacer “justicia” con el personal “responsable” de los actos delictivos, verdaderos “chivos expiatorios” sacrificados en el altar del “Estado democrático de derecho” garante político del sistema capitalista en todas partes. Porque, así como en la sociedad civil burguesa no es el asalariado el que emplea los medios de producción sino que son los medios de producción quienes emplean al asalariado, en la comunidad política no son los burócratas quienes utilizan sus cargos públicos sino que son sus cargos quienes les utilizan a ellos. En el primer caso, para los fines de la explotación y acumulación de capital como condición económico-social de subsistencia de la sociedad civil burguesa; en el segundo, para la subsistencia del Estado como condición de estabilidad política del sistema en su conjunto.      

Según se reveló en los juicios sobre el caso, los atentados y secuestros de los GAL fueron perpetrados en gran parte por mercenarios contratados por policías españoles con cargo a los fondos reservados del propio Ministerio del Interior a través de los oportunos “responsables” de la lucha antiterrorista en el País Vasco. Ni más ni menos que como, según hemos visto, Rodolfo Martín Villa dispuso que sucediera en el caso del incendio de la sala de fiestas “Scala” en 1978, así como en todas las acciones del Batallón Vasco Español durante esa misma época, esto es, apelando en origen a la misma potestad burocrático-ministerial en representación de la UCD bajo la presidencia de Adolfo Suárez.

En esto se siguió la metodología empleada por el Batallón Vasco Español, en el sentido de que no se trataba de hacer “antiterrorismo” sino “contraterrorismo”, o sea que, ante cualquier acto terrorista se debe responder con otro similar; es decir, responder con terrorismo al terrorismo. Más claramente, esto es lo que se definió como “guerra sucia”. La contradicción entre el significado de estos dos términos tuvo su expresión política en discrepancias al interior del PSOE, lo cual explica que el proceso de elaboración de la “ley antiterrorista” por el gobierno demandara casi todo el año 1983. El l 3 de noviembre de ese año hubo un pleno en el Congreso donde se presentó el paquete de medidas antiterroristas del Gobierno. Previamente, el 25-10-83, Felipe González se había reunido con Fraga para informarle sobre el diseño de la política antiterrorista del PSOE. Fue cuando en calidad de jefe de la oposición a cargo del Partido Popular, Fraga le dijo a González que:

<<En materia de lucha contra el terrorismo, no seré yo quien (en nombre de los DD.HH. y la democracia) le saque a UD. los colores.>> (lo entre paréntesis es nuestro)

Según reporta el abogado y militante abertzale Íñigo Iruin en “GAL: Espejo del Estado”, un periodista de “El País” describió la crónica parlamentaria de aquel día como "una sesión llena de sobreentendidos". Y añadió que:

 <<…una posible puesta en marcha de tácticas de guerra sucia flotó sobre la sesión>> [50]  .

A fines de 1995 el orden no esencial de las cosas al interior del Estado estaba por cambiar bruscamente y sus principales protagonistas también. Este cambio determinó que a mediados de 1996 Felipe González hubiera dejado de ser presidente del Gobierno y Fraga ya no estuviera al frente del Partido Popular. ¿Qué cosas habían cambiado? Especialmente una: que ante la pasividad política del proletariado, las diferencias de intereses entre determinadas fracciones de la burguesía, por un lado, y entre las burguesías centralista y periférica vasca, por otro, recrudecieron hasta tal extremo en la sociedad civil, que acabaron trasladándose al interior del Estado. El detonante de la crisis se activó cuando, el 20 de setiembre de 1995, alguien del CESID decidió romper —por primera vez en la historia de la “democracia” española— con el secreto burocrático respecto de dos delitos conexos cometidos por el todavía joven “Estado democrático de derecho”: la violación de la privacidad en las comunicaciones y, los crímenes del GAL. Ese alguien fue el coronel Juan Alberto Perote, quien desde fines de 1983 hasta noviembre de 1991, se había venido desempeñando como Jefe del Departamento de Acción Operativa en ese Centro Superior de Información de la Defensa (CESID). [51]

  Como hemos visto, parte de los llamados “papeles del CESID” fueron publicados en el diario “El Mundo” en diciembre de 1995, a iniciativa del banquero Mario Conde, quien en un primer momento intentó chantajear al gobierno y finalmente puso ese material “inflamable” a disposición del director de dicho periódico, Pedro J. Ramírez.

El Partido popular ganó las elecciones el 3 de marzo de 1996, y asumió el gobierno en mayo de ese mismo año. El 24 de ese mes, una de las primeras medidas de gobierno que adoptó José María Aznar una vez ratificado en su puesto de presidente del Gobierno por el rey, fue restituir el CESID al general Javier Calderón, esta vez como máxima autoridad de ese servicio secreto. Pocos días después, Calderón, a su vez, restituyó a Emilio Jambrina designándole para ocupar uno de los puestos de mayor responsabilidad del Centro. Este sujeto se había desempeñado como jefe de Operaciones de la Agrupación Operativa cuando se elaboraron los papeles del CESID y fue hombre de confianza de Emilio Alonso Manglano durante la etapa de los grandes escándalos de los servicios secretos.

En el programa electoral del PP para las elecciones de 1996, se incluía la depuración del Centro por esos escándalos, pero la verdad es que, tras ser nombrado por Aznar, Calderón hizo todo lo contrario: sólo se ha limitado a ajustar viejas cuentas con agentes de la “Casa” que investigaron el 23-F y de resultas de lo cual —como hemos visto al principio— él mismo salió imputado en carácter de “colaborador necesario”. Por tanto, proceder en sentido contrario a esa parte del programa del PP, estaba en la lógica de los propios antecedentes del proceso; y la pregunta acerca de si el presidente electo sabía lo que estaba haciendo cuando le nombró, resulta a todas luces ociosa, no solo un insulto a la inteligencia política del propio Aznar sino a la salvaguarda del Estado que es deber sagrado de todo alto funcionario a su cargo respetar religiosamente.  

Como era de prever, pues, lo primero que hizo Calderón una vez nombrado, fueron dos cosas:

1)                                Destruir papeles comprometedores del CESID respecto del golpe del 23F y,

2)                                 “limpiar” al personal que no le servía para la “nueva etapa del Centro”.

Respecto de lo primero, tal como lo recoge la investigación de “El Mundo” solicitó toda la documentación acerca del golpe de Estado, haciendo desaparecer presuntamente documentos del CESID, con la finalidad de evitar comprometer en el fallido golpe a miembros de la citada institución. Esto en sí “implica un posible delito de encubrimiento de acuerdo con el Código Penal actual, con el agravante de actuar Calderón como funcionario público y la naturaleza del delito cometido (de rebelión). Todo ello, de conformidad con el artículo 451 del Código Penal, dentro de los delitos contra la Administración de Justicia”:http://www.libertaddigital.es/php3/noticia.php3?fecha_edi_on=2001-02-23&num_edi_on=296&cpn=20265&seccion=ESP_D

En cuanto a lo segundo, depuró en dos fases a 30 agentes e hizo ver a la opinión pública que eran los que más se habían significado en la etapa de Alonso Manglano, quien había tenido que renunciar como principal responsable de los escándalos en torno a las escuchas ilegales, la “Operación Méngüele”, el espionaje a políticos, la guerra sucia contra ETA y el caso Godó, entre otros. [52]

. Los destituidos fueron cuatro coroneles, tres tenientes coroneles, dos comandantes, cuatro suboficiales del Ejército, seis suboficiales y cinco números de la Guardia Civil y tres titulados superiores civiles. La lista también incluía a dos cocineras y una mecanógrafa.

Obviamente, en la lista de depurados por Calderón no estuvo Jambrina —mano derecha de Manglano. En cambio sí estuvo el coronel Diego Camacho, uno de los agentes que se jugó la vida investigando en 1981 a compañeros del CESID que presuntamente habían participado en la maniobra golpista del 23-F. Camacho fue ayudado en esta tarea por un suboficial que también ha sido depurado. Otro agente que fue destituido fue el teniente coronel Manuel Rey, “uno de los hombres más brillantes del CESID”. 

En su momento, tras unas declaraciones a la prensa “para reponer su honor”, Camacho y Rey fueron sancionados por el ex ministro de Defensa Eduardo Serra a 45 y 30 días de arresto, respectivamente. Algunos agentes del CESID informaron a “El Mundo” que algunos de los miembros de la Agrupación Operativa de Misiones especiales (perativa de Misiones Especiales (AOME)AOME) —que fueron investigados por haber participado en la intentona golpista eran— en 1981 hombres próximos a Calderón. El general en aquellas fechas ocupaba el puesto de secretario general del CESID.

Uno de los jefes del CESID investigados fue el comandante José Luis Cortina, entonces a cargo de la AOME, que fue procesado y finalmente absuelto en el juicio del 23-F. Según fuentes del CESID, en 1997 Cortina había vuelto a mantener relaciones con los servicios secretos. La reestructuración de “La Casa” —como se conocía entonces a la sede de los servicios secretos—, no afectó al teniente coronel Jambrina, que venía desarrollando su carrera militar en el CESID desde su llegada, a finales de los 70, con el grado de capitán.

