VENEZUELA política
urgente. Boletín de contrainformación. Nro. 2
12 de marzo 2002
Índice
1. Nueva estrategia de la reacción comentario.
2. 27 de Febrero: a trece años de la masacre Una fecha histórica
y dos modos de asumirla: los que conmemoran la lucha popular y apoyan el proceso,
y los que reprimieron y conspiran.
3. Principales conquistas del proceso venezolano Pasos firmes hacia la
democratización real del poder político, la dignificación
de los sectores excluidos y la participación política en libertad
del movimiento popular.
4. Acontecimientos recientes
El pacto antidemocrático Las cúpulas empresarial y sindical,
con el beneplácito y apoyo de la cúpula eclesiástica, confluyen
en una nueva estrategia de desestabilización.
El conflicto en Petróleos de Venezuela conflicto político
que enfrenta los intereses de la oposición y del proceso y dos modelos
de gestión.
Ramonet denuncia campaña de manipulación mediática contra
el proceso venezolano
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1. Nueva estrategia de la reacción
Señala Miguel Salazar* en su más reciente columna del semanario
independiente de circulación nacional Quinto Día: Hace unas
semanas les informé de las reuniones clandestinas celebradas en una hacienda
mirandina, a la que asisten, entre otros, Carlos Ortega, Pablo Medina y Arnaldo
Arocha. Pues bien, todo el proyecto para llegar al derrocamiento de Chávez,
se ha ido cumpliendo en cada una de sus fases. Aun cuando públicamente
se anuncia una salida constitucional, la rueda insurreccional ha echado a andar
y sólo esperan combinar la huelga general y un levantamiento militar,
para ello cuentan con un alto jefe castrense (Edición de 8 al 15.03.02).
Por los momentos, han fracasado los intentos de algunos sectores políticos
y empresariales de forjar, en alianza con militares aislados, un golpe de Estado
contra el presidente Chávez. Fracasaron por dos razones básicas,
que constituyen dos pilares fundamentales del proceso político: el pueblo
organizado, que a través de movilizaciones ratificó un alto nivel
de respaldo al gobierno y las transformaciones que dirige; y el compromiso de
muchos militares, de mantener la institucionalidad (algunos) y de profundizar
los cambios sociales emprendidos (otros). Sin embargo, los conspiradores no
se han quedado de brazos cruzados; han levantado una nueva estrategia, nacida
en Washington, al calor de la negociación entre Carlos Ortega, presidente
de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y los diferentes
actores políticos que le abrieron las puertas en los Estados Unidos (congresistas
republicanos, directores de la CIA, Departamento de Estado) Le permitieron incluso
que se fotografiara en sendas reuniones; con respecto al "caso Venezuela",
la más alta conspiración puede ser pública.
Cabe destacar que la CTV, central obrera encabezada ilegítimamente por
un miembro de Acción Democrática (AD) y dirigida a distancia por
el nefasto Carlos Andrés Pérez (CAP), es uno de los últimos
reductos que quedan de los viejos partidos populistas. Por medio del clientelismo,
han logrado mantener representatividad, básicamente en la empresa pública,
gracias al otorgamiento de puestos de empleo y dádivas. La actual dirigencia
de la CTV es producto del ensayo frustrado de democratización sindical
del año pasado, y se relegitimó en elecciones abiertamente
fraudulentas, aupadas por los partidos de la derecha y la sociedad civil reaccionaria.
A su vez, es la institución venezolana que posee el mayor rechazo en
la población, sobre todo después de que, a finales del régimen
anterior, pactaran con el empresariado y el gobierno neoliberal de Caldera la
muerte de las prestaciones sociales y de un cúmulo importante de reivindicaciones
laborales.
