Sobre el ferrocarril

Domingo 23 de enero de 2005 por por GKB

El mal cuerpo del día de año nuevo, resultado de excesos de todo pelaje excepto en el dormir, vino acompañado por la noticia de la entrada en vigor de la “Ley del Sector Ferroviario”, una ley que si bien fue creada por el PP, no ha sido suspendida por el gobierno del PSOE; dado que entraron en marzo, y que el límite era el primero de enero del presente año, debemos entender que existe cierto interés en que se aplique, o algún tipo de temor por las consecuencias de retirarla.

La presente ley, provoca la liberalización del sector ferroviario español, y supone la liquidación de RENFE, empresa de propiedad y gestión pública creada hace más de 70 años, en este caso, la citada compañía pública se transforma en dos “Entidades Públicas Empresariales”, que no vienen a ser otra cosa que empresas normales, pero que tienen la característica de que el 100% del capital es propiedad del estado.

Esto no debe llevar a engaños, si bien su propiedad actual es pública, su mera estructura de empresa privada provoca que parcial o totalmente, su titularidad pueda variar.

Tenemos un ejemplo cercano en Inglaterra, donde hace unos cuantos años se privatizó el sector ferroviario, teniendo como consecuencia un aumento de los precios de los viajes, una disminución en el número de trabajadores/as en las empresas privatizadas, y una cascada interminable de accidentes de distinta magnitud que dieron como resultado bastantes muertes de pasajeros. Es de suponer que la filantropía de la burguesía estatal no es mayor que la de la inglesa, por lo que estas consecuencias podrían ser observadas en no mucho tiempo en los informativos de los principales canales de televisión, o incluso, por nosotros mismos en el interior de uno de esos peligrosos vagones en que parece ser, convertirán el que hasta hace poco más de 15 días, era nuestro ferrocarril.

Si observamos cuales son las dos “Entidades Públicas Empresariales” que han creado, una tiene el nombre de ADIF, y la otra de Renfe-Operadora, una de las opciones que ha podido barajar el estado para que la situación inglesa no se de, es negarse a desprenderse de Renfe-Operadora, empresa que podría ser contratada por cuantas empresas existieran en el mercado en ese momento, para encargarse de labores de mantenimiento, seguridad, control..., para ser mas precisos, en cuantas tareas pudieran evitar la existencia de incidentes graves, de forma que las pérdidas originadas por dicha actividad, al ser una empresa de capital público, fueran sufragadas con los presupuestos generales. De esta forma, a la industria privada del ferrocarril le corresponderían los beneficios, y a todos los ciudadanos/as que pagamos impuestos nos correspondería los gastos resultantes de generar esos beneficios, y no nos quejaríamos porque ni siquiera llegaríamos a enterarnos, y además, como no hay accidentes, casi hasta no nos importa.

No queremos afirmar que esto vaya a ser así, pero desde luego, parece ser la única opción que le queda al Gobierno si el presidente quiere quitarse de encima la ingrata tarea de asistir a los funerales de los ciudadanos asesinados, por las que llamarán, tragedias ferroviarias.

¡¡CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DEL FERROCARRIL PÚBLICO!!

¡¡POR UN SERVICIO PÚBLICO LLAMADO TREN!!


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