A la Comisión Europea, a los Jefes de Estado y de Gobierno de los países que la componen y de los países asociados, al Parlamento Europeo, a los distintos Parlamentos de los países miembros de la UE y de los países asociados.
Tras los terribles ataques a las Torres Gemelas, en Nueva York y al Pentágono, en Washington, el pasado 11 de septiembre, el gobierno de Estados Unidos ha propuesto al mundo una prolongada y global guerra contra el terrorismo internacional, terrorismo que con la mayor energía condenamos como antidemócratico.
En la orientación que el gobierno Estados Unidos da a esta guerra contra el terrorismo existe, sin embargo, una imprecisión que no puede desconocerse en asuntos de tal gravedad: la de los límites sobre qué debe entenderse por "terrorismo". Así observamos que en ningún momento se habla de "terrorismo de Estado", de tan funestas consecuencias antidemocráticas en numerosos casos en el siglo XXI. Pero en cambio, sorprendentemente existe el peligro de incluir en la lista de organizaciones terroristas a los movimientos populares de resistencia y a los movimientos guerrilleros, en una palabra, a aquellos movimientos populares que, agotados los medios pacíficos, utilizan la violencia frente a la violencia de la opresión.
No podemos ignorar que si calificásemos de terroristas a tales organizaciones estaríamos negando el profundo carácter democrático que a lo largo de la historia han tenido movimientos que de ninguna manera han hecho uso del terrorismo como forma de lucha, aunque sí hayan utilizado la violencia. Movimientos que han sido decisivos para conformar el mundo y las democracias actuales. Este carácter han tenido la mayor parte de las luchas anticoloniales, entre ellas la norteamericana, así como las resistencias antifascistas. Deslizarse por el camino de calificar de terroristas a movimientos de este tipo nos llevaría a debilitar la democracia y no a defenderla y fortalecerla.
Las anteriores consideraciones nos conducen a asegurar con la mayor firmeza que organizaciones como las FARC-EP y el ELN, en el caso de Colombia, el FPLP en Palestina, o las guerrillas de ciertos países de Asia, que utilizan la violencia "como recurso supremo ante la tiranía y la opresión" -en palabras de la Declaración Universal de Derechos Humanos-, no pueden ser calificadas de terroristas, al margen de la opinión que cada cual pueda tener sobre unas u otras, como de cualquier otra fuerza política.
Desgraciadamente el peligro que denunciamos aparece, por ejemplo, en la Declaración de la Presidencia de la Unión Europea sobre el proceso de paz en Colombia, del día siete de diciembre de 2001, donde se dice: "Hasta nueva orden, los Estados miembros de la UE no expedirán visados ni permisos de residencia nuevos a representantes de dichos grupos armados", refiriéndose a las FARC-EP y al ELN de Colombia. Esta medida de la UE, además de crear evidentes dificultades en la marcha del complejo proceso de paz, iniciado hace tres años y para el que se estableció una Mesa de Negociación y Diálogos integrada por el gobierno colombiano y las fuerzas insurgentes, es un grave paso negativo en la alarmante confusión entre organizaciones terroristas y organizaciones de resistencia popular.
Quienes suscribimos este documento estimamos que Europa, por sus tradiciones culturales, políticas y jurídicas, no puede caer en tales confusiones, perniciosas no sólo para los referidos movimientos sino para Europa misma.