Elementos para un juicio político revolucionario al Estado “democrático” español
Parte I
Parodia golpista del 23F

 

Primeras manifestaciones políticas de la crisis económica del franquismo

En su libro: “Con la venia..., yo indagué el 23F”, Pilar Urbano dice que: “Si el rey hubiese estado de acuerdo con el golpe, el golpe necesariamente habría triunfado”. Lo paradójico es que el golpe triunfó en toda la línea. ¿Cómo se explica esto? Para empezar a entender este clarificador episodio de la lucha de clases en la España inmediatamente posterior a la muerte de Franco, es necesario empezar por conocer la dialéctica del poder al interior del régimen franquista. A finales de los años cincuenta, había instalados en el aparato de Estado franquista dos bloques bien definidos; por un lado, estaban los tecnócratas del “Opus”; por el otro, la secretaría política del Movimiento Falangista, denominado “el bunker”. Los primeros se pronunciaban claramente por la Monarquía, pero no encarnada en el Conde de Barcelona —dadas sus manifiestas inclinaciones liberales— sino en su hijo. [11] Los falangistas, en cambio, eran enemigos declarados de la dinastía borbónica, especialmente del príncipe Juan Carlos, precisamente porque preveían que Franco le designaría sucesor de su régimen. “No queremos príncipes tontos que no saben gobernar”, decían. Pero esto les suponía dar al traste con la Ley de Sucesión de 1947, por la cual España quedó constituida en Reino, con Francisco Franco como regente vitalicio.

Los “listos” que decían estas cosas del candidato aun oficioso a la corona, parecían ignorar que la monarquía parlamentaria como forma de gobierno sucesoria de la dictadura de Franco, suponía un reaseguro político al poder real de la burguesía, porque con su restauración reinstauraba la vieja idea política de la república, manteniendo vivo el espíritu dialéctico de “las dos Españas”, lo cual alejaba el horizonte histórico necesario de la dictadura democrática del proletariado —tan odiada por los falangistas— como resolución definitiva de toda esta “realidad actual” del capitalismo carente ya por completo de sentido social, político y humano. Que a Franco le “sedujera” o dejara seducirle la posibilidad de ser sucedido por un general —como dice Paúl Preston [12] — o que le resultara más o menos “atractiva” la instauración de la Monarquía, son subjetivismos historiográficos que no hacen a la sustancia de la historia, y que sólo sirven para concentrar la atención en la pequeña política, en este caso, la de andar por casa de los distintos sectores de la clase actualmente dominante en España, desviándola de la gran política, de la que hace verdaderamente a la comprensión científica del curso de los acontecimientos, como condición de una toma de conciencia y posición política verdaderamente progresista y efectivamente superadora de lo puramente existente, en tanto hace ya mucho que ha perdido su razón de ser: el capitalismo.

La forma de gobierno postfranquista prevista en la Ley Orgánica del Estado —promulgada en 1969— era una Monarquía en la que el centro de decisión política ordinario se desplazaba desde la Jefatura del Estado a la Presidencia del Gobierno, supuestamente con el propósito de dejar a salvo la imparcialidad del futuro Rey y su rol decisivo de árbitro en las más que probables crisis políticas institucionales futuras, garantizando así la continuidad de la institución. En apariencia, la ley le protegía de los avatares de la vida política, pero, en realidad, le convertía en rehén de unos gobiernos en última instancia políticamente no responsables, cooptados por unas instituciones no representativas cuyo fracaso o impopularidad no podía dejar de comprometerle. Paradójicamente, pues, la Ley Orgánica franquista condenaba a Don Juan Carlos a una situación de indefensión tal, que las incertidumbres de un futuro cambio de régimen pronto se le antojaron más atractivas que las falsas certezas de la ortodoxia continuista. Así, la propia naturaleza de esa Monarquía sui géneris diseñada por las Leyes Fundamentales de la dictadura, contribuyó de forma decisiva a que el Príncipe se reconvirtiera a la “democracia”. 

El dilema de Juan Carlos, era el haber llegado a tener la certeza de que en el contexto geopolítico de la Unión Europea, la futura Monarquía  no podría ser un régimen de autoridad personal como el de Franco, y que la única legitimidad capaz de sustentar su corona sería la “democrático-parlamentaria. Pero Franco había embrollado las cartas constitucionales de tal forma, que las posibilidades de acción del monarca eran extremadamente difíciles. Las instituciones del régimen, el Consejo del Reino, el Consejo Nacional del Movimiento y las Cortes, se hallaban en manos de franquistas convencidos, y detrás de ellos estaban el ejército y la guardia civil

Por otro lado, existía un apoyo internacional en favor de un proceso de democratización; y en la misa de la coronación el cardenal Enrique y Tarancón había hecho partícipe al rey de las esperanzas populares, cuando le había exhortado a convertirse en "Rey de todos los españoles". [13] Además, cuenta el hecho de que Franco subestimó la importancia en la historia de la legitimidad dinástica, y a pesar de los esfuerzos de su régimen por instaurar una Monarquía propia, su sucesor, aunque lo hubiera querido, no podía dejar de encarnar una institución que hundía sus raíces en un pasado muy anterior a la Guerra Civil. Y aun siendo verdad que la Monarquía jamás se hubiese restaurado de no haber sido por el régimen franquista, tampoco podía pasar por ser una simple continuidad política suya, ajena a la propia esencia dinástica y a su pasado histórico. Como le explicó Don Juan Carlos a un periodista norteamericano en 1970, “soy heredero de Franco, pero también soy heredero de España”, de la única España hasta 1931, la España monárquica, sin duda quiso decir.

Esta filosofía no fue una genial originalidad del Príncipe, sino que adquirió proyección política manifiesta desde 1957, tras la muerte del infante Alfonso [14] —primer candidato a la Corona en la línea sucesoria— cuando el “Opus Dei” y la “Asociación Nacional de Propagandistas Católicos” (ACNP) dieron pábulo años después al “Grupo Tácito”, germen político de la futura UCD, formación que lideró la Transición, al mando del falangista reconvertido a la “democracia”: Adolfo Suárez. [15]   

Hasta ese momento, Franco pensaba que la Falange era la única fuerza política con capacidad para resolver problemas sociales. Después de la guerra civil, los burócratas sindicales de ese movimiento, apoyados por el poder armado de las fuerzas del orden, sirvieron concienzudamente a su jefe disciplinando a la clase trabajadora y a los campesinos a través de los sindicatos corporativos. La adopción de semejantes estructuras políticas por parte del franquismo —a fin de conservar el equilibrio socioeconómico de la España anterior a 1931— llevaban consigo las semillas de su propia destrucción, si bien esto no fue evidente hasta después de 1969. Pero ya antes de la huelga de tranviarios y estudiantes que comenzó el 14 de enero de 1957 en Barcelona, el “generalísimo” empezó a despertar de ese sueño simplista. Como siempre, su más fiel consejero, Carrero Blanco, le ayudaría en 1956 a caer en la cuenta de que el déficit exterior de  387 millones de dólares, pedía una solución urgente que ya no fuera de compromiso.

La alternativa liberal al interior del aparato franquista: El caso “Matesa”

La opción definitiva de Franco quedó clara con el nuevo gobierno nombrado el 25 de febrero, cuando Laureano López Rodó fue entronizado discretamente como secretario general técnico de la Presidencia. [16] El 26 de julio se firmó la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado: era el primer jalón legal de la alternativa económica desarrollista a las leyes fundamentales del franquismo. La infraestructura de la industria pesada que haría posible el desarrollo, estaba a punto por obra de las grandes inversiones de esta década: en septiembre comenzó a funcionar el primer alto horno de Avilés. Pero, en lo político e institucional, todo seguía igual. Este inmovilismo, cada vez más contradictorio con las exigencias de los cambios en la estructura económica del régimen, es lo que el “Grupo Tácito” intentó modificar poniendo en marcha la “Operación Lolita”, más tarde conocida como “Operación Príncipe”.

La crisis política de 1957 estuvo marcada por el fracaso de la reforma institucional patrocinada por José Luis de Arrese [17] , lo que significó el fin definitivo de la Falange Histórica, ante su incapacidad para expresar políticamente la “aufheben” o superación del capitalismo nacional conservado en el capitalismo multinacional español, que comenzó a gestarse una vez acabada la reconstrucción europea durante la  Segunda post Guerra. Desde la crisis gubernamental de 1957, la opción política de la Falange se vio envuelta en un proceso de vaciamiento orgánico por el continuo trasvase de sus miembros hacia el movimiento nacional-católico y tecnocrático del "Opus Dei", que operaría el tránsito del franquismo burocrático-militar-autárquico, al franquismo-burocrático-civil-desarrollista con proyección internacional.

Este proceso se agudizó el 22 de julio de 1969, cuando Franco proclamó sucesor oficial del régimen a Juan Carlos de Borbón y, al día siguiente, el príncipe prestó juramento de lealtad a Franco a los principios del Movimiento y a las leyes fundamentales del Estado. Los falangistas, que habían venido encajando muy malamente el creciente predominio de los tecnócratas del Opus Dei, con su tendencia a debilitar el autarquismo económico del régimen, vieron cómo esta tendencia cobró fuerza desde que el ex falangista, Laureano López Rodó, al frente de la Secretaría Técnica de la Presidencia, lanzó el primer plan de desarrollo nacional auspiciando paralelamente una serie de aventuras inversionistas del “Opus Dei” en el extranjero.

Una de ellas fue la protagonizada por su íntimo amigo, el capitalista Juan Vilá Reyes, al frente de la empresa “Material Textil del Norte de España” (Matesa). Según reporta el periodista César Vidal:

<<El 5 de abril de 1969, los telespectadores españoles asistieron a la consagración mediática de un personaje llamado Juan Vilá Reyes. En el curso del programa de TV, “Ésta es su vida”, presentado por Federico Gallo, Vilá, inventor del telar sin lanzadera Iwer, fue presentado como un verdadero empresario modelo que, a su notable juventud —cuarenta y cuatro años a la sazón— sumaba talento y éxito. Lo que ignoraban los millones de personas que contemplaban el programa, era que tan sólo tres meses antes, el ministro de Hacienda había ordenado una investigación sobre Maquinaria Textil del norte de España (Matesa), la empresa de Vilá Reyes.>> (Op. Cit.: http://revista.libertaddigital.com/articulo.php/1275760023)

La investigación se inició a raíz de la visita a España del ministro argentino de Industria. En el curso de una entrevista con su homólogo español, éste le dio las gracias por haber comprado 1.500 telares Iwer. El argentino, quien restó importancia al hecho, precisó las cifras: tan sólo se habían vendido 120 máquinas; el resto —1.380— se encontraban, como se supo después, en una nave situada en los aledaños de Buenos Aires. La “exportación” se hizo físicamente, porque el producto salió del país, pero aún no tenía comprador. En apariencia, al menos “Matesa” estaba cobrando créditos de ayuda a la exportación por una operación comercial con el exterior que, en realidad, no se había realizado.

Según el mismo relato de César Vidal, el asunto se trató el 12 de agosto de 1969 en el Hotel Finisterre de A Coruña, durante una reunión oficiosa del Consejo de Ministros con la presencia del presidente del gobierno, Luis Carrero Blanco. El por entonces Ministro de Hacienda: Espinosa San Martín, dijo que el saldo deudor de “Matesa” al Banco de Crédito Industrial superaba ya los diez mil millones de pesetas, “una cantidad que, por ejemplo, superaba el presupuesto del Ministerio de Agricultura”.

Después habló Faustino García Moncó, ministro de Comercio y responsable de la exportación, quien señaló la necesidad de recuperar los créditos y señalar responsabilidades. Para ello propuso incautar la empresa. En apariencia, la solución técnica era la más sensata pero Manuel Fraga Iribarne, flamante ministro de Información y Turismo, la desechó señalando que “se trataba de una cuestión exclusivamente política y como tal había que tratarla”, es decir, que la culpa no la tenía el cerdo sino quien la daba de comer: el Opus.

Junto a Vilá Reyes y a López Rodó, los ministros más directamente implicados fueron Faustino García Moncó, Juan José Espinosa San Martín y el gobernador del Banco de España, Mariano Navarro Rubio, todos ellos miembros del Opus Dei. Solís y Fraga, quienes, dentro del falangismo representaban la línea intermedia entre los inmovilistas y los aperturistas, vieron llegado su momento. Fraga permitió que la cadena de publicaciones del Movimiento lanzase una virulenta campaña contra el Opus, con el discreto apoyo de otros grupos igualmente hostiles.

Este caso, sin duda supuso un retroceso político para las aspiraciones reformistas de los tecnócratas nacional-católicos a favor del “bunker” instalado en El Pardo. El triunfo falangista tampoco favoreció los planes de Franco respecto de una transición suave hacia la monarquía de Juan Carlos, al tiempo que Carrero Blanco se sintió molesto por la utilización liberalizadora de los medios que Fraga había hecho del asunto desde el Ministerio de Información en contra del Opus. Franco, que tuvo en cuenta todos estos datos, a fines de octubre ordenó un reajuste ministerial destituyendo a tres ministros del Opus Dei como castigo por el asunto Matesa, pero también se libró de Solís y de Fraga, como castigo por intentar capitalizar políticamente un incidente que había dañado el prestigio del Gobierno. Con todo, los tecnócratas del Opus Dei pudieron conservar sus posiciones en el nuevo Gobierno, donde las figuras dominantes siguieron siendo el almirante Carrero Blanco y Laureano López Rodó.

En cuanto a Carrero, aunque se hallaba estrechamente ligado al Opus Dei y se decía que había persuadido a Franco de que abandone la autarquía dejando probar suerte a los tecnócratas desarrollistas, en lo estrictamente político siguió encarnando la línea dura franquista de los años cuarenta, estrechamente identificado en eso con el propio Caudillo. El primer encargo político de Carrero tras la victoria en la guerra civil, había sido asistir en 1939 a la celebración en Roma del vigésimo aniversario de la fundación del Movimiento fascista italiano. 

El gobierno surgido de esta crisis política estuvo constituido por el poderoso grupo de ministros del Opus Dei, que incorporó a Gregorio López Bravo en Asuntos Exteriores, quien intentó hacer realidad las concesiones de Carrero Blanco a la “modernidad”. Su esquema de un franquismo sin Franco, se basó en la esperanza de que la prosperidad económica debilitara las presiones que respondían a la necesidad —derivada del mismo progreso económico— en el sentido de una liberalización política. En este plan a contramano de la historia, tampoco resultó sorprendente que el nuevo ministro-secretario del movimiento, Torcuato Fernández Miranda [18] , pusiese fin inmediatamente al proyecto liberalizador de Solís de asociaciones políticas, por temor a que dieran lugar a una verdadera proliferación de partidos con significación de masas, que pusiera en evidencia la creciente debilidad política relativa del Movimiento.

El 29 de junio de 1970, López Bravo había conseguido un acuerdo comercial preferencial con la CEE, aunque la plena integración siguiese dependiendo de una liberalización política que el régimen franquista era incapaz de llevar a cabo. La reforma educativa no fue capaz de superar el atraso relativo de la enseñanza superior respecto de las necesidades que la acumulación acelerada de la burguesía española estaba exigiendo: la creación de una universidad de masas destinada a proveer de técnicos, directores de empresa y funcionarios, que el aparato productivo, la circulación de riqueza y los servicios estaban demandando. Este retraso añadió un profundo descontento educativo al descontento político de los estudiantes. Por consiguiente, la agitación universitaria aumentó, al mismo tiempo que los conflictos laborales por aumentos salariales en el punto culminante del ciclo expansivo de los negocios a fines de la década de los sesenta.

De la profundización social de la crisis al atentado contra Carrero

Durante todo el año 1970, el centro de gravedad de la vida social y política española se trasladó súbitamente de los ámbitos cerrados de la conspiración entre elites de una misma clase social, a las calles y fábricas del país, donde la iniciativa de la lucha entre clases pasó momentáneamente a manos  del proletariado. Pese a que las cifras oficiales limitaban el aumento en el IPC a un 6% y fijaban los aumentos salariales en sólo medio punto más, el incremento real del coste de la vida rondaba el 12%. Tal como ahora, el acceso a ciertas mercancías de consumo sirvió para enmascarar carencias fundamentales. El régimen había fracasado en su intento de resolver el problema de la vivienda ante una urbanización acelerada, llenando ese vacío por la especulación inmobiliaria. El mismo fracaso se apuntaba ante una clara insuficiencia educacional. Sin embargo, como quedó de manifiesto a través de una circular oficial del Ministerio de trabajo de 1971, el régimen no estaba dispuesto a hacer ninguna concesión. Según la circular, las situaciones conflictivas debían ser paliadas por medio de detenciones preventivas y de limitaciones a la prensa en sus informes sobre los conflictos laborales.

Ante semejantes condiciones, el año comenzó con huelgas en Asturias, que rápidamente se extendieron a otras áreas del norte, llegando a ser las más preocupantes desde la ola huelguística de 1962. A mediados de enero, los trabajadores implicados en los conflictos de la zona habían llegado a ser más de 30.000. El gobierno se vio obligado a importar carbón para mantener en funcionamiento las industrias del hierro y del acero. Este hecho favoreció la política aperturista de  López Bravo tendente a debilitar las limitaciones ideológicas de los inmovilistas respecto de los “comunistas” del Este de Europa, dado que gran parte de las importaciones debieron venir obligadamente de esos países.

La respuesta del gobierno de Carrero al movimiento obrero fue violenta, poniendo a una mayoría de españoles ante una situación de inseguridad que creyó haber superado para siempre en los años de la inmediata posguerra civil. Las huelgas y el terror policial empleado contra los huelguistas, marcaron los debates sobre la nueva ley sindical. Durante la primavera y los meses previos al receso del verano, la tensión social aumentó considerablemente, alcanzando su punto culminante con las huelgas de la construcción de Granada y las del “Metro” —transporte subterráneo— de Madrid. El 21 de julio, la policía abrió fuego contra 2.000 manifestantes obreros de la construcción, en Granada, matando a tres de  ellos e hiriendo a otros seis. El largo brazo ideológico del Opus había  ganado a las bases sacerdotales de la Iglesia para su apoyo a las reivindicaciones y la lucha de los obreros.

La histérica reacción del Movimiento acusando al clero granadino de haber provocado la huelga, dio pábulo a que, el 28 de julio, el arzobispo de Granada, Benavent Escuín —hasta entonces reputado de conservador— publicara una carta pastoral en la que condenó la brutalidad de la policía y salió en defensa de los sacerdotes obreros que habían sido atacados por los diarios falangistas, exigiendo, además, canales legales e institucionales través de los cuales “los trabajadores pudieran presentar sus reivindicaciones legítimas”.Mientras tanto, La catedral de Granada había servido de santuario para los huelguistas y fue haciéndose común en España el uso de edificios de la Iglesia para fines similares (tales como reuniones obreras y refugio ante los ataques de la policía). Y, finalmente, fueron los violentos ataques de los extremistas de Fuerza Nueva contra los curas, lo que, a su vez, alejó aún más a la Iglesia del régimen:

<<El descontento laboral, del que la huelga de Granada había sido tan sólo un episodio, era reflejo de la fuerza creciente de Comisiones Obreras y de la continua presencia de la HOAC y de la JOC. El 26 de julio, más de cien representantes de las tres organizaciones se habían reunido en un monasterio de Las Rozas para planear una estrategia común. Aunque la reunión fue interrumpida por la policía, que detuvo a algunos de sus líderes, tuvieron tiempo de tomar diversas decisiones respecto de la política a seguir sobre diversos aspectos, entre los que se incluían planes para la coordinación de una jornada nacional de acción.

La atmósfera conflictiva y de inestabilidad se hizo más densa el 29 de julio, cuando, por primera vez desde la guerra civil, el metro madrileño quedó paralizado por una huelga que fue la culminación inesperada de tres meses de discusiones sobre los salarios. Una reunión de urgencia del Gobierno decidió militarizar a 3.800 obreros, lo que significaba que podían ser sometidos a un Tribunal militar por sedición. Los huelguistas no tuvieron otra opción que volver al trabajo.>> http://salman-psl.com/la-transicion/5e.html

Así pues, las huelgas se hicieron aún más enconadas que antes. En septiembre de 1971, durante una huelga en Madrid convocada por los obreros de la construcción, un huelguista, que repartía panfletos, murió de un disparo dado por la guardia civil. Setenta mil trabajadores de la construcción se negaron a volver al trabajo durante cinco días, por solidaridad y en señal de duelo por el muerto. Los obreros del metal de Pamplona y Sevilla se mantuvieron en huelga durante más de un mes. El momento culminante llegó en octubre, en las minas de carbón asturianas y en las fábricas de automóviles de la SEAT, en Barcelona. Ya que ambas empresas eran de propiedad estatal, las huelgas fueron un desafío directo al régimen.

La factoría de SEAT fue ocupada por 7.000 trabajadores como protesta por el encarcelamiento de 23 huelguistas, incluidos nueve enlaces sindicales. El gobernador civil ordenó a la policía que desalojase a los ocupantes, por lo que se produjeron choques sangrientos. Numerosos patronos comenzaron a ver con disgusto la creciente coincidencia entre conflictos laborales y políticos y acabaron por ver en los mecanismos represivos del régimen un obstáculo real para unas relaciones laborales viables.

            La ola de huelgas y paros continuó en 1972. Para reforzar las reivindicaciones de los obreros vascos en huelga, el 19 de enero ETA empleó una táctica espectacular secuestrando al empresario Lorenzo Zabala. Fue liberado tres días después, cuando su empresa, “Precicontrol”, anunció que 183 trabajadores, despedidos por haber ido a la huelga, serían readmitidos y que habría una subida salarial para toda la plantilla de trabajadores. El efecto sobre la imagen popular de ETA fue considerable.

Contra lo que parece dar a entender esta profusión de acontecimientos contestatarios a la dictadura, a juzgar por una encuesta realizada en 1970 sobre el sistema preferido posterior a Franco, la estabilidad del sistema capitalista no estaba corriendo peligro alguno. Según los datos de esta consulta, el 76% de los estudiantes, el 53% de los abogados, el 45% de los empleados, el 43% de los médicos y el 30% de los obreros, se manifestaron partidarios de la República, contra el 0,1, 0,8, 37, 20 y 55% respectivamente, partidarios del continuismo franquista. Sólo el 11,  23, 0,5, 0,8 y 0,5% de esas mismas categorías sociales respectivas preferían a la Monarquía borbónica. [19] En esta encuesta, la eficacia política del PCE, con su divisa tricolor como auxiliar contrarrevolucionario de la burguesía española —desde 1936 hasta la fecha— salta a la vista. [20]

En aquellos días, antes de su degeneración posterior a 1977, ETA gozó de amplia admiración en España y en el extranjero, como instrumento eficaz de la oposición contra una dictadura cada vez más represora. Acciones muy celebradas en toda España, como el secuestro de Zabala y ataques a las fuerzas del orden y a locales de los sindicatos verticales, así como a centros de reunión social y deportiva de la oligarquía financiera, como clubes náuticos y casinos —que fueron dinamitados—, confirmaron la eficacia del frente militar de apoyo al movimiento obrero vasco por parte de ETA. 

En enero de 1973, otro industrial, Félix Huarte, fue secuestrado para apoyar la huelga de los trabajadores en una de sus numerosas empresas. Como ejercicio de propaganda, esta acción difícilmente podía ser superada, puesto que, en esos años, era casi imposible pasearse por las calles de cualquier ciudad española sin ver el nombre de Huarte en los carteles de algún edificio en construcción. Al igual que en el caso de Zabala, los deseados aumentos salariales acabaron siendo concedidos. La debilidad de la patronal y del régimen en esta parte del territorio español era evidente. Pero entre que ETA limitó su accionar a la estrategia burguesa de liberación nacional de Euskal Herría, y que el PCE y el PSOE —lo que es decir tanto como CC.OO. y UGT— estaban en el negocio de la transición gradual, pacíficamente negociada hacia un capitalismo “democrático”.   

                Pero que el régimen se encontrara sitiado en todas partes, no significa que dejara de reaccionar violentamente contra los huelguistas y los activistas vascos. Así pues, en 1973, las operaciones contra ETA se convirtieron en enfrentamientos armados directos entre nutridos contingentes de la guardia civil y pequeños comandos de ETA. Las acciones militares del régimen estaban cada vez más orientadas no tanto al aniquilamiento físico de los militantes de ETA, como a intimidar a la población vasca. No sólo se usaban amplios poderes para la campaña antiterrorista, sino a detener e interrogar indiscriminadamente a la población. Con evidente aquiescencia oficial, los comandos de acción de extrema derecha pronto empezaron a realizar ataques con bombas y metralletas contra las casas de los nacionalistas vascos más prominentes. Así se crearon las condiciones que harían que los problemas del país Vasco envenenasen la vida política española en los años 70.

Esta situación recrudeció desde fines de 1974 en adelante. Los peores enfrentamientos parecían ser, por el momento, con obreros y estudiantes. En marzo de 1972, una huelga en la empresa estatal Bazán de construcciones navales con sede en El Ferrol, fue dominada con tanta brutalidad por la policía que acabó en motín en el centro de la ciudad, en el que dos manifestantes fueron muertos. A esta le siguieron huelgas de solidaridad y manifestaciones en todo el norte de España. Peores aún fueron los choques entre la policía y los estudiantes: entre el 6 y el 8 de enero de 1972, más de cincuenta personas resultaron heridas durante enfrentamientos en la Universidad de Madrid. Tras los disturbios del verano, la Facultad de Medicina de Madrid quedó clausurada por cinco meses y la Universidad de Valladolid fue escenario de manifestaciones particularmente violentas. Esto llevó a elementos duros, al Ministerio de Educación, como primer paso en la purga de profesores y estudiantes subversivos en las universidades. Pero esto no sirvió para detener las manifestaciones de descontento de los estudiantes, y el primer cuatrimestre de 1973 la Universidad vivió enfrentamientos aún más violentos que recrudecieron a lo largo de todo ese año.

El gobierno de Carrero no había encontrado ninguna solución al descontento social y político o a la hostilidad cada vez más fuerte entre aperturistas e inmovilistas. Los reformistas estaban convencidos de que la supervivencia del régimen dependía de la liberación y del desarrollo de las asociaciones políticas. Los de la línea dura preferían retirarse al búnker.

El discurso de Franco en la Navidad de 1972 pareció dar ánimos a los aperturistas, al hablar, como lo hizo, legitimando la disparidad de ideas y tendencias. Con gran irritación del búnker, incluso Carrero pareció tomar el mismo camino. El 1 de marzo se dirigió al Consejo General del Movimiento y pidió medidas para ampliar la participación del pueblo español en la vida política. En opinión del búnker, ese lenguaje liberalizador era responsable del colapso de la estabilidad sociopolítica del país. A primeros de abril se produjeron huelgas masivas de solidaridad en toda Barcelona, cuando un huelguista fue muerto por la policía en San Adrián de Besós. La ultraderecha estaba decidida a detener la inevitable descomposición de la “democracia orgánica”.

                Su oportunidad llegó el 1 de mayo. Durante las tradicionales manifestaciones de la clase trabajadora en Madrid, un inspector de la policía secreta, Juan Antonio Fernández Gutiérrez, murió apuñalado por un miembro del ultraizquierdista burgués FRAP (Frente Antiimperialista Revolucionario Popular) sin influencia en el movimiento de masas. En el enfrentamiento fueron heridos, asimismo, otros dos policías secretos. Años después se reveló que el FRAP estaba infestado de agentes provocadores de la policía. Pero, en aquel momento, esa organización reformista armada proporcionó una excusa perfecta para que los duros del régimen emprendieran una ofensiva a gran escala.

Se practicaron detenciones y torturas generalizadas de izquierdistas de todos los grupos del espectro político. Sin embargo, los acontecimientos más significativos se produjeron durante el funeral de Fernández Gutiérrez. A él asistieron Carrero y el ministro de Gobernación, Tomás Garicano Goñi. [21] El cortejo fúnebre fue encabezado por el general Iniesta Cano, de la guardia Civil. Los miembros de las fuerzas policiales se manifestaron y exigieron medidas represivas. Unos 3.000 ex combatientes falangistas pidieron venganza. Sus proclamas defendían la actividad del ultra neo-nazi y exigían que se acabase a tiros con los arzobispos rojos. El asunto, que era prácticamente un motín policial, fue tolerado, lo que sugería que los manifestantes y sus aspiraciones gozaban de la comprensión de círculos elevados. La aparente apertura fue cerrada de un portazo.

Presintiendo la victoria, los ultras aumentaron la presión. El gabinete declaró su compromiso de mantener el orden público y aumentar el número de policías y sus recursos. Pero esto no bastaba. Los ultras intentaron convencer a Franco de que el Gobierno había fracasado en su cometido de mantener el orden. Así, el 8 de junio, Carrero fue nombrado presidente del Consejo de ministros y el 11 anunció la formación de un nuevo gobierno duro.

Los ministros acusados de debilidad y liberalismo fueron destituidos. El nuevo gobierno era un gobierno de carácter defensivo. Los tecnócratas quedaron fuera de juego y los que no, debieron abandonar su liberalismo. La ampliación de los poderes de Carrero indicaba que se preparaba una operación de control para cubrir la sucesión, donde el incremento de las actividades de los ultras tendría un carácter auxiliar del aparato represivo oficial.

La más significativa concesión a la extrema derecha, fue la sustitución de Tomás Garicano Goñi por Carlos Arias Navarro, ex director general de Seguridad. El ministro secretario general del Movimiento, Torcuato Fernández Miranda, se convirtió en vicepresidente del Consejo de ministros, y el rutilante López Bravo fue cesado. Era un equipo destinado a sofocar las reformas aperturistas. “En el barco a medio naufragar del franquismo, la tripulación no podía pensar en ninguna otra táctica mejor que la de ponerse equipos de buceo”.

Tras los sucesos del verano, las luchas sociales entraron en un breve período de reflujo, tanto en las universidades como en las fábricas. Pero en noviembre el Gobierno aprobó una serie de medidas de estabilización como respuesta a la creciente inflación. Casi inmediatamente se produjeron huelgas en Asturias y en las industrias siderúrgicas del país Vasco. La burguesía textil catalana sufrió también conflictos laborales y se produjeron huelgas incluso en ciudades habitualmente tranquilas como Zaragoza, Valladolid y Alcoy. Dado que los trabajadores necesitaban cada vez más dos trabajos —o al menos numerosas horas extraordinarias— para cubrir sus necesidades, la conflictividad social pasó a ser el mayor problema que debió enfrentar el gobierno de Carrero Blanco. La crisis de la energía estaba a la vista, y para un país tan dependiente de las importaciones de crudo y gas como España, era inevitable la recesión y, con ella, los nuevos problemas laborales. La única respuesta que el Gobierno se sintió capaz de dar, fue la represión, tal y como se vio en la preparación del proceso 1.001, un juicio ejemplarizante contra diez miembros de CC.OO. acusados de asociación ilícita, donde se demostró que el gobierno estaba decidido a eliminar a los sindicatos clandestinos.

