Sobre el llamado Estado de Alarma

Martes 14 de diciembre de 2010 por por GKB

El pasado sábado 4 de diciembre el Gobierno español decretó el Estado de Alarma con el fin de subyugar a los controladores aéreos y forzarles a volver a sus puestos, además bajo disciplina militar.

Todo este conflicto tiene una historia más compleja, naturalmente, que la que transmiten el Gobierno de ese partido del capital llamado PSOE y sus medios lacayos, con el apoyo lógico de los restantes partidos del capital (como el PP, CiU, PNV...) y sus respectivos medios.

El trasfondo de toda esta “lucha” del PSOE contra los “privilegiados” controladores no es sino la privatización de AENA, que se pretende acometer ahora junto con la de las Loterías del Estado.

El decreto inmediatamente anterior al conflicto modificó unilateralmente las condiciones de trabajo de este colectivo. Actualmente está de moda incumplir y romper los convenios, como es sabido. Ha ocurrido en otros sectores pero especialmente en la Administración pública, se han roto unilateralmente los acuerdos reguladores de las condiciones de trabajo de los funcionarios al rebajar sus retribuciones. Curiosamente el de los funcionarios resulta ser otro sector de “privilegiados”.

El ataque a estos sectores, aparte de ser ilegal en sí mismo, sólo anuncia lo que espera a los trabajadores “de a pie”, los “no privilegiados”. Si ya sufren condiciones deplorables de precariedad, bajos salarios, largas jornadas, recortes en las prestaciones sociales, además del paro, lo que se avecina desde luego no va a ser mejor. Por ello los trabajadores no deben dejarse engañar por la demagogia populista que les atiza contra determinados “privilegiados”.

Ante esta situación los controladores respondieron como suelen hacerlo, ciertamente: mediante bajas masivas en lugar de convocar una huelga. A esto se le ha llamado “huelga salvaje” y la novedad es que ahora se está caracterizando como un delito. Nosotros nos posicionamos por no limitar los instrumentos de lucha de la clase obrera y esto incluye a cualquier sector de trabajadores, por “privilegiado” que pueda ser.

El capital y sus sirvientes (PSOE, PP y otros) anhelan desde hace mucho limitar legalmente el derecho de huelga, anularlo en lo posible y establecer servicios “mínimos” que saboteen toda huelga que se pueda plantear. En este aspecto de la lucha de clases, sobra decir que nos posicionamos contra todo servicio “mínimo” (que no sea estrictamente humanitario o imprescindible para la vida de la sociedad) y contra toda “regulación” del derecho de huelga. Este derecho es una conquista de la clase obrera, arrancada en largos años de lucha.

En definitiva, toda acción de lucha de la clase obrera, de cualquier sector de trabajadores, incluso los “privilegiados”, es una pieza de la lucha de clases que el enemigo capitalista combatirá con rabia como ha quedado demostrado estos días.

Esto es así a pesar de que en casos como éste, los privilegiados se organicen en sindicatos corporativistas, "independientes", puramente sectoriales y profesionales. Esta clase de sindicatos son a su vez una piedra en el zapato de la clase obrera, cuya movilización desprecian y boicotean. Por eso encuentran luego la mayor impopularidad e incomprensión por parte de las amplias masas, hecho que aprovecha el Gobierno para dividir y vencer.

La declaración del Estado de Alarma se ha llevado a cabo en flagrante incumplimiento de la Ley Orgánica 4/1981, que regula este estado y los de Excepción y Sitio. Como se ha hablado muy poco de esto, salvo escasísimas excepciones, conviene aclararlo y destacarlo.

Para declarar el Estado de Alarma no sólo hace falta que no se estén prestando “servicios esenciales” (categoría que podría discutirse hasta cierto punto en el caso del transporte aéreo), sino además, una de las otras tres circunstancias que el artículo 4 de esta Ley contempla, y que son: catástrofe natural (no se daba); epidemia (no se daba); desabastecimiento (no se daba). Ninguna de estas circunstancias es justificada en el Decreto que declara el Estado de Alarma (RD 1673/2010), sólo son invocadas fraudulentamente, eso sí: no una, sino dos, vean ustedes. Ni Rubalcaba ni Zapatero ni Blanco, nadie, ha hecho siquiera mención de ellas, y es lógico, pues no es posible justificar lo injustificable.

En la rueda de prensa de Rubalcaba, ninguno de los serviles “periodistas” presentes osó plantear esta cuestión, la más relevante de todas.

Muy al contrario, todos los personajes de este teatro han intentado vergonzosamente torturar la Ley para que diga otra cosa diferente. Zapatero llegó a defender que no es preciso atenerse a la literalidad de la Ley, pues ello conduciría según él al “absurdo” de que... ¡el Gobierno no podría “resolver el problema”! ¡Volvemos al “teníamos un problema y lo hemos resuelto”!

Algún Catedrático de Derecho Constitucional calificaba en EL CORREO ESPAÑOL toda esta actuación gubernamental de “irreprochable”. ¡Suspendido, señor Catedrático! Por fortuna hubo otro Catedrático (de la UPV/EHU, cabe señalar) que sí planteó los “graves” problemas jurídicos que suscita todo esto. A nosotros no nos cabe la menor duda de la ilegalidad de este Decreto, que quedará ya para la Historia como un ejemplo destacado de falsedad jurídica.

Pero no sólo el Gobierno no defiende la Ley, sino que además se plantea prorrogar este estado de cosas, al parecer, indefinidamente, eso sí, con el permiso del servil Congreso de los Diputados.

