El “Caso Mengele”
En setiembre de 1996, a raíz de una publicaciones aparecidas los días 16 y 17 de ese mes en “El Mundo”, el jefe de los servicios secretos españoles, teniente general Javier Calderón —una vez más Calderón— fue acusado por la Justicia de encubrimiento por el secuestro de tres mendigos que fueron usados como conejillos de Indias para probar un poderoso narcótico contra miembros de ETA. Uno de los mendigos habría fallecido.
El caso —dentro de la “guerra contraterrorista” del CESID—, se remonta a junio de 1988, cuando el Estado español, a través de ese órgano de inteligencia, puso en marcha una operación cuyo nombre en clave fue “Aneto-Esfera-Shuto”, concebida para ser ejecutada por una unidad de elite de ese servicio secreto, consistente en hacer una incursión en Francia para secuestrar al dirigente etarra "Josu" Ternera. La operación fracasó porque en el curso de los preparativos el susodicho fue detenido por la policía de ese país. Pero el caso es que la ejecución del plan pasaba por conseguir previamente un eficaz narcótico, tan potente como para que permitiera el traslado del secuestrado a territorio español sin inconvenientes. Y para eso echaron mano de dos drogadictos y un mendigo a quienes utilizaron como cobayos en la experimentación con un cóctel narcótico en base a la sustancia anestésica conocida como pentotal. Los cinco agentes participantes en el operativo bautizaron la acción como "Operativo Mengele", evocando los infames experimentos practicados con seres humanos por el siniestro médico Josef Mengele en los campos de exterminio nazis.
Según se pudo saber posteriormente, de los cinco agentes que participaron en la acción sólo se han podido conocer sus seudónimos: Don Emilio, Losada, Porto, Zarca y Ureña. Para llevar a cabo la operación, fueron robados tres automóviles a los que cambiaron las patentes. El secuestro de los mendigos tuvo lugar en el barrio madrileño de Malasaña. Dos hermanos drogadictos, que dormían en una plaza, fueron los primeros en caer. Pero ofrecieron resistencia y fueron duramente golpeados. El tercero era indigente de origen norteafricano, quien fue, en definitiva, el único que recibió una dosis del narcótico a causa del cual falleció poco después. En ese momento, al frente del CESID bajo el gobierno del PSOE estaba el general Emilio Alonso Manglano, y como segundo de abordo el General Javier Calderón.
La acusación contra Calderón, fue la primera
en que un alto funcionario del gobierno de Aznar apareció imputado judicialmente
por actos criminales. La acusación, una vez más, corrió a cargo del Juez Garzón,
quien, en octubre de 1996, reclamó al teniente general Calderón, que en su
carácter de jefe de los servicios secretos, le informara si existen agentes
del CESID que respondan a esos alias.
Calderón se negó a responder a la requisitoria judicial señalando expresamente
que "la identidad de los agentes está protegida por la ley de secretos
oficiales". El Código Penal castiga con una pena que va de seis meses
a tres años de prisión por el delito de encubrimiento, que Garzón imputó al
teniente general Calderón.
La tarde del día 18 en que fue citado a declarar, el teniente general Calderón no acudió por encontrarse fuera de España. Su declaración tuvo lugar en la Audiencia Nacional el 22 para responder ante dos jueces de la Audiencia Nacional. Ante Garzón, por la “operación Méngüele” y ante Javier Gómez de Liaño por el “caso Lasa y Zabala”.
Al día siguiente, el general mantuvo en el salón de actos del CESID una reunión con sus jefes y directivos, para comunicarles oficialmente sus intenciones y fundamentos políticos, basados en la mutua lealtad al secreto burocrático y a la obediencia debida como principio de impunidad en una institución burguesa de Estado:
<<Cuando asumimos una responsabilidad en el Centro asumimos la historia del Centro, y no investigamos nada, porque se rompería el principio de lealtad. Hay un principio de lealtad, la lealtad de yo saber que ustedes me obedecen y de que ustedes sepan que, obedeciéndome a mí, no cometen ningún delito. Esa mutua lealtad no va a ser rota por un sucesor mío, como yo no la rompo respecto a mis antecesores. Que nos investigue el Congreso, que nos investigue el Senado, que nos investigue el Poder Judicial. Una dirección (ejecutiva) no investiga. Como un Gobierno —el mismo presidente Aznar lo ha dicho— no investiga al Gobierno anterior de la nación>> (http://www.el-mundo.es/elmundo/2001/06/25/espana/993442315.html. Lo entre paréntesis es nuestro)
Un año después de aquella reunión de Calderón con sus subordinados, el 7 de octubre de 1997 el entonces ministro de Defensa, Eduardo Serra, compareció ante el Congreso donde declaró que los servicios secretos jamás secuestraron a mendigos para experimentar en ellos con un narcótico. Por todo argumento, Serra dijo que había encargado una investigación interna al director del CESID, que éste le había asegurado que los servicios secretos no tenían nada que ver con el “caso méngüele”, y que todo eso había sido una invención de la Prensa. Así fue de sencillo como Calderón superó la prueba de “la ley igual para todos” ante el “súper” Juez Garzón —quien dio carpetazo definitivo al “caso Méngüele”— hasta llegar sin ulteriores inconvenientes al final de su mandato estipulado en cinco años:
Ejecutivo, legislativo y judicial, tres poderes formalmente distintos y un solo poder fáctico realmente mafioso.
Calderón cumplió su mandato al frente del CESID en mayo de 2001, y el 29 de junio el presidente Aznar nombró en su lugar a Jorge Dezcallar de Mazarredo, un hombre del PSOE que desde 1981 había venido desempeñando varios cargos superiores dentro del Ministerio de RR.EE.
Pero no por eso los servicios secretos dejaron de cumplir su misión en la sombra, manteniéndose como el núcleo por donde pasan todas las decisiones que afectan a la seguridad del Estado, así como las conspiraciones y maquinaciones de los poderes fácticos del sistema capitalista a instancias o no de los partidos políticos institucionalizados, según el cúmulo de elocuentes indicios como tendremos ocasión de reproducir en la tercera y última entrega del documento “Elementos para un Juicio Revolucionario al Estado “democrático” Español (3)” al hilo de los salvajes “atentados” del 11 de marzo de 2004, atribuidos al “terrorismo islamista”, que permitió cambiar la política exterior y territorial del país a partir de las elecciones del 14-M.
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