Jambrina siempre estuvo destinado en las áreas operativas desde las que se desarrollaba todo tipo de trabajos. Durante la etapa Manglano fue jefe del Grupo Dos —hoy día, KA-6— de la AOME. Después pasó a ser jefe de Operaciones de la misma unidad, bajo las órdenes directas del entonces teniente coronel Juan Alberto Perote y, por último, como miembro del equipo a cargo del anterior director.

Según fuentes del CESID citadas por “El Mundo” [53] , una vez nombrado por Calderón, Jambrina hizo llegar un mensaje contundente a la nueva dirección:

<<Si alguien se mete conmigo, me convierto en un nuevo Perote>>

Esto lo dijo en clara alusión a los papeles que el coronel Perote sustrajo del CESID y permitió que Mario Conde usara contra el gobierno de González, poniendo en evidencia el mito del “Estado de derecho”. Por eso es que a este sujeto —como a Felipe González— nadie le ha podido “meter mano”. Y es que, por las manos de Jambrina —cuando era jefe de operaciones de la AOME— pasaron los documentos más comprometedores del CESID relacionados con la guerra sucia contra ETA, tal como había declarado en varias ocasiones Perote ante Garzón. Don Emilio, como también se le conoce a Jambrina, negó en dos ocasiones ante el juez Garzón que tuviera algo que ver con los papeles del CESID; “El Mundo” ha dicho tener documentos que acreditan lo contrario. Pero por algo será que no se hicieron públicos. La impunidad de los grandes delitos y crímenes de Estado, siempre se refugia en ese terreno vedado al “Estado de derecho”, donde —como en este caso— la presunta “independencia” del poder judicial encuentra su límite en el secreto profesional de la llamada “prensa libre” condicionada por determinados intereses de determinados poderes fácticos que poco o nada tienen que ver con el cuento ese de “el imperio de la ley” y el “derecho constitucional a la información de los ciudadanos”. Por eso es que Jambrina, en cuyo poder obra abundante información “sensible” que podría poner en evidencia la verdadera naturaleza social y política del Estado, después del 11M fue destinado como jefe de delegación a un país sudamericano, aunque nunca se ha desligado de los servicios secretos donde conserva intactas sus posibilidades de volver a hacer de las suyas en el momento que a la burguesía le sea necesario.

El teniente general José Antonio Sáenz de Santamaría fue otro personaje de la misma calaña que Jambrina. La “Comisión de Investigación de las Responsabilidades Políticas derivadas de la creación y actuación de los GAL”, fue creada el 18 de octubre de 1995 por un solo voto favorable de diferencia y constituida el 8 de noviembre. Cuando el 17 de ese mismo mes, a iniciativa de los grupos parlamentarios mixto, nacionalista vasco y popular, se le cito para que compareciera a declarar en esa comisión, lo que hizo inmediatamente Sáenz de Santamaría una vez notificado de la citación, fue ponerse en contacto con el ex ministro del Interior del gobierno de Suárez y actual miembro del Partido Popular, Rodolfo Martín Villa, para advertirle que si él iba a esa Comisión, diría sin reparos todo lo que sabe sobre la llamada “guerra sucia” contra ETA, pero desde los tiempos de la UCD. Y seguidamente —según contó Arzállus en una ocasión— le espetó:

<<No sé si caes en la cuenta de que yo tengo 76 años y no voy a ir al "trullo" (cárcel) y tú sí>> (“España Hoy: Noticias” 06/02/1996 Nº 85)

Con estas palabras la comisión del senado sobre los GAL murió casi antes de nacer. Durante una entrevista concedida a la revista “Tiempo” en agosto de 1998, respondiendo a la pregunta del por qué se suspendió la comisión parlamentaria que debía investigar las responsabilidades políticas sobre los Grupos antiterroristas de Liberación (GAL), el teniente general dijo lo siguiente:     

<<La comisión de investigación del Senado se suspendió minutos después de que yo dejase claro, entre otros, a Martín Villa, que pensaba testimoniar sobre los once años de guerra irregular y no sobre esa curiosa guerra que se han montado y que, misteriosamente, sólo duró cuatro años.>>  ("Tiempo" 24, 31-08-98)

Así se cocinan las cuestiones más conflictivas y de mayor importancia política en el Estado burgués. La “pinta” y el sabor con que se sirven ritualmente a la mesa de ese mito llamado “Estado de derecho” —para consumo de los buenos “ciudadanos de a pie”— es otra cosa; siempre al gusto del consenso general sobre el derecho positivo, reforzado en la conciencia colectiva por la “justicia” que las leyes vigentes, la policía y los jueces de turno, suelen hacer día que pasa en cuestiones menores con anónimos desgraciados, quienes sin saber por qué ni cómo, de repente saltan a la primera plana de la opinión pública y de ahí a la cárcel, convertidos en malos o muy malos ciudadanos.

Lo que ha sugerido el teniente general Sáenz de Santamaría supone que —dado el supuesto fundamental de la propiedad privada sobre los medios de producción— según se agudizan las contradicciones del capitalismo, los conflictos entre burguesía y proletariado, así como entre clases y sectores de clase capitalistas, están garantizados, así como, por añadidura, la inevitable escalada en la corrupción política y la violencia como medio de saldar esos conflictos. Así las cosas, es imposible que el “Estado democrático” y el Estado de derecho” no coexistan alternativamente o al mismo tiempo con el Estado terrorista y el Estado delincuente.

Por tanto, en determinadas condiciones —como entre 1976 y 19… el Estado burgués bien gobernado debe saber combinar el Estado delincuente y el Estado terrorista, con el “Estado de derecho”, y a todos tratar de conciliarlos con el “Estado democrático”. Lo cual significa que el Estado capitalista siempre debe estar en disposición y capacidad para defenderse de cada uno de los demás Estados que son atributos necesarios suyos, es decir, de su aparato, como condición para garantizar el subjetivamente necesario equilibrio político del poder burgués. Y cuando esta combinación se torna imposible, ya se sabe que la reserva de poder de todo Estado burgués es la violencia organizada que sintetiza exclusivamente en el Estado terrorista integral transitorio, con lo que las ficciones del “Estado democrático” y del “Estado de derecho” se desvanecen hasta quedar momentáneamente en nada. Situación de excepcionalidad  hasta que este extremo no se agote por necesidad de nuevas circunstancias normales, que permiten reintroducir esas dos ficciones por las cuales, el dominio de la burguesía por medio de la exclusiva violencia institucionalizada, deja paso a la hegemonía ejercida preponderantemente por medio del consenso y el ejercicio “democrático”, que es cuando se impone la máxima de Sáenz de Santamaría que figura como cabecera de este apartado:

<<Hay cosas que no se deben hacer en nombre del Estado, pero si se hacen, es mejor callarlas>>   

 Sin embargo, no siendo ésta una premisa objetiva y, por tanto, previsible —como las crisis económicas— sino una norma de conducta individual o de grupo, es tan difícil de garantizar y prever en política, como el comportamiento de un átomo en la física cuántica. Éste es el momento en que el Estado burgués —siempre a toro pasado— encuentra la oportunidad de purificarse en la conciencia de los “buenos ciudadanos”, haciéndose justicia a sí mismo en la persona de algunos grandes perdedores —como ya vimos que pasó con Mario Conde— que así llegan a ser malos o muy malos ciudadanos. Estos, una relativa minoría entre multitud de otros corruptos y asesinos de alto rango —que por diversas contingencias, incluido el puro azar, pasan sin pena ni gloria por el cedazo de la historia—, son los chivos expiatorios que recién entonces la ley se encarga de poner en la picota precipitándoles —a no pocos de ellos desde las más altas cotas de prestigio personal como paradigma ético— hacia el pozo del oprobio social para mayor gloria de ese mito llamado “Estado de derecho”, al servicio de la explotación de trabajo ajeno con fines de acumular capital. El grado de decadencia de una organización social de la vida humana en cada etapa de la historia, también se puede medir por la cantidad de mensajeros suyos, que las clases dominantes han debido ir sacrificando en aras de la seguridad y continuidad de sus intereses generales. 

Pero en la sociedad capitalista, donde “el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes”, el mito del “Estado de derecho” se quedaría en casi nada sin los mitos de carne y hueso que lo hayan podido personificar en la conciencia de las clases subalternas, y que los agentes políticos de la burguesía cuidan con mucho mimo por la cuenta que les trae. Esto es lo que no comprenden los demócratas liberales sinceros, que reprochan al Partido Popular el haber dado “carpetazo” a la “Comisión de Investigación de las Responsabilidades Políticas derivadas de la creación y actuación de los GAL”. [54] Como si el fascismo no hubiera brotado en el mismo tiesto de la pura democracia formal representativa que ellos añoran; como si por el hecho de llamarse “república”, el Estado burgués estuviera inmunizado contra las consecuencias de la propiedad privada capitalista sobre sus instituciones; como si ésta no fuera desde siempre y hoy más que nunca, “la sociedad del engaño y el pillaje mutuo”.