El juicio se celebró en una atmósfera de terror, en la que los acusados y sus defensores sufrieron, incluso, amenazas de linchamiento, dado que quince minutos antes de la hora en que debía comenzar el juicio, se supo la noticia de que Carrero Blanco había muerto en un atentado perpetrado por ETA: una bomba colocada bajo el suelo de la calle por la que el general iba a pasar, hizo saltar por los aires al automóvil donde viajaba, que voló a más de treinta metros de altura por encima de la fachada de la iglesia hasta caer sobre el patio interior de un convento de Jesuitas.

El pánico se extendió de golpe por los círculos oficiales. Gracias a su atentado, ETA parecía haber desbaratado los planes del régimen, tan minuciosamente trazados. La operación estuvo dirigida a profundizar las divisiones entre las fuerzas del régimen, como indicó claramente el comunicado de ETA en el que asumió la responsabilidad por la muerte de Carrero:

<<Luis Carrero Blanco, hombre duro y violento en sus actitudes represivas, era la clave que garantizaba la estabilidad y continuidad del sistema franquista. Es seguro que sin él las tensiones en el Gobierno entre la Falange y el Opus Dei se intensificarán.>>

En realidad, no parece probable que Carrero hubiese sido capaz de impedir, a la larga, el choque entre los partidarios de seguir manteniendo el proceso de acumulación del capital nacional en el cepo de un régimen político fiscalizador y paternalista, y los que pretendían liberarlo extendiéndolo al espacio europeo y mundial, donde los intereses económicos de la sociedad civil burguesa dejaran de ser esclavos del Estado ponerlo a su servicio, tal como Marx lo había previsto en su “Crítica de la filosofía hegeliana del derecho estatal” (1843), previsión que vio confirmada por el resultado de sus análisis sobre la revolución francesa expuestos en “Las luchas de clases en Francia” y “El 18 Brumario de Luis Bonaparte”. El atentado de ETA, aun cuando contradictoriamente fortaleció la tendencia política del “bunker”, no hizo más que precipitar el desenlace de esa diferencia de intereses en el sentido del cumplimiento de la previsión científica del Materialismo Histórico —en cuanto a la dialéctica entre estructura económica y superestructura política dominada por el “bunker”— que Engels explicó en general magistralmente polemizando con Herrn Eugen Dühring en 1878:

<<Pero cuando (...) el poder estatal interno de un país entra en contraposición con su desarrollo económico —como ha ocurrido hasta ahora, alcanzado cierto estadio, con todo poder político— la lucha ha terminado siempre con la caída del poder político.  Sin excepciones e inflexiblemente, la evolución económica se ha abierto camino.>> (F. Engels: “Anti Dühring” Sección II Cap. IV)

Reforma pactada del régimen Vs. ruptura democrática

En efecto, la desaparición de Carrero se produjo en el contexto de la crisis general por sobreacumulación de capital agravada ante el aumento en los precios del petróleo en medio del conflicto árabe-israelí agudizado tras la guerra del “Yom Kipur” o “guerra de los seis días”, [22] cuyos efectos recayeron de manera indiscriminada sobre el costo de vida, provocando un descenso significativo en la capacidad adquisitiva de la clase asalariada, con el consiguiente aumento de contestación social que favoreció la militancia política antifranquista. En el primer trimestre de 1974, los precios de la electricidad subieron un 15 por 100, los del petróleo un 70 por 100, los del gas butano un 60 por 100 y los transportes un 33 por 100. A ese clima económico potencialmente explosivo se sumó la derrota de Fanfani en el referéndum sobre el divorcio en Italia, la caída del régimen de los coroneles griegos y, poco después, en abril de 1974, la revolución portuguesa de “los claveles”.

Esta realidad contribuyó a endurecer ulteriormente el inmovilismo del búnker, proceso que se intensificó debido a las numerosas figuras del régimen, de mente más abierta, que consideraban había llegado ya el momento de abrirse a la izquierda, situación ante la cual, es natural que Franco reaccionara empezando por promocionar a un duro como Arias Navarro a la cabeza del Ministerio de Gobernación, saltando por encima del reformista Torcuato Fernández Miranda, quien hasta entonces se había venido desempeñando como segundo de Carrero. Arias Navarro conservó a ocho ministros de Carrero Blanco, entre ellos Fraga, Areilza, Osorio pero destituyó en cadena a todo el equipo aperturista del Opus, como Gregorio López Bravo, José María López de Letona, Gonzalo Fernández de la Mora y Torcuato Fernández Miranda (todos ellos regresaron con la subida al trono de Juan Carlos), nombrando en su lugar a burócratas falangistas de la línea dura.

En esos momentos la opción de izquierda burguesa al régimen franquista basculaba políticamente entre dos alternativas: ruptura democrática político-institucional con él —lo que suponía reinstaurar la república—, o reforma del régimen. Los partidarios de la ruptura se agruparon en torno a la autodenominada “Junta Democrática”, creada en julio de 1974, integrada por el Partido Comunista de España (PCE), Comisiones Obreras, el Partido Socialista Popular (PSP) de Tierno Galván, el Partido Carlista y el Partido del Trabajo de España (PTE), con Calvo Serer, Antonio Trevijano y otros a la cabeza.

Por otro lado, se creó la autodenominada “Plataforma de Convergencia Democrática”, que se aglutinada en torno al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), a los democristianos de “izquierda” liderados por el ex franquista Joaquín Ruiz Jiménez, el Movimiento Comunista, la Organización Revolucionaria de Trabajadores y la Unión socialdemócrata Española, todos ellos proclives a la reforma. Dicho de otro modo: los primeros querían romper con el franquismo desde dentro del sistema capitalista; los segundos pretendían reformar el franquismo, reconvertirlo gradualmente a la democracia burguesa, disolverlo en la “democracia”.

En síntesis, ambas fracciones proponían, con matices políticos y tácticas distintas, un mismo objetivo en términos de clase. Por decirlo en términos de la “Junta”: la no continuidad del régimen político-institucional franquista (sus leyes fundamentales y su Movimiento) salvaguardando la continuidad del Estado burgués. En definitiva, la sustitución pacífica (y por tanto negociada) del fascismo jurídico y político-institucional, por un régimen democrático representativo, es decir, sin tocar un pelo de las instituciones esenciales del Estado franquista (Fuerzas Armadas, policía, aparatos judiciales y administrativos, etc.) y, por tanto, dejando intangibles los intereses generales de clase que ese Estado representaba y defendía: los de la burguesía en su conjunto, incluida su fracción oligárquica en contubernio estratégico con el imperialismo norteamericano.

La diferencia entre ellos radicaba esencialmente en que, mientras la táctica de la “Junta Democrática” pasaba por la consulta al pueblo español sobre el modelo de gobierno alternativo: República o Monarquía, la “Plataforma de Convergencia Democrática” reflejaba la táctica del tandem formado por Torcuato Fernández Miranda y Juan Carlos de Borbón —en acuerdo con los burócratas burgueses internacionales de la “Trilateral” y la OTAN— en cuanto a mantener en todo momento el timón del proceso en la línea de sucesión franquista, con arreglo a desembocar en la Monarquía parlamentaria, evitando que se repitiese la experiencia portuguesa de la “revolución de los claveles”. [23]   

Estas dos organizaciones pluripartidistas aparecieron o empezaron a gestarse inmediatamente después de que Franco enfermara de flebitis y fuera ingresado en un hospital, el 9 de julio de 1974, cuando las esperanzas de liberalización política parecieron reanimarse por breve tiempo. El 19 Franco delegó poderes, provisionalmente, en el Príncipe. Pero el 30 abandonó el hospital, y sin perder tiempo reasumió sus poderes. El 2 de septiembre se dio por finalizado el período de aprendizaje del Príncipe. El principal efecto del episodio, fue que aceleró la marcha hacia una más amplia unidad de la izquierda. Hay que tener en cuanta que ya el 30 de julio, el Partido Comunista había respondido a la noticia de la enfermedad de Franco, creando la “Junta Democrática”. 

Para contrarrestar esta iniciativa de los “rojos”, Arias Navarro anunció el 10 de septiembre que estaba decidido a legalizar determinadas asociaciones políticas para antes de enero de 1975, excepto el PCE, dado que la ley exigía el reconocimiento del régimen. Tres días después un comando de ETA llevó a cabo un atentado con bombas contra la cafetería madrileña “Rolando”, un lugar frecuentado por policías; entre los once muertos y más de setenta heridos había varios miembros de este cuerpo. Inmediatamente se desencadenó una redada de izquierdistas y simpatizantes de los activistas, al tiempo que los inmovilistas del régimen llevaban a cabo una feroz ofensiva hacia el interior del Movimiento falangista y el gobierno que desbarató el plan tibiamente aperturista de Arias Navarro.

Cada vez más convencidos de la necesidad histórica del giro de la vida política española hacia el centro, y ante la imposibilidad de llevarlo a cabo desde dentro del régimen, numerosos elementos del “Opus Dei” abandonaron sus responsabilidades de gobierno. La destitución de Pío Cabanillas al frente del Ministerio de Información, y la renuncia del subsecretario de este organismo, Marcelino Oreja, así como del director general de RTVE, Juan José Rosón, fue seguida por la dimisión masiva de protesta por parte de altos funcionarios democristianos del régimen, pertenecientes al grupo “Tácito”. Aún más significativas fueron las dimisiones del presidente de la sucursal de la ITT, un excelente barómetro de opinión tanto para España como para el mundo de las empresas multinacionales. Los éxitos del búnker al interior del régimen no sólo vaciaban socialmente sus instituciones partidarias y gubernamentales, sino que, al mismo tiempo, aceleraban en su exterior el proceso por el cual amplios sectores de la oligarquía española comenzaban ya a imitar a la oposición en sus demandas de democratización.

Durante ese año de 1974, se llevaron a cabo reuniones prácticamente públicas entre prominentes industriales y financieros, por un lado, y personalidades de la oposición tolerada, por otro. Entre las más célebres están las que tuvieron lugar en el hotel Ritz, de Barcelona y en casa de Joaquín Garrigues en Aravaca (Madrid). Garrigues era una de las más significativas figuras del capitalismo español; en varias ocasiones había sido representante de diversas corporaciones multinacionales, y no ocultaba su convicción de que la liberalización política de España debía ser un riesgo que había que correr con el fin de evitar una confrontación catastrófica. Así que dimitió de sus numerosos cargos de director de empresas para dedicarse a la creación de un partido político.

Por su parte, ante la imposibilidad de consolidarse en torno a un centro político estable, la “derecha civilizada” se vio arrastrada hacia la unidad con la izquierda más aperturista del régimen liderada por el Grupo Tácito, espacio hacia donde también gravitaban cada vez más atropelladamente el PCE y el PSOE, en mutua competencia por ocupar la extrema izquierda político-institucional de la futura Monarquía parlamentaria.

            A todo esto, el régimen progresaba en su tendencia dominante hacia su disolución en una “democracia” tutelada, tironeado desde los dos polos dialécticos del Movimiento. En febrero, Licino de la Fuente dimitió, frustrado, cuando el búnker bloqueó las leyes que permitirían un derecho de huelga limitado. [24] Arias Navarro respondió relanzando sus esfuerzos aperturistas, incluso a costa de tener fricciones con Franco. Destituyó a Antonio Izquierdo, director de “Arriba”, uno de los bastiones de la oposición del búnker a la reforma. El 4 de marzo anunció la recomposición del Gobierno, lo que indicaba su deseo de romper el poderío de los ultras enrocados en el “bunker”. El ministro de Justicia, Francisco Ruiz Jarabo, íntimo aliado del falangista José Antonio Girón, fue sustituido por el algo más liberal José María Sánchez Ventura. Más significativa todavía fue la sustitución del ministro secretario general del Movimiento, José Utrera Molina[25] —uno de los canales a través de los cuales el búnker influía sobre Franco—, por el más reformista Fernando Herrero Tejedor. Muerto este último a mediados de junio en un accidente de carretera, el optimismo disminuyó. Herrero, la gran esperanza de Arias, fue sustituido por Solís. Sin embargo, la muerte de aquél ayudó a situar en primer plano a su protegido, Adolfo Suárez. De cualquier modo, las actividades de Arias llegaban demasiado tarde. Eran cada vez más numerosos los ex franquistas duros que ahora deseaban el cambio, hasta tal punto que, el 20 de mayo, Luis María Ansón escribía en ABC:

 <<Las ratas están abandonando el barco del régimen (...). La cobardía de la clase gobernante española es realmente vergonzosa (...), ya se ha llegado al sálvese quien pueda, a la rendición incondicional>> (Op. Cit.)

Mientras esto sucedía en la cúspide de la superestructura política franquista, en su base bandas terroristas de extrema derecha atacaban a abogados y a sacerdotes izquierdistas y liberales, a librerías y a militantes obreros. Esto radicalizó la postura crítica de la iglesia. En una declaración de la comisión de Justicia y Paz, del 26 de mayo, exigió el fin de la actuación indiscriminada de la policía, y que las autoridades tomasen medidas contra la actividad de los grupos de choque ultraderechistas. Pero la militancia laboral seguía en aumento. El 25 de abril se estableció el estado de excepción en Vizcaya y Guipúzcoa, y se lanzó una vasta operación de terror policial contra la población de esas provincias. Las detenciones al azar, los encarcelamientos, las torturas por parte de lo que, en la práctica, era un ejército de ocupación formado por guardias civiles y policías armados, se vieron complementadas por las agresiones de los guerrilleros de Cristo Rey. El 26 de agosto, el Gobierno aprobó una durísima ley antiterrorista que dejaba a la extrema izquierda burguesa expuesta a la acción draconiana de la policía.

A lo largo de 1975 se reforzó la censura una vez más y numerosas ediciones de diarios y semanarios, incluidos “Triunfo” y “Cambio 16”, fueron secuestradas. La Ley Antiterrorista había extendido a toda España su legislación, que antes se aplicaba sólo al país Vasco. A tres activistas vascos, ya condenados a muerte, se unieron, el 12 de septiembre, tres miembros del FRAP. A esa lista se añadieron posteriormente, el 18 de septiembre, otros cinco miembros del FRAP también condenados a muerte. El 26 de septiembre, Franco presidió el Consejo de Ministros para discutir la posible suspensión de las ejecuciones de las once personas condenadas, dos de las cuales eran mujeres embarazadas. Finalmente, las mujeres y cuatro de los hombres fueron perdonados, pero los otros cinco vieron confirmadas sus sentencias.

Las ejecuciones tuvieron lugar el 27 de septiembre, en medio de una oleada de repulsas nacionales e internacionales. Trece países retiraron a sus embajadores de España. Ante la represión desatada por los dirigentes de un régimen ya totalmente desprestigiado desde los últimos momentos de la vida de Franco, una mezcla de miedo cada vez más doblegado por el odio y la propensión al combate, se apoderó de las minorías populares políticamente más sensibles y decididas, energía revolucionaria que el PCE dilapidó usándola como medio de pago a cambio de un sitio en las nuevas instituciones de Estado postfranquistas, cuyo principal beneficiario político, a la postre fue, naturalmente el PSOE.    

El republicanismo del PCE y PSOE:
su función política regeneradora del capitalismo ante la crisis agónica terminal del franquismo.

Para comprender este proceso de cambio en el liderazgo de la izquierda burguesa, por el cual las luchas antifranquistas pudieron finalmente sublimarse pasando del estado sólido al estado gaseoso, es necesario retroceder brevemente a fines de la década de los sesenta, cuando el franquismo daba las primeras muestras de agotamiento. En ese entonces, el partido más poderoso e influyente de la izquierda burguesa en el movimiento obrero de España, era sin lugar a dudas el PCE.

En la conciencia republicana —y, por tanto, contrarrevolucionaria— de las capas obreras y pequeñoburguesas más amplias del PCE —educadas en ese tópico desde que sus direcciones políticas adoptaron las posiciones del VI Congreso de la Comintern en 1935— se consideraba que, durante la guerra civil, esta formación política de cuño stalinista había sido “ferozmente anticapitalista” por el simple hecho de haberse opuesto a la forma dictatorial de gobierno burgués encarnada en el franquismo, del mismo modo que los fascistas del “bunker” se consideraban a sí mismos “ferozmente anticomunistas” por el simple hecho de haber combatido la forma democrático-burguesa de gobierno que supone la República. Un doble mal entendido ideológico pequeñoburgués, del que la burguesía propiamente dicha sacó todo el jugo político posible a expensas del verdadero comunismo, ausente de la conciencia obrera durante todo ese período. Una vez acabada la guerra, ese doble malentendido perdió por completo su razón de ser y todo fue cuestión de unificar a España en torno al bien entendido prejuicio de que todos somos “ciudadanos”. Por tanto, se trataba de abandonar los extremos para confluir en el centro político del sistema, de modo que ni fascismo ni República, sino Monarquía parlamentaria. Según reporta Javier Ortiz en: “Tal fuimos, tal somos”. [26] :

<<…allá por los sesenta, tuvo un primer acceso de sensatez y comprendió que era imprescindible cauterizar las heridas de la contienda fratricida, a lo que contribuyó decisivamente con la política llamada de "reconciliación nacional", y que luego, a la altura de la transición, volvió a tener un comportamiento ejemplar, ayudando a que pudiera pasarse del franquismo a la democracia sin traumas ni violencias.>>
(Op.cit) http://www.javierortiz.net/ortizestevez/Conferencias/talfuimos.html

En esos mismos momentos de “sensatez” política —que Ortiz parece atribuir laudablemente al PCE— el PSOE “apenas existía”. Tras la derrota de la izquierda burguesa republicana a manos de los sediciosos franquistas, fueron ellos los únicos de esa izquierda que hicieron bueno aquello de que la historia oficial de los vencedores es la moral de los vencidos, demostrando ser unos perfectos hijos del franquismo, dedicados a devorar en total silencio los restos ideológicos putrefactos de la socialdemocracia que el régimen dejó esparcidos por las calles de España, tal como los grandes felinos dejan el resto de sus presas para sustento de los carroñeros. Habiendo desarrollado ese instinto político necrófilo de todo pragmatismo de medio pelo, su especial capacidad olfativa hacia lo que comienza a descomponerse fue la que les indujo a rondar el espíritu objetivo agonizante del franquismo, para ser ellos los primeros en rapiñar la mayor parte de lo que el liberalismo económico gran burgués decidiera participarle de su banquete a la representación política de la pequeñoburguesía, como así ocurrió. El Congreso de Suresnes —celebrado en 1974— fue el resultado de la capacidad olfativa de ese grupo de necrófilos políticos en proceso de metamorfosis liberal encubierta. En palabras de Ortiz, ese

<<...grupo de jóvenes ambiciosos, procedentes en su casi totalidad de formaciones políticas hostiles a la Internacional Socialista, (que) , se hizo con el control de las siglas del PSOE, relegando a quienes fueron hasta entonces sus depositarios, con la excepción de Nicolás Redondo, que cumplió en aquella conquista la función del caballo de Troya.>> [27] ( Ibíd. Lo entre paréntesis es nuestro)  

Ortiz se pregunta por qué aquellos jóvenes pusieron tanto empeño en hacerse con las siglas del PSOE. Y contesta:

<<No pudo ser, desde luego, por el capital de prestigio político que esas siglas les aportaban: a la sazón, el PSOE era un perfecto desconocido en la lucha antifranquista práctica. Tampoco porque ello pusiera en sus manos una fuerza militante de importancia: los miembros del PSOE eran un puñado en toda España, muchos de avanzada edad, y vivían en una inactividad política casi total. Lo único interesante que les aportaba encaramarse a la dirección del Partido Socialista Obrero Español era, lisa y llanamente, que con eso se les abrían las puertas de la Internacional Socialista. Lo que quería decir dos cosas que habrían de ser fundamentales algunos años después: la primera, que podían contar con una financiación ilimitada; la segunda, que iban a gozar de un acreditado respaldo internacional, incluido el de varios poderosos gobiernos de la Europa occidental.>> (Ibíd)

Mientras Franco agonizaba, el PSOE todavía no pasaba de ser un nutrido grupo de intelectuales arribistas con ínfulas de dirigentes sin apenas base social que dirigir; un barco político con mucha proa y poca popa. Cualquier grupúsculo burgués de izquierda contaba con diez veces más afiliados que ése. No obstante, a los ojos de las capas intelectuales de extracción obrera recién salidas de la primera Universidad de masas —hastiadas del franquismo pero hechas por el PCE a la estupidez política de la “democracia” republicana, sin más vocación de poder que pasar a ser representadas por una “clase política” burguesa ilustrada— el PSOE se presentaba ante ellas tocado con una aureola de respetabilidad internacional que les resultaba tanto o más atractiva. Convertirse en verdaderos pusilánimes políticos con ideas antifranquistas, interesados en hacer de la militancia un cómodo medio de vida sin arriesgar ni un palmo en momentos que hacer oposición consecuente al régimen podía pagarse con la cárcel. Eso es lo que ofrecía el PSOE a la intelectualidad obrera y por eso fueron nutriendo sus filas, porque Felipe González y compañía no necesitaban para nada militantes que expusieran su libertad y hasta sus propias vidas engrosando manifestaciones callejeras y organizando huelgas. Lo que querían eran cuadros, futuros burócratas políticos que supieran recorrer la transición montados sobre la ola de los movimientos de masa de magnitud, para que, cuando hiciera falta, pudieran capitalizar todo eso comicialmente y acabar realizando todos los sueños políticos y económicos de sus vidas, convertidos en directores generales, secretarios de Estado, ministros o presidentes de gobierno. Y gracias a la claudicación política del PCE, de eso tuvieron mucho, y lo tuvieron pronto:

<<De hecho, mientras en los primeros setenta los demás partidos políticos se empeñaban en consolidar sus organizaciones, en captar militantes y en llevarlos a la lucha contra el franquismo, el PSOE de González y Múgica —que entonces tenía mucha más importancia que ahora, dadas sus excelentes relaciones con la socialdemocracia alemana y sueca— se dedicaba sobre todo a las relaciones exteriores. Otros iban captando militantes; ellos captaban amigos importantes (Willy Brandt, Olof Palme)..., y fondos. En el interior, se limitaban a presentar esos pasaportes internacionales para ser admitidos en las conspiraciones que se celebraban por las alturas. Lo magro de su afiliación les importaba bien poco. Ésa es una de las razones que explica que ninguno de los actuales dirigentes del PSOE llegara a pisar nunca la cárcel (lo hizo Múgica, pero cuando todavía militaba en el PCE).>> (Ibíd)

La noche del 27 al 28 de octubre de 1975, Franco sufrió una nueva recaída y el Gobierno se convenció de que el “generalísimo” no superaría esta prueba, disponiendo que “en el momento de conocerse la noticia del fallecimiento de S.E. el jefe del Estado, dispondrá izar la bandera nacional a media asta en todos los edificios oficiales.” Mientras tanto, don Juan, que se encontraba en Lausana, guardaba un discreto silencio, aunque su punto de vista era que no renunciaba a su calidad de pretendiente al trono más que si su hijo, el príncipe Juan Carlos, se pronunciaba claramente por una monarquía constitucional y un régimen "democrático".

El problema para el futuro rey, era que debía optar entre dos sucesiones, la de Franco, que le vinculaba al movimiento y la dinástica, encarnada por su padre, don Juan, enfrentados como estaban el dictador y el conde de Barcelona con su profesión de fe liberal demócrata confesa. Así las cosas, la figura del Príncipe como sucesor del Régimen, desde 1969, provocaba el rechazo en las filas de la oposición burguesa, especialmente de la izquierda, que se reclamaba heredera de la República o, en los círculos monárquicos, a favor de don Juan.

Por esas fechas, Santiago Carrillo, en su calidad de burócrata máximo a cargo del PCE, ya había optado por abandonar el proyecto político de la República democrática bajo la hegemonía social de la burguesía industrial media y pequeña, para hipotecar la lucha del frente popular contra el franquismo a la opción de la Monarquía parlamentaria bajo la hegemonía social de la oligarquía del capitalismo financiero o fusión entre la gran banca y los oligopolios industriales y comerciales. Pero ante la indefinición del príncipe heredero, quien evidenciaba en ese momento seguir cautivo de las leyes fundamentales del Movimiento Falangista, Carrillo declaraba al semanario "Times", que:

<<…todas las estructuras del franquismo, incluido Juan Carlos, deberán desaparecer, (y que) si el pueblo español se decide por una monarquía, entonces el rey será don Juan>>.

Ya el 10 de octubre, Carrillo había declarado a la periodista italiana Oriana Fallaci que:

<<…el Príncipe es una marioneta que Franco manipula como quiere.>>

¿Qué hará la Junta si Juan Carlos asume la sucesión?", se le había preguntado a Carrillo, en una rueda de prensa en París de la “Junta Democrática”, a lo que contestó:

<<El pueblo tomará la calle para exigir amnistía. Los trabajadores tomarán los sindicatos. Los partidos políticos saldrán a la superficie sin esperar una ley que les autorice. El PCE está preparado para abrir sedes por todas partes. Nadie se podrá oponer.>> Cfr.: (http://www.lavanguardia.es/cgi-bin/noticialvd.pl?noticia=guardia281000&seccion=temas)

En la “Junta Democrática”, García Trevijano llegó a apostar por la restauración del conde de Barcelona buscando enfrentar al padre con el hijo. La célebre frase de Vilallonga, Juan Carlos "el Breve", en 1975 era una creencia generalizada.

Cuando Franco murió, el 20 de noviembre de ese año, fue ya imposible ocultar la crisis del régimen. [28] Desde los primeros momentos de su fatal enfermedad, en octubre, hasta el traspaso de la Jefatura del Estado a Juan Carlos, a fines de ese mes, las acciones subieron bastante en la Bolsa de Madrid. En otras palabras, la solución inmovilista del franquismo sin Franco había muerto con Carrero, y la solución aperturista/continuista de Arias había quedado destruida por las maquinaciones del búnker y los asalariados en lucha carentes de alternativa propia, aprisionados como permanecían alternativamente en el cepo ideológico y político del “pacto por las libertades” del PCE o en la táctica más moderada del PSOE. Ante tales condiciones de obsolescencia política de las estructuras del régimen, la oposición democrática y una parte de la oligarquía económica —el gran capital nacional que había progresado al amparo del régimen—, acabaron coincidiendo en el interés estratégico por el recambio burgués bajo la formula de poder de la Monarquía parlamentaria.

Se confirmaba, así, que la intelectualidad política española estaba vendida al capital, ETA a la burguesía vasca que buscaba emanciparse del Estado Español, los dirigentes del PCE y del PSOE a la burguesía centralista española —incluido el Frente Revolucionario Antiimperialista Popular (FRAP)— enarbolando la bandera tricolor de la doblemente anacrónica lucha por la República, tópico que Carrillo y su camarilla al frente del PCE habían incluso lastrado hace mucho tiempo —como hemos dicho ya, desde la década de los sesenta— para elevarse con el globo del “comunismo” hacia las más altas esferas institucionales del Estado burgués-monárquico.

Y una vez más, se demostró que el instinto de clase asalariada tiene su límite absoluto en la ausencia de una alternativa política revolucionaria orgánicamente expresada. ¿Por qué faltó esa alternativa en la España de la década de los setenta? Por la misma razón que faltó en la década de los treinta. Porque los burócratas del P.C.E. y Comisiones Obreras permanecieron escondidos bajo el ala política pequeñoburguesa del sistema, en este caso de la Iglesia a instancias del Opus, y luego del PSOE, adaptando su discurso y acción política al frente único “democrático” junto a los falangistas reciclados dentro del Movimiento fascista en proceso de autoreforma liberal, convirtiendo las luchas obreras en moneda de curso legal a cambio de un lugar al sol en las instituciones políticas “democráticas” de la futura monarquía parlamentaria, que es donde siguen hoy día: mamando la teta de la Tesorería General. Esta tendencia se iría a reforzar con la fusión entre la “Junta” y la “Plataforma” para crear la “Platajunta” llamada “Plataforma de Organizaciones Democráticas” en marzo de 1976.

En este nuevo organismo unitario, el PCE, el PTE y otros partidos de la ultra izquierda burguesa, perdieron influencia en favor del PSOE que, a partir de ese momento, dirigió el proceso de reforma política, negociando con los herederos del régimen franquista la no exigencia de un gobierno provisional ni responsabilidades por los crímenes cometidos por los franquistas. Ante semejante claudicación de sus dirigentes políticos, el movimiento obrero español, en su carácter de mayoría absoluta de la sociedad, puso de manifiesto su incapacidad para transformar sus luchas económicas y políticas defensivas, en ofensiva política que desembocara en un doble poder revolucionario, cuyo desenlace, a mediano plazo, no podía ser otro que el de operar el efecto demostración liderando la lucha por el derrocamiento del capitalismo y de todo el orden jurídico y político burgués en Europa. Haber impedido este proceso que por entonces estaba en la lógica objetiva del capital sobre la geografía de esta parte del Mundo, tal es el mérito político del oportunismo contrarrevolucionario consustancial a la intelectualidad burguesa de izquierdas. Siempre dispuesta a poner el hombro en el lugar adecuado de cada crisis del capitalismo, para evitar que el tinglado burgués de explotar trabajo ajeno se pueda venir abajo. [29]

El principio activo universal de esta búsqueda por la supervivencia de la burguesía española en la década de los setenta del siglo pasado, aparece resumido en el pasaje de nuestro trabajo sobre “El caso Pinochet”, donde explicamos la naturaleza de clase de la “democracia” como forma de gobierno más idónea a los fines objetivos de la aceleración de la acumulación y la centralización de los capitales [30] :

Tal como lo muestra Berlanga en "La escopeta nacional", es de conocimiento general que bajo la dictadura de Franco, la burguesía española tuvo que pasar por la caja de la burocracia franquista en cada transacción con el Estado y demás cuestiones administrativas atingentes a sus negocios. Pero la gran mayoría de esos casos de corrupción, jamás se conocieron ni fueron objeto de investigación y sentencia judicial. [31] Uno de los principales objetos de litigio y negociación entre los llamados "poderes fácticos del franquismo" —y la oligarquía de partidos que le sucedió al frente del Estado español—, consistió, precisamente, en esta capacidad de la burocracia totalitaria para convertir a la sociedad civil burguesa en cliente obligado del Estado, fijando las condiciones de su relación con cualquier fracción de la burguesía.

Por tanto, es necesario precisar aquí algo cuyo conocimiento está muy poco extendido, y es que, en virtud de esa autonomía relativa del aparato estatal respecto de la sociedad civil, el fascismo reprimió a la clase obrera para reducir el efecto de sus luchas a la mínima expresión organizativa. Y lo hizo bajo el imperativo económico determinante de preservar la libertad de explotación de los capitalistas en su conjunto, es decir de sus intereses generales como clase. Pero a cambio de esa función esencialísima, regimentó esa libertad, le puso condiciones políticas. La clave de la derrota del nazismo y del fascismo, como antes la del Primer Imperio francés, estuvo en la falta de libertad que la burguesía internacional no le toleró a la burocracia de Hitler y Mussolini, como antes tampoco le llegó a tolerar a Napoleón. Este ha sido el espíritu que presidió los juicios de Neürenber tras la segunda guerra mundial. Lo demás, siguen siendo espejitos de colores en el arte típicamente burgués de cambiar una cosa por otra.