Lo cierto es que apenas puso un pie en el país, Carlos Ortega sentenció
la supuestamente definitiva transición hacia un nuevo régimen,
esta vez no llamando a un golpe de estado, sino promoviendo una serie de huelgas
en los sindicatos donde la oposición tiene fuerza. Esta cadena de huelgas
parciales pretenden terminar en una "huelga general indefinida" pautada
para finales de marzo. Comenzaron los altos gerentes de la petrolera estatal
(PDVSA), pidiendo la renuncia de Chávez y manifestando su incomodidad
por "la destrucción de la meritocracia", bandera de lucha de
los tecnócratas que proponen la privatización (ver más
adelante) Siguieron parte de los maestros de escuela: "queremos más
beneficios aunque aún no sepamos cuales". La patronal, solidaria
como siempre, sentenció: cualquier trabajador que quiera ir a huelgas
o marchas de la oposición tendrá el día libre.
El pacto entre la CTV, la cúpula empresarial y los sectores reaccionarios
se radicalizó a su vez en un supuesto "acuerdo de gobernabilidad,
que estos sectores, junto a la Conferencia Episcopal, han presentado al país
en cadena nacional propiciada por los medios de comunicación. Según
dicen, este pacto permite negociar frente a actores internos y externos un "nuevo
gobierno de transición" que propiciará, en la nueva era "poschavista",
unas nuevas elecciones (ver más adelante).
Frente a este "pacto de la oscuridad", comienzan a responder los grupos
de trabajadores de izquierda y bolivarianos. A la sublevación de los
altos gerentes se ha respondido con movilizaciones de trabajadores petroleros.
Diversos sectores progresistas se han pronunciado contra el pacto conspirativo
y ya se llama a todos los sectores anti-derecha a preparar la resistencia contra
un paro nacional desestabilizador. En el ámbito internacional, el pacto
ha sido denunciado, entre otros, por el Partido de los Trabajadores de Brasil,
uno de cuyos diputados ha introducido en el Parlamento brasileño un documento
que llama a pronunciarse públicamente contra la conspiración emprendida
en Venezuela.
* Miguel Salazar es un periodista especializado en el manejo de fuentes políticas.
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2. 27 de Febrero: a trece años de la masacre
El 27 de febrero pasado, centenares de miles de personas participaron en una
multitudinaria manifestación en conmemoración de los trágicos
sucesos, conocidos como el caracazo, que hace 13 años conmovieron a todo
el país. Habitantes de barrios populares, miembros de organizaciones
comunitarias y partidos de izquierda, estudiantes y otros sectores comprometidos
asistieron, junto con representantes del gobierno, a esta marcha que atravesó
la ciudad de Caracas, condenando la masacre ordenada por CAP (entonces presidente),
cuyo saldo de víctimas fatales es aún incierto. Pero junto a la
condena a la cruenta represión (y el grito de nunca más)
se reivindicó el espíritu de lucha del pueblo venezolano que en
aquella fecha se rebeló contra las élites políticas y la
pobreza a la que estaba siendo condenado por las políticas neoliberales.
En el discurso que cerró la jornada, el presidente Chávez pidió
a los asistentes un minuto de silencio en honor a los muertos y a diferencia
de otros jefes de gobierno que siempre condenaron y criminalizaron esa protesta
, reivindicó la fecha como inicio del despertar del pueblo venezolano
contra la miseria y la exclusión.
Paralelamente, la CTV (cuyo presidente es miembro del partido de gobierno responsable
de la masacre) convocó a otra manifestación con reivindicaciones
laborales. La convocatoria fue respaldada por la máxima patronal, FEDECAMARAS,
y por otros personajes políticos e instituciones sociales. Al final de
la marcha, que congregó a decenas de miles de personas, el líder
sindical Carlos Ortega aprovechó para anunciar una huelga general para
mediados del mes de marzo, tal como se lo indicó CAP en una conversación
telefónica donde le instruía sobre los pasos a seguir en este
sentido (la grabación de esta conversación circuló ampliamente
en los medios)
En una nueva demostración de cinismo, aquellos que participaron o fueron
cómplices de la brutal represión que se ejerció contra
el pueblo (y que jamás reivindicaron esa protesta) aprovechan el momento
para hacer proselitismo, y continuar su campaña de desestabilización
en contra de un gobierno que es respaldado por las grandes mayorías.