10. El “Caso Mengele”

En setiembre de 1996, a raíz de una publicaciones aparecidas los días 16 y 17 de ese mes en “El Mundo”, el jefe de los servicios secretos españoles, teniente general Javier Calderón  —una vez más Calderón— fue acusado por la Justicia de encubrimiento por el secuestro de tres mendigos que fueron usados como conejillos de Indias para probar un poderoso narcótico contra miembros de ETA. Uno de los mendigos habría fallecido.

El caso —dentro de la “guerra contraterrorista” del CESID—, se remonta a junio de 1988, cuando el Estado español, a través de ese órgano de inteligencia, puso en marcha una operación cuyo nombre en clave fue “Aneto-Esfera-Shuto”, concebida para ser ejecutada por una unidad de elite de ese servicio secreto, consistente en hacer una incursión en Francia para secuestrar al dirigente etarra "Josu" Ternera. La operación fracasó porque en el curso de los preparativos el susodicho fue detenido por la policía de ese país. Pero el caso es que la ejecución del plan pasaba por conseguir previamente un eficaz narcótico, tan potente como para que permitiera el traslado del secuestrado a territorio español sin inconvenientes. Y para eso echaron mano de dos drogadictos y un mendigo a quienes utilizaron como cobayos en la experimentación con un cóctel narcótico en base a la sustancia anestésica conocida como pentotal. Los cinco agentes participantes en el operativo bautizaron la acción como "Operativo Mengele", evocando los infames experimentos practicados con seres humanos por el siniestro médico Josef  Mengele en los campos de exterminio nazis.

Según se pudo saber posteriormente, de los cinco agentes que participaron en la acción sólo se han podido conocer sus seudónimos: Don Emilio, Losada, Porto, Zarca y Ureña. Para llevar a cabo la operación, fueron robados tres automóviles a los que cambiaron las patentes. El secuestro de los mendigos tuvo lugar en el barrio madrileño de Malasaña. Dos hermanos drogadictos, que dormían en una plaza, fueron los primeros en caer. Pero ofrecieron resistencia y fueron duramente golpeados. El tercero era indigente de origen norteafricano, quien fue, en definitiva, el único que recibió una dosis del narcótico a causa del cual falleció poco después. En ese momento, al frente del CESID bajo el gobierno del PSOE estaba el general Emilio Alonso Manglano, y como segundo de abordo el General Javier Calderón.

La acusación contra Calderón, fue la primera en que un alto funcionario del gobierno de Aznar apareció imputado judicialmente por actos criminales. La acusación, una vez más, corrió a cargo del Juez Garzón, quien, en octubre de 1996, reclamó al teniente general Calderón, que en su carácter de jefe de los servicios secretos, le informara si existen agentes del CESID que respondan a esos alias.
Calderón se negó a responder a la requisitoria judicial señalando expresamente que "la identidad de los agentes está protegida por la ley de secretos oficiales". El Código Penal castiga con una pena que va de seis meses a tres años de prisión por el delito de encubrimiento, que Garzón imputó al teniente general Calderón.   

La tarde del día 18 en que fue citado a declarar, el teniente general Calderón no acudió por encontrarse fuera de España. Su declaración tuvo lugar en la Audiencia Nacional el 22 para responder  ante dos jueces de la Audiencia Nacional. Ante Garzón, por la “operación Méngüele” y ante Javier Gómez de Liaño por el “caso Lasa y Zabala”.

Al día siguiente, el general mantuvo en el salón de actos del CESID una reunión con sus jefes y directivos, para comunicarles oficialmente sus intenciones y fundamentos políticos, basados en la mutua lealtad al secreto burocrático y a la obediencia debida como principio de impunidad en una institución burguesa de Estado:

<<Cuando asumimos una responsabilidad en el Centro asumimos la historia del Centro, y no investigamos nada, porque se rompería el principio de lealtad. Hay un principio de lealtad, la lealtad de yo saber que ustedes me obedecen y de que ustedes sepan que, obedeciéndome a mí, no cometen ningún delito. Esa mutua lealtad no va a ser rota por un sucesor mío, como yo no la rompo respecto a mis antecesores. Que nos investigue el Congreso, que nos investigue el Senado, que nos investigue el Poder Judicial. Una dirección (ejecutiva) no investiga. Como un Gobierno —el mismo presidente Aznar lo ha dicho— no investiga al Gobierno anterior de la nación>> (http://www.el-mundo.es/elmundo/2001/06/25/espana/993442315.html. Lo entre paréntesis es nuestro)

Un año después de aquella reunión de Calderón con sus subordinados, el 7 de octubre de 1997 el entonces ministro de Defensa, Eduardo Serra, compareció ante el Congreso donde declaró que los servicios secretos jamás secuestraron a mendigos para experimentar en ellos con un narcótico. Por todo argumento, Serra dijo que había encargado una investigación interna al director del CESID, que éste le había asegurado que los servicios secretos no tenían nada que ver con el “caso méngüele”, y que todo eso había sido una invención de la Prensa. Así fue de sencillo como Calderón superó la prueba de “la ley igual para todos” ante el “súper” Juez Garzón —quien dio carpetazo definitivo al “caso Méngüele”— hasta llegar sin ulteriores inconvenientes al final de su mandato estipulado en cinco años:

Ejecutivo, legislativo y judicial, tres poderes formalmente distintos y un solo poder fáctico realmente mafioso.

Calderón cumplió su mandato al frente del CESID en mayo de 2001, y el 29 de junio el presidente Aznar nombró en su lugar a Jorge Dezcallar de Mazarredo, un hombre del PSOE que desde 1981 había venido desempeñando varios cargos superiores dentro del Ministerio de RR.EE.

Pero no por eso los servicios secretos dejaron de cumplir su misión en la sombra, manteniéndose como el núcleo por donde pasan todas las decisiones que afectan a la seguridad del Estado, así como las conspiraciones y maquinaciones de los poderes fácticos del sistema capitalista a instancias o no de los partidos políticos institucionalizados, según el cúmulo de elocuentes indicios como tendremos ocasión de reproducir en la tercera y última entrega del documento “Elementos para un Juicio Revolucionario al Estado “democrático” Español (3)” al hilo de los salvajes “atentados” del 11 de marzo de 2004, atribuidos al “terrorismo islamista”, que permitió cambiar la política exterior y territorial del país a partir de las elecciones del 14-M.

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[1] Tanto en los libros de Palacios y Perote como en las investigaciones de Cerdán y Rubio en “El Mundo” queda fuera de toda duda razonable la participación intelectual y material de Calderón y Cortina en la gestación y ejecución del golpe, dentro de la denominada "Solución Armada" para imponer un gobierno de todos los partidos democráticos presidido por el ex-jefe de la Casa del Rey, con Felipe González como vicepresidente, Tamames como  ministro de economía y Ansón como ministro de Información.

[2] Fascista y antirrepublicano visceral, Ramiro Ledesma Ramos, fue el fundador de las Juntas Ofensivas Nacional Sindicalistas (JONS) y uno de los teóricos que más han influido en la concepción del Movimiento Nacional iniciado en 1936,  nació en Alfaraz (Zamora) el 23 de mayo de 1905 y murió fusilado por los republicanos en Aravaca (Madrid) el 29 de octubre de 1936. Licenciado en la Carreras de Filosofía y Letras y Ciencias Físicas y Matemáticas por la Universidad de Madrid, fue un aventajado discípulo de Ortega y Gasset. Habiendo profundizado en el estudio del filósofo existencialista alemán Martín Heidegger y colaborado desde muy joven, en “La Gaceta Literaria” y la “Revista de Occidente”, escribió  su única novela: “El sello de la muerte”. El 14 de marzo de 1931,  tenía veinticinco años cuando ocupó la dirección del periódico: “La Conquista del Estado”, al tiempo que irrumpía en la política activa. Su publicación estuvo inspirada en dos consignas fundamentales: nacionalismo profundo y revolución de carácter económico-sindical. El 25 de julio el periódico fue suspendido no reanudando su publicación hasta el mes de octubre, en cuyo número, se anunció la próxima fundación de las J. O. N. S., cuya organización fue fundada el 30 de noviembre de ese mismo año,  proclamando la unidad intangible de España, el respeto a la tradición religiosa y su incompatibilidad radical con el  marxismo.

