El “Caso Trashorras” y sus implicancias en la lucha interburguesa

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Un policía pidió a Trashorras en 2001 que no hablase de explosivos al juez

Los agentes de la «operación Pípol» no informaron de la dinamita a la Guardia Civil ni registraron el piso de Toro

Madrid / Avilés, L. Á. V.
El levantamiento del secreto de sumario está permitiendo conocer nuevos detalles de las declaraciones del ex minero José Emilio Suárez Trashorras ante el juez Juan del Olmo, que instruye los atentados del 11-M. Según datos del sumario filtrados a «El Mundo», en el careo mantenido por el ex minero con el inspector jefe de estupefacientes de Avilés, Manuel García Rodríguez, José Emilio Suárez Trashorras aseguró que un policía le había dicho que no hablase de explosivos al juez tras su detención en el curso de la «operación Pípol», en julio de 2001. En este operativo, la Policía se incautó de 16 cartuchos de goma 2-ECO y 96 detonadores -así como tres kilos de cocaína y 84 de hachís- en un garaje de la avilesina calle Eloy Fernández Caravera, que estaba alquilado por el propio ex minero, Antonio Toro y José Ignacio Fernández, «Nayo».
Los agentes que actuaron en aquella operación no comunicaron el hallazgo de la dinamita a la Guardia Civil, que era el cuerpo que tenía competencias en el control de explosivos. Y tampoco registraron el piso de Antonio Toro, pese a que tenían autorización para hacerlo por parte del juez instructor.
En una diligencia policial, desvelada por LA NUEVA ESPAÑA, se justificó esa decisión de no acudir al piso de Antonio Toro por el hecho de que el propio detenido había manifestado de forma voluntaria que las sustancias estupefacientes las guardaba en el garaje de Eloy Fernández Caravera.
Por otro lado, la Guardia Civil sostiene en un informe remitido al juez Del Olmo que el hecho de que no se registrase el piso permitió a la hermana de Antonio Toro, el traslado del resto del alijo de dinamita a un hórreo de la localidad de Cogollo (Las Regueras). Este dato concuerda perfectamente con la denuncia que hizo «Nayo» en abril de 2002 al abogado madrileño Carlos Alberto Tejeda, que luego trasladaría al fiscal jefe de Asturias, Rafael Valero Oltra, en el sentido de que los avilesinos guardaban cientos de kilos de dinamita en un monte cercano a Illas.
La afirmación de Trashorras en el careo con el inspector Manuel García está, quizá, relacionada con uno de los datos aportados por el confidente Francisco Javier Villazón, «Lavandero», al guardia civil Jesús Campillo, en la conversación grabada en agosto de 2001. «Lavandero» aseguró que Trashorras le había dicho que la Policía había llegado a un acuerdo con Toro para no acusarle de tráfico de dinamita.
En la citada conversación, «Lavandero» también aseguró que los avilesinos pretendían encontrar a alguien que supiese montar bombas con teléfonos móviles, y que manejaban grandes cantidades de dinamita, hasta mil kilos en una semana, según le habría señalado Antonio Toro.

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