Cierto es que en su etapa imperialista, el capitalismo lleva implícita la tendencia a la totalitarización del poder económico. Pero esto no quiere decir que el sistema en su conjunto se compadezca con ella, sino que la repele históricamente. Al igual que todas las cosas de este mundo, el capitalismo es una realidad contradictoria. La centralización de las decisiones económicas tiende a la anulación de la competencia y al parasitismo, lo cual retarda el desarrollo de las fuerzas productivas. En tales condiciones el ritmo de la acumulación y el metabolismo del capital se enlentecen y el incremento del plusvalor disminuye todavía más amenazando con provocar el colapso del sistema. Pero, por otro lado, la baja tendencial de la tasa de ganancia que acompaña el proceso intermitente y espasmódico de la acumulación, provoca e incentiva la competencia intercapitalista entre los grandes capitales ya existentes y los medianos y pequeños que se incorporan al mercado, especialmente durante las fases depresivas de cada ciclo (...)

  En política, esta contradicción entre la tendencia al parasitismo de los monopolios y el (vital) dinamismo de la competencia, se expresa políticamente en la dialéctica entre democracia y dictadura. La dictadura política tiene un efecto económico estancacionista, en razón de que sustituye parcialmente la competencia, la sofoca mediante el monopolio político de la burocracia totalitaria a cargo del Estado. De este modo, el desarrollo económico en áreas importantes del proceso de acumulación del capital social global de un país sometido al régimen totalitario, deja de obedecer a la ley económica del beneficio, para regirse por decisiones que una eventual o contingente burocracia a cargo del poder político dictatorial adopta en favor de determinados individuos o grupos empresariales privilegiados.

Las trabas al desarrollo económico-social del contubernio parasitario entre el "Estado franquista" y el restringido grupo de conocidos dirigentes empresariales a quienes arropó el régimen, se ha puesto de manifiesto en el salto cualitativo que la acumulación del capital ha dado en España una vez consolidada la "democracia".  (“GPM”: http://www.nodo50.org/gpm/pinochet/03.htm)

 Durante todo el proceso político en que la ley del valor se encargó de descomponer las estructuras de poder del franquismo, salvo la minoría privilegiada por el statu quo del régimen dictatorial, el resto de la burguesía —su fracción socialmente mayoritaria en la oposición— careció de un partido político propio con influencia de masas; se valieron de los burócratas del PSOE y del PCE en la clandestinidad, quienes, de este modo, tuvieron en todo momento la llave de la transición, es decir, la salida política de la burguesía española a su crisis económica y de hegemonía política frente al proletariado. Desde esa firme posición al interior del movimiento asalariado, a los Carrillo y González les fue posible canalizar el descontento de los explotados impulsando la movilización a caballo de consignas políticas antidictatoriales que no sacaban los pies del tiesto capitalista. Su táctica consistió en instrumentar el movimiento obrero amenazando con la desestabilización política por abajo y, por arriba, negociar en mejores condiciones su futura incorporación al nuevo bloque histórico de poder burgués oligárquico y partidocrático que sucedió al franquismo.

Así fue cómo —a falta de una alternativa revolucionaria por parte de los dirigentes del PCE— la mayoría burguesa opositora liberal-demócrata pudo controlar y contener políticamente el descontento social y la consecuente movilización reivindicativa de los asalariados dentro de los límites del capitalismo, consiguiendo que la conciencia política de sus luchas estuviera universalmente presidida por las ensoñaciones en torno a la palabra “libertad” —tan cara a la movida europea de mayo del 68—, y que, por entonces, cada explotado se hacía en medio de las manifestaciones contra el régimen, entonando canciones tan conocidas como ésta:

<<Libertad, libertad, sin ira, libertad,
guárdate tu miedo y tu ira,
porque hay libertad, sin ira, libertad,
y si no la hay, sin duda la habrá.>>

Pero hoy ya sabemos, por una parte, con qué libertad soñábamos los asalariados y en qué se ha convertido aquel sueño embrutecedor. Los jóvenes asalariados de aquella época —que no sabíamos lo del paro ni el empleo precario— soñábamos con un tipo de libertad que no teníamos, con la creación de formas propias de experimentar en plenitud nuestro tiempo libre políticamente emancipado. El capitalismo tardío aniquiló esa capacidad de soñar y recrear sensaciones de vivir, convirtiendo esa imaginación y capacidad creativa de tiempo libre en objetos listos para ese disfrute a cambio de dinero. Reemplazó los “guateques” por las discotecas y las tertulias por la televisión y demás aparatos electrónicos “interactivos” entre el sujeto humano y la máquina. ¿Qué pasó? Que bajo el capitalismo en tiempos de Franco, teníamos, al menos, la libertad de imaginar nuestras propias formas éticas y morales de experimentar la sensación de vivir la relación intersubjetiva y esto nos inducía a luchar contra la moralidad oficial del régimen dictatorial. El capitalismo posterior a la década de los sesenta, en cambio, con sus escaparates, su profusión de todo tipo de servicios para el ocio y su publicidad, nos han despojado hasta de la libertad de imaginar nuestras propias sensaciones. La masa de capital excedente se apoderó de esa libertad convirtiendo el ocio en mercancía. Los burgueses han inventado un nuevo concepto de libertad para el ocio: la libertad condicionada por la restricción presupuestaria de cada cual. Hasta tal punto es así que, a fuerza de repetir la palabra asociada a la compra o adquisición de los objetos y servicios que permiten disfrutar del tiempo libre, nos han hecho creer que eso es la libertad, no la del sujeto activo que crea su tiempo libre y lo disfruta, sino la del sujeto pasivo condicionado por su poder adquisitivo: el consumidor de tiempo libre económicamente solvente.

Quienes más sufren las consecuencias de esta lógica objetiva son los jóvenes de los estratos familiares medios y bajos de la escala social en edad de incorporarse al mercado de trabajo, que así devienen los más insolventes. Pero el caso es que si ese concepto de libertad burguesa ya no era igual para todos, ahora llegó al punto en que ha empezado a fallar no sólo por eso y porque el capital nos haya hurtado sutilmente la posibilidad de imaginar las sensaciones con las que recrear nuestro tiempo libre, sino porque también nos quita la solvencia de poder consumirlo para recrear el neg-ocio[32] de la burguesía; porque llegado a ese punto, el proceso de acumulación creó irremediablemente la fatídica combinación entre paro masivo, empleo precario o a tiempo parcial y horas extras, obligándonos a reducir cada vez más no sólo la participación individual de cada trabajador en la jornada colectiva de labor y, por tanto, en la productividad de nuestro trabajo, sino en el poder adquisitivo global de los salarios y hasta del tiempo libre, que así tienden ambos no menos irremediablemente a un mínimo histórico [33] .

Esta realidad dio pábulo a la no menos embrutecedora sociología —aun cuando a mediano plazo objetivamente revolucionaria— de esa especie de asambleas que todos los fines de semana se forman en plazas y parques públicos del país, en torno a la poco edificante figura del humilde “botellón” de cerveza o el “calimocho”, mezcla de vino de mesa barato y coca-cola. ¿Cual ha sido la causa y el origen de estos nuevos espacios para la experimentación del  “tiempo libre” enajenado en el alcohol y demás drogas en que hoy se ahogan los sueños sobre cualquier perspectiva de futuro personal para nuestros hijos? El sueño de la burguesía antifranquista treinta años atrás, mientras entonaba esa misma canción entrelazando cadenciosamente sus manos con las nuestras en los actos contra la Dictadura. ¿Y en que consistía ese sueño de la burguesía? En la libertad de explotar trabajo ajeno sin limitación alguna. Mientras nosotros cedíamos ingenuamente a ese falso concepto interclasista de la solidaridad política arrullado por el oportunismo de nuestros dirigentes políticos reformistas, a los jóvenes asalariados españoles de entonces ni siquiera se nos pasaba por la cabeza el terror que nos estaba deparando el futuro de esa “libertad” tan soñada por los grandes, medianos y pequeños capitalistas españoles opositores al régimen. [34] Hoy ya lo sabemos sobradamente. Es el miedo al paro, al empleo precario, al acoso laboral, a la aceleración de los ritmos de trabajo, al incremento espectacular de las enfermedades profesionales, de los accidentes laborales, de la drogadicción, de los suicidios. [35] , de la violencia sexual asociada a las desavenencias conyugales y de relación entre los sexos, a las catástrofes atmosféricas causadas por los despilfarros de la llamada sociedad de consumo, y hasta a los terremotos y “sunamis” inducidos por las pruebas nucleares subterráneas. [36]

Sin que aún se nos haya pasado toda aquella borrachera de fraternidad con el mal vino político que nos ofrecieron los criminales oportunistas del PCE y del PSOE, después de las sucesivas reformas laborales entre el 77 y el 96, aquellos jóvenes asalariados que hoy ya no lo somos tanto, vivimos en plena resaca del pasado despertando lenta pero inevitablemente de aquél sueño embrutecedor en torno a la palabra “libertad”, contemplando a través de nuestros hijos, que aquél sueño de “libertad” de la burguesía —hoy casi plenamente cumplido en lo que respecta a su relación con los asalariados—, es hoy nuestra propia pesadilla, de la que, obviamente, no serán ellos quienes vengan a despertarnos.

Y es que, para ellos, para los explotadores, el significado más hondo, preciso y unívoco de la palabra “libertad”, no ha sido ni es otro, que el de explotar trabajo ajeno sin limitación alguna, con total libertad y a toda costa....de sus explotados. En semejantes condiciones de “libertad”, el problema cada vez más acuciante e insoluble para la burguesía, se sintetiza en las siguientes tres preguntas que deben hacerse los asalariados: ¿hasta cuando hay que “guardarse” el miedo y la ira? ¿cómo no comprender que la libertad de los burgueses se traduce cada vez más en penuria relativa y opresión política sorda —pero no menos dura— y creciente para los asalariados? ¿Cómo lograr que —entre el cúmulo de tonterías inducidas por la estupidez política en que la burguesía mantiene a los asalariados— más temprano que tarde se abra paso en sus conciencias la racionalidad revolucionaria traducida en acción política?

Las tribulaciones del futuro monarca en la génesis operativa de un nuevo mito político
fabricado para la sumisión conformista de los explotados.

Volviendo al hilo de nuestro relato histórico, fue en los prolegómenos de la emulsión completa del franquismo en Monarquía parlamentaria, que el príncipe candidato a la corona no alcanzaba a ver ese sueño suyo con demasiada certidumbre, embargado por la necesidad de atender simultáneamente a dos cuestiones: acabar la tarea de darle sentido a la Casa Real en el tiesto del capitalismo de cara a sus súbditos en la base de la sociedad civil, y, sobre las ruinas de la Dictadura, erigir un “Estado democrático de derecho”, bajo la misma forma de gobierno en que antiguas realezas europeas pudieron seguir viviendo en el siglo XVIII de los presupuestos estatales, esta vez a expensas del trabajo asalariado. Esa forma fue la Monarquía Constitucional. Desde que la Reina Isabel decidió expulsar a los comerciantes e industriales protestantes y judíos de la Península, España siempre ha llegado tarde a su encuentro con la historia.

Para la primera cuestión, mientras los asalariados españoles cumplían ritualmente con el mito del mercado, haciendo diariamente poco más que ir del trabajo a casa y de casa al trabajo —todavía podían hacer siquiera eso—, y como si no fuera ya peso suficiente la carga de embrutecimiento cultural que arrojaba sobre la conciencia colectiva el tinglado publicitario de la sociedad de consumo al servicio del capital, Torcuato Fernández Miranda se dedicaba a la creación de otro ritual más que reprodujera el nuevo mito en torno a la persona del Monarca, diseñando una serie de leyes y normas que reglaran el fastuoso protocolo real, esa especie de gran espejo cóncavo en el que la burguesía consiguió que una mayoría de españoles vieran reflejada su propia realidad social todavía más empequeñecida y patas arriba. Gestado durante el reinado de Carlos I, el protocolo español se inspiró en el utilizado por el ducado de Borgoña a principios del siglo XV, por entonces ya todo un centro de actividad económica. El Duque Felipe, el Bueno, decidió instaurarlo para crearse una aureola de dignidad y renombre frente a las demás Monarquías Europeas: Inglaterra, Francia, Alemania o Castilla y Aragón. Todo un culto al arte de imponer respeto reverencial y autoridad por algo: la Monarquía, a instancias de las mas refinadas formas del decoro ceremonial en torno de alguien: el Rey, por completo al margen de sus propios atributos personales y de lo que haga o deje de hacer, hasta el punto de considerarle por ley, un absoluto irresponsable. Imaginar mayor anacronismo político y decadencia social, es imposible [37] :

<<Fue un protocolo fastuoso inventado para propagar este Ducado de Borgoña, al mismo tiempo que se trataba de elevar la figura del Soberano, del Duque, convirtiéndolo en un ser casi semidivino, de modo que pudiera imponer su autoridad recibida de Dios frente a sus súbditos. (...)

El profesor sevillano Domínguez Ortiz, en su libro “Dos mil años de historia”, dice no explicarse muy bien por qué el Emperador Carlos V quiso instaurar este Uso de Borgoña en España. La doctora Mª Teresa Otero Alvarado, defiende (acertadamente) la teoría de que el protocolo es el instrumento que el poder ha utilizado para perpetuar una determinada situación política en cada período histórico. [38] >>

(http://www.protocolo.org/gest_web/proto_Seccion.pl?rfID=200&arefid=988&pag=2. Lo entre paréntesis es nuestro)

 Aunque no formara parte del ceremonial, en esta tarea de dignificar y embellecer la imagen de la futura familia real ante la opinión pública, participó el falangista Adolfo Suárez, a quién el por entonces jefe de gobierno, Carrero Blanco, le había nombrado director general de televisión. Fue durante su cometido de montar una filmoteca con las mejores imágenes ad hoc de los monarcas, cuando Adolfo Suárez tuvo oportunidad de hacer amistad y trabajar por la causa monárquica constitucional con quien estaba destinado a ser Juan Carlos I, rey de España.

No obstante que desde 1965 Franco le siguiera teniendo en su mente como seguro sucesor suyo, el hecho que ni su padre, el Conde de Barcelona, ni su primo hermano el duque de Cádiz, hubieran renunciado a ese puesto, no dejaba de obsesionarle, dada su conocida ambición por el poder. Mientras el régimen no se desestabilizara, Juan Carlos nada tenía que temer del primero, descartado por su condición de renegado liberal. La atención del príncipe Juan Carlos se centró entonces sobre Alfonso de Borbón, cuando, a petición suya, Franco propuso que se le concediera el mismo título de príncipe, con lo que, teóricamente, adquiría también el derecho al trono. Esta movida motivó que, el día del funeral de Primo de Rivera, Juan Carlos presentara a Franco una nota preparada por sus colaboradores, argumentando que la coincidencia de títulos produciría confusión, por lo cual le proponía  que Alfonso de Borbón obtuviera el tratamiento de Alteza real y el título de Duque de Cádiz, proposición que Franco aceptó.

Su siguiente zozobra le agobió al Príncipe durante el curso de los escasos meses de vida que le quedaban a Franco, cuando Alfonso de Borbón y su familia arreciaron en su conspiración política para eliminarle de la carrera por la Corona, al tiempo que su padre —que se encontraba en Lausana— declaraba por boca del abogado, Jaime Miralles, que sólo renunciaría a la sucesión dinástica en caso de que su hijo, el príncipe Juan Carlos, se pronunciara claramente por una monarquía constitucional y un régimen democrático. Por esa época, Santiago Carrillo había declarado al semanario "Times", que “todas las estructuras del franquismo —incluido Juan Carlos— deberán desaparecer", y que "si el pueblo español se decide por una monarquía, entonces el rey será don Juan". Ante ese flanco abierto desde su izquierda y por el que peligraba su futuro como Jefe de Estado, el Rey se movilizó para neutralizarlo, y tras un intento fallido a instancias de Manuel Prado y Colón de Carvajal para entrevistarse con Carrillo en Rumania, durante el verano de 1974 Juan Carlos envió al sobrino del dictador, Nicolás Franco Pascual  —quien había proclamado su adscripción al liberalismo político— para que en su nombre intentara nuevamente negociar con Carrillo, cosa que consiguió  en Paris. Durante esa reunión, Carrillo se comprometió a no mover un dedo hasta que Juan Carlos fuese coronado Rey, adelantando que el PCE estaba dispuesto a reconocer la Monarquía a cambio de que el PCE fuese legalizado. A todo esto, de cara a las bases “comunistas”, seguía declamando con toda firmeza la “inclaudicable” reivindicación de la República.

Hasta ese momento, el plan de Torcuato Fernández Miranda para la transición, seguía siendo la creación de un sistema político institucional en el que sólo dos partidos se alternaran al frente del Gobierno de la Nación, a saber: el socialdemócrata PSOE (h) (PSOE histórico) de Rodolfo Llopis, anticomunista, y un partido de centro-derecha que frene a los ultras. Es decir, que en ese plan, tanto el PSOE de Felipe González como al PCE quedaban excluidos. Así lo explica Sabino Fernández Campos en sus memorias. [39]

Controlado momentáneamente el peligro que representaba la sucesión al trono de su padre por su flanco izquierdo, Juan Carlos centró todo su quehacer conspirativo sobre lo que se le podía venir por su flanco derecho. Y cuando la Salud de Franco se quebrantó hasta el punto de que permanecía inconsciente la mayor parte del tiempo de vida que le quedaba, Juan Carlos temió, incluso, ante la posibilidad de que el “bunker” franquista instalado en el palacio del Pardo —o los falangistas— hicieran algo para acabar con el “dolce fare niente” en que había transcurrido casi toda su vida:

<<¿Qué debo decirle a Franco?, le preguntó Juan Carlos al doctor Pozuelo sin saber lo que tenía que hacer. Y el médico del Pardo le sugirió, sobre todo, que le tratara con afecto. “Dígale que le quiere más que a su padre, porque su padre quiere quitarle el reino y él, en cambio, quiere dárselo”. Y también, mientras Sofía asentía con la cabeza: “Juegue usted mejor sus cartas, Alteza. ¿No se da cuenta de que los hijos del duque de Cádiz se pasan aquí todo el día, llamándole, abu, abu, sin parar? Yo le recomiendo que venga usted todos los días aunque sea un rato, y que traiga a sus hijos para que estén con él, para que sienta el afecto que le tenéis.  Obediente, Juan Carlos visitó al Caudillo más a menudo con los niños, y dejó para la historia escenas entrañables de toda la familia acudiendo al Pazo de Meirás a ver al “abuelito”. Cuando hubo entablado la última  y decisiva batalla, venció a su primo sin demasiados problemas.>> (Patricia Sverlo: “Un Rey Golpe a Golpe. http://www.jcasturias.org)

Al poco tiempo de su encuentro con Carrillo, el representante del príncipe Juan Carlos se reunió con Felipe González en una casa de la localidad madrileña de Pozuelo, propiedad de José Armero.  Allí se enteró que el PSOE lastraba la socialdemocracia de Pablo Iglesias y evolucionaba sin escrúpulos ideológicos hacia el liberalismo y las posiciones de la Trilateral. [40] Aun cuando tanto el PSOE como el PCE seguían consagrando ante sus respectivas clientelas políticas, todos los principios “irrenunciables” que habían esgrimido en la guerra civil, de cara al poder establecido los lastraban para negociar un espacio político en las instituciones de la futura monarquía parlamentaria que les prometía el Monarca en nombre de la Casa Real y de la fracción política más aperturista del franquismo.

Este dato —tanto como la predisposición negociadora del PCE— tampoco pasó inadvertido para el Príncipe Juan Carlos, aunque todavía no fue suficiente estímulo para desmarcarse respecto del plan urdido por su antiguo tutor. Muerto Franco, la siguiente tarea del tandem político Torcuato-Juan Carlos, paso a ser la de limpiar la Corona de todo resabio con la dictadura, emancipando a las instituciones estatales de sus servidumbres políticas respecto del movimiento franquista. Y el obstáculo para ese fin era el gobierno inmovilista presidido por Arias Navarro, quien, antes de hacerse cargo del gobierno, en vida de Franco había sido Ministro de la Gobernación, director general de seguridad y alcalde de Madrid. Al parecer, Arias nunca se llevó bien con el Rey. Según reporta Patricia Sverlo:

 <<...no podía dejar de sentir desprecio por el nuevo Monarca. Le gustaba ‘escarmentar al Borbón’, como él decía. Un día le comentó a Rodríguez Valcárcel, uno de sus amigos, cuando todavía era presidente de las Cortes (el cargo que después ocupó Torcuato): “Yo, con un niño, no sé hablar más allá de diez minutos. Después no sé qué decirle y me aburro. Algo así me pasa con el rey”. Con esta actitud, las relaciones entre Arias y el rey se fueron deteriorando a pasos agigantados durante los primeros meses de la monarquía. El presidente tenía una irritación cada vez más agresiva contra Juan Carlos. “Estoy atornillado en este sillón por ley y contra esto nada puede hacer el Rey”, dijo a más de un ministro, cuando se empezó a hablar de su dimisión. Exigirle la dimisión, que era una manera más fina de cesarlo, era una sugerencia en la que Torcuato insistía cada vez más. Pero no la aconsejaba nadie más. Juan Carlos se desahogaba de sus abusos en las reuniones que mantenía con sus colaboradores —Mondéjar y Armada— en la Zarzuela, a las cuales también asistía la reina. Todos intentaban calmar su desesperación. Pero la Casa se oponía a que lo cesara y, en concreto, Armada le dijo: “Torcuato será un gran profesor, pero de político, nada. Como político es incapaz. En una de aquellas reuniones, a la Reina Sofía se le ocurrió meter las narices en alguna cuestión que sacó de quicio al Monarca, cuyos gritos resonaron de tal modo, que ella tuvo que salir de la sala, llorando como una Magdalena. Después, él fue a pedirle disculpas. Cuando se lo explicó a Torcuato, echó la culpa a la tensión que le provocaban los conflictos con Arias: lo que más me irrita es que pienso que Arias me puede. Y esto, cojones, no es así, tú lo sabes.>> [41] Op. Cit: Cap. 9) 

En su gabinete estaban representados reformistas como Manuel Fraga y  Antonio Garrigues Díaz Cañabate. Alfonso Osorio y Antonio Areilza, eran, además, monárquicos; pero todos ellos también continuaban siendo fieles a los principios del Movimiento. Lo mismo que Adolfo Suárez, quien por entonces ejercía como Secretario del Movimiento, al mismo tiempo que, como hombre afín a las ideas de Torcuato, le mantenía informado de todo lo que sucedía en el seno del gobierno.

El proyecto de Carlos Arias no satisfizo a nadie. Sus propósitos aperturistas consistieron en reformar las Leyes Fundamentales (la Constitución del Franquismo), en cuyos intersticios pretendió dar cauce a la evolución según el espíritu de su discurso ante las Cortes franquistas el 12 de febrero de 1974. Estas inquietudes de Carlos Arias y de los "reformistas" del régimen no gustaron a los integristas del Franquismo, no a Franco que ya estaba en las últimas y no se enteraba de nada, sino a los jerarcas que no sólo se negaban a conservar el status quo tal como había llegado a ser con Carrero Blanco, sino que, incluso, querían regresar a las esencias fascistas de los años cuarenta. Pero la gestión de Arias Navarro tampoco agradó a la oposición democrática moderada de Torcuato Fernández Miranda; menos aún a la que llegó a serlo más llevada de la mano de Adolfo Suárez, puesto que, presionado como estaba por su derecha, en su discurso del 24 de junio de 1975 su Presidente del Consejo de Ministros definió una trinidad de principios inmutables:

1. exclusión radical de cualquier tendencia filocomunista, incluyendo a cualquier grupo con connotaciones obreras reivindicativas. Quedan pues excluidas de la posibilidad de legalización un gran número de organizaciones ya sean políticas o sindicales;
2. afirmación de la unidad nacional, que deja fuera de discusión cualquier reivindicación nacionalista y cualquier proyecto autonómico;
3. reconocimiento de la forma monárquica del Estado, pero como parte del mismo régimen franquista.

En el otro extremo de la actualidad política de España —que seguía condicionando cualquier acción política— estaba viva en las bases de la izquierda burguesa la propuesta de un “Pacto por la libertad” proclamada en 1972 por el PCE para derrocar la dictadura, que contemplaba la formación de un gobierno provisional de amplia coalición, encargado de promulgar una amnistía general para presos y exiliados políticos, junto con la convocatoria —en un tiempo razonable tras legalizarse los partidos políticos y las centrales sindicales— de elecciones generales a Cortes Constituyentes para que el pueblo español pudiera pronunciarse por el futuro sistema político y sobre la forma del Estado, monarquía o republica. Así mismo, el gobierno provisional debería reconocer la personalidad específica de Cataluña, Galicia y Euskadi, junto a las autonomías regionales —que empezaban a reclamarse—, con la puesta en vigor de los Estatutos de la II República actualizados.

Después del pacto entre Carrillo y el sobrino de Franco, en Paris, esta realidad objetiva no sólo seguía siendo un problema para el proyecto de Torcuato y el Rey, sino que también empezó a serlo para Carrillo quien, automáticamente, pasó a ser un aliado-enemigo en la transición negociada que ya estaba en marcha a espaldas de sus bases partidarias. Como hemos visto, la táctica elaborada por Torcuato Fernández Miranda en contubernio con el Rey, seguía consistiendo en una salida de término medio entre la ultra derecha inmovilista y la ultra izquierda rupturista democrático-burguesa en que todavía permanecían las bases partidarias del PCE y el PSOE, a los que “había que cortar las uñas y limar los dientes”. 

En su conocida “operación Lolita”, el Opus tenía previsto que, tras la muerte de Carrero, Torcuato Fernández Miranda ocupara el lugar de Arias Navarro, pero este decidió —de acuerdo con el Rey— que su función, en lo inmediato, debía ser otra: la de Presidente de las Cortes y del Consejo del Reino. Estimó que, desde allí le sería más fácil transformar sin traumas el Estado franquista en un Estado “democrático”, un plan más inteligente que la “Operación Lolita”; y para rechazar la oferta del OPUS se escudó en la “autoridad” del el Monarca: “Yo, lo que el Rey quiera”.

Esto no fue obstáculo para que, desde esas nuevas funciones, Torcuato y el Rey conspiraran al mismo tiempo contra el estorbo que, para su plan, suponía la presencia de Arias Navarro al frente del gobierno.

 Le facilitó la tarea el hecho de que, en ese momento, entre el gobierno de Arias Navarro y el “pueblo”, esto es, la sociedad civil, no existía el necesario vínculo de cohesión. El aglutinante, cada vez menos consensuado y más violento,  había sido la persona de Franco, por lo cual, desde su desaparición por muerte natural, en opinión de Fernández Miranda se imponía que en ese papel participaran, cada uno en su sitio, el Monarca y los partidos políticos de oposición al régimen, que aspiraban a ello cada vez con más insistencia con el apoyo de una parte significativa de la población. [42] Y en aquel contexto de la realidad social y política, el obstáculo a este objetivo aperturista, “democrático”, reformador del franquismo, era el gobierno postfranquista, excluyente, de Arias Navarro.

La descripción de los acontecimientos hasta este punto, basta para llegar a la conclusión de que la forma totalitaria de gobierno ya estaba en plena metamorfosis de término medio hacia la forma monárquico-parlamentaria, y ya se prefiguraba el germen de esa nueva estructura política burocrático-estatal que finalmente gestó la transición, conservando los mismos atributos esenciales de todo Estado de clase explotadora: conversión del cargo público en cosa privada, secretismo en la gestión y praxis conspirativa como método de lucha por el poder. Pero dado su carácter colegiado, la contradicción que encierran esas dos funciones de la burocracia política, tiende a sintetizar en la centrifugación de las conductas individuales o de grupo, que explican las rupturas y reagrupamientos políticos de distinto signo, en función de variables coincidencias o disidencias de intereses, según la evolución de los acontecimientos que modifican las circunstancias más o menos mediatamente determinadas por la ley del valor. 

De este modo, lo que definió el futuro personal del representante de la dinastía borbónica y su familia, así como el propio cambio en la forma de gobierno a cargo del Estado español, fue el cambio de las circunstancias o condiciones, económicas y políticas; las económicas determinadas por la crisis internacional del capitalismo, que hizo colapsar el proyecto de acumulación nacional, paternalista e ilusoriamente autárquico del franquismo; las políticas, determinadas por el propio colapso orgánico del dictador, en combinación con la ausencia de una alternativa revolucionaria del proletariado, gracias al dique de contención que el PCE —con su proyecto pequeñoburgués pacato de República burguesa, ahora trucada por el de Monarquía parlamentaria— erigió entre las masas asalariadas y la necesidad objetiva de la revolución socialista.

Entre diciembre de 1975 y marzo de 1976, se produjeron manifestaciones masivas en favor de la amnistía de los presos políticos y se multiplicaron las huelgas laborales de grandes dimensiones. Fue la movilización de masas antifascista más impresionante desde la guerra civil. Esto se debió, en parte, al llamamiento comunista en favor de una "acción democrática nacional", pero sobre todo reflejaba la exigencia de las masas populares en dirección a un cambio político.

El 12 de diciembre de 1975 Carlos Arias remodeló su gabinete, dando entrada a ministros "reformistas" como Manuel Fraga, que fue la verdadera cabeza visible del Gobierno. Oficialmente, el programa era la reforma Arias/Fraga, pero la cosa no funcionó al no contar con el apoyo de la oposición “democrática”, simplemente porque el Gobierno no contó con ellas para formular sus decisiones.

 En enero de 1976, Madrid quedó paralizada por una oleada de huelgas organizadas por Comisiones Obreras. En febrero, la Assemblea de Catalunya movilizó a más de 100.000 personas en manifestaciones de masas en pro de la amnistía, a lo largo de varios domingos sucesivos. Por primera vez desde los años 40, el ejército intervino para reprimir las luchas populares. Diversos servicios como el metro, la Renfe y correos fueron militarizados. La lucha obrera y popular echó a pique la alternativa oligárquico-imperialista de “democracia fuerte” representada por Fraga. La puntilla definitiva a este proyecto fueron los sucesos de Vitoria. En marzo se convocó a una huelga general en el País Vasco, organizada por un variado espectro de fuerzas políticas locales que incluyó a ETA y los sindicatos, ELA, LAB y LAIA, como protesta por la muerte por la policía de cinco personas en Vitoria. El día 3, la policía masacró una concentración obrera en la catedral asesinando a cuatro trabajadores. En los días siguientes la huelga general se extendió por todo el País Vasco y los enfrentamientos entre las masas y las fuerzas policiales alcanzaron una gran dureza.

Los dirigentes comunistas hubieron de aceptar el hecho de que las posibilidades para una "acción democrática nacional" quedaban limitadas a Madrid y Barcelona, pues la situación en el País Vasco era incontrolable. Se vio así la necesidad urgente de llegar a una unión más estrecha con la “Plataforma de Convergencia Democrática”. Al abandonar la insistencia comunista en una ruptura total y en la marcha de Juan Carlos, Carrillo se vio recompensado con la fusión, el 4 de abril, de la Junta de Coordinación Democrática y de la Plataforma de Convergencia Democrática.