[3] http://ppvinaros.maestrat.net/quienessomos.htm

[4] Hijo del ingeniero de minas y político franquista almeriense Andrés Casinello Barroeta —diputado electo en 1933 por el partido Acción Popular—, Andrés Casinello Pérez es un general diplomado en contrainsurgencia por el Ejercito de
Estados Unidos, que posteriormente se desempeñó como Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil. Siendo comandante,  en 1974 ya se había convertido en el hombre fuerte de los servicios secretos por entonces a cargo de José Ignacio San Martín —hombre de confianza de Carrero Blanco— implicado luego en el golpe del 23F como jefe de la “Organización Nacional Contra-subversiva” (ONC). Por ese entonces, Casinello ideó un plan consistente en que Franco conmutara algunas de las condenas a pena muerte que se habían decretado en el proceso de Burgos, para que, de ese modo, no quedara tan mal la opinión internacional y su imagen no se deteriore internamente más de lo que ya estaba. Casinello convenció a la madre de Izco de la Iglesia, uno de los condenados, de que escribiera una carta al Caudillo como viuda de un excombatiente requeté, solicitándole la gracia para su hijo. La carta surtió efecto y en un acto presentado como de buena cristiandad, el Generalísimo concedió el derecho de gracia para Izco de la Iglesia y otros cinco condenados: Javier Larena, Jokin Gorostidi, Teo Uriarte, José Dorronsoro y Mario Onaindía. Posteriormente, tras la muerte de Carrero Blanco, y el nombramiento de Arias Navarro, junto con su jefe superior Casinello fue apartado del servicio, pero retornó un año después al ser repuesto por el nuevo responsable del CECED, hasta que, en 1976, fue nombrado como dirigente máximo del organismo hasta 1977, en que lo abandonó para ser nombrado al frente del poderoso servicio de información de la Guardia Civil, que se encargó de reestructurar en 1978. En 1982, una semana después de asumir la presidencia del gobierno, Felipe González encomendó a Casinello —por entonces convertido ya en general al frente del estado Mayor  de la Guardia Civil— que, como experto en información y contrainsurgencia se encargase de mejorar organizativamente todos los contenidos del plan ZEN (Zona Especial Norte), cuyo cometido fue acabar con ETA.  Esta gestión derivó en la creación del clandestino “Grupo Antiterrorista de Liberación” (GAL), que implementó el terrorismo de Estado entre los grupos radicales nacionalistas vascos. En cuanto  a Emilio Alonso Manglano, se hizo cargo del CESID nombrado por el presidente interino, Calvo Sotelo, tras el intento de golpe del 23F, sustituyendo en el cargo de director a ……Calvo Sotelo cuenta en su libro: “Pláticas de Familia”, que, tras presenciar el juramento de rigor, con una evidente carga de ironía le pidió a Manglano que “procurase informar al Gobierno del próximo golpe militar con alguna anticipación, para que no nos sorprendan como el 23-F” . En 1982, el CESID pasó a depender funcionalmente de la presidencia del gobierno. En 1995, este general se vio implicado en el sonado caso de las escuchas telefónicas ilegales a numerosas personalidades políticas y empresariales españolas por parte del CESID, entre 1983 y 1991, que saltó a la opinión pública ante la acusación al jefe de la AOME, el coronel Perote, de apropiarse de numerosas cintas magnetofónicas que constituían el cuerpo del delito.

[5] Si el Estado español a cargo del gobierno del PSOE  pudo sacar todos los réditos posibles de esta política informativa, fue gracias a la ingenua torpeza de ETA, entre otros episodios durante el atentado al “Hipercor”  de Barcelona el 19 de junio de 1987, cuando el gobierno desatendió el aviso de la colocación del explosivo que el comando etarra había trasmitido a los medios con suficiente antelación y no fue publicado. Resultado: el 26 de junio, 700.000 personas se pronunciaron en las calles de Barcelona contra el terrorismo nacionalista vasco ante la masacre  provocada por la detonación. No son pocos los analistas inclinados a pensar que aquél hecho marcó el punto de inflexión hacia el entierro político de la idea de ETA vinculada a la lucha contra la opresión nacional en la conciencia popular fuera de Euskadi. Pero también fue la señal hacia el cambio cualitativo de los objetivos militares de ETA, que acabó extendiendo sus ataques hacia los dirigentes del aparato político del Estado —especialmente a los representantes del Partido Popular y del PSOE — táctica que empezó a implementar desde el atentado en 1995 contra Gregorio Ordóñez,  presidente del PP en Guipúzcoa y concejal en el Ayuntamiento de San Sebastián.

[6] En esta etapa del proceso, los que murieron a manos de estros grupos paraestatales nada tuvieron que ver con ETA ni con su entorno. Por ejemplo, en 1979, una bomba colocada en el bar Aldana de Baracaldo mató a cuatro clientes. Este atentado fue reivindicado por los GAE.

A partir de 1980, el BVE (Batallón Vasco-Español) fue el que reivindicaba los atentados. En Hendaya, el BVE ametralló a los clientes de un bar frecuentado por vascos, asesinando impunemente a dos súbditos franceses (hubo también nueve heridos).
En aquella época, Martín Villa era el Ministro del Interior, quien ha estado también ocupando un puesto en la dirección del Partido Popular (PP) de Aznar.

[7] El primer juicio fue anulado a instancias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que el 26/07/02 dictaminó que España “violó el derecho a un juicio equitativo del coronel Juan Alberto Perote, en relación con el caso de los llamados papeles del CESID. Por unanimidad, los jueces de la Corte de Estrasburgo decidieron que hubo una violación del artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que garantiza el derecho de toda persona a que su causa sea oída "de manera equitativa" por un tribunal ‘independiente e imparcial’”.

[8] Pedro Toledo

[9] Esto demuestra que tanto desde su base material o económica, como desde la superestructura política, la “democracia” nació del vientre del franquismo, es hija bastarda de la dictadura, entre otras razones porque los “demócratas” que desde 1977 han venido ocupando el aparato de Estado, jamás han reconocido la genealogía de la criatura. Y lo peor del caso es que ese engendro no ha cortado aun su cordón umbilical que le vincula con ese pasado.

[10] Estos primos avispados se hicieron amigos del PSOE bastante antes de que el ingeniero de caminos, canales y puertos, Alonso Puerta —afiliado al PSOE desde 1972— siendo teniente de alcalde y portavoz del PSOE en el municipio de Madrid, denunciara la prevaricación de su partido respecto de las adjudicaciones municipales de la recogida y el tratamiento de basuras en beneficio de estos señores, litigio que se saldó no precisamente con acto de justicia burguesa, sino con su renuncia, no solo al cargo que desempeñaba en el ayuntamiento y en el partido, sino también a su condición de militante. 

[11] La expropiación del holding Rumasa en febrero de 1983, marcó el inicio de la ofensiva. El banco Zaragozano, pieza clave de Rumasa, fue entregado a los primos Alberto Alcocer y Alberto Cortina —enriquecidos con la especulación inmobiliaria a la sombra del PSOE— que en 1987 lo convirtieron en su plataforma creando la sociedad financiera Cartera Central con el respaldo del grupo Kuwaití KIO, y en pocos meses lograron tener el 2% de Banesto y el 5% del Central, con derecho a sentarse en el consejo de administración. López de Letona fue colocado —también por el PSOE— como consejero delegado del Banesto, y Claudio Boada impuesto en la presidencia  del Banco Hispanoamericano, a cambio de la ayuda financiera del Estado para su saneamiento.

[12] La “omertá” es una ley oficiosa del honor y del silencio acuñado por la mafia siciliana, que extiende socialmente su vigencia política por medio de la violencia, a caballo de favores y recompensas mutuas por lo hecho generalmente al margen de la ley oficial, y que hunde su raíz significante en el “hoy por ti, mañana por mí”.  

[13] El contenido de las luchas económicas que se dirimen en la sociedad civil por la propiedad del capital, tanto como el de las luchas políticas que se disputan el gobierno al interior del aparato estatal, sólo es materia de análisis para medios de difusión con una capacidad de alcance social restringido, donde tampoco abandona la fe y la esperanza en que el referente de las formas morales, jurídicas y políticas teóricamente vigentes, imponga su espíritu al contenido material de esas luchas. Tal es la razón de existencia de este periodismo venal  comprometido con “la verdad” para consumo de una minoría intelectual de medio pelo, aquerenciados entre lo que determina la realidad de la lucha de clases y lo que ordena el espíritu de la moral, el sentido común y la ley civil, siempre desde esta última y esperanzadora perspectiva política. Por eso es que su función social se inscribe en la gran noria política que sólo sirve para “castigar” electoralmente a quienes violan impunemente la ley. Con tal finalidad, estos medios se recrean en su crítica de lo existente moral y políticamente incorrecto, a la cual se abraza esa intelectualidad pequeñoburguesa desaforada, que luego proyecta hacia las masas creando una opinión pública suficiente para que ese existente moral y políticamente corruptor legalmente impune, se quede sin el sostén del gobierno corrupto de turno, mediante comicios periódicos “ad hoc” supuestamente escarmentadores. Y vuelta a empezar en tanto que las relaciones sociales de producción —que hacen a la sustancia de la corrupción política del Estado y la consecuente impunidad jurídica para quienes desde la sociedad civil inducen a ella— permanecen intangibles.      

