¡Viva el Orden y la Ley, viva la Guardia Civil!

Sábado 13 de agosto de 2005 por por GKB

«Que no se lesione el honor de una Institución admirable, a la que España debe reconocimiento por su entrega al bien común de los ciudadanos (...) las insidias de unos, las demagogias de otros, el oportunismo de los que quieren quebrar el orden social reinante, sólo producen asco al ciudadano medio que desea preservar el honor de la Guardia Civil».

(Luís María Ansón, Director de "La Razón", vocero de la reacción y baboso del concurso de Miss España.)

Agosto es el mes, sin duda, de la estupefacción nacional. Al conocerse la muerte de un hombre en una comisaría de la Guardia Civil en Almería la consternación ha sacudido el Reino de España de arriba a bajo. La progresía española se asombra de que en pleno siglo XXI se de una paliza (y asesine) a un ciudadano en dependencias policiales. La derecha reaccionaria únicamente pide que "no se lesione el honor de una Institución admirable... blablabla". La versión oficial nos cuenta que el ciudadano en cuestión había tomado drogas y que murió por un atque al corazón mientras forcejeaba con la policía. De todas formas, y digan lo que digan las fuentes oficiales el caso no deja de ser sospechoso y tal vez nunca conozcamos toda la verdad.

Lo que para progres trasnochados y reaccionarios es un hecho aislado, para mucha otra gente (militantes independentistas, comunistas, anarquistas, inmigrantes...) no lo es tanto. En España, se torturaba durante la dictadura fascista y se tortura en el régimen que la sucedió. Es, sin duda, una de tantas cuestiones que perduran del régimen de Franco, ya que con la llegada de la democracia burguesa a España no se depuró (porque no se quiso) radicalmente el aparato político y represor del franquismo. Todo se cambió para que nada cambiara. Los fascistas y terroristas de estado de entonces son los demócratas y agentes del orden de hoy.

Para los distintos gobiernos españoles la tortura simplemente es una cuestión inexistente, pese a las denuncias, pruebas objetivas y fallos judiciales que se han dado en todos estos años. Ni siquiera el informe emitido por el Relator Contra la Tortura de la ONU que señalaba, tras su visita en 2003, que la tortura en España era "más que esporádica e incidental" hizo cambiar de postura a los gobernantes españoles. Según Theo van Boven "la consigna de silencio que rodea al tema y el rechazo por las autoridades de las denuncias de torturas sin investigarlas ha hecho particularmente difícil la necesaria supervisión de la protección y las garantías". El Relator de la ONU destacó que el régimen de incomunicación, que con la Ley Antiterrorista es de hasta 5 días, es el marco propicio para que los Cuerpos de Represión del Estado practiquen sus juegos favoritos. Ahora el ministro del Interior ha ordenado un informe que investigue casos similares desde 1996, únicamente con el fin de lavar la cara, ya que tiene pruebas suficientes para reconocer que la violencia policial a los detenidos es más que un hecho aislado.

Por otro lado nos vemos en el deber de señalar la actitud que los medios de comunicación del sistema han tenido con este caso. Llama la atención el que hayan informado sobre este hecho, porque no es la norma predominante. Parece ser que una fuerza oscura les impide informar cuando el torturado (y asesinado) no es un ciudadano normal y corriente, si no que es un activista o "escoria que viene a nuestro país a vete tú a saber qué". Nuestros queridos medios (libres, independientes y objetivos) en el 95% de las veces (y somos muy magnánimos) lo que suelen hacer es transcribir literalmente lo que les dicen (u ordenan) desde los despachos de las Fuerzas de Represión y Gabinetes de Intoxicación de la Administración y de los Partidos Políticos. No tenemos más que recordar el caso de Unai Romano. Este jóven gasteiztarra fue detenido por la Guardia Civil el 6 de septiembre de 2001. Los múltiples golpes recibidos por sus torturadores le dejaron la cara totalmente hinchada, todos conocemos las fotos. El 8 de setiembre ingresó en la enfermería de la prisión de Soto del Real en régimen de incomunicación. Diez días después fue trasladado a un módulo normal. No obstante, el alta médica no la obtuvo hasta el 11 de enero de 2002, es decir, 127 días después de necesitar la primera asistencia médica. La versión policial fue que esas heridas se las hizo él mismo, sin embargo, el informe del forense que le examinó durante su estancia en prisión señala que "ello hubiera supuesto que el lesionado se lo hubiera producido golpeándose continuamente con una pared o sobre el suelo, siempre en la misma zona, lo que hubiese ocasionado gran sufrimiento y dolor" y añade que "es más plausible pensar en múltiples golpes repetidos que en uno solo (...) Estos golpes repetidos han podido realizarse con un objeto contundente muy almohadillado, puesto que no han ocasionado ninguna herida abierta en cuero cabelludo". Frente a los hechos objetivos apreciados por profesionales de la medicina con años de experiencia, uno de los agentes de la Guardia Civil declaró, dentro de las diligencias judiciales, que por la mirilla de la celda vio a Romano dándose dos golpes con la cabeza contra un lateral de la pared. Vistas las pruebas ningún medio dio la que también hubiera sido un bombazo informativo a nivel estatal.