Sin embargo, lo hacen atentando contra la memoria colectiva, pero el pueblo
no olvida a sus hermanos caídos ni a los culpables de la masacre. No
olvida sobre todo, que aquellos que ayer ordenaron la ejecución de miles
de personas en las calles, son los que hoy lideran la conspiración en
contra del gobierno del Presidente Chávez.
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3. Principales conquistas del proceso venezolano
El proceso político actual ha impulsado una profunda reorganización
y redistribución del poder político hacia las mayorías
populares y sus espacios de articulación, propiciando un protagonismo
progresivo del movimiento popular y de las organizaciones comunitarias en la
agenda pública. Se ha creado así un escenario totalmente nuevo,
que no necesariamente gusta a todos los sectores progresistas en cuanto a íconos,
tendencias, discurso y resultados. Sin embargo, arroja una ocasión única
para el desarrollo de las posibilidades hacia la transformación social
y la democratización progresiva de la sociedad venezolana.
Democratización del poder. Los efectos potenciadores del discurso gubernamental
y un número relevante de acciones de promoción han sido los catalizadores
de este avance, que tiene en la organización, movilización y conciencia
social de las organizaciones sociales y políticas populares su motor
fundamental. La efectiva profundización de ese protagonismo desecha toda
posibilidad de calificar al actual proceso como un simple fenómeno de
populismo, y representa una de las claves fundamentales para entender la naturaleza
de la reacción contra el proceso, y su capacidad de calar en los sectores
medios conservadores.
Dignificación de los sectores populares. Las cifras de pobreza en Venezuela
oscilan según las fuentes entre el 70% y el 80% de pobreza. La inmensa
presión social que esa desigualdad genera ha sido contenida por gobiernos
anteriores a través de represión controlada, clientelismo partidista
y programas compensatorios. Con el actual gobierno, esas políticas de
contención de las contradicciones sociales cesaron y se restituyó
la dignidad de todos los venezolanos por igual, independientemente de su condición
social, favoreciendo así las posibilidades para una conciencia de derecho
y participación entre los sectores excluidos.
Libertad de asociación y participación política. La respuesta
permanente del poder político venezolano frente a la organización
autónoma popular ha sido la persecución, la represión y
el control. En la actualidad, el fin de la sistemática criminalización
de los movimientos sociales ha dado lugar a un clima de libertad política
en igualdad de condiciones, inédito en la historia reciente del país,
generándose nuevas condiciones para el libre desarrollo de las iniciativas
del movimiento popular.
Participación de las comunidades. El proceso ha abierto espacios de participación
política del movimiento popular autónoma y desde el gobierno impensables
en escenarios anteriores, en que el paternalismo de los cuadros cualificados
diseñaba las políticas para la exclusión y el control de
las contradicciones. En el escenario actual, hay una orientación variada
y contradictoria de políticas, con facilidades y obstáculos por
áreas o localidades. Sin embargo, la presencia de sectores de izquierda
en órganos del poder nacional, regional y local, así como el desarrollo
de iniciativas de transferencia de poder público y de promoción
de la organización popular, propician múltiples escenarios para
la participación de las mayorías en la toma de decisiones y en
el desarrollo de iniciativas de gestión popular desde lo público.
La arremetida de la reacción en los últimos meses produjo una
suerte de implosión anunciada de las posibilidades del MVR (partido de
gobierno) como conductor del proceso, abriéndose nuevos espacios que
estaban siendo recortados por la iniciativa de éste. En el escenario
de la confrontación, la organización popular emerge con renovada
fuerza y autonomía, en defensa de un proceso que constituye un escenario
único para una democracia radical progresiva. Esta situación ha
sido entendida por dicha la organización y por el Presidente, que han
cambiado de estrategia en lo relativo al control del proceso. En todo caso,
el avance hacia las condiciones para una mayor democratización de la
sociedad, la emergencia de nuevos sujetos de derechos en el escenario del poder
público y una política de derechos humanos afirmativa, son elementos
que fundamentan el apoyo al proceso de todos los sectores progresistas del país.