[14] En la modalidad política pura se inscribe la expropiación del conglomerado de empresas “Rumasa” al burgués jerezano Ruiz Mateos, a la que no hemos de referirnos por escapar al objeto de este trabajo. En la última modalidad entra el proceso que marginó de la lucha económica y política por el poder, a otro incordio empresario, el gallego Mario Conde, proceso del que hemos de seguir todos sus pasos, por razones que nuestros lectores comprenderán que se justifica plenamente dado que reúne todos los elementos que hacen al carácter del Estado “democrático” circunscriptos a las relaciones de poder interburguesas en la etapa tardía del capitalismo.  

[15] López de Letona fue impuesto al Banesto por el Banco de España como consejero delegado, a raíz del agujero de 100.000 millones de pesetas que Javier De la Rosa dejó en la Banca Garriga-Nogués, la sucursal que Banesto tenía en Catalunya. En los primeros años 80, De la Rosa había logrado convencer a los miembros de la desconfiada familia Garnica —en aquel tiempo dueños de Banesto— para que le dieran todos los poderes de gestión en esa filial catalana. Cuando De la Rosa abandonó la entidad, a mediados de esa década, había generado un agujero de 100.000 millones de pesetas, situación que condujo el banco a la quiebra. Manuel De La Concha, ex síndico de la Bolsa de Madrid, fue presidente de la firma Ibercorp, un entramado de empresas sociedades instrumentales e inexistentes creado en sociedad con Mariano Rubio y otros, a través de las cuales, entre 1985 y 1993 realizaron actividades especulativas de Bolsa que les permitieron redituar importantes plusvalías generadas a raíz de la oportuna compraventa de acciones orientada según la información privilegiada de que disponía De la Concha en virtud de su cargo en esa institución.

[16] Alberto Cortina Alcocer nació en Madrid el 20 de enero de 1947. Es hijo de Pedro Cortina Mauri , ex ministro de Relaciones exteriores durante el gobierno franquista de Arias Navarro. Se licenció en Derecho por la Universidad de Madrid y, al igual que su primo Alfonso, se inició en el mundo financiero a raíz de su matrimonio. Se casó con Alicia Koplowitz, quien en 1969 le introdujo en la empresa Construcciones y Contratas como meritorio. Allí, en 1976 fue nombrado consejero delegado, y dos años después —junto a su primo— compró un 5% del Banco de Fomento, perteneciente al Banco Central.

Alberto Alcocer Torra nació en Madrid el 17 de diciembre de 1942. Se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid e inició su andadura profesional en 1969, exactamente igual que su primo:  tras casarse con Esther Koplowitz, como meritorio de Construcciones y Contratas. Siete años más tarde es nombrado consejero delegado de la compañía.

En junio de 1990, en virtud del acuerdo de separación alcanzado entre los "Albertos" y las hermanas Koplowitz, Alberto Alcocer dimitió de sus cargos de copresidente de Grucysa y consejero delegado de Cartera Central el 15 de junio de 1990, después de año y medio de negociaciones. Este acuerdo dio el control a los Albertos del 30% del Banco Zaragozano, el 10 % de la Corporación Financiera Reunida (COFIR), el 5 % de Canal Plus y el 100 % de la Compañía Uniseguros. Ya no estaban ni en el Banco Central ni en el Banesto.

[17] A diferencia de lo que ocurre con los asalariados, para estas gentes —que se enriquecen fácilmente personificando al capital especulativo— ocio y negocio conforman un totum revolutum” sin solución de continuidad en el tiempo y el espacio, donde más que una unidad contradictoria constituyen una identidad de contenido social, como la del padre y el hijo pero sin que nunca se pueda saber quien engendra a quien —si el ocio al negocio o viceversa— para que ambas figuras sinteticen en el espíritu santo, tres personas distintas y un solo Dios: el dinero. Tanto puede ser en una cama o pisando alguna alfombra ministerial, como en un sarao, una cacería o reunión en un despacho con el director general de una gran empresa

[18] Álvaro Álvarez Alonso, amigo y socio de Sarasola, antiguo responsable de Merrill Lynch en España, un tipo de educación exquisita a quien el periodismo económico de la época conocía como la tripe A. Recién instalado por su cuenta con Ibermer, en la que Sarasola participaba como accionista distinguido, Álvarez Alonso había recibido uno de esos encargos capaces de arreglar el cuerpo a cualquier broker con aspiraciones: se trataba de nacionalizar el paquete de KIO en el Banco Central que entonces presidía Alfonso Escámez, cuyo porcentaje (superior al 11%) nunca quedó del todo claro, pero que parecía tener tan preocupado al Gobierno de González como al entonces todopoderoso gobernador del Banco de España, Mariano Rubio.

[18] Las hermanas Alicia y Esther Koplowitz, son las hijas de un inmigrante húngaro, Ernesto Koplowitz Sternberg, oriundo de la alta silesia que, en la década de los cuarenta, se instaló en Madrid e hizo fortuna con una empresa constructora y de servicios comunales que adquirió en 1952 llamada “Construcciones y Reparaciones”, a la que cambió el nombre por “Construcciones y Contratas”. Esta empresa se dedicaba a realizar saneamientos y limpiar las alcantarillas de la capital. Un no desdeñable montante de su patrimonio inicial lo hizo dedicando a buena parte de sus empleados, en la tarea de robar por la noche el cobre de las bocas de riego —que vendía ya fundido a buen precio— y por la mañana su empresa las reponía a cuenta del Ayuntamiento.  La muerte de Ernesto Koplowitz tras caer de un caballo en 1962, dejó a su familia una empresa en pleno vuelo. Fue entonces cuando Ramón Areces, presidente de “El Corte Inglés” y amigo de la familia, se convirtió en el patriarca de las Koplowitz. Años después, cuando Esther y Alicia contrajeron matrimonio, Areces dio el empujón definitivo a los Albertos al mundo de los negocios, y hasta concedió la exclusiva de la construcción de los edificios de sus grandes almacenes a “Conycon”.

[19] Alicia Koplowitz llamaba un día a su amigo Fernando Falcó, casado entonces con Marta Chávarri, biznieta del conde de Romanones, para decirle: “Tu mujer está saliendo con mi marido”. La frase desencadenó una tormenta social y económica. Cortina, muy caballero, se casó, aunque con poco entusiasmo, con Marta para dejarla en buen lugar. Pero Alicia le hizo pagar cara aquella aventura con un divorcio económico de los que hacen historia. Esther hizo lo mismo con Alberto Alcocer, quien, a diferencia de Alicia con Alberto Cortina, mantiene una excelente relación con su ex mujer.

[20] Es preciso recordar aquí que, si bien Alfonso Guerra seguía siendo un hombre fuerte dentro del PSOE, había tenido que salir del gobierno a raíz de haber prestado cierta cobertura oficial a los negocios sucios que su hermano Juan había venido desarrollando con su cobertura política oficiosa. Contratado por el PSOE para trabajar en un despacho oficial de la Delegación del Gobierno en Andalucía como asistente de su hermano, ese despacho fue utilizado por Juan para actividades diferentes a las asignadas, lo que le valió ser acusado y juzgado por los delitos de cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos y usurpación de funciones.    

[21] Mariano Rubio, ex gobernador del Banco de España nombrado por el PSOE de Felipe González durante su primer mandato, amasó una considerable fortuna gracias a una práctica de la que se hablaba en voz baja en los años del "pelotazo" denominada "insider trading", y que en castizo no es más que utilizar en su provecho información privilegiada. Poco después, tras su forzada dimisión, daría Mariano rubio con sus huesos en la cárcel acusado de delito fiscal, cohecho, negociación prohibida a funcionarios, uso de información privilegiada y tráfico de Influencias. Esta actividad tomó cuerpo en el llamado “caso Ibercorp”, que saltó a la opinión pública en el año 1992 con el descubrimiento de una cuenta opaca de 130 millones de pesetas a nombre del ex gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, y la concesión de una línea de crédito del Banco de España de 5.400 millones de pesetas al Banco Ibercorp, cuyo presidente era Manuel de la Concha. Ibercorp fue un entramado de sociedades que, entre 1985 y 1993 permitieron actividades especulativas de Bolsa que generaban importantes plusvalías a los asociados de De la Concha quién, en virtud de su cargo, disponía de información privilegiada. Gracias a un entramado de sociedades instrumentales e inexistentes los acusados ocultaron al fisco más de 1.500 millones de pesetas de beneficios obtenidos mediante actividades de compra y venta de acciones de las sociedades que controloban. La formación del Grupo Ibercorp tuvo lugar a finales de 1986 con la transformación de la Banca Trilles, de Banesto, en Banco Ibercorp, desde donde De la Concha simulaba las actividades que este ex síndico de la Bolsa de Madrid realizaba desde su despacho. Como consecuencia de este escándalo, Mariano Rubio acabó arrastrando en su caída a Carlos Solchaga por entonces a cargo del Ministerio de Economía.