Esta realidad es la que estimuló en el Rey su instinto de conservación en tanto que bon vivant del sistema por excelencia, buscando apoyo en el bagaje político de gentes como Torcuato Fernández Miranda y Adolfo Suárez, quienes ya no estaban ni objetiva ni subjetivamente vinculados al movimiento franquista, para el que había comenzado la cuenta atrás de su autodisolución inducida, aun cuando no del todo ininterrumpidamente. Pero el verdadero arquitecto de esta operación política superestructural fue Torcuato Fernández Miranda, con la ya tradicional supervisión del Ministerio de exteriores de EE.UU., ocupado en ese entonces por Kissinger.

Este momento de la lucha de clases en España, coincidió con una profunda crisis de liderazgo internacional de EE.UU. a raíz de su derrota humillante en la guerra de Vietnam, y la presidencia de Gerald Ford que acabó con el ciclo de sucesivos mandatos republicanos. Esta debilidad coyuntural de la política exterior norteamericana, confirió a las iniciativas de Torcuato Fernández y el Rey un mayor margen de autonomía relativa.

Fue en esa circunstancia exterior, combinada en lo interno con la ofensiva del movimiento de masas, que se produjo el viaje de la pareja real a EE.UU., en junio de 1976, para comunicarle al presidente Ford la decisión de profundizar la reforma del franquismo. El resultado de esa entrevista tuvo por consecuencia que, a su regreso de ese exitoso viaje, el Rey exigiera la renuncia de Arias Navarro, acto que éste refrendó sin rechistar presentándola, lo cual permitió lastrar su proyecto de someter la Monarquía al espíritu del 18 de julio y a las leyes fundamentales del franquismo. El plan de Torcuato consistió fundamentalmente en una reforma que liberaba a la Corona de ese cepo ideológico y político, a la vez que dejaba fuera a los proyectos republicanos todavía explícitos del PCE y el PSOE, así como a los independentistas vascos, catalanes, gallegos y canarios.

Por su parte, la oposición “democrática” de la “platajunta” era más un cúmulo de vacilaciones que un verdadero organismo unitario con un proyecto claro de lucha por el establecimiento de una monarquía parlamentaria de ruptura burguesa radical con el franquismo. Las líneas de demarcación entre quienes deseaban un pacto inmediato con el gobierno postfranquista de facto y quienes todavía aspiraban a una verdadera “ruptura democrática” se volvieron cada vez más borrosas. De cara a la opinión pública, se siguieron sosteniendo las tesis rupturistas, pero en su fuero interno, en el secreto de la elites burocráticas dirigentes de la izquierda burguesa, la mayoría de ellos (incluido el PCE) estaban ya dispuestos a ceder la iniciativa a los evolucionistas y aceptar el pacto que les ofrecieran, con tal de subirse al carro burgués de la futura monarquía parlamentaria neofranquista.

Fue en este contexto que tuvo lugar la formación del nuevo gobierno transicional presidido por el exfalangista Adolfo Suárez, elegido de entre una terna propuesta por el Consejo del Reino, en la que también estuvieron incluidos López Bravo y Silva Muñoz, —dos de las principales cabezas de la tecnocracia opusdeista— decisión que fue anunciada por los medios a toda la Nación el 3 de julio de 1976. A partir de entonces, fue el Monarca, apoyándose en los inteligentes servicios de Torcuato Fernández de Miranda— quien tomó de forma directa la iniciativa para la realización de la transición política hacia la “democracia” por una vía “sui generis”: la de reformar desde dentro el régimen fascista.

En todo este tinglado, Suárez empezó siendo el fiel servidor leal de un proyecto ajeno, el de Torcuato Fernández Miranda y el Rey, tarea que cumplió a la perfección hasta que los cambios políticos en la situación del país le impulsaron —como se vería después— “a volar sólo”. Mientras tanto, la línea de acción discurrió según el común acuerdo alcanzado entre el Monarca y Torcuato, de espaldas a Suárez: “El pacto lo acabamos de hacer tú y yo”, le dijo un día el Rey. Dicho acuerdo comprendía una línea de acción que pasaba por la formación de un gobierno de transición a la “democracia”, que operara la reforma de las leyes fundamentales del franquismo, así como la institucionalización de los partidos que darían vida al futuro Estado “democrático de derecho”, tareas que recaerían sobre ellos dos solos. Así fue cómo, en el Consejo de Ministros del 24 de agosto de 1976, ambos tomaron la decisión “democrática” de declarar materia reservada todos los asuntos relacionados con la reforma política.

Para su primer gobierno, Adolfo Suárez nombro vicepresidente a Alfonso Osorio, un miembro del “Grupo Tácito” —proveniente de la Asociación de propagandistas católicos— y como Ministro de la gobernación al falangista Rodolfo Martín Villa [43] . Su primer acto de gobierno fue presentar un programa político muy claro basado en dos puntos:

• Elaboración de una Ley para la Reforma Política que, una vez aprobada por las Cortes y por los españoles en Referéndum, permitiría abrir un proceso constituyente para implantar en España un sistema de democracia liberal.
• Convocatoria de elecciones “democráticas” en junio de 1977 para elegir unas Cortes encargadas de redactar la nueva Constitución “democrática”.

La realización del programa fue muy difícil, dado que, por un lado, había que convencer a la oposición para que entrara en el juego de la transición según el plan elaborado por Torcuato Fernández Miranda de acuerdo con el Rey. Para dar credibilidad a su proyecto de cara a este sector de la vida política española, Suárez fue adoptando una serie de medidas políticas. En julio de 1976 decretó una amnistía política parcial que fue ampliada en marzo de 1977 y que se convirtió en total en mayo de ese mismo año. En diciembre de 1976 fue disuelto el Tribunal de Orden Público. En marzo de 1977 se legalizó el derecho de huelga y en abril del mismo año se decretó la libertad sindical. También en marzo de 1977 se promulgó una Ley Electoral que cumplía las condiciones necesarias para ser homologada con las de los países que tenían un sistema de democracia liberal parlamentaria. Con todas estas medidas de gobierno, Suárez iba cumpliendo las condiciones que, desde 1974, exigían los grupos de la oposición. Estas fuerzas opositoras se habían reunido en noviembre de 1976 para crear una “Plataforma de Organizaciones Democráticas”, llamada “Platajunta”.

Pero, por otro lado, Adolfo Suárez sabía muy bien que el llamado "búnker", núcleo duro del franquismo dirigido por José Antonio Girón y Blas Piñar —cuyo órgano de difusión era el periódico “El Alcázar”—  tenía muy buenos contactos con oficiales militares y, a través de ellos, ejercía una evidente influencia sobre importantes sectores de las FF.AA., de modo que podían erigirse en un obstáculo insalvable si lograban poner al ejército en contra de la reforma política. Para salvar ésta dificultad, Suárez se apoyó en el grupo de militares más liberales del círculo del general Díez Alegría, a los que intentó colocar en los puestos de mayor responsabilidad. La personalidad más destacada de esta tendencia dentro del ejército era el general Manuel Gutiérrez Mellado. Pero en julio de 1976, el vicepresidente para asuntos de Defensa seguía siendo el general Fernando de Santiago que pertenecía al núcleo más inmovilista del ejército. De Santiago, que había manifestado su inquietud ante la primera amnistía (en julio de 1976), se opuso frontalmente a la Ley de Libertad Sindical, elaborada por el gobierno en setiembre del mismo año. En este momento Suárez quiso imponer su autoridad en el gobierno y el 21 de setiembre destituyó a Fernando de Santiago nombrando en su lugar a general Manuel Gutiérrez Mellado. [44]

En agosto de 1976 empezaron los contactos con los partidos “democráticos” —todavía en la clandestinidad— y con los mandos castrenses, a fin de diseñar los aspectos de la ley para la reforma política, en cuanto a lo que sus interlocutores políticos estaban dispuestos a conceder. El primero en establecer esos contactos fue Joaquín Garrigues Walker, representante de la “Trilateral” en España, quien se reunió con varios líderes de la oposición. Por su parte, Suárez se dedicó al PSOE y al PCE. El 10 de agosto y el 2 de setiembre se entrevistó con Felipe González. En estas reuniones, el Secretario General del PSOE se mostró dispuesto a reconocer la monarquía a cambio de que el gobierno de Suárez privilegiara el apoyo al PSOE en detrimento del PCE, advirtiendo que, de momento, de cara a su militancia seguirían levantando la consigna de la República como forma de gobierno, aunque sólo testimonialmente, dando a entender que eso era del todo negociable. Esto, al mismo tiempo que los hermanos Solana, Enrique Múgica y Luis Gómez Llorente, presionaban al Ministro del Interior, Martín Villa, para que no se legalizara al PCE, “al cual veían como un fuerte competidor”. ¿Hubieran aceptado las bases obreras del PCE y del PSOE esta maniobra divisionista del movimiento, de haber estado al tanto de esa diplomacia secreta? ¿No fue ésta una de las tantas conspiraciones de las burocracias políticas obreras contra la voluntad política y los intereses objetivos de sus bases sociales partidarias en conjunto? Tal es la esencia de la democracia representativa.

El 8 de setiembre, ya con el proyecto de ley en la mano, Suárez convocó a los capitanes generales y a la cúpula militar para explicarles los planes de la reforma política del Estado y para hablar sobre la legalización de los partidos, incluyendo al PCE que, en aquel momento, era el grupo político más organizado y con mayor número de militantes de la oposición. En esa reunión, Suárez se comportó de acuerdo con el plan acordado entre Torcuato y el Rey, para quienes, de momento, no se trataba de legalizar al Partido Comunista, dado que no sería aceptado por las FF.AA. La respuesta de Suárez a la inquietud de la cúpula militar, fue que, con los actuales estatutos del PCE, era imposible legalizar a ese partido, lo cual satisfizo a los mandos.

El proyecto de Ley para la Reforma Política fue elaborado por el gobierno de Suárez ese mismo mes de setiembre de 1976. Esta ley tenía que abrir la puerta a un sistema de “democracia” en España. Sin embargo, esta ley no concretaba cómo iba a ser ese nuevo sistema político, simplemente eliminaba los obstáculos que ofrecía el régimen franquista a la implantación de tal proyecto. En realidad, esta Ley se concibió más como acta de liquidación del franquismo, que como acta fundacional del nuevo régimen, incluido el staff de partidos que darían contenido político-institucional a la reforma jurídica. Para su aprobación había que convencer a los miembros de las Cortes de Franco, habida cuenta de que su aprobación suponía que debían abandonar sus escaños. Esta difícil tarea recayó a lo largo de noviembre sobre Torcuato Fernández Miranda, quien debatiendo e intrigando con unos y con otros en sucesivas sesiones, consiguió finalmente que la ley fuera aprobada por 425 votos a favor con 59 votos negativos y 13 abstenciones. Se había dado el primer paso para la dilución orgánica de la dictadura franquista en la Monarquía parlamentaria Juancarlista, lo que se dio en llamar eufemísticamente “ruptura pactada”. [45]

Una vez cumplido este trámite previsto, se decidió someter esta Ley a referéndum, que fue convocado para el 15 de diciembre. La “Plataforma de Organismos Democráticos”, popularmente llamada “Platajunta” —impulsada por el PCE y el PSOE— rechazó la Ley llamando a la abstención, pero con evidente desgana y carácter meramente testimonial de cara a sus propias bases militantes, tanto como para que su voto no obstaculizara su aprobación, que eso era lo que ellos querían porque así lo habían pactado secretamente con el gobierno postfranquista de facto. Así educaban estos verdaderos sátrapas a sus militantes en los principios de la democracia. Por aquellos días, la parálisis contestataria del PCE organizada por arriba era tan evidente, como nulo su apoyo a cualquier iniciativa de lucha popular; y demás está decir que su campaña por la abstención fue prácticamente inexistente. Desde su constitución, a principios de septiembre, la única perspectiva de esta “Platajunta” era la negociación —por supuesto secreta— con el gobierno postfranquista de Suárez. En esta negociación, desaparecieron de su propuesta originaria las exigencias revolucionarias de gobierno provisional y responsabilidades políticas por los cuarenta años de fascismo, así como la de realización de una consulta sin condiciones previas sobre la forma de Estado y de gobierno. No sólo se aceptó tácitamente que no habría cambio alguno en los aparatos del Estado franquista, sino que se renunció prácticamente a que el proceso de transición fuera encabezado por las fuerzas políticas que habían estado fuera del régimen, lo cual hubiera imposibilitado la operación política que culminó con la formación de la UCD. Su aceptación de la Monarquía en detrimento de la República fue ya un hecho consumado.

El referéndum para decidir sobre la Reforma política fue convocado para el 15 de diciembre de 1976. El Estado postfranquista lo difundió profusamente a todo el país, apareciendo en caracteres destacados de esta guisa:

La Ley para la reforma política es el paso más serio hacia la democracia
REFERENDUM NACIONAL
Para la Reforma Política
15 Diciembre
HAY RAZONES PARA EL SÍ

Fue éste el primer ejercicio comicial del pueblo español en más de cuarenta años y, como no podía ser de otra manera, la primera gran manipulación política BUROCRÁTICA de la voluntad popular por parte del gobierno postfranquista de Suárez, que monopolizó los medios de propaganda oficial en desmedro de la opción del No. En efecto, al redactar la convocatoria del referéndum diciendo que no era “sobre” sino “para” la Reforma Política elaborada por el gobierno postfranquista todavía de facto, el Estado convocante, que —supuestamente— debe ser neutral, estuvo induciendo subrepticiamente al SI. Porque, desde el punto de vista de los resultados políticos de la consulta electoral, el uso de una preposición gramatical u otra no fue inocua, como no lo es, tampoco, anunciar la convocatoria de un referéndum, por ejemplo, “sobre” la pena de muerte que “para” la pena de muerte. En la segunda forma va implícita, obviamente, la proposición inducida en favor del SÍ. No obstante, ni el PCE ni el PSOE —que teóricamente se posicionaron por la abstención— impugnaron esta forma subliminal de propaganda tendenciosa. Por tanto, ese referéndum no sólo fue ilegítimo porque estuvo manipulado desde el gobierno, sino porque las direcciones políticas del PCE y del PSOE —teóricamente posicionadas por la abstención—, hicieron todo lo posible por sabotearla, conspirando una vez más contra sus propias bases, convertidas así, en víctimas propicias de su “truco del almendruco”. En ese referéndum participó el 77,72% del censo electoral y, de éste, el 94,2% votó afirmativamente, el 2,6 en contra y el 22,6 se abstuvo. Si tenemos en cuenta que un año después —en las elecciones a la presidencia del primer gobierno “democrático” y a Cortes Constituyentes— los votos obtenidos por el PC y el PSOE en conjunto sumaron el 38% de los escrutados, está claro que el resultado de las votaciones en el referéndum sobre la reforma política, reflejó la dejación política de estos dos partidos en su campaña por la abstención. De no haber sido así, el porcentaje de síes hubiera sido significativamente menor al 94,45% que arrojó el resultado del escrutinio, dado que la abstención en este referéndum solo fue del 22,6%, 15,40 puntos porcentuales menos que, evidentemente, la mayoría de ellos pasaron a engrosar los  síes. Pero esto no fue lo que el PCE y el PSOE habían pactado con la burocracia franquista moderada completamente de espaldas a su electorado.

A todo esto, el líder del PCE, Santiago Carrillo, había regresado a España a fines de 1976, y a pesar de vivir clandestinamente, mantenía contactos con las demás fuerzas democráticas dejándose ver cada vez más por las calles de Madrid, con el fin de forzar un reconocimiento del PCE, cuando todavía ninguna fuerza democrática había sido legalizada. No pudiendo menos que demostrar su autoridad intimidatoria y represiva, el gobierno ordenó su detención manteniéndolo recluido en comisaría durante una semana los últimos días de diciembre de 1976.

No satisfecha con esto, la extrema derecha pasó a la acción y el 24 de enero de 1977 se produjo la “Matanza de Atocha”, atentado en el que resultaron muertos siete abogados laboralistas del PCE. Fue un episodio que provocó muestras de solidaridad y permitió que el PCE demostrara su enorme potencial político desestabilizador contenido en su poder de convocatoria ante aquella indignante agresión, al mismo tiempo que su no menos poderosa capacidad de control político sobre sus propias bases sociales. De hecho, la respuesta de masas del PCE al asesinato de los abogados comunistas, fue tan impresionante por la demostración de fuerza como por su “ejemplar civismo pacífico”. Tan fue así, que la policía tuvo que proteger a los miembros de un partido que no estaba legalizado, mientras que los agentes que detuvieron luego a los causantes de la matanza, se negaron a cobrar la recompensa a la que tenían derecho.

Suárez debió haber tomado nota del mensaje enviado por el PCE. A ese aviso, Suárez respondió en febrero de ese mismo año, haciendo desaparecer los requisitos más restrictivos para la legalización de los partidos, que así, todos ellos —excepto el PCE— consiguieron la legalidad. En ese mismo mes, Suárez se reunió secretamente con Carrillo, encuentro en el que hablaron durante seis horas. Allí, para no herir la susceptibilidad política de la derecha franquista y no entrar en contradicciones con el proyecto de Torcuato, Suárez le pidió a Carrillo que los comunistas se presentaran a las próximas elecciones como independientes. Aunque la reivindicación republicana ya la tenía paralizada de hecho y en vías de olvido, Carrillo entendió que aun era prematuro renunciar a ella como baza política negociadora, por lo que se negó, como también se negó a anular el proyectado viaje de Berlinguer y Marchais —secretarios generales de los partidos comunistas italiano y francés respectivamente— a Madrid, donde se iba a celebrar la "Conferencia Eurocomunista".

Es significativo que el día después de dicho encuentro, el Gobierno Civil de Madrid prohibió un acto que los comunistas pretendieron realizar ocultándose tras una denominación partidaria inocua. La sorprendente iniciativa partió de Torcuato Fernández Miranda, para quién “a estos comunistas hay que tratarlos con la política del palo y la zanahoria” para disuadirles de que no son tan importantes como lo creen y quieren hacer creer. En ese momento, después del comportamiento cívico “ejemplar” del PCE ante la matanza de Atocha y de sus conversaciones con Carrillo, Suárez se había convencido de que la transición sin el concurso del PCE era imposible. 

Desde enero de 1977, el recrudecimiento de la crisis económica y el cambio en la correlación de fuerzas políticas de la sociedad civil a favor de la minoría de extrema izquierda burguesa organizada en el PCE, creó un ambiente político de conmoción social traumática (movilizaciones masivas en respuesta a asesinatos de militantes antifranquistas, ofensiva armada contra el Estado por parte de ETA y los GRAPO).

En este contexto, el cambio de gobierno en EE.UU. que pasó a ser presidido por el Demócrata Carter, actuó como un contrapeso político de aquellas presiones. Carter llegó a la Casa Blanca en 1976 con un programa de derechos humanos, democracia y moralización de la vida pública, que permitió a Suárez proyectar su reforma política confiriéndole una amplitud de maniobra y alcance político mayor de lo previsto por él mismo. Recibido con honores por el muevo mandatario norteamericano, Suárez obtuvo un amplio respaldo a sus planes para la instauración de un sistema democrático en España.

Está claro que EEUU había respaldado a Franco hasta su último aliento. Pero no quedó menos claro que la Administración Carter-Brzezinski con la Coalición bélica de la OTAN, dieron un giro a la tradicional política exterior norteamericana interesándose por instalar en España un régimen “democrático” mientras se creaban partidos políticos dependientes de los centros de la propia Coalición, sobre todo de la RFA: la Fundación Konrad Adenauer había financiado a los democristianos; la Fundación Neumann financiaba a los liberales; la socialdemócrata Friedrich Ebert al equipo de Felipe González.

Fue este el momento en que —al decir de Torcuato Fernández Miranda—, Suárez empezó a “volar sólo”, intentando, evidentemente, hacer lo mismo que el Monarca hizo seis meses antes tras reunirse con Gerald Ford en la Casa Blanca. En este caso, presionar para que el tandem formado por Torcuato y el Rey fueran un poco más allá en la reforma del franquismo, incorporando en el proyecto al PCE. En ese momento, para unos España no sólo sufría una crisis económica devastadora, sino que, además, corría el peligro de verse desintegrada, a la vez que se intentaba institucionalizar al partido que mayores matanzas había perpetrado en el bando “nacional” durante la guerra civil. Los altos mandos militares se consideraron engañados por el intento de Suárez, y entre sus sectores más intransigentes del bloque franquista se abría paso la tesis de que era preciso un golpe de timón que resolviera los graves problemas emergentes por los que atravesaba la nación. Para esta parte minoritaria de la sociedad, habiendo llegado a este punto se trataba de liquidar el régimen democrático y sustituirlo por una monarquía apoyada en la fuerza militar, o incluso por una junta militar pura y simple al estilo argentino, uruguayo o chileno.

Para otros —incluidos socialdemócratas burgueses liberales (PSOE), socialialdemócratas burgueses de izquierda (PCE) y nacionalistas burgueses moderados (catalanes y vascos)— la solución pasaba por un gobierno de concentración nacional presidido por un militar con predicamento al interior de los medios castrenses, del tipo de Armada.

Como ya hemos visto, según reporta Patricia Sverlo, a principios de setiembre de 1976 Suárez se había reunido con el Consejo Superior del Ejército para explicar su política de legalización de los partidos, y se había apoyado en el éxito de aquella reunión para asegurar que él y su vicepresidente militar, Gutiérrez Mellado, tenían al Ejército controlado y no había peligro de involución. Aquí empezaron las desavenencias entre Suárez y Alfonso Armada, quien tenía información directa de la misma institución militar en el sentido de que si se legalizaba al PCE la irritación de los militares se desbordaría. A tales efectos, y a pesar de haberse comprometido a guardar en secreto dicha información, Armada elaboró un informe que entregó personalmente al Rey, quien, para saldar la cuestión, convocó a los dos en su despacho, donde se discutió si realmente Suárez había dicho a los mandos que legalizaría al PCE y si era cierto que acabaron la reunión aplaudiéndole:

<<Suárez aseguró que sí, que el Ejército estaba completamente al lado del gobierno y que era muy favorable a la legalización del PCE. [y que] Las apreciaciones de Armada sólo eran imaginaciones suyas. En medio de la Discusión, [Suárez] incluso llegó a atribuir a la extrema derecha [¿civil? ¿paramilitar?] los secuestros de Antonio Oriol y del General Villaescusa (en poder de los GRAPO), que tenían, según él, la intención de desestabilizar el sistema para evitar la legalización de los comunistas. A Armada le costó contenerse ante una herejía tan grande. [como si esa hubiera sido la primera vez que los ejércitos burgueses montaran provocaciones para justificar golpes de Estado] El rey, al menos en ese momento, no tomó partido por ninguno de los dos. Pero, creyera o no el relato de su presidente, asumió que, en todo caso, los militares serían controlables. El PCE sería legalizado>> (Patricia Sverlo: Op.Cit. Cap.10 La legalización del PCE) [46]

Ante estas nuevas condiciones, Suárez se alejó definitivamente de la táctica elaborada por Torcuato Fernández Miranda respecto del PCE. Para justificar su distanciamiento:

<<Suárez repetía a sus colaboradores, interrogándose a sí mismo en voz alta: “Y si los comunistas ocupan un día la calle, pero no pacíficamente, como en el entierro de Atocha, ¿qué hacemos, los disolvemos por la violencia? Y si insisten, ¿los ametrallamos?; y si se presentan masivamente en las comisarías alardeando de su militancia, ¿los detenemos a todos?.>> (Ibíd) 

El PCE, por su parte, consciente de que tenía la llave para la transición negociada, presionaba cada vez más públicamente para exponer sus “puntos de vista”, mandando el mensaje de que sólo podían olvidarse de sus planteos democráticos burgueses radicales y de su consigna de lucha por la república, a cambio de su legalización y acceso a la oligarquía partidocrática del futuro “Estado democrático de derecho”. Y acompañaban ese mensaje metiendo más presión con esa mercancía que deseaban lastrar cuanto antes, diciendo que la Ley para la Reforma Política era antidemocrática y, además, que las elecciones para las Cortes Constituyentes tenían que ser convocadas por un gobierno provisional del que formaran parte las fuerzas políticas de la oposición.

Dado que, además del PCE, el resto de la oposición no manifestaba ningún entusiasmo por esa Ley, Suárez tuvo que arriesgarse aún más para implicar en su juego a las fuerzas de oposición. La disposición de Carrillo a colaborar sin exigencias previas y su ofrecimiento de un "pacto social" (los “Pactos de la Moncloa”) para el periodo posterior a las elecciones, empujaron a Suárez a dar el paso más arriesgado de la transición. Así fue como el 17 de marzo Suárez promulgó el decreto de amnistía para los presos políticos, el 28 de abril se legalizaron los sindicatos y, el 9 de abril de 1977 —desde entonces llamado “Sábado Santo Rojo”—, mientras la mayoría de la elite política y militar se hallaba fuera de Madrid por las vacaciones de Semana Santa, Suárez anunció la desaparición del Movimiento o Partido único franquista y la legalización del PCE, a la que siguió, dos días después, la del PSUC (Partit Socialist Unificat de Catalunya):

<<La noticia cogió por sorpresa a los menos iniciados en la tramoya política que se cocinaba, Rápidamente, se organizó una reunión en la Zarzuela, con el rey, Suárez, Mondejar y Armada. Fue otra discusión entre Armada y el Presidente de las que hacen época, con el general gritando que (Suárez) había puesto en peligro la Corona. Pero Suárez ganó. Lo había hecho y los tanques no habían salido a la calle. En cambio, Armada recibió un mensaje claro, a través de Mondejar, de que tenía que ir pensando en abandonar La Zarzuela. (...) El martes 12 de abril se reunió el Consejo Superior del Ejército y difundió un comunicado público en el que expresaba la repulsa general que había causado en todos los cuarteles, aun cuando admitían disciplinadamente la legalización como un hecho consumado. Aparte de esto, redactaron un escrito más extenso y diferente, en el que, al parecer, iban más allá con ataques a Suárez y a Gutiérrez Mellado, que enviaron al rey. Y eso fue todo. No hubo nada más.>>  (Ibíd)

Por su parte, Fraga juzgó lo sucedido de "verdadero golpe de Estado", mientras un 45% de la población aprobaba la medida y sólo un 17% la rechazó expresamente, lo cual disuadió a la fracción más tentada de acabar con el proceso. Para desmentir estas acusaciones de la derecha más recalcitrante demostrando su plena determinación de cumplir sus acuerdos con el gobierno neofranquista de Suárez, el PCE decidió sorpresivamente que dejara de ondear la bandera republicana en sus mítines, al mismo tiempo que Carrillo declaraba:

 <<Los que silban no saben que no hay color morado que valga una nueva guerra civil entre los españoles>>
http://www.vespito.net/historia/transi/legalft.html

La reivindicación republicana no volvió a ser mencionada por ningún dirigente del PCE hasta bien entrada la etapa Anguita. Con estas declaraciones, el PCE decidió que era el momento de proceder al total sinceramiento con sus bases, confesando abiertamente lo que había venido haciendo de hecho desde principios de 1974: una política de capitulación en toda la línea de los ideales burgueses republicanos en aras de la “reconciliación nacional”, espíritu que la burguesía ya había conseguido introyectar en gran parte de la opinión pública gracias al inestimable aporte de ese partido en tal dirección, aún a sabiendas de que ese gesto suyo de responsabilidad política de Estado, mermaría significativamente sus posibilidades electorales inmediatas en favor del centro político y de los burócratas del PSOE, quienes en materia de moderación venían acreditando tener menos escrúpulos morales y, sobre todo, apoyo internacional.

Mientras tanto, Suárez reunió y agrupó como en un puzzle a diversos grupos políticos conservadores sin base social propia provenientes del franquismo —metamorfoseados en democristianos, liberales y socialdemócratas—, para conformar la coalición electoral llamada “Unión de Centro Democrático”. Como alguien dijo, “Suárez coaligó partidos y partidetes, en su mayoría compuestos por amigos y amiguetes, plenamente consciente de que todos los militantes de aquella gran coalición cabían en un taxi; eso sí, en un taxi antiguo”; como quien dice, el mismo producto en distintos envases, con rótulos como: “demócrata”, “socialdemócrata”, “liberal”, “popular”, “progresista” o “independiente”. Eran el Partido Demócrata Cristiano de Álvarez de Miranda), el Partido Socialdemócrata de Fernández Ordóñez, la Unión Socialdemócrata de Eurico de la Peña, el Partido Socialdemócrata Independiente de Gonzalo Casado, la Federación Socialdemócrata de José Ramón Lasuén, el Partido Popular de Pío Cabanillas), la Federación de Partidos Demócratas y Liberales  de Joaquín Garrigues Walker, el Partido Demócrata Popular de Ignacio Camuñas, el Partido Progresista Liberal de Juan García Madariaga, el Partido Liberal de Enrique Larroque, el Partido Social Liberal Andaluz de Manuel Clavero, el Partido Gallego Independiente de José Luis Melián, Acción Regional Extremeña de Enrique Sánchez de León, Acción Canaria de Lorenzo Olarte, y la Unión Demócrata de Murcia de Pedro Pérez Crespo.

A buena parte de estos líderes no los conocían ni en su casa y sus seguidores probablemente ni siquiera pudieran viajar juntos en un taxi. Todos estos grupos acordaron con Suárez en renunciar a la derecha más recalcitrante para presentarse como un partido de centro equidistante entre los dos extremos. Al principio, la gran banca franquista receló del proyecto de UCD; pero al final acabó cediendo al atractivo de la retórica de Suárez en cuanto a convertir la cualidad neutralizante de las dos Españas, en cantidad de votos que permitían acceder a las más altas instituciones del Estado “democrático”:

<<Hay pruebas de que, por lo menos para preparar las elecciones que vendrían a continuación —las municipales— se pidió dinero a los países árabes. A la Corte de Teherán, en concreto, llegó una carta del rey de España, fechada el 22 de junio de 1977, en la que se pedían 10 millones de dólares para apoyar al partido de su primer ministro, Adolfo Suárez, en las elecciones que se llevarían al cabo de seis meses. Quien firmaba la carta, el rey Juan Carlos, explicaba a sus “hermanos árabes”, que el PSOE contaba con la ayuda plena de la Internacional socialista, especialmente de la riquísima socialdemocracia alemana; y que hacía falta contrarrestar esta situación y buscar apoyos para que un gobierno de centro-derecha, como el de Adolfo Suárez, se pudiera sostener, y así proteger a la institución monárquica de la amenaza marxista. La monarquía saudí (en aquél momento se trataba del rey Halid, y Fahd era el primer ministro), que se sepa respondió favorablemente con la concesión de 100 millones de dólares (unos 10.000 millones de pesetas), mucho más de lo que se había pedido, que la Casa Real tenía que devolver en un plazo de diez años sin intereses.>> (Patricia Sverlo: OP. Cit. Cap. X Las elecciones)

 En fin, que se trató de una operación política superestructural a cargo del Estado español, auspiciada por el gobierno postranquista de Adolfo Suárez para generar —de la nada pero con mucho dinero— una base social de sustentación política a la futura Monarquía parlamentaria entre las clases subalternas de este país. Todo un consenso “democrático” bajo el chantaje institucional —completamente intacto— de la violencia fascista encarnada en las FF.AA. del régimen anterior, con los mismos poderes fácticos y el mismo espíritu sedicioso que el 18 de julio de 1936 se alzó contra la voluntad popular que había erigido la segunda república burguesa en 1931. Desde entonces, la conciencia “democrática” de la mayoría absoluta del pueblo español, quedó hipotecada al terror de Estado residual que representan sus “fuerzas y cuerpos de seguridad” mechados en la Monarquía parlamentaria que se cocinó de espaldas a las mayorías sociales de este país; esta conciencia social aterrorizada que rige desde entonces la vida política española, no es, por tanto, ni libre ni democrática, diga lo que diga día que pasa ese ejército de filisteos públicos y privados, propagandistas a sueldo del sistema capitalista español.  