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4. Acontecimientos recientes
El Pacto de La Esmeralda: nueva versión del Pacto de Puntofijo
En 1958, apenas derrocada la dictadura de Marcos Pérez Jiménez,
el partido socialdemócrata AD, el socialcristiano COPEI y la Unión
Republicana Democrática (URD) suscriben un acuerdo de gobernabilidad
conocido como Pacto de Puntofijo (nombre de la casa en que se firmó).
Este pacto no solo excluyó al Partido Comunista de Venezuela (PCV)
el partido más activo en la lucha contra la dictadura perezjimenista
sino que sirvió de base para su inmediata ilegalización
por parte del nuevo gobierno y para la política de represión y
persecución aplicada a la izquierda militante durante los 40 años
siguientes. El resto de la historia se lee en los índices de pobreza,
desigualdad, analfabetismo, marginalidad, desnutrición, corrupción
y violaciones a los derechos humanos que arrojó la alianza ADCOPEI,
hasta que fueron desalojados del poder por una abrumadora votación popular
a finales de 1998.
El pasado 5 de marzo, los dos pivotes del régimen puntofijista, la CTV
y FEDECAMARAS, con el aval moral de la cúpula eclesiástica,
han suscrito un nuevo acuerdo en la quinta La Esmeralda que fieles a
sus hábitos y costumbres han denominado pacto de gobernabilidad.
En él se recoge la intención de estos factores de desconocer al
gobierno y legislatura legítimos, y conformar una alianza encaminada
a la construcción de un acuerdo nacional de elites, para una supuesta
transición que dé garantías de
estabilidad a un nuevo régimen. Esta estrategia responde a la necesidad
de pintar un escenario legítimo, tras las declaraciones del
gobierno Bush de que no aceptará salidas de fuerza a la situación
del país. Es de destacar que Carlos Ortega ha presentado la cara más
beligerante en sus declaraciones públicas, cerrando totalmente la puerta
al diálogo con Chávez, frente a una posición más
moderada de FEDECAMARAS y la Iglesia.
En todo caso, FEDECAMARAS, la CTV y la Conferencia Episcopal vienen jugando
un papel crucial en la agitación y promoción del clima de inestabilidad
propicio para el tan arengado golpe de Estado. Desde el pasado 10 de diciembre,
fecha del paro nacional empresarial al cual se plegó la CTV, la central
obrera adeca y los grandes capitalistas han estado en conversaciones preparatorias
de la agenda conflictiva que busca crear las condiciones sociales idóneas
para la asonada militar, incluyendo la convocatoria a la huelga general.
Este nuevo pacto es la expresión más nítida de la arrogancia
del dinero y el talante antidemocrático de sus principales actores, que
se empeñan en derrocar a un gobierno legítimo y popular para restaurar
el viejo orden autoritario y complaciente con los intereses privados nacionales
y foráneos. A esta insólita alianza entre patrones, central obrera
e iglesia, Hugo Chávez ha contestado: No volverán los pactos
de cúpulas a Venezuela; acotó que aquí ya hubo un
acuerdo democrático sin precedentes en el país, no un pacto
de elites, sino un contrato social, cuyo resultado es la Constitución,
esta que algunos todavía no terminan de aceptar.
Conflicto en la empresa nacional de petróleos (PDVSA) ante el nombramiento
de una nueva directiva
El sector gerencial y sindical, declarado en rebeldía ante el nombramiento
por parte del Ejecutivo de la nueva junta directiva de PDVSA, levanta como consignas
el respeto de la meritocracia y el rechazo al supuesto sesgo político
e ideológico que, según ellos, se le pretende imprimir a la empresa.
Sin embargo, más allá del carácter publicitario y mediático
de estas consignas, se esconden un cúmulo de razones políticas
que son, en última instancia, las causas reales del conflicto.