[22] Hay que recordar aquí, que Solchaga y Rubio fueron quienes —en contubernio con Sánchez Asiaín, del Banco Bilbao— prepararon la OPA hostil contra el Banesto, y que sólo cuando esta operación fracasó, es cuando decidieron optar por la fusión entre el Bilbao y el Vizcaya.

[23] Antonio Navalón es un conocido “picapleitos” madrileño, famoso por su especialidad en el oficio de “conseguidor” o intermediario entre el poder político y el poder económico. Fue el Hermes Trimegisto durante los más sonados casos de corrupción en la corta historia de la “democracia” española. Es el mismo que le birló un dineral a Ruiz Mateos prometiéndole arreglarle lo suyo; el mismo que compartió “la pasta gansa” que las empresas eléctricas destinaron a comprar voluntades para engrasar su fusión. en la llamada “España del pelotazo”, donde el enriquecimiento fulminante gracias al tráfico de influencias políticas y mediáticas, llegó a ser el denominador común del paisaje nacional.

[24] Todas las constituciones del Mundo reconocen a las personas el derecho a no declarar contra sí mismas, y también el derecho a la intimidad. Ambos derechos persiguen, teóricamente, preservar la libertad y la vida íntima personal y familiar del ciudadano. Esto significa, en general, que cualquiera, aun siendo íntimamente consciente de haber delinquido puede declararse inocente. Por otra parte, el derecho en juicio exige que todo ciudadano, precise de un abogado que conozca el alcance jurídico de los actos de su cliente. Para ello éste debe confesarle sus circunstancias más íntimas. El Abogado se convierte así, no sólo en obligado y celoso custodio de la intimidad personal de su cliente, tanto como de su inalienable derecho a no declarar contra sí mismo, sino de la confidencialidad sobre los términos del contrato o pacto de contraprestación entre cliente y abogado, sujetos a las dificultades y los resultados favorables o desfavorables del juicio, es decir, a la eficacia del trabajo en defensa de su cliente. Normalmente, la contraprestación de este trabajo se pacta en dinero. Por tanto el efectivo usufructo de los derechos “fundamentales del ordenamiento jurídico” a no declarar contra sí mismo y a la intimidad personal de un acusado, tienen un precio que se pacta, y que resulta ser tanto mayor cuanto más grave es el ilícito de la acusación y, en los delitos monetarios, cuanto más abultado es su montante. Tal es el único fundamento de todo el ordenamiento jurídico burgués, de lo cual se desprende, lógicamente, que aun cuando formalmente todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, realmente algunos son más iguales que los demás a la hora de burlarla por partida doble: desde el secreto consustancial a los cargos burocráticos y desde los estrados de la justicia, demostrándose así, una vez más, que la tan cacareada igualdad de oportunidades y la tan consagrada democracia representativa, no son más que unos de los tantos timos en que se fundamenta el derecho positivo civil y constitucional de la burguesía, de modo que Marx sigue teniendo hoy más razón que nunca en que “el capitalismo es la sociedad del engaño y el pillaje mutuo”. Entre burgueses, se entiende, porque los asalariados no tenemos derecho a casi nada y día que pasa a cada vez  menos.

[25] El negocio de Rubio  y De la Concha tuvo su origen en la compra por “Ibercorp” de “Sistemas AF”, a un precio muy inferior al de mercado por parte del Banco Urquijo (filial del entonces Banco Hispano). Esta entidad, a su vez, había recibido ayudas millonarias del Banco de España.

[26] Según los hechos declarados probados en su momento por la Audiencia Provincial de Madrid, entre 1986 y 1988, De la Concha, en su calidad de agente de cambio y Bolsa, gestionaba en su despacho profesional una cuenta de valores identificada como 431/07MM-RU, en las que se hacían constar los movimientos de las operaciones de compra y venta de títulos que efectuaba su amigo y entonces gobernador del Banco de España, Mariano Rubio. Estas gestiones, agrega la sentencia, tenían la particularidad de que, si bien en las pólizas originales relativas a algunas de tales operaciones aparecía el nombre de Mariano Rubio, en los libros de operaciones al contado correspondientes a tal despacho, esas compras y ventas aparecían a nombre de Nalvi, sociedad familiar constituida por el padre de De la Concha que había sido liquidada y cancelada en 1980.

[27] Las plusvalías “legales” y más que “legítimas” ya se sabe de dónde provienen, del numen dimanante del precapitalismo mercantil que acabó convirtiendo la fuerza de trabajo en mercancía y que, a su vez, inspiró todo el andamiaje del derecho positivo burgués sistematizado por primera vez en “El espíritu de las leyes”.  

[28] El capitalismo se reproduce y conserva no sólo a instancias de las grandes crisis económicas periódicas, sino de las consecuentes crisis políticas de Estado, frente a las cuales el proletariado retrocede una y otra vez, sin atreverse a tomar en sus manos lo que la burguesía se empeña en mostrarle como algo imposible para él: hacer andar el carro de la historia sacándolo de la charca donde permanece atascado por el capitalismo. En el pasaje de su no suficientemente difundido “18 Brumario de Luis Bonaparte”, Marx se refiere a esta tarea que el proletariado ve aterrorizado a través de las gafas burguesas como “la ilimitada inmensidad de sus propios fines”. Y si entre las condiciones en que el capitalismo consigue superar sus propias crisis está la de impedir que el proletariado encuentre su propia salida, esto quiere decir que la salida existe y que su condición suficiente de existencia es de carácter ideológico, político y organizativo en este orden, “…hasta que se crea una situación (condición suficiente) que no permite volverse atrás y las circunstancias mismas gritan: demuestra lo que eres capaz de hacer”. Para nosotros, tal es el verdadero significado y la trascendencia política de este pasaje de la obra de Marx. No estamos, por tanto, de acuerdo con lo que Engels escribió en su “Introducción” de 1895 a “Las luchas de clases en Francia”, en cuanto a que “La historia había dado un mentís”  a las pretensiones revolucionarias de la “Liga de los comunistas” en 1848, alegando que aun no estaban dadas las condiciones económicas para ello, porque: “el estado del desarrollo económico en el continente (europeo) distaba mucho de estar maduro para poder eliminar la producción capitalista…”. Desde este punto de vista —puramente economicista de la revolución— el desarrollo económico siempre distará de estar “maduro”, por el simple hecho —consustancial a la lógica del capital— de que “la burguesía no puede existir sino a condición de revolucionar constantemente los instrumentos de producción” , tal como bien sostuvieron Marx y el propio Engels en el “Manifiesto Comunista”. Este erróneo retroceso en la interpretación de la historia moderna por parte del amigo y correligionario inseparable de Marx, fue sin duda el que inspiró al principal partido de la IIª Internacional en diciembre de 1818 —después de que la vanguardia obrera de ese país conquistara el poder desde los consejos y seguidamente lo delegara en la Constituyente dominada por el SPD—  cuando en nombre de la clase obrera dio por terminada la revolución, declarando que “la transformación revolucionaria de las relaciones sociales burguesas es, de ahora en adelante, cuestión de tiempo: se trata de un proceso progresivo y pacífico. Hay que desarrollar todavía el capital, pues sólo un capital llevado al último grado de su desarrollo podrá ser socializado” (Jean Barrot y Dennis Authier: “La izquierda comunista en Alemania” Cap. VI). Cfr.: http://www.nodo50.org/gpm/rafaelpla/12.htm y http://www.nodo50.org/gpm/dialectica/10.htm   

[29] Antonio Asensio  Ver: http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Asensio_Pizarro

Jesús de Polanco: Ver: http://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_de_Polanco

[30] En aquel momento, por  medio de Banesto Conde y su equipo poseían el 24,9 % de las acciones de esa cadena, el 12,5 % del “Grupo Z”, el 50 % de la revista "Época”, el 20 % del diario "El Independiente" y, oficialmente, el 4 % de "El Mundo".

[31] El “pacto de los editores” tuvo lugar a fines de 1992. Este pacto fue impulsado por Felipe González poco antes de las elecciones previstas para principios de 1993, para acallar la redoblada denuncia de la oposición “independiente” en los medios, que sería capitalizada por la derecha burguesa del Partido Popular.  

[32] Grupo “Prisa”: Ver: http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_Ser

[33] Se llama “plusvalía implícita”  al valor resultante de la diferencia entre el valor actual de mercado de los bienes de capital acumulados por una empresa y sus costes contables.

[34] No hay duda de que Conde se prestó a los requerimientos del mafioso González. Pero de entre los componentes de ese pacto, quien desempeñó el verdadero papel de líder patronal mediático fue Asensio, en colaboración profesional con acreditados comisarios informativos, como Manuel Campo Vidal y directivos particularmente cercanos a Manuel Martín Ferrand, como Javier Gimeno, que pasaron de inmediato a ser estrechísimos adláteres de Asensio en ese contubernio político precomicial montado en favor del PSOE.