Tras unos primeros momentos en los que las gentes de a pie se mostraban indignadas con el caso del campesino asesinado en el Cuartel de Roquetas, enseguida ha venido la contraofensiva informativa. Ya no hay golpes y patadas, ahora ha muerto a causa de un paro cardiaco producido por la ingesta de droga y por la tensión del momento en el que le inmovilizaban. Claro, los medios de intoxicación no pueden dejar que se siembre la duda sobre una Institución que tanto bien ha hecho a España.

Cada detenido por las policías del Estado corre el riesgo de verse sometido a torturas y vejaciones. En algunos casos este peligro es más alto que en otros. Amnistía Internacional, en su Informe de 2005 (relativo al año anterior) consigna varios casos, ya investigados y juzgados. Otros muchos no llegan ni siquiera a ser investigados debido a la corporatividad de la policía y los jueces, vamos que jueces y policías nunca investigarán algo que vaya contra su amada España:

En junio, en el curso de una investigación judicial abierta en Lleida (Cataluña), un agente del cuerpo de Mossos d’Esquadra, fue acusado de torturar a Jordi Vilaseca Cantacorps, que había sido detenido en abril de 2003 en relación con presuntos actos de violencia callejera y permaneció en régimen de incomunicación en aplicación de la legislación "antiterrorista". Según él, primero lo obligaron a permanecer de pie hasta ocho horas sin moverse, comer o beber y luego de rodillas, inmóvil, durante varias horas más. Exhausto y deshidratado, terminó por desmayarse y fue llevado al hospital.

En marzo, el Tribunal Supremo ratificó las condenas de siete años y medio de cárcel para dos hombres declarados culpables de secuestrar y agredir físicamente a tres trabajadores norteafricanos en El Ejido (Almería), en 1997. El ayuntamiento de la localidad había pedido el indulto para ellos. El Defensor del Pueblo andaluz abrió una investigación sobre las denuncias de que un agente de la policía local continuaba hostigando y maltratando a inmigrantes norteafricanos en El Ejido. Según los informes recibidos, el número de denuncias aumentó después de los atentados del 11 de marzo.

En mayo, la Audiencia Provincial de Girona (Cataluña) dictó una sentencia preocupante en la que afirmaba que el ciudadano marroquí Driss Zraidi había sido "sin duda" objeto de torturas y malos tratos de índole racista en la comisaría de Roses, en agosto de 1991. Sin embargo, el tribunal absolvió a 14 mossos d’esquadra, porque no pudo identificar a los implicados. También estimó que la tortura infligida probablemente había sido "de intensidad leve", consistiendo en empujones y sacudidas enérgicas propinados cuando Driss Zraidi ya hacía unas horas que tenía tres costillas fracturadas.

La brutalidad policial, como tantas otras muchas cosas, no es una cuestión que se dé así porque sí. Las torturas policiales derivan de la función de represor que los cuesrpos de seguridad tienen en el estado capitalista. Represión que se ejerce en el caso de España contra todos los elementos que de una u otra forma atentan contra el imperialismo español. A esto se une la condición de verdaderos fascistas de la mayoría de los integrantes de policías y ejército, representando ellos lo más reaccionario del capitalismo monopolista español y actuando como tales en grupos y organizaciones de caracter ultraderechista.


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