En primer lugar, la gerencia en conflicto representa un sector que ha hecho
carrera en torno a las perspectiva neoliberal instaurada por Luís Giusti
(ex-presidente de PDVSA, asesor hoy del Departamento de Energía Norteamericano)
Lo que ellos llaman "politización" no es más que el
cumplimiento del deber constitucional por parte del gobierno de orientar la
gestión hacia la garantía del funcionamiento óptimo de
la empresa, conservando a su vez su carácter estatal y su centralidad
en la economía nacional. Deber constitucional que frenó la estrategia
privatizadora emprendida durante la década pasada, en la cual los gerentes
en cuestión fueron fichas claves.
En segundo lugar, el ala sindical que respalda el conflicto responde a los intereses
de la CTV, cuya misión es desestabilizar a lo interno la industria petrolera,
como ya lo está haciendo en el sector salud y educación, en preparación
a un llamado a huelga general que busca acabar con el proceso. Al margen de
éstos actores, la gran masa de trabajadores no se siente representada
por sus supuestos voceros. Grupos de obreros y empleados han hecho ya manifestaciones
en respaldo a los cambios suscitados en la empresa.
En resumen: el conflicto de PDVSA es un conflicto de índole política.
Dos sectores aliados para conservar sus intereses mezquinos, enfrentados al
interés nacional garantizado por la Constitución de la República
y que el gobierno nacional está obligado a defender.
Ramonet denuncia campaña de manipulación mediática contra
el proceso venezolano
Durante la última semana de febrero, apareció publicada en un
medio venezolano (www.analítica.com) una supuesta entrevista realizada
por el mexicano Emiliano Payares a Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique.
En ella, Ramonet supuestamente cuestionaba al presidente Hugo Chávez
y al proceso nacional, acusándolo de haber caído en el populismo.
El diario El Nacional -periódico clave en la estrategia mediática
de oposición al gobierno- publicó en primera plana en su edición
del domingo (03.03.2002): Se desmarca del primer mandatario. Ignacio Ramonet:
"Chávez lo está haciendo realmente mal".
De manera inmediata, el periodista francés desmintió categóricamente
esta entrevista: Este es un caso de superchería mediática
total [...] Estamos ante un embustero que se ha burlado de usted y de sus lectores
y que ha construido una falsa entrevista, totalmente imaginaria. Existen leyes,
además de las éticas, que condenan tal comportamiento irresponsable
y delictivo (Carta a Miguel Henrique Otero, director de El Nacional).
Asimismo, en carta al ViceMinistro de Cultura, Manuel Espinoza, afirmó:
"se trata ni más ni menos que de una mentira utilizada de manera
burda para intensificar la campaña de manipulación e intoxicación
mediática contra la política del presidente Chávez.
Desmintió radicalmente toda pretendida declaración mía
que vaya en contra de mis últimas declaraciones públicas en favor
del comandante Chávez y de su política, efectuadas por mi [...]
el otoño pasado y ampliamente difundidas. No he cambiado de opinión.
Le ruego transmita usted al presidente Chávez mi testimonio de solidaridad
y de amistad" (Carta al).
Emiliano Payares, el supuesto entrevistador, envió una comunicación
al sitio web que publicó inicialmente la falsa entrevista, alegando:
"He enviado una entrevista totalmente inventada [...] con la ilusión
de ser sometida a un riguroso estudio sobre su autenticidad. Como me lo temía,
y lamentando lo delicado de la situación [...] la prueba nunca fue realizada".
Por su parte, El Nacional, desenmascarado en su precariedad profesional y en
la intencionalidad política de su tribuna, facilitó un derecho
a réplica de modo a todas luces insuficiente.
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VENEZUELA política urgente es una iniciativa de contrainformación
de la Plataforma por la Democracia Radical, una de tantas iniciativas de la
izquierda crítica que se han gestado en los últimos meses en el
país ante la acometida de la derecha y su pretensión de derrotar
el proyecto de transformación social que se sucede en el país,
así como para promover la profundización de los cambios.
Para información y contactos: politicaurgente@politicaurgente.org
Algunas páginas sobre el proceso venezolano: www.antiescualidos.com -
www.proceso-digital.com -www.redbolivariana.com