Suárez dio cumplimiento al segundo punto de su programa político convocando  a elecciones generales —que se celebraron el 15 de junio de 1977— para la formación de un gobierno y unas Cortes Constituyentes a fin de aprobar la Ley de la Reforma política. Antes de la celebración de los comicios, Torcuato Fernández Miranda, quien había sido preceptor del Príncipe Juan Carlos de Borbón hasta la muerte del Dictador, renunció ante su pupilo —convertido en Rey “por la gracia de Dios” y con el permiso de Franco— a sus cargos de Presidente de las Cortes y del Consejo del Reino. Sorprendido al ver que Suárez no es un fantoche suyo sino que tiene una política propia y se dedica a pactar con Felipe González y Santiago Carrillo, a Fernández Miranda le disgustó también que el Rey haya pasado a estar tan contento con este papel de Adolfo Suárez y no le escuche más a él para reformar el sistema.

Como hemos visto, su plan para la transición era la creación de un sistema en el que la izquierda estaba sólo reservada al PSOE histórico de Rodolfo Llopis, donde no tenían cabida ni el PSOE “renovado” de González, Mújica y los Hermanos Solana, ni los “comunistas” de Carrillo y la Pasionaria. Por estas razones es que, probablemente, Fernández Miranda presentó su dimisión, y el Rey —que lo había “borboneado” como antes hiciera con Arias Navarro—, a cambio de sus servicios prestados le compensó con el título de Duque, concediéndole el Toisón de Oro y una butaca vitalicia en el Senado por designación real. [47]  

 Los comicios del 15 de junio de 1977 consagraron la existencia de cuatro importantes fuerzas políticas a nivel nacional, que se repartieron los votos emitidos de ésta forma:

• Unión de Centro Democrático (UCD): 31,1%
• Partido socialista Obrero Español (PSOE): 28,6%
• Partido Comunista de España (PCE): 9,4%
• Alianza Popular (AP): 8,5%

Habiendo sido con diferencia la primera y única fuerza política de oposición al franquismo antes de integrarse en la operación política de la “transición”, como no podía ser de otra manera el PCE pasó a ser la tercera, a considerable distancia de la UCD y el PSOE. [48]

Uno de los primeros trofeos que se cobró Suárez con el triunfo en estas elecciones, fue la cabeza de Alfonso Armada:

<<Suárez se plantó delante del rey aprovechando la ocasión, dos días después de las elecciones, y le dijo: “o él o yo” Y el rey tenía perfectamente claras sus prioridades en aquél momento. Armada pidió que se dijera que abandonaba La Zarzuela voluntariamente con objeto de mandar tropas y completar su carrera militar. También puso por condición que le sustituyera Sabino Fernández Campo, porque tenía el mejor concepto de él desde que se conocieran en la Secretaría del Ministerio del Ejército en tiempos de Franco..>> (Patricia Sverlo: Op. Cit. Cap. 10)

El 13 de julio de 1977 se inauguran las nuevas Cortes “democráticas”, cuyo primer objetivo fue el de elaborar la deseada Constitución. Con ese fin, a finales de julio quedó constituida una Comisión de Asuntos Constitucionales, integrada por 36 parlamentarios (en número proporcional a los escaños obtenidos en el Parlamento); que encargó la elaboración de un anteproyecto a un grupo de diputados expertos, con preparación jurídica suficiente, que fueron 3 de UCD, y uno de cada fuerza política importante: PSOE, PCE, AP y minorías nacionalistas. En total siete.

Paralelamente, en agosto el Gobierno se reunió con los sindicatos para convencerles de la necesidad de la moderación salarial. El argumento fue: “acabar con la inflación”. En realidad se trató de superar la crisis elevando la tasa de ganancia a expensas del nivel de vida de los asalariados. [49] En septiembre, Fuentes Quintana discutió con el resto del Gobierno su documento base y en octubre se redactó el texto final con los demás partidos políticos: en el fin de semana del 8 y 9 se llevó a cabo un "resumen de trabajo", como lo llamó Felipe González para no darle excesiva importancia, y durante los días siguientes se desarrolló ese resumen en comisiones especializadas. Finalmente, el día 25 de ese mes  firmaron los Pactos de la Moncloa los representantes de los principales partidos políticos, incluidos Santiago Carrillo y Manuel Fraga, aunque éste, para salvar la cara, no subscribiera la parte de los pactos sobre cuestiones jurídicas y políticas con resabios franquistas, esto es, el derecho de reunión y asociación, la reforma del Código Penal, y la reorganización de las fuerzas de orden público.

Los pactos fueron aprobados por el Parlamento el 27 de octubre y su contenido se dividió en medidas económicas urgentes “contra la inflación y el desequilibrio exterior” derivado de ella, así como reformas necesarias a medio plazo para repartir la parte de los costes de la crisis entre los sectores de la burguesía.

En cuanto a la Constitución, una vez terminada la redacción de su texto, donde se plasmó el acuerdo de las principales fuerzas políticas oligárquicas presentes en las Cortes, fue aprobada en  referéndum el 6 de diciembre de 1978. Aquí se aplicó el mismo “modus operandi” manipulador que en el referéndum anterior. Este fue anunciado así:

España decide
Su futuro
REFERENDUM NACIONAL
DIA de la CONSTITUCIÓN
6 DE DICIEMBRE
TU DERECHO ES VOTAR
VOTA LIBREMENTE

Si, faltando 20 días para el referéndum ya se indicaba en prensa, radio, TV, etc., que el 6 de diciembre era el “día de la Constitución”, como si fuera la efeméride anticipada de un gran acontecimiento que ya se daba por hecho, la sugerencia lógica resultaba paradójica: ¿para qué votar? En el contexto de ese anuncio, el remate de la frase: “tu derecho es votar”, aparecía tan imperativamente incrustada como para que en las conciencias resuene como: “tu deber es votar”....y votar afirmativamente. ¿Y qué decir del “vota libremente”, un cínico eufemismo fraudulento del poder político embaucador de clase burguesa? Pues, si.

En el Estado español la abstención fue elevada, el 33%, pero en Euskadi llegó al 46,69%, lo que sumado a la gran cantidad de votos contrarios a la Ley (en Guipúzcoa el 29,88%), dio como resultado que en esta parte de España, la Constitución cosechó un claro rechazo. Esto provocó que Euskadi apareciera separada del resto del Estado. Mientras tanto, los militares se habían calmado, sobre todo cuando vieron el pésimo resultado que el PCE había obtenido en las primeras elecciones generales, donde, como hemos visto, sólo había llegado a un escaso 9% de los votos, gracias a la labor de vaciamiento ideológico y político llevado adelante por sus direcciones, al renegar de los principios republicanos que habían dado sentido de identidad a ese partido durante la guerra civil y todo el decurso del franquismo:

<<En 1977, Carrillo ya asistía a las recepciones oficiales del monarca  como si nada, y presumía, además, de que los camareros de Comisiones Obreras le reservaran los mejores canapés. El rey y “Don Santiago” —como Juan Carlos le llamaba afectuosamente, incumpliendo excepcionalmente la borbónica costumbre de tratar de tú a todo el mundo— se acabaron haciendo amigos. “Tendría usted que rebautizar a su partido y llamarlo Real Partido Comunista de España —le dijo un día el monarca. A nadie le extrañaría”. Carrillo le reía las gracias al rey, como cualquier otro personaje palaciego.>> (Patricia Sverlo: Op. Cit.)

¿En qué Constitución decidieron enfundarse los dirigentes comunistas siguiendo la misma lógica política posibilista burguesa que inauguraron durante la última guerra civil española? Desde el punto de vista de nuestro objeto de estudio a propósito del 11M, es decir, de la relación entre el Estado capitalista —bajo la forma monárquico-parlamentaria de gobierno— y la prevención del delito en general, lo primero que cabe decir sobre ella, es que, jurídicamente, retrotrae la figura de la jefatura del Estado a los tiempos del más absoluto arbitrio dinástico feudal. En efecto, como hemos dicho más arriba, de entre todas las instituciones del Estado español, la Corona es la más independiente de todas; no está sometida a control alguno, ni parlamentario ni judicial; tampoco a control político, puesto que el poder ejecutivo no es de su incumbencia constitucional. Por tanto, no se le puede imputar ningún delito ni juzgarle por nada. Su independencia es nítidamente de tipo feudal, absolutista. Se trata, pues, de un Estado de naturaleza social capitalista, enfeudado a una dinastía de la Edad Media, al menos en lo que atañe a cuestiones de trascendental importancia política, es decir, estratégica.

En efecto, en primer lugar, si como es cierto que la igualdad ante la ley es un precepto constitucional de obligada observancia, al mismo tiempo está legislado constitucionalmente que esa norma constitucional no rige para el Monarca. En efecto, el artículo 56, 3., la Constitución aprobada el 6 de diciembre de 1978 establece taxativamente que “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. Y sigue :

<<Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64 [1. (...) por el Presidente del Gobierno en funciones y, en su caso por los Ministros competentes (...) 2. De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden], careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65, 2., [que se refiere al nombramiento y relevo de los “miembros civiles y militares de su Casa” (Real)] >> (Op. Cit.)

Desde la promulgación y aprobación en referéndum de la Constitución, jamás se ha dado el caso, todavía, de un acto del Rey que no haya sido refrendado. La Constitución no prevé tal circunstancia, dando pábulo a dos alternativas.

1. Que el Presidente del Gobierno y, en su caso, los Ministros comprometidos en tal desacato a la autoridad Real, presenten su renuncia, como sucedió con el anteúltimo Presidente de facto, Arias Navarro, y luego con el primer presidente “democrático”,  Adolfo Suárez, poco antes del 23F. En estos casos, estamos ante actos de absolutismo político constitucionalmente previstos o golpes de Estado encubiertos, una violación despótico-constitucional de la voluntad popular expresada en las urnas por parte del soberano real, sea por voluntad política propia o inducida.
2. Que se rebelen desembocando directamente en una crisis orgánica del sistema político —que no del sistema social—, como sucedió durante el reinado del abuelo paterno de Juan Carlos I, Alfonso XIII. Esta alternativa es la que los distintos actores del drama que derivó en el 23F han querido y podido hasta hoy evitar; por eso es que la crisis abierta por la legalización del PCE y los cambios en algunas jefaturas claves de las FF.AA. se cerró en falso, del mismo modo que está sucediendo ahora con el 11M, aunque por otras causas políticas.

Sean cuales fueren las consecuencias políticas del comportamiento del Monarca que la Constitución deja abiertas a lo imprevisible, lo cierto es que el presupuesto constituyente que lo exime de toda responsabilidad penal, no sólo hacen de él un simple burócrata cuya discrecionalidad y secreto propio de su cargo hasta cierto punto blindan los actos de su función pública que así les permite convertir en cosa privada, sino que la garantía legal de su impunidad le inducen a devenir en el burócrata por excelencia —con capacidad legal para llevar la arbitrariedad de sus actos a lo absoluto— y, como lógica consecuencia, en el más absoluto de los conspiradores políticos para beneficio propio.

Pero el común de los españoles no se le ocurre pensar que el Monarca pueda llegar a semejantes extremos, porque, aun cuando se le considere perecedero, al mismo tiempo se le piensa y siente como imbuido de cierta virtud sobrenatural. Este bloqueo mental de los súbditos respecto de sus superiores sociales jerárquicos es una probada función propia de todo protocolo, que para eso se ha inventado, para justificar esa desigualdad humana fundada en la superioridad social jerárquica de la realeza, sólo así reproducible en la conciencia de los explotados. Como hemos visto, el protocolo real español estuvo inspirado en el ducado de Borgoña durante el siglo XIV. El tercer Duque de Alba recibió el encargo de enseñárselo al príncipe de España, quien después se convertiría en el rey Felipe I. Entre los objetivos de este protocolo estaba la “creación de una atmósfera casi divina en torno al soberano, que obligara a los súbditos a creer en el mito del monarca”, cosa que encajaba perfectamente con el derecho divino de los reyes, según el cual, “Todo poder viene de Dios y Dios lo deposita directamente en la persona regia” Un poder “divino” que se trasmite por la descendencia a instancias del acto sexual entre la pareja real, por lo que la vigencia del más etéreo y celestial espíritu de la divinidad, descansa en el más elemental instinto reproductor del ser humano terrenal, según el argumento de Marx expuesto en “La Sagrada Familia”.  

La manifestación social de la crisis económica mundial iniciada con la inconvertibilidad del dólar (1971) —agravada por la subida espectacular en los precios del petróleo—, se hizo presente de forma explosiva en la sociedad española durante 1977, dos años después de la muerte de Franco. Ese año, la situación económica del país se tornó políticamente explosiva; a la crisis de sobreacumulación se le sumó la crisis de abastecimiento del petróleo; en esos doce meses, el barril de crudo pasó de 1,63 a 14 dólares.

Dado que España es un país no productor de petróleo, el valor de las exportaciones sólo alcanzó a cubrir el 45% de las necesidades de importación, lo cual le ocasionó una perdida en divisas de 100 millones diarios, y una deuda exterior acumulada de 14.000 millones de dólares, superior al triple de las reservas de oro y divisas en poder del Banco de España.

La inflación trepó por encima del 20% en 1976, llegando al 44% a mediados de 1977, frente al 10% de promedio existente en los países de la “Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico Europeo” (OCDE).

El endeudamiento de las empresas ascendió a centenares de miles de millones de pesetas, y el desempleo se situó en 900.000 personas —de las cuales sólo 300.000 recibían subsidio de paro— que siguió subiendo hasta alcanzar la cifra de 2.000.000 en 1998.

Fue en tales circunstancias cuando, parafraseando a un político republicano de 1932, Enrique Fuentes Quintana, autor del documento base cuyo contenido inspiró los “pactos de la Moncloa”, llegó a decir: “O los demócratas acaban con la crisis, o la crisis acaba con la democracia”

Durante todo el mes de agosto, el Gobierno provisional monocolor de la “Unión de Centro Democrático” —formación política ad hoc constituida por la fracción reformista del franquismo— presidido por el ex falangista Adolfo Suárez, se estuvo reuniendo con los sindicatos UGT (del PCE) y UGT (del PSOE) para urgirles que convenzan a los trabajadores de que acepten la política de moderación salarial, a fin de acabar con la inflación, salvar a la Corona y a la oligarquía política y sindical de la que ellos formaban parte. [50]

En setiembre de ese mismo mes de 1977, el Presidente del Banco Central, Fuentes Quintana, discutió su documento base con el Gobierno; en octubre se redactó el texto final conjuntamente con los demás partidos políticos en distintas comisiones. Como ya hemos dicho, el 25 de octubre, se firmaron los Pactos de la Moncloa, antecedente inmediato de la futura Constitución. Dos días después, el 27 de octubre, dichos pactos fueron aprobados por el Parlamento en plena actividad “constituyente”

En este contexto, el Comité de Catalunya de la CNT tomó la iniciativa de proponer a los Comités de Catalunya de UGT y CC.OO., que se formara una mesa de análisis y discusión crítica conjunta del “Pacto de la Moncloa”. De estas jornadas que las delegaciones de los tres sindicatos catalanes desarrollaron durante el mes de septiembre y octubre de 1977, surgió el acuerdo de convocar a una manifestación en contra del Pacto de la Moncloa, que tuvo lugar en Barcelona durante el mes de octubre, y en la cual participaron 400.000 trabajadores. Fue este el primer y último acto unitario del Movimiento Obrero durante toda la Transición a la “democracia”, dirigido contra las decisiones dictadas al Gobierno de Suárez por la “Trilateral” capitalista mundial, como requisito indispensable para el futuro ingreso de España a la U.E. [51]

No se trataba aquí de ningún conflicto parcial, como el de las huelgas a fines de 1976, en Roca Radiadores, de Gavá (provincia de Barcelona), que duró tres meses a barricada diaria, con decenas de huelguistas encarcelados; tampoco de la huelga de gasolineras, convocada meses después por la CNT en Catalunya, donde los “grises” de la Policía Nacional sustituyeron a los distribuidores de gasolina, provocando varios incendios durante cuatro o cinco días; todo esto desató la represión y el acoso policial contra la CNT.

De lo que se trataba con la manifestación contra el Pacto de La Moncloa, era de desbaratar el acuerdo entre el Estado y el conjunto de la burguesía, para “poner en cintura” al conjunto del movimiento obrero español, disciplinarle al plan de estabilidad, esto es, conseguir que se resignara a perder todo lo conquistado en la lucha contra el franquismo, para ajustar las condiciones de la explotación de trabajo ajeno a la crisis de superproducción de capital. La burguesía sabía que sin este consentimiento del movimiento obrero, la transición al “chollo” de la “democracia” era imposible.

Y la gravedad del asunto no estribaba en el propio radicalismo de la CNT. Dado su insignificante peso social relativo, lo que esta organización pudiera hacer por sí misma no suponía ningún peligro político para el proyecto de la burguesía representada por el gobierno provisional de Suárez. Pero el caso era que la CNT había conseguido que su razón política necesaria gravitara sobre las secciones catalanas de UGT y CC.OO, haciendo posible que esa cualidad reivindicativa suya se trocara en cantidad superando las limitaciones ideológicas y organizativas del movimiento en esa parte de España. Y ante la manifestación de 400.000 personas recorriendo las calles de Barcelona el 15 de enero de 1978, saltó la alarma entre la patronal de que lo ocurrido en Catalunya se extendiera por el resto del país como una mancha de aceite. Fue cuando la partidocracia burguesa de derecha e izquierda se puso a temblar, decidiendo cortar esta movida a sangre y fuego, utilizando todos los medios, incluidos los ilegales, para evitar que el Movimiento Obrero a escala nacional se alzara unido contra el proyecto de la burguesía y del Gobierno.

Así fue cómo lo primero que acordaron hacer los “demócratas” cerrando filas en torno al gobierno postfranquista, fue aislar a la CNT para conseguir que las disidentes cúpulas catalanas de UGT y CC.OO. volvieran al redil de la transición pactada. Lo segundo, destruir a esa organización disidente lanzando contra ella a la Unidad Móvil de las Brigadas Político-sociales (BPS). [52] Para ello se utilizó la infiltración de un confidente en un grupo de la FAI, en Murcia   —Joaquín Gambín—, quien había vendido a dicho grupo dos maletas de armas y explosivos, que, evidentemente, fueron descubiertas por la policía; este hecho fue vinculado a las 54 detenciones realizadas en Barcelona el 30 de enero, con lo cual la reunión de la FAI pudo ser juzgada como una conspiración terrorista.

En ocasión de la manifestación, la Unidad Móvil de las “Brigadas político-sociales” (BPS) utilizó el mismo confidente, Joaquín Gambín, quien llegó a Barcelona 3 días antes de la manifestación que tuvo lugar el día 15 de enero de 1978, durante la cual se procedió a incendiar la sala de fiestas “SCALA”, situada en la esquina de la calle Consejo de Ciento y Paseo de San Juan, acción en la que Gambín embarcó a cuatro jóvenes (tres de ellos menores de edad), afiliados a la CNT. En ese atentado murieron cuatro personas que trabajaban en el local: Ramón Egea, Juan López, Diego Montoro y Bernabé Bravo.

Al fiscal del caso le pareció del todo normal que un delincuente común de cincuenta años, en busca y captura por varios juzgados, hubiera sentido de repente una irresistible atracción por las ideologías libertarias. Además, Gambín colaboró —siempre presuntamente— con los responsables directos del atentado, llevándoles por Barcelona en su coche y enseñándoles cómo fabricar cócteles molotov, dirigiéndoles de manera experimentada.

Según declaraciones del mismo fiscal, a las pocas horas del incendio la policía de Madrid ya sabían los nombres y demás señas de identidad de los autores, procediendo a comunicarlo a sus colegas de Barcelona, naturalmente omitiendo cualquier referencia al tal Gambín, más conocido en los turbios ambientes delicuenciales como “El Grillo”. El entonces ministro de Gobernación (ahora se llama Interior) Rodolfo Martín Villa, presentó ante los medios de comunicación, la detención del grupo anarcosindicalista (en poco más de 24 horas) como un verdadero triunfo de las fuerzas del orden contra la barbarie anarquista. Exactamente como se procedió tras el 11M. Sin embargo, dirigentes confederales estaban seguros de que este apestoso asunto había sido un complot para acabar con la central sindical libertaria, que iba tomando fuerza ante el oligopolio sindical de CCOO y UGT pactado entre el gobierno de la UCD y los partidos socialista y comunista.

Según reporta Matías J. Ross: http://www.vistazoalaprensa.com/firmas_art.asp?Id=1408, los condenados: José Cuevas, Javier Cañadas y Arturo Pla, en ningún momento aceptaron su participación directa en los hechos, aunque sí la preparación de los cócteles Molotov. Se han sentido manipulados y dirigidos por el confidente policial infiltrado entre ellos. El juicio oral, celebrado en diciembre de 1980, no pudo contar con el testimonio de Rodolfo Martín Villa —solicitado por las defensas de los acusados— ni con la presencia de Joaquín Gambín, quien logró fugarse de la prisión de Elche en extrañas circunstancias. [53]

A pesar de que tenía varias órdenes judiciales de busca y captura, la policía no pudo dar con el paradero de El Grillo, aunque sí lograron entrevistarlo —previo pago— varios periodistas, que localizaron al confidente en Rincón de Seca (Murcia). En el reportaje que apareció en una revista muy leída por entonces —entre otras cosas— dijo Gambín que el comisario Escudero era su jefe directo. Escudero era un policía subordinado del comisario Roberto Conesa, por entonces mano derecha de Martín Villa. [54] Dijo que por sus trabajos de infiltración en la Confederación Nacional del Trabajo y/o por constituir el Ejército Revolucionario de Ayuda al Trabajador (ERAT), cobraba 45.000 pesetas mensuales. Este grupo dio varios atracos antes de caer en otra “extraordinariamente brillante” operación policial, cuando ya no se le necesitó. Por la delación del asunto de La Escala, cobró 100.000 pesetas de las de entonces. [55]

La presión mediática sobre las fuerzas policiales subió de tono a raíz del juicio y de las alegaciones del indignado fiscal Del Toro, que fue incluso acusado de simpatizar con los anarquistas. Del Toro se defendió y llegó a escribir que, ante el escándalo judicial que representaba una vista pública sin el Grillo y sin Martín Villa, su problema fundamental estribaba en no cubrir de ridículo su carrera. Todo estaba cojo en este caso y por lo tanto era propicio a las más desaforadas imaginaciones. Exactamente igual que ahora respecto de las conclusiones del Fiscal Del Olmo.

El periodista Luis Andrés Eldo, de quien hemos recogido parte de lo que hasta aquí hemos dicho sobre este oscuro episodio de la transición a la “democracia” en España, agregó lo siguiente:

<<Pero el hecho más escandaloso de este “agujero negro” que es el Caso Scala, no se limita a la utilización por la BPS (con la connivencia del Gobierno) de un agente provocador (que ha engañado a cuatro adolescentes). No, el tema desborda estas chapuzas de la acción policial.

Efectivamente, el Juez que inició el Sumario del Caso Scala (pues el incendio de esta sala se ha convertido en “Caso”), requirió ese mismo día a un perito especializado en catástrofes de esta índole (un tal Sr. Villalba) la misión de recoger muestras del resto del incendio. El Sr. Villalba y su equipo de especialistas, se presentaron con la autorización del Juez el mismo día a recoger sus muestras (pues el Juez había decidido destruir al día siguiente las ruinas a que había quedado reducido el edificio tras el incendio).

El Sr. Villalba sometió las muestras recogidas a análisis de laboratorio, y el resultado es definitivo: ¡había fósforo! Es decir, que los cócteles de gasolina han caído sobre un edificio que alguien había preparado con la acumulación de fósforo, para que pudiera arder en unos minutos.

Para más INRI, uno de los acusados, Xavier Cañadas, atestiguó públicamente, años más tarde, que en los primeros interrogatorios policiales observó que encima de una mesa había una carpeta con una indicación en letras mayúsculas: CASO SCALA, FÓSFORO.

Se trataba, sin ningún género de dudas, del informe del perito Sr. Villalba.

Este hecho nuevo (la existencia de fósforo) explicaría que un informe del Fiscal General del Estado, Burón Barba, exigiera una investigación sobre la presunta participación de los Servicios de Seguridad del Estado en el incendio de la SCALA.

Resulta que ambos informes, el del Sr. Villalba como el del Fiscal General, desaparecieron del Sumario, no llegaron al Juicio Oral, celebrado en Barcelona tres años después, en diciembre de 1980.

Para que todo esto pudiera ser posible, no existe otra explicación: el que nos encontramos ante una operación de Alta Política de Estado, de alcance internacional, como es la de eliminar la movilización del Movimiento Obrero, peligro real contra la Reforma Pactada, decidida en el marco del “Mundialismo Capitalista”, lo que justificaba la ignominia montada por la BPS.

¿Porqué los Partidos de la llamada izquierda y sus propios Sindicatos miraban hacia otro lado cuando, a través del Caso Scala, el Gobierno y los mass-media machacaban a la CNT?; no se imaginaban (ingenuos todos ellos) que el Poder estaba neutralizando a todo el Movimiento Obrero, condición sine qua non para que el “Mundialismo Capitalista” accediera a que el PSOE alcanzara el Poder en 1982 y continuara metiendo el cerrojo a la movilización del Movimiento Obrero, ante las draconianas “reconversiones industriales” exigidas para su ingreso en la Unión Europea.?>>  (Luis Andrés Edo: http://www.soliobrera.org/actualidad/congres.html)

De “ingenuos” nada, compañero Luis Andrés ¿O usted ignora que, para ese entonces, Santiago Carrillo ya había aceptado las condiciones que le impuso el Rey en 1975, para que el PCE pasara a formar parte del “staff” político partidocrático que pasó a ser el rostro de la “democracia”, desde que, con el SÍ obtenido en referéndum amañado se instauró la Monarquía Constitucional española en 1978?

En noviembre de 1978, un grupo de coroneles y tenientes coroneles protagonizaron la llamada "operación galaxia". El teniente coronel de la guardia civil Antonio Tejero, y el capitán Saez de Inestrilla, el 11 planearon un asalto al palacio de la Moncloa previsto para el día 17, con el objetivo de secuestrar al gobierno y exigir un cambio de política. EL complot fue desbaratado por la policía gracias a las confidencias de uno de los implicados, pero los conspiradores fueron condenados a  suaves penas de seis y siete meses de prisión

Caída de Suárez y farsa de golpe: nueva conspiración burocrática.

                En 1978, Suárez había alcanzado su mayor prestigio ante la corona y la propia sociedad, como eficaz servidor de la transición hacia la “democracia”:

<<El Rey estaba absolutamente deslumbrado. “Es un fenómeno —comentó un día en La Zarzuela. Mirad qué artículo segundo de la Constitución ha hecho para solucionar la grave cuestión de las autonomías y, al mismo tiempo, manteniendo la unidad de España>> (Patricia Sverlo: “Un Rey golpe a golpe” Cap. X) http://www.jcasturias.org  

                Pero, en ese momento, ya estaban dadas todas las condiciones para que esa ilusión acrisolada en el espíritu pragmático del Monarca empezara a desvanecerse. La política de nombramientos seguida por el vicepresidente del gobierno para asuntos de la defensa, Gutiérrez Mellado —saltando por encima del escalafón para designar al general Gabeiras como jefe del Estado Mayor y al general Ibáñez como director general de la guardia civil— encendió los descontentos y las protestas de los militares. El general Atarés protagonizó un violento enfrentamiento con Gutiérrez Mellado, a quien insultó gravemente en un acuartelamiento de Cartagena, sin que tal acción mereciese la más leve condena moral o medida disciplinaria. [56]

            En marzo y abril de 1979, Suárez intentó capitalizar el exitoso referéndum de la Constitución, convocando a elecciones generales y municipales. Pero los resultados en términos absolutos del escrutinio reprodujeron casi exactamente los de 1977. La diferencia en cuanto a la abstención en una y en otra (21% del censo en 1977, 32% en 1979) fue la consecuencia directa de la política de consenso anterior y reflejó el divorcio creciente con la política de los grandes partidos por parte de un amplio sector del electorado. UCD obtuvo de nuevo la mayoría relativa, pero esta vez su base electoral llegó sólo al 23% del censo, por tanto, careció de fuerza suficiente para gobernar en solitario. Los resultados de las municipales debilitaron aún más su posición. La gran mayoría de los municipios (y la práctica totalidad de las ciudades principales) dieron abrumadora mayoría a la izquierda burguesa (PCE y PSOE), al tiempo que la abstención superó el 40% del censo.

La intención de acabar con la anterior política de consenso y pasar a gobernar con un programa consecuente de derechas —“hay que dejarse de acuerdos y consenso, ahora hay que ponerse a gobernar”, declaró Arias Salgado tras las elecciones— tuvo muy corto alcance. Después de las municipales, la respuesta al nuevo gobierno de Suárez —mucho más derechista en su composición que el de 1978— fue la conclusión del pacto municipal PCE-PSOE. En mayo, durante el congreso del PSOE, Felipe González se vio obligado a dimitir ante el desbordamiento radical de los delegados. Todas las fuerzas políticas —desde Fraga hasta Carrillo, se echaron las manos a la cabeza exigiendo su retorno, al mismo tiempo que la oleada terrorista más intensa hasta ese momento, causaba 20 muertos y más de 100 heridos en una sola semana.

Por su parte, la patronal “Confederación Española de Organizaciones empresariales” (CEOE), hizo una crítica demoledora al programa económico del gobierno y le dio casi un ultimátum para que presentara un plan de acuerdo con la mayoría de la CEOE. Simultáneamente, cientos de miles de trabajadores iban a la huelga y se manifestaban activamente desde enero de 1979 contra los topes salariales, el paro y el empeoramiento de las condiciones de vida. Una nueva huelga general contra la represión paralizó Euskadi, al tiempo que en Cataluña, Aragón, Castilla y Euskadi, manifestaciones de cientos de miles de personas exigían la autonomía.

Tres meses después de las elecciones, ante la creciente polarización entre las clases, la estabilidad política del país en un clima de normal juego parlamentario entre gobierno y oposición, se tornaba cada vez más difícil, con tendencia clara hacia una situación de ingobernabilidad tendencialmente explosiva. Ante semejante situación, Carrillo volvió a plantear un “gobierno de concentración nacional”, con un consenso aún mayor que el de la etapa anterior. Por su parte, Felipe González ofreció sus servicios en caso de que se produjera “una situación de emergencia”. En las FF.AA., los síntomas de insubordinación militar empezaron a ser cada vez más notorios y no desaparecerán de la escena política nacional hasta su desenlace el 23F.