Hay que añadir que el Estado de Alarma suspende automáticamente el pago de la deuda externa por parte del Estado, entre otras cosas. Tampoco se puede disolver el Congreso o convocar elecciones.

La prórroga del Estado de Alarma, por otra parte, carece de cualquier justificación legal o de hecho, que no sea la de mostrar que "se mantiene el orden".

Este ejercicio brutal de arbitrariedad supone incumplir la Ley en primer lugar, irrespetar la misma Constitución que les llena la boca a diario en segundo lugar, y en tercer lugar coloca al Gobierno y en particular a aquellos de sus miembros que han actuado concretamente en esta cuestión, en la posición de rebeldes por oponerse a la Constitución y además haciendo uso de las Fuerzas Armadas.

Este último aspecto merece asimismo ser aclarado.

Como algunos han aclarado ya (y al parecer les resulta más claro que lo anterior, que es mucho peor todavía), la militarización no se contempla en el Estado de Alarma. La “delegación” del ejercicio del Gobierno en las Fuerzas Armadas no está contemplada legalmente. La movilización de personal civil carece en este momento de Ley habilitante. Por todo ello la militarización efectuada es también ilegal.

Visto todo ello, queda claro lo ridículo de las acusaciones, “civiles” o “militares”, que la Fiscalía traidora, colaboradora con esa potencia extranjera que son los EEUU, está realizando sobre los controladores. Una vez más se demuestra de qué lado está el Estado capitalista, su Justicia y sus instituciones “representativas”. ¿En qué se diferencia esta actitud de la persecución actual a Julian Assange y Wikileaks, dejando aparte la posible intencionalidad de las filtraciones?

Es de resaltar la actitud ante todos estos despropósitos y arbitrariedades de algunos de quienes se han opuesto mínimamente, en particular hemos oído a Gaspar Llamazares (IU) y a Cándido Méndez (UGT). Otros parecen estar escondidos. Ambos han planteado su oposición de una forma sumamente tibia y servil. Algo mejor Llamazares, quien al menos, ha hablado claramente de la ilegalidad del Estado de Alarma, aunque lo hizo en esa decadente recepción anual del Día de la Constitución, que precisamente tal año como éste se podía haber ahorrado si quería escenificar una oposición consecuente. Por su parte Méndez hablaba de “elementos de dudosa constitucionalidad” (algo similar decía el portavoz de la reblandecida y meramente nacionalista ERC). Esto no es suficiente.

Estos representantes políticos o sindicales harían mucho mejor en hablar más claro y más alto, en decir que el Gobierno MIENTE, que el Gobierno actúa ILEGALMENTE y lo hace A SABIENDAS, que todo el conflicto es una PROVOCACIÓN del Gobierno a los controladores y una MANIOBRA DEMAGÓGICA, populista, dirigida a atizar a las masas del vulgo (indignadas por la contrariedad de no poder irse de vacaciones a Singapur) contra ellos, y así llevar a término sus planes respecto a la venta de AENA, un “bien de la nación” que va a ser malvendido con la ayuda del Ejército.

Y de paso ir sentando precedente en lo que respecta a la movilización de los trabajadores y la lucha de la clase obrera, los servicios mínimos y el derecho de huelga. También es una demostración de cara al capital internacional, de que el Estado español, con el PSOE a la cabeza, hará lo que sea en defensa de sus beneficios y contra los trabajadores, debido a la “crisis”.

Sobra entrar en detalles de cómo todo esto afecta a Euskal Herria. Para los nacionalistas la forma de eludirlo será luchar por la independencia. Es posible. Sin duda, ello nos libraría de muchos personajes, aunque no nos faltan sus equivalentes nacionales, como se ha visto en la defensa indisimulada de estas barbaridades por parte del PNV, tan exquisito en otros terrenos jurídicos. Pero para los comunistas la forma de eliminar los males de la sociedad es combatirlos directamente para arrancarlos de raíz.

Ante toda esta situación, GKB-UJC Euskal Herria manifiesta:

- Que desconocemos el Estado de Alarma y la militarización por ilegales e inconstitucionales;
- Que llamamos a todos los trabajadores y al pueblo en general, pero muy particularmente a los funcionarios o personal afectados a desconocerlo y obrar como si no se hubieran dictado, a pesar de cualesquiera consecuencias con las que se les amenace o efectivamente pudieran afrontar;
- Que llamamos a la juventud trabajadora y estudiante a enfrentar este tipo de provocaciones dirigidas a empeorar sus condiciones de vida y de trabajo de acuerdo con los planes del capital imperialista en crisis, uniéndose a los comunistas y a los sindicatos, fortaleciéndolos y no dejando que se debiliten aún más;
- Que exigimos la retirada de cargos contra todos los controladores ahora acusados y en cualquier caso su libre absolución;
- Que demandamos que se negocie de forma legal y real con los controladores sus condiciones de trabajo en lugar de imponerse unilateralmente; y finalmente,
- Que rechazamos la venta de AENA al capital amigo del PSOE o no y llamamos a luchar por su mantenimiento dentro del sector público.

Es preciso oponerse activa o pasivamente, pero de forma clara, a cada degradación de la democracia, por limitada que ésta sea ya, que lleve a cabo el capital por medio de sus marionetas “socialistas” u otras. Ello sólo es posible mediante la lucha decidida y firme de la clase obrera, de todos los trabajadores y otras capas democráticas, no monopolistas, y de la juventud trabajadora y estudiante.

¡No al Estado de Alarma ilegal!
¡No a la prórroga del Estado de Alarma!
¡No a la militarización de trabajadores en lucha!
¡Basta de incumplir y romper convenios!
¡No a la venta de las empresas públicas!


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