[35] “Prestigioso filósofo”, ha dicho Rafael Pérez Escolar en su “Memorias” refiriéndose a Glucksmann. Un individuo que ha merecido semejante elogio de un banquero, no debía faltar en el coloquio donde se conmemoró la encíclica “Centésimus Annus”. Si fuera lícito decir que hay oportunistas de la peor especie —porque todos lo son por igual—, Andre Gluksmann sería uno de ellos. Desde que tuvo uso de “razón” política, este sujeto ha sido todo un surfista del intelecto, siempre atento a la que venía para montarse sobre las más grandes olas históricas provisionales. En ese plan, desde la cresta del movimiento existencialista sartreano durante la segunda posguerra, el mayo francés le llevó a ejercitarse con su voluble tabla de valores, sobre las agitadas aguas del stalinismo maoísta durante la revolución cultural, para acabar plácidamente ahora tomando el sol de su bien ganado “prestigio” en las tranquilas playas del ultraliberalismo burgués belicista. Ni más ni menos que como han hecho en distinto o igual grado de escoramiento ideológico y político sus colegas Bernard-Henri Lévy, Jean-Marie Benoist, Maurice Clavel, Jean-Paul Dolleé, Christian Jambnet, Philippe Némo, Guy Lardreau y Françoise Lévy, para no citar sino a algunos compatriotas y correligionarios suyos. El falso dado de la lucha de clases, siempre se detiene sobre su base social más pesada.

[36] En alusión a este acto, el periodista Federico Jiménez Los Santos escribió que “el doctorado se lo habían concedido a Conde pecuniae causa”, pero la verdad parece ser que, por toda retribución, suscribió un protocolo de intenciones con la Complutense, por el que Banesto se comprometía a estudiar la instalación de un jardín botánico en el campus de la universidad.

[37] El circuito de la producción y circulación de plusvalor que tiene su soporte material en los estupefacientes, no se explica ni se puede procesar materialmente sin la complicidad de las grandes instituciones financieras a nivel internacional. Sin la participación oficiosa discrecional o secreta de bancos, fondos de inversión, y grandes  instituciones financieras transnacionales, no hay manera de que esas enormes sumas de capital-dinero se puedan reciclar, transferir, manipular ni reinsertar en los circuitos económicos normales.  En la fase del llamado “blanqueo” de estos fondos líquidos, tienen mucho que ver las tecnologías informáticas vía satélite que hacen posible la intrincada red de comunicaciones instantáneas a escala planetaria, lo cual da pábulo a la consecuente mundialización de las transacciones bancarias, con la proliferación de instrumentos financieros de alta complejidad y sofisticación, que permiten escamotear y borrar las huellas de los sucesivos movimientos dinerarios, dando por resultado que masas enteras de capital adicional ya blanqueado, puedan reingresar al circuito de la circulación bajo condiciones de plena legalidad burguesa, listas para volverse a sumergir en la producción y distribución clandestina de plusvalor con soporte material en la droga, y así, ad nauseaum, que para eso están los paraísos fiscales y financieros. Es éste un plusvalor considerado espurio en cuanto evade al fisco y distorsiona la perecuación o reparto equitativo de las cargas que soportan las ganancias brutas “legítimas”.  Y no sólo es esto, porque, no pudiendo evitar que el mercado de la droga exista mientras subsistan las condiciones sociales que determinan el exceso de demanda efectiva, los precios al alza que exceden con creces de sus valores particulares de producción, determinan una distribución del plusvalor global que deja de estar en función de la masa de capital invertida en su producción, lo cual presiona a la baja de la tasa media general de ganancia, convirtiéndose así, en un obstáculo adicional a la recuperación económica del sistema para salir de la fase cíclica de crecimiento lento.  Michel Chossudovsky afirma que "aunque numerosos casos de blanqueo bancario han sido claramente identificados las inculpaciones se limitan siempre a empleados subalternos.  En 1994, por ejemplo, el tribunal de Houston(Texas) condenó al Banco internacional American Express a pagar una multa de 7 millones de dólares mas otros 25 millones de penalidades por haber estado mezclado en un negocio de blanqueo de dinero sucio. El affaire American Express se desató a partir de la inculpación de dos directores del banco de Beverly Hills acusados de blanquear fondos a partir de cuentas American Express controladas por medio de depósitos anónimos provenientes de agencias establecidas en las Islas Caiman Con el fin de llegar a una acuerdo negociado los agentes federales renunciaron a inculpar al banco: "nosotros decidimos que no era seguro que el banco estuviera implicado en la actividad criminal ya que la misma no involucraba mas que a un departamento" comentó el asistente del procurador, M. David Novak". Con relación a la utilización de negocios en la periferia, el autor destaca el ejemplo de los "bancos privados (peruanos)sospechados de haber estado implicados en actividades de blanqueo de dinero sucio y que pasaron a ser controlados por capitales extranjeros como es el caso de Interbanc, un banco estatal adquirido en 1994 por Darby Overseas, un consorcio domiciliado en las Islas Caiman. Según el Financial Times "Darby decidió invertir en el sector de los bancos peruanos con altos coeficientes de riesgo... Darby fue creado por Mr Brady (ex Secretario del Tesoro del Presidente George Bush) su jefe de asesores Mr Hollis McLaughlin y Mr Daniel Marx, ex subsecretario de finanzas de Argentina. El principal responsable de Interbanc es Mr Carlos Pastor, ex Ministro de Economía de Perú a comienzos de los años 80s"(S. Bowen:"Ex-US Secretary´s Company Buys into Bank, Brady Investment in Perú", Financial Times, 22 de Julio de 1994)" 8.

[38] Sáenz debió poner la cara en este asunto sucio del poder partidocrático —ya en alianza con el banquero Emilio Botín—, a cambio de 6.125.000 acciones de Banesto hasta ese momento en poder del Banco Santander, por las que Sáenz dejó de pagar en tiempo y forma los preceptivos impuestos. La denuncia fue presentada por Rafael Pérez Escolar, atribuyéndole, además, los delitos de “cohecho, apropiación indebida, malversación de caudales públicos y falso testimonio”, denuncia que extendió a otros ex consejeros de Banesto tras su intervención en 1993, como Víctor Menéndez, David Arce, José Corral y Juan Delibes, acusando a todos ellos de haber adquirido “ilegítimamente” el 1% del banco en 1994, añadiendo que “desempeñaban funciones públicas” en la entidad cuando aceptaron la gratificación en forma de “stock options”.  La defensa de Sáenz, alegó en su momento que el banquero ha hecho frente a sus obligaciones fiscales y no ha habido daño a las arcas públicas. La investigación de este presunto delito comenzó en 1998, fruto de una inspección fiscal que dio lugar al procedimiento abierto en el Juzgado de Alcobendas. Ver: .http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Alfredo/Saenz/declarara/junio/Audiencia/Nacional/cdscdi/20050510cdscdiemp_52/Tes/  y http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Anticorrupcion/recurre/archivo/causa/delito/fiscal/Alfredo/Saenz/cdscdi/20050426cdscdiemp_38/Tes/

[39] Se entiende por “dotación de provisiones” a la masa de dinero en posesión de los bancos, que la entidad reguladora dispone se sustraiga de los fondos prestables, para hacer frente a previsibles morosidades de los clientes prestatarios. Las provisiones para insolvencias tienden a ser muy variables; registran niveles reducidos en las fases expansivas y muy elevados en las recesivas. La nueva provisión para insolvencias introducida por el Banco de España, denominada “provisión estadística”, persigue corregir esta volubilidad, estableciendo el criterio de que la las insolvencias potenciales existen desde el momento en que se concede un préstamo, razón por la que parece lógico constituir provisiones también desde ese mismo momento con independencia del curso cíclico de la economía capitalista.

[40] Aunque de forma más mediada, estas mismas leyes no dejan de condicionar fuertemente numerosos hechos y conflictos sociales e interpersonales que también caen bajo la jurisdicción de la justicia, como los conflictos laborales, familiares y civiles de diversa índole, así como delitos contra la propiedad, la seguridad y la vida de las personas. Y ya que estamos hablando de la justicia entre banqueros, si ponemos en la otro platillo de la balanza a los bancarios, vemos, por ejemplo, que el Consejero Delegado del Banco Bilbao-Vizcaya-Argentaria (BBVA) recibe una compensación total anual de, al menos 6,5 millones de Euros (1.100 millones de pesetas), y que Alfredo Sáenz Abad, actual Consejero Delegado del banco Santander-Central-Hispano, percibe anualmente —incluidas las dotaciones a su fondo de pensiones— la friolera de 12 millones de Euros (2.000 millones de pesetas, mientras que el salario medio de un bancario es de 27.000 Euros al año. O sea, que en la balanza de la “justicia social”, el platillo de sólo dos banqueros, pesa más que 6.852 trabajadores bancarios sobre un total de 114.476 en todo el Estado español. Según datos de la Unión General de trabajadores, durante los últimos cuatro años todos los ratios de productividad en este gremio han subido exponencialmente: el margen básico un 49,03%; el de explotación un 95,90%; y el negocio por empleado se ha incrementado un 47,46%, mientras que los gastos de personal crecieron sólo el 2,26%. Imaginemos una balanza que refleje la cuenta de resultados en la banca. ¿quiénes aportan más al pingüe negocio de enriquecerse prestando dinero ajeno, los banqueros o los bancarios? 