La consecuencia inmediata de esta situación fue el consenso entre las dos principales fuerzas parlamentarias centristas, UCD y PSOE, a fin de imponer “democráticamente” en la Cortes las principales leyes de desarrollo de la Constitución (Ley del Tribunal Constitucional, estatuto de Radio Televisión Española, acuerdo marco entre la patronal CEOE y el sindicato socialista UGT, estatutos de autonomía de Euskadi y Cataluña, Estatuto de los Trabajadores, Ley de Seguridad Ciudadana, Estatuto de Centros, Ley de Autonomía Universitaria, etc.

Sin embargo, la repulsa y protesta popular contra toda esta política se fue agudizando a lo largo del otoño y el invierno de 1979. Cientos de miles de trabajadores se movilizaron contra los topes salariales y el Estatuto de los Trabajadores pactado entre la patronal y el sindicato socialista. Las universidades e institutos despertaron de su letargo y se movilizaron contra las leyes del gobierno en el terreno de la enseñanza. En diciembre, más de dos millones y medio de trabajadores, estudiantes, etc. participaron en el movimiento huelguístico. La lucha obrera y popular no había alcanzado un grado de contestación semejante desde principios de 1976. Arrastrados por ese movimiento de masas de magnitud, los propios dirigentes del PCE hablaban de preparar una huelga general, aunque finalmente se echaron atrás, demostrando que el Estado burgués y sus prebendas gravitaban más que la presión de las masas sobre su comportamiento político. Todo había sido cuestión, para ellos, de haber dado hacia ese centro burocrático de interés el primer paso en julio-agosto de 1974, como hemos visto.

Paralelamente, la actividad de las bandas fascistas y parapoliciales, los asesinatos y la represión contra el pueblo se desataron. En esos meses, doce personas fueron asesinadas y muchas otras heridas, detenidas y encarceladas. El 13 de diciembre, en el curso de una manifestación de obreros y estudiantes, la policía mató a dos estudiantes. Al día siguiente, en las Cortes, nadie se atrevió siquiera a mencionar los hechos. En los parlamentos burgueses, la lucha de clases se sublima, pasando de su estado sólido tal y como aparece en las calles y fábricas, al gaseoso. En ese momento, el divorcio entre la política oficial y la calle era ya enorme y no dejaba de aumentar. De un lado las masas, empujadas por las contradicciones de la vida social tendentes a desbordar los diques del capitalismo, del otro, los dirigentes oportunistas del movimiento, tratando de evitar el desborde a cambio de una parte en el común negocio de explotar trabajo ajeno. Como decía Trotsky, el falso dado político del pequeñoburgués, gira en una dirección y en otra según los vientos de la lucha de clases, pero siempre se detiene sobre su base más pesada.

A lo largo de 1979 se produjeron acontecimientos que irían a provocar un giro importante en la situación mundial. En enero, fue derrocado el emperador de Irán, Reza Phalevi, instaurándose la República Islámica. En agosto triunfó el movimiento pequeñoburgués sandinista en Nicaragua. En noviembre, los llamados “Guardianes de la revolución” asaltaron la embajada norteamericana en Teherán tomando un  número indeterminado de rehenes. Poco después, las tropas soviéticas ocuparon Afganistán para responder al asedio norteamericano —a instancias de su aliado paquistaní— sobre el eslabón más débil de la URSS en Asia. La CIA, en connivencia con los sátrapas islámicos en esa región, pusieron en quiebra la política exterior de distensión del presidente norteamericano Jimmy Carter, quien descendió al nivel más bajo de popularidad en toda la historia presidencial de ese país, obligándole a un mayor endurecimiento en sus relaciones con el “bloque comunista”, y a una política de “ley y orden” en sus propios dominios internacionales, de confrontación con la otra superpotencia y de rearme.

Este giro de la política internacional alteró profundamente la situación interna de España, cuyo gobierno de “consenso” bajo la presidencia de Suárez, venía de tomar una serie de iniciativas que le cogieron a contrapié. Justamente a lo largo de 1978 y 1979, Suárez había congelado la decisión de integrar a España en la OTAN ­cuestión que no pudo ser consensuada con la izquierda­, cuya militancia, además, acusaba la acción de los movimientos antiimperialistas en la escena internacional, demandando de su gobierno una mayor dimensión iberoamericana y africana de la política exterior española.

En septiembre de 1978, Suárez había viajado a Cuba para invitar a Fidel Castro a visitar España. Fue el primer presidente en tomar semejante iniciativa. Un año después, Yasir Arafat fue recibido en Madrid con honores de Jefe de Estado, siendo España el primer país europeo en dar ese paso. Finalmente, el gobierno envió un observador a la Cumbre de Países No Alineados realizada en La Habana, gesto diplomático insólito en un país tradicionalmente aliado de los EE.UU.

El rumbo de la política interior y exterior de España, marchaba, pues, a contrapelo de las exigencias norteamericanas derivadas de la nueva situación en ese país y en el mundo. Lo que deseaba Washington era una España “segura”, estable y sometida a sus dictados; una España dentro de la OTAN, dócilmente alineada en la lucha contra la otra superpotencia y, por supuesto, sin reflejos neutralistas o tercermundistas en su política exterior.

Pero Suárez, hipotecado al consenso con la izquierda burguesa del PCE en aras de la estabilidad política del Estado a instancias de su relativa capacidad de control del movimiento de masas, estaba cada vez menos en condiciones de cumplir con las exigencias del imperialismo norteamericano. Esas nuevas exigencias de Washington, al mismo tiempo que las crecientes disidencias con sus socios democristianos y liberales al interior de UCD, fueron las que contribuyeron decisivamente a convulsionar y desestabilizar su gobierno, acabando por erosionar su propio prestigio político personal, no sólo de cara a la banca y los medios de comunicación que le habían catapultado, sino a la propia volubilidad pragmática del Monarca.

Por su parte, el Partido socialista obrero español renovado (PSOE), con el instinto político carroñero que le caracterizó desde su relanzamiento, comenzó a desmarcarse de la política de consenso con el Gobierno, iniciando su viaje al centro para fagocitarse el cadáver de la UCD y ocupar su puesto. Por de pronto, sintiendo la necesidad de ganarse la confianza de la banca, de los yankys y del Monarca, en el congreso de mayo del 79 lastró el marxismo: “Hay que ser socialista antes que marxista”, dijo Felipe González en una de sus sesiones a los delegados. El partido se negó a seguirlo y él renunció tácticamente a modo de presión como diciendo: “yo o el caos”. Cuando todos —incluso la derecha civilizada de Fraga— se echaron las manos a la cabeza, en setiembre volvió reforzado en su autoridad política personal.

Este proceso de recomposición burocrática de los partidos políticos institucionalizados, se fue a acentuando conforme se hacia patente —a lo largo de 1980—, que el próximo presidente norteamericano sería el republicano Ronad  Reagan. De hecho, a lo largo del año, las distintas fuerzas más reaccionarias vinculadas al imperialismo norteamericano, empezaron a moverse claramente con estas nuevas previsiones del gran viraje a la derecha en las postrimerías del gobierno de Carter, y que bajo el mandato de Reagan no hicieron más que confirmarse y profundizarse.

Finalmente, la llegada de Reagan a la Casa Blanca dio un nuevo impulso a los preparativos involucionistas en curso desde varios meses atrás. A poco de haber tomado posesión de su cargo, el nuevo secretario de Estado, Alexander Haigh, declaró públicamente que: “España debe fijar de inmediato un calendario para su integración en la OTAN”. Las promesas de una futura integración sin concretar ni dar pasos prácticos en ese sentido, ya no son suficientes. El golpe militar en setiembre contra el gobierno turco de Süleymán Demirel, fue una premonición y un aviso. Un informe del coronel Quintero (agregado militar español en Ankara) donde se valoraba positivamente el golpe, circuló profusamente entre la oficialidad y recibió favorables comentarios. En la prensa ultra española, los artículos amenazantes sobre el carácter “límite” e “intolerable” de la situación, se sucedían a diario. En Euskadi, durante los primeros días de noviembre, ETA cometió atentados con resultado de muerte contra once dirigentes de UCD, entre militares y guardias civiles.

A principios de diciembre, lal UCD sufrió un descalabro electoral aún mayor que los anteriores con la elección de solo dos senadores por Almería y uno por Sevilla. Aunque fue una elección sin trascendencia en sí misma, la importancia está en que la UCD quiso convertirla en un test de fuerza electoral.

Esta situación aceleró la ejecución del plan —conocido ya por Suárez— urdido por el conjunto de la oposición, parte de UCD y el sector monárquico del ejército liderado por los generales Milans del Bosh y Armada, todos en connivencia con el Rey, consistente en la presentación de una moción de censura contra Suárez para obligarle a dimitir, dejando expedito el camino legal para el nombramiento de un nuevo gobierno “de concentración” cívico-militar, presidido por el propio Armada, único modo de detener la dinámica del golpe “duro” en preparación, contra los partidos políticos, las instituciones “democráticas” y la Corona.

Pero lo que ocurrió fue que Suárez se adelantó presentando su renuncia irrevocable publicada el 29 de enero, proponiendo como sucesor a Leopoldo Calvo Sotelo, quien, hasta ese momento, se desempeñaba como vicepresidente segundo de Asuntos Económicos. [57] De este modo, si los conspiradores decidían seguir adelante con sus propósitos, se pondrían fuera de la legalidad “democrática”. Y esto es lo que, de hecho, se llegó a consumar cuando Tejero irrumpió en la sala de sesiones del Congreso. Su naturaleza social burocrática y facinerosa les impidió apelar al pueblo, hasta que Tejero descubrió que había sido engañado y utilizado por sus superiores operativos —quienes hasta último momento subestimaron su propia determinación política ocultándole la verdadera finalidad del golpe—, y decidió abortarlo tratando por unas horas de imprimirle su sesgo personal más duro. Nadie le siguió, demostrando la debilidad política y la cobardía personal de los burócratas civiles y militares profranquistas, así como la carencia total de apoyo activo en la sociedad.

El nuevo giro de la situación mundial, fue un factor de primera magnitud en el deterioro del esquema político de Suárez. La dificultad estaba en que, al mismo tiempo que iban cristalizando las amenazas latentes de involución política por parte de los sectores más recalcitrantes del franquismo residual, ninguna de las fuerzas políticas de la oposición democrática mostraban la solvencia necesaria para asumir la alternativa de gobierno.

Dado que la izquierda burguesa le había dado suficientes garantías de moderación y responsabilidad de Estado como para convencerle de que las únicas amenazas a la institución monárquica sólo podían provenir del falangismo residual y altos mandos de las FF.AA., con toda la impunidad para conspirar que le confería el artículo 56 de la Constitución —y que nadie cuestionó jamás—, el Rey no dejó de espolear secretamente a Suárez para que siguiera galopando con el caballo de las reformas políticas de izquierda burguesa (legalización del PCE, renuncia a entrar en la OTAN) y el saneamiento en el aparato político y militar del franquismo, al que había jurado fidelidad pero que ahora le resultaba un estorbo de cara a la proyección europea del Estado español y, por tanto, de su Casa real. Así, presidido por la vieja estrategia real de matar dos pájaros de un tiro, entre Suárez y el Monarca comenzó algo así como...

<<...el juego del policía bueno y el policía malo. Primero Suárez actuaba de malo y, después, los militares pasaban por La Zarzuela a quejarse al Rey, que era el bueno. El 28 de noviembre de 1979, Milans del Bosh fue recibido en audiencia privada y, poco después, también acudiría al palacio una amplia representación de la División Acorazada, presidida por el general Torres Rojas. Lo que más les enojaba era la política de depuración del Gobierno, que había enviado a destinos alejados de los centros de poder a los más adeptos al antiguo Régimen, para poner a mandos nuevos e ir lavando la cara de las Fuerzas Armadas. Y, desde luego, el tema de las autonomías, con aquél famoso “café para todos”, que veían como una desmembración de facto de la sagrada unidad de la patria>> (Patricia Sverlo: Op. Cit. Cap.10)

Una vez planteado el conflicto y el consecuente desgaste irreversible del Presidente —con sus decisiones ya sobre el terreno firme de los actos políticos consumados—, el Rey pasó a actuar, en primera instancia, como mediador y “árbitro” interesado entre Suárez y todos los que conspiraban contra él, pero luego fue sumando subrepticiamente su propio peso político fáctico a la carga de otros poderes que ya recaía sobre la cara en que el falso dado ganador de esa disputa debía detenerse para beneficio mutuo, siempre al amparo de lo previsto en el mismo artículo 56, 1 de la Constitución, que le relevaba de cualquier responsabilidad política o penal ante lo que hiciera o dejara de hacer, de modo que, así, todo quedaba “atado y bien atado”:

<<Juan Carlos escuchaba a Felipe, Fraga, Armada, Milans... en su papel de “árbitro” de España, para intermediar entre ellos y el presidente. Y acabó con un impulso que le dieron desde el exterior [en este caso desde el exterior de su propia relación con Suárez] (como en prácticamente todas sus anteriores decisiones políticas importantes), que inclinó la balanza a favor de los primeros. Juntos [los conspiradores, incluido el Rey, a espaldas de Suárez] comenzaron a elucubrar posibles soluciones al problema, a hacer planes que acabaron cristalizando el 23 de febrero de 1981.>> (Ibíd)

Pero Suárez ya había aprendido la lección estando entonces Torcuato Fernández Miranda donde ahora estaba él, cuando fue “pateado” por el rey una vez “acabada su misión”. Suárez se apercibió de que el monarca le haría objeto a él de la misma jugada, cuando el 22 de enero le propuso nombrar al General Armada segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército (el cargo ideal para pasar a desempeñarse como presidente del ya pactado gobierno de “concentración), a lo cual Suárez —como hemos visto— se negó, presentando cuatro días después su renuncia indeclinable, con lo cual hizo recaer el duro coste político del golpe “blando” sobre sus conspiradores, como así parece haber sido.

Hasta llegar a esa situación, los síntomas de descomposición y disgregación de UCD, se fueron haciendo más y más evidentes conforme avanzaba 1980. Entre enero y febrero, una nueva oleada fascista y represiva provocó 10 muertos y más de 20 heridos. Entre las víctimas estuvo la joven inmigrante dominicana, Yolanda González, secuestrada y asesinada por un comando fascista de Fuerza Nueva en los aledaños de Madrid. El 28 de febrero, la UCD sufrió su primer gran descalabro político en el referéndum autonómico andaluz. En abril, las elecciones autonómicas en Euskadi y Cataluña significaron una auténtica debacle para la UCD y enormes pérdidas electorales para el PSOE y el PCE, los tres pilares básicos del esquema político del consenso en que se sostenía el gobierno de Suárez. Estos resultados dieron pábulo a una verdadera espantada de UCD. Los “varones” de ese partido empezaron a perfilar su futuro político, unos con vistas a integrarse en la Alianza Popular de Fraga, otros en el PSOE. En mayo, Francisco Fernández Ordóñez, Joaquín Garrigues Walker y Landelino Lavilla, decidieron conspirar contra Suárez apoyando una moción de censura —presentada por el PSOE— que no prosperó.

Los medios de expresión de la derecha empezaron a poblarse de críticas ante la situación de «vacío de poder» que se estaba creando. Los rumores sobre reuniones conspirativas en la cúpula militar y en círculos de poder fáctico se extendieron. A la vez que aparecían públicamente opiniones y movimientos en torno a un posible “gobierno de concentración”, una salida a la crisis extraconstitucional presidida por un militar que recondujera el proceso. Los nombres de Osorio y otros viejos franquistas vuelvan a sonar como posibles ministros de ese gobierno. Incluso el PSOE a través de Enrique Múgica y sus contactos con altos mandos militares, apareció implicado en estas maniobras. En junio, el ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, declaró que España debía integrarse en la OTAN antes de 1983, por lo cual fue inmediatamente cesado, pero este episodio de indisciplina partidaria demostraba el calibre de las fisuras en el seno del gobierno y de la UCD.

Desde el verano de 1980 hasta finales de ese año, todos los factores de crisis se fueron agudizando al extremo. El desastroso panorama económico, donde la política gubernamental fracasaba, el aumento exponencial del terrorismo y la delincuencia (1980 batirá todos los records), la ley de Divorcio, el proyecto de ley de amnistía para los militares “progresistas” de la UMD (Unión Militar Democrática), la retirada del PNV de las Cortes, el enfrentamiento abierto entre el gobierno central y el autonómico catalán y, en fin, la sensación de desgobierno, de “vacío de poder”, van a dejar sin sustento la política de Suárez. Los poderes fácticos, la gran banca, las organizaciones empresariales, el ejército, la Iglesia,... van a ir dando la espalda a Suárez, cuando no enfrentándose con él abiertamente.

Entre julio y setiembre se pusieron en marcha varias conspiraciones civiles que buscaron conseguir el apoyo de unos y otros generales, con el fin de desplazar más o menos discretamente al gobierno legalmente constituido de la UCD, para poner en su lugar a un “equipo consensuado” entre unos u otros grupos de civiles y unos u otros grupos de militares. Se tiene constancia de que ya en el mes de julio de 1980, se reunieron el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, Pedro Más —ayudante de campo del General Milans del Bosh en la III región militar de Valencia— y el civil Juan García Carres, para comenzar a planificar el operativo con la finalidad de tomar las Cortes. En esas conspiraciones para desencadenar un golpe de Estado encubierto —blando o duro— parece que estuvieron implicados, además del Rey, no sólo significados personajes de la derecha civilizada, sino que, a estas alturas, se habían incorporado destacados representantes de la izquierda burguesa: PSOE y PCE. Así lo dice Sergio Vilar en: “La década sorprendente”:

<<Todo ello quería llevarse a cabo, al menos por parte de los socialistas, guardando algunas formas constitucionales; es decir, derribando al gobierno de UCD mediante un voto de censura, para formar, a continuación, un “gobierno fuerte” presidido por un general, o lo que Carrillo decía: “un gobierno de concentración” (...) La primera denuncia pública que Suárez hizo de esos proyectos, la pronunció ante los periodistas que le acompañaban en su viaje a Lima el mes de julio de 1980: “Conozco la iniciativa del PSOE de querer colocar en la presidencia del gobierno a un militar. ¡¡Es descabellado!!”>> (Op. Cit Ed. Planeta/86).

Vilar sigue reportando que, en los meses siguientes hubo diversas y sugestivas declaraciones —nunca desmentidas— más o menos alusivas a esos planes. Joan Raventós, primer secretario del “Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE” (PSC-PSOE), confesó sus deseos de acabar con el gobierno de Suárez de la manera que fuese y “aunque el gobierno que vaya a sustituirle sea más de derechas”. Por su parte, Ramón Tamames por entonces uno de los máximos jerarcas del PCE— fue más explícito y directo al pedir que un militar presidiera el futuro gobierno.

El 22 de octubre de 1980, en Lérida, tuvo lugar el famoso almuerzo-entrevista del general Alfonso Armada —supuestamente el “elefante blanco”, famoso militar a quien Tejero esperaba en el Congreso para hacerse cargo de la presidencia del gobierno— con Enrique Múgica Herzog y Joan Raventós en casa del alcalde ­socialista­ de esa ciudad, Antonio Ciurana. Unos y otros miembros del PSOE (sobre todo Múgica) redactaron informes de esta entrevista para entregárselos a Felipe González. No se ha aclarado todavía con detalle el contenido de tales informes, aunque todos ellos coincidieron en la formación de un gobierno de coalición al margen de cualquier consulta a los ciudadanos. Idéntico propósito se observaba en los movimientos de la derecha “democrática” y —ni que decir tiene— de la ultraderecha. Así lo revelaba una conversación que el dirigente democristiano Fernando Álvarez de Miranda mantuvo en diciembre de 1980 con Adolfo Suárez, así como las declaraciones de un periodista atribuyendo a Alfonso Guerra la propuesta igualmente sediciosa de su partido días antes del 23F:

<<Le reiteré, finalmente, que en mi opinión la situación estaba muy mal; que se habían encendido hacía tiempo las señales de alerta para la democracia y que, no teniendo la mayoría absoluta en el Parlamento, debía buscarse la coalición con el partido de la oposición. Me miró con tristeza diciendo: “Sí, ya sé que todos quieren mi cabeza y ése es el mensaje que mandan hasta los socialistas: un gobierno de coalición presidido por un militar: el general Armada. No aceptaré ese tipo de presiones, aunque tenga que salir de la Moncloa en un ataúd”, sentenció Suárez. Mi cara —­sigue diciendo Álvarez de Miranda—­ reflejó de tal manera la sorpresa, que no tuve que insistir en que no era ésa mi propuesta. Más de un año después de imprimir las anteriores líneas, nadie ha desmentido su contenido; como tampoco se han negado estas otras que firma el periodista Antxon Sarasqueta: “El nacionalista vasco Marcos Vizcaya me llegaría a confesar meses después que, veinte días antes del 23-F, Alfonso Guerra le llamó por teléfono para interrogarle sobre la disposición de su partido a participar en un gabinete de concentración presidido por un militar” Estas consultas de Guerra, así como algunos comentarios que Felipe González hizo en público (...), prueban que la participación en la conspiración militar era una actividad que se desarrollaba desde las máximas alturas del PSOE y por tanto desresponsabiliza en parte el papel que en ello jugaron otros socialistas, como Múgica, Raventós o Ciurana. El diputado comunista Jordi Solé Tura también tuvo relaciones con el general Armada, y, al parecer, en el gobierno que éste “había de” formar, el representante del PCE-PSUC iba a asumir la cartera del Ministerio de Trabajo. Otro irresponsable al que le pirran los cargos, como en 1985 volvió a demostrar al aproximarse al PSOE, mientras su antiguo partido languidecía a causa de las divisiones y de la pérdida de militantes y electores.>> (Op. Cit.) [58]

Por estas mismas fechas, en diciembre de 1980, pudo comprobarse que el General Armada —todavía destinado en la comandancia militar de Lérida— se entrevistó con el Rey como mínimo tres veces. El 18, cuando fue de vacaciones a Madrid lo visitó en La Zarzuela. El 3 de enero, en Baqueira, revisaron juntos el tradicional discurso que iba a pronunciar con motivo de la Nochebuena:

<<Armada conserva una fotocopia de las cuartillas con retoques de su propia mano. El 24 de diciembre, el rey lanzó aquél mensaje navideño lleno de ideas sugerentes, por primera vez sin la familia delante de las cámaras, sentado ante su mesa de trabajo: “La Monarquía, que en mí se encarna (...) impulsora de una acción de todos para todos”. Dirigiéndose a los políticos, dijo: “Consideremos la política como un medio para conseguir un fin y no como un fin en sí mismo. Esforcémonos en proteger y consolidar lo esencial si no queremos exponernos a quedarnos sin base ni ocasión para ejercer lo accesorio”. Y al pueblo en general: “No podemos desaprovechar,  con inútiles vaivenes, compromisos y disputas, esta voluntad de transformar y estabilizar España...”. dos días después de la entrevista que había concertado con Armada, debido a la cual, el general hubo de adelantar el final de las vacaciones, el rey pronunció otro discurso. Esta vez, el de Pascua, dirigido a los militares, que acababa así: “Yo tengo la certeza de que, si permanecemos unidos, entregados a vuestra profesión, respetuosos con las normas constitucionales en las que se basa nuestro Estado de derecho, con fe y confianza en los mandos y en vuestro Jefe Supremo, y alentados siempre por la esperanza y la ilusión, conseguiremos juntos superar las dificultades inherentes a todo período de transición y alcanzar esa España mejor, en la que ciframos nuestra felicidad.>>

Como no fuera el “vaiven” de casa al trabajo y del trabajo a casa de los que tenían por entonces la suerte de no estar parados, además de los “compromisos” entre familiares o allegados, y las pequeñas “disputas” en el estrecho círculo de relaciones interpersonales mediadas por el escaso dinero y los sentimientos más primarios en que el sistema recluye a sus “súbditos”, los “ciudadanos de a pie” —incluso cuando se les saca de paseo por el jardín de la “democracia” para que “decidan” qué minoría social sin “dar palo al agua” ha de gobernarles cada cuatro años, ¿a qué otros vaivenes, compromisos y conflictos podía estarse refiriendo el Monarca, sino es a los vaivenes, compromisos y conflictos propiamente políticos, en los que, al mismo tiempo, él y su cohorte de burócratas civiles y militares estaban secretamente empeñados en exclusivos y secretos ámbitos de actuación, donde de verdad se juega “lo esencial” de esta sociedad, o sea, el poder económico y político que posibilita la irrestricta libertad para ejercer en plenitud el usufructo de eso que el Monarca llama “lo accesorio”, las “pequeñas cosas de la vida”, cuyo valor de cambio no se reduce precisamente, para ellos, al de un salario medio?

Hay demasiados indicios que autorizan a juzgar políticamente de que tal ha sido la naturaleza social determinante de ese juego conspirativo-burocrático-sedicioso que desencadenó el 23F. El 15 de marzo de 1981, pasados los hechos, la prensa informó que algunos de los españoles comprometidos con el golpe militar habían viajado a Washington entre noviembre de 1980 y febrero de 1981, invitados por el equipo de Reagan para consultar o ser consultados sobre el intento, recibiendo promesas de ayuda. Lo cierto es que una conspiración en la que estuvieron implicados, desde capitanes generales y generales de Estado Mayor a suboficiales, pasando por coroneles, capitanes y tenientes de las FFAA y de la Guardia Civil, además de decenas de civiles, es imposible que pasase desapercibida para los servicios de información, sobre todo norteamericanos. Más todavía cuando uno de los golpistas mejor situados, el jefe del Estado Mayor de la División Acorazada Brunete, el coronel San Martín, procedía de los servicios de información de Carrero Blanco y tenía la reputación de estar estrechamente relacionado con los norteamericanos. En 1979, apenas dos años antes del 23-F, el excoronel del CESID Juan Alberto Perote fue destinado como capitán l “Área 3”, que se dedicaba a Contrainteligencia para los países del Este. La sede estaba en un inmueble de la calle Menéndez Pelayo, de Madrid financiado por la CIA:

<<Mi mayor descubrimiento mientras trabajé en Contrainteligencia —relata Perote— fue saber que aunque oficialmente dependíamos del CESID, nuestro patrón era la CIA. Ella era la que sufragaba el inmueble y nuestras gratificaciones en calidad de fondos reservados. Como se dice, el que paga manda, y esta dependencia me pareció siempre una escandalosa colonización que se extendía igualmente a otros ámbitos de la inteligencia. Cuando años después asumí cargos de cierta responsabilidad me empeñé en quitárnoslos de encima>> http://www.geocities.com/f_franco.geo/23f.htm

Como ya hemos visto, desde hacía tres años, en 1978, un oficial, el coronel Federico Quintero, especializado en información y próximo también a los servicios norteamericanos, había informado a sus superiores sobre una conspiración en la que estaba implicado el teniente coronel Tejero quien preparaba un golpe militar para noviembre de ese año. Se refería a la "operación galaxia" (El País: 21/11/1978). Los sediciosos pensaban secuestrar a Adolfo Suárez para forzar una "salida política" consistente en un "gobierno de salvación nacional", invocando como legitimación el art. 8 de la Constitución, relativo a la indisoluble unidad de España cuyo garante son las FF.AA y comprometiéndose a "solucionar la crisis", curiosamente provocada por los propios golpistas.

Con todo este arsenal de noticias, es imposible creer que los servicios de información españoles ignorasen la preparación del golpe, siendo igualmente inimaginable, que el general Alfonso Armada —tras 15 años de colaboración con don Juan Carlos de Borbón— hubiera aceptado encabezar un proceso de intervención militar sin contar con la anuencia de los EE.UU. Una vez conjurada la intentona, el propio Tejero, desde el banquillo de los acusados, declaró ante el Juez Instructor que "tanto el gobierno de EEUU como el Vaticano habían sido sondeados por el general Armada".

Cuesta pensar que los servicios de EEUU ignorasen una conspiración que se demostró ramificada, primero en Turquía y después en Portugal y España. Un cable de la agencia France Press (5/03/1981) se refería a un grupo de 250 portugueses de extrema derecha, que cruzaron la frontera española esperando el triunfo del golpe en España, para hacer un llamamiento al Ejército portugués favorable a un golpe similar al turco. Existe el dato del ministro de Defensa español que no pudo desmentir ante el Congreso el 17 de marzo de 1981, en cuanto a que la base aérea de EEUU en Torrejón, fue puesta en estado de alerta el domingo anterior al 23F.

Pero hay más. El informe oficial del Ministerio de Defensa presentado al Congreso el 17 de marzo de 1981, confirmó que el golpe de Tejero y Milans del 23 de febrero, se adelantó a los preparativos de otro de mayor dureza y fecha posterior. Lo cierto es que el 30 de abril, las tropas de la región militar de Madrid fueron acuarteladas, y que el 4 de mayo un general y un policía nacional fueron asesinados en Madrid, más dos guardias civiles en Barcelona. La escalada culminó el jueves 7 de mayo con el intento de asesinato del teniente general Valenzuela, jefe de la Casa Militar del Rey. Esa tarde acuartelaron las tropas hasta el anochecer. Al día siguiente se sentía en el ambiente el riego de insurrección. Pero no la hubo ni en España ni en Portugal.

Más datos: para que el gobierno del dimitido Suárez se hallara en pleno dentro del hemiciclo, se requería que en la sesión del viernes 20 no fuera investido Presidente Leopoldo Calvo Sotelo. En su “Memoria viva de la transición”, éste recoge lo siguiente:

<<Desde mi casa, el 17 de febrero, llamó Pío Cabanillas a Jordi Pujol y tuvo con él este diálogo:

—Jordi ¿Por qué no votáis en primera votación a Calvo Sotelo?
—Ahora no podemos; ya se verá más tarde.
—No es prudente ir a la segunda votación.
—¿Qué temes que pueda suceder entre una y otra?
—No, nada. A lo mejor un revuelo de entorchados>>.

El domingo, 22 de febrero, el comandante Pardo Zancada, de la División Acorazada de Madrid se entrevistó en Valencia con el capitán general Milans del Bosch, quien le dijo que "el lunes 23 se produciría en Madrid un hecho de extraordinaria gravedad ante lo cual no había más remedio que garantizar el orden y la seguridad de la I Región (Madrid), y que la III (Valencia) ya estaba preparada”. A las 8 de la mañana del lunes 23, oficiales del Estado Mayor de la III Región ultimaban los planes "como estaba previsto de antemano por Milans de Bosch". A las 4 de la tarde, el general Torres Rojas, gobernador militar de La Coruña, aparecía en el recinto de la División Acorazada de Madrid y convocaba con la mayor facilidad a "los jefes del Cuartel General y al Estado Mayor de la misma". En la I Comandancia Móvil de la Guardia Civil, en Valdemoro (Madrid), se repartieron fusiles entre guardias seleccionados tres horas antes para ocupar el Congreso de los Diputados.

