DECLARACION
Ante la situación crítica que vive el proceso de negociación política entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), nos declaramos abiertamente contrarios a la decisión del presidente Pastrana de suspender esas negociaciones y acabar con la zona de distensión donde se realizan.
El presidente Pastrana no ha actuado sinceramente en la búsqueda de la paz en Colombia. Mientras, por un lado, acepta la creación de la zona de distensión con las FARC-EP, por otro lado autoriza toda clase de presiones y sabotajes a la misma por parte de la fuerza pública y pone en funcionamiento el Plan Colombia concebido y redactado por los EEUU, que es en realidad un proyecto militar contra la guerrilla y contra el movimiento social colombiano y andino. Un plan que, además, contempla la suspensión de todo proceso de negociaciones con las fuerzas insurgentes para justificar la intervención militar norteamericana que rechazamos tajantemente.
De otro lado, Pastrana acuerda con las FARC-EP una agenda temática que contempla la discusión de las causas sociales del conflicto social y armado que se vive en Colombia, mientras que por otro lado, acepta sumisamente los condicionamientos del FMI que profundizan la pobreza y demás causas del conflicto actual.
El gobierno de Pastrana además de no actuar contra las acciones de los grupos paramilitares de extrema derecha que asesinan impunemente a los dirigentes sociales y defensores de derechos humanos colombianos, aprueba el mal llamado estatuto antiterrorista claramente anticonstitucional, pues da a la fuerza pública competencias judiciales y suprime varios derechos fundamentales, además de acusar de terroristas a la insurgencia con quien está negociando y a la que por tanto reconoció al comienzo de las conversaciones su carácter de fuerza política.
Por todo lo anterior, exigimos al gobierno colombiano que suspenda inmediatamente las presiones y sabotajes sobre la zona de las conversaciones, como los sobre vuelos de aviones militares a muy baja altura y el impedimento a nacionales y extranjeros por parte del ejército para visitar la región desmilitarizada. El gobierno debe regresar a la mesa de negociaciones con las FARC-EP hasta concluir el proceso de paz y de búsqueda de justicia social estableciendo nuevas condiciones sociales y económicas para el pueblo colombiano. Además deben profundizarse con este mismo criterio los otros procesos de paz del gobierno con el ELN y el EPL a quienes les ha incumplido permanentemente los compromisos.
El gobierno colombiano debe suspender el Plan Colombia porque es un obstáculo para la paz con justicia social necesaria en Colombia y contrario a la negociación política con las organizaciones sociales y armadas, pues profundiza la confrontación militar. La paz es una obligación constitucional en Colombia y como tal debe ser una política estatal que no deben cambiar a capricho los distintos gobiernos.
El gobierno colombiano debe exigir al gobierno de los EEUU que retire sus efectivos militares de Colombia y suspenda sus planes de intervenir con más tropas.
Asimismo, debe derogar el mal llamado estatuto antiterrorista por ser claramente anticonstitucional. El Estado colombiano debe desmantelar los grupos paramilitares y brindar todas las garantías necesarias para la acción de las organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos colombianas en especial el derecho a la vida.
Consideramos que debe ratificarse la voluntad expresada al comienzo de las actuales negociaciones de que no debe darse por terminado el proceso de negociaciones hasta lograr un acuerdo total.
Finalmente, reclamamos de la comunidad internacional un apoyo más decidido a los procesos de negociación y paz colombianos, no aceptando justificaciones de ninguna clase para darlos por terminado a menos que se haya logrado un acuerdo total.
Plataforma por la Paz en la Amazonía - Campaña contra el Plan Colombia