[41] Lo fundamental del caso GAL se sabía ya desde que los periodistas Melchor Miralles y Ricardo Arqués, publicaron en 1990 su libro "Amedo, el Estado contra ETA". 

[42] El caso de los avales del Caric,

[43] En esos comicios obtuvo escaño de diputado por Madrid, lista donde figuraba en segunda posición tras Felipe González. En el Consejo de Ministros del 30 de julio de 1993 fue nombrado delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre drogas con rango de secretario de Estado. El 29 de diciembre de 1993, el Gobierno decidió su paso desde el Ministerio de Asuntos Sociales, al que estaba adscrito, hasta el Ministerio del Interior. Se le dio potestad para representar a España en los organismos internacionales relativos a la prevención de la toxicomanía y la lucha contra el tráfico de drogas. El 6 de mayo de 1994 presentó su dimisión como delegado del gobierno del Plan Nacional sobre la Droga y tres días después renunció como diputado por la "actitud pasiva" del presidente Felipe González respecto a la corrupción, aunque se dijo que dimitió por no haber sido designado ministro del Interior.

[44] Entrecomillamos el vocablo “voluntariamente” a tenor de las presiones y amenazas que Amedo reveló —en la reciente publicación de su libro— haber recibido del juez en 1994. El ex policía reproduce el momento en que reprochó a Garzón por su promesa incumplida, por el silencio cómplice “de sus aspiraciones políticas” que, en 1993, le pidió a cambio de nada, ante lo que el juez respondió:

<<—No sea indiscreto, ésos eran otros tiempos, ahora se pone de este lado —dijo indicándome el sitio que ocupaba en su mesa— o, ya sabe, de nuevo a prisión y esta vez en compañía de su mujer. ¿Le han indultado los que le dieron órdenes? No. Pues a por ellos junto a mí.

(…)

Bueno te doy unos días para que pienses si deseas volver a la cárcel. ¿Y tú mujer? ¿Cómo lo aguantaría? No debe de ser grato para nadie y menos para sus hijas. Lo que tienes que hacer es no crearles más problemas y tomar la decisión adecuada.>> José Amedo Fouce: La conspiración, el último atentado de los GAL

[45] Según publicó “El País” en su edición del 10/02/06, Amedo dijo haber recibido 30 millones de Pedro J. Ramírez para que, con sus declaraciones, forzara la reapertura del caso GAL. Ver: http://www.libertaddigital.com/php3/noticia.php3?cpn=1276271920

[46] Lo que desgastó al PSOE fue que debió gestionar la reconversión industrial, la crisis económica inmediatamente posterior al crash de 1987 en el sudeste asiático, y un paro que llegó a comprometer las condiciones de vida de 3.000.000 de asalariados. La corrupción y el terror de Estado contra ETA fue sólo la gota que colmó el vaso, aunque ese desborde solo se vio en el cambio de papeleta para echar a la urna durante los comicios de 1996.

[47] Y conste que, para nosotros, la acción de los GAL no son nada por lo que haya que escandalizarse. A lo largo de la historia moderna, el terror en general y el Terror de Estado en particular, ha sido y sigue siendo sólo una variante de la lucha armada. Y la lucha armada, una forma de la lucha de clases junto a la lucha ideológica y la lucha política. Cualquiera de estas formas nada tiene que ver con la ética ni con la moral. En este sentido, inmoral no es practicar el terrorismo, sino quien lo hace bajo condiciones y de tal modo, que perjudica los intereses políticos de la clase o sector de clase que representa. El Estado español ha organizado comandos terroristas antes y después de Franco —tanto como ETA organiza los suyos— según este inequívoco criterio compartido. Por eso Felipe González ha honrado y defendido en todo momento a “terroristas” de los GAL —como les tocó en suerte ser a Barrionuevo y Vera— hasta donde ha podido hacerlo; ni más ni menos que como ETA honra y defiende a sus “terroristas” gudaris. La descalificación moral del terrorismo de oposición por parte de la burguesía internacional en el poder, no es más que un recurso propagandista hipócrita del que saca pingües réditos políticos y puede aplicar, gracias al trabajo que ejecuta su ejército de ideólogos a sueldo cultivando la estupidez política en las masas asalariadas que, así, pueden seguir siendo explotadas impunemente. De ahí que la trascendencia al conocimiento público del terrorismo de Estado, sea potencialmente “incendiario” para ella. 

[48] Aquí, Felipe González confirmó la metodología terrorista que el abogado Abertzale Iñigo Iruin definió en “GAL: El espejo del Estado”: “Las formulaciones de Andrés Casinello y Guillermo Ostos dentro del Gabinete de Información y Operaciones Especiales creado por Barrionuevo. Son muy cautos en el lenguaje y proponen hacer "contraterrorismo" y no "antiterrorismo". Con ello pretenden expresar que ante cualquier acto se debe responder con otro similar; es decir, responder con terrorismo al terrorismo.” Ver: http://www.diariodecanarias.com/a103gal.html

[49] Ante la falta de libertades, represión y persecución policial del franquismo contra los militantes vascos —muertos en manifestaciones, por torturas, cientos y cientos de detenidos, etc.— muchos debieron refugiarse en Francia. Muchos de ellos engrosaron las filas de la retaguardia realizando tareas de diversa índole en apoyo de la lucha en el interior de España. Esos
y sus familiares fueron los que desde el ´85 al ´87, sufrieron el acoso de los GAL que se saldó con 46 refugiados muertos, entre ellos un diputado y un senador. Una vez firmado el acuerdo de cooperación, el Estado francés empezó su política de extradiciones de policía a policía., previa detención con incomunicación durante 10 días por la ley antiterrorista, en menos de 2 años se llevaron detenidos a más de 300 efectivos. A raíz de todo eso, muchos decidieron emigrar con sus familias a países como México, Venezuela, Nicaragua, El Salvador o Uruguay. Fue entonces cuando España cambió concesiones a esos países por tratados bilaterales de extradición, con lo que, en poco tiempo más, el apoyo militante de origen vasco a ETA desde exterior, quedó prácticamente desmantelado.

[50] Cfr.: http://216.239.51.104/search?q=cache:vBy_oVpvJUQJ:www.javierortiz.net/Otrasvoces/iruin

[51] El coronel Juan Alberto Perote nació en Valladolid, y en 1959 entró en la academia militar de Zaragoza, iniciando una brillante carrera militar que, a finales de los años 70 le llevó hasta el Servicio Secreto. Desde 1981 encabezó del Grupo Especial de los Agentes Operativos del CESID. En posesión de una formación óptima para tales fines: paracaidismo, alta montaña, esquí, inteligencia militar, telecomunicaciones y dominio de 5 idiomas, entre ellos el ruso, su preparación intelectual y física lo llevó a participar en 4 olimpiadas al frente de la selección española de atletismo. Según ha comentado, su identidad como entrenador olímpico, fue una excelente tapadera para poder realizar misiones de espionaje en los países soviéticos del Este europeo, tan inaccesibles para los espías occidentales en aquellos años.

[52] Técnica y jurídicamente, el llamado “caso Godó” entra en la categoría de las escuchas ilegales o espionaje telefónico realizadas en 1992 por el CESID a personal del periódico barcelonés “La Vanguardia”. Contratado por el empresario Javier Godó, el agente “Lobo”, llamado Miguel Ruiz —famoso por haber permitido desarticular la dirección de ETA tras el atentado contra el almirante Carrero Blanco en 1974—, logró introducir en la seguridad del periódico a un coronel del CESID, y entre ambos se dedicaron a grabar una serie de conversaciones internas del periódico, que luego utilizaron con propósitos extorsivos. Según el sumario abierto en el Juzgado 32 de la ciudad condal, el “Lobo” intentó cobrar cifras millonarias a personas grabadas. Denunciado el hecho

[53] Ver edición del 29 de junio de 1997: http://webs.demasiado.com/elpalleter/elmundo010697.htm

[54] En realidad, la decisión de disolver esa comisión de investigación del Senado, la tomó el Partido Popular desde el gobierno, en acuerdo con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Convergencia i Unió” (CIU) y el “Partido Nacionalista Vasco” (PNV), con la anuencia del rey Juan Carlos, justo cuando se estaban dando todas las condiciones para investigar las conexiones de los Gobiernos de UCD con la guerra sucia del Batallón Vasco Español”(BVE), la Alianza Apostólica Anticomunista (AAA),la organización Anti Terrorismo ETA (ATE), los “Comandos Antimarxistas”, los Grupos Armados Españoles (GAE) y los “Guerrilleros de Cristo Rey”. Pero, por razones de Estado, lógicamente esas condiciones no convinieron tampoco a la partidocracia.