Con estos antecedentes, es imposible concebir que los servicios de información militar, el Centro Superior de información de la Defensa (CESID) y la Junta de Jefes del Estado Mayor (JUJEM), los Estados Mayores del Ejército y de la Guardia Civil, dejaran de percibir los preparativos, hasta el punto de que, a las 6,22 de la tarde, la totalidad de los ministros se vieran sorprendidos en el Congreso por la irrupción de Tejero y sus hombres. Ya el 17 de diciembre de 1980, “El Alcazar” había publicado que el colectivo “Almendros” preparaba una conspiración militar. [59] A mediados de enero de 1980, “El Heraldo Español” titulaba en su portada a toda plana: "Ha llegado la hora". El 22 de enero y el 1 de febrero de 1981, con el mismo seudónimo, se precisaba esa información. El día 8, bajo el título "Situación límite" situado en primera página firmaba otro articulo el teniente general Fernando de Santiago y Díaz de Mendívil, ministro de Defensa entre 1975 y 1977. El 19 de febrero, “El Heraldo Español” anunciaba bajo el titular "El Plan De Gaulle... al revés", que el general Armada iba a presidir un nuevo Gobierno auspiciado por Felipe González.

Según reporta “El Mundo” en su edición del 23 de enero de 2003, la dirección del CESID elaboró un informe sobre el comportamiento de algunos altos cargos y agentes de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME) durante el fracasado golpe del 23-F. El informe se refiere a la creación, en el verano de 1980, de la Sección Especial de Agentes (SEA), cuyo único fin fue dar cobertura a los conspiradores de la trama golpista “blanda”. Respecto a los integrantes de esta nueva unidad, refiere que "está compuesta por agentes escogidos por su inestabilidad emocional para misiones dudosas y nunca lo suficientemente aclaradas para el resto de los directivos de la Unidad". En un documento se establece que, como complemento a esa nueva unidad, el comandante Cortina tenía previsto incorporar a varios hombres de confianza. Los redactores del informe acusan al equipo de Cortina de intentar anular la capacidad operativa de la AOME, ante la posibilidad de una nueva intentona golpista. Según Jesús Palacios en “El Golpe del CESID”, la SEA alquiló un piso a trescientos metros del Congreso tres meses antes de la operación. 

El 25 de enero, vísperas de la dimisión de Suárez, el presidente de la patronal catalana, Alfredo Molins, lanzaba un duro ataque a su gobierno: "Este Gobierno no se comporta como nosotros creemos que debería comportarse (...) es necesario un Gobierno que gobierne y que gobierne con autoridad". Quince días antes del golpe, en medios empresariales catalanes ya se hablaba de un Gobierno de concentración que sería presidido por el general Armada.

El 19 de enero, el coronel Ibáñez, del Estado Mayor de Milans de Bosch, visitó a Armada en Lérida "para comunicarle el resultado de una entrevista, en la que se había decidido el aplazamiento del asalto al Congreso. Armada informó de su próximo nombramiento como segundo jefe del Estado Mayor del Ejército".

El 30 de enero, Emilio Romero en ABC publicaba que el general Armada se estaba proyectando a la Presidencia del Gobierno. Adolfo Suárez dimitió el 26 de enero y su renuncia recién se publicó el 29. De inmediato, el general Armada fue catapultado al puesto de segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército. Catorce días después se reorganizaba la estructura de mandos del Ejército de Tierra. Se centralizó la dependencia de la estructura de fuerza —capitanías generales— y de las unidades de la Reserva General en la persona del jefe del Estado Mayor, y ponía al frente del Estado Mayor General y Especial del Ejército... al general Armada. Hay que recordar aquí, que el 29 de octubre de 1977, tras el triunfo de UCD en las elecciones generales celebradas ese mismo mes, Adolfo Suárez exigió al Rey que cesara a Armada de su puesto de secretario general de la Casa Real, para mantenerlo lejos de Madrid. Ahora, el mismo Monarca, ya sin exigencias, hacía caer a Suárez para que subiera Armada.

Según las conclusiones de Milans del Bosch ante el Juez Instructor del sumario por el 23F, el 10 de enero de 1981, el Rey había mantenido una reunión con Armada en Valencia donde "se habló de una operación política encaminada al nombramiento de Armada como jefe de Gobierno". En una reunión ulterior, el día 18, en presencia de Tejero, del general Torres Rojas y de otros conjurados, se consideró que Felipe González presentaría en el Congreso una moción contra el Presidente del Gobierno: "acudirían a la sesión la totalidad de los diputados y sería el momento apropiado para tomar el Congreso".

Una vez conocidos los planes para sacarlo de en medio, Suárez solía decir en privado: “el rey a mi no me borbonea”. Sobrevenida su dimisión el 26 de enero —recién públicamente anunciada el 29—, los planes del golpe “democrático” a lo De Gaulle quedaban trastornados [60] ; parecían quedar desbaratados, toda vez que Suárez se adelantó renunciando voluntariamente y haciendo público un mensaje donde dijo:

<<...un político debe saber en qué momento el precio que el pueblo ha de pagar por su permanencia y su continuidad es superior al precio que siempre implica el cambio de la persona (...) yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España>> (Joan E. Garcés ”Soberanos e intervenidos”La intervención militar. http://www.nodo50.org/caum/Cuadernos/Soberanoseintervenidos.html)

Está claro que, en ese sacrificio de su renuncia, no sólo iba implícito el propósito de evitar la ruptura del proceso democrático, sino de garantizar también la continuidad de su proyecto. Sin embargo, el 12 de febrero Alfonso Guerra declaró que: “Felipe González no descarta la posibilidad de una moción de censura" contra su sucesor, Calvo Sotelo, con lo que el libreto de completar la moción de censura pactada con la alternativa de un gobierno de coalición presidido por un militar, no sólo consistía en reemplazar a Suárez. Porque, está claro que si ése fuera el único propósito, el golpe no se hubiera llevado a cabo, salvo que persiguiese fines más ambiciosos. Y de eso se trataba: poner al frente del gobierno a un militar, único modo de neutralizar el golpe “duro”.

La dimisión de Suárez tuvo que influir, sin duda, en la decisión asumida por los conspiradores. Al día siguiente, el Partido Comunista se arrugaba y pedía un gobierno de coalición Suárez-González. Blas Piñar, veía el sustituto de Suárez en Landelino Lavilla. Y Alvarez de Miranda, democristiano, que antes se había pronunciado favorable a que UCD se coaligase con González. Pero el propio Calvo Sotelo en la sesión parlamentaria de investidura, dejó claro su rechazo a González al afirmar que "la transición ha terminado". En esto coincidía con la dirección de UCD y con los partidos nacionalistas de Euskadi y Cataluña. Al mismo tiempo, González y Carrillo coincidían en excluir una coalición socialistas-comunistas. El más interesado en que González accediese al gobierno de España era el canciller Helmut Schmidt. Su ministro de Hacienda y el presidente de la Confederación General de Sindicatos, habían convocado a una discreta reunión con Carlos Ferrer Salat, presidente de la CEOE, pero éste comunicó "a sus interlocutores socialdemócratas alemanes que, a su modo de ver, el momento no era favorable para que el PSOE asuma ahora el encargo de formar Gobierno".

Al día siguiente de hacerse pública la dimisión de Suárez, 30 de enero, el extinto periodista Emilio Romero publicó en el periódico monárquico “ABC” un artículo en el que ya se hablaba expresamente de “la solución Armada”. El 3 de febrero, el Rey telefoneó al exsecretario de su “Casa”, Armada, para confirmarle como candidato sustituto de Suárez y darle la enhorabuena desde el aeropuerto de Barajas, a la espera de que se abriera el de Vitoria para iniciar su primer viaje al País Vasco. Ese mismo día, Armada también habló con el coronel Ibáñez, quien se desplazó a Lleida para hablar personalmente con el general sobre la nueva situación creada a raíz de la dimisión de Suárez.

El cinco de febrero, seis días después de la dimisión de Suárez, el Rey cumplió su anunciada confirmación: Armada fue "rehabilitado" y nombrado 2º Jefe del Estado Mayor de Tierra, promoción que le puso en las mejores condiciones de ser catapultado por el propio Monarca a la presidencia del gobierno.

El 6 de febrero los reyes estaban en Baqueira para descansar tras los incidentes con militantes de ETA en la Casa de Juntas de Guernika, y se citaron con Armada para cenar en un restaurante de Artíes. La cena debió suspenderse ante la noticia de que la madre de la reina estaba muy grave. Sofía se trasladó rápidamente a Madrid, pero la entrevista no podía posponerse, y el Rey se quedó conversando con Armada hasta las tres de la madrugada. [61]

Tras la celebración del II Congreso de UCD, el día 10 de febrero, el Rey finalmente propuso a Calvo Sotelo en las Cortes como su candidato a presidente del Gobierno:

<<Cuando éste pasó por La Zarzuela al día siguiente, para los oficios religiosos ortodoxos en memoria de la madre de la reina (...) tuvieron ocasión de hablar brevemente en un aparte. El rey le dijo que le interesaba mucho verlo, y lo citó para el día 13 a las 10,30. Llamó a Sabino para que lo apuntara en el libro de visitas, y Sabino le advirtió de que no había horas libres, pero el rey insistió en el hecho de que retrasara la hora a quien hiciera falta —que en este caso fue Alfonso de Borbón citado para esa hora. Ninguno de los dos ha revelado nunca el contenido de la conversación que mantuvieron en aquella cita extraordinaria. (Más tarde) Alfonso Armada solicitó permiso por escrito a Juan Carlos, para darla a conocer como prueba que le favoreciera en su juicio. Pero no se lo autorizaron y Armada cumplió la orden al pie de la letra.>> (Patricia Sverlo: Op. Cit. Cap. 12) 

Una vez elegido el candidato a presidente que infructuosamente se quiso imponer a Suárez por vía de los hechos desde la sombra, el Rey se impuso a sí mismo el “deber” de mantener una nueva ronda de consultas con los diferentes líderes políticos de esa especie de cofradía sediciosa que llegaron a formar entre todos ellos, para mantenerse en la cúspide del poder estatal que administra políticamente a esa otra cofradía de la sociedad civil, unida por el interés común de explotar trabajo ajeno. Se reunió con González, Fraga, Carrillo, y demás actores del elitista elenco golpista convocado para representar su respectivo papel en la farsa. El 16 de febrero tuvo lugar una nueva reunión en Madrid entre un tal Ibáñez —segundo de Milans— y Armada. El 17, hubo otro contacto del Rey con Armada, durante un  acto en la Escuela Superior del Ejército. El 18 Ibáñez concertó telefónicamente con Tejero la fecha definitiva de la “Operación Congreso”:

<<Se había pensado en el viernes 20, con ocasión de la investidura del nuevo presidente del Gobierno. Pero Tejero puso dificultades y acordaron que podría  ser el lunes 23, puesto que se repetiría la votación y, nuevamente, el pleno del Congreso de los Diputados volverían a estar reunidos todos los miembros del gobierno presentes.>> (Ibíd)

Aquí adquiere pleno sentido la enigmática conversación ya citada entre Pío Cabanillas y Jordi Pujol, a la que Leopoldo Calvo Sotelo aludió en su “Memoria viva de la Transición”. A pocos días de la  paradojal representación oligárquico-totalitaria en ese templo de la democracia burguesa que es el Congreso de los diputados, José Luis Cortina Prieto, Jefe de la Agrupación Operativa de Medios Especiales AOME del CESID —un remedo de la FEMA norteamericana comprometida en el 11S— se encontró con el entonces embajador de los EE.UU. en Madrid, Tenence Todman, y con el nuncio del Vaticano, Monseñor Antonio Inocenti. [62] Cortina también se reunió el día 21 por la noche con Antonio Tejero, Alfonso Armada y Vicente Gómez Iglesias (su mano derecha en el CESID. En esa reunión, en lo que se le explicó a Tejero que habrían de ser los fines de la operación, estuvo la clave de su exitoso final político:

<<Fue en esta reunión que Armada se descubrió personalmente delante de Tejero como jefe de la operación. Cortina le indicó al guardia civil que los socialistas no darían nada de guerra, que aceptarían lo que les propusiera, que también veían la necesidad de un golpe de timón. Se le explicó, al parecer, no demasiado bien, que su operación en el Congreso se tendría que reconducir hacia el objetivo político de Armada. Según la declaración que hizo en el juicio, a Tejero en aquél momento le dieron a entender que el nuevo gobierno sería sólo de militares, y que el verdadero jefe era el rey, que lo apoyaba totalmente. Armada, en concreto, le explicó: “La monarquía necesita robustecerse, por ello, Su Majestad me ha encargado esta operación. Matizó, además, que la Corona y la Democracia  seguirían incólumes, aunque ya hay preparados varios decretos que entrarán en vigor” (esto último como para que Tejero creyera que se trataba de imponer algo parecido a una “democracia castrense”) . También le revelaron que tanto el Vaticano como el gobierno norteamericano habían sido sondeados y que, la Administración Reagan, les había prometido ayuda.>> (Ibíd. Lo entre paréntesis es nuestro)

Mientras los trabajadores de este país estábamos de lleno en nuestros “vaivenes” diarios aquél 23 de febrero de 1981, eran las 10,20 cuando Milans del Bosh se reunía con sus mandos para informarles de que en Madrid iba a producirse un hecho “grave e incruento” que se conocería por radio y TV, que el rey estaba por completo al tanto y que las instrucciones del operativo serían impartidas por el General Armada desde el Palacio de La Zarzuela. [63] Con algo más de retraso respecto a Milans y los americanos, a eso de las 13 hs. Tejero escogía los efectivos que le acompañarían en la toma del Congreso, sin decirles dónde irían y qué harían.

De acuerdo con la denominada “Operación Jaula”, a las 16,20 hs, el teniente Suárez Alonso, del Servicio de Información de la Guardia Civil, cerró las principales calles de acceso al Congreso con una certera e invisible maniobra. Veinte guardias civiles de paisano a bordo de cinco coches camuflados crearon un cordón de seguridad con la excusa de que vigilaban una red de comercios de coches de importación ilegales en los aparcamientos de la zona. Si fuera preciso, las patrullas, estratégicamente colocadas, facilitarían la entrada de Tejero y sus guardias en el edificio de la Carrera de San Jerónimo.

A las 18 hs., Tejero iba con sus hombres en dirección de la Carrera de San Jerónimo, sede del Congreso de los diputados, a bordo de los seis autobuses comprados días antes por su mujer. Veintidós minutos después, el contingente armado hacía irrupción en el hemiciclo donde se estaba decidiendo la investidura presidencial de Calvo Sotelo. Tal como se confirmaría después, Tejero había participado creyendo que se trataba de implantar un gobierno puramente militar para salvar a la Patria y la Corona del peligro comunista.

Enterado de la movida, el general José Juste Fernández —un hombre próximo a Suárez en ese momento a cargo de la Brunete de Madrid— contactó con Pardo Zancada quien le confirmó que la operación estaba en marcha dirigida desde La Zarzuela por el general Armada. Para cerciorarse de que esa información era veraz, Juste Fernández comunicó telefónicamente con la Casa Real pidiendo hablar directamente con Armada y fue atendido por el secretario del Rey, Sabino Fernández Campo:

<<Según la versión oficial, Sabino desmintió con una seguridad sorprendente que Armada hubiera de aparecer: “Ni está ni se le espera”. No se sabe a ciencia cierta de qué hablaron ni en qué tono, pero, a resultas de esto, Sabino se enteró de algunos detalles que no le hicieron gracia. Muy en particular que los golpistas estaban invocando a la Corona con frases poco afortunadas (“el rey está al tanto de todo”, “contamos con las simpatías de la reina”...). Hombre cauto por naturaleza, se sintió un poco alarmado y fue rápidamente a hablar con el rey (...) lo convenció de que no era nada aconsejable que Armada se presentara en la Zarzuela en medio de tanta confusión. Y el Monarca, como tantas otras veces, aceptó la tutela de Sabino.>> (Ibíd)     

Mientras tanto, "la propuesta de resolver la situación en el Congreso mediante la formación de un Gobierno presidido por Armada, la expresó éste a los generales reunidos en el cuartel general, después de una conversación telefónica con Milans (...) Armada pidió un ejemplar de la Constitución para estudiar el posible encaje legal de la fórmula". Al regreso de Armada al Cuartel General del Ejército, informó a su inmediato superior, el general Gabeiras, que "el Ejército está dividido y no sé más solución que la de formar un gobierno presidido por él (Armada). Con ese propósito se prestó él mismo a ir a las Cortes y hacer tal propuesta, si se le autoriza". Armada "dice que se le permitió presentar su fórmula a título personal, nunca como propuesta de la superioridad (...) Fernández Campo confirmó que el Rey habló con Gabeiras y con Armada, y que después le pasó el teléfono (a Sabino) y Armada le dijo que (...) había que evitar la división del Ejército, para lo que él (Armada) consentía en sacrificarse ofreciéndose para presidir un gobierno". Extraña forma de resolver el problema creado por la conspiración, de la que el propio Armada formaba parte.

Ubicado ya sobre el teatro de operaciones, el burócrata militar Alfonso Armada no entró directamente en el Congreso, sino que hizo escala en el “Hotel Palace”, convertido en puesto de mando de los generales que comandaban los cuerpos militarizados. A las 23,40 "reiteró (a Aramburu y Sáenz de Santamaría) su apreciación de que algunas capitanías podían estar a favor de Milans, y expuso la oferta que iba a hacer a Tejero, de un gobierno de transición presidido por él". Recibió la aprobación y encaminó sus pasos cruzando la Carrera de San Jerónimo hacia el Congreso.

¿Qué supuestos permitían a Armada entrar en el Congreso con un propósito tan preciso, contando con la luz verde del mando militar y del Palacio Real? Armada declararía después ante el Fiscal togado que "Creía necesario resolver la situación de emergencia que se había producido, porque en aquella situación la Constitución estaba vulnerada por Tejero y había que restablecer la normalidad..." Sin embargo, existía constancia de que Armada, dos días antes, el sábado 21 de febrero, se había descubierto ante Tejero como cabeza de la operación. Así concluye el Fiscal togado diciendo que: "en la madrugada del 21 de febrero se celebró en Madrid una reunión a la que asistieron Armada y el procesado comandante de Infantería, designado en el CESID, José Cortina Prieto (...) Cortina informó que están redactados hasta los decretos-leyes que entrarían en vigor en su momento y que, transcurridas dos horas desde la ocupación del Congreso, llegaría una autoridad militar que sería aceptada por distintos grupos parlamentarios". En su comparecencia ante el Juez Instructor, Tejero declaró que en la reunión del día 21 "Cortina le indica que todo va a salir bien, que los socialistas no van a dar la menor guerra (...) Los socialistas del Congreso son más bien socialdemócratas y ven también la necesidad de un golpe de timón". Prosigue el Fiscal togado: "Después de esta entrevista Tejero consultó por teléfono con Milans, quien le ordenó que obedezca a Armada, y Tejero informó a Milans que se había fijado la fecha del 23 de febrero para la operación, y que precisamente la había fijado Cortina".

El propio Milans parece haber intuido algo nuevo en Cortina: "mantiene una conversación con Armada, quien le confirma que Cortina era el hombre de su confianza". Sería este el antecedente inmediato de la divergencia en la noche del 23 al 24 de febrero entre Tejero y Armada acerca del desenlace del golpe. A Tejero se le confió la misión de ocupar el Congreso y retener al Gobierno y a los diputados, pero no conocía el desarrollo planificado para después, le habían dicho que el nuevo "gobierno sería sólo de militares". Nada más.

Tejero,  que tenía su confianza puesta en Milans del Bosch, sabía que su misión duraba "hasta que llegase una autoridad militar que pronunciase la consigna: “Duque de Ahumada", preguntó a Armada "si el general Milans formaría parte del Gobierno. Armada contestó que ni él (Milans) ni ningún militar, solamente él (Armada) como presidente". Tejero vio todo claro en ese instante. Le habían ilusionado con un golpe militar "contra el sistema" y ahora descubría haber sido utilizado. Pidió explicaciones a Armada, quien le dijo que en el gobierno estarían Felipe González, Múgica Herzog, Solé Turá y otro representante de UCD. Desengañado, Tejero rompió el diálogo con Armada, “ordenó a dos guardias civiles que le condujesen a la salida y que no entrara sin su permiso".

Era en ese momento la 1,20. A la 1,23 se emitió el mensaje del Rey por televisión. Patricia Sverlo dice que, en La Zarzuela, todavía no sabían que el plan Armada había fracasado. Algo muy poco verosímil y todo un despropósito político a tenor del previo encadenamiento de los hechos, teniendo en cuenta, además, que un miembro de la guardia real había podido penetrar en el edificio del Congreso para que el Rey —a instancias de Sabino Fernández Campo, su secretario— estuviera al tanto de todo lo que allí sucedía. En ese momento, una dilación en la respuesta a la actitud de Tejero, podía ser interpretado en las capitanías generales como una debilidad del bando “democrático”, lo que resultaría decisivo para el vuelco de los acontecimientos en favor de los “duros”.

Algunos dicen que no fueron tres sino quince los minutos que tardó el Rey en dirigirse a los españoles desde que Tejero repudió la propuesta de Armada. En cualquier caso, demasiado tarde para quien ha sido nombrado a los fines de “guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes” (Art. 61.1). Siete horas tardó nuestro “Jefe del Estado” (Art. 56.1) en ejercer públicamente el “mando supremo de las FF.AA.” (Art. 62 h), para controlar la situación ante semejante violación del “Estado democrático de derecho”. ¿Por qué tardó tanto? Pocos son los que desde entonces se han hecho esta pregunta, y menos aun los que han intentado siquiera responder a ella.

Dijimos que tres minutos de vacilación es demasiada ventaja que se le concede a un enemigo en semejantes circunstancias. Juan  Carlos de Borbón y Borbón debe saberlo porque estudió estrategia militar. Sin embargo, no concedió tres minutos sino siete horas de ventaja a los enemigos de la “democracia” permaneciendo en completo silencio político —hay quienes dicen que jugando al squash en La Zarzuela. Recién abrió la boca para ejercer su autoridad cuando Tejero echó a Armada del Congreso, es decir, cuando sólo quedó en juego la alternativa del golpe “duro”, cuyo triunfo, para él, suponía perder los privilegios sociales adosados a su Corona. Pero, entonces, ¿A qué se quedó esperando durante esas siete horas si es que no estuvo comprometido con ninguna opción golpista? “Hic Rhodus, hic salta” [64] .

A su salida del Congreso, Armada se trasladó directamente al Hotel Pálace para comentar lo que había pasado, y, de allí, al Ministerio del Interior, donde le esperaba una comisión de Secretarios de Estado y subsecretarios. Allí Armada habló con la Casa Real, después que el discurso del Monarca fuera visto por millones de españoles que, hasta ese momento, habían estado pendientes de los medios de comunicación —“cada uno en su casa y Dios en la de todos”— para irse a dormir tranquilos pensando que el golpe había sido abortado por el Monarca, y de esto se encargaron los medios de comunicación.

Sin embargo, el desenlace de la situación todavía no había dado todo de sí. A las dos de la mañana el comandante Pardo Zancada partió de la División Acorazada Brunete hacia las Cortes, al mando de una columna de 113 efectivos en apoyo de Tejero, y nadie interceptó su marcha entrando en el Congreso sin encontrar resistencia. Mas tarde llegó el capitán de Navío Menéndez Tolosa con igual propósito y tampoco tuvo dificultades para entrar. A las dos de la mañana, los insubordinados todavía esperaban que su actitud fuera seguida por más fuerzas del ejército —que hasta ese momento, se habían —mantenido al margen— para inclinar la balanza del poder militar en su favor y reclamar que el Rey se volcara en su apoyo nombrando presidente a Armada “sin Constitución ni hostias”:

 <<Pero el borbón siempre ha sabido medir muy bien los riesgos. La experiencia de un golpe de este estilo ya la había tenido su abuelo, Alfonso XIII, con Primo de Rivera...y no le había salido bien. Además, aquello no era lo que querían los americanos. No, no podía ser. Como le dijo a Milans, ya era demasiado tarde, ya no se podía hacer nada. Tejero había abortado el golpe de Estado que él mismo había iniciado (y no se había podido reconducir).>> (Ibíd. Lo entre paréntesis es nuestro)

A partir de ese momento, Tejero trató de proseguir con el golpe militar. Improvisó un manifiesto pidiendo a los oficiales de la División Acorazada Brunete que lo divulgasen por radio —“La Voz de Madrid”— que no logró salir al aire. Intentó que lo imprimiera “El Alcazar”, y tampoco lo consiguió. Recurrió a Milans. A las 01,35, al frente de 113 hombres y 4 capitanes llegó al Congreso en apoyo del golpe el comandante Pardo Zancada, de la División Acorazada. En Valencia, Milans, vacilaba; a las 2,30 del martes 24 —ocho horas después de que Tejero ocupara el Congreso al manifestarle el propio Rey por teléfono y telex que no aceptaba la formación de un Gabinete Militar— retiraba los tanques de las calles de Valencia, pero no levantaba el Bando militar. "Juro —le había dicho el Rey—, que no abdicaré la Corona ni abandonaré España, quien se subleve está dispuesto a provocar una guerra civil". Milans consultó a otros capitanes generales. Entre las 04 y las 05 hs. de la madrugada, comprendió que no le secundaban ya ni sus propios oficiales. A las 05 retiró el Bando y renunció a seguir. A medianoche, el Rey había transmitido un mensaje radio-televisado rechazando un desenlace que no respetase la Constitución. La intención del mando militar central que preparó la intervención era respetar la fachada de la Constitución, puesto que si Armada hubiera tenido éxito, la Junta de Jefes de Estado Mayor hubiera invocado el art. 8 que atribuye a las FFAA "la misión de defender el ordenamiento constitucional".

Desde dentro del Congreso, Tejero había procedido visceralmente a desbaratar la "operación Armada". Diez horas después, aislado y tras ser abandonado también por Milans, pactó su rendición con el propio Armada en la calle, sobre el capó de un coche, por eso llamado “el pacto del capó”:

<<Antes de entregarse, Tejero exigió la presencia de Armada. Sólo pactaría la rendición con él. Un gesto entre militares y en su lenguaje, para dejar patente su traición y humillarlo públicamente. A las 12,45 del 24 de febrero, tras hablarlo con el rey, Armada firmó a la puerta de las Cortes —sobre el capó de un coche—, la “nota de capitulación” con las condiciones de Tejero. (...) A las 14,30 , el jefe del Estado Mayor del Ejército, general Gabeiras, telefoneó a Milans del Bosh y le ordenó que acudiera inmediatamente a Madrid. A las siete en punto de la tarde, Milans entró en el Ministerio de Defensa donde fue detenido inmediatamente. Aquella misma tarde la Junta de Defensa, reunida en La Zarzuela, con Suárez todavía de presidente en funciones, ordenaba a Gabeiras que también arrestara a Armada. Gabeiras giró la cabeza hacia el rey, entre sorprendido y alarmado, e hizo exclamar a Suárez: ¿No mire al rey, míreme a mi!>> (Ibíd)

 Habiendo pretendido forzar la formación de un Gabinete Militar que suspendiera las libertades partidocráticas, Milans y Tejero chocaron con la lógica del desarrollo previsto por los conspiradores “democráticos” para llevar a cabo, con Armada como cabeza visible, el golpe de Estado blando. Como síntesis de este choque de dos fuerzas políticas iguales y opuestas cuya resultante fue nula, se abrió paso la “gloriosa” farsa protagonizada por Juan Carlos de Borbón y Borbón, como el nuevo bonaparte de la historia contemporánea en Occidente.

 Aquello fue cualquier cosa menos un golpe de Estado clásico, tal como así lo demostró el Coronel Amadeo Martínez Inglés en su libro Titulado: “El golpe que nunca existió”, publicado por la Editorial Foca. Años antes había escrito otra obra: “La transición vigilada”, que fue retirada del mercado a los 15 días de aparecer. Formó parte de un grupo de oficiales: la Unión Militar Democrática (UMD) denominados los “húmedos”,  de significación “aperturista”. En 1990 sufrió arresto durante cinco meses en la prisión militar de Alcalá de Henares, por defender la idea de crear unas fuerzas armadas puramente profesionales, no politizadas, por lo que se le apartó del servicio activo justo cuando iba a ser ascendido a general. [65]

La tesis de Martínez Inglés tiene el sólido fundamento de una regla político-militar de libro confirmada por un hecho indiscutible. La regla dice que todo golpe de Estado, para serlo, debe apuntar a su máxima jefatura ―que en este caso era el Rey― y a sus instituciones políticas, esto es, a los tres poderes de su aparato: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y el hecho indiscutible es que, cuando, a las 18,23 de ese día, 23F, el Coronel Tejero irrumpió en el hemiciclo del salón de sesiones del Congreso, lo hizo gritando como para ser escuchado por todos los que allí, sorprendidos, le observaban: “Estoy a las órdenes del Rey”. Además:

<<Los guardias civiles que entraron en el Congreso de los Diputados bajo las órdenes del teniente coronel Tejero, no iban en contra del rey, iban precisamente en su nombre, incluso dando vivas al monarca, como se observó en la televisión>> (Martínez Inglés: Op.cit.)

Aquí, alguien puede pensar que este testimonio es un argumento muy débil, porque Tejero pudo muy bien simular que estaba actuando en nombre del Rey. Pero, en ese caso, habría sido necesario tomar militarmente La Zarzuela y secuestrar al Monarca cortando todas sus comunicaciones con el exterior. Y lo cierto es que todas las líneas telefónicas del Palacio Real permanecieron abiertas en todo momento, y la centralita se saturó de llamadas, con lo que el Monarca hubiera podido desmentir esa estratagema tranquilamente desde su despacho, convocando a una conferencia de prensa en un descanso del partido de squash que a esas horas estaba jugando con dos “favoritos cortesanos”: el regatista vasco Ignacio Caro y el pionero del esquí y del turismo de invierno en Baquería Beret, Miguel Arias. [66]  

Años después, el mismo Rey —tan emborrachado con el vino malo de la popularidad como salvador de la “democracia” que ya no distinguía entre lo que debía decir y lo que le convenía callar— le comentó al telemático marqués de Villalonga con vistas a su biografía autorizada, lo siguiente:

<<“Si yo fuera a llevar a cabo una operación en nombre del Rey, pero sin su consentimiento, la primera cosa en la que habría pensado sería aislarle del resto del mundo impidiéndole que se comunicara con el exterior. Y bien, esa noche, yo pude entrar y salir de La Zarzuela a mi voluntad. Y en cuanto al teléfono ¡tuve más llamadas en unas pocas horas que las que había tenido en un mes! De mi padre, que se encontraba en Estoril —y que se sorprendió también mucho de poder comunicarse conmigo; de mis hermanas que estaban las dos en Madrid e, igualmente, de los jefes de Estado amigos que me llamaban alentándome a resistir”>> (Patricia Sverlo: Op. Cit. Cap. 12)

Al advertir la infidencia política que el Rey había cometido consigo mismo, Sabino Fernández Campo —el nuevo Jefe de la Casa Real en sustitución de Alfonso Armada por exigencia de Suárez— se encargó de que este párrafo fuera suprimido de la edición española del libro. Sverlo averiguó que, además de su familia, le telefonearon primeros ministros y reyes preocupados por la situación. También los presidentes autonómicos del País Vasco y Catalunya, Carlos Garaycoechea y Jordi Pujol, con la frase de complicidad que le dedicó a este último y después recogió la prensa: “tranquilo Jordi, tranquilo”. [67] Y la gente de Comisiones Obreras, varias veces, preguntando al Monarca: “¿Quemamos nuestros archivos y nos tiramos al monte?”, a lo que el Rey respondió: “¡Sobre todo no hagáis eso! ¡Tengo el asunto controlado!”. En cambio, Alexander Haig, por entonces Secretario de Estado de EE.UU., cuando conoció la noticia en Washington , con la misma tranquilidad se limitó a declarar: “Es un asunto interno de los españoles”.

