Heinz Dieterich Steffan
Correos para la Emancipación

Con la detención de Augusto Pinochet en 1999 y su sometimiento a proceso judicial se le quitó la impunidad a los militares latinoamericanos que durante décadas devastaron a las sociedades civiles de la Patria Grande. El viernes, 14 de julio, el juez federal argentino Jorge Ballesteros dio otro paso gigantesco en la implementación de la justicia en América Latina cuando falló que los saqueadores financieros de las naciones latinoamericanas son judiciables.

Al resolver Ballesteros la Causa No. 14.467, caratulada "Olmos, Alejandro S/dcia", tramitada desde abril de 1982 ante un Juzgado Nacional de lo criminal en la Capital Federal argentina, el juez descubrió a la delincuencial política de endeudamiento externo de la junta militar y a sus cómplices civiles nacionales e internacionales (Fondo Monetario Internacional, FMI), durante la dictadura militar de 1976 a 1982.

La deuda externa argentina supera, hoy día, los 144 mil millones de dólares; representa más del cincuenta por ciento del valor del Producto Interno Bruto (PIB); requiere este año liquidaciones superiores a los 20 mil millones de dólares; dio lugar a privatizaciones y enajenaciones fraudulentas del patrimonio nacional por parte de los gobiernos neoliberales y sirvió de pretexto para la aplicación de la criminal política de "austeridad" y de los paquetes de "ajuste" del FMI.

Los responsables originales de esta catástrofe económica que ha destruido el futuro de la nación, son las juntas militares que en nombre del patriotismo y de la defensa de los valores occidentales instrumentaron una política económica que Ballesteros caracteriza en su fallo como "vulgar y agraviante" y que "puso de rodillas al país" mediante diversos métodos que tendían, entre otras cosas "a beneficiar y sostener empresas y negocios privados --nacionales y extranjeros-- en desmedro de sociedades y empresas del Estado que, a través de una política dirigida, se fueron empobreciendo día a día".

Debe recordarse, dice este notable juez, que el país fue puesto desde el año 1976 "bajo la voluntad de acreedores externos" y que en aquellas negociaciones participaron "activamente funcionarios del Fondo Monetario Internacional" y directivos y gerentes de determinadas empresas y organismos públicos privados.

La violación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina; la modificación de instrumentos legales "a fin de prorrogar a favor de jueces extranjeros la jurisdicción de los tribunales nacionales; la inexistencia de registros contables de la deuda externa; la obligación de las empresas públicas, de endeudarse para obtener divisas que quedaban en el Banco Central, para luego ser volcadas al mercado de cambios; la falta de control sobre la deuda contraída con avales del Estado por las empresas del Estado, todos esos fueron métodos empleados por la camarilla militar-cívica en el poder, para robar a la nación y enriquecer al gran capital nacional e internacional.

En no menos de cuatrocientos setenta y siete oportunidades, el juez encontró evidencia empírica de esta conspiración que empezó a revelarse ya en 1984 y que motivó que el primer gobierno post- dictatorial, se dirigiera en 1984 al Fondo Monetario Internacional, exponiendo la situación heredada, explicando la destrucción económica causada por los delincuentes uniformados y civiles y reclamando condiciones más adecuadas para cumplir con los compromisos.

Como demuestra la deplorable situación económica actual del país, las peticiones no tuvieron éxito, de tal manera que Argentina sigue su espiral socio-económica hacia el resto de los países latinoamericanos neocoloniales y, por ende, subdesarrollados.

Mientras tanto, los nuevos dirigentes económicos del gobierno de centroizquierda de Fernando de la Rúa se ufanan de que el modelo económico que siguen es la continuación del anterior. Tal ostentación de orgullo no carece de méritos: José Luis Machinea, el actual ministro de economía, al igual que su antecesor, Domingo Cavallo, ocuparon cargos en el Banco Central durante la dictadura militar.

Para este tipo de economistas la calidad moral de sus superiores no cuenta: uniforme y bayoneta o traje de Armani, los requisitos del poder son los mismos: servir a la ganancia.