Respecto del otro escenario del “golpe” —Valencia— en la obra citada Martínez Inglés reporta lo siguiente:

<<Milans del Bosch me dijo: “El batallón que ocupó Valencia salió prácticamente desarmado. No iba a combatir contra nadie. Llevaba órdenes rigurosas de respetar el entorno urbano para evitar accidentes entre la población. Aquello no era un golpe militar. Sólo se trataba de escenificar una situación política especial, limitada en el tiempo, en provecho de España y la corona”>> (Amadeo Martínez  Inglés Op.Cit.)  

Y en una entrevista a la periodista Sanjuana Martínez, de la revista mejicana “Proceso”, se ratificó en otros términos recordando que se destacó el hecho de que el general Milans del Bosch hubiera sacado los tanques en Valencia:

<<...pero los tanques salieron en plan de desfile, sin munición, respetando los semáforos. Un golpe de Estado no se monta así. En un verdadero golpe hubieran salido en Madrid y hubieran ido al palacio del rey, no en Valencia>> (Op. Cit.)

Según uno de los protagonistas del “golpe”, el coronel Ricardo Pardo Zancada [68] ―autor del libro “23F. La pieza que falta” ― en noviembre de 1980, cuatro meses antes del hecho, el antiguo Centro Español de Informaciones para la Defensa (CESID), presentó al Rey un informe sobre los movimientos subversivos en marcha; de todos ellos subrayó la importancia de uno ―negociado con el PSOE y UCD― previsto para la primavera de 1981 y promovido por un grupo de generales en activo, con el fin de imponer un Gobierno de concentración presidido por un militar. Por supuesto con el total desconocimiento de Suárez.

Otro hecho cierto, confirmado por el General Alfonso Armada, es que, nomás hacerse con la situación dentro del Congreso, “Tejero dijo varias veces que esperaba a un militar de alta graduación en 20 minutos” para que se hiciera cargo de la operación y le indicara cuales debían ser los siguientes pasos que él y sus hombres debían dar. Según todos los indicios reunidos por el periodismo, ese “elefante blanco” que los asaltantes de la Guardia Civil estaban esperando, era el General Alfonso Armada, extremo que éste nunca confirmó.

Con motivo de cumplirse los veinte años de aquél episodio, en un reportaje especial concedido a “La voz de Galicia” en la persona del periodista Carlos Fernández, preguntado si era él ese oficial de alta graduación que Tejero estaba esperando, Armada lo negó diciendo: “no sólo no me hizo caso, sino que me dijo que no volviese”.

Ante la pregunta de:

―Pero, realmente, ¿qué le propuso a Tejero cuando fue a verle al Congreso?

Armada contestó:

―Que me permitiese entrar en el hemiciclo para hablar a los diputados, pero que antes debía retirar a la tropa de allí. No me admitió ni una cosa ni otra. (¿hablar a los diputados para decirles qué?)

―¿Y la lista del futuro Gobierno que llevaba en un papel, donde aparecía Felipe González como vicepresidente y Manuel Fraga como ministro de Defensa?

―Yo no llevaba ninguna lista de Gobierno ni nada que se le pareciese. El único papel que llevaba era uno con el teletipo de Milans desde la Capitanía de Valencia. Cuando se corrió ese bulo, casi me dio la risa y ni lo desmentí. No soy tonto y sé cual es el procedimiento que existe para nombrar un Gobierno. Sé que el Rey propone un candidato y que luego hay una sesión de investidura en el Parlamento y una o varias votaciones.

Lo que mueve a risa, es el argumento pueril que utilizó Armada para salir del paso ante una pregunta comprometedora. Como si en momentos como aquél —una rebelión armada en toda regla— el hecho de nombrar un gobierno u otro dependiera del procedimiento burocrático legalmente previsto para el traspaso rutinario del poder en circunstancias normales. El candidato que el Rey —más que proponer— ya había dispuesto quien debía ser, era él, el mismo Armada. Y lo que sucedió es que Tejero, con el poder en sus manos hasta ese momento —en el hemiciclo del Congreso—, dispuso lo contrario rechazando la Constitución y un gobierno en el que estaban “los rojos”. 

La entrevista con el corresponsal terminó así:

 “―En resumen, ¿a qué fue usted al Congreso el 23-F?

 —Fui a buscar una solución que permitiese salir de aquel embrollo, que no hubiese sangre y que se liberase a los diputados. Es falso que esa solución fuese un Gobierno de coalición presidido por mí. No he tenido ni tengo ambiciones políticas. Sólo he querido servir a España y al régimen monárquico que la encarna.”

De ser cierto que no tuvo nada que ver con algo parecido a una sublevación militar, y que fue allí sólo para negociar la rendición de los golpistas, la pregunta que Armada no pudo contestar es ¿por qué Tejero le recibió si al único que estaba esperando era ese misterioso cabecilla militar apodado “elefante blanco”?

Un caso más de “bonapartismo” en la etapa tardía del capitalismo

En este punto de nuestra exposición y análisis histórico de la transición, queda demostrado que los movimientos civiles y militares sediciosos previos al 23F, obedecieron a un vació de poder político creado por la incapacidad de los burócratas políticos postfranquistas de la UCD, para llegar a ser hegemónicos. Esto por un lado; por otro, a la indecisión de unos burócratas militares residuos del franquismo, conscientes de que habían dejado ya de ser dominantes, habida cuenta de que pueblo se les había insubordinado. [69] Esta sería la explicación desde el punto de vista político “democrático” representativo, esto es, burguesa, apologética del sistema, encubridora de la dialéctica entre las dos clases universales antagónicas. Porque de no ser por el trasfondo de las luchas que comprometieron a millones de obreros contra la patronal y el gobierno franquista desde 1956 hasta hoy, fenómenos como el del 23F no se hubieran producido. Tal es el tipo de situaciones que históricamente han dado pábulo al fenómeno que Marx llamó “bonapartismo” —en alusión al primer imperio surgido en Francia como desenlace de la revolución burguesa de 1789.

¿Quién pudo haber sido y fue, efectivamente, ese Bonaparte español creado por la lógica de la ley del valor, sobre la que cabalgaron las contradicciones sociales y los hechos políticos en este país desde la primera crisis institucional y reforma del franquismo en 1957, hasta el desenlace de la segunda ocurrida aquel 23 de Febrero de 1981? Ese aparente árbitro en el juego político que suplanta cada vez más al mercado para dirimir el reparto de lo producido por el trabajo social explotado en España durante todo este período, fue —y sigue siendo sin duda alguna— Juan Carlos de Borbón y Borbón; y la arquitectura jurídica de la Constitución en todo lo concerniente a las atribuciones del Monarca, fue la premonitoria previsión política de tal crisis, desenlace y arbitrio, según esa enseñanza de la historia asimilada por Marx, desde luego con una tendencia objetiva científicamente prevista, contraria a los fines que se propuso Franco y los “padres” de la Monarquía constitucional española resultante.

Marx estudió el fenómeno, para poner en evidencia la trampa que supone la figura rediviva del Bonaparte farsante para los intereses estratégicos del proletariado, frente a las crisis orgánicas del capitalismo. Lo que Marx se propuso al escribir “El 18 Brumario de Luis Bonaparte”, fue contribuir a la formación de una cultura y una inteligencia política de clase proletaria, para que los asalariados puedan sortear esa trampa que es el bonapartismo en la etapa decadente del capitalismo, premisa sin la cual es imposible iniciar su proceso de emancipación rompiendo el espinazo del Estado burgués; los representantes políticos burgueses del capitalismo decadente sucesores de Luis Bonaparte, como Flandin, Doumergue y De Gaulle, en Francia, Giolitti en Italia, Bruening, Papen y Schleicher en Alemania, Dollfuss en Austria, Colijn en Holanda, etcéte­ra., en cambio, escamotean la finalidad que les induce a echar mano de esa figura arbitral, como la forma política de convertir la tensión explosiva de las contradicciones de clase en una implosión al interior de un gobierno, dejando intacto el Estado. Esta tensión en condiciones extremas  tiende objetivamente a provocar una explosión de la “democracia” en tanto mecanismo de conciliación política entre las dos clases universales antagónicas en condiciones normales, tensión cuya fuerza centrífuga excepcional —de no mediar ninguna otra fuerza mayor que actúe en sentido contrario— puede abrir un proceso de peligrosa desestabilización política de la burguesía, susceptible de desembocar en una crisis revolucionaria que sintetice en dictadura fascista del capital o en dictadura democrática del proletariado. El bonapartismo es esa fuerza política neutralizante que actúa desde la perspectiva política de la burguesía en su conjunto para sobrevivirse a sí misma. [70]

La necesidad del régimen bonapartista transicional de equilibrio entre las clases históricamente antagónicas, se expresa invariablemente en el carácter plebiscitario de una figura política carismática en la cual todas las partes delegan sus aspiraciones. Esa figura carismática en la historia de los últimos veinticinco años en el Estado español —más precisamente desde el 23 de febrero de 1981—, fue y sigue siendo Juan Carlos de Borbón y Borbón.  

En efecto, antes de que se llegue a producir esa emergencia política de consecuencias imprevisibles, la burguesía ha previsto el establecimiento de un régimen político de equi­librio entre ambos extremos sociales, el proletariado y la burguesía, que en la persona del Bonaparte —al que ambas partes otorgan la función de árbitro—, se neutralizan una a la otra y permiten así que el aparato burocrático del Estado retarde esta necesidad histórica que presiona por la resolución del conflicto desde las contradicciones insolubles en la base material del sistema.

Ahora bien, para que la necesidad histórica del enfrentamiento entre las dos clases universales y antagónicas pueda ser suplantada momentáneamente por este régimen transicional de equilibrio llamado bonapartismo, tiene que estar presente una condición necesaria y suficiente: la ausencia de una alternativa política revolucionaria orgánicamente expresada en la sociedad por parte del proletariado. En tal sentido, si alguien de carne y hueso pudo encarnar la función política estabilizadora del bonapartismo, es porque la combatividad potencialmente desestabilizadora del proletariado desde 1956 en España, permaneció sin embargo en el cepo ideológico y político de la burguesía desde la guerra civil, después cada vez más disperso y dividido entre las distintas opciones burocrático-políticas burguesas interesadas en la reforma del franquismo residual, que no en su ruptura revolucionaria.

Dicho de otro modo, este papel neutralizante del bonapartismo sólo es posible, si el proletariado permanece ideológica y políticamente cautivo de una de las dos fracciones burguesas enfrentadas —como fue el caso antes y durante el 23F— o dividido entre ellas, como sucedió después de ese episodio y en estas estamos, esto es, sin alternativa revolucionaria orgánica frente al capitalismo. Tales han sido las condiciones que permitieron el típico arbitraje bonapartista del rey en la parodia golpista del 23F en España, para neutralizar el golpe “duro” de la derecha franquista residual. 

En tal sentido, si alguien de carne y hueso pudo cumplir la función política estabilizadora del bonapartismo, es porque la combatividad potencialmente revolucionaria del proletariado desde 1956 en España, permaneció sin embargo en el cepo ideológico y político de la izquierda burguesa encarnada desde la guerra civil en el Partido Comunista de España, después cada vez más disperso y dividido entre las distintas opciones burocrático-políticas burguesas interesadas en la reforma del franquismo residual, que no en su ruptura revolucionaria.

Y esta falta de alternativa sólo se explica porque el anarquismo que arraigó en las bases sociales pequeñoburguesas predominantes en la atrasada estructura económica de España durante los siglos XIX y XX, bloqueó la tradición teórica del materialismo histórico en vida de Marx y Engels, desvirtuando sus contenidos científicos y su línea político-estratégica de poder, tarea contrarrevolucionaria que completó el stalinismo desde 1935 a instancias del Partido Comunista de España. Que las sucesivas generaciones de intelectuales de extracción obrera en este país se hayan vendido al capital, es un epifenómeno de aquellas condiciones económico-sociales ya superadas, cuya expresión política (reformista) todavía predominante, se hace tanto más imperiosamente necesario combatir, para poner la conciencia colectiva de los explotados en sintonía con las actuales exigencias de la base material del sistema y su régimen político “democrático”, día que pasa más y más anacrónicos y decadentes.  

¿Por qué el bonapartismo se encarnó en la dinastía borbónica? Porque el capitalismo tardío dejó sin base de sustentación económica al anacrónico proyecto político nacional-paternalista y autosuficiente del franquismo; consecuentemente, porque su régimen político se vio amenazado por la expresión política del capitalismo trasnacional cada vez más pujante del Opus Dei y, desde el otro polo de la relación social dialéctica, por un proletariado cuyas necesidades rebasaban cada vez más las posibilidades de ese proyecto caduco. Es comprensible, pues, que, ante su propia decadencia física personal, Franco quisiera perpetuarse enfundando a su régimen en la forma monárquica, expresión política de una sociedad pretérita recluida en el ciclo de las cuatro estaciones, donde, como decía Machado, no se escuchaba el latir del tiempo, aunque nunca pasa en vano. 

La restauración de la monarquía —que se quiso dejar “atada y bien atada” a las leyes orgánicas del Movimiento— fue el producto de ese sueño inmovilista de la prehistoria humana encarnado en la tan obsesiva como efímera pasión de Franco por perpetuar la descendencia política de su propio poder personal, típica de todos los déspotas, a través de la forma bonapartista que después atribuyeron los padres de la Constitución a la Corona, lo único que va quedando —de ese sueño suyo— probablemente ajeno a él; porque dudamos que tuviera suficientes luces como para recrear por sí mismo ese ya viejo recurso político para la supervivencia de la decadente burguesía internacional en España.

Y repetimos, porque nunca será suficiente, que la causa eficiente de que esa figura del bonapartismo fuera posible está en la claudicación de dirigentes históricos como la Pasionaria o Carrillo, Pero los verdaderos responsables de semejante desastre político no son ellos, sino quienes antes y durante la guerra civil se lo permitieron mirando para otro lado cuando debieran haber atendido a las enseñanzas de la memoria histórica del proletariado entre 1848 y 1917.

Y son igualmente responsables quienes durante la transición, permitieron que los continuadores de aquellos otros, como el mismo Carrillo, Iglesias, Anguita, Frutos o Llamazares, claudicaran no sólo ante la racionalidad revolucionaria que exigían las condiciones de la lucha de clases desde la década de los años cincuenta del siglo pasado en España, sino que traicionaron el propio ideal democrático-burgués pacato por el que tantos miles murieron inútilmente combatiendo contra Franco.

¿Para qué? Para abrazarse a los intereses del gran capital que operó la transición desde la sombra, sólo porque les dio —a ellos—, la oportunidad de conseguir un lugar al sol de la nueva forma bonapartista de gobierno burocrático-monárquico-parlamentaria. Esta sensualización con el poder fue lo que les indujo a dejarse llevar de las narices por Carrillo a la aceptación de los “Pactos de la Moncloa” y las sucesivas reformas laborales que llevaron la precariedad laboral a la mitad o más de la población activa en este país, realidad que se combina con altas tasas de siniestralidad laboral y baja remuneración salarial, lo cual determina la exclusión social de crecientes sectores de la población obrera. 

Estamos hablando de los dirigentes de formaciones políticas estatizadas de “izquierda”, como el PCE, IU, ERC, ICV, PSUC, y de los no menos estatizados sindicatos oficiales: CC.OO., UGT y USO.

Todos estos individuos organizados en el aparato de Estado burgués, constituyen una oligarquía partidocrática que niegan de hecho y por derecho el verdadero espíritu de la democracia. Son ellos los que, a cambio de altas remuneraciones relativas, privilegios políticos y prebendas, han consentido que los derechos sociales y laborales que más hacen a la vida en libertad de la mayoría absoluta de la población —los asalariados—, hayan desaparecido de la legislación del Estado y de la práctica social de los capitalistas, demostrando que la única “libertad" realmente existente que consagran y defienden, es la de los patrones capitalistas, sus mandantes y mecenas. 

Detrás de esta primera categoría de burócratas —verdaderos “favoritos cortesanos” de su majestad, el capital— marcha la numerosa comparsa de militantes, seguidores arribistas de esos líderes encuadrados en sus respectivas formaciones políticas, muchos de ellos desclasados de origen obrero corridos por el paro a la caza de puestos públicos de segundo y tercer orden, que han decidido hacer de la política un medio de vida.

Y dado que todo es cuestión de empezar encajando como la pieza en la lógica de cualquier mecanismo, estos agentes de la burguesía en el movimiento obrero han llegado, incluso, al extremo de quedar pringados en las maquinaciones políticas que fabricaron el golpe “democrático” del 23F, y en la más reciente matanza del 11M que prefabricó el cambio “democrático” de gobierno objeto de nuestro próximo trabajo.

La “voluntad popular” bajo el capitalismo tardío, es cada vez más un subproducto de lo que urden los poderes fácticos económicos y políticos burgueses en pugna por el poder; y la “democracia”, un subproducto del dinero invertido por esos mismos poderes en las diferentes formaciones políticas institucionalizadas durante las campañas electorales. Una conspiración permanente en perjuicio de la libertad, la democracia, el bienestar y hasta la propia vida de las clases subalternas.

Una vez más, la  “democracia” y la justicia “independiente” de la burguesía,
con el culo al aire ante la historia

En 1990, justo cuando iba a ser ascendido a general, el Coronel Amadeo Martínez Inglés fue apartado del servicio activo y arrestado durante cinco meses en la prisión militar de Alcalá de Henares, por defender la idea de crear unas fuerzas armadas profesionales. Durante ese tiempo en prisión, coincidió con el general Milans del Bosch, quien en ese entonces llevaba ya nueve años en la cárcel y había cumplido los 75 de edad.

Conversaron en varias ocasiones y Martínez Inglés incluyó en su libro las únicas declaraciones que Milans del Bosch hizo sobre esos acontecimientos. El coronel le prometió no divulgarlas en vida del coronel y ha cumplido haciéndolo cuatro años después de su fallecimiento. 

Milans del Bosch dijo:

<<El rey quiso dar un golpe de timón institucional para enderezar el proceso que se le escapaba de las manos y, en esta ocasión, ante el peligro que se cernía sobre su corona y con el temor de que todo saltara por los aires, me autorizó a actuar de acuerdo con las instrucciones que recibiera de Armada>>.

En buen romance, esto significa que el monarca se comprometió en una acción ilegal urdida por una minoría de burócratas políticos, despóticamente erigidos en un poder ejecutivo delincuente, que actuó por completo al margen no sólo de las instituciones “democráticas” teóricamente representativas de la soberanía popular —incluida la Corona— sino del mismo pueblo “soberano”, precisamente para salvar a esas instituciones representativas. ¿Qué es lo que explica la aparente paradoja de semejante comportamiento? El hecho de que la “democracia” representativa permite este tipo de comportamientos burocrático-delictivos, está orgánica y constitutivamente preparada para que ocurran diariamente miles de ellos como si no hubieran ocurrido jamás; y cuando excepcionalmente trascienden porque —dada la magnitud de los intereses en juego es imposible ocultarlos— se los disfraza de tal modo que sus principales ejecutores no sólo quedan impunes, como en este caso, sino que salen de ellos como verdaderos héroes paradigmáticos. De esta realidad es imposible escapar al reconocimiento de la siguiente verdad histórica: que la “democracia” representativa está construida sobre un fundamento oligárquico, burocrático, despótico y taimado, esencialmente antidemocrático.

Cuando fue constitucionalmente consagrada en 1977, decir que la monarquía era una institución escasamente consolidada suena a eufemismo compasivo desde la perspectiva de lo que ha llegado a ser. Por entonces, Juan Carlos I era conocido como "El Breve", y de él corrían de boca en boca chistes bastante crueles generalmente referidos a sus facultades intelectuales. Al pueblo español no se le había dado a elegir entre Monarquía o República, y el nuevo régimen se percibía como una clara herencia de la dictadura franquista.

Por otra parte, como hemos dicho ya, la UCD era un conglomerado muy inestable de corrientes ideológicas burguesas dispares sin representación política ninguna, que iban desde antiguos falangistas (los "azules") a la socialdemocracia de Fernández Ordóñez, pasando por monárquicos, católicos del Opus Dei, democristianos, liberales, etc., sin una figura fuerte o aglutinante para suceder a Suárez.

En lo que respecta a la extrema izquierda  del sistema, pese a que en 1977 había obtenido menos diputados de lo esperado por sus directivos, dos años después el Partido Comunista de España mejoró aquellos resultados pasando a tener 23 diputados y la participación en numerosos gobiernos municipales mediante alianzas con el PSOE, incluidas las principales capitales de provincia.

En el terreno social subsistían todavía muchas organizaciones populares surgidas en la lucha antifranquista, asociaciones de vecinos y sindicatos obreros que constituían un poder popular potencialmente peligroso para la estabilidad del nuevo régimen. Comisiones Obreras, con la prestigiosa figura del luchador antifranquista Marcelino Camacho a su frente, se había convertido en un poderoso sindicato adscripto al PCE, absolutamente hegemónico en las más grandes e importantes empresas del país.

En lo que respecta a las organizaciones centristas de la llamada “izquierda revolucionaria”, si bien a escala nacional el proceso de desintegración de sus antaño importantes partidos estaba a punto de consumarse con la desaparición del PTE, la ORT y el PCE(m-l) , así como la reducción significativa de MC y LCR, no obstante, esas mismas formaciones todavía conservaban intacta su influencia social y capacidad de movilización en Euskadi, aunque se estaba dando un proceso de pérdida de presencia de los grupos autoproclamados “marxistas-leninistas” —como el EMK y la LKI— frente a una creciente importancia de la izquierda nacionalista vasca (abertzale), en organizaciones como EIA, más moderada, procedente de ETA político-militar, que había abandonado la lucha armada e impulsaría Euskadiko Ezkerra, así como otros partidos más radicales, como HASI o LAIA, próximos a ETA militar, que impulsarían la alternativa KAS y, posteriormente HB.

Como ha venido sucediendo invariablemente en el capitalismo tardío con todas las conspiraciones ejecutadas al interior del aparato de Estado desde el poder legalmente constituido, la del 23F tuvo dos niveles de actuación: uno manifiesto, de cara a la galería, que fue la conocida escenificación del golpe militar  protagonizado por Tejero y Milans; otro, secreto y oculto, del que sólo salió a la luz una pequeñísima parte.

Durante el juicio, todos los medios periodísticos manifestaron su sorpresa ante el escaso número de encausados (33), lo reducido de las peticiones de prisión y la ridícula imputación de un solo civil, García Carrés. La mayoría de los casi 300 guardias civiles y más de 100 soldados que participaron en los hechos no fueron citados siquiera a declarar como testigos. Los abogados defensores no tuvieron inconveniente alguno en hacer prevalecer la tesis de que todos ellos actuaron por “obediencia debida” al rey, quien, en virtud de los preceptos constitucionales, quedó exento de toda responsabilidad penal, mientras los medios de comunicación —públicos y privados— se encargaban de que ninguno de estos detalles del juicio trascendiera a la opinión pública, como así ocurrió. 

Tampoco se investigó a muchas guarniciones donde se sabe que hubo dudas acerca de apoyar o no el golpe, ni a las necesarias conexiones que hubo entre las distintas unidades que participaron, ni a los mandos inmediatos de los principales encausados, que muy probablemente estarían enterados al menos de sus preparativos o movimientos, como es el caso de la División Acorazada Brunete o el General Gabeiras.

Algunos oficiales implicados, como los coroneles Valencia y Arnáiz, a cuyo mando se tomó Televisión Española y las emisoras de radio, no fueron encausados y, en cambio, se les ascendió poco después al cargo de general. Muchos documentos desaparecieron sospechosamente, como el informe "Delta sur" del CESID. Antes del golpe, los medios de prensa no sólo se hacían eco del “ruido de sables”, sino que también hablaban de un "golpe de timón dentro de la Constitución" o de un gobierno de “concentración presidido por un militar”, con la participación incluso de socialistas y comunistas, aludiendo a las conversaciones que Enrique Múgica y Joan Reventós sostuvieron con Alfonso Armada implicando a la cúpula del PSOE.

Todo esto no mereció la atención de fiscales y jueces a cargo del proceso, quienes, además, dejaron deliberadamente muchos documentos comprometedores fuera de toda consideración, como si no hubieran existido, como la supuesta nota manuscrita del rey al general Pardo Zancada; el telegrama interceptado por el CESID en la persona del Teniente Coronel Álvaro Gaitán —responsable del departamento de comunicaciones de ese servicio secreto— enviado al general Milans del Bosh desde la Zarzuela; el informe de veinte folios escrito y firmado por el general Armada, con todos los detalles del golpe y los nombres del futuro gobierno; la ya mencionada carta escrita por el mismo general Armada antes del juicio, fechada el 23 de marzo de 1981, en la que pidió al rey permiso para utilizar durante el consejo de guerra una parte del “contenido de nuestra conversación, de la cual tengo nota puntual”, que habían mantenido días antes del golpe, cuando los reyes volvieron del entierro de la reina Federica de Grecia; el informe “Jaudenes” del CESID elaborado tras el intento de golpe para evaluar las responsabilidades de ocho miembros del “Servicio Especial de Agentes” (SEA) directamente implicados en los hechos.

 Exceptuando a García Carrés, todos los civiles implicados junto a los dirigentes de los principales partidos, quedaron fuera del juicio, quienes, obviamente, siempre evitaron relacionar a la Corona con el golpe, aunque, como se ha visto, todos ellos conspiraron con el rey en los meses previos a la ejecución del golpe. 

De los 32 militares encausados, once resultaron absueltos —aunque finalmente se redujeron a tres— y sólo Tejero, Milán del Bosh y Armada fueron condenados a más de 12 años. Con más de tres años de pena sólo fueron condenados ocho encausados y a la mayoría le correspondieron condenas de 1 a 3 años, tras los cuales se podrían incorporar a sus antiguos puestos en el ejército.  El  Consejo Supremo de Justicia sancionó a Armada con sólo seis años de cárcel, mientras el Tribunal supremo elevó la pena a treinta años. Siete años después, el 24 de diciembre de 1988, el Gobierno del PSOE le indultó por razones de salud y por acatar la Constitución.

Con la perspectiva que ofrece el análisis de los hechos y el tiempo transcurrido desde entonces, se puede afirmar que los objetivos de la trama oculta del golpe, fueron:

• Parodiar un golpe militar —utilizando a Tejero y Milans— que tuviera como objetivo instrumental aterrorizar a la población para desembarazarse de Suárez y la UCD como medios ya no idóneos para la reafirmación en el poder de la oligarquía económica, política, jurídica y militar burguesa postfranquista. Todos estos fueron los encargados de poner todos los esfuerzos y medios materiales para montar la “historia oficial” de los hechos.  
• Diseño de un nuevo mapa político, con un sistema bipartidista dominante y desaparición o marginación de otras fuerzas políticas o sociales alternativas. 
• Control y debilitamiento del movimiento obrero incorporando los sindicatos al aparato político del sistema.
• Consolidación de la Monarquía como "salvadora" y garante de la democracia, eliminando definitivamente la alternativa republicana.
• Consolidación de la unidad de España, eliminando definitivamente una alternativa federal o el derecho de autodeterminación.
• Nuevo papel del Ejército y fuerzas de seguridad, que debían sustraerse a ingerir en la vida política del país permaneciendo en un segundo plano profesional, centrado en su nueva función de ser la causa material de la integración de España en los organismos militares multinacionales al servicio del imperialismo norteamericano, además de ejercer como garante o reserva de poder de ultima instancia de la unidad nacional del Estado, de la estabilidad de la monarquía parlamentaria y de la vigencia del sistema económico capitalista.
• Plena integración de España en la OTAN y otros organismos capitalistas internacionales.
• Desaparición de cualquier posibilidad de una política exterior independiente.

Tal como ha venido siendo la línea argumental de este trabajo, dado que la premisa fundamental de toda conspiración política es el secreto y la discrecionalidad burocráticas que hacen a la esencia de la democracia burguesa representativa, el análisis de los hechos ha permitido ratificar que, tanto la ocultación del proceso de preparación como la identidad de sus protagonistas fueron decisivas para el éxito de una operación política cuyos principales beneficiarios fueron los burócratas (políticos y militares) del aparato de Estado —especialmente la Casa real— y la burguesía en su conjunto. 

Es evidente que, dos años después del golpe, tras las elecciones de octubre de 1982, el mapa político del Estado español dio un vuelco importantísimo a favor de los explotadores, cumpliéndose muchas de las premisas que anteriormente hemos indicado como flecos no resueltos por la transición democrática durante la era Suárez.

En primer lugar, el secreto burocrático del poder ejecutivo en contubernio con la actitud obsecuente de la justicia y los medios de prensa, permitió que la monarquía se consolidara ante la opinión pública como salvadora de la democracia. Todos los medios periodísticos y los principales partidos políticos se deshacían en elogios hacia la figura del rey, alabando su actitud ante el golpe, descalificando o silenciando cualquier prueba u opinión que lo pusiera en duda. Legitimar a la Monarquía, esa era la consigna.

El golpe de efecto de Tejero —¿involuntariamente televisado?— había aterrorizado a la población. No se declaró ninguna huelga general, ni hubo ningún movimiento por parte de los partidos de izquierda. Desde entonces, quedó claro que no había nada que temer a la hora de realizar las políticas de liquidación de derechos laborales, sociales y políticos que se empezaron a aplicar inmediatamente.

También quedó claro que la entrada en la OTAN no iba a ser contestada con fuerza, y que incluso podía ser presentada como una vacuna contra futuras intentonas golpistas.

Un PSOE totalmente controlado por los jóvenes de Suresnes había ganado de forma aplastante las elecciones, adueñándose no sólo de casi todo el espacio electoral de la izquierda —a expensas de los “comunistas”—, sino también de casi todo el de la derecha, dejando en muy mala situación a lo que debía ser su alter ego (Alianza Popular, después Partido Popular) en el sistema bipartidista que no acababa de consolidarse.

Muy pronto, el gobierno socialista empezó a trabajar según el guión acordado, convocando un referéndum sobre la OTAN en el que se volcó a favor del sí, y sobre el que nunca se han investigado algunas sospechas de fraude. Felipe González resultó ser un alumno muy aplicado en desmovilizar a sus propias bases, incumplir promesas electorales e implementar políticas económicas neoliberales, con privatizaciones, congelaciones salariales, medicamentazos, negocios fáciles y rápidos, reducción de libertades ("Ley Corcuera") y una durísima reconversión industrial y agraria que permitió a la burguesía española su entrada en la Unión Europea, aunque desde la fecha de integración oficial (1986) hasta la eliminación completa de trabas comerciales, debió pasar todavía una década. El 23F facilitó y aceleró todo este proceso.